Koldo Martínez y Bakartxo Ruiz han manifestado su descontento por la anulación de la ley foral del copago de prestaciones farmacéuticas.
La parlamentaria navarra de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha manifestado que la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la Ley Foral 18/2012 sobre el copago de prestaciones farmacéuticas supone "un ataque al autogobierno de Navarra" e incide en "el recorte y la vulneración de derechos".
Ruiz ha realizado este jueves una rueda de prensa para responder a la sentencia del Tribunal Constitucional por la que anula la Ley Foral 18/2012, que ya estaba suspendida cautelarmente.
La parlamentaria ha comentado que esta era "una ley foral que se aprobó por mayoría la legislatura pasada para hacer frente al Real Decreto 16/2012, que establecía unos recortes brutales con las excusas de la crisis económica y de la sostenibilidad del sistema sanitario". "Aprobamos esta ley precisamente para complementar el copago de las prestaciones farmacéuticas que se establecían en este Real Decreto", ha señalado.
"Se hacía para eximir de ese copago que se incrementaba a determinados colectivos más desfavorecidos y vulnerables, como pueden ser los pensionistas, los mayores de 65 años, las personas viudas o las personas con minusvalías a partir del 33%, y para garantizar el derecho a la prestación sanitaria, que en Navarra fuera universal, para las personas en situación administrativa irregular", ha explicado Ruiz.
Así pues, para la parlamentaria, "el haber anulado definitivamente esta ley es un ejemplo más de la escalada de recentralización de los últimos años". "Para ello el Estado está utilizando dos pilares fundamentales, el Tribunal Constitucional y la tan manida legislación básica", ha indicado.
En este sentido, Ruiz ha manifestado "la gravedad de esta sentencia" y ha asegurado que "incide de manera determinante en la exclusión, en el recorte de derechos, en la vulneración de derechos, y crea además una situación paradójica en Navarra".
A este respecto, ha explicado que "las personas en situación administrativa irregular tienen garantizada por ley en Navarra el derecho a una asistencia sanitaria universal, y por contra, con esta sentencia, se les vulnera su derecho a la prestación farmacéutica".
Asimismo, ha destacado que "la gravedad también incide de manera determinante en un nuevo ataque al autogobierno de Navarra a poder adoptar nuestras propias políticas, a poder tomar nuestras propias decisiones en este caso en materia sanitaria". "Las competencias que tenemos bastante laminadas, todavía las restringe más", ha afirmado.
Bakartxo Ruiz ha calificado las conclusiones de la sentencia como "demoledoras". "Por una parte nos impide adoptar medidas para mejorar la situación de determinadas personas y colectivos más vulnerables, más desfavorecidos, y por otra uniformiza y homogeneiza en este caso una prestación sanitaria pero siempre a la baja y siempre para vulnerar derechos", ha criticado.
Igualmente, ha asegurado que "deja en evidencia además que Madrid es quien tiene la sartén por el mango, que no hay una bilateralidad real entre Navarra y el Estado, que no hay una relación de igualdad, y que desde luego Navarra, por mucho que algunos se les llene la boca hablando de régimen foral, no tiene capacidad para desarrollar plenamente ni siquiera las competencias que tiene".
Por último, Ruiz ha reivindicado "la capacidad de Navarra para poder tomar sus propias decisiones, poder hacer una sociedad más justa, poder tomar medidas que avancen en derechos y no retroceda, porque lo que se ofrece desde Madrid es más precariedad, más injusticia y más recorte de libertades".
MUESTRA DE "POCO RESPETO" PARA GEROA BAI
También, Geroa Bai ha criticado "el nulo respeto del Gobierno del PP por las leyes emanadas del Parlamento de Navarra, que representan a la mayoría de la ciudadanía, tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que anula una norma de 2012 sobre el copago farmacéutico".
Koldo Martínez, portavoz parlamentario de Geroa Bai y portavoz del área de Salud, ha afirmado en un comunicado que "el Gobierno del PP no solo no legisla pensando en los intereses de la ciudadanía, sino que impide que lo hagamos quienes sí queremos impulsar medidas para ayudar a los colectivos más vulnerables y las personas más desfavorecidas".
