Así lo han expresado los diez ayuntamientos navarros con más habitantes, que también han exigido a Rajoy la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria.
Los alcaldes de diferentes localidades navarras han considerado este viernes sobre la polémica derogación de la Ley foral de Símbolos aprobada por el cuatripartito, que no es "una prioridad" decidir en el momento actual sobre la colocación de la ikurriña, o bien su rechazo, en sus respectivos consistorios.
Se trata de unas declaraciones que chocan con la realidad de la colocación de la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca durante los primeros pasos de la llamada legislatura 'del cambio'. Varios ayuntamientos se apresuraron a colgar la ikurriña en los chupinazos de sus localidades incurriendo en un "fraude de ley", tal y como decretaron los jueces en el caso de Pamplona, o en las situaciones similares de Estella, Lakuntza, Berriozar, Etxarri Aranatz, Leitza o también en la localidad de Ansoáin. Ante la ilegalidad, en el caso de la capital navarra se optó por volver a insistir en su obsesión independentista y colocar un mástil vacío reclamando simbólicamente la ikurriña.
El primer teniente de alcalde de Tudela, José Ángel Andrés, de la ejecutiva regional del PSN, ha afirmado, que "no es una prioridad" y que "la bandera que une a los navarros es la de Navarra".
El alcalde de Burlada, José María Noval (Cambiemos Burlada), ha indicado que la derogación de la Ley foral de Símbolos es "una buena noticia" porque es "una decisión de libertad", pero ha indicado que "no está en la agenda" de ninguno de los alcaldes presentes que "eso sea una prioridad". De esta forma, Noval ha considerado que "lo prioritario" para los Ayuntamientos son cuestiones como la ley de estabilidad presupuestaria o las tasas de reposición.
Por su parte, el alcalde de Villava, Mikel Oteiza (EH Bildu), ha señalado que en su localidad la ikurriña ondeó desde 1977 hasta la entrada en vigor de la "muy restrictiva" Ley foral de Símbolos, en 2003, "por voluntad popular".
Oteiza ha afirmado que "siempre" han creído que "respetando esa voluntad popular, es el sitio (en referencia al Ayuntamiento), donde siempre ha tenido que estar", si bien ha matizado que "estos temas" hay que trabajarlos con "tranquilidad y sin ninguna prisa".
Los alcaldes se han pronunciado de esta manera a preguntas de los periodistas al finalizar una conferencia de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Pamplona sobre los efectos, en los consistorios que presiden, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
PIDEN A RAJOY DEROGAR LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
De esta forma, los alcaldes de los diez ayuntamientos navarros con más habitantes y los de cabeza de merindad han acordado instar al Gobierno central a adoptar "urgentemente" las medidas necesarias para derogar la ley de estabilidad presupuestaria en el espacio de tiempo "más breve posible".
El acuerdo firmado este viernes se recoge en una declaración que los regidores han presentado en conferencia de prensa y en la que también se incida que en cada uno de los consistorios se presentará una iniciativa de rechazo a la citada ley.
Los ayuntamientos firmantes (Pamplona, Tudela, Barañáin, Burlada, Egüés, Estella, Zizur Mayor, Tafalla, Ansoáin, Villava, Sangüesa y Olite) hacen asimismo un "llamamiento" a que todos los ayuntamientos de Navarra para se sumen a esta declaración si lo desean.
El alcalde Pamplona, Joseba Asirón, ha indicado que la jornada pretendía reflexionar de forma "conjunta" sobre la financiación local y las "limitaciones que nos impone la ley de estabilidad presupuestaria". Y ha asegurado que ha sido un jornada "muy productiva, constructiva y creativa" ya que se han recogido "importantísimas aportaciones" y con ellas se "crearán otra serie de líneas de colaboración".
Para Asiron, los ayuntamientos navarros tienen "las manos atadas merced a una ley que establece como prioridad absoluta el pago de los intereses de la deuda" y "prioriza ello antes que cualquier otro tipo de gasto o inversión", y como prueba ha citado el remanente de tesorería de unos 64 millones de euros que tiene Pamplona, "casi un tercio del presupuesto total para 2017".
Al respecto, ha considerado que la citada ley "coarta la autonomía local e impide a las Administraciones locales mejorar sus políticas sociales", lo que ha calificado de "doblemente injusto", ya que son los consistorios los "responsables de buena parte de la resolución de llevar a cabo esas políticas sociales".
En cualquier caso, Asiron ha destacado la necesidad de "una acción conjunta por parte de los municipios" para que estos "sean realmente herramientas eficaces de gestión" y "respondan de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía".
EL TENIENTE DE ALCALDE DE TUDELA: "ES UN FRENO PARA DESARROLLAR"
La concejal de Economía Local Sostenible, Patricia Perales, ha recordado por su parte que el documento aprobado va en la línea de la jornada 'Por una financiación justa', celebrada en Valencia el pasado mes de febrero, en la que participaron más de 50 ayuntamientos de localidades de España.
El primer teniente de alcalde de Tudela, José Ángel Andrés, ha señalado que su localidad tiene un remanente de tesorería de más de 900.000 euros y que la ley de estabilidad "es una cadena, un freno, para poderlo desarrollar" y "contribuir a mejorar servicios".
La alcaldesa de Barañáin, Oihane Indakoetxea, ha indicado que el remanente de su localidad es de 6,5 millones de euros que "no se pueden utilizar más que para hacer inversiones financieramente sostenibles" y que, en su caso, limita el "límite de gasto".
El alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán, ha cifrado en 24 millones de euros el dinero para inversiones, por ejemplo, para hacer una Casa de Cultura por ser inversión financieramente sostenible.
