Pero contestando directamente a la pregunta que yo mismo he planteado, diré que en el anuncio de ETA hay una clara intención de propaganda pura y dura, de presentarse ante la opinión pública internacional como unas personas que han entrado en la senda de la sensatez, que no son tan perversas como los aparatos del Estado y los medios de comunicación "vendidos" a esos aparatos les pintan, y que son tan generosos que ahora van y deciden entregar sus armas.

Eso sí, en el camino han asesinado a 858 personas, han herido a miles más, han sembrado mucho dolor por toda España, han destrozado a familias enteras.

El último ejemplo trágico ha sido la muerte de Fernando Altuna Urcelay con 47 años, a cuyo padre, capitán de la policía nacional, ETA asesinó en 1980 cuando Fernando tenía diez años, y que no ha podido superar las heridas psíquicas y psicológicas que aquel atentado terrorista le produjo.

El Gobierno no debería permitir ningún tipo de escenificación del desarme de ETA que conllevara ese plus de presentarse ante la opinión pública como si de una ONG con fines humanitarios se tratara.

Que entreguen las armas y punto y que esta entrega sirva para clarificar los más de 300 asesinatos de la banda terrorista que están todavía pendientes de resolver.

Además, el Gobierno no debería -aunque a corto plazo necesite de sus votos para aprobar los Presupuestos- oír los cantos de sirena del PNV y del lehendakari Urkullu para que, primero facilite ese desarme, y luego cambie su política penitenciaria y acerque a los presos de ETA a las cárceles del País Vasco.

El PNV ha sido un partido profundamente desleal en la lucha contra ETA y ahora, cuando la banda está operativamente acabada, lo que quiere es subirse al carro y colgarse algunas medallas.

Es muy importante que en el relato de lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos cincuenta años, quede muy claro que no hubo ningún "conflicto" de tipo político, ni enfrentamiento entre dos bandos.

Hubo un grupo que asesinó a personas inocentes para conseguir objetivos políticos y eso no puede tener ningún precio porque ahora hayan dejado de matar o quieran entregar sus armas. Hay que aplicar la ley, y los terroristas tienen que seguir cumpliendo sus penas íntegras en la cárcel. Punto y final.

Sobre la bandera nacional, otra persona que interviene dice: "qué asco me da. Sangre y oro" y preguntada que haría si su hijo le pide la camiseta de la selección, contesta: "se la compro, y en el primer lavado echo lejía".

Son sólo algunas de las muestras de lo "amable" y "simpático" que es este video que ha sido calificado por la dirección de la televisión vasca como un programa de humor para intentar justificar lo que no tiene justificación alguna.

Es sencillamente intolerable que en una televisión pública como es la ETB se emitan este tipo de programas. La televisión vasca, al igual que el resto de televisiones autonómicas, la sostienen todos los ciudadanos vascos con sus impuestos y entre ellos hay una diversidad ideológica -nacionalistas, otros que se consideran vascos y españoles, o sólo vascos, o sólo españoles- que debe ser respetada por una televisión de titularidad pública.

Tampoco sería tolerable que eso lo hiciera una cadena privada, porque el respeto y la tolerancia hacia quien piensa diferente es algo que debe quedar al margen de a quién pertenece la propiedad empresarial.

Uno se pregunta por qué las agresiones de este tipo suelen ser casi siempre unidireccionales, siendo el punto de partida el nacionalismo vasco o catalán más recalcitrante que muestra de esa manera su odio a España. ¿Se imaginan un programa, aunque fuera en clave de humor, de Televisión Española, en el que se ridiculizara la forma de ser de los vascos, de los catalanes, así en general, o se dijera que la ikurriña es un trapo que produce asco o que el himno de Cataluña es vomitivo?

La convivencia democrática se basa en el respeto, en primer lugar a las personas, sobre todo a quienes piensan o tienen una ideología distinta a la de uno, pero también a los símbolos que representan a una colectividad que forman una Nación.

Cuando eso no sólo no se respeta, sino que además se insulta o se descalifica, aparte de un claro síntoma de inmadurez democrática, suele ser también una muestra de un grado de cretinez bastante importante.

No es algo nuevo, porque ese mismo victimismo lo explotaron hace unos años los nacionalistas vascos del PNV. Todavía recuerdo al otro hora poderoso líder nacionalista Xabier Arzalluz decir sin ruborizarse que el grito "vascos sí, ETA no" que se coreó en muchas manifestaciones cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco era obra de los Servicios de Inteligencia españoles.

Lo de menos es si se cumple o no la ley, si las investigaciones o denuncias por casos de corrupción que afectan directamente a la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de los Pujol, Mas y compañía son ciertas o no. Todo es una operación pilotada "desde Madrit" como les gusta decir a ellos, para ahogar sus anhelos independentistas.

Además no tienen ningún empacho en montar los "aquelarres" a las puertas de los Tribunales de Justicia -este lunes el "numerito" lo organizaron ante el Tribunal Supremo donde declaró el portavoz de Convergencia, Francesc Homs- en lo que es una clara muestra de intentar presionar en la calle a los jueces.

Contra ese victimismo que apela a los sentimientos y a las emociones, el mejor antídoto es la aplicación estricta de la ley, de toda la ley y de nada más que la ley. Eso es algo de lo que el Estado ha hecho dejación en varios periodos de nuestra historia reciente en las Comunidades Autónomas gobernadas por los nacionalistas, es decir, el País Vasco y Cataluña.

Son numerosos los casos de incumplimiento de la ley en cuestiones que afectan, por ejemplo, al derecho a hablar y a recibir enseñanza en castellano en esas partes de España; al uso de la bandera nacional en edificios oficiales; a la desobediencia por parte de los poderes públicos de sentencias del Tribunal Constitucional o de los Tribunales de justicia.

El desafío independentista planteado desde Cataluña es el principal problema político que tiene España y por ende sus instituciones. Se apela a la necesidad de diálogo y a que los problemas de índole política se resuelven mediante ese medio.

Eso en teoría es verdad, pero en la práctica cuando lo que sucede es que una parte lo que realmente quiere es saltarse la ley, la Constitución, hacer volar por los aires las reglas que nos hemos dado entre todos, entonces el diálogo es metafísicamente imposible y el único camino es cumplir personalmente la ley y hacerla cumplir a quienes se la quieren saltar.

Precisamente a eso es a lo que se comprometió el Presidente del Gobierno, el actual y los anteriores, cuando juraron su cargo ante el Rey.

No, el juicio no ha empezado a su hora porque el baño de masas que se ha dado Artur Más y sus acompañantes se ha ido alargando y ha durado más de lo previsto.

¿Qué le pasaría a un ciudadano de a pie si llega media hora tarde a una cita con el juez? Ya se ve que hasta en estos pequeños o no tan pequeños detalles no es verdad que todos seamos iguales ante la ley.

El aquelarre que ha acompañado a Mas hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es lisa y llanamente una forma de querer influir en los jueces que tienen que juzgar al ex-Presidente de la Generalitat y a los otros dos miembros de su Gobierno por dos delitos: el de desobediencia al Tribunal Constitucional y el de prevaricación.

¿Quién ha pagado la parafernalia que ha supuesto traer hasta Barcelona y sacar a la calle a las cerca de 40.000 personas que según la Guardia Urbana han estado arropando a Mas?

Es evidente que los nacionalistas son unos maestros en organizar este tipo de montajes, donde se mezcla todo: el sentimentalismo, el victimismo, la bandera, el concepto de democracia, los eslóganes.

Pero al final consiguen que la atención se centre en ellos y que no se hable de otra cosa al menos durante un cierto tiempo.

Lo de menos es si se cometió un delito, si un cargo público como era Artur Mas prevaricó a conciencia que lo hacía al convocar una consulta que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. Y además habrá que recordar que el Presidente de la Generalitat es el máximo representante del Estado en su Comunidad.

El pulso que los independentistas catalanes lanzaron hace ya cuatro años a ese Estado al que más tenía que defender sigue vivo y lo sucedido este lunes en Barcelona no hace más que confirmarlo.

¿Qué hará el Gobierno de España para pararlo? De momento, Rajoy sigue ofreciendo diálogo dentro de la ley. ¿Diálogo con alguien que no quiere saber nada de ti? Los independentistas están muertos de la risa y el resto de los españoles pagando de nuestros bolsillos sus gracias.

Al menos, esa circunstancia de haberse desbloqueado la parálisis institucional que se ha sufrido a lo largo de 2016, dotó al discurso del Monarca de un entorno más tranquilo y quizás también eso explique que el interés por el discurso real, en términos de audiencia televisiva, haya descendido notablemente en relación a años anteriores.

De lo que no se ha librado el Rey es de las ya también tradicionales críticas de los partidos nacionalistas, a los que en esta ocasión se han unido las de Podemos. Felipe VI consideró "inadmisibles" las actitudes y los comportamientos contra "los derechos que tienen y comparten todos los españoles para la organización de la vida en común. Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y, luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad". Obviamente, los partidos catalanes que están impulsando el proceso secesionista de Cataluña se han dado por aludidos y han respondido de forma crítica a estas palabras del Rey.

Parece lógico que en un discurso real, que aunque sea pronunciado en el marco de la Nochebuena siempre tiene un cierto contenido político, el Jefe del Estado haga una apelación y un llamamiento a aquellos que pretenden, saltándose la ley, romper ese Estado del que él es la máxima autoridad, mediante un proceso que persigue separar a Cataluña del resto de España. Lo raro es que Felipe VI no hubiera dicho nada respecto a lo que sin duda es el mayor problema político al que se enfrenta no sólo el gobierno de la Nación, sino esta en su conjunto.

Por eso, las críticas de los partidos nacionalistas están también dentro del guion. Más endeble parecen los argumentos esgrimidos por Podemos, que a través de su secretario de organización, Pablo Echenique ha dicho que el discurso del Rey "lo podría haber firmado Rajoy de principio a fin". Poco original ha estado el número tres de la formación podemita, debido quizás a que sus energías están puestas más en las batallas internas que en estas semanas protagonizan los dos sectores de Podemos, pablistas y errejonistas, que en intentar comprender que el Jefe del Estado lo que tiene que hacer de manera prioritaria es pedir a todos que se cumpla la ley y defender que todos los españoles somos iguales ante ella. Parece evidente que esto "va de soi".

Ciudadanos aglutinó en gran medida en todas las elecciones que ha habido en los dos últimos años el voto de descontento con el PP. Pero eso no parece que vaya a dar más de sí, porque en la lógica de los hechos está que la formación popular, al conseguir mantenerse en el poder con un liderazgo, el de Rajoy, que nadie discute dentro de su partido, vaya recuperando el voto perdido.

Todas las encuestas publicadas en las últimas semanas así lo ponen de manifiesto: si hoy volvieran a celebrarse unas elecciones generales en España, el PP subiría en intención de voto y pasaría de los 137 escaños actuales a tener en torno a 155. Es cierto que en esas mismas encuestas Ciudadanos se mantiene o baja muy poco, y ese es precisamente el problema que tiene la formación naranja.

Cuando irrumpió en la política nacional, Ciudadanos fue percibido como un partido nuevo, con gente joven, no salpicada por la corrupción y que venía con grandes deseos de regenerar la vida política. Algunas de sus propuestas: reforma de la justicia para que de verdad sea independiente, supresión de los aforamientos, tolerancia cero con la corrupción, fueron percibidas como un intento de darle la vuelta a la situación. No es que esa impresión haya desaparecido, pero al menos se ha mitigado el entusiasmo que suscitó.

Un proyecto político es viable y tiene futuro en la medida que es percibido como útil por los ciudadanos. En cuanto pierde o se difumina esa utilidad es cuando empiezan los problemas. La decisión de quienes mandan en Ciudadanos de no participar en ninguno de los gobiernos autonómicos que han apoyado -Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León, la Rioja- así como el de no querer tampoco ir más allá que facilitar la investidura de Rajoy sin entrar a formar parte del Gobierno de la Nación, es algo que con el paso del tiempo puede volverse más en contra que a favor de la formación de Rivera, precisamente porque deje de percibirse ese concepto de utilidad.

Si a eso se añade la imagen de un liderazgo excesivamente centrado en una persona junto a algunos tics con cierto tufillo autoritario o de excesivo control desde la cúpula del partido, entonces los problemas se irán agrandando. Y precedentes hay en nuestra historia reciente, léase el caso de UPyD, para saber cómo suelen acabar esos procesos.

Al final, Rajoy va consiguiendo poco a poco lo que fue su idea inicial desde la misma noche electoral de hace casi ya un año, el 20-D, cuando el PP ganó las elecciones generales con 123 escaños, muy alejado por tanto de la mayoría absoluta.

En aquellas circunstancias, Rajoy ya propuso un gran acuerdo con el PSOE, pero este partido, con Pedro Sánchez de máximo responsables, que había cosechado en dichas elecciones el peor resultado de su historia, 90 diputados, hizo oídos sordos a la oferta del líder del PP y prefirió buscar el entendimiento con Ciudadanos y con Podemos, algo que no logró y que supuso el principio del fin de Sánchez.

Es normal que con el actual mapa político, Rajoy prefiera pactar y llegar a acuerdos con el PSOE antes que con Ciudadanos. En primer lugar, por una pura cuestión aritmética: los actuales 85 escaños socialistas le garantizan una mayoría holgada para sacar adelante en el Congreso las iniciativas legislativas, algo que no sucede con los 32 escaños del partido de Albert Rivera.

Pero es que además, Rajoy es consciente de la necesidad de recuperar al PSOE para alcanzar una mínima estabilidad institucional, pensando en una legislatura donde el proceso secesionista impulsado en Cataluña por los partidos independentistas será un reto que exigirá el entendimiento y el acuerdo entre el PP y los socialistas.

Además, la grave crisis interna que ha vivido y sigue viviendo el PSOE sólo favorece, en términos electorales, a Podemos como así ponen de manifiesto todas las encuestas publicadas en las últimas semanas en las que el partido de Pablo Iglesias adelanta en intención de voto a los socialistas.

De eso también es consciente Rajoy, y aunque pueda resultar contradictorio con la ayuda que de manera indirecta le han prestado los largos tentáculos gubernamentales a Podemos en los dos últimos años, parece ser que el Presidente del Gobierno ha llegado a la conclusión de que es el momento de echar una mano al PSOE, para que este partido vuelva a ser el referente en el electorado de la izquierda en detrimento de las huestes de Pablo Iglesias. Lo dicho, el bipartidismo está de vuelta y los grandes perjudicados son sin duda los cada vez menos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos.

Y claro, una cosa es haber parado en seco los intentos de Sánchez, muy avanzados por lo que se ha ido sabiendo, de formar un gobierno alternativo al del PP, con Podemos y con los independentistas catalanes, y otra muy distinta es llevar a cabo un cambio de postura tan radical -pasar del no a la abstención-, para propiciar de esa forma que se pueda formar un gobierno presidido por Rajoy.

Pero es que se podría decir que "a la fuerza ahorcan". El PSOE sólo tiene dos posibilidades: o se abstiene en la investidura del líder del PP o se va a unas terceras elecciones el 18 de diciembre. Y tras el espectáculo dado por los socialistas en las últimas semanas, las previsiones electorales en caso de una nueva cita con las urnas no son nada buenas para ellos.

Podrían seguir su imparable caída y pasar de los actuales 85 diputados a tener entre 65 y 70. Como punto de comparación para calibrar el "desastre" socialista, baste con recordar que cuando el PSOE, con Felipe González como candidato, ganó las elecciones generales en 1982, tuvo 202 diputados.

Pero no es sólo este razón de un pésimo horizonte electoral lo que debería llevar al PSOE a virar del "no es no" de Sánchez a la abstención. Es que también saben los principales dirigentes socialistas que el partido necesita una profunda catarsis, un periodo de recuperación, y que el mejor lugar para llevar a cabo esa tarea es en la oposición. Un lugar donde tendrá que batallar para que su gran rival ideológico en la actualidad, Podemos, no le quite ese espacio.

La decisión que en los próximos días tendrá que tomar el PSOE no es fácil y, haga lo que haga, las discrepancias internas seguirán latentes. Pero más vale pasar un mal rato -decidirse por la abstención- que ir a unas terceras elecciones, donde el resultado podría ser nefasto e incluso ser superados por Podemos, algo que, conviene recordarlo, el ahora denostado Pedro Sánchez consiguió evitar tanto en las elecciones de diciembre como en las del pasado mes de junio.

Sin embargo no está tan claro que esa falta de castigo suceda en lo que se refiere a las divisiones o peleas internas. Dos casos en nuestra reciente historia: el de la UCD o el más cercano de UPyD. Por eso el PSOE, o lo que queda del mismo, debería estar muy preocupado -y seguro que las personas sensatas que hay en ese partido lo están- por el lamentable y bochornoso espectáculo dado a lo largo de la semana pasada y especialmente durante el sábado con el aquelarre de Comité Federal que terminó con la dimisión del hasta ahora secretario general Pedro Sánchez.

Decía la lideresa socialista de Andalucía, Susana Díaz, en vísperas del citado Comité Federal, que el PSOE de su región estaría siempre para ayudar a coser lo que hiciera falta en el seno del partido.

Me temo que lo que necesita el partido fundado por Pablo Iglesias -el verdadero, no confundir con el líder de Podemos- es algo más que un simple remiendo o labor de costura. El PSOE, como reconocieron algunas voces el pasado sábado a la salida de la esperpéntica reunión de su Comité Federal, está roto, destrozado, hecho añicos. Y eso, reitero, no se arregla con una serie de puntadas aunque el hilo utilizado fuera de gran calidad.

El PSOE, aunque pueda sonar un poco a tópico, es un partido muy necesario en el engranaje político e institucional de nuestro País. Ha gobernado España veintiuno de los treinta y nueve que llevamos de democracia siendo en todo ese tiempo el referente de un espacio ideológico que se podría etiquetar como socialdemócrata.

Por eso es deseable que los socialistas resuelvan bien su profunda crisis, que no es solamente de liderazgo, sino fundamentalmente de ideas, de proyecto ideológico, de posicionamiento político ante los desafíos que tiene nuestro País en esta primera mitad del siglo XXI.

Tiene que volver a ser un partido que recupere la centralidad y desde ella mirar a la izquierda y no como en los últimos tiempos, que por la irrupción de Podemos, se ha anclado en una izquierda rancia desde la que ha tonteado con los nacionalismos, con la memoria histórica, olvidando que su proyecto es socialista, obrero y sobre todo, español.

Con este triunfo, y aunque él haya dicho en las horas posteriores al recuento electoral, que su compromiso con Galicia es para cuatro años -¿qué otra cosa puede decir al día siguiente de las elecciones?- Feijóo se convierte en el hombre fuerte del PP a la espera del relevo que en algún momento se tendrá que producir de Rajoy. Esto no quiere decir que ese relevo vaya a ser inmediato; dependerá en gran medida de lo que pase en las próximas semanas. Si Sánchez -cosa harto improbable- sobrevive a la crisis que estos días va a tener en el seno de su partido y consigue formar gobierno con Podemos y los independentistas, entonces lo lógico es que Rajoy no quiera seguir en la política siendo el líder de la oposición y en ese caso, sería la hora de Feijóo.

Si por el contrario, hay unas terceras elecciones -algo que tanto el PSOE como Podemos y Ciudadanos tendrían que estar interesados en evitar porque está claro que el que saldría reforzado de ellas sería el PP- y Rajoy consigue ser Presidente del Gobierno, entonces el momento de Feijóo tendrá que esperar a lo que dure esa nueva legislatura para tomar el relevo de su paisano Rajoy.

Pero en cualquier caso, con el resultado del pasado domingo en Galicia, la batalla interna en el PP por la sucesión de su actual líder se ha clarificado mucho. La gran damnificada de ello es sin duda la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuya aspiración a ser el relevo de Rajoy era algo por todos conocido. Pero así es la política; Feijóo se jugaba el domingo muchas cosas. Si no hubiera obtenido la mayoría absoluta sería hombre muerte, políticamente hablando. Con su triunfo, su meta a corto, medio plazo, está en el Palacio de la Moncloa, aunque de momento tenga que permanecer en el Palacio de Raxoi, que así se llama -que le vamos a hacer- la sede de la Presidencia de la Xunta de Galicia.

Pero también hay una diferencia entre ambos: el popular Alberto Núñez Feijóo sabe que si quiere seguir siendo el Presidente de la Xunta de Galicia, el próximo domingo necesita revalidar su mayoría absoluta o en último caso quedarse muy cerca de ella a la espera de que Ciudadanos logre algún escaño y pueda apoyarse en el partido de Albert Rivera. Sin embargo, Iñigo Urkullu no tendrá esa mayoría absoluta, pero sin embargo eso no será óbice para que pueda seguir en Ajuria-Enea. Para ello tendrá varias alternativas: o pactar con el PSE, que aunque las encuestas le auguran un buen batacazo podrá apoyar al PNV, o incluso plantearse un acuerdo con Bildu, lo cual implicaría una radicalización en la acción y en el discurso "templado" que el PNV ha venido practicando desde la mala experiencia que tuvo y que le llevó cuatro años a la oposición con el que se conoció como "plan Ibarretxe".

En unos tiempos tan convulsos en la política española, dirigentes como Feijóo y Urkullu son valorados por la normalidad y la cotidianeidad que aportan a su acción política. Por eso, el próximo domingo van a tener un buen resultado dado que van a concentrar en torno a su liderazgo mucho voto útil. En el caso de Urkullu, y ante el temor de que Podemos y Bildu pudieran tener los suficientes apoyos para poder gobernar, algo harto improbable, el PNV va a recibir un voto útil de votantes del PP, sobre todo en Álava o en núcleos urbanos como Bilbao y San Sebastián. En el caso de Feijóo, en esta última semana de campaña su empeño será captar el voto de Ciudadanos, con el argumento de que votar al partido de Rivera en Galicia puede que no sirva para que tengan escaño pero si para provocar que el PP no alcance la mayoría absoluta.

A partir del domingo, Feijóo y Urkullu seguirán caminos políticos diferentes. En el caso del candidato del PNV es obvio que su meta y aspiración máxima es la de seguir siendo lehendakari de Euskadi. Sin embargo, el probable triunfo de Feijóo le convertirá, sin ningún género de duda, en un sucesor natural de Rajoy cuando este decida dar un paso atrás, que ese es otro cantar.

Es cierto que en los últimos tiempos a González -lo mismo le sucede a Aznar en el PP- los actuales dirigentes del PSOE no le hacen mucho caso, lo cual no significa que sus reflexiones acerca de lo que está sucediendo en España carezcan de interés o no estén llenas de sentido común.

Lo último que ha dicho González es que si hubiera unas terceras elecciones, los cabezas de lista de los principales partidos políticos deberían retirarse para evitarse entre otras cosas el bochorno de tener que explicar a los ciudadanos que se han equivocado dos veces con lo que votaron y que es necesario que voten una tercera vez en el corto periodo de un año.

Estoy convencido que muchos ciudadanos compartirán este análisis y esta propuesta de González y que incluso a algunos les parecerá que se queda demasiado corto.

Pero más allá que ninguno de los líderes de los cuatro principales partidos dará un paso atrás, y si hay unas terceras elecciones en diciembre volverán a ser candidatos, sí es cierto que la incapacidad que han demostrado para llegar a acuerdos y poner en marcha el Gobierno resulta muy exasperante para los ciudadanos.

Por ser justos, habrá que decir que no se puede atribuir la misma responsabilidad a todos, porque algunos de esos líderes -concretamente Albert Rivera de Ciudadanos- han demostrado con hechos que han intentado poner los medios para desbloquear la situación. Después de las primeras elecciones alcanzó un pacto con el PSOE y tras las segundas hizo lo mismo con el PP, aunque en ambos casos resultó insuficiente.

Se puede pensar, con razón, que la responsabilidad mayor es de quien ha sido el más votado y ha demostrado, también con hechos, su poca capacidad para sumar apoyos.

Es el caso de Rajoy. O también es difícil de entender la postura de Sánchez y del PSOE de seguir instalados en el no y ni siquiera permitir, con la abstención, que gobierne en minoría el PP. Iglesias es el que lo ha tenido más fácil porque tras no querer apoyar en marzo el pacto PSOE-Ciudadanos, los 71 diputados de Podemos tampoco dan para mucho.

Siendo cierto que la responsabilidad de unos y otros es distinta, no deja de tener su punto de razón la propuesta de González aunque no se vaya a materializar. Pero los ciudadanos siempre tendrán la posibilidad, en unas terceras elecciones, de determinar con su voto quien ha sido más culpable de la situación de bloqueo institucional que estamos viviendo.

Sánchez es consciente de varias cosas. Por ejemplo, que en marzo, cuando Podemos impidió su investidura, se perdió una gran oportunidad para echar a Rajoy de la Moncloa. Esa falta de acuerdo llevó a las elecciones del pasado 26-J donde el PP salió reforzado -de hecho fue el único partido que subió en escaños con respecto a los resultados obtenidos en diciembre- y aunque el PSOE salvó los muebles al no producirse el "sorpasso" de Podemos, sin embargo obtuvo el peor resultado de su historia. Sánchez no quiere dar una tercera oportunidad a Rajoy y por eso se va a emplear a fondo para evitar unas terceras elecciones el próximo mes de diciembre.

Pero el líder del PSOE también es consciente que ésta puede ser su última bala ya que sabe que en su partido y en los aledaños del mismo son varios los personajes que le están esperando. No se trata simplemente de barones críticos como pueden ser el extremeño Fernández Vara o el castellano manchego García Page o la desaparecida Susana Díaz. Hay otros importantes sectores influyentes en la órbita socialista -incluidos algunos medios de comunicación- que ya se han cansado de la postura obstruccionista de Sánchez y que le piden directamente que dé un paso atrás.

Si algo ha demostrado el actual líder del PSOE desde que hace dos años largos se hizo con la secretaria general de su partido tras vencer en unas elecciones primarias es que es un auténtico resistente. En muchos momentos -sobre todo después de las elecciones generales del pasado mes de diciembre- se le ha dado por muerto y, sin embargo, él ahí sigue defendido con bastante coherencia y gran contundencia su "no" a la investidura de Rajoy porque está convencido que eso era lo que querían gran parte de los votantes y sobre todo de los militantes socialistas. En las próximas semanas se va a saber si es capaz de articular una mayoría parlamentaria en torno a su persona, o si por el contrario tiene que desistir en el intento e ir a unas terceras elecciones donde, a día de hoy, puede pasar de todo.

Y si eso sucede, empezará el mes de agosto con una gran incertidumbre sobre el inmediato futuro, aunque no estoy muy seguro que a una gran parte de los ciudadanos, ya de vacaciones, esto les preocupe o les importe mucho.

La cuestión es que esta casi nula capacidad para negociar y pactar que han demostrado en estos meses las cuatro principales fuerzas políticas -PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos- pone en evidencia la falta de madurez, de altura de miras, de los actuales dirigentes políticos.

Nada que ver con lo que sucedió hace cuarenta años con motivo de la transición política, cuando las derechas y las izquierdas, léase AP, UCD, PSOE y PCE, supieron apartar sus intereses partidistas y negociar de forma modélica una transición de una dictadura a una democracia, algo que no hubiese sido posible sin, reitero, esa voluntad política de llegar a acuerdos, de pactar, lo que implicaba también renuncias por parte de todos.

A día de hoy no queda casi nada de eso que vino en llamarse el 'espíritu de la transición' y una circunstancia, no la única pero si importante, que lo explica es el peor nivel de los actuales políticos si se compara con los de aquella época.

Sólo basta pensar en la importante labor que entonces hicieron políticos con ideologías y procedencias tan dispares como Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo o Manuel Fraga y aunque el refrán diga que "todas las comparaciones son odiosas", hacer ese ejercicio con algunos, no todos, de los actuales responsables políticos.

Si en los próximos días o semanas no hay ningún tipo de acuerdo que desbloquee la actual situación para elegir Presidente y formar gobierno, estaremos abocados a unas terceras elecciones generales en el plazo de un año, lo cual en sí mismo considerado, es un tremendo fracaso de la actual clase política.

Porque los españoles han votado libremente en diciembre y junio y han dicho claramente lo que quieren: no a las mayorías absolutas, sí a gobiernos entre diferentes que tengan que pactar y acordar. Los ciudadanos ya han cumplido con su deber. Ahora sólo queda que lo hagan los políticos, lo cual, lo reconozco, puede ser más una expresión voluntarista que otra cosa.

Salvo la decisión tomada por Ciudadanos de abstenerse en la segunda votación de una hipotética investidura de Rajoy, nadie más ha movido ficha. El PSOE sigue instalado en el "no", aunque muchos piensen que si a última hora hiciera falta, podría abstenerse para dejar gobernar al candidato del PP. Pero de momento, la decisión del Comité Federal del PSOE es un rotundo "no" a esa investidura.

El PP y su candidato Rajoy tampoco es que hayan hecho, de momento, grandes esfuerzos para granjearse el apoyo de alguna otra fuerza política. Da la impresión que los populares lo juegan todo a una sola carta: o el PSOE se abstiene y les permite gobernar o se irá a unas terceras elecciones, en el convencimiento que en esa nueva cita con las urnas los resultados les serían más favorables. En cuanto a Podemos, sus malos resultados del 26-J les sacan del circuito de influencia a la hora de ser determinantes para la configuración del nuevo ejecutivo.

Con media España de vacaciones y la otra media a pocos días de estarlo, los ciudadanos asisten entre cansados y pasotas a este esperpento en que se ha convertido el proceso de formar gobierno. Son ya muchos meses de dimes y diretes, donde la clase política ha dado muestras más que evidentes de una mediocridad alarmante.

Nadie piensa en el bien general, en lo que interesa a nuestro País. Todo es puro interés personal y partidista. Falta altura de miras, capacidad de negociar y pactar. Es una clase política, la que actualmente campa por España, muy ramplona. Pero tampoco está claro que ese cansancio y hartazgo ciudadano se tradujera en no ir a votar si hubiera nuevas elecciones. El 26-J, donde ya existía ese hastío, la participación fue ligeramente superior que la que hubo en diciembre.

Estamos viviendo el peor momento, desde el punto de vista de lo que debe ser la actividad política, si se toma como referencia temporal la transición política. Entonces si hubo por parte de los dirigentes políticos de aquel momento -Suárez, Carrillo, González, Fraga- altura de miras y capacidad para ceder y pactar. Todos se dejaron algún pelo en la gatera.

Y gracias a eso, la transición de la dictadura a la democracia fue un éxito. Cuarenta años después, no estaría de más que los políticos actuales se miraran en aquel espejo y sacaran sus conclusiones.

Tienen razón los dirigentes socialistas cuando en los días posteriores a las elecciones se han quejado del hecho de que el foco de atención informativa se haya puesto sobre ellos en mayor proporción que sobre el partido ganador que es a quien corresponde mover ficha para la conformación del próximo gobierno.

Pero como decía antes, la aritmética parlamentaria, como consecuencia de los resultados electorales, no entiende de esas sutilezas y el hecho cierto es que o el PSOE se abstiene en la votación de investidura de Rajoy, o este tendrá muy complicado ser Presidente del Gobierno. Por lo tanto, el dilema socialista a día de hoy es ese: facilitar con su abstención la investidura del candidato popular o correr el riesgo de ir a unas terceras elecciones.

Porque es perfectamente entendible que el PSOE no contemple, le ofrezcan lo que le ofrezcan, un gobierno de gran coalición con el PP. Tras tener, repito, los peores resultados de su historia, lo que dicta el sentido común es irse a la oposición y desde ese lugar, reconstruir con tiempo el proyecto político e ideológico que ha gobernado en España durante veintiuno de los treinta y nueve años transcurridos desde las primera elecciones democráticas en 1977.

Y como resultaría descabellado la hipótesis de que tras una supuesta fallida investidura de Rajoy, el PSOE intentara un gobierno con Podemos y los independentistas catalanes de ERC y CIU, la única decisión importante que tiene que tomar en los próximos días es: o abstenerse para facilitar la investidura de Rajoy y a continuación irse a la oposición, o jugar con el fuego de unas terceras elecciones dentro de unos meses.

Este último escenario, que hipotéticamente nadie lo quiere, si a alguien perjudicaría en caso de producirse sería a aquellos que habiendo estado en su mano, no han hecho nada por impedirlo. Me temo que el PSOE, en ese supuesto, tendría muy complicado explicar por qué no dejó gobernar a quien ganó con bastante margen de distancia sobre los demás las elecciones.

Hubo otros dos medio perdedores en la noche electoral: Pedro Sánchez y Albert Rivera. El líder socialista puede presumir de que su partido sigue siendo la primera fuerza en el bloque de izquierdas, evitando el manido sorpasso de Podemos. Y eso en sí es un gran logro. Pero al mismo tiempo no puede obviar que ha cosechado el peor resultado, en número de escaños, que el PSOE ha sacado desde la transición democrática. Ha pasado de los 202 que tuvo Felipe González en 1982 a los 85 que sacó el este domingo. En cuanto al líder de Ciudadanos, ha perdido ocho escaños con respecto a las elecciones de diciembre, pero ha tenido el mérito de aguantar la polarización de la campaña y el llamamiento al voto del miedo al que apeló el PP en el tramo final de la misma.

¿Y ahora qué? Pues ahora no queda otra que formar gobierno, tarea que corresponderá liderar, en puridad democrática, al candidato de la lista más votada, es decir, a Rajoy. No lo tendrá fácil, porque para conseguir ser investido Presidente será imprescindible la abstención del PSOE y esta es una decisión que los dirigentes socialistas tendrán que tomar, pensando en que quizás lo que más les convenga sea permitir que gobierne el PP y ellos irse a la oposición para regenerare y rehacer el proyecto socialdemócrata que es el que le ha dado en otros momentos la victoria al PSOE y le ha permitido gobernar en España durante más de veinte años.

Si Rajoy consigue ser investido Presidente, luego tendrá que gobernar, algo que no será sencillo porque para ello sólo podrá contar, en teoría y depende para qué, con los 32 escaños de Ciudadanos, que tampoco le garantiza la mayoría necesaria para sacar adelante las leyes en el Congreso de los Diputados. En resumen, la situación política e institucional de nuestro País se presenta harto complicada, aunque quizás algo menos de la que se dibujó tras las elecciones del pasado 20-D. Ha llegado la hora de hablar, de pactar, de acordar, porque lo que sería un auténtico desastre en que volviéramos a la situación de bloqueo de los últimos seis meses que abocaron a estas nuevas elecciones.

Las encuestas publicadas en las últimas horas en que la ley electoral lo permite -que absurda es esa prohibición de no poder difundir públicamente sondeos desde seis días antes de las elecciones, que algunos medios se la saltan a la torera publicándolas, por ejemplo, en Andorra- apuntan a un mapa político igual o más endiablado del que salió de las urnas el pasado 20 de diciembre. Parece muy claro que ningún partido va a tener mayoría absoluta y que el bipartidismo PP-PSOE forma parte ya de nuestra historia reciente. También parece probable que el PP vuelva a ser la lista más votada, pero con una horquilla de escaños, dependiendo de las encuestas que se consulten, entre 114 y 130, cifra muy alejada de los 176 que es donde se sitúa la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

La gran incógnita de la noche electoral será saber si la coalición de Podemos con IU superará o no al PSOE y en caso de darse el manido sorpasso, constatar si se produce no sólo en votos sino también en escaños. Si Unidos Podemos queda por delante del PSOE, este partido tendrá que tomar en pocos días varias decisiones muy importantes para su futuro: permitir o no la continuidad de Pedro Sánchez como secretario general y en segundo término, que postura adoptan de cara a la oferta que con toda seguridad recibirán tanto de Podemos como del PP para formar gobierno y facilitar la investidura, bien de Pablo Iglesias o de Mariano Rajoy. Se puede dar por tanto la paradoja de que el PSOE, con el peor resultado de su historia, tendrá en sus manos la decisión de quien será el próximo Presidente del Gobierno.

Y claro, ante este panorama tan endiablado para llegar a acuerdos y a pactos, empieza a tomar cuerpo la posibilidad de unas terceras elecciones allá por el mes de diciembre. Aunque se oiga a todos los líderes de los cuatro principales partidos hacer declaraciones de intenciones en el sentido de que eso habría que evitarlo a toda costa, al final son los que menos autoridad moral tienen para resultar creíbles, después de analizar lo que hicieron o dejaron de hacer tras el 20-D. Esta gran incógnita se empezará a despejar el día después del 26-J.

El no respetar los símbolos nacionales -el himno y la bandera- o los de las Comunidades Autónomas lo único que demuestra es una falta de respeto, de intolerancia y de inmadurez democrática. El problema es que esas faltas de respeto, de intolerancia y de inmadurez democrática en la mayor parte de los casos se producen en una única y misma dirección, sin que se ponga por parte del Estado ningún remedio para evitarlo.

De este estado de cosas no están libres de culpa los propios clubes deportivos. En el caso del Barca, durante los últimos años, este club ha sido, como institución relevante en la sociedad catalana, un elemento colaborador activo del proceso secesionista puesto en marcha por los partidos independentistas catalanes, CiU y ERC, con el ex-Presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la cabeza. El Barça se ha adherido y ha apoyado a manifiestos independentistas; su estadio ha sido utilizado para manifestaciones de ese sesgo; algunos de sus directivos -el caso más flagrante fue el de Joan Laporta- han utilizado la institución deportiva como trampolín para dar posteriormente el salto a la política. Y, por tanto, lo que debería ser única y exclusivamente un club de fútbol se ha convertido en una parte relevante del mapa sociopolítico de Cataluña. En el caso del Athletic de Bilbao esta pauta de conducta no ha sido tan acusada, al menos en los últimos años, a pesar de que en la conformación de las diversas directivas del club rojiblanco, el PNV siempre ha tenido mucho interés en intervenir y estar presente.

En definitiva, acostumbrarse o tolerar que se utilicen acontecimientos deportivos de gran impacto mediático como puede ser una final de la Copa del Rey de fútbol para mofarse o insultar a los símbolos de la Nación española es algo que hay que intentar desterrar. Y aparte de las medidas que puedan adoptar los responsables de las Instituciones, no estaría de más que los propios clubes cuyas aficiones, o parte de ellas, son las que dan la nota, empiecen por despolitizarse y dedicarse a lo único que deberían: el deporte.

Por todo ello es de esperar que las casi cuatro semanas que restan hasta la nueva cita con las urnas transcurran plácidamente, sin que los partidos políticos machaquen a los ciudadanos. Ya han acordado reducir prácticamente a cero la publicidad exterior, en la calle, en las vallas y farolas. Algo es algo. La campaña debería transitar sin mucho ruido y con muy pocas alharacas. Dadas las circunstancias, los debates electorales en los medios de comunicación pueden ser en esta ocasión un instrumento muy pertinente, porque además de su coste cero para el erario público, permite que los ciudadanos puedan optar por verlos o no, dependiendo de las ganas y el interés que tengan.

Un elemento de cierto alivio es que la campaña electoral va a coincidir con la primera fase de la Eurocopa de fútbol que comenzará en Francia el próximo día 10. No hace falta tener dotes de adivino para saber que el interés de la gente va a estar mucho más con seguir lo que pasa en ese importante evento deportivo, en el que además juega nuestra selección que con lo que dicen los Rajoy, Sánchez, Iglesias o Rivera de turno.

Dicho lo cual, habrá que subrayar que unas elecciones generales -aunque en este caso se lleven a cabo como consecuencia de un fracaso de los políticos- siempre son importantes porque en principio marcarán el rumbo de los asuntos públicos de nuestro País para el futuro inmediato. Es de esperar que esta vez sí, que en esta ocasión, sean cual sean los resultados, los diferentes responsables políticos estén a la altura de las circunstancias, se pongan de acuerdo en un corto plazo de tiempo y que España tenga un gobierno cuanto antes, a pesar de que algunos defiendan que en estos seis meses con un gobierno en funciones, tampoco ha pasado nada que haya sido irremediable.