La compañía, ubicada en Corella, utilizaba como tapadera unos supuestos trabajos de construcción con los que generaban altas falsas de trabajadores.
La Policía Nacional ha detenido a siete personas e imputado a otras seis tras desarticular una organización criminal que operaba en la Ribera de Navarra y que presuntamente defraudó a la Seguridad Social más de 300.000 euros.
El "modus operandi" consistía en generar altas falsas a la Seguridad social, tras lo que los "supuestos" trabajadores solicitaban prestaciones por desempleo, maternidad, incapacidad y otros supuestos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), ha informado la Jefatura Superior de Policía de Navarra.
La operación ha sido llevada a cabo de forma conjunta por agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, con los de Pamplona y Tudela, que han conseguido desarticular al grupo, imputado por fraude a la seguridad social y pertenencia Organización criminal.
El caso se inició una vez que una empresa ubicada en Corella, fue investigada y declarada ficticia a mediados del año 2016 por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Se trataba de una firma dedicada a la construcción, que tuvo en su día una actividad real pero a partir de un determinado momento dejó de tenerla, para ser utilizada como "tapadera" para obtener un beneficio ilícito con la venta a supuestos trabajadores de altas falsas en la Seguridad Social.
Estos, con posterioridad, solicitaban prestaciones por desempleo, maternidad, incapacidad y otros supuestos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), con los que cobraron diversas ayudas económicas que ascendieron a un total de 44.187 euros.
Asimismo los empresarios adquirieron una deuda con la Seguridad Social por un importe de 270.852,66 euros por impago sistemático de las cotizaciones que les correspondían.
ACCESO A PERMISOS DE RESIDENCIA PARA OBTENER MÁS AYUDAS
Dado que la mayor parte de los supuestos trabajadores, eran de nacionalidad extranjera, podían acceder a permisos de residencia en España que a su vez les facilitaban el acceso a otras prestaciones (renta básica, subsidios o viviendas sociales).
La investigación, que se da por concluida, es fruto del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, según las mismas fuentes, que subrayan que en esta operación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra remitió a la Policía Nacional un "completo" informe como consecuencia de sus actuaciones inspectoras a la empresa investigada.
Subrayan que los supuestos empresarios intercalaban actividad real con actividad ficticia para "entorpecer" una posible investigación policial posterior, siendo además titulares de otras sociedades que hacían de pantalla ante los sistemas de supervisión de la Administración.
La empresa en cuestión durante el periodo de actividad ficticia no adquirió ni vendió bienes, no emitió facturas, no pagó nóminas ni hizo declaraciones de renta, de IVA o de otros impuestos, nunca tuvo propiedades ni alquiló inmuebles o bienes utilizados para realizar actividades profesionales o laborales.
