Fue un fenómeno aparentemente efímero, dado que la eficaz actuación policial pudo intervenir las comunicaciones que se realizaban para organizar esas quedadas, anticiparse y frustrar las batallas. Ahí parece que quedó la cosa.

Lo que no se ha recuperado, aunque llegaron a abrirse sin restricciones hasta las discotecas, es el ritmo de actividad física, las competiciones, los encuentros y la completa dedicación a las prácticas deportivas. Algunas más o menos, pero las más numerosas, las que más jóvenes y adolescentes convocaban y mantenían desfogados se han visto muy mermadas en número y afición.

Que disculpen la hostelería y el turismo, pero a la práctica deportiva en jóvenes y adolescentes no se ha dedicado ni una décima parte del esfuerzo público y del cuidado y atención institucional. Como si el deporte fuera completamente prescindible, un lujo, olvidando que se constituye como “factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad”, como reconoce la Ley del Deporte.

Como factor fundamental del desarrollo integral de la personalidad la práctica deportiva queda directamente amparada por la protección especial del artículo 10.1 de la Constitución española “como fundamento del orden político y de la paz social”.

Esta declaración tan pomposa no se pierde en los ecos del templo de nuestro sistema jurídico. La Constitución impone directamente a los poderes públicos (también a los tribunales que autorizan y amparan restricciones en cadena) el deber de fomentar la práctica deportiva (artículo 43) dado su extraordinario valor como “factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta la solidaridad” (Ley del Deporte)

Seguro que no tiene nada que ver. Seguro que no hay ninguna relación entre la reducción del deporte en jóvenes y adolescentes con el aumento de las peleas. Nada que ver una menor práctica deportiva y un mayor callejerismo.

Aunque las quedadas masivas aparentemente desaparecieron, este otoño-invierno se ha visualizado un fenómeno un poco distinto. Paseando por la calle, en varias ocasiones al encontrase dos grupos de chavales se comunicaban a voz en grito: “eh, que fulano y zutano han quedado para pegarse. Vamos.”

Peleas organizadas con sus normas y todo, porque al parecer en cuanto hay sangre se detiene la pelea, como en los duelos dieciochescos. Y lo más relevante; cómo no, luego esas peleas se suben a redes. También es norma aceptada por las partes. Colgadas para general regocijo en algo así como peleaspakeveas o komokundenlaspeleas de alguna de las diversas plataformas del universo digital.

Curioso que gocen de libertad absoluta estas difusiones, con la de recursos policiales y judiciales que han destinado los poderes públicos (los mismos obligados a fomentar y proteger la práctica deportiva) por chistes de dudoso gusto y poquísima gracia.

Otro elemento novedoso de la moda de esta nueva temporada de peleas callejeras es que intervienen los llamados menas. Aunque inicialmente sorprenda que resulte tan fácil la interacción con jóvenes y adolescentes nativos, se demuestra que ni son tan marginales, ni la intervención con ellos resulta tan nefasta como se vende.

Pues se retan. Los de aquí y los de no aquí. Y, claro, los niños bien de aquí no tienen ni media chufa contra jabatos que se enfrentaron cara a cara con la muerte cruzando inhóspitos territorios africanos, jugándosela en una patera o en los bajos de un camión.

Ocurre que, cuando el nativo magullado llega al nido protector, ¿cómo confesar a padre y madre que había quedado para pegarse y sólo él, criatura de sus entretelas, ha recibido? Pues que me han pegado unos desconocidos. Denuncia, porque no puede ser, y ya tenemos procesados a estos menas, que son un peligro público.

Para terminar. Va y resulta que, a estos menores sin papeles, a estos menas, también les alcanza la protección constitucional de la práctica deportiva, como a los nativos. Tal vez, para sacarlos del circuito de peleas (a los de aquí y a los de no aquí) podrían repartirse actividades y ayudas entre todas las federaciones y clubes deportivos. Seguramente no, pero a lo mejor, tal vez, resulta una eficaz alternativa y, de paso, alimentamos dos pájaros con un panecillo.

Y se cumpliría la Constitución. Uy, perdón. Que seguimos con restricciones y lo importante… ¿Quién sabe a estas alturas qué es lo importante?

A doscientos metros se observa a media docena de varones de unos cuarenta años, sentados en las escaleras esperando a que llegue otro con las bebidas que, seguramente, habrá adquirido en la txozna provisional de más atrás.

La norma tipifica el “consumo compartido de bebidas alcohólicas en la vía pública y en el resto de espacios abiertos al público que no estén permitidos por la autoridad sanitaria”. Resulta difícil no darle la razón al joven en su queja.

Lo que desconoce el joven, posiblemente también el agente y, hay que confesarlo, incluso casi cualquier jurista por excelente que sea su formación, es que en esta pandemia el Estado de Derecho ha saltado por los aires.

No importa lo que digan las normas. Se persigue y sanciona la idea, el concepto difuso. En este caso se persigue “el botellón”, concepto que no está recogido en ninguna norma. Desde luego no lo define el Decreto Ley Foral 9/2020 que trata de tipificarlo. El botellón es la causa justificativa (o eso dicen) del actual toque de queda intermitente que en este momento sigue en vigor.

¿Y qué es el botellón? Pues una reunión de gente joven bebiendo en la calle. Nadie piensa en botellón al ver un grupo de indigentes rulando cajas de vino. Mucho menos se identifica como botellón al consumo compartido de señores bien con sus vasazos, clink-clink, por muy alejados que estén del local. Por lo que sea, en el concepto difuso de botellón el elemento joven se considera esencial, de modo que cualquier analista no entenderá si lo que en realidad se está persiguiendo la norma es la aglomeración descontrolada (todo indica que es foco de Covid-19, se beba o no), el consumo de alcohol o el mero hecho de ser joven.

Quien pretenda salir con el falso puritanismo de que se persigue el perjudicial consumo de alcohol en los menores debiera ir a una norma muy anterior a esta pandemia, la Ley Foral 10/1991 que castiga a quien facilite el alcohol a menores, incluso de manera gratuita, con hasta 6.000 euros y, en el caso de tiendas, clausura del local de hasta 1 año.

¿Por qué se opta por la persecución a esos adolescentes? Porque es más fácil. Mucho más fácil que andar indagando qué locales, qué mayores les facilitan el consumo. Nada. Mucho más fácil sacudir al débil, sacudir al fuerte es mucho más costoso y arriesgado.

Pues esa persecución a las cuadrillas de adolescentes, cuyo ocio se ve limitado a quedadas con colegas en la calle, resulta contraria al derecho fundamental de interés superior del menor. Sí, derecho fundamental porque el artículo 24.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo reconoció en 2010 y exigió la modificación del artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor: “Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado”.

Por tanto, ese afán por poner una multa y que les repriman los padres (bronca en casa), está vulnerando directamente ese derecho fundamental (también el derecho fundamental a la vida privada y familiar). Qué fuerte ¿no? Porque ni el Defensor del Menor, ni el Consejo de la Juventud, ninguna institución o administración ha dicho nada frente a esta persecución. Hasta ese punto nos estamos ciscando en el interés superior del menor.

Claro, si se trata de educación sexual, el Skolae debe imponerse por encima de las familias, en eso intervencionismo público hasta el colectivismo extremo. El marrón de recibir en casa una multa por consumir alcohol que se enjuague en el ámbito privado familiar, en eso individualismo ultraliberal, los poderes públicos se abstienen, salvo para notificar y tramitar el expediente sancionador.

El interés superior del menor en España ya ha sido violado varias veces durante esta pandemia. Para empezar, que los menores fuesen los últimos en salir a respirar aire en el confinamiento de 2020. Y aguantaron modélicamente. Esas criaturas que ahora se persiguen aguantaron admirablemente hasta el último día. No sólo no se lo reconocimos, resulta que ahora les perseguimos en la única alternativa de ocio que les hemos dejado.

Por supuesto, en el plan de vacunación han sido los últimos. Porque las vacunas, bla, bla, bla. Pero los últimos. Y ahora a correr porque el curso que se avecina y… ¿Interés superior del menor? Ya. Por eso a menos de un mes todavía están mareando con el horario lectivo. Cuidada planificación atendiendo el interés superior del menor.

Y ahora a saco contra los grupos de jóvenes que se reúnen en la puñetera calle porque no hay más alternativas. Peor. Imitan la única alternativa que hemos fomentado. Esa Pamplona llena de txoznas a rebosar desde mediados de mayo, cuando las masas adolescentes estaban terminando sus exámenes. Qué efervescencia social la de poder salir de potes y encima sin mascarilla. En ese caldo de cultivo que cuajamos los mayores terminaron los exámenes, los cursos y los ciclos. ¿Irresponsables fiestas de estudiantes? Será que los curritos hemos sido modelo de responsabilidad.

¿Y los viajes y fiestas de fin de curso?, conviene recordar que no fueron con sus propios medios: alguna administración las autorizó, con el silencio cómplice del resto de administraciones, alguna empresa los llevó, organizó, les puso música y bebidas. Y todos cobraron por ello. En la borrachera de la disco ningún agente de la autoridad entró a preguntar por la edad. Pero las licencias y los impuestos correspondientes engrosaron las cifras que luego se pretenden vender como recuperación.

Sería bonito cerrar este texto con esperanza. Lo lamento. Si algo estamos demostrando en esta crisis es el descorazonador comportamiento de todos los poderes públicos y de la inmensa mayoría de las instituciones. Hay personas que están soportando admirablemente. Eso es lo único que en este momento nos mantiene en pie. El legado que estamos dejando a esa juventud machacada resulta tenebroso. La única ilusión es que esas generaciones estén muy por encima de la nuestra. Por sus méritos.

El argumento fundamental de la petición de toque de queda del Gobierno es que no se pueden controlar los botellones. No se dice si es que no se pueden controlar porque faltan medios o porque la magnitud de los botellones desborda incluso si se contase con el ejército.

Esa es otra. El Auto del TSJN, con prolija fundamentación jurídica, señala que no puede resolver sobre el toque de queda porque no se le facilitan datos. Y recuerda que son datos que sí se le ofrecieron en anteriores ocasiones, de modo que son datos accesibles para el Gobierno. Sólo por esa razón no autoriza el toque de queda. Como expresamente advierte, el TSJN no juzga las medidas en sí mismas, se limita a realizar el control necesidad, justificación y proporcionalidad, es decir, el Tribunal no revisa si las medidas son buenas o malas sino si se cumplen los requisitos de motivación y proporcionalidad que exige el ordenamiento jurídico. En definitiva, alguien no ha hecho su trabajo y pretendía que se le autorizara el toque de queda, “porfi, porfi, porfi”.

Y en eso de no hacer su trabajo, salta la noticia de que el trámite on line de matriculación de vehículos en Navarra no está actualizado, lo que impide a los concesionarios dar salida a los vehículos vendidos. ¿Toque de queda? Venga, que como no se puede controlar la matriculación lo mejor es que nadie se pueda mover. Y que no se olviden pedirlo al TSJN con ojos mucho más implorantes que los del 19 de julio pasado.

Pero ¿cómo no se nos habría ocurrido antes? Lo fácil que hubiera resultado aplicar un toque de queda para atajar el descontrolado tráfico y consumo de drogas que inundaba nuestra Comunidad en los 80 y 90. Con la cantidad de muertes por sobredosis que se producían a diario. Con lo saturados que estaban comisarías y juzgados, amén de los servicios de urgencias. Facilísimo implorar autorización.

Bueno, bueno. Y en aquellas operaciones de salida y retorno de vacaciones, con miles de fallecidos y decenas de miles de accidentes. Con lo fácil que hubiera sido decretar un toque de queda. Hale, “quietos todo el mundo”.

Y hablando de macro-botellones, en Sanfermines y la Navarra en fiestas no se da abasto con la limpieza, el ruido y las borracheras imposibles de controlar. Nada, a partir de ahora, toque de queda. Como en los miles de partidos de fútbol que juegan (jugaban) las criaturas de 8 a 18 años, todos los fines de semana, a lo largo y ancho de nuestra Comunidad; eventos en los que los padres sacan a relucir sus desahogos gallardos y vociferan, insultan y hasta se pelean sin posibilidad de control. Porque ninguna autoridad ha sido capaz de ponerle control. Solución: toque de queda.

Ponga un toque de queda en su vida. Es el remedio infalible para controlar lo que se decida llamar incontrolable. La temporalidad de la Administración, los desvíos presupuestarios, los procedimientos inacabados, las pertinaces ineficacias: toque.

En la memoria popular de Navarra (cada vez más residual) se ha mantenido el recuerdo de estos mártires jesuitas: Esteban de Zudaire y Juan de Mayorga, natural de San Juan de Pie de Puerto. El 15 de julio de 1570 estos dos sencillos navarricos fueron torturados y lanzados al mar por un corsario hugonote con patente de la reina Juana III de Navarra.

Mientras se vierten ríos de tinta sobre el fotograma de 'Noáin 1521', nuestra simplona conciencia colectiva ni se esmera en tratar de apreciar la película completa. Si resulta relevante seguir el rastro de la sociedad y de las instituciones de la Navarra y de las Vascongadas en el periodo de los Austrias, no es menos relevante hacer lo propio con Ultrapuertos y el llamado Iparralde donde, tal cueva de Alí Babá, tratan de esconder las vergüenzas de su castellanización voluntaria y muy querida los mismos territorios que ahora pretenden pasar por ser vanguardia y euskotesoro del ficticio y ensoñado estado vasco original. Dime de qué presumes…

En Zudaire y en San Juan de Pie de Puerto se ha venerado a Esteban de Zudaire y Juan de Mayorga, lo que constituye un testimonio de la compleja realidad de esta tierra, que choca con ese universo panvasquista ideal que todo lo reduce a la perversidad española.

Juan de Mayorga, católico y tal vez vasco parlante, huiría de su pueblo natal, por mucho que ahora no entiendan los legitimistas que pudiera huirse de la que consideran capital de las esencias del eusko-reino de Navarra. La huida de Juan de Mayorga se entiende perfectamente por la persecución religiosa impuesta por Juana III a partir de 1555. Efectivamente, ese idealizado reducto napartarra se convirtió en tierra calvinista, persiguiéndose a sangre y fuego el catolicismo, tan supuestamente euskoarraigado.

Poco se menciona esta persecución contra lo vasco y la diáspora que provocó, en la que se entiende la marcha de Juan de Mayorga. Resultaría muy esclarecedor seguir el rastro a la sociedad de aquellos territorios durante este periodo, serán fotogramas tan relevantes o más que cualesquiera de los que ahora se divinizan en el supremo credo del panvasquismo.

A las órdenes de la reina Juana III y de su hijo, futuro Enrique IV de Francia, mandos militares hugonotes arrasaron el suroeste de Francia hasta conquistar La Rochelle, convirtiendo al calvinismo toda la región. Entre estos militares, Jacques de Sourie o de Sores, conocido como el ángel exterminador, al que los reyes de Navarra dieron patente de corso para arrasar las flotas católicas que se dirigían al Nuevo Mundo. En sus correrías llegó a atacar la Habana y numerosos puntos de las islas y costas del Caribe, alcanzando Brasil. Fue repelido en Madeira y en Santa Cruz de Tenerife. En este escenario se enmarca el martirio de Taracorte.

Se les conocen como Mártires de Tazacorte al grupo de 40 jesuitas que se dirigían a Brasil (mártires de Brasil) para evangelizar los dominios portugueses, con expreso permiso del rey Sebastián I. Formaban parte de una expedición que se había preparado en Lisboa con más de un centenar de jesuitas. Al parecer, en torno a Madeira el barco en el que iban los navarros y el provincial portugués, Ignacio de Azevedo, fue perseguido por una flota de corsarios hugonotes que, una vez apresado, liberó a la tripulación, torturó a los religiosos y los arrojó al mar moribundos entre Tazacorte y Fuencaliente de la Palma.

¿Qué interés tenían los reyes de Navarra en atacar posesiones portuguesas como Brasil y Madeira? Pues el mismo interés que el padre de Juana III, Enrique II, al guerrear en Italia a las órdenes del rey de Francia. La corona de Navarra sólo era un título con el que mantener su particular ascenso aristocrático.

En la reina Juana III se añade la cuestión religiosa, más allá de que mantuviera sus convicciones, las revueltas protestantes estaban siendo aprovechadas por numerosos príncipes y nobles para ascender al poder de sus territorios y debilitar el poder de los imperios que les constreñían.

De ahí que, al otro lado de los Pirineos, los presuntamente legítimos titulares del Reino de Navarra lo usaron como excusa para sus políticas particulares y, en concreto, al servicio de la causa de Francia frente a España. Navarra era un título para poder seguir formando parte de la corte francesa y, al final, lograr acceder al trono francés. Al igual que la religión no era más que un elemento de confrontación. En definitiva, ese título poco o casi nada tenía que ver con la realidad de los territorios navarros y de la población navarra. Algo así como el título de Rey de Jerusalén que, por la línea napolitana, mantiene actualmente Felipe VI entre sus títulos. Mantenían el título de reyes de Navarra pero sobre la realidad territorial y poblacional reinaban poco o casi nada.

Pero les sirve. Para su ficción nacionalista les sirve que el título rey de Navarra se mantuviera al margen del dominio español. No tienen ningún interés en tratar de entender la compleja situación política, institucional y social del siglo XVI. Les da igual agarrar la versión francesa de la historia, que tiene el mismo interés imperial que el relato castellano que se impuso a este lado de los Pirineos. ¿Alguien cree que la versión de Arnaud Oihenart sobre el origen de lo vasco no había un interés en considerarlo mucho más francés que español? ¿Y por qué los vizcaínos, contemporáneos de Oihenart, replicaron un origen cántabro alejando lo vasco de Francia y también de Navarra? Inocencias las justas. Durante los siglos XVI y XVII Navarra y el euskera, fueron sólo meras piezas de un tablero mucho más amplio.

Y, a pesar de ello, Navarra mantuvo sus instituciones, el euskera se siguió hablando y utilizando, y la identidad navarra sorteó versiones puramente españolistas, al igual que después ha superado versiones aranistas, panvasquistas y abertzales. Que no se crean que vienen a rescatar nada, todo lo contrario. Revuelven tanto o más que el Cardenal Cisneros o los planes franquistas de españolería.

En definitiva, ¿por qué la explicación político-social de los autoproclamados legitimistas debe tener mayor valor que la realidad sociopolítica que vivieron estos dos navarricos, Esteban y Juan, seguramente vasco parlantes? La respuesta es clara: la cuestión no es ser vasco, navarro o vasco-navarro, lo que quieren es su Euskal Herria particular, la que nunca existió sino en sus enfermizas ilusiones. Tenemos que ser lo qué y cómo ellos quieren. Y para eso no dudarán en tachar de españolazos a estos dos beaticos que nacieron navarros y murieron en barco portugués por ser católicos. Qué más les da. Por sus objetivos, terminarán ensalzando al cruel Jacques de Sourié como libertador navarro frente al imperio español. Qué más les da. Por sus objetivos, tan sólo nos quieren como paja para su fuego aniquilador.

En España, enredados en nuestras cosas, no hemos debido encontrar tiempo, durante 5 años, para incorporar una Directiva que exige implantar en el sector público el mismo nivel de protección en el tratamiento de datos personales que se exige al sector privado.

Las excusas variadas que se han dado para justificar este prolongado incumplimiento van desde la imposibilidad de lograr una mayoría suficiente para aprobar una ley orgánica (¿es imprescindible?) hasta las dificultades de funcionamiento de las instituciones españolas por un largo periodo de gobiernos en funciones tras la moción de censura, incluso desde la última mayoría absoluta.

Pero en Europa no terminan de entender que el funcionamiento de la Administración dependa tanto del pulso político. Que la actividad de las administraciones sea incapaz de incorporar las exigencias de control en el tratamiento y protección de datos si no lo decide el político de turno. No se explican que en un Estado de Derecho el cuerpo de funcionarios públicos resulte incapaz de aplicar soluciones técnicas que al menos permitan iniciar la implantación de los principios de la Directiva en el día a día de la Administración.

Y es que en el periodo 2012 a 2017 España encabezó la lista de países sancionados por la UE, llegando a pagar el 70% del total de sanciones recaudadas por la Comisión en 2015 y 2016. Por eso, lo de que nos ha pillado en un mal momento, sencillamente, no es creíble.

Por supuesto, la clase política resulta absolutamente incapaz de llegar a acuerdos y mirar más allá de sus exigencias electorales. La Administración del Estado ha podido verse influida por la falta de formación de un gobierno nacional, pero en estos años casi todas las Comunidades Autónomas y Entidades Locales han funcionado con normalidad. ¿Qué explica que en este ámbito no se haya adoptado ninguna medida para poner en marcha, en su estricto ámbito de competencia, el sistema de protección que exige la Directiva. Pues ni eso. Como si en Europa se chuparan el dedo.

El caso es que unos por otros, dejarlo para el último momento o vaya despiste no haberlo incluido en ninguna de las negociaciones, el resultado es una multa que tiene pinta de acabar siendo muy abultada. Porque, a día de hoy, no se conoce ni plan, ni previsión. Es más, en lugar de encargar informes o propuestas de implantación en cada área de las distintas administraciones, para acotar dónde se precisa de más regulación y recursos y dónde podría implantarse con cierta rapidez y acreditar cierto grado de cumplimiento, la decisión a la española, como no, es esperar a que se apruebe una ley orgánica (tampoco se conoce borrador alguno).

En la última multa, que se conozca, hace casi un año, el Consejo de Ministros aprobaba un reparto del pago de la multa por incumplir las exigencia europeas sobre tratamiento de aguas residuales. La multa fue de 12 millones más 10’33 millones por trimestre de retraso, que se empezó a pagar en 2019. Se trató de repercutir en las administraciones que no cumplen la Directiva. Ayuntamientos de Andalucía, Principado de Asturias, Canarias, Galicia y Comunitat Valenciana). Un año después sigue sin cumplir, así que se seguirán pagando. Como si nos sobrase el dinero. Total, se van a recibir 11 mil millones. Dicen.

La del 25 de febrero no será la última multa que reciba el Reino de España. Hay otros 11 expedientes sancionadores muy avanzados en su tramitación que pueden supones muchos cientos de millones de euros a pagar en los próximos dos años. Es una breve reseña del coste concreto de la irresponsabilidad pública.

Niveles de contaminación del aire, protección de hábitats naturales, prevención y protección contra inundación y objetivos de eficiencia energética, son cuatro expedientes por incumplir exigencias medioambitentales. Recuérdenlo cada vez que vean a nuestros representantes públicos lucir uno de esos brillantes y coloridos pin de la Agenda 2030.

Otros tres expedientes referidos al trato que reciben los ciudadanos de la UE en el ámbito tributario, discriminatorio y desproporcionado según las autoridades comunitarias. Otros dos expedientes, uno referido al control y transparencia en los contratos públicos y otro por la benevolencia de la legislación penal española con la corrupción privada y el abuso de mercado. Otro expediente por incumplir las obligaciones UE sobre control de adquisición y tenencia de armas de fuego,  y otro más por el abusivo régimen de vacaciones, descansos, permisos y licencias del personal de la Guardia Civil.

Se suele sacar pecho político nacionalista por los representantes de la Comunidad en la Unión Europea. Navarra lo ha tenido durante décadas, con distintos carnés políticos. La CAV tiene incluso cauces de interlocución directa y permanente, mientras que Catalunya tiene hasta un President fallido paseando por todos los foros que le quieran escuchar. Ningún medio español cuestiona que la ministra Calviño tenga mucha ascendencia en la UE y todo el mundo espera que eso sirva para que lleguen más ayudas comunitarias. A nadie, ni a la propia Ministra, se le ocurre advertir de que en la UE también tienen en cuenta los cumplimientos, es más, las ayudas cada vez se vinculan más a objetivos concretos. Sigamos esperando la lluvia.

Años de desencuentros y disparidades partidistas, que impiden concretar ninguna medida de estado, ni siquiera para evitar sanciones y posible pérdida de ayudas. Ni siquiera para impedir que se vayan por el sumidero cientos de millones, o que no lleguen. Desacuerdo total salvo en dos cuestiones en que coinciden todos los partidos, sin querer queriendo: creerse que podrán apañar su particular recuperación económica con el maná comunitario y callarse, taparse las vergüenzas de sus irresponsables enfrentamientos y dejadez. ¿Quién debe pagar la multa por que ni una sola de las Administraciones públicas, gobernadas por partidos y coaliciones de todos los colores y olores desde el año 2016, haya sido incapaz de cumplir con la Directiva de protección de datos? Pues parece que este 2021 recibirán un 0’9% más en sus nóminas. Toma premio por seguir incumpliendo. A 89.548’20 euros por día.

Casi dos meses después de iniciarse, presenta la consejera de Salud algo parecido a un plan de vacunación con fases, grupos más o menos cuantificados y cierto desarrollo en el tiempo. Brilla por su ausencia un documento público y de libre acceso; es más, para que tenga efectos el plan debiera recogerse en alguna norma jurídica.

Les interesa seguir alimentando en el imaginario colectivo que con lo que diga el responsable político es suficiente, que lo que sale en los medios es más verdad que el Boletín y, en definitiva, que el poder, arbitrario y caprichoso, concede con su gracia el maná de la vacuna. Alabado sea el poder. Les interesa que sea alabado.

Porque hay quienes mantienen, sin rubor, para qué la transparencia si de todos modos van a criticar y escandalizarse, defienden que hay que actuar manu militari, expeditivamente, como si los instrumentos de participación democrática fuesen una suerte de adorno prescindible, florituras para momentos de derroche.

Si en momentos tan extraordinarios como éste se ponen a prueba y se consolidan los fundamentos de cualquier sociedad, también las carencias y heridas generadas en estos momentos las terminan lastrando secularmente.

Este Plan de vacunación mantiene las carencias que se evidenciaron hace un año. Si la potabilización del agua es una actividad tan esencial para la salud como cualquier centro sanitario, ¿dónde está en ese plan el personal encargado de potabilizar el agua? Aquí una posible explicación. Al ser personal municipal, competencia de las entidades locales, se trata de una realidad muy, muy lejana de las moquetas del gobierno autonómico y mucho más desde las moquetas de La Moncloa.

Y eso que el régimen foral de Navarra tiene (tuvo, lamentablemente) una especial cercanía con el ámbito local y municipal, que se consideraba parte de la foralidad. Hace tiempo que tanto el Gobierno (Diputación) como el Parlamento de Navarra juegan en otros niveles.

El carácter estratégico, más que esencial, del servicio municipal de potabilización del agua resulta evidente para cualquiera. Pero también hay un servicio de tratamiento de aguas residuales que no es menos relevante. ¿Cuál es el plan para estos dos núcleos esenciales? Pues ni los planes de vacunación, ni los Decretos de Estado de Alarma.

Porque la omisión viene arrastrándose desde el primer Estado de Alarma, que en realidad sólo retrató nuestras propias carencias. El coronavirus nos pilla sin haber hecho los deberes, a saber: sin que desde 2015 ninguno de los Gobiernos de España cumpliesen las exigencias del artículo 28 de la Ley de Seguridad Nacional y sin que ninguna Comunidad Autónoma, Diputación ni Ayuntamiento hubiese cumplido las exigencias del artículo 15 de la Ley de Protección Civil, en vigor también desde el año 2015.

Hace un año podía explicarse que ninguna de estas medidas estuviera preparada y que el primer Estado de Alarma hizo lo que pudo (lo triste es que, como, suele ocurrir será dentro de un par de décadas cuando se revisen y exijan efectivamente las responsabilidades).

Después de un año la pregunta es: con un Parlamento ocioso y parte de la Administración sin saber qué hacer, ¿nadie ha tenido tiempo de avanzar planes estructurados de contingencia para los servicios estratégicos, además de la adecuada respuesta a los que resultan esenciales?

Parece que no. Al menos, en lo que se ha dado a conocer como Plan “oral” de Vacunación con fases y bla, bla, bla, ni una sola mención se hace a los sectores estratégicos. Es más, ni tan siquiera se mencionan algunos de los servicios esenciales establecidos expresamente por el Decreto de Estado de Alarma como, por el ejemplo, el transporte.

Nadie se debiera escandalizar si se decide vacunar en primer lugar al personal responsable de la logística de la propia vacunación. ¿Se les ha vacunado? Apuesto a que no. Y apuesto a que la respuesta está en la precarizadora subcontratación de esos servicios que se consideran de usar y tirar. Invisible transporte, almacenamiento y custodia…

Fieles al mundo que nos ha tocado vivir, quienes dirigen nuestras instituciones reflejan esa mezcla de insultante ignorancia sobre los elementos básicos de la sociedad y del Estado, con esa concepción mágica de la realidad en la que no se cuestiona que el agua salga del grifo en condiciones optimas para consumo, ni que la mierda salga por el inodoro a nadie sabe dónde ni cómo. Una realidad en la que basta y sobra con expresar buenos deseos y esperanzas, que se los recojan los medios. Qué manía tiene la realidad de no atender a los buenos titulares.

Hale. Toca dar un repaso al plan. Toca hacerlo público. Y toca regularlo en una norma jurídica vinculante porque, de ese modo, quien lo infrinja podría sufrir las consecuencias (aunque se las exijan nuestros hijos o nietos), vía prevaricación y/o malversación. Como con cualquier otro recurso público.

¿Meter en cintura la corrupción y el enchufismo en este país? ¿A qué no?

Estimada Presidenta y estimado Alcalde, esto que se hizo el día 2 de febrero, también son los Sanfermines.

Siguen reduciendo la fiesta al modelo (tal vez herido de muerte) de masificación y consumo sin límites. Las fiestas de San Fermín se celebraban antes de Hemingway, incluso antes de las corridas de toros tal y como las conocemos. Y depende de nosotros hoy que sobrevivan, o no, a las generaciones siguientes. Aunque tienen algo de espontáneo (capotico le llaman algunos) que le ha dado vida propia, más allá de organizaciones institucionales.

Resulta muy preocupante que, tras esa idea (Sanfermines sí, Sanfermines no, compito yo, no compitas tú), los mandamases sigan pensando que esta pandemia escampará, sin más, un día de estos. Desaparecerá y podremos volver a derrochar salud y energía como si no costase. ¿Aún no se han dado cuenta de que nos está pasando por encima una devastadora catástrofe que va a requerir cambios radicales, al menos, a corto y medio plazo?

Por supuesto para este verano no tendremos, ni de lejos, la inmunidad de grupo, lo que afecta seriamente a los plantes “tradicionales” de Sanfermines. ¿Acaso creen que la tendremos en 2022? Dicho de otro modo ¿están haciendo algo para que la tengamos en 2022?

Matemáticas. Anuncia La Moncloa que desde el comienzo de la pandemia se han realizado 23’5 millones de PCR.

Para alcanzar la inmunidad de grupo se estima que es necesario vacunar al menos al 70% de la población. Eso son 67 millones de pinchazos. ¿Cuándo se llegará a esa cifra? 

Resulta escalofriante que quienes pilotan las instituciones, después de casi un año, sigan manejando la idea de que cualquier día de estos nos despertaremos como de un sueño y todo volverá a ser como antes. Que ni siquiera dediquen un mínimo esfuerzo a plantear alternativas.

No hace tanto, las gentes de Pamplona y gran parte de Navarra, ahorraban todo el año para gastarlo en las fiestas grandes. No hace tanto que se guardaba para San Fermín. Seguramente eran las únicas vacaciones que podía permitirse la mayoría.

Luego dio para San Fermín y vacaciones. Y poco a poco para vacacionar casi cada fin de semana. Justo antes de la crisis de 2007, casi cada fin de semana se sanfermineaban calles y bares los jueves, viernes y sábados. Claro que sería fantástico que volvieran aquellos tiempos.

Pero la crisis económica y el cambio generacional acabaron con aquello y, posiblemente, con el modelo heminguayano de Sanfermines. Por contra, Pamplona vino experimentando la creciente afluencia turística durante todo el año. La generación baby boom que lo abarrotaba todo durante su infancia y juventud, ahora se pasea sosegadamente con sus criaturas.

Con la pandemia todo está patas arriba. Pero el modelo ya estaba tocado antes. ¿Siguen empeñados en resucitarlo? Dense cuenta de una vez que la población mundial, ya no sólo la de Navarra, España o Europa, está envejecida. Hay menos jóvenes en el mundo que hace 25 años. Y la pachanga nonstop la petaron quienes hoy estamos entre los cuarenta y sesenta.

Y, por último, y no por ello menos importante. En medio de los dramas personales y familiares que azotan Pamplona y Navarra, ¿riñen sobre los sanfermines? ¿de verdad? ¿En serio creen que la ciudadanía a la que gobiernan les preocupa en este momento el encierro o las corridas de toros, cuando hay familias que llevan desde octubre sin cobrar del SEPE, la cesta de la compra creciendo sin control, desahucios y endeudamientos bancarios.

Es para echarse a llorar que no hayan tomado ninguna iniciativa para detectar la realidad de las personas sobre las que tiene la responsabilidad pública. ¿Saben cuántas familias se encuentran hoy en Pamplona y en Navarra en riesgo de exclusión social? Ni se han molestado en indagarlo. Como la avestruz, mientras no lo vea no existe.

Cuando pase este tsunami habrá mucha pobreza. Posiblemente la economía se active como un resorte. Pero la brecha socioeconómica será enorme, similar a la de la postguerra. En 2018 la brecha se estimaba en el 34% de la población. Era la huella de la crisis de 2007. La de ahora puede ser aún peor, en cantidad y en profundidad. Más familias pobres y mucho más pobres. ¿Y lo importante es discutir sobre los Sanfermines de 2021?

Luis Ibero se bregó, como otros miembros de su generación, aquellos primeros años de la democracia, en grupos políticos municipales autodenominados independientes. Independientes, precisamente, por la trasversalidad de sus integrantes. Ese valor que algunos parece que descubren ahora, fue el caldero en que se mezclaron los ingredientes necesarios para cuajar unas sólidas bases democráticas, en aquella Navarra diversa que estrenaba autogobierno y foralidad democráticas y europeas, en medio de muy serios peligros que lograron vencer.

Los medios suelen prestar casi toda su atención al desarrollo de las políticas del Gobierno y del Parlamento, pero el cambio más abrumador en Navarra se ha producido en los municipios y, en mayor medida, en los municipios de la Comarca de Pamplona. Luis Ibero participó de ese big bang municipal que transformó una cuenca rural y casi agraria en el área metropolitana que configura hoy la Comarca.

Eran otros tiempos, pero es imprescindible reconocer y tener muy presente el valor específico que aportó aquella casta de políticos y profesionales. Aquella sociedad de la transición, que ahora se pretende denostar, estuvo muy llena de grandes figuras marginadas por el marketing y la política sensacionalista. En el mundo globalizado, uniformizado incluso en la crispación, no resulta fácil apreciar el mérito de hacer realidad desarrollos económicos, sociales y culturales desde la pluralidad y diversidad. Aquella generación lo hizo admirablemente.

La política municipal, la más pegada a las personas, vecinas y vecinos, ocupó casi toda su vida política. 30 años de servicio como concejal en Zizur Mayor y en Pamplona, también como Presidente del Concejo y Alcalde de Zizur Mayor y Presidente de la Mancomunidad. Un político a pie de calle, de aquella casta capaz de compaginar sus trabajos con la tarea de servir a su municipio. Compaginar, sí, porque también eran otros tiempos para la atención y el asesoramiento a los clientes de la Caja o para liderar reclamaciones sindicales, tareas a las que también dedicó preocupación y tiempo.

En una apuesta por la necesaria transversalidad,  desde su convicción por una Navarra para todas y todos, Luis Ibero se implicó en la fundación de un proyecto político rompedor, tal vez adelantado a su tiempo: Convergencia de Demócratas de Navarra, CDN. Como muchas de las personas que lo acompañaron, dio mucho más de lo que recibió. El demócrata incansable, refleja bien la máxima de Churchill: ni el éxito y ni el fracaso son definitivos, lo que cuenta es la voluntad para seguir adelante. 

De las figuras políticas convergentes, del propio Luis, resultaba admirable la serenidad con que admitía la decisión de las mayorías, aunque su experiencia y criterio le indicaran que se confundían. Con esa sonrisa que siempre mostraba, era total su entrega al trabajo en cualquier tarea encomendada por la mayoría. De Consejero de un Gobierno en funciones a pegar carteles o atender pacientemente a cualquier afiliada o afiliado.

 En la política, como en el fútbol, recibe los laureles el realizador, el que mete goles. Siempre pasa desapercibida esa labor esencial de correr la banda y desmarcarse, ocupar campo para cerrar opciones, apoyar el pase o la jugada. Reunirse y pactar los detalles, visitar y contactar con la calle, recabar de primera mano la información precisa y necesaria para quienes tengan que decidir. Luis Ibero fue uno de esos jugadores de campo, extraordinariamente dinámico y resistente, fiel al espíritu osasunista porque, precisamente, constituye su esencia.

Pero la convicción democrática se demuestra más allá de la esfera política. La participación se debe practicar más allá de la dialéctica. Luis Ibero participó en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, una de tantas tareas calladas que definen su vocación de servicio a la sociedad, su firme convicción y siempre coherente práctica.

Más evidente, su participación en ese proyecto de recuperar Osasuna para sus socios, dejando piel y patrimonio una vez más, otra muestra más de recia convicción democrática. También aquí, de tu tarea habrá mucho más que no se sepa de lo que hayan podido recoger los medios.

Luis Ibero, Elía por parte de madre como solía apostillar, constituye el ejemplo del demócrata inquieto e incansable que ha dinamizado todos los ámbitos sociales por los que pasó. Su hoja de servicios merece reconocimiento y profundo agradecimiento. Desde la admiración y el reconocimiento, Luis, cuánto te debemos y qué poco nos percatamos de ello.

Por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, el Gobierno de España lanzó el plan de apoyo al sector turístico y a la hostelería. En palabras del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "España vuelve a abrirse al turismo. Hoy presentamos un Plan de Impulso para relanzarlo.” 40.000 millones en avales ICO, que han empujado al endeudamiento de decenas de miles de empresa que, hoy observamos desbordadas por la segunda ola del coronavirus, que obliga a restringir su actividad y hasta a cerrarla por completo.

De nuevo, una lluvia de millones por el desagüe de la insensatez, esta vez, dejando una pesadísima deuda en las pymes con el cuento del Gobierno y su nueva normalidad, como los brotes verdes del relanzamiento y la reconstrucción. Con estas promesas gubernamentales ¿alguien ha planificado su endeudamiento para aguantar al menos dos años y varios rebrotes? Lamentablemente nadie, o casi nadie. La prioridad fue semi-llenar terrazas y locales sin escatimar medios, ni esfuerzos.

El objetivo de toda su palabrería era la mera apariencia con las cifras. Colgarse la medalla cortoplacista de una falsa recuperación para exprimir réditos políticos y convocar elecciones a poco que los números dieran para lograr más escaños en el Congreso. Todo pinta a pura apuesta electoral: a poco que las cifras sanitarias aguanten, el partido del Gobierno arrasa, como ocurrió en Euskadi y Galicia.

Porque, si no era interés electoral, ¿por qué ahora no conceden más ICO para ampliar créditos a todas esa empresas de hostelería y turismo a las que se les embaucó y que vuelven a verse con el agua al cuello? ¿acaso no creen ya en su cacareado relanzamiento?

Si no hay interés electoral, ¿por qué han convertido el verano en una suerte de concurrencia autonómica de cifras, permitiendo a varias comunidades no hacer pruebas ni rastreos, incumpliendo hasta los requisitos más básicos para pasar a la fase 2? ¿Se trata de permitir situaciones, aunque sean peligrosas, para poder criticarlas y mantener la disputa partidista?

Si atendía al interés general, ¿por qué no destinaron un solo céntimo a educación? En sucesivas normativas han limitado los aforos para todos los espacios y actividades, de modo que la más mínima planificación habría exigido que algunos de esos millones se hubiesen destinado a obras en infraestructuras educativas, para reducir los aforos de las aulas y cumplir coherentemente sus propias normativas. Además, también se habría generado actividad económica y empleo. En términos electorales está más que demostrado que son asumibles la incoherencia y el permanente sacrificio de la educación.

El consumo en terrazas fue prioritario en la nueva normalidad. Ahora se escandalizan de que los adolescentes, que difícilmente van a ser atendidos en una terraza o local de hostelería, repliquen ese comportamiento en espacios apartados. No se ha destinado un solo céntimo a garantizar actividades deportivas y de ocio seguras para adolescentes ¿qué pretenden que hagan?

Han tenido la capacidad de controlar y confinar a 47 millones de personas, dictar normas hasta para regular las reuniones familiares, pero consideran inalcanzable impedir la venta de alcohol a menores, a los que tachan de irresponsables. Qué suerte tener a quién culpar de las torpezas propias, por evidentes que sean.

Tanto en los planes de 2008 y 2009 como en los ajustes de 2012 y 2013 se proclamaba a bombo y platillo la digitalización y eficiencia de las administraciones. El coronavirus ha desnudado aquellas mentiras, que ahora tratan de taparse con otras. Lo llaman reconstrucción y relanzamiento pero sólo es un patadón hacia adelante, eso sí, a costa de sobreendeudar sin piedad a decenas de miles de emprendedores, que saldrán de ésta con la única posibilidad de asumir salarios miserables para sobrevivir en la cuerda sobre la pobreza.

Al igual que el concepto de nueva normalidad genera desconcierto, los conceptos de reconstrucción o relanzamiento resultan completamente absurdos para definir el destino de esos chorros de dinero público que se han derrochado en turismo y hostelería. ¿En qué pensaban cuando destinaron dinero público para relanzar negocios que al mes les han obligado a cerrar o reducir su actividad? Evidencian que esas mentes dirigentes han considerado el coronavirus como si de un terremoto o una inundación se tratara. Pasada la ola, a reconstruir y relanzar como si nada. Evidencian que ninguno de los políticos y políticas se creían sus propias palabras que farfullaron todo aquello de convivir con el virus. Mentiras y mentirosos. Supina ineptitud.

Va a ser que si nos ponemos en serio, pero de verdad, resulta posible asegurar actividades frente al coronavirus, como ha ocurrido con las piscinas o en campamentos y actividades de verano que también han logrado mantenerse a salvo. Como está ocurriendo en centenares de empresas, en las que si bien hay casos de positivos, se producen fuera y los protocolos reaccionan inmediatamente impidiendo el contagio en la empresa. Pero, claro, hay que ponerse muy en serio, en lugar de dejarse arrastrar por la tentación cavernícola del confinamiento por sistema y esperar la lluvia de millones de la Unión Europea.

Entonces, ¿qué impide hacer lo mismo en actividades esenciales como educación o sanidad? Sin duda, será necesario planificar y, sobre todo, no escatimar en medios. Es más cómodo esperar la ayuda de Europa y, mientras tanto, recortar derechos, que están baratos por el miedo y resulta muy fácil acogotar por la ejemplar responsabilidad de la inmensa mayoría.

Insistir una vez más. El confinamiento como medida puntual, ante una situación irreversible, en todo caso debe ser excepcional. Todo el esfuerzo y el empeño debe ponerse en la planificación y ejecución de medidas: destinar medios sin contemplaciones.

Caen en un doble error quienes piensan que al tratarse de una situación muy pasajera no merece la pena el excesivo gasto de medios (pruebas, rastreos, reducción de aforos, formación, campañas de información práctica, personal y directa…). Como si se tratara de un fenómeno puntual, un terremoto o un temporal de nieve, que pase y luego ya se reconstruirá.

Primer error, el coronavirus se quedará para siempre. Incluso con vacuna, habrá que gestionar rebrotes durante años, como ocurre con otras muchas epidemias a las que se sigue haciendo frente. Cuanto antes aprendamos a manejarla, antes recuperaremos esas actividades esenciales para el desarrollo como sociedad.

Segundo error, muchas de las medidas que están resultando efectivas no son meros parches; resultan medidas adecuadas para abordar algunas de las reformas y exigencias que llevamos años barruntando como necesarias para que no colapse el planeta ni la sociedad. Por tanto, en lugar de considerarlas despreciables, conviene pensar más allá del coronavirus.

El uso de mascarillas, la higiene permanente y sobre todo la ventilación de espacios cerrados reducirá los casos de gripe y otras afecciones respiratorias estacionales. Por tanto, no son medidas exclusivas para el coronavirus. Y aun cuando se generalice la vacuna, seguirán resultando, si no necesarias, muy oportunas.

Reducir aforos en las aulas, aumentando el número de formadores, sin duda ninguna redundaría en una mayor calidad en la educación de manera automática. Luego se pueden revisar contenidos, recorridos, opciones formativas… De momento, dado que la necesidad inmediata obliga a reducir el número de asistentes por aula, aprovéchese para comenzar por ahí esa sempiterna reforma educativa. Y mejor si es por pacto de Estado o de Comunidad Foral. Por fin, acercarse a las admiradas ratios finlandesas de entre 12 y 15 criaturas por docente. Será por infraestructuras. Con la de centros educativos que se han vaciado con el largo descenso de natalidad.

Los rastreos sanitarios. No confundir con las aplicaciones telemáticas. El rastreo sanitario ahora se encuentra abrumado por la geométrica progresión de los contagios. Pero el sistema sanitario ya daba muestras de agotamiento. Listas de espera y demoras inexplicables para un simple proceso febril. Atención sanitaria a contrarreloj y sin posibilidad de seguimiento. Enfermedades (epidemias) en las que el seguimiento resulta más necesario que la puntual atención médica. Diabetes, enfermedades cardiovasculares, demencias… Y tratamientos cada vez más personalizados. Muchas empresas de seguros de salud estaban ofertando como producto estrella la atención sanitaria telefónica, en cualquier momento. El sistema de rastreo, más allá del coronavirus, puede establecerse como estructura del sistema sanitario para cubrir muchas de las tremendas carencias del actual. Por tanto, no es un parche.

En fin, la masificación como fenómeno socioeconómico del último siglo ya se barruntaba que tocaba a su fin. El consumo a paladas, el café para todos y en cuanta mayor cantidad mejor, nos estaban llevando a la aniquilación de la Naturaleza y de la Persona.

Ahora resulta que esa globalización de las masas es, precisamente, el caldo de cultivo de la actual pandemia de coronavirus. Es el punto débil de nuestra sociedad. Posiblemente, como volverán las masificaciones con mascarilla y guantes, otra pandemia campará a sus anchas.

Por eso, todas las medidas que exijan volver a prestar atención al individuo dentro del colectivo no son pasajeras. Es un cambio de paradigma. Sólo desde la miopía y el cortoplacismo se puede concluir que las medidas contra esta pandemia son pasajeras.

He aquí la encrucijada: soluciones en masa o la persona como protagonista. Seguir con el confinamiento indiscriminado, a la espera de una solución masiva, o hacer a cada individuo partícipe y agente de los cambios necesarios para superar esta pandemia y las siguientes. La dinámica de la sociedad humana demuestra que el avance supone muchas pérdidas individuales, luchando en todos y cada de sus miembros. El grupo no prescinde del viejo, del débil, ni del enfermo. Como especie, la enfermedad y la muerte se han combatido y superado luchando por todos y cada miembro del grupo. Cuando la masificación desdibuja a las personas y las transforma en meras piezas de una masa indeterminada, entonces se pone en riesgo la especie humana. Al menos, su admirable evolución. Es lo que está en juego, más allá del coronavirus.

Ahora, el Ministerio de Trabajo anuncia una campaña para perseguir y sancionar el incumplimiento de las medidas de seguridad de las empresas. Por lo visto, consideran que las normas y reglamentaciones que se nos han ido echando encima son suficientemente claras y llevan aplicándose el tiempo suficiente como pasar directamente a la carga. A multar.

Normas claras como el uso de la mascarilla o las distancias de 2, 1,5 y 1 metro. Normas dictadas con tiempo suficiente, como la exigencia de priorizar la reincorporación en jornadas parciales dictada tres semanas más tarde que el plan de la desescalada, o las condiciones para la exoneración de cuotas que, todavía hoy, no tiene clara ni la propia Administración. Las empresas han ido adaptándose de mala manera, improvisando y reajustando permanentemente sus actuaciones. Totalmente abandonadas por quien tiene la competencia de dirigir este país.

Y también faltan medios adecuados para cumplir las exigencias de esta pandemia. En estas semanas se ha conocido que algunos focos del llamado rebrote se han producido en explotaciones agrarias (Huesca y Lérida). El foco mediático se ha centrado en la actuación del empresario de turno y en las condiciones del personal contratado. Nadie se pregunta el motivo por el que se permitió el desplazamiento de personas infectadas. Porque en el llamamiento del Gobierno para atender la recogida de productos agrarios no se incluyó ningún plan de control sanitario. Nadie se pregunta el motivo por el que se obvió la realización de pruebas antes de una incorporación tan masiva de personas trabajadoras a las explotaciones agrarias. La culpa se hace recaer únicamente en las perversas empresas.

En esta situación de confusión normativa y privación de medios, el Ministerio de Trabajo considera prioritario sancionar. Es decir, queriendo o sin quererlo, las personas que ocupan los cargos de responsabilidad en el ministerio trasmiten la imagen de que les importa un bledo que se garanticen con verdadera eficacia las medidas de lucha contra el Covid-19. De lo contrario, incidirían en aclarar normas y criterios, además de en facilitar medios y protocolos.

Al parecer, lo prioritario es mantener ese empeño de demonizar la empresa y condenarla a la hoguera purificadora de vaya usted a saber qué tipo de ideología. De nuevo, se trata de pasarles el marrón de las responsabilidades propias por la pésima gestión de esta crisis del Covid-19. Y como todo es mediático, su empeño se reduce a construir la imagen de que los empresarios son esos malos que no atienden las medidas de seguridad. ¿Qué medidas y con qué medios? Eso nadie se lo pregunta.

La prueba de que su prioridad no es combatir el Covid-19 se evidencia en la dejación que realiza la Inspección de Trabajo en los ámbitos socio-sanitario y de seguridad y protección ciudadanas. ¿Cuántas inspecciones se han realizado para comprobar los medios facilitados al personal de estos sectores? Al contrario, la Administración se ha defendido, incluso en tribunales, argumentando la imposibilidad de dotar de medios y, ahora, ¿pretende salir a sancionar como prioridad?

España se ha destacado por duplicar la cifra de contagios por Covid-19 entre el personal sanitario. Una de cada cinco personas contagiadas es personal sanitario. Habría que añadir los contagios del personal de residencias, personal de cuerpos policiales, servicios sociales, protección civil… Es una cifra absolutamente inaceptable, se mire por donde se mire. Es más, algunas administraciones han aprovechado esta situación de fuerza mayor para dinamitar los convenios colectivos, como si el personal no hubiera dado sobradas muestras de responsabilidad y consideración al interés público. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo al respecto?

¿Acaso puede garantizar el Gobierno que, llevando mascarilla, manteniendo higiene y distancia es suficiente para evitar el contagio por Covid-19? Dicho de otro modo, ¿todos los contagios se produjeron por no llevar mascarilla, no respetar la distancia y/o la higiene? Si es así, el personal sanitario contagiado habría infringido las normas de cuidado. Una barbaridad, por supuesto. Hasta las administraciones sanitarias han alegado, en los tribunales, que la situación desbordó incluso las medidas de protección.

He aquí la extrema ruindad del escenario que persigue el Ministerio de Trabajo: responsabilizar a las empresas por la infección por Covid-19 de cualquier persona empleada, presuponiendo que trae causa del incumplimiento de medidas. Responsabilidad cuasiobjetiva que deberán asumir las empresas, tratándose de una epidemia que ningún país del mundo está siendo capaz de abordar con pleno éxito. Que paguen las empresas, que todo lo pueden.

Para revisar la gestión pública de esta crisis, insisten una y otra vez, aún no es el momento. Reforzar los mecanismos de prevención y salud pública, o no es posible o no es razonable o es responsabilidad de las autonomías y de los municipios. Pero el Gobierno de España, su Ministerio de Trabajo, sí considera prioritario ir a por las perversas empresas ¿Protegerá al menos al personal de inspección o les mandará a que se infecten alegando, una vez más, que era imposible garantizar una efectiva prevención? Lo que sea necesario para escarmentar a las perversa empresas.

Y añade, desplazando completamente el asunto inicial de su comparecencia, que la mayoría de los casos (12) corresponden con “estudios de contacto”, o sea, que se trata de casos que estaban siendo objeto de estudio y, se supone, seguimiento. Aquí conviene recordar que, unos días antes, se publicó el estudio y seguimiento que se estaba realizando en el personal de Osasunbidea. ¿Es ese estudio de contacto el del bote, rebote y repunte del día 21, o por ahí?

Y más aún, la consejera manifiesta que el aumento de casos tiene que ver con relaciones familiares y relaciones sociales, ¡ojo! no es en centros sanitarios o sociosanitarios (como hasta ahora). Enhorabuena, Sra. consejera, por primera vez en más de cien días de epidemia ha podido declarar que la mayoría de contagios no se produce en el ámbito de residencias de mayores, ni de centros sanitarios. Aúpa.

Eso sí, para las mentes retorcidas queda la duda de si esos 12 casos de “estudios de contactos” a los que, según sus palabras, se les hacía seguimiento en realidad son casos de personal sanitario que han propagado la epidemia en sus relaciones familiares y sociales en lugar de en sus ámbitos sanitarios.

Y queda también para las mentes retorcidas una insana curiosidad. Dado que 12 de 21 contagios se han producido de “estudios de contacto”, ¿los propagantes y sus relaciones familiares han sido irresponsables en las medidas de protección? ¿se trata de que las medidas fueron ineficaces? ¿o sólo desconocían la situación? No queda claro, por tanto, qué quiere decir eso de “estudios de contacto”.

Pero siendo preocupante esta extraña forma de transmitir la información, resulta más preocupante el tratamiento que se le ha dado en la mayoría de los medios y, peor aún, el runrún que impera en nuestros entornos. Rebrote, repunte, irresponsables relaciones familiares y sociales. Tendremos que volver a confinarnos. En definitiva, volvamos a la protección de la caverna.

Los Croods es una exitosa película infantil de 2013 que plasma con sencillez ese primer paso del ser humano para vencer temores irracionales y superarse como especie, con el fuego como elemento clave del cambio, pero en realidad por la determinación y la superación de vicisitudes. La aparente seguridad de la caverna parecía garantizar sus vidas. Al final, el coraje para despejar las tinieblas, la inteligencia para vencer al temor y su determinación como grupo será lo que les mantenga vivos.

¿En qué momento vamos a reaccionar como sociedad para hacer frente, pero de verdad, a esta epidemia del Covid-19? ¿cuándo dejaremos de permitir que alimenten nuestro impulso atávico a la protección pasiva en la caverna?

Digan con claridad si en esos 21 casos se habían adoptado las medidas de protección. Si había protección, ¿qué consideran que ha fallado? Y, sobre todo, dejen de criminalizar, especialmente para tratar de salvarse el culo. Seamos claros. La inmensa mayoría de casos de esta epidemia ha azotado a las residencias de mayores y a los centros sanitarios. Reconózcanlo de una vez y con claridad.

Por supuesto, esta epidemia pasa porque seamos muy exigentes con nuestra responsabilidad individual y cotidiana. Pero también debemos ser exigentes con quienes llevan las riendas de todas las instituciones. Esperar a la vacuna es como quedarnos en la caverna esperando a que pase el peligro. Como especie nos caracteriza nuestra capacidad para voltear cualquier amenaza que parecía destinada a aniquilarnos. Incluso las provocadas por nuestra propia insensatez.

Pero este virus, la última variante de los virus que provocan algunos de los resfriados comunes, nos ha colapsado como ninguna otra enfermedad desde hace más de un siglo. En una era en la que la tecnología nos hizo creer en la infalibilidad de robots, algoritmos y redes globales, un microscópico ser descubre la desnudez del emperador.

El emperador no se lavaba las manos. Esa es nuestra desnudez. El emperador vivía como masa despreocupada, con la prepotencia de una sanidad aparentemente infalible. Hasta que, como el agua, el aire y la naturaleza, descubrimos que todo debemos cuidarlo y consumirlo con responsabilidad. El emperador recibía cualquier objeto que se le antojase necesitar en pocas horas y a precio insultantemente asequible. Hasta que necesitó de verdad mascarillas, por ejemplo.

Y al despertar de la engañosa realidad de una era definitiva en apariencia, la mayoría de la gente, ¡la mayoría! se conforma con quedarse en la caverna, incluso con mascarilla para no contagiarse de la gente con la que llevas conviviendo en exclusiva 63 días: el triple del periodo de aislamiento por Covid-19. ¡Y convencidos!

Táchenme de irresponsable. Tal vez provoque mi final. Pero he decido secundar el empuje que nos sacó de las cavernas, hace varios centenares de miles de años. Un reto que las mitologías han descrito inventando dioses, titanes y semidioses. Aprender a vivir con esta epidemia. ¿Qué debemos hacer para que nuestra vida cotidiana no sea un foco? Por supuesto habrá que cambiar cosas y adaptarse. Deberé extremar medidas y diligencia para mantenerlas. Pero necesariamente la vida se vive fuera de la caverna. Fuera les espero. Hasta la próxima.

En Navarra, sobre un total de 644.000 habitantes confinados, a 27 de marzo se contabilizaron casi 1.900 denuncias, menos del 0’3%. Y en Pamplona, con 199.000 habitantes, Policía Municipal informa de un total de 249 denuncias, esto es, apenas el 0’1%. Una absoluta ridiculez.

Por tanto, debemos estar orgullosos del grado de cumplimiento de la recomendaciones, porque sin duda no está siendo nada fácil. Especialmente porque no hay certezas. Las Administraciones no indican de forma clara cuándo ni cómo acabaremos con esta situación. Toda una población sometida a semejante grado de incertidumbre, lo normal es que se hubiera rebelado ya, que se estuviera resistiendo, que exigiera explicaciones y tratara de aprovechar los muchísimos recovecos de una norma nefastamente redactada, teniendo en cuenta que debe implementar nada menos que un Estado de Alarma.

Pero no. La inmensa mayoría, la casi totalidad de la población se mantiene paciente y aplaude a quienes están en primera línea, dejándose la vida en algunos casos y la salud en todos los casos. La sociedad, llamadlo país si queréis, merece un apoteósico reconocimiento. Sin duda estamos a la altura de lo que el momento exige.

Como a estas alturas ya estamos experimentando, el Estado de Alarma es una situación excepcional y extraordinaria que la Constitución permite de limitación del ejercicio de derechos. Eso sí, el Estado de Alarma debe ser adecuado y proporcionado.

Sabemos de sobra que el Real Decreto 463/2020 regula el actual Estado de Alarma. Lo que tal vez no tengamos tan claro es que esta norma, básica para nuestra vida cotidiana, establece las limitaciones generales del derecho de libre circulación en tres artículos: el 7, el 10 y el 14. Léanlos. La primera regla de interpretación y aplicación de las normas es su significado literal.

Desde las consultorías jurídicas, asesorías de empresa y despachos profesionales hemos estado dando indicaciones a nuestros clientes conforme a esos tres artículos, porque son la espina dorsal de lo que el Gobierno ha considerado adecuado y proporcionado para este Estado de Alarma. Luego están las particularidades sectoriales, como el ejercicio de la libertad de culto, la suspensión de actividades escolares y formativas, la intervención de bienes, servicios o empresas y las exigencias a los medios de comunicación.

Así, el artículo 7 del Decreto establece la prohibición general de salir de casa (#quédateencasa), salvo para circunstancias excepcionales, y así lo ha transmitido también el Gobierno en general en sus instrucciones. La población en general tiene asumida la consigna.

Pero el artículo 7.1.c) establece que está justificado el “Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial”. Es muy evidente que el Gobierno no ha querido que la economía se pare. Es más, ese texto indica justo lo contrario. En el Estado de Alarma se puede (por tanto, se debe) ir a trabajar.

Si el Gobierno hubiera querido que el desplazamiento al trabajo fuera única y exclusivamente para aquellas actividades esenciales (alimentación, sanidad, seguridad, abastecimiento…) lo habría indicado expresamente el mismo artículo 7.1.c. Pero no lo indica, por tanto, no hay ninguna interpretación del Decreto que impida salir de casa para ir a trabajar. Por eso, los artículos 10 (que regula la actividad empresarial) y 14 (que regula el transporte) son esenciales para aplicar adecuadamente el límite del ejercicio de la libertad de circulación o deambulación de las personas, esto es, los límites del confinamiento.

Dado que se puede ir a trabajar, el asesoramiento a las empresas se ha realizado atendiendo a las amplias y múltiples circunstancias de los artículos 10 y 14 del Real Decreto 463/2020. Y, además, siendo una norma restrictiva de libertades y derechos fundamentales, bajo el principio general de derecho que exige que las limitaciones se interpreten de forma restrictiva.

Pues bien, el 16 d marzo, primer día laborable del Estado de Alarma fue una auténtica locura. Tiendas a las que ni siquiera les dejaban levantar la persiana porque los agentes indicaban que no eran de primera necesidad, talleres a los que les obligaban a trabajar con la puerta cerrada, lo que supone un claro incumplimiento de las medidas de seguridad y salud o a los que les decían que sólo podían trabajar en vehículos de emergencias, personas que acudían a trabajar en bicicleta y eran detenidas porque está prohibida la práctica deportiva… Y vehículos que eran detenidos, con menores a bordo, porque entendían que estaban suspendidos los regímenes de custodia compartida y vistas regulados en Sentencia judicial. ¡Sentencias suspendidas por el ejecutivo!

Semejante despliegue policial no tenía ningún sentido. La profesionalidad y la responsabilidad son una de las características más notables de la actuación policial en este país y, si cabe, más en esta Comunidad. ¿Qué estaba pasando? Desde las asesorías no se entendía nada.

Revisando la masiva hemorragia normativa publicada en el BOE desde el mismo domingo 15 de marzo, aparece la Orden INT/226/2020 que recoge los criterios de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: “tendentes a garantizar y reforzar la eficacia de las medidas de profilaxis”. La finalidad de esta Orden del Ministerio de Interior es evitar contagios y garantizar las medidas de aislamiento. Está clara cuál es la prioridad que el Gobierno ordena a los agentes.

Pero ¿cómo se ajusta esa orden con el derecho/obligación de ir a trabajar que expresa y prolijamente regulan los artículos 10 y 14 del Real Decreto?

Pues la Orden del Ministerio de Interior a los agentes, en lugar de reproducir el texto de los artículos 10 y 14, señala (artículo 4.3 párrafo segundo): “suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los de alimentación y productos y bienes de primera necesidad recogidos en el Anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como de cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.”

Esta es la razón por la que en las primeras horas del lunes 16 de marzo la policía actuaba de un modo que nada tenía que ver con los artículos 10 y 14 del Decreto del Estado de Alarma. Y esa situación de inseguridad jurídica se prolongó días. Porque hasta el 18 de marzo no se regularon los ERTEs en general. Y aquí en Navarra, hasta el 23 de marzo no se detallaron. Inexplicable.

Para rematar el caos, la simple lectura de ese párrafo de la Orden ministerial (primera regla de interpretación) presenta una contradicción incomprensible con el artículo 10 del Real Decreto. El Anexo no recoge excepciones a la suspensión de apertura al público, como dice la Orden del Ministerio. Todo lo contrario, el Anexo del Decreto recoge actividades que deben cesar completamente su actividad de atención al público. Ojalá en algún lugar se regulara con precisión qué son esos productos (también debieran incluirse servicios) y bienes de primera necesidad. Ninguna de las instrucciones, ni siquiera en el Pleno del Congreso se consideró. Sigue quedando a juicio de la autoridad ¿caso por caso? Una locura.

La culpa será de que ahora, con más medios de comunicación, se difunden los casos aislados. Eso será, culpa del mensajero. Los padres energúmenos y los entrenadores incompetentes pasaban por allí. Y lo que ocurre en el campo se queda en el campo, lo que de toda la vida se ha llamado espacio de impunidad.

El colegio y la familia fueron espacios de impunidad. La mayoría lo vivimos en primera persona: lo que hacía el profesor iba a misa. Y, como apunta un humorista por ahí, encima en casa hacían equipo; de modo que nunca se te ocurría contar que el profesor te había pegado en clase. Hoy las cosas han cambiado hasta la estupidez de abrir diligencias penales por el mero hecho de obligar a un niño a ponerse una bata rosa en el comedor.

Pero el fútbol sigue siendo un espacio de impunidad. La Policía Foral acudió a un partido de juveniles, por tanto, menores de edad, porque el árbitro estaba asustado por el comportamiento de los espectadores. ¿Ha habido consecuencias? Al parecer, ninguna, porque, semanas después, se produjeron insultos racistas (pelo oveja, moro…) en un partido de cadetes (más menores aún) en el mismo campo. ¿Qué tiene que pasar para tomar medidas?

Cuentan que un entrenador incita a “pisarles la cabeza” a los equipos contrarios. Los padres y madres, satisfechos con el ardor guerrero que les inculca a sus hijos, parecen no plantearse que a semejante energúmeno seguro que se le escapa alguna barbaridad en el vestuario contra alguna de las criaturas a las que tiene la responsabilidad de formar (10 años).

Ese mismo entrenador fue expulsado del club anterior, se aprovechará de la impunidad del fútbol para seguir inoculando odio y violencia en cualquier club con escasez de entrenadores. Las protestas, como son de los equipos contrarios, ya se sabe, no pasan de quejas de los malos perdedores.

Se ha divulgado en numerosos medios de comunicación la imagen de un padre, fuera de sí, tratando de acceder al espacio en el que se encontraba el árbitro del partido de benjamines (10 años) disputado este fin de semana.

Las autoridades federativas y administrativas (municipal y foral) dirán que no se enteraron (¿tampoco de las intervenciones policiales?). Tratándose de menores, resulta impresentable que se reconozca con tanto descaro que no existe ningún control público sobre actividades que, sin duda ninguna, también sirven para educar y formar a nuestras criaturas. Por muchísimo menos se ha expedientado a profesores o incluso a pediatras.

Por alguna razón, una bata rosa es motivo de diligencias penales, pero actos tipificados en la Ley 19/2007 contra la violencia en el deporte, incluso con intervención policial, quedan impunes. En los colegios intervienen los juzgados sin ningún rubor, pero en el fútbol, su sistema particular de justicia impide que ningún juzgado ni administración ose intervenir. La impunidad sigue campando a sus anchas. Lo que ocurre en el campo se queda en el campo.

Luego nos preguntaremos cómo es posible que las generaciones lleguen cada vez más violentas. Es importante que hagan deporte, mejor que estar todo el día con los videojuegos, el móvil y con malas compañías. Ciegos a percibir que el fútbol es una actividad tan de masas que influye mucho. Ojalá llegue a influir para bien.

Sin embargo, la huelga no está regulada, ni siquiera mencionada, en ningún tratado internacional de derechos humanos. De hecho, en muchas constituciones nacionales europeas (Alemania, Francia o Suecia) tampoco la mencionan, aunque todos los tribunales y las legislaciones laborales la reconocen con rango de derecho fundamental.

En el ámbito de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión (Niza, 07/12/2000) menciona la huelga (artículo 28) como una de las “acciones colectivas” que tienen derecho a emprender “en caso de conflicto” para la defensa de sus intereses. La redacción del artículo permite entender que este derecho se establece para trabajadores y empresarios.

Por tanto, en el ámbito de la Unión Europea, la huelga no se constituye como un fin en sí mismo sino como uno de los instrumentos de acción colectiva que pueden utilizarse en caso de conflicto laboral. Y así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considera que el ejercicio de la huelga debe ajustarse con otros derechos fundamentales de la Unión como el derecho de libre circulación y establecimiento.

La jurisprudencia del TJUE, por supuesto, reconoce el derecho a la huelga (acciones colectivas) pero exige que su ejercicio tenga en cuenta la repercusión sobre el derecho de libre circulación y establecimiento. Exige un ejercicio responsable y proporcionado “que no vaya más allá de lo estrictamente necesario para lograr su objetivo”.

Llama la atención esta configuración jurídica de la huelga como acciones colectivas responsables dado que por aquí aún predomina esa idea sobre la Huelga como derecho absoluto, casi sagrado, que repudia cualquier reflexión sobre un ejercicio razonable, porque inmediatamente esa simple reflexión es tachada de neoliberal o, directamente, de fascista.

La Huelga, como cualquier otra institución jurídico-social, más allá de su configuración jurídica, corre la misma suerte que su ejercicio, por eso merece una reflexión en torno a su encaje en una sociedad que avanza en todos los ámbitos. También o especialmente en las relaciones laborales. Reflexión que en nada afecta a su categoría como derecho fundamental. Por el contrario, un ejercicio abusivo le hace peligrar.

Conviene recordar que, con la regulación actual, las trabajadoras y trabajadores que secundan una huelga se sacrifican personalmente, pues el día de huelga lo pierden en su nómina, en sus vacaciones y en su cotización. Hacer huelga no les sale gratis. No cabe ninguna duda de que el colectivo que secunda una huelga es muy consciente y responsable. Lo que resulta desolador cuando hay representantes sindicales que, eludiendo ese sacrificio, no tienen reparo alguno en justificar su presencia en la jornada de huelga usando el comodín de sus horas sindicales.

Así, en el piquete se juntarán, hombro con hombro quienes palman la jornada a todos los efectos con quienes puede permitirse el lujo de usar su inmunidad para salvar su nómina, sus vacaciones y su cotización.

Claro, la solución fácil sería cambiar la ley para que el día de huelga no se le descuente a nadie, por tratarse de un derecho fundamental. Esa sería una forma de considerar que se produce un avance en los derechos. Porque son esas situaciones privilegiadas las que terminan minando la confianza en las instituciones.

Otro modo de avanzar en derechos apunta a la responsabilidad del cargo público. Porque los representantes sindicales son cargos elegidos democráticamente que ejercen una función expresamente señalada por el artículo 7 de la Constitución. La transparencia que ahora se exige en todo lo público, podría exigirse por los trabajadores y trabajadoras para que se les dé cuenta de las horas sindicales.

No será porque la huelga, y la labor sindical en general, carezca de referentes que la encumbran como elemento esencial del avance social. Todavía están en la memoria de la mayoría figuras cotidianas, trabajadores y trabajadoras que se sacrificaron durante al represión franquista y en los inicios de la transición. También durante la democracia, gentes sacrificadas que se dejaron la piel en huelgas y reivindicaciones que forjaron el armazón del derecho fundamental y, más importante todavía, la confianza social en que las instituciones funcionan.

Por eso, resulta descorazonador que se dilapide ese magnífico legado de acciones colectivas reconocidas y constructivas. Como en el caso de aquella mesa de negociación en que la parte empresarial garantizó a la parte sindical que será muy considerado… especialmente con las horas sindicales cuando hubiera partido de fútbol entre semana. Y se levantó la mesa sin necesidad de convocar huelga.

La expansiva actividad parlamentaria, casi hemorrágica, puede llevar al despiste sobre cuál es el ámbito de actuación, la razón de ser, del Parlamento (de Navarra) como órgano legislativo y de control de la acción de gobierno. Conviene recordarlo porque, el detalle con que se juzga, en trámite parlamentario, la actuación de la administración (que no es exactamente lo mismo que la acción del gobierno), en asuntos con expedientes administrativos en trámite, puede transmitir la impresión de que el Parlamento de Navarra es el sanedrín ante el que ciudadanas y ciudadanos ven atendida “su” razón.

¿Les sirve para algo esa razón? Ninguna norma establece que la administración esté obligada a resolver el expediente conforme a lo que diga la comisión, grupo de trabajo o declaración parlamentaria, por mucho que se oree en todos los medios. A pesar del circo mediático y aunque resulte extraño, un expediente administrativo que ha pasado por el Parlamento de Navarra puede terminar, y de hecho así es mayoría de las ocasiones, con una resolución que mantendrá el criterio de la administración correspondiente. ¿Qué interesado o afectado no acudiría a los tribunales cuando el Parlamento le ha dado la razón?

Y así, llega al procedimiento contencioso-administrativo, ante el Juzgado o el TSJ, donde se presentarán como prueba contra el expediente administrativo (ejecutivo) las actas de la actividad parlamentaria que lo debatió (legislativo). Y ya estarían todos los poderes del Estado metidos en el potaje. El estrambote lo pondrá el seguimiento del juicio por el cuarto poder.

Ésta es, ni más ni menos, la receta de los indigestos conflictos sociales que van engordando la crispación social y merman la confianza de la ciudadanía en el Estado de Democrático de Derecho. Porque la gente termina por no entender nada de nada. Con lo claras y contundentes que fueron las razones que les dieron en el Parlamento y que todos los medios publicaron ¿al final nada? ¿todo igual? Ahí está el caso de la exención en el IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad.

Pues efectivamente, ¿qué diantres hace el poder legislativo interviniendo en expedientes administrativos pendientes de resolución, cuando esta intervención carece de eficacia? Dicho de otro modo, si lo que se desea es un control parlamentario efectivo, un control jurisdiccional y no sólo político, cambien las leyes. Para eso sí está el Parlamento. Porque es lógico y natural que cualquiera que acuda al Parlamento y contemple las críticas públicas y demoledoras que recibe la actuación administrativa, espere alguna consecuencia.

Porque esa es otra, ¿se le informa adecuadamente de que toda esa parafernalia de comisiones o grupos de trabajo, llenas de pompa y circunstancia, en realidad no van más a allá del pasarratos parlamentario, pues carecen de efectividad y eficacia concreta para la ciudadanía.

En la inmensa mayoría de las ocasiones sólo sirve para sacudir política y mediáticamente al gobierno que le toque en ese momento, lo que ni siquiera es verdadero control de la acción de gobierno, sino pura y dura crítica. La prueba está en aquellos casos en los que un gobierno recién entrado se ve sometido al más descarnado trámite parlamentario por actuaciones realizadas cuando ocupaba el gobierno el partido que en ese momento descarga toda su crítica.

Y así ocurre con cantidad de actividad político-institucional a la que, disimulando la ausencia de efectividad y eficacia concretas, se le da tanto bombo y platillo que cualquiera puede creerse que las cosas van a cambiar. Pero no cambian. Y eso frustra. Y así se genera la idea de que las instituciones no sirven de nada. El Estado de Derecho no existe.

La continua presencia mediática de comisiones parlamentarias da fe de la multitud de colectivos, grupos de personas afectadas y vecinos del quinto que acuden al Parlamento de Navarra para desahogar sus cuitas; de modo que este trámite seudojurisdiccional del Parlamento se está ofreciendo, en este momento, como verdadera y más mediática alternativa al Defensor del Pueblo, nada menos.

Por supuesto que las comisiones parlamentarias y sesiones de trabajo, más aún, las interpelaciones y las preguntas, resultan útiles y permiten y han permitido destapar vergüenzas de todos los gobiernos. Para eso están. Y algunas incluso han llegado a servir para mejorar el corpus legislativo. Seguramente son las actuaciones parlamentarias que menos presencia mediática han tenido.

En la coyuntura actual se antoja cada vez más esencial y de vital necesidad hacer y hacer. O aparentar que se hace. Actividad de puro consumo mediático, algohayquehacerismo obsesivo, porque cada día hay que cubrir un espacio de la prensa. Esta obsesión parece incapacitar la debida atención a la consideración ciudadana y a la dignidad de la institución.

El único fin es salir en los medios. S confunde el desgaste al gobierno con el desgaste a la administración. Esta confusión frustra a las personas afectadas, tensiona y deteriora el equilibrio y funcionamiento de los poderes y de las instituciones. Al final, como en la fábula de Pedro y el lobo, cuando llegue de verdad el lobo podrá devorar a sus anchas, porque ni la sociedad, ni las instituciones sabrán a qué atenerse. Puede que ni se enteren.

Hay algunas críticas obvias ante esta decisión. Por un lado, que la medida se adopte por uno de aquellos gobiernos del kambio que vinieron a enderezar todos los desmanes que, al parecer, los paletos navarros gestionábamos fatal. Al cabo del tiempo muestran sus miserias, más o menos como todos, aunque sigan sin reconocerlas; dicen actuar por responsabilidad, a pesar de aplicar exactamente los mismos recortes de derechos que tanto denunciaron en la oposición.

Por otro lado, la postura de los sindicatos. En este caso CCOO realiza la denuncia. Seguro que nada tiene que ver que esta vez es porque afecte a un Delegado. Seguro que no se enteraron de otro despido producido en octubre (claro, como no salió en medios), en ese mismo Ayuntamiento y también por dificultades en mantener las condiciones de trabajo.

La crítica es obvia: a cualquier gobierno municipal no vasquista se le habría crujido a movilizaciones por mucho menos. Y es que cuando hay interés político o sindical (que no laboral) entonces se forja la unidad sindical y lo que haga falta. Por el kambio, lo que sea.

Exactamente la misma dinámica del antivasquismo. Con tal de que no vengan los vascos, todo es válido. Ahora el apestado es la derechona. Y así se patrimonializan instituciones (partidos, sindicatos, gobiernos…). Luego se extrañan del alejamiento de la ciudadanía con esas instituciones. Claro.

Hay otro deterioro institucional sin color político específico. Se evidencia en la ligereza con que cualquier administración gasta de lo público. Al despedido se le pagará la indemnización correspondiente y fin. Con qué facilidad se suelta el dinero de todos. Claro, sin el temor de que llegue la Inspección de Trabajo que exija reincorporación y aplique la correspondiente sanción, como les ocurre a las empresas en el mundo real. Incluso si llegaran sanciones, ¿quién las paga?

Eso sí, los malos son los empresarios. Los explotadores. Los que despiden sin piedad. Porque un Ayuntamiento, como la inmensa mayoría de entidades con representantes políticos, puede fardar de decenas de actas con mociones y declaraciones institucionales apoyando la reinserción y adaptación de las personas con discapacidad. Por supuesto, también habrá unas cuantas mociones y declaraciones institucionales denunciando como indignas las reformas laborales que facilitan el despido objetivo por enfermedad.

En Zizur, hace cuatro años el actual Alcalde respondía a una pregunta sobre la política de empleo del Ayuntamiento para personas con discapacidad: “El Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia incluye en muchos de sus pliegos de contratación cláusulas sociales.”

Esto quiere decir, ni más ni menos, que la Administración será muy exigente con las empresas que concurran para contratos públicos. Les exigirán todos los requisitos legales. Y un huevo duro. Exigencia, pero para los demás, porque rara es la administración que cuente con un plan de integración de personas con discapacidad en sus plantillas orgánicas.

Las administraciones, en general, no son precisamente ejemplo de esfuerzos efectivos para que la sociedad avance en las condiciones de vida de todas las personas. Exigir, exigen. A veces, subvencionar, subvencionan. Pero hacer… para hacer, qué hagan otros.

Resulta que esas perversas empresas, en muchas ocasiones, no se pueden permitir un despido y tienen que reinventarse cada día para hacer frente a las mil y una exigencias administrativas que, a la menor, se imponen sin piedad por la Inspección con la correspondiente sanción. Igual que el Ayuntamiento que, como puede permitírselo, despide y no pasa nada.

Ese grave deterioro institucional pasa más desapercibido en el fuego cruzado de las confrontaciones partidistas. Es un deterioro que no sólo corresponde a los cargos políticos. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones (…) remover los obstáculos que impidan o dificulten (…) la libertad y la igualdad,” manda el artículo 9.2 de la Constitución. Y el apartado 3: “La Constitución garantiza (…) la responsabilidad (…) de los poderes públicos.”  Qué lejos de la realidad quedan los mandatos de la Constitución que las Administraciones desprecian con tanta frescura.

Porque a estas alturas, con las estructuras políticas municipales plagadas de asesorías y cargos de libre designación, puestos y puesticos, resulta increíble que un Ayuntamiento con capacidad económica suficiente, como Zizur Mayor, se declare incapaz, inútil, para adecuar un puesto de trabajo, incluso con la formación que se requiera, para una persona que presenta discapacidad. Tan increíble que roza el insulto.

Los acérrimos defensores de lo público se enrabietarán lo que quieran. Una vez más será la sociedad civil, el sector privado, quien demuestre la capacidad y el empeño necesarios para lograr el avance social y la superación de barreras y límites. Aunque el sueldo que corresponde a dicha labor, labor por mandato constitucional, se lo estén llevando los del sector público sin sudar la camiseta. De momento.

En el acuerdo se menciona a Navarra en dos puntos, el 3 y el 10. Es evidente que para quienes lo consideran una intromisión, una sola mención resulta inadmisible. Pero a quienes defienden el acuerdo como normal y lo justifican con el argumento de que el PNV también defiende y puede representar los intereses de Navarra, ¿les parecen suficientes esas dos menciones?

Por ejemplo, en materia de Dependencia, Navarra ha mostrado siempre un especial interés en que el Estado cumpla con los compromisos exigidos por la Ley. Fue una reclamación en la que coincidieron los Gobiernos de UPN y Geroa Bai. Por lo visto, al PNV no le alcanza esta preocupación por la Dependencia. Y efectivamente las diferencias son importantes, ya que en Navarra hay 896 personas en espera y se cubre al 72% mientras que la CAV tiene nada menos que 13.397 personas en lista de espera y cubre al 52%.

Así pues, o al PNV no le preocupa el esfuerzo de presupuestos públicos y economías familiares que se realiza en Navarra, o simplemente desconoce nuestra realidad en materia de Dependencia. Por lo que sea, no ha considerado esta materia de interés relevante.

Yendo al texto del acuerdo, veamos la supuesta bondad para Navarra. En seguida surge una pregunta ¿por qué se omite a Navarra en los puntos 5 (infraestructuras-TAV) y 11 (representación internacional en cultura y deporte)?

Si el PNV, como dicen, pretende defender los intereses de Navarra ¿cuál es la razón por que margina a Navarra en lo referente al impulso de infraestructuras y, especialmente, en el TAV? Sobre el interés de Navarra por el TAV ¿les habrá contado el Presidente del Parlamento en su propio partido la votación del 19 de diciembre?

Bueno pues, por lo que sea, el PNV decide excluir a Navarra de ese impulso de las infraestructuras que corresponden al Estado; así que, más allá del TAV, o no le preocupa o desconoce el interés de la sociedad navarra, por ejemplo, por la culminación de la autovía a Madrid o de la Autovía de los Pirineos. Aquí resulta inevitable recordar el histórico desprecio que la CAV ha mostrado en la conexión con las infraestructuras que se impulsaban desde Navarra. Pero seguro que la omisión se debe a otras razones que nada tienen que ver con la falta de respeto a nuestra identidad.

Como también resulta inevitable el recuerdo de la permanente falta de respeto de la CAV hacia la identidad de Navarra en deportes y cultura. Habría que tener una ingenuidad infinita para creer que la omisión de Navarra en el punto 11 nada tiene que ver con la obsesión de que el deporte navarro se integre en las selecciones de Euskadi. Al igual que el tamiz de que toda la cultura navarra sea vasca, tratando de aniquilar el navarro como nuestro romance propio. Obviando el Camino de Santiago como elemento cultural diferenciador de la CAV. ¿Todos estos elementos singulares de Navarra son desconocidos para el PNV o simplemente no los considera de interés?

Respecto de las dos menciones a Navarra, como ya se ha divulgado sobradamente, el punto 3 del acuerdo establece un plazo de seis meses para que Navarra ¿Por qué se ha establecido ese plazo de 6 meses? Cierto que es un asunto que viene de lejos, que incluso UPN lo ha reivindicado. Cierto. Sin embargo, antes de comprometer a Navarra, pero ¿en el PNV han hablado con alguien?

Conviene recordar las explicaciones del Vicepresidente del Gobierno Foral, el 21 de noviembre, en el Parlamento de Navarra. Advertía de la necesidad de atender al rigor presupuestario y anunciaba la oportunidad de realizar auditorías de ingresos y costes.

¿Están las cuentas de Navarra preparadas para asumir una oferta de empleo público de esa envergadura? Y con los sindicatos, ¿está todo hablado?

Dicho de otro modo, la imposición de un plazo de 6 meses, ¿se trata de un regalo envenenado del PNV? Porque si al cabo de ese plazo, como parece que puede ocurrir, no se ha podido culminar el traspaso, ¿a quién se hará responsable?

En segundo lugar, termina el punto 3 con la siguiente expresión “con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a la CAV”. ¿Quién es el PNV para decidir Navarra tenga que ajustar el contenido y la extensión de sus competencias de Tráfico, exactamente, como las realizadas a la CAV? ¿Por qué no pueden ser más? O, sencillamente, ¿por qué no podemos tener nuestro propio modelo? La Policía Foral se creo en 1928. La Ertzaina en 1982. ¿Tenemos que renunciar a nuestro propio acervo para plegarnos al desarrollo y extensión que quiere el PNV?

Y por último la mención del punto 10, el referido a la negociación del Convenio en relación al objetivo de déficit y los criterios de reinversión del superávit. Casualmente el viejo complejo vascongado sobre la autonomía de Navarra. Qué vieja ilusión la del PNV meter coba en nuestro marco. Qué ansiado logro sería para el PNV que el Convenio se equiparase plenamente al Concierto.

¿Defensa del interés de Navarra? Seguro. Después de omitirla y marginarla en asuntos de verdadero y real interés para la ciudadanía de Navarra, toda la preocupación del PNV se centra en meternos el avispero de encajar una competencia en seis meses, a la imagen y semejanza vasca, y tratar de equiparar el Convenio navarro al Concierto vasco. Así, por interés. Ya. Pero, ¿de quién?

Reconozco y admiro la gestión del PNV en la CAV. Objetivamente. Una gran gestión. Pero igualmente detecto su imposición y denuncio su falta de respeto. Con un agravante, dado que se muestran tan ecuánimes en todo. Reivindican una identidad propia, pero niegan nuestra identidad. Exigen respeto, pero no le tienen ningún respeto a Navarra.

Parafraseando a Gandi: Navarra, sin el País Vasco, puede que tenga más problemas, pero serán nuestros problemas.

Es espectacular la facilidad en la búsqueda, que sin duda tiene su contrapartida en la maleabilidad de la oferta. Qué barato es alojarse en Pamplona y, casi, en cualquier parte del mundo, si se busca con tiempo y cierta habilidad. Tirado.

Por la resolución 68/2019 del director general de Vivienda de Navarra se establece el precio del alquiler en torno a 552,54 euros al mes para viviendas protegidas en el año 2020, lo que supone 18,41 €/día. En el mercado libre, los precios escalan hasta superar los 700 €/mes, lo que supone en torno a 45 €/día.

Es evidente que resulta más barato el alojamiento de visita o turisteo que el alojamiento para instalarse y vivir en Pamplona. Lo que afecta “solamente” al 18% de las familias. Aunque el porcentaje va creciendo.

Nasuvinsa señala que siete de cada diez solicitantes de vivienda la piden en alquiler. Según el Observatorio de la Vivienda, podría haber alcanzado este año el 20%. En este momento, uno de cada cinco hogares estaría en alquiler.

En el extremo de este drama se sitúan varias decenas de familias a las que, por ser negras (son madres con hijos, algunas de ellas salieron de la prostitución), ni siquiera se les permite acceder a un alquiler, aunque tienen concedida la Renta Garantizada y siguen hacinadas en habitaciones compartidas y en locales “apañados” de aquella manera. Un terreno abonado para arrendadores sin escrúpulos y clanes o mafias de empadronamientos. La necesidad de vivienda es tan evidente que ninguna administración se cuestiona que en el censo de habitantes de una vivienda figure hasta una docena de personas.

Mientras tanto, centenares de pisos están vacíos. Cada vez hay menos viviendas en poder de la banca y cada vez hay más viviendas convertidas en alojamientos de pernocta que, obviamente, no se ocupan todas las noches. Pisos reconvertidos en alojamientos que, tarde o temprano, se encontrarán con familias que los ocuparán de manera permanente. Un escenario a punto de producirse: familias alojadas en espacios para turismo. Porque la calle es la otra alternativa.

Conviene recordar que por aquí ha pasado un gobierno de cambio. Conviene recordar que, en este asunto, nada ha cambiado. Al contrario, los datos indican que durante los años 2015-2019 fue la legislatura en que menos vivienda protegida se ha terminado desde 1994. Y eso con todo un flamante departamento de Derechos Sociales que se ha vendido como la solución definitiva a todos los males endémicos de la Comunidad foral.

Estos datos contrastan con el triunfalismo de un Gobierno de Navarra que mantiene las políticas de la anterior legislatura. De hecho, cerró 2019 con la menor cifra de vivienda pública terminada, junto al 2017, desde 1994. En noviembre del 2017 se anunciaba la promoción de 524 viviendas que, dos años más tarde, todavía se encuentran en construcción (285) y hasta en promoción (183). En ese mismo período, siempre según los datos de Nasuvinsa, las solicitudes de vivienda protegida en alquiler pasaron de 5.790 en septiembre del 2017 a 9.124 en diciembre del 2019.

Al igual que ocurrió al comienzo de la anterior burbuja (2000-2004), la excesiva lentitud, cuando no pasividad, de los poderes públicos alejan a las familias de acceder a la vivienda. De nuevo, la vivienda (sería más ajustado hablar de mero alojamiento) se ha dejado en manos de la pura especulación, que hace más ricos a los ricos y empobrece más si cabe a las familias.

Pues bien, puede señalarse que todos los partidos que hoy se sientan en el Parlamento de Navarra han aprobado leyes y planes de vivienda o sobre vivienda, desde responsabilidades de gobierno foral y/o municipal. El resultado final de las políticas de todos ellos es que, hoy, alojarse en Pamplona es baratísimo y facilísimo, siempre y cuando sea un alojamiento de usar y tirar.

Todavía hoy, las historias y leyendas de todos los nacionalismos centrífugos (se han ido subiendo a esa ola todas las Comunidades Autónomas) se aprovechan de esa autoridad mítica de la clandestinidad y la persecución, aunque casi ninguno llegara a enfrentarse al Régimen sino que, más bien, sólo se aprovechó del vacío que la descentralización de la Educación y la Cultura provocó en los primeros años de la democracia.

Pido disculpas, en este momento, porque aunque la distancia debe ayudar a corregir los excesos, también es cierto que al corregirlos puede parecer que se falta de sensibilidad hacia las muchas personas que sufrieron, en carne propia, la persecución y la durísima represión del Franquismo.

La reparación (justicia y verdad) de esas barbaridades, que aún tenemos pendiente como país, ni puede ni debe confundirse con la contextualización y desmitificación de la historia; menos aún, cuando se trata de hechos muy anteriores al Franquismo. Los hechos históricos están ahí y no pueden demonizarse, aunque coincidan con la versión impuesta por aquella dictadura. Al igual que no puede ni debe idealizarse cualquier versión que den las corrientes (nacionalistas y progresistas) que pretenden pasar de antifranquistas.

Dicho de otro modo, que el Franquismo ensalzara el Imperio español de los siglos XVI y XVII, no convierte ese periodo histórico en franquista. Ni valorarlo en su contexto puede tacharse como falta de sensibilidad hacia las víctimas, mucho menos a las víctimas del Franquismo. Ni Carlos I, ni Felipe II eran franquistas. Dimensionar sus reinados (en la que tuvieron una muy activa participación los vizcaínos) no puede ni debe calificarse de antivasquismo. Salvo que se quiera reducir el vasquismo a un fundamentalismo que incluso justifique la actividad de ETA.

De igual modo, contextualizar la invasión napoleónica desde el enfrentamiento más civil y político interno (revolución vs. absolutismo) que una simplona rebelión popular nacional española tampoco puede ni debe interpretarse como antiespañolismo. Salvo que se reduzca el españolismo a expresiones de fundamentalismo que incluso justifiquen las barbaries del Franquismo.

Porque si los nacionalismos (vasco y catalán, especialmente) se están aprovechando de los vientos favorables que hasta ahora les han soplado, para construir sus particulares olimpos mitológicos, también es cierto que el ultranacionalismo español se ha aprovechado (y se aprovechará) de coyunturas políticas determinadas para hacer valer sus propios imaginarios.

Y éste es el péndulo nacionalista que sufrimos desde hace más de un siglo. Sin término medio, se hace pasar a la sociedad de extremo a extremo, tensionándola hasta el extremo, negando la posibilidad de apreciar esa abrumadora mayoría de elementos comunes y hasta dependientes, que conforman un claro acervo. De la Gran Patria que pretende asfixiar hasta la necedad toda patria chica, a la absoluta Patria Chica que pretende aniquilar, hasta la obsesión, cualquier elemento en que se intuya algo de patria común.

Contextualizar es poner encima de la mesa hechos, sin elevarlos a la categoría de absolutos de manera aislada y muy interesada. Un ejemplo. En 1946 se celebró en Zaragoza el Congreso Nacional de Derecho Civil (expresamente autorizado por Orden dictada por el Ministerio de Justicia y publicada en el BOE de 7 de agosto de 1944). En ese Congreso y en aquel momento se consideró necesario el estudio y la compilación de los distintos derechos forales y civiles “territoriales”. Pues bien, muchos de los elementos histórico-jurídicos que engordaron las fantasías del vasquismo y del catalanismo, nacieron allí.

Aquel Estado español franquista, centralista y feroz antinacionalista admitió la existencia y dispuso el desarrollo de regímenes forales y civiles propios que “no se reducen a instituciones aisladas sino que representan un tipo específico, de la familia y de la propiedad”. Así se aprobó la Ley 32/1959 de las Cortes (franquistas) españolas, sobre Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava, o la Ley 40/1960 de las Cortes (franquistas) españolas sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña.

Ahora, el statu quo nacionalista tacha la foralidad navarra de retrógrada (atribuyendo injustamente una pátina franquista de origen), mientras que la foralidad vizcaína y alavesa o el derecho civil catalán son ensalzados como la cumbre más elevada de todas las libertades. Aunque ambos regímenes jurídicos compartan el mismo origen compilador que hunde sus raíces en la primera década de Franquismo.

Que las compilaciones se realizaron por el Franquismo es un hecho. Que a unas se le cuelgue el cartel de franquistas y otras el de libre expresión de un pueblo libre es manipular el hecho, en definitiva, es manipular la historia. Porque, precisamente, en los trabajos de aquellas comisiones compiladoras se encontraron multitud de documentos que sirven para conocer mejor la historia. También para manipularla. Así se atribuye al PNV una publicación de 1952, en la que se utilizaban elementos historiográficos publicados por Príncipe de Viana para adaptarlos en “Pequeño diálogo entre dos nabarros sobre los Fueros y la Patria”.

Subidos aún en la ola del multinacionalismo centrífugo, parece asomar en el horizonte una ola de españolismo ultra, puede que como reacción al hartazgo de los excesos y abusos cometidos por aquellos.

Tan infundado, históricamente, es hablar de pacífico Estado vasco o unánime República catalana, como lo es considerar que España fue un Estado monolítico y uniformemente asimilado. Ninguno de los dos existieron. Desde luego, ninguno en la idealizada forma con que se los veneran. Pero ambos, unos y otros, se enzarzan con un punto de radicalidad que coloca a la mayoría de la sociedad ante la dramática tesitura del conmigo o contra mí. En el péndulo de las antítesis jamás se logra la síntesis. Ni España, ni patria chica alguna se construirá sobre la base de negar y aniquilar a los supuestos contrarios. ¿Cómo va a tener fundamento sólido cualquier nación que se cimente sobre la aniquilación de su mitad?