Y alegatos como el de Inés Arrimadas (Ciudadanos) en esa línea: "Ustedes, señor Mas, han decidido apostar por la independencia para tapar la corrupción". El portavoz del PP, Alejandro Fernández, le acusó directamente de esconderse tras de la estelada con el mismo fin de tapar la corrupción.

Pero el ex molt honorable, erre que erre, hizo gala del mismo cinismo intelectual con el que su sucesor, Carles Puigdemont, dijo el otro día en Harvard que el Ejército español es el argumento del Estado para frenar la independencia de Cataluña. Hace falta valor para insinuar que el Gobierno podría recurrir al artículo 8 de la Constitución Española.

El mismo valor con el que Mas sostuvo en sede parlamentaria que la financiación ilegal de CDC responde en realidad a una oscura operación "pagada con fines políticos contra determinadas personas, entre las que yo estaba en primera línea". Según él, a esos objetivos se han sumado oportunamente los braceos de Millet y Montull, a los que acusó de mentirosos, por rebajar su horizonte penal por el llamado caso Palau.

Ni sus extravagantes compañeros de viaje le compraron a Mas sus argumentos. En representación de los anticapitalistas de la CUP, Benet Salillas le vino a decir que, si bien existe la guerra sucia del Estado contra el soberanismo, también existe o ha existido la corrupción en el partido de Artur Mas.

El caso es que, inhabilitado por desobediencia al Tribunal Constitucional -la sentencia no es firme-, el ex president de la Generalitat trata de superar como puede su comportamiento esquizoide respecto a la legalidad vigente. Ante el Parlament, volvió a ser un valedor del procès. Es decir, fuera de la ley. Pero no quiere ser inhabilitado. Así que ante los jueces sacrifica su fervor soberanista al respeto de la legalidad vigente (española, por supuesto).

Ni al Gobierno ni a la sociedad española se le ha perdido nada en los actos de entrega de las armas en territorio francés. Quieren una entrega televisada a la que no se debería prestar tampoco el Gobierno galo. Ni creo que lo haga. Ni nos va ni nos viene, aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, haga esa bienintencionada apelación a la "altura de miras" que, según él, deberían mostrar París y Madrid. La apelación no viene a cuento. Lo que toca es acusar recibo de la decisión. Y celebrarla, pero sin dar a nada a cambio. Ni el Estado ni la sociedad están en deuda con ETA. Es justamente al revés, trágicamente el revés.

Mas que una entrega de armas, lo que se va a escenificar es una rendición de quienes quisieron doblarle el brazo al Estado. Por las malas, a tiro limpio, y por las buenas, en las mesas negociadoras. Fracasaron en lo uno y en lo otro porque las Fuerzas de Seguridad desactivaron a ETA como banda terrorista y en las mesas de negociación (lo intentó González, lo intentó Aznar y lo intentó Zapatero), donde los representantes del Gobierno, fuese del PSOE o fuese del PP, nunca pasaron por el aro del llamado "precio político".

También ha fracasado Eta en sus reiterados intentos de negociar con Moncloa esta entrega de armas que ahora se disponen a escenificar en Francia. Pues bien, que lo escenifiquen.

El Gobierno se limitó siempre, y aún ahora, a exigir el desarme unilateral y la disolución de la banda. Le cumple acusar recibo de lo primero y seguir exigiendo lo segundo a cambio de nada. Si acaso, un paso adelante en materia de acercamiento de presos a cárceles del País Vasco.

Pero no como premio a la autodisolución sino porque caducaría enseguida el uso de la política penitenciaria como una herramienta más de la política antiterrorista. Es lógico que si el terrorismo deja de existir también dejara de existir la política antiterrorista y, por tanto, los presos etarras tendrán el mismo derecho que el resto a beneficiarse del régimen general, que incluye, entre otras cosas, el mandato constitucional de la reinserción social de los presos y el acercamiento de los mismos a cárceles próximas al lugar de residencia.

A diferencia de lo que ocurre en España, donde la indignación que alimenta a los populistas respira por la izquierda.

Sin embargo, aquí también hemos visto esa forma de sindicación frente a la izquierda mochilera de Podemos y la CUP. Porque lo impone la matemática electoral, claro.

Aunque hemos entrado en un paréntesis de interesado distanciamiento, mientras dura el proceso de renovación interna en el PSOE (primarias en mayo, congreso federal en junio), lo cierto es que el PP se ha visto obligado a pactar con los socialistas para sobrevivir en el poder después de las elecciones del 26 de junio.

Los socialistas, conducidos por la gestora de Javier Fernández, han pactado con el Gobierno en nombre de los intereses generales sin abandonar sus baluartes ideológicos. Se lo reprocha Podemos cuando habla en negativo de "triple alianza" (PP-PSOE- Cs). Los interesados hablan de "coalición de facto.

También los militantes del PSOE llamados a primarias se ven abocados a distinguir. No entre izquierda y derecha sino entre hacer las cosas bien o hacerlas mal.

Es el dilema que subyace en la disputa por el trono de Ferraz entre dos pretendientes que la polarizan. Por un lado, Pedro Sánchez, rojo y plurinacional.

Por otro, Susana Díaz, pragmática, realista, con aversión al populismo y al separatismo. Entre ambos, el ex lendakari, Patxi López, que se ofrece para ejercer de costurero ante el riesgo de ruptura, con advertencia más o menos explícita a sus dos rivales: "No hay peor derrota para un socialista que ganar sobre un partido roto".

Las comparaciones son odiosas, pero la geometría política pone a los votantes de la izquierda francesa ante una tesitura no muy diferente a la del electorado tradicional del PSOE. El centrismo emergente de Macron (Susana Díaz) estaría avanzando frente al izquierdismo de Hamon (Pedro Sánchez).

Según todos los analistas, Hamon podría terminar con un 16-17 % de los votos. Una facturación electoral similar a la obtenida por Jose Antonio Pérez Tapìas (o sea, Sánchez) entre los militantes socialistas en las primarias del verano de 2014, donde Sánchez ganó con holgura gracias al voto andaluz controlado por Díaz, que entonces era su principal valedora y ahora es su gran enemiga.

La mochila de corrupción arranca en el padre fundador, Jordi Pujol, cuyo patriotismo y el de su familia se mide en millones de euros. Prosigue en el escándalo del "tres por ciento". Y reina en los telediarios del aquí y ahora con el juicio público por el caso Paláu, una trama triangular (Palau-CDC-Ferrovial) al servicio de la financiación del partido de Pujol, Mas, Homs y Puigdemont, impulsores del llamado proceso soberanista.

Según el Ministerio Fiscal (acusación pública) CDC mantuvo con la empresa Ferrovial un "acuerdo criminal" que permitió a la constructora adjudicarse obra pública a cambio de donaciones ilegales para la financiación de partido entre 1999 y 2009. Se canalizaban a través del Paláu de la Música, según confirmaron esta semana los entonces máximos responsables de dicha entidad cultural, Felix Millet y Jordi Montull.

A saber: "Se ponían de acuerdo Convergencia y Ferrovial. Ferrovial me daba el dinero y yo se lo pasaba a Convergencia", declaró Millet. Montull ha sido más preciso sobre los pagos en efectivo que, al parecer, era el procedimiento habitual, señalando expresamente al tesorero de CDC: "Daniel Osàcar venía a buscar el dinero. Yo lo tenía preparado en un sobre, él lo recogía y se iba".

Hace falta tener una mente muy averiada para sostener que esos testimonios forman parte de una más amplia conjura del Estado para acabar con el proceso soberanista y con él mismo, como impulsor del "procès", mediante el uso de fondos reservados. No es la primera vez que usa ese argumento. Ni será la última, si nos atenemos a la frecuencia con la que, en las mismas entregas informativas, el desafío independentista viene asociado a temas de corrupción pura y dura.

Tal vez así se expliquen las prisas por romper cuanto antes con el Estado entre quienes sueñan con una república independiente donde se amontonen los intereses de Cataluña con los de los impulsores del viaje a ninguna parte. Me refiero a intereses no estrictamente patrióticos y ahora sometidos a la consideración de los tribunales judiciales.

Ni el proceso independentista ni el cambio de nombre del partido de Mas han servido para tapar el escándalo de la financiación ilegal de CDC. Sigue viva la imagen bifronte que amontona épica y corrupción en la política catalana por cuenta de los mismos protagonistas, alimentando la sospecha de que lo uno y lo otro van unidos. O mejor, lo uno viene a ser consecuencia de lo otro.

Sin embargo, la fuerza probatoria de lo uno y lo otro se queda en los consabidos procesos de intención. Mala cosa. El rastreo de intenciones ajenas sirve para las campañas electorales, no para el ordinario funcionamiento de las instituciones. No olvidemos que el funcionamiento de esta, cuyo titular nombra el Gobierno salido de unas elecciones, está sometido a los principios de "unidad de criterio" y "dependencia jerárquica".

Mientras no cambien esas dos coordenadas, fijadas en el artículo 124 de la Constitución, la llamada "autonomía funcional" de la Fiscalía no servirá para pedir al Ejecutivo que retire sus sucias manos del ministerio público. Esa cacareada autonomía funcional, proclamada en su Estatuto, nunca será garantía de objetividad e imparcialidad frente a la forma que el Gobierno de turno entienda el deber y la oportunidad de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés publico tutelado por la ley".

El poder siempre tendrá la tentación de instrumentalizar a la Fiscalía y la oposición siempre querrá ponerse la medalla de denunciarlo. Así que, llegado el caso, si las urnas los llevaran al poder, los partidos de la "nueva política" que ahora ponen el grito en el cielo, como Ciudadanos o Podemos, se conducirían igual que el PP y el PSOE.

En los puestos claves pondrían a personas de su cuerda. Con toda seguridad. Y en cuanto a la posición de la acusación publica en un "caso relevante" (según reforma introducida por el "progresista" Conde Cumplido), el fiscal general, asistido por el Consejo Fiscal y la secretaria general técnica, fijaría una posición común, que podría coincidir o no con la posición del fiscal del caso, pero sería la posición "única" de la Fiscalía, que actúa siempre con unidad de criterio.

Todas estas cosas son las que explicó el otro día el fiscal general, José Manuel Maza, en el Congreso. Las generales de la ley. Sin embargo en ciertos sectores políticos y periodísticos se ha seguido aireando la "falta de credibilidad" de la Fiscalía, las explicaciones "insatisfactorias" de Maza y las supuestas "purgas" en el seno de la institución. Insisto: simples procesos de intención que no nos sacan de dudas.

La respuesta es palmaria. No. No es no. Nada nuevo. Ningún cambio en las posiciones. Seguimos donde estábamos. Una parte que quiere negociar pero incluyendo la cuestión del referéndum y otra parte que quiere negociar pero excluyendo la cuestión del referéndum. A partir de ahí, tanto da si hubo o no hubo reunión o si fue más o menos discreta.

Ya sabemos que la hubo, el 11 de enero, en Moncloa, a petición del presidente del Gobierno, al objeto de persuadir a Puigdemont de que debía asistir a la Conferencia de Presidentes autonómicos convocada para seis días después.

Y ya sabemos, en fin, que el president se negó en nombre del "hecho diferencial" y que, en definitiva, el encuentro sirvió para constatar la lejanía de ambas posiciones.

Ahí seguimos. Con una de las partes pidiendo al Gobierno que eche una mano en la demolición del Estado. Y con la otra diciéndole a los nacionalistas que su propuesta es absurda. Y que, como decía el torero sentencioso, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.

La razón está clara. Si el Gobierno Rajoy se prestase a pasar por el aro de la unilateral reivindicación soberanista, que no es de Cataluña, sino de una fuerza política concreta -ergo, discutida y discutible, por mucho que el nacionalismo se empeñe en confiscar la voluntad de todos los catalanes-, el Gobierno del Estado estaría perpetrando un agigantado acto de prevaricación.

Al fin y al cabo, se compadece con el argumento que a pequeña escala utilizaba el otro día la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, gran valedora del "dret a decidir", para oponerse a la consulta que reclaman los vecinos de Las Cortes respecto a la construcción de cierto edificio en el barrio. Alega que esa consulta es ilegal y, si la autorizase, estaría prevaricando.

A ver si la doctrina Colau se contagia a sus socios del Pacto por el Referéndum. A Puigdemont le sobraría decir que "la democracia española está enferma" si los jueces empapelan a Artur Mas.

Y nos hubiéramos ahorrado el momento de sofocante vergüenza ajena que nos produjo esa senadora de ERC que acusó a Rajoy de haber creado un GAL contra Cataluña.

No se trata de una convocatoria más de militantes como fuerza de choque de una candidatura reñida con las elites del partido. Será un acto abierto (o lo habrá sido cuando se lea este comentario) a ciudadanos interesados en saber cómo explica, por ejemplo, su apuesta por un PSOE "diferenciado de la derecha" y no un PSOE "cada vez más parecido al PP".

Esa línea de pensamiento escandaliza a los dirigentes socialistas. En sentido contrario, estos descalifican el peligroso acercamiento del candidato a Podemos y los nacionalistas. Al tiempo, defienden la política de "oposición útil" al Gobierno Rajoy que ejerce la ejecutiva interina al mando de Javier Fernández.

Reanimado por su reciente paso por Ciudad del Cabo (Sudáfrica), donde visitó la cárcel donde Nelson Mandela estuvo recluido durante 18 años y donde alternó con correligionarios europeos hablando de "Globalización y Socialismo", el ex secretario general deberá argumentar sus reproches a la comisión gestora. La acusa de haber dejado al PSOE "en tierra de nadie". Y le sigue reprochando haber permitido la investidura de Mariano Rajoy con la abstención de los diputados socialistas (todos menos los quince aferrados al "no es no" sanchista).

Pero es bien sabido que la gestora ha propiciado una coalición de "facto" con el Gobierno Rajoy. Y que esa complicidad PSOE-PP está funcionando como clave de la estabilidad política de España en la Europa de las incertidumbres.

En esas circunstancias, hemos de sumar a los análisis de situación un argumento tóxico para la causa de Sánchez. Me refiero a que su irrupción en las primarias, como presagio de un eventual retorno al sillón de Ferraz, es presentado por sus enemigos de dentro y de fuera como un factor de inestabilidad institucional. Lo cual agranda el frente antisanchista y reduce su causa a los dos o tres mil militantes (en un colectivo de unos 180.000), que van sobrados para cubrir aforos en distintos lugares: Dos Hermanas, Xirivella, Zaragoza, Valladolid...

Ahora toca Madrid, donde explicará como piensa conseguir un PSOE "de izquierdas, autónomo, libre de injerencias, diverso, plural, coherente, creíble, feminista, ecologista, federalista y laico". Le hubiera gustado añadir: "y ganador". Pero esa idea se la ha pisado Susana Díaz. También le hubiera gustado ofrecerse de "integrador" de las dos banderías enfrentadas en octubre. Pero esa bandera se la ha quedado Patxi López.

Al margen de su diferente valoración judicial (ella absuelta, él condenado a seis años y tres meses de prisión), a la espera de los consabidos recursos, ya hace tiempo que el matrimonio y sus hijos empezaron a penar. No en los términos prescritos en la sentencia del caso Nóos (pieza separada número 26 del caso Palma Arena), sino en soledades, horas de sueño, desgarros familiares, sufrimiento personal, estigmatización pública, pena de telediario, etc, etc.

De eso no redime a la infanta la sentencia que el viernes la dejó libre de cargos con todos los pronunciamientos favorables. Queda en paz con la justicia. Pero ya ha pagado con creces esa victoria técnica. Y me temo que seguirá pagando por haber olvidado que la ejemplaridad es la servidumbre de la púrpura. Si su marido y ella lo hubieran tenido en cuenta, tal vez nos habríamos ahorrado ciertas teorías conspirativas, como que había una conjura contra la Corona. O que la infanta estaba siendo tratada desigualmente, pero en su perjuicio y no en su beneficio.

No es una rareza que la infanta tuviera que responder por un delito fiscal en grado de colaboración. A ella le debió parecer un agravio tener que pagar la pena de telediario y sentarse en un banquillo, si nos atenemos a sus excursiones por los cerros de Úbeda cuando tuvo que comparecer, primero ante el juez Castro y luego ante el tribunal juzgador.

La infanta evasiva ("no sé", "no me consta", "no me acuerdo") queda en mala situación para defender su inocencia después de su absolución técnica. Tiene difícil hacerlo en nombre de la ejemplaridad y la transparencia pregonadas por su hermano, el rey de España, Felipe VI.

A la espera de los recursos que puedan presentar las partes, dos sombras planean aún sobre el escándalo. Una era la duda de si se habrá respetado el principio de igualdad ante la ley. Y otra, si el proceso indagatorio se habrá ocupado de rastrear el grado de consentimiento de la Casa Real por la utilización del carisma de la Corona en practicas delictivas.

En mi opinión, la primera de las dudas se ha desvanecido. Especialmente desde que el tribunal se negó a aplicar la llamada doctrina Botín (absolución inmediata por falta de acusación del fiscal). No está tan claro que se haya despejado la segunda de las dudas. Me refiero al grado de complicidad que pudo haber en la Casa Real en relación con el desvío de dinero público hacia bolsillos privados por trabajos de dudosa utilidad. Nunca lo sabremos a ciencia cierta.

Ganó la apuesta por la calle y no por las instituciones. Y ganó la doctrina de todo el poder para el jefe. Todo eso complace a la militancia (155.000 papeletas, algo más del 33% de las bases).

Pero no está claro que complazca a los votantes (más de cinco millones de ciudadanos), porque viene a ratificar el confinamiento político y parlamentario de Podemos.

Por tanto, buena noticia para los de arriba, pues deja a Podemos en la irrelevancia, sin poder influir en la agenda institucional de las decisiones que afectan a los ciudadanos. Según los ganadores de Vistalegre II, lo prioritario es seguir dando miedo a los de arriba y no calentar el sillón en el Parlamento.

Además, reclaman plenos poderes para que el secretario general pueda combatir a la "triple alianza" (PP-PSOE-Ciudadanos) con todos los medios al alcance de un partido "coral, femenino y fraterno".

No parece esa una buena fábrica de decisiones encaminadas a inquietar a los poderosos y favorecer a las capas más vulnerables de la sociedad. Tampoco parece ser la mejor forma de integrar al 37% de los simpatizantes de Podemos que votaron por las tesis de Iñigo Errejón.

Una de esas tesis era precisamente la de que no se trata tanto de cantar las cuarenta a los poderosos sino de "enseñarles el camino de salida".

Tesis rendida ante el empuje de los seguidores de Iglesias, cuya reciente victoria les permite apelar al principio de la obediencia debida, en línea con la doctrina Monedero, que hace unos días, cuando las espadas aun estaban en alto entre el numero uno y el numero dos, reñía a Errejón y a Tania Sánchez de esta guisa: "Joder, tío, o sea, Pablo no es vuestro colega, es vuestro secretario general".

Insisto: todo el poder para el jefe, como en el PP, como en la CEDA de Gil Robles, bajo el doble principio de unidad de criterio y dependencia jerárquica, como en la Fiscalía, como en el Ejército. Nada nuevo entre quienes se reclaman de la nueva política.

En esas circunstancias el futuro político de Errejon está en el aire. Antes era el número dos de Iglesias, pero ahora se ha convertido en el jefe de filas de una corriente interna de Podemos.

Así que quedamos a la espera de saber hasta qué punto se dará por aludido Iglesias en el mandato de unidad y humildad salido de Vistalegre II, mientas el perdedor reclama también un mandato de pluralidad. Iglesias le ha tenido una mano, pero nadie sabe si en la otra lleva o no lleva el piolet.

Se rompió el amor entre los cinco del clan fundacional (Iglesias, Monedero, Errejon, Bescansa y Alegre). Y ya se habla sin tapujos del hiperliderazgo como uno de los factores que están frenando el avance de la izquierda mochilera. No solo porque un partido tenga tan alto nivel de dependencia del número uno, sino también por las características personales de Pablo Iglesias, un ejemplo bien acabado de todos los sinónimos cosidos al pecado de soberbia (arrogancia, altanería, altivez, petulancia, engreimiento).

Uno de los padres fundadores, Juan Carlos Monedero, que dimitió de la cúpula dirigente en 2015, pero no para de enredar, siempre en clave pablista, ha llegado a declarar públicamente que "si cae Pablo". Más claro, agua. Se llama bonapartismo. O caudillismo. Como ustedes quieran llamar lo que supone admitir que Podemos es un partido con pies de barro, pues asume la inseguridad que le crea un escrutinio democrático donde, como es lógico, las bases tienen el poder de revocar al secretario general.

Una forma de condicionar ese poder asambleario es anunciar los siete males si se ejerce para cambiar de líder. Por supuesto, Iglesias comulga con esa doctrina de Monedero, como demuestra al chantajear a los simpatizantes con la eventual renuncia a seguir dirigiendo el partido, aunque nadie lo haya puesto formalmente en cuestión, si las bases se pronuncian mayoritariamente a favor del proyecto defendido por el errejonismo.

Todo eso está impregnando el debate de este segundo congreso nacional, más conocido como "Vistalegre II", que llega marcado por el enfrentamiento entre las dos formas de ver el futuro de la organización. La de Iglesias, más radical. Y la de Errejón, más moderada. Al que pierda le va a caer una "autocrítica" (perdón por el viejo chiste comunista) de no olvidar. Puede devenir en "tomatina" (Carlos Alsina dixit), en caza de brujas, en purgas internas. O en ruptura del partido, a la vista de unos precedentes inmediatos que han venido a demostrar una cosa: el fango estaba bajo sus pies y no la malicia de quienes, según Iglesias, "envidian la belleza de nuestro proyecto".

Entre los propios fundadores han volado los puñales. Y el caso es que todos tienen razón. Cortesanos, conspiradores, frustrados, traidores, por sillones y no por ideas, te equivocas compañero, así no, los que no van de frente, los que están sedientos de poder...

A nadie sorprendería que en este Vistalegre II errejonistas y pablistas llevasen camuflado en la mochila un piolet para ajusticiar verbal y políticamente a los del bando que resulte perdedor.

Bien, pues uno tiene la impresión a estas alturas de la película de que el nuevo presidente de los Estados Unidos está rescatando del trastero de la historia aquella figura: la autarquía. Según Donald Trump, como una forma de devolver el poder a los ciudadanos y redimir a los trabajadores. Norteamericanos, claro. A los demás, que les den tila.

Casa vez que este señor echa una hueva jornada de trabajo en su despacho de la Casa Blanca, nos tentamos la ropa quienes aprendimos que el libre comercio era un escalón en el progreso de la Humanidad. Por tanto, vemos el llamado proteccionismo como un paso atrás. Y nos dan los siete males de pensar que si todos los países hacen lo mismo, a la contra de la corriente globalizadota, estaremos resucitando los males de la autarquía, que tan bien explicada venía en los textos de Ramon Tamames.

Escrito está también en la memoria del pensamiento colectivo que el comercio sirvió en la antigüedad y ha seguido sirviendo en la modernidad para abrir caminos por los que no solo transitaron las mercancías.

Con las mercancías, el comercio abrió caminos en la difusión de las ideas, el acercamiento de las tribus, los pueblos, las personas, las naciones. Y ahora aparece Donald Trump levantando muros y cargándose de un plumazo, de la noche a la mañana, los tratados multilaterales que, según él, solo han servido para que otros países, otros ciudadanos, otros trabajadores, fueran a EE UU a aprovecharse de su potencial y a practicar la rapiña.

Lo malo es que esta sensación de que Trump frena la tendencia globalizadota y el dogma liberal del comercio libre no solo se queda en las mercancías. No, señor. Alcanza también a los valores. Y por eso, cada vez que abre la boca o toma una decisión, nos deja la incómoda sensación de que estamos reculando también en la tarea de mejorar la condición humana.

En la calle, al menos en España, el país más hostil con Donald Trump, según una encuesta reciente, se carga su figura con palabras de amplia circulación. A saber: ignorante, racista, vengativo, zafio, prepotente, maleducado, xenófobo, matón, machista, embustero y hortera de bolera.

Siempre inspirado, eso sí, en el grito neonazi de Charles Lindberg ("América first", abril 1941). Y no podemos menos que asociarlo a su talante personal.

Pues no, oiga. Podemos vive los problemas propios de la lucha por el poder que no se tiene o por reconquistar el que se perdió. Y si la dinámica se desarrolla dentro de la propia casa, aparece el ensimismamiento. O eso que Iglesias llama mirare el ombligo. Que se lo digan a los socialistas. Muy profesoral en la descripción del problema, el exlíder, Pérez Rubalcaba, que enseña química en la Complutense, habla de "contaminación orgánica".

También vale hablar de fractura interna, fuego amigo, lucha fraticida o quítate tú que me pongo yo. Lo de siempre. Lo que distrae a un partido de su deber de cumplir con los ciudadanos de su país antes que con los militantes de su partido.

Los dos partidos de la izquierda arrastran ese vicio. La presencia mediática de sus dirigentes se orienta mayoritariamente hacia los problemas internos. En el viejo partido, todo se reduce a una pugna por el poder entre un pretendiente declarado, Patxi López, y dos anunciados, Susana Díaz y Pedro Sánchez. En el llamado emergente, Iglesias defiende el poder que tiene y el presunto aspirante, Errejón, bracea por recortar el poder "monárquico" de aquel y una más justa distribución del mismo.

Más alcance tiene la "contaminación orgánica" en el viejo PSOE, porque ha sido y quiere seguir siendo el pilar izquierdo de la centralidad. Ese carácter de partido de gobierno hace especial el fuego amigo: ¿Primero España y luego el partido, según doctrina de la comisión gestora, o primero el partido (el líder recostado sobre la voluntad de los militantes) y luego España, que es la doctrina pedrista y, en general, la de quienes siguen reprobando la abstención en la investidura de Rajoy?

La pre-candidata al trono de Ferraz, Susana Díaz, consciente del mal de ensimismamiento que aqueja al PSOE, pregona la unidad al norte de Despeñaperros. Por tierras de Castilla y León, hizo continuos llamamientos a la "fraternidad" durante el pasado fin de semana. Y en las filas socialistas todos lo someten a la prueba del contraste con lo que depare la anunciada reaparición de Pedro Sánchez el próximo fin de semana en Dos Hermanas (Sevilla), feudo local del antisusanismo andaluz.

Veremos si ya se ha desprendido de la contaminación orgánica que marcó su reinado en Ferraz, especialmente en la etapa final, cuando impuso la razón de partido al confundir desbloqueo institucional con rendición al PP de Rajoy.

Quedamos a la espera de saber cómo se materializa el cambio de actitud del Gobierno, que asume el espíritu y la letra del dictamen, amen de prometer una revisión de cabos sueltos en el proceso indagatorio efectuado en su día. Ese cambio compromete al Gobierno para decir la verdad, reconocer que las cosas se hicieron mal, pedir perdón y dejar de mezclar el plano judicial con el político.

Recordemos que hace unos días, cuando Rajoy fue preguntado por el asunto, echó balones fuera apelando a que el asunto estaba judicialmente sustanciado. De las declaraciones de la ministra Cospedal se desprende que, a partir de ahora, el Ejecutivo se propone distinguir entre la absolución judicial de la absolución moral. La primera, efectivamente, se sustanció con la condena de tres militares de alta graduación, pero no apreció responsabilidad penal en los miembros del Gobierno.

En cambio, su absolución moral nunca se produjo. Siempre fue una asignatura pendiente en estos trece años. Esta es la novedad, que ahora el Gobierno sí parece dispuesto a aceptarla, a juzgar por las declaraciones de la ministra Cospedal.

Falta hace porque los cabos sueltos hacen sentir vergüenza a la gente decente. Ha sido doloroso comprobar la soledad en la que han venido trabajando los familiares para sentirse moralmente arropados, al menos eso, mientras denunciaban la indignidad. Porque indigno es que nadie pagase políticamente por tratar a unos servidores de su país como si fueran reses en un transporte militar plagado de irregularidades.

En nuestra memoria amarga del hecho vive aún aquel bochornoso proceso identificador de los cadáveres, que tanto dolor produjo a sus familias y que se saldó con la condena judicial de tres militares (uno de ellos, fallecido) posteriormente indultados.

El delito fue "falsedad en documento", endosado a quienes se ahorraron el molesto trámite de identificar correctamente los restos de 30 de los fallecidos.

La memoria de unos seres queridos, abolida de un plumazo. Los sentimientos más íntimos, sacrificados a la prisa del gobernante por pasar página. Claro que las firmas de Aznar y Trillo no aparecían en el soporte documental de la identificación y traslado de féretros. Pero sí fueron ellos quienes decidieron la celebración del funeral televisado apenas cuarenta y ocho horas después del lamentable suceso.

La complicidad del Gobierno Rajoy con los socialistas pilotados por Javier Fernández no es gobierno de coalición pero reimplanta el bipartidismo en la práctica, nos hace olvidar el reinado del PP por mayoría absoluta (2012-2015) y vuelve a meter en el partido a un PSOE que estaba al borde de la quiebra.

Visto así, es una sindicación de socorro mutuo. Un Rajoy en clara minoría se permite aparecer como paladín de la estabilidad (tesoro escondido en una Europa electoralmente incierta) y el PSOE recobra protagonismo como alternativa de poder.

Pero si lo vemos en función del interés general, nos encontramos con avances contantes y sonantes en materia de pactos de Estado muy de agradecer por la ciudadanía (educación, justicia, violencia de género) y medidas concretas de impacto social (subida del salario mínimo, lucha contra la pobreza energética, medidas contra el fraude fiscal) y la pronta supresión de indultos para los políticos corruptos.

Más difícil de comentar es lo que se refiere a la amenaza de la desconexión de Cataluña. Nunca se materializará pero nos seguirá causando los consabidos dolores de cabeza.

La novedad es la incorporación de los "comunes" de Ada Colau -estirpe Podemos- al llamado Pacto Nacional por el Referéndum. Una forma de ensanchar la base de apoyo al frente independentista. Pero con estos matices: se reclama poner pausa al proceso y olvidarse de plazos, cuyo incumplimiento genera frustración, y se apuesta por el referéndum "legal" y "pactado".

Eso abre una dinámica con tendencia a sacar de terreno de juego a los radicales de la CUP, partidarios de la desobediencia civil y el referéndum ya, so pena de bloquear de los Presupuestos de la Generalitat para 2017. Lo cual puede crear las condiciones de una convocatoria electoral para que las urnas vuelvan a repartir cartas. Es mi apuesta personal: elecciones catalanas entes de que termine el año que acabamos de estrenar.

Eso no significa que los nacionalistas catalanes olviden su sueño independentista a la contra de la praxis democrática (perdieron claramente en el voto popular de las que ellos llamaron elecciones plebiscitarias), a la contra de la historia (Cataluña siempre fue parte de España antes y después de crearse el Estado a finales del siglo XV), a la contra de la legislación nacional (el separatismo carece de cobertura legal) a la contra del derecho internacional (la autodeterminación no afecta a los Estados "legítimamente constituidos", y a la contra del sentido común. Es absurdo que la parte decida el futuro del todo.

Algunos incluso formulan en público la deslegitimadora amenaza de romper el carnet si no levanta el vuelo la ya obsoleta causa del "no es no". Como si el grado de adhesión a unas ideas dependiese de llevar o no llevar un carnet en el bolsillo.

Al menos en política siempre será más lógico, y más eficiente en la tarea de mejorar las condiciones de vida de las capas sociales más desprotegidas, alinearse con una idea que alinearse con una persona.

Así que, parafraseando a Felipe González (mayo, 1979), cuando recomendaba "ser socialista antes que marxista", que al fin y al cabo era una pugna entre dos ideas, en esta ocasión deberíamos decir que hay que ser socialista antes de pedrista. Y no parece que sea la línea de los cargos "intermedios" ("los más próximos a la militancia", explican) que se reunieron el otro día en Madrid para alzar la bandera del pedrismo como alternativa para superar la crisis interna del PSOE tras la dimisión de Pedro Sánchez, que no quiso, no pudo o no supo sobreponerse al mobbing de los barones y otras fuerzas vivas del partido.

Esas fuerzas vivas no se han visto reforzadas con la incorporación de barones ex pedristas como Idoia Mendia (País Vasco), César Luena (Rioja), Miquel Iceta (Cataluña) o Francina Armengol (Baleares). No quieren apostar a caballo perdedor. Así acentúan el aislamiento político de Sánchez. Por sentido común, se apuntan a los planes pacificadores y de reconstrucción pilotados por Javier Fernández al frente de la comisión gestora.

La potencia orgánica e institucional de la gestora no deja la menor posibilidad de éxito a la sindicación formulada por la enemiga asturiana de Javier Fernández (la diputada Adriana Lastra), el enemigo andaluz de Susana Díaz (Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas) y el enemigo valenciano de Ximo Puig (José Luís Ávalos, líder provincial del PSOE de Valencia). Son las cabezas visibles del movimiento "a favor de la presentación de Pedro Sánchez como candidato a la secretaría general del PSOE", según reza el manifiesto que hicieron público después de la mencionada reunión del martes 27 en Madrid, en ausencia del propio Pedro Sánchez, que guarda silencio mientras sigue braceando en un mar de dudas sobre el camino a seguir de cara al congreso nacional del partido, que se celebrará seguramente los días 16-17-18 de junio.

Ya se sabe lo que ocurre con las puñaladas. La posición es la misma que la del abrazo. Así que, entre constantes apelaciones a la fraternidad, los objetivos comunes y la envidiable belleza del proyecto, hay ruido de facas en las redes sociales. Los pablistas han refutado el espíritu navideño con una campaña contra Errejón (#IñigoAsiNo), cuyo pecado es haberse quejado de la fulminante destitución de Jose Manuel López como portavoz en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Un golpe de mano del pablista Ramón Espinar (hijo), que es el flamante líder madrileño del partido después de haber ganado en primarias a la errejonista Rita Maestre.

Errejón y los suyos opinan que la destitución de López no responde a la voluntad de los militantes, que apuestan por más democracia, más diversidad y más entendimiento "para ganar juntos". Su lema. "Este no es el camino", sostienen los de este bando (populismo de propuesta que sonríe), mientras que en el bando contrario (populismo de protesta que muerde), los pablistas que tampoco la división es el camino.

A saber: "La dinámica de fracción, familias y cuotas es vieja y divide Podemos. Compa, así no", ha estricto el secretario de Organización, Pablo Echenique, que es la voz de Iglesias. Y, por supuesto, al máximo responsable del cese fulminante de López, que es Ramón Espinar (hijo) le parece normal la exclusión de López porque "quien pierde ha de dar un paso atrás" y el perdedor (alineado con Rita Maestre) no lo dio.

Ni que decir tiene que se han multiplicado los chispazos digitales de los usuarios de Internet que nada tienen que ver con Podemos pero no quieren perderse este enésimo brote de la lucha por el poder, tan viejo como la orilla del río, aunque los contendientes se sientan relucientes ejemplares de lo nuevo, tal y como lo cantaban hace setenta u ochenta años Alberti, Garfias, Che Guevara, Celaya, Neruda, etc.

Errejón no se postula para reemplazar a Iglesias. Pero exige la incorporación de sus tesis al proyecto liderado por Iglesias, negociando "de igual a igual", y no como hasta ahora, cuando Iglesias expropiaba el talento de su subordinado a mayor gloria de "tu secretario general".

Una vez hecho el recuento de la consulta a las bases, efectuada so pretexto de "cuestión procedimental", ya sabemos que la derrota dulce de Errejón, o victoria amarga de Iglesias, le baja los humos al número uno y sirve al dos para negociar "de igual a igual", ya sin sometimientos, ante el congreso de Podemos a nivel estatal, convocado para los días 10-11-12 de febrero.

Los procedimientos nunca fueron inocentes. Tampoco lo eran en esta ocasión, aunque en teoría se trataba de defender un sistema de votación conjunta de proyectos-caras, contra la preferencia errejonista (votar proyecto por un lado y a quien lo defiende por otro). En la práctica, todo el mundo sabía que había que apostar en la curiosa pelea de gallos rapeada por Arkano (Pablo Manuel) y Chuty (Errejón).

El sistema de votación conjunta fue visto desde el principio por los errejonistas como un plebiscito encubierto sobre Iglesias. Si los militantes hubieran votado en esa clave (todo el poder para el líder, como Gil Robles en noviembre del 33), el modelo político, ideológico y organizativo propuesto por Errejón se hubiera perdido entre las aclamaciones al macho alfa.

No fue así. El carismático líder topó con la hostilidad de casi la mitad de los militantes. Ganó por la mínima a las tesis errejonistas (41,5% frente a 39,1 %) y ahora los resultados no dan para ejercer el paternalismo epistolar ni perdonarle la vida a nadie. Cierto que su amarga victoria le permite imponer sus reglas de juego. Pero no su proyecto ni sus equipos. No contra la mitad del partido, que defiende otro proyecto, aunque está dispuesto a compartir hoja de ruta y equipo dirigente.

La novedad es que Iglesias ya no podrá hacer de su capa un sayo y, si quiere sobrevivir como secretario general, habrá de negociar de tu a tu con Errejón, que en esas condiciones no se postulará al liderazgo, según ha declarado. Pero podría postularse si en la elaboración del proyecto común y la formación de equipos no se mantiene el equilibrio aflorado en la consulta. Si Iglesias persiste en el paternalismo de su reciente carta a Errejón, el choque de trenes sería inevitable en el congreso de febrero.

Las diferencias son notables a uno y otro lado de la barricada. Ideas o concurso de popularidad, política o teatro, instituciones o calle, Arkano o Chuty, un Podemos amable que no pierda la sonrisa o un Podemos que muerda y de miedo, unívoco o diversificado, jacobino o descentralizado, autoritario o abierto a la pluralidad*

Esos son los dilemas de Podemos.

Desde entonces, el presidente de honor del PP (el puesto había sido creado para Aznar en el congreso nacional de 2004), no ha perdido ocasión de marcar diferencias con Rajoy, respecto al que se ha venido comportando de forma desleal e injusta.

Inoportuno, enredador y pagado de sí mismo, llegó a denunciar públicamente (ABC, junio 2015) que el PP había perdido identidad y se dirigía hacia otro fracaso en las elecciones generales "si no cambia de rumbo". Del contexto se deducía que en realidad no se refería al rumbo sino al piloto.

Por si había dudas, en el Comité Ejecutivo del PP celebrado inmediatamente después de aquellas, las del 20-D, tomó la palabra para hacer crítica de los resultados obtenidos. Y tres meses después habló genéricamente de la necesidad de encontrar "nuevos liderazgos" para la política nacional.

Como es sabido, hace unos días puso en cuestión la política conciliadora del Gobierno respecto al desafío catalán. Un episodio más de una cadena de roces que seguramente tendrán continuidad, aunque Aznar haya perdido su condición de presidente de honor del partido.

Con semejantes precedentes, y otro muchos que no cabrían en este comentario (una constante fue siempre criticar a Rajoy por pasividad ante el secesionismo y desacierto ante la crisis económica), parecen excusas mal traídas las que explica en su carta a Rajoy como razones de su renuncia al cargo y quedarse de simple militante.

Dice renunciar por mantener su independencia. Como si no la hubiera ejercido para discrepar en público y privado de Mariano Rajoy, hasta el punto de poner en duda su liderazgo.

La primera consecuencia de su espantada, pocos días después de que la fundación que preside (FAES) se desvinculase también del PP (por incompatibilidad de fuentes de financiación públicas y privadas, según la excusa formal) es que Aznar no asistirá al congreso nacional del PP, convocado para los días 10-11-12 de febrero por razones que no explica en su carta de despedida porque si las explicase -dice- "harían innecesariamente larga la carta y prefiero no detallar esta vez". Erre que erre.

Como españoles y como demócratas deberíamos sentirnos avergonzados de que Pablo Manuel Iglesias, líder de un partido de implantación nacional, haya declarado sin previa medicación que, "como español y como demócrata", se siente avergonzado de que la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, comparezca ante un juez por permitir una votación sobre supuestos políticos incluidos en el llamado "proceso constituyente" y declarados ilegales por el Tribunal Constitucional.

El fogonazo verbal de Iglesias desborda el paso de Forcadell por el TSJC como investigada por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación, con abundante arropamiento escénico. Esas declaraciones consolidan la sospecha de que la "vía Podemos" empieza a ser transitada por los caudillos del independentismo. De momento garantizan el éxito de crítica y público de la cumbre secesionista del 23 de diciembre. Se trata de centrarse más en el derecho a decidir y menos en la independencia, sumando así a la gente de Podemos, que en Cataluña vienen a ser seguidores de la alcaldesa Ada Colau.

También es una forma de torear al TC, que acaba de suspender cautelarmente (durantes cinco meses, como mucho, antes de ratificar o rectificar la suspensión) las resoluciones del Parlament que encargan al Govern la convocatoria de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña en septiembre de 2017 y, seis meses después, unas elecciones "constituyentes".

Se trata de jugar a referéndum legal pactado con Madrid, según resolución apoyada por Podemos y no paralizada por el TC. En ella se aboga por "un referéndum con las máximas garantías de inclusión" y con efectos políticos y jurídicos reales. Una moción con el mismo contenido, a iniciativa de Francesc Homs, fue rechazada el jueves pasado en el Congreso.

Es una de las últimas bazas del soberanismo, cuyo margen de maniobra para lograr sus objetivos se va estrechando cada vez más. Y si eso tampoco funciona -consulta legal al amparo del artículo 92 de la Constitución-, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se enfrentará a un dilema maldito: Ir al choque de trenes, ignorando los llamamientos de Rajoy a dejar la estrategia del "desafío permanente".

O adelantar las elecciones para que los catalanes vuelvan a repartir cartas mientras se preguntan si les importa más saber si Cataluña va a ser o no independiente o si los servicios públicos, como la sanidad o la educación, van a seguir funcionando como hasta ahora.