CCOO ha denunciado este martes ante la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza el riesgo que representa la privatización de la gestión del agua de los canales de Lodosa, Imperial y Aragón-Catalunya, como pretende el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
El sindicato entiende que esta medida "altera la prioridad en los criterios para el uso de este bien de primera necesidad, que obedecerán a intereses económicos por encima del interés general".
Además, considera que esta privatización se plantea en detrimento del servicio público que se presta a la ciudadanía, ya que "no obedece a criterios objetivos de mejora de la gestión, sino a la falta de personal estructural que afecta a la Confederación Hidrográfica".
El organismo, según el sindicato, ha perdido un 30 % de la plantilla en los últimos trece años, sin que el Gobierno haya respondido con dotación de empleadas públicas y empleados públicos a los requerimientos de CCOO.
Por otro lado, el sindicato ha manifestado sus dudas en cuanto a la legalidad de la encomienda de gestión a las comunidades de regantes, cuando la explotación y gestión de los canales es en sí misma una encomienda de gestión a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Una circunstancia que en estos momentos está pendiente de información por parte de la Abogacía del Estado.
CCOO denuncia que, además, se está presionando y amenazando al personal de la Confederación para que acepte los traslados forzosos y cambios de funciones. Una circunstancia que el sindicato ha puesto en conocimiento de la ministra, Teresa Ribera, y de los comités de empresa y juntas de personal de los territorios afectados.
"Esta circunstancia supondrá un frenazo en seco a la reclasificación que el sindicato viene impulsando para el personal de vigilancia de dominio público, que desde hace años desarrolla funciones que no son reconocidas ni retribuidas", añade el sindicato a través de un comunicado.
"La modificación unilateral de sus condiciones de trabajo se traducirá en un cierre de puertas a su carrera profesional", añade.
De esta manera, CCOO ha reiterado al Gobierno la necesidad de cumplir los acuerdos firmados para la Administración General del Estado, especialmente en lo relativo a las Ofertas de Empleo Público, que acumulan años de retraso, y la aplicación del IV Convenio Único del personal laboral.
La demora en el desarrollo de estos acuerdos supuso el inicio de una campaña de movilizaciones en el mes de junio, que ha venido acompañada de concentraciones en las diferentes provincias y contactos con la representación parlamentaria de los partidos políticos, para trasladar los incumplimientos y exigir su impulso.
