Como ocurre en otros casos, las mafias buscan los resquicios de la legislación para traficar “su mercancía” e intentar blanquear su actividad.

Buscan refugios de legalidad.

 Pero la misión de los representantes públicos es desentrañar la realidad, denunciar su perversión  y evitar que alguien aproveche los caminos legales para colaborar con quienes violan los derechos humanos.

En anteriores ocasiones, otros colectivos que trabajan y ayudan a mujeres atrapadas en redes de prostitución y trata, habían denunciado ante el Parlamento entre otras demandas, una muy directa a las instituciones públicas.

Estas asociaciones reiteraban la necesidad de que los gobiernos, y el resto de entidades públicas, no colaborasen insertando publicidad u otorgando subvenciones a aquellos medios de comunicación que se financian contratando anuncios de prostitución que degradan la dignidad y el derecho a la igualdad de la mujer.

Evitar que se destinen ayudas públicas a aquellos medios de comunicación que hoy siguen financiándose con la explotación y trata es un requerimiento incluido en el  informe de Médicos del Mundo y también lo demandan asociaciones como Acción contra la trata o Feminicidio.

Además es un objetivo incluido en la Guía  para la prevención de la Trata de mujeres y niñas elaborada por el Gobierno de Navarra, el mismo que aún sigue sin hacer nada por cumplir esta exigencia.

El Parlamento de Navarra, aprobó el 20 de abril de 2016 el siguiente acuerdo: “Ni el gobierno de Navarra ni ninguna otra administración pública dentro del marco de la Comunidad Foral utilice medios de comunicación (independientemente de su soporte), que contengan anuncios de prostitución, para realizar su publicidad, así como cualquier colaboración o financiación con dichos medios.” La moción aprobada fue propuesta por el Partido socialista y aprobada con la unanimidad de todos los grupos.

Así las cosas, el Parlamento de Navarra celebró una sesión con los representantes de los principales medios de comunicación de Navarra, para escuchar por qué unos medios, como es el caso de Navarra.com, aplicando sus códigos éticos renuncian a financiarse  los ingresos económicos procedentes de anuncios que ofrecen comerciar  prostitución y otros medios persisten en  beneficiarse de ese negocio.

La sorpresa de la jornada fue la espantada que protagonizó el único medio de prensa que se financia con dinero procedente de la prostitución. A pesar de estar oficialmente invitado, y a pesar de haber confirmado su participación, de forma inexplicable no compareció a la llamada de la Cámara Foral y desperdició una magnífica oportunidad defender su postura ante los representantes forales.

Y junto a ello, constatamos la hipocresía de los representantes nacionalistas que sostienen al gobierno, visiblemente incómodos por el mero hecho de abordar esta cuestión, procurando ampararse en la “legalidad” de los anuncios de prostitución.

El “será legal pero no ético” no lo aplican cuando es la prensa aliada quien se lucra.

Pero en este  caso, lo que importa no es que los nacionalistas esquiven la cuestión por no importunar a su periódico, sino que lo trascendente es que deje de destinarse dinero público y que  las instituciones navarras no  compartan  espacio publicitario con redes que comercian y denigran la igualdad y dignidad de las mujeres.

Se dirá y bien cierto es, que suprimir las subvenciones y  la publicidad institucional a quien sigue aprovechándose de este vergonzoso cauce de financiación, no es la única ni la principal solución a este sangrante problema, pero es también cierto se trata de  una indecente situación que fomenta y normaliza el consumo y que el gobierno de Barkos tiene el deber y el mandato parlamentario de atajar y se resiste por todos los medios a cumplir.

Un medio de comunicación puede ser rentable por ofrecer información y contenidos de interés atractivos para la opinión pública o porque obtiene una ventaja competitiva al lucrarse de unos ingresos publicitarios que los demás medios renuncian por motivos éticos.

Las instituciones, con el Gobierno de Navarra a la cabeza tienen la obligación de no colaborar en fomentar esa práctica. A la hora de administrar el dinero público, la amistad, no debe primar sobre el deber y la ética.

No podemos estar más de acuerdo con ese objetivo, pero la lógica reflexión indica que, siendo importante fijar un día concreto en el que prestar una especial atención, la discapacidad exige trabajar cada día, porque cada día las personas que tienen una discapacidad y su entorno familiar tienen que enfrentarse a un sinfín de adversidades que les colocan en una situación de desigualdad respecto al resto de los ciudadanos.

Y la sociedad en su conjunto y, dentro de ella y con más ahínco si cabe, quienes ocupamos cargos políticos, tenemos el derecho y el deber de velar por garantizar que se cumplen las normas de las que nos hemos dotado, como el artículo 49 de la Constitución española, que señala : “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

Por ello, UPN cree que en todos los ámbitos que afectan a las personas desde la infancia a la edad adulta, como en la atención temprana, en el deporte, en las aulas, en el ocio, en los recursos sociales o en el empleo entre otros, cuando se plantean necesidades nuevas que no están contempladas, debemos unir nuestras fuerzas y consensuar ayudas y programas que coadyuven a lograr los objetivos anteriormente expuestos.

Debemos esforzarnos porque todas las políticas, las acciones, los proyectos, las convocatorias y las ayudas en el ámbito local, vayan, entre otras cosas, encaminadas a asegurar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad o en situación de dependencia, y la protección de las que cuentan con menos recursos.

Además tenemos que garantizar que se cumpla la legislación vigente y las nuevas políticas que afectan a las personas con discapacidad. Como es la subida del salario mínimo interprofesional o el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, dónde se establece la reserva obligatoria de contratación en favor de los centros especiales de empleo o la prohibición de contratar con empresas de más de 50 trabajadores en las que el 2% de ellas no sean con discapacidad, creemos firmemente en la necesidad de políticas activas para la contratación de personas en situación inicial de desventaja, como aquellas con discapacidad, en paro de larga duración o desempleadas en los últimos años de su vida activa, y hemos dado buena muestra de ello a lo largo de los años en los que UPN ha tenido responsabilidades de Gobierno, y seguimos empeñados en ello desde la oposición.

Así pues, hoy es un día para recordar especialmente a las personas con discapacidades, pero mañana sus dificultades seguirán estando presentes, por lo que seguiremos trabajando a diario para que puedan tener las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos.

Personalmente no conocía esos comentarios publicados por la recién designada portavoz y mi estupor y asombro  al leerlos me recordaron la sensación de impotencia y repugnancia que  sentí cuando ví por primera vez las imágenes de la agresión de tres hombres en un acto público acorralando a una mujer, presidenta de la Comunidad Foral y humillándola ante todos los participantes en aquél foro internacional.

Resulta incomprensible que una representante política, también mujer, desprendiese tal insensiblidad como la que expresa la portavoz Solana en sus comentarios publicados ante tan despreciable agresión.

 Más inconcebible es aún que tales afirmaciones las realizase por el simple hecho de que la acción violenta se realizaba sobre una adversaria política.

Conozco a María Solana y en primer lugar supuse que su reacción sería inmediata y la nueva portavoz acudiría rauda  a retractarse de tan lamentable reacción e instar las debidas disculpas.

Sin embargo, la respuesta no ha podido ser más decepcionante: en primer lugar la portavoz enmudece (ratificando con su silencio la autoría de los desafortunadísimas apreciaciones),después sus colegas y militantes de partido (con la presidenta Barkos a la cabeza) se lanzan a dar por buenas las expresiones proferidas acompañándolas de un variado  repertorio de desconcertantes “interpretaciones” y para que no falte nada, esos mismos militantes, descalifican e insultan a todo el que ose censurar o criticar las afirmaciones de la portavoz.

No les ha importado que los hechos que la portavoz celebra, además de ser rechazados por el parlamento hubiesen sido juzgados, probados y condenados.

La sentencia afirma de manera textual que “el hecho consistió en estampar en la cara y cabeza de la Presidenta de una Comunidad Autónoma unas tartas. Este hecho se lleva a cabo durante la sesión plenaria del C.T.P., en el que Dña. Yolanda intervenía como Presidenta de la Comunidad de Navarra. La sesión se vio interrumpida y la Presidenta obligada por los golpes de las tartas a salir de la sala.”

Los jueces dejaron probado que: “Existió así un acometimiento, una acción violenta corporal, en la que la víctima es golpeada hasta tres veces con unas tartas. No son objetos peligrosos, ni aptos para causar lesiones, no era esa la finalidad perseguida, pero sí supusieron una violencia corporal. Los autores no las arrojan, sino que las impactan directa y materialmente en la cara y cabeza de la víctima. El resultado fue que ésta tuvo que abandonar precipitadamente y con ayuda la sesión. Estas circunstancias ponen de manifiesto la entidad del acometimiento, y hacen que el hecho no pueda merecer otra calificación.”

No entiendo que impide rechazar como cualquier persona sensata y pacífica aunque la víctima resulte ser un oponente político.

No admitiría que mi partido político justificase unos comentarios similares si la víctima fuese de otra formación política.

Se me caen las pomposas afirmaciones de rechazo de todo tipo de violencia, verbal o física contra las mujeres cuando quien las hace no es capaz de expresar algo tan sencillo como el más profundo rechazo y vergüenza ante tal acción.

Supongo que la autora de las afirmaciones más tarde o más temprano depondrá su actitud y se arrepentirá por haberse expresado así y también se corregirá a sí misma por su arrogante actitud al esquivar de forma tozuda la debida disculpa.

Mientras tanto, está incapacitada para dar explicaciones en nombre del Gobierno de Navarra quien no es capaz de explicarse a sí misma por jalear a tres  delincuentes agresores.

Y desde luego no le hace ningún favor a la portavoz la reincidente soberbia de su presidenta ( que es la de todos) para enfrentar este inexplicable episodio. Ni es ético ni es estético.