UPN ha pedido que estas investigaciones no usen para decir que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son "una banda de matones".
La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado que el informe sobre "torturas y malos tratos en Navarra a partir de 1960" que ha subvencionado el Ejecutivo al Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco es "un primer paso en el acercamiento a la verdad al que nos instan las instituciones internacionales, la ética y la responsabilidad".
En una comparecencia parlamentaria a petición de UPN y PPN, Ana Ollo, ha afirmado que esta posición es una "responsabilidad" para "quienes creemos que los derechos humanos deben ser respetados y que la tortura y los malos tratos son un ejercicio de violencia ilegítima y por tanto injustificada e injustificable, que nunca debió ocurrir y que requiere ser investigada en respuesta al derecho a la verdad de quienes la han padecido".
La consejera ha señalado que "la tortura en España ha motivado sentencias condenatorias del Tribunal Supremo, resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dictámenes del comité contra la tortura de Naciones Unidas por no investigar debidamente denuncias sobre tortura".
Durante su comparecencia, Ana Ollo ha defendido la convocatoria aprobada por el Gobierno de Navarra para subvencionar este tipo de trabajos realizados por centros universitarios.
En concreto, el trabajo de la Universidad del País Vasco se ha subvencionado con 17.900 euros. Sin embargo, Ana Ollo ha lamentado que el retraso en las ayudas que motivó un recurso presentado por el PPN hizo finalmente imposible conceder subvenciones a otros dos proyectos de investigación presentados por la Universidad Pública de Navarra para investigar las muertes de Germán Rodríguez y Gladis del Estal, así como casos de violencia cometida por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.
Además, ha explicado que la Abogacía del Estado recurrió esta convocatoria de ayudas el 5 de diciembre ante lo contencioso-administrativo. El Gobierno, no obstante, ha decidido seguir adelante con la subvención a la UPV "dado que el fondo de la convocatoria no trata de entrar en un ámbito judicial de esclarecimiento de delitos o responsabilidades de autores, sino que apoya a centros universitarios que recopilen información que permita mirar críticamente al pasado".
Ana Ollo ha indicado que "Navarra ha sufrido durante demasiadas décadas distintas formas de violencia injusta y de vulneraciones de derechos humanos como consecuencia del terrorismo y de la violencia en contextos de motivación política".
"Consciente de ello", ha afirmado Ana Ollo, "el compromiso es trabajar por la paz y convivencia desde la perspectiva de una gestión integral de la memoria que dé respuesta al derecho a todas las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del terrorismo de ETA, las víctimas de la violencia desatada tras el golpe militar de 1936 y las víctimas de violencia de motivación política".
Ana Ollo ha afirmado que "este Gobierno ha trabajado desde esta perspectiva a lo largo de estos dos años y medio y ha avanzado en el reconocimiento y reparación de las víctimas respetando los distintos contextos históricos, victimológicos y normativos, sin equiparaciones ni diluciones de ningún tipo, atendiendo a cada víctima según sus necesidades y según lo que ha demandando de nosotros".
"QUE NO SE UTILICE PARA DESPRESTIGIAR LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA"
En el turno de los grupos, el portavoz de UPN, Iñaki Iriarte, ha afirmado que la tortura o los malos tratos son algo que le "repugna" y ha añadido que "no puedo oponerme a que una democracia madura los investigue, pero creo que es fundamental en un tema tan delicado que juguemos con honestidad".
"Eso quiere decir que se debe partir de un consenso sobre quiénes deben investigar y que los resultados de cualquier investigación deben ser públicos", ha indicado, para señalar que estas investigaciones "no pueden ser utilizadas para desprestigiar la democracia, para decir que la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Foral son bandas de matones, y para sustentar la teoría agradable para Bildu de que aquí todos usaban la violencia en la misma medida".
La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que la investigación que subvenciona el Gobierno de Navarra es "de Bildu". "Pretenden, a petición de Bildu, denigrar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Quien ha hecho algo, si ha habido torturas, que pague, faltaría más, pero ustedes no son quién para hacer un informe y poner encima de la mesa que ha habido un conflicto cuando no ha sido así", ha dicho a la consejera, para afirmar que "hay un grupo parlamentario que no respeta el derecho a la vida, que apoya los tiros en la nuca, y son los amigos de ETA, es el grupo de Bildu". "¿A esos no tiene que decirles nada, consejera?", ha planteado Ana Beltrán.
Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha asegurado que "no es propio de un Estado democrático impedir la investigación científica, porque eso solo se da en las dictaduras y en los partidos totalitarios". "Son malos tiempos para la democracia y para la búsqueda de la verdad, y por tanto son malos tiempos para objetivos que este Gobierno tiene, como la búsqueda de la justicia y la reparación, que son imposibles sin la verdad. El recurso de la Abogacía del Estado entorpece de manera cruel y me atrevería a decir que espuria la búsqueda de la verdad", ha señalado.
La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, se ha preguntado "cuál es el problema" con el estudio subvencionado por el Gobierno foral. "¿Que se den unos pasos en la aclaración de la verdad? ¿Que se le dé la vuelta a lo que no hicieron los Gobiernos de UPN? Aquí hemos escuchado que está prohibido documentar algunos pasajes de nuestra historia. Si esto es así y así se resuelve en los tribunales, tendríamos que pensar si esto es un Estado de Derecho. Nadie puede negar la dimensión que ha tenido en este país la tortura. Una de las patas de la lucha antiterrorista ha sido la tortura", ha afirmado.
Por parte de Podemos, Laura Pérez ha asegurado que "es gravísimo que se venga aquí a poner en duda las conclusiones de un informe de un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco" y ha sostenido que "lo que subyace detrás de esas palabras es un cuestionamiento por la ideología de quienes han llevado a cabo esas investigaciones". "No entendemos el afán de UPN y del PP de hacer apología del negacionismo y mostrarse críticos a que se investiguen las vulneraciones de derechos humanos allá donde se hayan producido", ha indicado.
La portavoz del PSN, Inma Jurío, ha considerado que "la memoria no debe ser partidista para ser justa, debe reconocer todos los casos de vulneración de derechos humanos que se hayan podido producir, y así como hemos estado diciendo siempre que no se puede tergiversar la historia del terrorismo o pretender olvidarla, lo mismo decimos para cualquier persona que ha sufrido otros actos de violencia ilegítima".
No obstante, ha cuestionado el informe subvencionado por el Gobierno de Navarra, explicando que lo realiza el mismo equipo investigador que ya realizó un trabajo similar por encargo del Gobierno vasco y que, en su opinión, introdujo algunas conclusiones "personales" en la investigación, aunque tampoco ha querido "demonizarlo".
Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha apoyado el trabajo que está haciendo la Dirección General de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra "en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, en los términos que ha expuesto la consejera". "No se trata de hacer ninguna equiparación, se trata de que todas las víctimas de una violencia injusta tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación", ha afirmado.
