Lesmes asegura que un juez "se puede ver perturbado en su toma de decisiones si se descalifica su trabajo".
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha pedido este viernes que se deje trabajar a la juez que instruye la causa contra los agresores de dos guardias civiles en Alsasua y ha avisado de que "descalificar" el trabajo de un juez desde esferas de "relevancia política" es presionarle.
Lesmes se ha expresado así preguntado por el hecho de que diputados de Podemos, En Comú, En Marea, IU, Compromís, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu firmasen un manifiesto de apoyo a los agresores de Alsasua. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, dejó claro su respaldo a las víctimas pero criticó que se acuse a los agresores de terrorismo.
El presidente del CGPJ ha replicado que a los políticos "muchas veces se les llena la boca hablando de independencia judicial", pero que ésta consiste, precisamente, "en no presionar a los jueces y muy especialmente desde las esferas de responsabilidad política".
En su opinión, está claro que las decisiones judiciales pueden criticarse, porque son decisiones de un poder público, pero "las descalificaciones no son buenas y afectan a la propia independencia del juez".
Es más, cree que un juez "se puede ver perturbado en su toma de decisiones si desde esferas de decisión política de una cierta relevancia se descalifica su trabajo".
Por eso, ha remarcado que por el momento se trata de un caso que se está instruyendo y que no se sabe cómo va a terminar. "Hay que respetar la instrucción y tratar de evitar la perturbación de la misma", ha dicho.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DELITOS DE ODIO
Por otro lado, preguntado por el aumento de juicios contra tuiteros por chistes y comentarios vertidos en redes sociales, ha opinado que "en absoluto" hay una regresión de la libertad de expresión en España, sino que ésta está en "niveles máximos".
A su modo de ver, algunos casos se basan en que hay que velar para evitar las manifestaciones de odio porque eso "conlleva un riesgo evidente para la convivencia" y debe tener respuesta penal. "La libertad de expresión no ampara el odio en las redes sociales y manifestar indiferencia ante este tipo de comportamientos no me parece bien porque degrada la convivencia y puede llevar a situaciones de violencia", ha remachado.
