La divergencia de opinión y visión sobre el futuro de España de los cuatro partidos más votados en las pasadas elecciones del 20 de diciembre ha hecho hasta ahora imposible un acuerdo de Gobierno. Es lícito pensar, que ante esta incapacidad de formar gobierno de los partidos más representativos de la sociedad española, España pronto se enfrentará a una legislatura donde el diálogo y la búsqueda de consenso serán piezas clave para alcanzar acuerdos en la diferentes Cámaras de representación.

Es precisamente este nuevo contexto político el que obliga a las organizaciones a establecer un diálogo continuo con las instituciones, los stakeholders y los actores principales que influyen en la toma de decisiones políticas. En esta nueva etapa política sin mayoría absoluta en el Congreso, las relaciones entre empresas e instituciones cobran más importancia que nunca.

Los resultados obtenidos por las empresas dependen cada vez más de cómo se gestione el diálogo con las instituciones. Es importante conocer el contexto político en el que se opera para poder prevenir cambios legislativos que afecten directamente sobre la cuenta de resultados. Las organizaciones empresariales no pueden ignorar el nuevo marco político y es esencial complementar las estrategias de comunicación con estrategias de asuntos públicos. Este planteamiento debe hacerse desde el primer momento en el que se marcan los objetivos empresariales ya que las decisiones políticas influirán positiva o negativamente dependiendo de cómo se haya elaborado la estrategia de asuntos públicos

Ninguna corporación anglosajona es ajena al resultado de las decisiones políticas a la hora de acometer sus objetivos profesionales y sería muy ingenuo pensar que en España, estas reglas no nos aplican.

Que las empresas hablen con los representantes políticos para comunícales sus intereses y sus planes no es algo nuevo. El hacerlo desde un enfoque regulado y estratégico sí lo es, y es ahí hacia donde tiende la manera de hacer lobby en España. Hacer lobby no es solo una actividad legítima sino que es una actividad que toda empresa debe de llevar a cabo de manera sostenida para mantener un grado óptimo de interlocución con los representantes públicos. 

Las empresas españolas se han dado cuenta de que este dialogo con las instituciones es indispensable y muchas comienzan a dar un enfoque proactivo a la gestión de asuntos públicos, bien nombrando una persona responsable o bien contratando los servicios de una consultora. Cuando hablamos de enfoque proactivo hablamos de una estratégica prolongada de relaciones con los stakeholders, con el fin de establecer un diálogo continuado entre los agentes políticos que gestionen sus intereses. Cada vez son más la empresas españolas que ponen en práctica un engagement program para monitorizar políticas de interés y prevenir cambios que afecten a su core business, elaborar eventos con representantes de las instituciones para darles a conocer sus estrategias y planes de futuro o elaborar informes que les sirven como llave para abrir puertas antes cerradas.

En definitiva, caminamos hacia una nueva realidad donde la gestión de los asuntos públicos es una pieza clave en la consecución de objetivos de cualquier empresa.