Dentro de la nueva ley para expropiar casas deshabitadas, el Gobierno de Navarra trabaja ya para elaborar una lista de viviendas sin ocupar.
El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno foral, Miguel Laparra, ha anunciado este viernes que en seis meses Navarra tendrá un registro de vivienda vacías para aplicar sobre las mismas medidas que impulsen una política social.
Para ello ya se está trabajando en la definición de vivienda desocupada y en los datos del padrón y de los consumos de luz y agua, de forma que en seis meses se inscribirán en el registro las viviendas vacáis, una vez aprobado el Decreto Foral que lo regulará.
Aunque el Gobierno no dispone aún de datos precisos, sí tiene indicios de que al menos 20.000 viviendas no están en uso en Navarra y conoce que 17.800 están en manos de personas jurídicas, de sociedad anónimas y limitadas 11.200 de ellas, que habrá que comprobar a qué se destinan.
Miguel Laparra ha destacado el "aval" que para las políticas del Gobierno de Navarra ha dado el Tribunal Constitucional a la ley foral de Vivienda, al admitir la expropiación de viviendas de las que lleven vacías dos años y sean de personas jurídicas.
Es una sentencia "de gran trascendencia" para "una política social de la vivienda", ha dicho en conferencia de prensa, aunque en el caso de personas físicas no se prevé ni expropiación ni multas sino únicamente la posibilidad de que los ayuntamientos puedan subir los impuestos a estos inmuebles sin uso a partir de su inscripción en el registro.
"El objetivo no es la expropiación ni tampoco la recaudación con multas o impuestos sino que la vivienda se ponga en uso y por eso las instrumentos de ayuda a los propietarios" que tiene articulados el Ejecutivo foral, ha recordado.
De hecho el vicepresidente ha anunciado este viernes dos convocatorias de subvenciones, una para propietarios de viviendas vacías que las cedan a Nasuvinsa para la bolsa de alquiler y otra para facilitar el arrendamiento de una vivienda a familias monoparentales con insuficientes recursos. Esta última está dotada con 200.000 euros y la ayuda oscilará entre el 60 y el 80% del alquiler anual, según el número de personas, hasta un máximo de 6.240 euros.
La ayuda se concederá en un único pago en régimen de evaluación individualizada, por lo que los expedientes se tramitarán en orden de presentación, y el Gobierno espera llegar a 40 familias.
El Tribunal Constitucional ha avalado que el Ejecutivo pueda acometer expropiaciones de viviendas que estén en manos de personas jurídicas.
En el caso de la convocatoria para propietarios de viviendas que las cedan a Nasuvinsa para la bolsa de alquiler, la dotación es de 160.000 euros para abonarles a fondo perdido en un pago único inicial tres mensualidades.
La cuantía dependerá del precio del alquiler por metro cuadrado establecido según la población de cada localidad, con un límite de 90 metros aunque la vivienda mida más.
El año pasado recibieron este dinero 68 nuevas viviendas incorporadas a la bolsa y otras 46 que renovaron la cesión una vez cumplido el plazo de 5 años, por lo que ya son en total 553 las disponibles.
El vicepresidente Laparra ha puesto esta medida como ejemplo del apoyo del Gobierno a los propietarios para hacer así una política social con la vivienda, y a ella ha sumado el hecho que en la bolsa de alquiler se les garantiza el cobro del arrendamiento, el arreglo de desperfectos, seguros, gastos de comunidad, certificado energético, una deducción del 40 % de los rendimientos en el IRPF y la eliminación del 19% de retención en este mismo impuesto.
