El Tribunal Constitucional avala íntegramente la Ley Celaá y permite no concertar con dos colegios de Navarra.
El Pleno del Tribunal Constitucional controlado por Pedro Sánchez ha avalado íntegramente la ley educativa conocida como Ley Celaá, que fue uno de los principales proyectos estrella del Gobierno del PSOE y Podemos.
Fuentes jurídicas han informado de que la corte de garantías ha decidido que se elabore una nueva ponencia, conforme al criterio de la mayoría, que desestime íntegramente el recurso de Vox, por lo que esta doctrina será de aplicación al del PP, que es posterior.
La nueva ponencia será llevada a un Pleno en las próximas semanas, por el mismo ponente, el magistrado conservador Ricardo Enríquez, una vez que se ha rechazado por seis a cuatro su borrador inicial, que avalaba la norma aunque planteaba declarar inconstitucional dos aspectos de la misma.
Sus dos objeciones se relacionaban con denegar las ayudas públicas a aquellos centros privados que separan a los estudiantes por sexo y, además, cuestionaba que la ley solo obliga a la administración a tomar en consideración la voluntad de las familias de estudiantes con necesidades especiales, cuando estas quieran educarlos en centros ordinarios.
Los dos colegios afectados en Navarra son Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, a los que el Gobierno de María Chivite ya ha comenzado a retirar los conciertos gracias a la ley impulsada por el propio PSOE junto a Podemos.
Y como ya sucedió con la ponencia del conservador Enrique Arnaldo sobre el aborto, que avalaba la norma con dos objeciones, tampoco esas dos excepciones de Enríquez han sido aceptadas por la mayoría progresista, si bien en a diferencia del primero, el ponente sí que asumirá redactar una nueva sentencia que avale íntegramente la ley.
La conocida como ley Celaá incluye como puntos más polémicos que el castellano deja de ser lengua vehicular en la enseñanza, que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios para escolarizar al alumnado de los centros de Educación Especial o que las administraciones darán suelo público gratis solo para construir centros públicos y no concertados.
Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir es excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria. Igualmente, no permite financiar con fondos públicos los centros que segreguen a los alumnos por sexo.
Vox solicitaba la nulidad de los apartados sobre la educación concertada, la educación especial y la lengua castellana al entender que la "única lengua vehicular que va a quedar es la que decida la comunidad autónoma respectiva".
Mientras que el recurso del PP impugna 16 de sus artículos y dos disposiciones adicionales por entender que vulnera el derecho de elección de enseñanza de los padres, discrimina a la concertada, a la especial y a la educación por sexos, y "no garantiza" que el castellano sea lengua vehicular en todo el país.
Con la decisión de este jueves, se da por cumplida la ambiciosa hoja de ruta del presidente del TC controlado por Pedro Sánchez, Cándido Conde-Pumpido, que quería resolver antes de la Semana Santa los tres asuntos de mayor relevancia social en el tribunal: la ley del aborto de 2010, la ley de la eutanasia y la ley educativa conocida como "ley Celaá".
No obstante, las ponencias del aborto y la ley educativa están a la espera de su aprobación definitiva en los próximos plenos una vez que el Pleno ha encargado a los ponentes que se desestimen los recursos del PP y Vox, respectivamente.
El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha señalado que el hecho de que el pleno del Tribunal Constitucional haya rechazado la ponencia del magistrado Ricardo Enríquez sobre el recurso de Vox a la 'ley Celaá' "avala la ley educativa del Gobierno" y la "seguridad jurídica" del trabajo realizado desde el departamento de Educación del Gobierno navarro en relación a la educación diferenciada.
En declaraciones a los medios de comunicación, Gimeno ha señalado que este magistrado "tiene que hacer otra ponencia rechazando el recurso de Vox y una vez establecida, se publicará la sentencia". Según el consejero, en lo que concierne al departamento de Educación del Gobierno foral "todo sigue en los parámetros establecidos porque el departamento ha trabajado en el ámbito de la seguridad jurídica, de la cautela y en el principio de legalidad".
Gimeno ha manifestado que la decisión del pleno de TC "avala el trabajo que ha venido haciendo el Gobierno de Navarra, el departamento de Educación, en los principios de legalidad, tanto en el artículo 9 como en el artículo 103 de la Constitución española", así como la seguridad jurídica, "que es fundamental para avanzar en las cuestiones educativas".
A su juicio, de esta manera se "despeja" y es "absolutamente claro" el procedimiento administrativo en torno a la próxima admisión del alumnado de ESO y Bachillerato, que comienza el próximo lunes. "Con respeto y cautela", ha dicho, se muestra "satisfecho" de que "todas las circunstancias y todos los procesos administrativos del departamento vayan hacia adelante y que todas las actuaciones, en el cumplimiento de la ley y del principio de legalidad, han sido velando por el derecho a la educación de las familias".
Según ha explicado el consejero, "en el concierto de Educación Primaria se estableció un acuerdo motivado de Gobierno para concertar progresivamente y evitar que 400 familias con más de un hijo o hija tuviesen que buscar otro centro y la extinción de los conciertos de Bachillerato se ha llevado al 31 de agosto por cuestiones fundamentales como es la EvAU". "En ese sentido, el departamento sintetiza seguridad jurídica, principio de legalidad, derecho a la educación y velar por las familias en ese cumplimiento", ha agregado.
Carlos Gimeno ha explicado que "la resolución de admisión que se publica hoy mismo en el BON no oferta los centros de Bachillerato de los centros organizan la educación diferenciada". "No serán centros concertados porque se les ha extinguido el concierto a fecha 31 de agosto", ha señalado, para afirmar que "las familias podrán matricular en esos centros pero no estarán financiados de forma pública".
