SOCIEDAD
Falta de atención presencial o escasez de vivienda, las quejas más habituales al Defensor
6.034 ciudadanos se dirigieron a la institución: 1.923 con consultas y 1.408 con quejas.
10 mayo, 2022 - 15:17
Los servicios públicos sin atención presencial y la escasez de vivienda protegida en régimen alquiler son algunas de las principales quejas que a lo largo de 2021 ha recibido la oficina del Defensor del Pueblo de Navarra.
Patxi Vera ha subrayado este martes en su primera comparecencia parlamentaria en el cargo que en 2021, un trabajo de su predecesor, Javier Enériz, se realizaron 3.547 actuaciones, 154 más que en 2020, un aumento del 4,54 %, entre ellas 1.540 quejas, incluidas pendientes de 2020.
Una actividad derivada de los 6.034 ciudadanos que se dirigieron a la institución, 1.923 con consultas y 1.408 con quejas, el 82 % de ellas admitidas a trámite y que han dado lugar a 965 investigaciones de las 1.000 llevadas a cabo, otras 21 han sido de oficio y 14 a propuesta ciudadana.
Vera ha precisado que la labor de supervisión ha permitido hacer llegar en 2021 a las Administraciones Públicas de Navarra 128 sugerencias (otras 20 de índole normativo), 287 recomendaciones y 55 recordatorios legales.
En cuento a la forma de recibir las aportaciones ciudadanas ha indicado que el 76% fueron por vía telemática (con la plataforma Change.org por ejemplo para la zona azul de la Txantrea o ahora con la huelga de escuelas infantiles) si bien ha asegurado que se esforzará por garantizar la atención presencial "porque la vamos a exigir" a las administraciones.
Y de hecho ha destacado que se están dando pasos importantes en el camino de la digitalización pero sigue habiendo un brecha digital que exige atención presencial, motivo de más de 300 quejas.
De todas las presentadas en 2021 las más numerosas han sido por cuestiones relacionadas con al covid, como vacunación, certificado digital, ayudas y sanciones, pero también por la falta de atención presencial en distintos servicios como Seguridad Social.
A la covid le sigue educación con la admisión de alumnado en ciclos de Infantil y Primaria, el transporte o el comedor; Bienestar Social con embargo de cuentas que afectan a la renta garantizada, algo que "no deberían darse", o por la protección a mayores y dependientes. Es también motivo de quejas el acceso al empleo publico, la falta de vivienda en alquiler, "una escasez reconocida por el departamento", ha dicho, lo que le ha llevado a indicar que "algo se podría hacer" cuando pese a la carencia se deniega una cédula de habitabilidad por 5 centímetros de altura en un pasillo.
Las multas de tráfico, la grúa, el IRPF también por falta de atención presencial para determinados contribuyentes, las jornadas, permisos, retribuciones o vacaciones en la función pública, las listas de espera sanitarias, el acceso a la fecundación in vitro o los ruidos forman parte de una larga lista de motivos de queja por parte de la ciudadanía.
De todas ellas el Defensor del Pueblo admitió el año pasado el 82% y también de todas ellas la mitad correspondían a la administración foral, seguida de entidades locales (26,4%) y el estado (11,9%).
En cuanto al grado de aceptación de las resoluciones o recomendaciones del Defensor del Pueblo, Vera ha indicado que las administraciones más receptivas fueron los departamentos del Gobierno de Desarrollo Rural, Políticas Migratorias y Cultura, y los menos Economía y Hacienda, Desarrollo Económico y Educación.
Mientras que entre las entidades locales aceptaron más las propuestas el Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca, y menos los consistorios de Burlada y Egüés.
Ha habido además tres casos en los que se ha mandado la advertencia de una multa si no contestaban en el plazo de 10 días, multa que evitaron tanto el departamento de Presidencia como el Ayuntamiento de Corella y la Mancomunidad de Mairaga.
Por último Vera ha aludido a 22 actuaciones de oficio sobre renta garantiza , acogida menores extranjeros, seguridad ciudadana, medio ambiente, extranjería, deducción fiscales, cierre de pasos fronterizos, obras en la N-121-A, de las que fueron aceptadas el 66,6%; al informe sobre infancia y adolescencia, donde ha apostado por la prevención y la coordinación y alertado de problemas para el acogimiento familiar; y a los 11 casos de mediación iniciados "sin avances significativos en la mayoría", por lo que ha adelantado una revisión del procedimiento.
Para Navarra Suma, ha dicho Juan Luis Sánchez de Muniáin, de Navarra Suma, destacan las quejas por falta de atención presencial y sanciones en dos estados de alarma "sin sustento lega", así como "una situación crítica por falta de vivienda y no se están dando los pasos necesarios".
Inmaculada Jurío, del PSN, ha apuntado que pasada la pandemia habrá un cambio en las quejas, mientras que las consultas reflejan un interés cada vez mayor del ciudadano en cuestiones que afectan a su día a día y su calidad de vida.
Uxue Barkos, de Geroa Bai ha defendido el informe como "magnífico termómetro de la relación de la ciudadanía con sus administraciones" y mostrado su preocupación porque materias como educación o bienestar social sean motivo de queja.
Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha señalado que las aportaciones ciudadanos son un modo de participación y comentado que las multas coercitivas "sustituyen la lista negra de no colaborar por el purgatorio después de cuatro apercibimientos".
Mikel Buil, de Podemos, ha defendido la mediación aunque el resultado no haya sido de momento el esperado y ha indicado que el acogimiento profesional podría ser una solución a los problemas detectados.
Marisa de Simón, de I-E, valora la labor de escucha y consejo del Defensor del Pueblo, además de su actuación ante las quejas, y ha precisado que en educación las hay porque "no se agarra el toro por los cuernos".
Patxi Vera ha subrayado este martes en su primera comparecencia parlamentaria en el cargo que en 2021, un trabajo de su predecesor, Javier Enériz, se realizaron 3.547 actuaciones, 154 más que en 2020, un aumento del 4,54 %, entre ellas 1.540 quejas, incluidas pendientes de 2020.
Una actividad derivada de los 6.034 ciudadanos que se dirigieron a la institución, 1.923 con consultas y 1.408 con quejas, el 82 % de ellas admitidas a trámite y que han dado lugar a 965 investigaciones de las 1.000 llevadas a cabo, otras 21 han sido de oficio y 14 a propuesta ciudadana.
Vera ha precisado que la labor de supervisión ha permitido hacer llegar en 2021 a las Administraciones Públicas de Navarra 128 sugerencias (otras 20 de índole normativo), 287 recomendaciones y 55 recordatorios legales.
En cuento a la forma de recibir las aportaciones ciudadanas ha indicado que el 76% fueron por vía telemática (con la plataforma Change.org por ejemplo para la zona azul de la Txantrea o ahora con la huelga de escuelas infantiles) si bien ha asegurado que se esforzará por garantizar la atención presencial "porque la vamos a exigir" a las administraciones.
Y de hecho ha destacado que se están dando pasos importantes en el camino de la digitalización pero sigue habiendo un brecha digital que exige atención presencial, motivo de más de 300 quejas.
De todas las presentadas en 2021 las más numerosas han sido por cuestiones relacionadas con al covid, como vacunación, certificado digital, ayudas y sanciones, pero también por la falta de atención presencial en distintos servicios como Seguridad Social.
A la covid le sigue educación con la admisión de alumnado en ciclos de Infantil y Primaria, el transporte o el comedor; Bienestar Social con embargo de cuentas que afectan a la renta garantizada, algo que "no deberían darse", o por la protección a mayores y dependientes. Es también motivo de quejas el acceso al empleo publico, la falta de vivienda en alquiler, "una escasez reconocida por el departamento", ha dicho, lo que le ha llevado a indicar que "algo se podría hacer" cuando pese a la carencia se deniega una cédula de habitabilidad por 5 centímetros de altura en un pasillo.
Las multas de tráfico, la grúa, el IRPF también por falta de atención presencial para determinados contribuyentes, las jornadas, permisos, retribuciones o vacaciones en la función pública, las listas de espera sanitarias, el acceso a la fecundación in vitro o los ruidos forman parte de una larga lista de motivos de queja por parte de la ciudadanía.
De todas ellas el Defensor del Pueblo admitió el año pasado el 82% y también de todas ellas la mitad correspondían a la administración foral, seguida de entidades locales (26,4%) y el estado (11,9%).
En cuanto al grado de aceptación de las resoluciones o recomendaciones del Defensor del Pueblo, Vera ha indicado que las administraciones más receptivas fueron los departamentos del Gobierno de Desarrollo Rural, Políticas Migratorias y Cultura, y los menos Economía y Hacienda, Desarrollo Económico y Educación.
Mientras que entre las entidades locales aceptaron más las propuestas el Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca, y menos los consistorios de Burlada y Egüés.
Ha habido además tres casos en los que se ha mandado la advertencia de una multa si no contestaban en el plazo de 10 días, multa que evitaron tanto el departamento de Presidencia como el Ayuntamiento de Corella y la Mancomunidad de Mairaga.
Por último Vera ha aludido a 22 actuaciones de oficio sobre renta garantiza , acogida menores extranjeros, seguridad ciudadana, medio ambiente, extranjería, deducción fiscales, cierre de pasos fronterizos, obras en la N-121-A, de las que fueron aceptadas el 66,6%; al informe sobre infancia y adolescencia, donde ha apostado por la prevención y la coordinación y alertado de problemas para el acogimiento familiar; y a los 11 casos de mediación iniciados "sin avances significativos en la mayoría", por lo que ha adelantado una revisión del procedimiento.
Para Navarra Suma, ha dicho Juan Luis Sánchez de Muniáin, de Navarra Suma, destacan las quejas por falta de atención presencial y sanciones en dos estados de alarma "sin sustento lega", así como "una situación crítica por falta de vivienda y no se están dando los pasos necesarios".
Inmaculada Jurío, del PSN, ha apuntado que pasada la pandemia habrá un cambio en las quejas, mientras que las consultas reflejan un interés cada vez mayor del ciudadano en cuestiones que afectan a su día a día y su calidad de vida.
Uxue Barkos, de Geroa Bai ha defendido el informe como "magnífico termómetro de la relación de la ciudadanía con sus administraciones" y mostrado su preocupación porque materias como educación o bienestar social sean motivo de queja.
Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha señalado que las aportaciones ciudadanos son un modo de participación y comentado que las multas coercitivas "sustituyen la lista negra de no colaborar por el purgatorio después de cuatro apercibimientos".
Mikel Buil, de Podemos, ha defendido la mediación aunque el resultado no haya sido de momento el esperado y ha indicado que el acogimiento profesional podría ser una solución a los problemas detectados.
Marisa de Simón, de I-E, valora la labor de escucha y consejo del Defensor del Pueblo, además de su actuación ante las quejas, y ha precisado que en educación las hay porque "no se agarra el toro por los cuernos".
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