El consejero ha cargado contras las entidades bancarias y ha reclamado que abandonen lo que ha calificado como un “uso antisocial del derecho".
El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha considerado “inasumible” la sobrecarga de trabajo que pesa sobre la Justicia navarra en materia de cláusulas suelo, hipotecas multidivisas o intereses de demora, una situación en la que “la actitud procesal de la banca juega un papel importante”.
Por ello, ha instado a las entidades bancarias a que abandonen lo que ha calificado como un “uso antisocial del derecho, que perjudica a toda la comunidad”.
Eduardo Santos ha hecho estas reflexiones en la apertura de las II Jornadas sobre Derecho de Consumo, celebradas este jueves en el Palacio Condestable de Pamplona, organizadas por el bufete Iribarren Ribas, junto al Colegio de Procuradores de Navarra.
Una apertura en la que, además, ha destacado el “considerable esfuerzo” que está haciendo el Departamento para reforzar los medios materiales y humanos del juzgado especializado en pleitos hipotecarios en Navarra: unos esfuerzos cuyos resultados pueden verse en el hecho de que, “en los últimos 2 años, la capacidad de resolución del Juzgado ha aumentado en casi un 70 %”.
Santos ha señalado el aumento de sentencias dictadas por dicho juzgado especializado en este tiempo: de las 1.194 sentencias de 2019, se ha pasado a las 1.683 que, a cierre del mes de octubre, se llevan dictadas en este 2021, informa el Gobierno de Navarra en un comunicado.
Sin embargo, también ha destacado que siguen aumentando las demandas de personas usuarias. Si en los últimos cinco años se han incoado en Navarra una media de 36 nuevos asuntos a la semana por este motivo, este año la cifra ha aumentado hasta alcanzar los 48 de promedio semanal, lo que supone que el juzgado esté emplazando para febrero de 2022 los asuntos que entraron en abril de 2021.
“La labor desarrollada por el juzgado y la sección de la Audiencia Provincial que resuelve los recursos contra sus resoluciones es un ejemplo de profesionalidad y buen hacer, tanto por la cantidad de asuntos resueltos como por la complejidad técnica a la que se enfrentan”, ha expuesto Santos.
No obstante, ha dicho, a pesar de esos esfuerzos, la Justicia “no consigue proteger a todas las personas afectadas”, puesto que “muchas de ellas entienden que las cuantías que podrían reclamar, relativamente bajas en muchos casos, no compensan el esfuerzo de tener que pleitear para obtenerlas”.
Santos ha recordado el “abrumador porcentaje de sentencias favorables a los consumidores”, que es a día de hoy del 98,4 %, y cómo esto no evita que las entidades bancarias, en vez de atender las reclamaciones de sus clientes mediante los mecanismos extrajudiciales habilitados para estos casos, sigan obligándoles a canalizarlas a través de los tribunales, y recurriendo sistemáticamente sus resoluciones a pesar de saber que van a perder.
Una actitud que, ha señalado, “no contraviene la ley”, pero ha opinado que “las molestias y costes que causa a las personas, el gasto de recursos públicos y la sobrecarga de trabajo que produce en la Administración de Justicia, se podrían evitar si la banca actuara de forma responsable en esta materia”.
Por ello, el consejero ha apelado a la responsabilidad social de las entidades de crédito “para que adecúen su actuación a las expectativas razonables que tengan de ver atendidas en Derecho sus pretensiones, y no al afán de disuadir a sus reclamantes de sostener las suyas a la vista de los gastos y molestias que les genera su defensa ante los tribunales”.
Tras la inauguración de la jornada, a cargo del consejero, participan en la misma ponentes como César López Dios, director del Departamento de Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra; Rafael Ruiz de la Cuesta, titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Pamplona; y Daniel Rodríguez Antúnez, magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra.
La clausura correrá a cargo de Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
