Un total de 9.110 hombres condenados por delitos de violencia de género fueron obligados por los jueces a cursar programas de reeducación para eludir su ingreso en prisión durante el año 2018, según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias. Este dato supone que, de los más de 33.000 varones que fueron condenados por esta causa el año pasado, alrededor de un 30% tuvieron que someterse a estos programas.
Se trata de una iniciativa de intervención llamada PRIA-MA, dirigida a los agresores de violencia de género que, tras ser condenados, tienen que realizar como medida penal alternativa al ingreso en prisión. Generalmente, se les impone a aquellos que carecen de antecedentes penales y cuentan con una sentencia inferior a dos años de cárcel.
De acuerdo a las cifras oficiales, de los más de 33.000 condenados por delitos relacionados con la violencia de género, un total de 20.010 tuvieron que realizar trabajos en beneficio de la comunidad, otra de las medidas alternativas al ingreso en prisión contempladas en el Código Penal.
Desde Instituciones Penitenciarias precisan que un juez puede ordenar a un condenado hacer un trabajo en beneficio de la comunidad y, a la vez, a someterse a un programa educativo.
El PRIA-MA tiene una duración estimada de 10 meses y se lleva a cabo en formato de terapia colectiva o individual, en la que se persigue el objetivo de erradicar las conductas violentas y el nivel de reincidencia de los participantes, así como mejorar su estado psicológico.
Los asistentes son condenados por violencia de género que están obligados por sentencia judicial a asistir y participar activamente en este programa, administrado por Instituciones Penitenciarias y ejecutado por diversas ONG en todo el territorio nacional.
De los 9.110 condenados que pasaron por este programa durante 2018, 8.913 lo iniciaron ese mismo año, mientras que el resto lo inició antes de comenzar el ejercicio. Por eso, desde Instituciones Penitenciarias aseguran que el programa puede corresponder a sentencias de otros ejercicios.
CASI 4.000 CONDENADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Del total de 33.000 condenados por violencia de género, 3.940 terminaron el año 2018 dentro de la cárcel, lo que convierte a estos delitos en la tercera causa de ingreso en prisión.
De esos casi 4.000 presos, cerca de 500 participaron voluntariamente en programas de tratamiento, es decir, apenas un 12% de los que finalizaron el año 2018 en la cárcel. Estos cursos son voluntarios, puesto que no se puede obligar a hacerlo a un condenado a privación de libertad, y se imparten dentro de los centros penitenciarios.
"En España tenemos una asignatura pendiente, que es el tema de la reeducación de los maltratadores", ha señalado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona.
Según ha recalcado, en España "hay mucha reincidencia por parte de estos delincuentes machistas". Durante este año, dos hombres que estaban cumpliendo condena por asesinar hace unos 15 años a mujeres con las que mantenían o habían mantenido una relación sentimental, han vuelto a matar presuntamente a quienes eran sus parejas en la actualidad. "Esto es algo que en una sociedad como la nuestra no nos podemos permitir", sostiene la jueza.
LA LUCHA POR LA REINSERCIÓN SOCIAL
Carmona ha explicado que en España solo se contempla la obligatoriedad de esos cursos de reeducación cuando se suspende la condena, pero si entran en prisión no tienen la obligación de hacerlos. "El problema que hay con estos delincuentes es que son personas que no se culpabilizan a sí mismos, sino que culpabilizan a la mujer, víctima del delito que han cometido", ha afirmado. La jueza también ha defendido que la entrada en prisión es ya en sí "un sistema para reeducar".
"En España, las penas privativas de libertad se conciben, no para que pague por lo que han hecho, sino para que esas personas se reinserten a la sociedad y puedan convivir", ha detallado.
Así pues, Carmona ha resaltado que esta es la base del sistema penitenciario en España, si bien ha avisado que "si el condenado no cambia su esquema mental, seguirá maltratando", y ha añadido que "todavía hay que hacer mucho, como hacer que sea obligatoria la reinserción social de los maltratadores".
De hecho, en los casos más graves en los que se comete un asesinato machista, la jueza ha reivindicado la necesidad de "cerciorarse de que ese hombre no va a cometer el mismo delito" tras cumplir condena en prisión. "Si va a salir y a tener otra relación sentimental con alguien y va a asesinarla, ¿de qué sirve todo el sistema de tratamiento que tenemos?", ha cuestionado.
