Después de asegurar la semana pasada que se analizaría lo ocurrido, el grupo de Barkos, Bildu, Podemos e I-E cierran filas ante los graves hechos.
La declaración institucional presentada por los socialistas sobre la encuesta realizada entre estudiantes de la Sakana en la que se preguntaba por el grado de vasquismo de cada estudiante se ha quedado en una mera defensa de la Educación pública después de que el cuatripartito haya votado en contra de que se investigara el origen del estudio.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, no entiende “a quién puede molestar que se investigue” el origen de la encuesta. Y para el portavoz socialista, Santos Cerdán, “el cuatripartito no quiere que se sepa qué ha pasado”.
Es más, tanto Bildu como Podemos han acusado a “algunos partidos políticos” de tergiversar. Concretamente se refieren a que en la traducción del término “euskaldún” se ha cambiado para acusar a la encuesta de estar politizada. Según Laura Pérez, el término no se traduce en “vasco” sino en “poseedor del euskera”, es decir, según estas dos formaciones no se preguntaba si el alumno se consideraba “vasco”, sino “poseedor del euskera”.
Pero tampoco ha habido acuerdo en el cuatripartito a la hora de valorar esta declaración institucional sobre la encuesta. El portavoz de Izquierda Ezkerra, José Miguel Nuin, “vamos a esperar a la investigación que se realice porque desconocemos si pretendía influenciar”. Más tajantes han sido las otras tres fuerzas que sustentan el Gobierno, para quienes con el comunicado que hizo público la Mancomunidad de la Sakana, han quedado respondidas las preguntas que surgieron a raíz de la publicación de la encuesta.
Es más, según Bildu, la encuesta fue presentada y aprobada por los directores de los centros educativos, donde se realizó en euskera. Sólo en el centro de Lecumberri se realizó también en castellano ya que aquí también se imparte el modelo A, y en este caso, tan sólo una familia mostró sus dudas respecto al estudio.
Para el portavoz de Bildu, Adolfo Aráiz, la encuesta “no iba más allá de un interés sociolingüístico” y todo el problema se debe “al estiramiento de un problema que no existe”. Algo diferente opina la portavoz de Podemos, Laura Pérez, para quien los menores de edad tienen derecho a ser preguntados y a contar con “una participación política”.
