El Gobierno recibió diversas quejas procedentes de un grupo de familiares de usuarios sobre malos tratos y castigos inapropiados.
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha confirmado la detección de posibles malos tratos por parte de monitores a usuarios en un centro ocupacional para personas con discapacidad en Pamplona, y el envió al juzgado de un informe por si hubiera indicios de algún delito.
Así lo ha señalado en conferencia de prensa para presentar el anteproyecto de nueva renta garantizada, donde a preguntas de los periodistas ha expuesto que su departamento, que financia las plazas del centro El Molino, de la Fundación Ciganda Ferrer, recibió el pasado mes de septiembre diversas quejas procedentes de un grupo de familiares de usuarios sobre malos tratos y castigos inapropiados.
El departamento actuó "desde el primer momento" y envió desde la Agencia de Atención a la Dependencia un requerimiento al Servicio de Inspección, que "identificó malas prácticas", al parecer por parte de varios monitores.
Tras conocerlo, el departamento ha actuado en "una doble vía", ya que ha remitido el informe de inspección al juzgado por ver si se puede considerar indicios de delito.
La segunda actuación ha sido con el patronato de la Fundación Ciganda Ferrer, titular del centro, a la que se le ha "exigido" que adopte "algunas medidas acordes con la gravedad de los hechos de los que estamos hablando".
Laparra ha concretado que se ha pedido que el actual gerente quede "al margen de las intervenciones técnicas" que se deriven del caso y se nombre para ello a un "director técnico", y también se ha solicitado el "despido inmediato del monitor presuntamente implicado" y al que se atribuye una actitud más claramente reprobable.
También, el departamento pidió, sin que conozcan si se han cumplido sus peticiones, que hubiese también "una supervisión estricta de las prácticas y actitudes de alguno de los otros monitores que pudiesen estar implicados", ha señalado su titular.
Preguntado por una denuncia presentada contra este mismo centro en 2012 por irregularidades similares, Laparra ha confirmado que "parece que hay algún indicio de que en la etapa anterior podría haber elementos suficientes como para haber intervenido".
Sin embargo, Laparra ha advertido de que sólo puede "valorar e informar sobre el proceso desde que tenemos responsabilidad de Gobierno", algo en lo que han intervenido "desde fechas muy prematuras", desde que recibieron las quejas de las familias, a las que respondieron con una actuación de oficio.
