UPN ha destacado este jueves que la ejecución de los planes operativos del Departamento de Derechos Sociales, cuya evaluación se ha dado a conocer por el Observatorio del Gobierno foral, “sólo llega al 33%”.
“Estamos hablando de que se han ejecutado totalmente o completado 22 medidas de las 65 previstas”, ha apuntado la formación regionalista.
En concreto, los datos que se extraen de la evaluación realizada de los cuatro planes operativos puestos en marcha son los siguientes: respecto al Plan Estratégico de Servicios Sociales, descontadas las medidas que ya se encuentran en otros planes específicos, de las 22 medidas planteadas, sólo se han ejecutado completamente dos; en el área de Atención Temprana, de las 16 medidas planteadas, sólo se han ejecutado completamente cuatro; en el de Discapacidad, de las 21 medidas planteadas, sólo se han ejecutado completamente 12; y en el de Familia, Infancia y Adolescencia, de las seis medidas planteadas, sólo se han ejecutado completamente cuatro.
Según UPN, “estos datos son los reales, no los que ellos han dado. Porque en sus informes de evaluación incorporan como cumplidas medidas que no lo están”. Y ponen ejemplos: “Pretendían que todos los departamentos hicieran una previsión de sus contratos con reserva para personas con discapacidad. Reconoce que sólo lo han hecho el 40% de los departamentos y lo da como cumplida al 100%. También en discapacidad se habían comprometido a abrir dos pisos para personas con necesidades severas de apoyo, uno en Tudela y otro en Pamplona. Pues sólo han abierto el de Tudela y con eso dan por cumplida la medida al 100%”.
Para los regionalistas, “lo lamentable no es solo que se falseen los datos, sino que ahora se publiquen los informes de evaluación de las medidas puestas en marcha en 2021, cuando ya ha pasado 2022 y se supone que deberíamos tener la planificación para 2023”. “¿Qué resultados vamos a tener en 2022? ¿Vamos a necesitar esperar un año para conocerlos? ¿Somos capaces de planificar 2023 sin conocer la situación en la que queda 2022?”, se preguntan. “La evaluación que hace el Departamento va en dirección contraria a la buena gestión de las políticas públicas”.
Desde la formación regionalista se ha recordado que,“al inicio de la legislatura, el Departamento se vio obligado a renunciar al cumplimiento de los grandes planes en ámbitos como la Discapacidad, la Inclusión o el apoyo a la Infancia y Adolescencia por su incapacidad para llevarlos adelante en la manera en la que estaban previstos. Y se sustituyeron por planes operativos anuales, que calificaron como ‘asequibles y factibles’”. No obstante, concluyen, “el Departamento se ha mostrado realmente incapaz de llevar a cabo no ya políticas ambiciosas y transversales en el ámbito de los derechos sociales, sino que se ha mostrado absolutamente incapaz de cumplir con unos planes de mínimos que el propio departamento había catalogado de ‘asequibles y factibles’”.
