La Central Sindical Independiente y de Funcionarios y el Sindicato de Policía Foral (CSIF/SPF) han valorado la "oportuna y adecuada" decisión del Gobierno de Navarra de habilitar para los agentes que lo deseen un sistema de alojamiento que evite el riesgo de contagio a sus familias, pero ha criticado su "tardanza", al ser una petición judicializada porque no fue atendida.
Así lo ha indicado el sindicato mayoritario en el cuerpo policial autonómico, que recuerda que, el pasado 27 de marzo, envió un escrito al consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, solicitándole que se arbitrara este sistema de alojamiento, e incluso proponiéndole el uso de alguna instalación concreta.
Estas organizaciones critican que no se obtuviera ninguna respuesta por parte de Interior o por la jefatura de la Policía Foral, a la que antes habían reclamado lo mismo, por lo que estos sindicatos presentaron el 1 de abril en el Juzgado de lo Social una solicitud de medidas cautelarísimas, debido a los "incumplimientos" del Ejecutivo foral a la hora de cumplir con los protocolos sanitarios, como el equipamiento de EPI a todos los agentes o la desinfección de instalaciones, vehículos y uniformes.
Igualmente, se solicitó la realización de pruebas de detección del Covid-19 a todos los policías forales que prestan servicio, independientemente de que tuvieran o no síntomas, así como la habilitación del citado sistema de alojamiento, tal y como ya ocurre en la Policía Municipal de Pamplona, o como se ha reconocido y estimado judicialmente en el caso de la Ertzaintza y de los Mossos d'Esquadra.
Sin embargo, y a pesar de que este martes han conocido la adopción del sistema de alojamiento para el personal esencial (policías forales, bomberos y personal de protección civil), "de manera contradictoria y sorprendente", el Gobierno de Navarra ha solicitado al Juzgado la desestimación de las medidas cautelarísimas solicitadas, aún a la espera de decidir.
