Reclaman su detención ante el caso omiso a los "reiterados intentos" de contactar con ellos para que declaren en la Audiencia Nacional.
La jueza Carmen Lamela ha ordenado este jueves el arresto del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los cuatro ex consejeros que se encuentran con él en Bruselas.
Todo esto ha ocurrido tras las peticiones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que la juez dictase órdenes europeas de detención para el expresidente y los ex consejeros que no han acudido este jueves a declarar por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos relacionados con el desarrollo del denominado 'procés' y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Lo ha pedido ante los "reiterados intentos de entregar la citación" en su domicilio y ante las "reiteradas llamadas telefónicas" a las que han hecho "caso omiso", según reza el escrito firmado por el fiscal teniente de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, en el que dice que es un hecho "notorio y públicamente conocido" la citación para comparecer hoy en este órgano judicial.
El representante del Ministerio Público alega que Puigdemont "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer" y ha solicitado -al igual que Antonio Comín, ex consejero de Salud, y Meritxell Serret, ex consejera de Ganadería, Pesca y Alimentación, -declarar por videoconferencia "sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual". Los otros dos exmiembros de su gobierno que también están en la capital belga son Lluís Puig, exresponsable de Cultura, y Clara Ponsatí, ex consejera de Educación.
La incomparecencia de Puigdemont y de estos cuatro exconsejeros obedece, según señalaron anoche en un comunicado firmado por el autodenominado "gobierno legítimo de Cataluña", a que consideran que ambas actuaciones penales son un juicio político "efectuado al dictado del Gobierno del Estado español".
LA FISCALÍA PIDE PRISIÓN
Lamela había citado a los catorce miembros del Govern cesado para este jueves y viernes tras admitir a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía si bien estos cinco no han acudido a las dependencias judiciales. Los que sí lo han hecho se han limitado a responder a las preguntas de su abogado, a excepción del exconseller de Empresa Santi Vila que también ha respondido a la Fiscalía.
El Ministerio Público ha pedido para todos ellos prisión incondicional sin fianza a excepción de Vila, para quien solicita cárcel eludible bajo el pago de fianza de 50.000 euros y lo ha hecho en la vistilla celebrada tras los interrogatorios. Los acusados y sus abogados permanecen en dependencias judiciales a la espera de que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 decida sobre las medidas cautelares a imponer a los acusados.
