El viernes será una pelea por conseguir un anecdótico liderato. En 2014 era un partido por la supervivencia de Osasuna, temporada en la que se tuvieron que tomar decisiones muy complejas y delicadas que muchos hipócritas aplaudieron en silencio para años más tarde, rasgarse las vestiduras como buenos fariseos. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio.

 Aunque conocía a Juan del CD Larraina, nuestros destinos se unieron con ocasión del proceso judicial que se inició contra la directiva del Club de aquel año 2014. Han sido muchas horas compartidas. Como buen osasunista, tuvo en los procesos más sinsabores que alegrías. Lo sobrellevó todo con una envidiable resignación cristiana y con la convicción que en el Juicio que le espera en el Cielo, contará con la ayuda de San Francisco Javier y San Fermin. Y que ellos alegarán –en su defensa- que todo lo hizo por amor a su Osasuna. Y Juan les dirá lo que nos decía. Que por el bien de Osasuna, haría lo mismo que hizo.

Su prematura partida nos impide compartir –para lo bueno o lo malo- la Sentencia del Tribunal Supremo que debe dictarse en los próximos meses sobre el caso amaños. Juan sufrió mucho con los procesos judiciales a los que se vio abocado pero tenía la conciencia muy tranquila y no logró entender el ensañamiento procesal que, en ocasiones, demostró un Club al que le constaba –como a cualquiera que conociera a Juan- que no se había llevado un euro y al que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo robado a su querida Conchita y sus tres hijos. Ese sufrimiento no le impidió seguir siendo un caballero dentro y fuera del Juzgado: buscando una palabra amable o ayudando a otras personas en su defensa, sin pedir nada a cambio. Juan se hizo querer.

Nos deja a los 85 años de edad, al igual que lo está haciendo la generación que sacó adelante España tras la trágica guerra civil y que permitió con su esfuerzo construir la transición que nos ha llevado a un estado de bienestar que disfrutan sus tres hijos pero que no verán ninguno de sus seis nietos ni sus bisnietos. Ha sido un honor tenerlo como cliente todos estos años. DEP, Juan.

Hasta el punto de generarse situaciones de violencia por grupos radicales de extrema izquierda que responden más a estrategias políticas interesadas que a una reivindicación serena de un debate sobre la libertad de expresión. Voy a referirme a los límites de la libertad de expresión y tratar de explicar cómo es posible que alguien vaya a la cárcel por una condena de nueve meses de prisión por un delito de expresión. 

El artículo 20 de la Constitución garantiza el derecho «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».  Esto es, en España, cualquier ciudadano puede decir lo que piensa y opina con absoluta libertad. Basta asomarse por el estercolero en que se han convertido algunas redes sociales para comprobarlo. Ahora bien, el de expresión, como todo derecho tiene unos límites que se recogen en el Código penal. Uno de ellos es la injuria grave y la calumnia. Esto es, no tengo derecho a afirmar (falsamente) que un señor ha cometido un hecho de carácter delictivo. Por ejemplo, que ha atracado una sucursal bancaria. Lo podré pensar pero si lo expreso y no es verdad, cometeré un delito de calumnias. Tampoco tengo derecho a insultar.

El problema, por lo demás, suele residir en el concepto de insulto grave pues para unos abrazafarolas es una crítica mientras que para otros es un insulto. En un Estado de Derecho son los Jueces –y no el Gobierno como sucedía en el franquismo, con la censura a la que parece que algunos desean volver- quienes tienen la función de decidir cuándo una expresión es injuriosa o atenta al honor.

También se castiga –desde tiempo inmemorial- la provocación al delito (incitación ante personas o medios a la comisión de un delito) y la apología (exposición ante personas o medios de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan al autor) cuando suponga una incitación directa a la comisión de un delito. Algo parecido a lo que sucedió con Donald Trump y el posterior asalto al Capitolio. Otro de los límites son los delitos de incitación al odio o el enaltecimiento del terrorismo.

No es delito enaltecer a El Dioni o a Isabel Pantoja, ni siquiera al Chicle o a José Bretón (que asesinó y quemó a sus dos hijos pequeños) y sí es delito enaltecer a un terrorista etarra, del GRAPO o de Al Quaeda. Y es así porque el terrorismo es el ataque más grave a un Estado de derecho. Países como Alemania castigan en su Código penal la negación del Holocausto. El Derecho penal, no debe olvidarse, castiga los ataques más graves a la convivencia. 

Pablo Hasel es un delincuente que fue condenado por primera vez en 2014 a una pena de dos años de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo que consistió básicamente en solicitar a través de sus canciones que los varios grupos terroristas volvieran a actuar.

Al ser su primer delito no ingresó en prisión a condición de no cometer ningún otro delito. Pablo Hasel volvió a cometer otros delitos, como agredir a un periodista de TV3 o amenazar a un testigo siendo condenado a penas de seis meses y treinta meses respectivamente (condenas no firmes). Y además ha vuelto a cometer un delito de enaltecimiento de terrorismo (9 meses de prisión). Y la pena de nueve meses de prisión la tiene que cumplir –como tendrá que cumplir los otros tres años- porque al no ser su primer delito sino el segundo, no se le suspende la pena. Y cada vez que cometa un delito tendrá que cumplir la pena que se le imponga porque el Estado ya le dio una oportunidad al suspenderle la primera condena sin que -a la vista de su evolución delictiva- la haya aprovechado.

Pablo Hasel no está en la cárcel por escribir canciones. Está en prisión por enaltecer el terrorismo de forma contumaz tras una primera condena en 2014 que no cumplió. Podrá discutirse si la pena de prisión es proporcionada (9 meses es una pena menos grave) o si bastaría con un pena de multa; en todo caso, una multa que no se abona termina transformándose en prisión.  Por lo demás, un delito como la alcoholemia tiene una pena de hasta seis meses de prisión o un delito contra la flora, hasta dos años de prisión, por lo que no parece que sea una absoluta desproporción una pena de 9 meses por enaltecer el terrorismo.

Una última reflexión para el debate. ¿Saldría toda esta turba callejera y vándala a destrozar las calles y robar comercios en defensa de la libertad de expresión de un artista que se dedicara en sus canciones a ensalzar a machos que asesinan a sus mujeres, pidiera apalear a las personas homosexuales o lanzar al mar a las personas que vienen en patera?

Eduardo Ruiz de Erenchun Arteche.
Abogado. Profesor asociado de Derecho penal. Universidad de Navarra.

Esto es lo que sucedió este jueves en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Pamplona. Se celebraron juicios desde las 9.30 de la mañana que fueron acumulando retraso de tal forma que el juicio que tenía que acabar a las 12 horas finalizó a las 14.15 aproximadamente.

El juicio que debía comenzar a las 12 horas era un juicio complejo y largo, con acusación particular, fiscal y defensa y 12 testigos, dos de ellos por videoconferencia. Todas las partes calculamos que su duración sería de un mínimo de tres horas pudiendo alargarse a las cuatro horas.

En esas condiciones todas las partes nos mostramos de acuerdo en que no se podía celebrar un juicio. De entrada se exigía a funcionarios de otros juzgados de España que extendieran su jornada laboral varias horas para atender correctamente las videoconferencias. Y por supuesto, afectaría negativamente al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva.

Que la Fiscal tuviera una cita médica o este Letrado, por ejemplo, que ir a recoger a sus hijas al colegio a las 5 de la tarde son meras anécdotas que hubieran podido determinar la suspensión. Y es cierto que el comienzo de la vista la Fiscal manifestó esa circunstancia y así se comentó entre las personas que estaban presentes esperando para el juicio. Pero la causa de la suspensión fue la acumulación de retrasos y el acuerdo de todas las partes en que no podía a las 15 horas, sin haber comido nadie, celebrarse un juicio hasta las 6 ó 7 de la tarde.

Espero que estas líneas hayan ayudado a comprender el complejo sistema de la Administración de Justicia y los retrasos que en muchas ocasiones se producen y a contextualizar la suspensión que se produjo en el día de ayer, al ser injusto achacarla únicamente a una cita médica del Ministerio Fiscal, cuando todas las partes estuvimos de acuerdo que, con independencia de las circunstancias personales de cada uno, el juicio no se podía comenzar a esa hora.

Y la Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de septiembre de 2011 no especificaba los cargos, empleos u honores. Le condenó a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público sin mayor concreción (dicha condena fue rebajada por el TS a seis años y seis meses de inhabilitación). Si Otegi hubiera sido entonces, por ejemplo, alcalde, hubiera sido discutible si la condena le obligaba o no a dejar su cargo de Alcalde. Pero no era ni es el caso.

En efecto, además de la pena de seis años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, Otegi fue condenado a otras dos penas: seis años y seis meses de prisión (que ha cumplido recientemente) y una tercera pena que es la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Esta pena, según el art. 44 del Código penal consiste  en la privación al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos. Como el bueno de Otegi tenía antes otra condena de inhabilitación para el sufragio pasivo, en la liquidación de la condena aprobada el 21 de enero de 2013 se estableció que terminaría de cumplir su inhabilitación el 28 de febrero de 2021. Y dicha liquidación fue firme en el mismo año 2013.

Por tanto, de conformidad con la Sentencia de 16 de septiembre de 2011 y la liquidación de condena que se hizo en enero de 2013, Otegi sabía desde esa fecha que no puede presentarse a ningún cargo público hasta el año 2021. Pretender ahora, en 2016, presentarse a un cargo público supone la misma desfachatez que puede tener un maltratador condenado a diez años de alejamiento, a que se le permita acercarse a su víctima antes de cumplir la condena.

O la que puede tener un conductor ebrio al que se le ha privado del derecho a conducir vehículos a motor por tres años, al pretender que se le deje conducir el coche a los pocos meses de su condena. Sin vergüenza jurídica.