Mariano Rajoy ha anunciado todas estas inversiones dentro de su objetivo de mejorar la relación con los independentistas catalanes. Diálogo y dinero. Lo primero no parece haber dado resultado hasta el momento, aunque desde el gobierno se insiste en que el diálogo va a continuar siempre que no contenga referencias al referéndum ilegal que se quiere convocar como paso previo a la declaración unilateral de independencia. En cuanto a lo segundo, el dinero, las inversiones ahora anunciadas habían sido reclamadas en varias ocasiones por los nacionalistas. Ahora parece que las cuentas del Estado se lo pueden permitir.

Además, no conviene olvidar el momento político en el que estamos. El gobierno tiene que aprobar los Presupuestos Generales del Estado para este año. El viernes recibirán el visto bueno del consejo de ministros, pero después tendrán que pasar el trámite parlamentario y hace falta una mayoría que el PP no tiene y que está buscando en las filas de Ciudadanos, PNV, canarios y por qué no de la antigua Convergencia. La visita de ayer y las inversiones puestas encima de la mesa parecen ir en esa dirección. Otra cosa es que lo consiga. La intención de los independentistas parece ir por otro lado, seguir con su hoja de ruta y cortar cualquier vía de diálogo que emprenda el gobierno que no contemple un referéndum pactado.

De momento, la Fiscalía ha pedido penas, en el caso del vicepresidente de Felipe González, de cuatro años por administración desleal por las subidas de sueldos que se aprobaron cuando la entidad financiera ya había empezado a recibir ayudas públicas y de dos para otros directivos. Sin embargo, sobre Serra también se investiga un agujero en la caja de más de 700 millones de euros por operaciones inmobiliarias digamos de momento que dudosas, concedidas sin ningún criterio empresarial.

Hay que recordar que Caixa Catalunya acabó recibiendo más de 12.000 millones de euros de ayudas públicas y que proporcionalmente al tamaño de la caja necesitó más ayudas que la propia Bankia. Además, el FROB da por perdidas estas ayudas cosa que no ocurre en el caso de Bankia, que año tras año va corrigiendo las cuentas y ya ha dado algunas alegrías a las cuentas del Estado.

También sorprende, por qué no decirlo, el tratamiento que se le ha dado a unos y otros. Basta recordar que Rodrigo Rato, con varios procesos abiertos, fue sacado de su casa y metido en un coche policial al más puro estilo de serie americana y que por supuesto abrió telediarios un día sí y otro también. Por el contrario, de la situación de Serra nos hemos enterado casi de tapadillo. La doble vara de medir funciona a las mil maravillas.

En todo caso, con años de retraso por la lentitud de la justicia en la instrucción de los casos, al final parece que nos enteraremos de lo qué ocurrió durante años con la dirección de las cajas de ahorros, también en Caixa Catalunya, con sus operaciones fraudulentas e interesadas y con los sueldos e indemnizaciones que se concedían sin ningún pudor, cuando ya se sabía que tenían más agujeros en las cuentas que un queso gruyere.

Agujeros que hubo que tapar con los 60.000 millones de recursos europeos que han pasado directamente a nuestro debe, al de los ciudadanos, y que muy probablemente no recuperemos nunca en su totalidad. Nos queda, al menos, que la justicia es lenta y puede que ya no sea tan justa, pero es justicia y los responsable del saqueo pagarán las alegrías, la mala gestión y la pérdida de tantos miles de millones de todos.

Cierto que el desempleo durante los años más duros de la crisis, y que llegó a afectar a 6 millones de personas, ha hecho estragos y cientos de miles de familias no pudieron, y muchos aún no pueden, hacer frente bien al pago de la hipoteca bien al pago del alquiler de su vivienda.

Y cierto que se han dado muchos casos especialmente trágicos. Familias enteras en paro, mujeres solas con hijos, padres que habían avalado a sus hijos con la vivienda familiar como garantía y que la han perdido.

Había que dar una respuesta y las Administraciones Públicas que se nutren de nuestros impuestos estaban y están obligadas a hacer frente a situaciones sociales difíciles como las descritas.

Sin embargo, son muchos los economistas y juristas que piensan y yo estoy bastante de acuerdo en que no se ha hecho bien. La cuestión no es que si alguien por razones de desempleo no puede hacer frente al pago de la hipoteca, sea el banco el que cargue con las consecuencias.

La seguridad jurídica en un país es muy importante para el comercio y las relaciones internacionales con los potenciales inversores.

La forma de abordar este problema no es que la entidad financiera se vea penalizada por el incumplimiento de un contrato con un cliente.

Más bien es obligación del Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, a cuyos políticos les pagamos el sueldo y los gastos con nuestros impuestos, arbitren fórmulas que eviten que estas personas se queden en la calle.

En Madrid, por ejemplo, el ayuntamiento farda de gastar dinero en edificios y referéndums prescindibles mientras no atiende a la real emergencia social y que es la de que muchos madrileños aún no pueden hacer frente al pago de su hipoteca o alquiler.

Millones de euros que podrían servir para pagar, mientras duren las dificultades de las familias, un alquiler social, el sostenimiento de miles de viviendas precisamente para cubrir estas auténticas necesidades sociales.

No deberíamos equivocarnos en la respuesta a las personas con dificultades, no vaya a ser que por errar creemos otro problema que paralice las soluciones a esas dificultades sociales.

Si, además, la crisis nos pilla endeudados hasta las cejas, a todos, Estado, particulares y empresas, las cosas aún se complican más. Y, si para colmo, estalla una burbuja inmobiliaria y las viviendas reducen su valor a la mitad, tenemos el cóctel explosivo que ha hecho perder a España diez años. Así que con estos ingredientes viene la OCDE y nos dice que los salarios son bajos y los contratos temporales demasiados. Además, aboga por más ayudas públicas, más rentas de inserción y más cuantiosas y exenciones del pago de las cotizaciones de la Seguridad Social para los primeros 500 euros.

La verdad es que me parecen perogrulladas. Quién no quiere un país donde se creen miles de empresas, la inversión venga a chorros, los salarios sean altísimos, no haya temporalidad y todo el mundo viva feliz y contento. El problema es que hemos salido de lo peor de la crisis, pero aún no hemos recuperado la posición anterior a la crisis. Todavía miles de pequeñas y medianas empresas pierden dinero y o bien no pueden contratar o no pueden subir salarios.

Gracias a que España ha encontrado en la exportación una vía de recuperación y millones de personas nos han visitado cada año y el gasto ha aumentado, estamos creciendo y creando empleo. Sin embargo, aún no llegamos a los 20 millones de trabajadores, lo haremos si se sigue con la política, por cierto obligada, de rebajar el déficit de las Administraciones Públicas y el endeudamiento privado. Consolidar lo logrado sin tirar de nuevo la casa por la ventana hasta que ésta esté bien apuntalada con buenos cimientos.

Podemos creer que las empresas no crean empleo o no suben salarios porque son malvadas, pero este es un pensamiento infantil. Empresas y autónomos tienen que seguir recuperando negocio, abrir nuevos mercados y los trabajadores y parados formándose en nuevas habilidades. Muchos de nuestros jóvenes parados no tienen formación y es por ahí por donde hay que apretar. Sólo así saldremos con fuerza de esta larga y dura crisis y se reducirá drásticamente el desempleo, la desigualdad y la pobreza. No con subvenciones sino con mejor y más productivo trabajo lo que traerá más altos salarios.

Se podría decir que las cúpulas de los principales sindicatos de este país, los que se supone que tienen más afiliados y delegados, se renuevan, se abren nuevos tiempos y nuevas formas en el mundo sindical. Pero, no lo creo. Desde luego después de observar durante un tiempo al nuevo representante de UGT, se podría decir que nada ha cambiado en UGT.

No sé lo que pasará con el señalado por Toxo y el Consejo para sustituirle. Es Unai Sordo, actual secretario de Comisiones Obreras del País Vasco. Veremos.

Sin embargo, sí se puede hacer un pronóstico y con bastante probabilidades de acertar a la luz de lo que han sido las reivindicaciones de UGT y CC OO en los últimos tiempos, incluso en los últimos días. Durante lo más duro de la crisis económica hay que decir que la irrelevancia de los sindicatos mayoritarios ha sido manifiesta. Sus comportamientos han perdido apoyos a chorros por situarse al margen de la realidad que teníamos encima.

Sus peticiones y cerrazón se han situado fuera de la realidad. Su apoyo, por el contrario, a medidas que han ahondado en la crisis durante los gobiernos de Zapatero fue más que patente.

De ahí su irrelevancia a la hora de vertebrar apoyos en la calle tanto en los Primeros de Mayo como en los distintos paros y huelgas convocados.

Además, es difícil olvidar la participación sangrante de algunos de sus miembros, y ya veremos si como organización, en las tramas de los ERES de Andalucía y los cursos de formación o la implicación de algunos de sus miembros en las tarjetas black que han dinamitado su predicamento en los trabajadores.

Los cambios que se han producido deberían ser algo más que generacionales, pero me temo lo peor. Su gran baza sigue siendo la derogación de la reforma laboral por el papel poco relevante que da a las cúpulas sindicales. Poco les importa comprobar los resultados en términos de empleo.

La impresión es cambiar, acompasar su discurso al siglo XXI y modernizarse para qué. Lo suyo sería aprovechar esta oportunidad para convertirse en unos sindicatos con reivindicaciones que tengan que ver más con la productividad y competitividad y unas relaciones laborales modernas, del siglo XXI.

De hecho, algunos analistas han aumentado sus previsiones para el cierre de 2017. Y eso a pesar de que las incertidumbres siguen ahí.

Está sin cerrar el Brexit, no está clara aún la política económica de Trump, hay muchos procesos electorales muy importantes para la UE y para España como Francia y Holanda (menos preocupantes las elecciones en Alemania).

Parece de todas formas que cada día que pasa esas incertidumbres van disminuyendo a tenor de las cifras que se van conociendo. Por ejemplo, la economía del conjunto de la Unión Europea está en máximos de 6 años.

Pero es que además del dato del PIB de 2016, se han sabido esta semana las cifras del mercado de trabajo del mes de febrero. Los datos de cotizantes han sido espectaculares para un mes de febrero. Más de 74.000 cotizantes nuevos a la Seguridad Social. No se veía un dato parecido desde 2008.

También mejora sustancialmente la contratación indefinida. Otros datos conocidos han sido el crecimiento del sector servicios que ya lo hace 29 meses seguidos; el aumento en enero en casi el 14 por ciento del gasto de los turistas; la caída en casi un 30 por ciento de las ejecuciones hipotecarias, del 5,3 por ciento de las demandas de despido y del 6,4 por ciento de los desahucios el año pasado.

Verdaderamente si a estas cifras le añadimos los récords de exportación y el superávit de la balanza exterior, ahora sí se puede decir que la economía española crece y lo hace sobre bases sólidas, distintas completamente a las de otras crisis.

Como señala Domingo Soriano en EsRadio, esta crisis sí que ha servido para limpiar, para hacernos más competitivos y más fuertes. Ahora, las reformas no pueden parar.

Hay sectores, como la estiba, que tienen que liberalizarse y modernizarse. En este caso, para que los puertos de España sean también más competitivos y puedan ganar cuota de mercado.

Hay que revisar el sistema público de pensiones, pero también y rápido la financiación autonómica y el sistema impositivo. Exprimir a empresas y familias no es lo mejor, cuando seguimos necesitando inversión, ahorro y consumo.

Sin embargo, las empresas del sector están denunciando que los trabajadores están llevando a cabo paros encubiertos que ya en algunos puertos como el de Valencia están provocando pérdidas de 2,1 millones de euros diarios.

Hace unos días hacíamos cuentas de lo que podría costar cada día de huelga en los puertos de España y la cifra se eleva a 50 millones de euros. Sumen las pérdidas por puertos y comprobarán que es así.

Por los puertos de España entran y salen mercancías que suman algo más del 20 por ciento del PIB de España.

El roto que van a hacer los estibadores a la economía española, que están haciendo ya, es tremendo y puede ser fatal, si como está ocurriendo numerosas empresas están desviando su carga a otros puertos por miedo a que no pueda descargarse, que se descargue a destiempo o sencillamente sufran daños.

Incluso publica El Confidencial que Marruecos está al acecho para hacerse con parte del trabajo de los puertos españoles aprovechando los paros y las amenazas que sobre las mercancías han lanzado los trabajadores españoles.

Es obvio que los estibadores no quieren perder sus privilegios y que quisieran estirar el periodo transitorio más allá de los 3 años que contempla el Real Decreto Ley.

En este sentido hay que recordar que estos trabajadores por pertenecer al sector de trabajadores del mar pueden jubilarse mucho antes que cualquier otro trabajador. Poco más allá de los 50 y que lo que pretenden los estibadores alargando los plazos es llegar en un número importante a la jubilación y ya si acaso los más jóvenes que arreen.

Desconozco si el gobierno se está planteando alguna medida que evite las pérdidas millonarias que ya se están produciendo en los puertos y en la economía y las que pueden venir si otros se hacen con el negocio. Supongo que esperará a que se convalide en el Congreso el Real Decreto Ley.

Pero, esto llevará su tiempo y puede ser demasiado tarde para el sector. Parece que estos trabajadores no están dispuestos a los cambios ni por supuesto se van a comportar de forma responsable. Esto acaba de empezar y puede tener un mal final.

El gobierno necesita mayoría simple, es decir, bastaría con la abstención del PSOE. Cabe recordar que en 40 años nunca el Congreso ha echado atrás un Real Decreto Ley. Veremos.

En líneas generales, la liberalización del sector adapta la normativa comunitaria y contempla tres años de periodo transitorio en el que progresivamente las empresas evitarán la obligación de tener que contratar trabajadores de las sociedades de gestión de estibadores portuarios, es decir en el plazo de tres años se podrá contratar libremente trabajadores.

El ministro de Fomento, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, pidió responsabilidad a los partidos políticos cuando la norma llegue al Congreso y también a los estibadores, ya que estos siguen manteniendo las tres semanas de paros anunciados a partir del 6 de marzo.

De La Serna exigió el cumplimiento de los servicios mínimos y la carga y descarga de productos perecederos o tóxicos.

Los sindicatos, por su parte, siguen hablando de chantaje. Creen que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para negociar y le acusa de ser el responsable de que haya paros en los puertos de España.

Por cierto que el representante de UGT lamentaba ayer en EsRadio que el gobierno de España no se hubiera comportado como lo habían hecho otros en Europa y ponía como ejemplo el proceso que se había llevado a cabo en Bélgica.

Resulta que en este país se ha firmado un plan de modernización y liberalización de la estiba en idénticos términos que el Real Decreto aprobado el viernes tanto en el periodo transitorio como en lo demás. Es decir, que los trabajadores, sus representantes, siguen confundiendo a los ciudadanos, mienten si es preciso, para hacernos creer que Fomento no ha querido negociar y que se han visto obligados a mantener los paros.

No hay que olvidar que cada día de paro se pueden perder 50 millones de euros. Por los puertos españoles entran y salen mercancías por valor de más de 200.000 millones de euros, más del 20 por ciento del PIB y que el daño a las empresas puede ser cuantiosísimo, máxime si cumplen las amenazas de causar daños.

Habrá que ver cómo se cumplen esos paros y si el gobierno está dispuesto a hacer algo más que fijar unos servicios mínimos en un sector estratégico para la economía.

Unas 6.200 personas no pueden durante tres semanas secuestrar la economía de un país para mantener un monopolio trufado de privilegios, incluido el impresentable y rechazable de no permitir la entrada de mujeres en las labores de estiba.

Pero volviendo a la materia económica, es increíble que con la que ha caído con las Cajas de Ahorros, la de millones de euros que le ha costado a los españoles su rescate, alguien en su sano juicio pida que se cree otra vez una banca pública dirigida por políticos afines, aunque se le llame banca cooperativa.

¿De qué se trata, de dar otra vez crédito a quien pueda o no pueda pagarlo? ¿A quién el político de turno le pida que se lo de? ¿Ha preguntado el señor Sánchez en el ICO a cuánto asciende la morosidad? ¿Vamos de nuevo todos los españoles a pagar los créditos de quien los pide y quien se los da a sabiendas de las dificultades para devolver lo solicitado? Creo que ya hemos tenido bastante de esto, tanto que ahora se quiere crear por estos mismos una comisión de investigación sobre el rescate al sistema financiero, básicamente Cajas de Ahorros presididas por políticos.

La otra idea de Sánchez es igualmente negativa. El ex secretario general del PSOE quiere solucionar el desempleo, el de ahora y el que generen los robots, trabajando menos horas y cobrando lo mismo. Aquí también debe creer que el dinero crece en los árboles. Habla de jornadas de 30 horas y para compensar a los que se queden desprotegidos algo parecido a una renta básica.

Supongo que toda esta fiesta cree que la van a pagar los ricos con más impuestos, algo que ya está "archidemostrado" que no es así. Como le gusta decir a Daniel Lacalle, si creas un infierno fiscal, la gente intenta irse a un paraíso fiscal.

No se queda para asistir a su machaque. Los ciudadanos se van, las empresas se van y hundes la economía, la inversión y el mercado laboral. Pero, esto no parece importarle a Sánchez que ha decidido volver para vendernos un programa fracasado y unas amistades peligrosas.

El Ayuntamiento a la hora de reclamar el impuesto no tiene en cuenta si ha habido o no revalorización en la transacción. Siempre la hay y siempre sale a pagar.

En todo caso, las reclamaciones deberán ser individuales y previamente es aconsejable enterarse primero de si compensa iniciar un proceso judicial para reclamar lo cobrado de más.

Eran muchos los expertos del sector y abogados que venían insistiendo en que los ayuntamientos estaban cobrando indebidamente este impuesto en muchos casos.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el desempleo han hecho que muchos miles de españoles se hayan visto obligados a vender sus casas por debajo claramente del precio pagado en su compra. En muchos casos, las bajadas de los precios de los inmuebles han sido del 50 por ciento.

Y, sin embargo, los ayuntamientos, no han modificado a la baja los parámetros para calcular la base sobre la que se aplica la plusvalía municipal en la venta de un inmueble. "Usted lo ha vendido por esta cantidad porque lo digo yo y punto".

No hay que olvidar que los ayuntamientos durante la burbuja nadaban en la abundancia. Los ingresos no paraban de llegar a las arcas municipales y que el fin de la fiesta del ladrillo les produjo una merma de los ingresos de en torno al 70 por ciento. Así que no iban también a reducir los parámetros sobre los que se aplica el impuesto del que hablamos.

Ahora, con todos los datos y números en la mano y con ayuda de expertos es imprescindible hacer cuentas y comprobar que realmente podemos hacer la reclamación y si compensa económicamente.

Y es de esperar que los ayuntamientos con esta sentencia en la mano se dispongan "motu proprio" a reconsiderar las bases de cálculo y a partir de ahora ahorren a los ciudadanos los gastos de reclamar judicialmente.

Tengo mis dudas de que esto vaya a ser así. Pero, visto lo ocurrido con las preferentes o las clausulas suelo, por qué no pensar que en este caso a los ayuntamientos se les vaya a instar al mismo comportamiento que a los bancos. Veremos

Sí en uno que en mi opinión es clave y que se refiere a la duración máxima que deberían tener este tipo de contratos de interinidad.

No se puede olvidar que estos contratos pueden durar meses o años. Incluso décadas. Así es muy difícil que una persona pueda tener un proyecto de vida más o menos estable.

Y, además, si alguien lleva años en un puesto de trabajo, puede deducirse que ese puesto es necesario y que la persona que lo ocupa es la adecuada.

Los expertos también se han puesto de acuerdo que en la indemnización por despido en este tipo de contratos de interinidad sea de 12 días por año trabajado. Es decir, equipararla a los trabajadores con contrato temporal. La decisión final es otro cantar.

En su momento, la sentencia se interpretó por muchos en el sentido de que el Tribunal Europeo exigía a España modificar estos contratos e incluso que instaba a aprobar un contrato único equiparando así a los interinos con los temporales.

Desde el Ministerio de Empleo se dijo que de ninguna manera podía interpretarse así el fallo del tribunal y de hecho puso en marcha la comisión de expertos de la que ahora hemos sabido algunas de sus conclusiones. La principal que no hay unanimidad a la hora de abordar este asunto de los interinos excepto en los puntos que acabamos de comentar.

Es obvio que el mercado laboral en España sigue teniendo aspectos claramente mejorables. La reforma laboral ha logrado éxitos evidentes, pero aún el camino hacia la excelencia no ha concluido.

Por ejemplo, la temporalidad sigue siendo alta, a pesar de que ya es menor de lo que suponía en los años de la burbuja. De hecho, el año pasado los contratos temporales que se convirtieron en fijos aumentaron un 21,6 por ciento.

También los aumentos de empleos están ya superando niveles anuales anteriores a la crisis. Habrá que esperar a las numerosas negociaciones que sobre distintos asuntos están abiertas de la mano de Fátima Báñez para ir viendo con algo mayor de nitidez que ocurre con el mercado laboral, la formación o las pensiones, asuntos todos fundamentales y que dependen en su mayoría de la voluntad negociadora de patronal, sindicatos y partidos políticos.

En el Congreso el jueves hubo pleno y se aprobaron varias proposiciones. Por ejemplo se tomó en consideración la que pretende instaurar la jornada laboral hasta las 18,00 horas para funcionarios y empleados públicos. También la de estudiar la puesta en marcha de una renta mínima de inserción. Asunto controvertido, ya que como hemos contado ya aquí en alguna ocasión, a gran escala y sin condicionamientos de tiempo y formación puede desincentivar la búsqueda de empleo y acabar cronificando la situación de pobreza que se pretende erradicar y aumentando la economía sumergida. Además, no queda claro a qué número de personas podría afectar, así que los cálculos de su coste van desde los 15.000 a los 40.000 millones de euros, razón por la cual, el gobierno hará valer su veto y no saldrá adelante. La medida hace saltar por los aires el techo de gasto aprobado y no hay una contrapartida de ingresos.

Pero, y es lo más importante, los que han realizado esta propuesta, incluidos los sindicatos mayoritarios, sorprendentemente son los mismos a los que les parece indigno que una persona tenga un trabajo a media jornada de 400 o 500 euros, pero les parece bien que reciba el mismo dinero pero sin hacer nada y lo que es peor sin formarse para poder entrar en el mercado laboral e ir progresando desde esos primeros bajos salarios. Se diría que buscan otra cosa. Quizás que esos miles y miles de personas a los que supuestamente están ayudando tengan claro quién es su "benefactor" a la hora de cualquier proceso electoral.

Todo esto sin olvidar que ya existe el Plan Prepara para personas sin trabajo y sin ninguna prestación y la renta mínima de inserción que dan las Comunidades Autónomas. Ayudas dispersas y sin mucho control, pero que han servido de colchón a muchas familias en riesgo de pobreza y que serán mucho más eficaces cuando se implante la tarjeta social que el gobierno prepara desde la celebración de la reunión de presidentes.

El lunes en un ejercicio de demagogia y falsedad, el secretario general de UGT no tomaba el pelo a todos los españoles a cuenta de su financiación. Álvarez se permitía el lujo de calificar de leyenda urbana las subvenciones que del Presupuesto General del Estado reciben los sindicatos.

Es más, dijo que muy al contrario, son los afiliados de las organizaciones los que subvencionan con sus cuotas las necesidades de asesoramiento y defensa del resto de trabajadores. Pepe Álvarez ha contado que UGT tiene 800.000 afiliados que abonan más de 90 millones de euros en cuotas y que la mitad de esa cantidad se dedica a trabajos para todos los trabajadores, sean afiliados o no.

Es cierto que los agentes sociales están consagrados en la Constitución. Tan cierto como que reciben dinero público de los PGE en función de su tamaño, que se mide por el número de afiliados. Tan cierto como que existen muchas dificultades, como decía antes, para recabar esa información.

Un informe del Banco de España aseguró que la afiliación a los sindicatos no superaba el 10 por ciento del total de los trabajadores. Increíble que a día de hoy sigamos sin tener buena información sobre el tamaño real de UGT o CC.OO. Precisamente, estas subvenciones públicas que reciben están, en mi opinión, en el origen de los problemas más que soluciones que nos han dado los sindicatos en los últimos años.

La actualización de sus mensajes es nula y su modernización está pendiente. Quizás el día que no dependan de la subvención veamos unos sindicatos útiles que se interesen por "todos" los trabajadores, por la situación de las empresas que son las que invierten y dan trabajo, y menos por los liberados y las cúpulas.

Se ha demostrado la utilidad y la responsabilidad de los trabajadores, por ejemplo de las empresas automovilísticas en las que sí están los sindicatos, pero dentro de la empresa y no en despachos.

Todos son visibles y su objetivo es controlar la llegada de indocumentados. Pero, hay otros muros de los que muchos de los que han levantado su voz no hablan.

Y están en nuestro país. Son muros vergonzosos que se han levantado con normas y legislación entre los propios territorios de España. Por ejemplo, con el castellano en Cataluña. O con la sanidad en muchos lugares.

Estos días se ha sabido que la Junta de Andalucía ha pedido al Ministerio de Hacienda y Administración Pública que dirige Cristóbal Montoro que todas las comunidades autónomas se pongan de acuerdo a la hora de fijar los tiempos de convocar la oferta pública de empleo para Sanidad y Educación.

La Junta de Andalucía cree que de esta forma se frenaría el efecto llamada, es decir se impediría que los interesados acudieran indistintamente a las oposiciones de cualquier comunidad autónoma. Son miles de plazas que la Junta quiere que se las queden andaluces y que no vengan gallegos, madrileños o extremeños a cubrirlas.

Precisamente, la presidenta de Andalucía fue la que más se quejó en la reciente Conferencia de Presidentes de las políticas de la Comunidad de Madrid, sobre todo en materia de impuestos.

Díaz llegó a decir que Madrid era un paraíso fiscal y que hacía dumping fiscal. Negaba así a una comunidad a asumir responsabilidad -en este caso fiscal- en la toma de decisiones. Cifuentes no puede decidir, porque gestiona de forma más eficaz el gasto, bajar los impuestos.

Sin embargo, Díaz sí puede, sí quiere, impedir que un madrileño se presente a unas oposiciones en Andalucía. Supongo que tampoco los andaluces podrían presentarse a oposiciones fuera de su tierra.

En fin, aparte de que el ministro Montoro lo permita o no o al final lo tumben los tribunales de justicia, lo que queda clara es la incoherencia y la endogamia que se gasta la aspirante a liderar el PSOE, a la que más le valdría analizar en serio por qué Andalucía, que tiene los impuestos más altos, está peor en empleo, en atracción de empresas e inversiones, en educación y sanidad, en lugar de pretender muros que impidan la movilidad, en este caso laboral, entre españoles.

La realidad y la verdad se han impuesto y ya más del 50 por ciento de los consumidores saben que tienen tarifa plana o bono social y que no se van a ver afectados. Por fin, ya muchos están en el verdadero debate que no es otro que tomar medidas si cabe sobre las causas que hacen de España uno de los países de la UE donde la energía es más cara y que son la cantidad de decisiones políticas que se pagan mediante el recibo de la luz.

Esta semana toca otro debate con más dosis de demagogia si cabe. Los sindicatos han logrado arrastrar al PSOE al debate de la renta básica. Parece que dadas las recomendaciones, el coste de la medida rondaría los 11.000 millones de euros.

La propuesta que entrará en el Congreso nos cuenta que las personas que no tienen ningún tipo de ingreso o llevan mucho tiempo buscando trabajo se merecen que el Estado les de una subvención, subsidio o renta.

No se cuenta que en España existe desde hace años la renta mínima de inserción. De hecho, en 2014 se gastaron en ella casi 1.200 millones. Las encargadas del control y abono son las Comunidades Autónomas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el año pasado la prestación fue de 400 euros por persona que se elevaba al máximo, el SMI, si hablamos de dos personas o más.

Hay que decir además que en ningún país del mundo, a pesar de que se han hecho experimentos y muchos estudios, está implantada la renta básica. De hecho, en Suiza no hace mucho fue rechazada en referéndum.

Está empíricamente demostrado que es un incentivo perverso para la búsqueda de empleo y formación, aumenta la economía sumergida y desplaza a millones de personas a una vida subsidiada sin más esperanza que el cobro de un subsidio estatal. Parece que el PSOE sigue necesitando radicalizarse para demostrar que es muy de izquierdas, en lugar de tender a parecerse más a una socialdemocracia europea seria.

Los problemas de paro y escasa formación de las personas para encontrar un empleo no se solucionan con subsidios. ¿Hay alguien en ese partido que les aconseje abandonar la demagogia y afrontar de forma rigurosa los problemas de España? De momento, no parece.

Y de los que tienen una tarifa susceptible de subir como mucho van a pagar entre 2 y 4 euros más, mientras duren, claro, las circunstancias actuales.

Cierto que en estos días de frío siberiano no hay viento, no ha llovido y el petróleo y el gas es más caro. Por tanto, ha entrado en el sistema la energía más cara que se produce con gas mediante centrales de ciclo combinado y esto va encarecer el recibo. Pero. además de lo que he explicado anteriormente sobre la variedad de tarifas, la parte del recibo que sube es la relativa al coste de producción, un tercio del total de nuestra factura.

Luego están los impuestos y después una ristra de costes, ajenos a nuestro particular consumo, que son básicamente decisiones políticas que se han tomado y que pagamos los consumidores.

Entre ellas, las millonarias subvenciones a las renovables, la amortización del déficit generado por no subir los precios teniendo en cuenta esos costes, así como otros gastos derivados de transporte y distribución y que suponen el 46 por ciento del total de la factura. Por ejemplo, en una factura con un importe total de 100 euros (en dos meses), el coste de lo que consumimos es redondeando de 31 euros, los impuestos 21 y los costes regulados 46.

Es decir que la subida se aplicaría sobre los 31 para los que tengan tarifas variables y esto se traduce en 2, 3 o 4 euros en este mes o durante el tiempo en el que converjan todas las variables: falta de agua, viento y petróleo y gas más caros.

Es increíble que hasta la Fiscalía haya dicho que va a investigar por qué la factura de la luz de una cuarta parte como mucho de los consumidores va a subir 2, 3 o 4 euros este mes. Increíble que el gobierno entre al trapo de la izquierda, la que va de moderada y la radical, que ha pedido hasta la nacionalización de las eléctricas y que nadie haya sido capaz de poner un poco de cordura.

Hubiera bastado con poner las cifras blanco sobre negro y no dejarse llevar por la corriente. Este, desgraciadamente, está siendo el pan nuestro de cada día. Todos a remolque de la alarma generada por unos cuantos con la clara intención de desgastar al gobierno, embarrar el campo y tener al país en vilo con un evidente discurso de confrontación y demagogia.

Nada se hizo en la anterior legislatura, a pesar de que el PP gozó de mayoría absoluta en el Congreso y gobernaba en la mayoría de comunidades y ayuntamientos. La crisis económica, según la versión oficial, lo hizo imposible. En su lugar, se pusieron en marcha mecanismos como el FLA o el pago a proveedores para ir solventando las necesidades de financiación para el pago de la sanidad, educación y asuntos sociales.

Ahora el PP está en minoría, la economía ha mejorado y aunque como dijo ayer Mariano Rajoy la recaudación fiscal es aún 20.000 millones inferior a la de 2007, lógicamente el sistema actual es insostenible. Es en lo que están todos de acuerdo, en la necesidad de reformarlo. El problema es cómo, porque los criterios e intereses de unos y otros no son precisamente los mismos. Y, aunque creo sinceramente que es una muy buena oportunidad para abordar este asunto con visión de futuro, veremos si son capaces.

Es probable, no lo niego, que la idea de que están condenados a entenderse sea un tanto optimista, porque van a encontrar numerosos escollos. Pero también están en juego la financiación de los servicios básicos, asuntos prioritarios para los ciudadanos que los votan, así que es de esperar que hagan todo lo posible por llegar a un acuerdo.

Por cierto, también deberían comprometerse a revisar en serio las partidas de gasto o el entramado empresarial que han tejido para endeudarse más allá de lo razonable y al margen del control presupuestario y parlamentario. Esto sí que sería un paso de gigante: no apelar más a los bolsillos de los ciudadanos subiendo los impuestos sino ajustar los millonarios gastos prescindibles que año tras año van acumulando.

Veremos cómo cierra 2016. Todas las fuentes apuntan a que por fin este año sí, las cuentas públicas se ajustarán a lo exigido por la Comisión Europea. Y se hará por los pelos, cuando la recaudación ha batido la marca de situarse ya en los niveles previos a la crisis. Muchos expertos dudan de que en 2017 pueda repetirse la jugada.

Algunos de los vientos de cola que beneficiaron a la economía, como el precio del petróleo o los menores intereses pagados por la deuda pública no se van a repetir y las mejor recaudación del Impuesto de Sociedades no va a proporcionar cantidades suficientes para cubrir los 16.000 millones.

Montoro no aclaró mucho más sobre esto en su comparecencia, así que habrá que esperar a la elaboración y discusión de los Presupuestos Generales del Estado de este año para ver cómo espera cumplir con el objetivo de déficit, si como parece el gasto público no se va a reducir.

No es pues aventurado pensar que venga otra racha, que se de otra vuelta de tuerca a algunos impuestos o reaparezca la propuesta de la ministra de sanidad de algún tipo de copago para jubilados con rentas altas u otras medidas que puedan estar saliendo de los cajones.

Lo que está claro es que el Gobierno no está por la labor de elaborar un plan serio de reducción de gasto prescindible e innecesario u otro que se tome en más en serio gastar de forma más eficiente. Se lograrían muchos miles de millones de euros y no habría que recurrir de nuevo a los ya maltrechos bolsillos de trabajadores y empresas.

Saldremos de dudas en las próximas semanas, si se consiguen acuerdos para cerrar las cuentas públicas. Veremos lo que da de sí la Conferencia de Presidente del próximo martes y la próxima reunión de consejeros de Economía y Hacienda para abordar el nuevo plan de financiación autonómica.

Dos reuniones fundamentales que afectarán a los gastos y a los ingresos y que permitirán que las Comunidades Autónomas que aún no han podido elaborar sus presupuestos puedan hacerlo.

En su opinión, deberían pagar más los que más ingresos tengan y puso ya encima de la mesa para el debate que la medida afectaría a los jubilados con rentas entre 18.000 y 100.000 euros. Por la noche del mismo lunes en un tweet, la ministra se desdijo y aseguraba en la red social que "no es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros. Ya ayer, los mensajes eran aún más contundentes.

"No alarmemos a los pensionistas, no se va a subir el copago", "con los pensionistas no se juega, es injusto alarmarles". La verdad es que si alguien ha alarmado a los pensionistas ha sido la ministra.

Seguramente ha sido la falta de experiencia o fue un globo sonda típico para valorar cómo caería entre los pensionistas y partidos políticos una medida así. Y qué ocurrió, pues que se produjo la alarma y hubo que rectificar. No está bien echar balones fuera. Estaría bien que la ministra se repasase sus declaraciones matinales en una radio.

En todo caso, al margen de que fuera inexperiencia o globo sonda, el debate está ahí. El estado del bienestar que nos hemos ganado queremos seguir disfrutándolo, pero los ingresos son los que son. Cierto que se ha hecho bastante en el terreno del ahorro en medicinas y sin embargo el coste no baja en la misma proporción. Cada vez, gracias a dios y a la medicina, vivimos más años y cada vez somos más jubilados tirando de gastos médicos y farmacéuticos. La vaca de los impuestos y quizás también del copago ya no da más.

La asfixia a los contribuyentes es excesiva. Por qué entonces no empezamos a pensar en serio en la eficacia en el gasto. Una medida muy útil en este sentido sería empezar a pensar en elaborar unos presupuestos base cero. Es decir, partiendo de cero y mirando partida por partida, ir recortando o suprimiendo, en su caso, todo lo que se pueda.

Se ha hecho estos años con algunos gastos, como empresas, organismos, subvenciones y no ha pasado absolutamente nada. Pues así, pero con muchas más partidas que miradas una a una serían perfectamente suprimibles. El ahorro sería de miles de millones de euros y no estaríamos siempre pensando en subir los impuestos, tasas o copagos.

Y, sobre todo, eficacia. Por ejemplo, podrían revisarse si todas las pruebas médicas que se hacen son necesarias. En definitiva, un análisis profundo del gasto público nos daría, no tengo la menor duda, agradables sorpresas.

Después ha habido sentencias de distintos tribunales ordinarios con resultados diversos. Parece que sí hay algo más o menos claro, o al menos eso señala la letra del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, es que los gastos del impuesto corresponden íntegramente al cliente y esta parte es nada más y nada menos que el 80-90 por ciento del gasto total.

Me da la impresión de que se está montando de nuevo un caso contra las entidades financieras. Y no es que yo desconozca que algunas han tejido productos invendibles a la mayoría de los clientes e incluso empleados, con el silencio de las autoridades responsables.

Pero esto no quita para que se observe un ensañamiento contra el colectivo en su conjunto, sin distinción de ningún tipo. Y no sólo desde algunos medios de comunicación sino también desde ámbitos de la judicatura. Está mal visto socialmente, incluso puedes ser acusado hasta de facha, si osas intentar explicar que cada uno es ciudadano libre para firmar lo que quiera y responsabilizarse después de lo pactado y firmado.

Ya se extiende demasiado en el tiempo, la falta de información financiera como excusa para hacerse el sueco cuando vienen mal dadas. Vamos a ver cómo se acaba resolviendo el asunto de los gastos de formalización de una hipoteca, pero ya son demasiados casos, durante demasiados años.

En algún momento, los españoles tendremos que aumentar nuestra cultura financiera y buscar asesoramiento previo si vamos a invertir nuestros ahorros o a realizar la mayor inversión de nuestra vida como es la compra de una casa. Hasta cuándo se va a invocar la ignorancia para que el Estado, es decir todos, acabemos pagando las inversiones de unos pocos si salen mal y algunos despachos forrándose, mientras esos pocos jamás dicen nada si las cosas van bien.