Por eso, me resulta tan llamativo que algunos dediquen todas las horas de su dedicación municipal a poner palos en la rueda, a decir no a todo y a tratar de impedir que se lleven a cabo proyectos con los que gana la ciudad, para que no gane quien gobierna. 

Pamplona sufre en esta legislatura una oposición dedicada casi exclusivamente a boicotear cualquier iniciativa de calado en la ciudad, un bloque monolítico del no liderado por Bildu y en el que el PSN ha tomado de forma entusiasta el papel de monaguillo que la pasada legislatura protagonizó Aranzadi. 

Las cifras son incontestables. En las 748 iniciativas de la oposición en estos años, el PSN ha votado a favor con Bildu en un 94,68% de las ocasiones mientras sólo se atrevía a posicionarse en contra de las ocurrencias de Bildu en 12 ocasiones, apenas un 1,5% de las votaciones. Son ya parte evidente del nuevo tripartito de Asirón.

Las víctimas de esta oposición obstruccionista que pretende castigar al equipo de Gobierno están siendo estas semanas los vecinos del II Ensanche que sufren un evidente y grave problema de aparcamiento y que tienen que soportar que 14 concejales dediquen todo su esfuerzo a tratar de paralizar un aparcamiento de más de 300 plazas en la calle Sangüesa que ayudará a paliarlo. 

En nuestra ciudad estamos acostumbrados a que Batasuna trate siempre de boicotear cualquier iniciativa interesante para Pamplona. No ha habido aparcamiento subterráneo construido sin la oposición muchas veces violenta del mundo abertzale radical. Todos recordamos episodios de sabotaje o manifestaciones al grito de “tápate la nuca” a quienes trabajaban en esas obras en los años más oscuros de nuestro pasado reciente. 

Sin embargo, frente a esta amenaza, se hacía fuerte una unidad entre partidos constitucionalistas que dejaban de lado sus diferencias y debates ideologizados hasta la vergüenza y trabajaban en lo concreto y por la ciudad. 

El problema es que el Partido Socialista ha abandonado totalmente esa postura. Ya no hay moderación o sentido de ciudad, sino odio político y ansia de poder sea de la mano de quien sea. ‘Sánchez Style’. Ahí está ese 94,68% del tiempo de la manita de Batasuna en el Ayuntamiento de Pamplona.

En el caso del aparcamiento de la calle Sangüesa, han puesto toda clase de excusas para disfrazar su negativa radical e interesada. Desde una supuesta tala masiva de los árboles de la Plaza de la Cruz (no se toca ni un solo árbol de la plaza) hasta que se ponen menos bancos (en realidad se ponen casi el doble) o que no se amplía el espacio peatonal  (el espacio peatonal en el área de la intervención crece un 40% y  del espacio que se mantiene de calzada, el 55% es en plataforma única, a un mismo nivel y con carácter residencial).

Después, como no veían cómo hincarle el diente, dijeron que era pequeño (no se puede ampliar por cuestiones técnicas relacionadas con las redes de la zona) y por último, que en la avenida Galicia cabría un aparcamiento mayor, cuando esa obra ya se descartó hace más de una década debido a la baja demanda y a la construcción en el entorno y por parte de Gobierno de Navarra de uno en Gonzalez Tablas. 

La pinza de Bildu/Batasuna y PSN pretende que no respondamos a las necesidades del barrio y que devolvamos el asunto a Comisión de Urbanismo, generar un debate infinito para acabar, como con Sarasate, con los políticos tirando el proyecto técnico a la basura. ¿Por qué lo llaman consensuar cuando quieren decir paralizar?

Es innegable que el Ensanche necesita soluciones de aparcamiento y que la Plaza de la Cruz es un espacio en un constante deterioro que necesita de una reurbanización urgente a la altura del que es uno de los espacios centrales del barrio. 

Ignorar nuestra obligación de responder a las necesidades de los vecinos de Pamplona y abdicar de nuestras propias competencias para entregarnos al interés paralizador de unos partidos que los propios pamploneses situaron en la oposición sería un pecado imperdonable. Por eso, los vecinos pueden estar tranquilos, en las próximas semanas se licitará el aparcamiento de la calle Sangüesa y la reurbanización de la Plaza de la Cruz pese al boicot de la oposición.

No vamos a permitir que las necesidades de los pamploneses y el futuro de la ciudad sean secuestrados por las urgencias electorales de los adoradores del dios No. 

En materia peatonal, se han completado importantes reurbanizaciones como las de Milagrosa, Bosquecillo, Chantrea o General Chinchilla y se ha completado la eliminación de obstáculos visuales en más de 2.600 pasos de peatones para evitar atropellos.

En movilidad ciclista, la legislatura terminará con el impulso de más de 16 kilómetros de nuevos carriles bici que hacen posible que las bicicletas bajen de las aceras en condiciones de seguridad; casi 200 pasos de bicicletas señalizados; una red de al menos 11 aparcamientos cubiertos y vigilados y con la puesta en marcha del mejor sistema de bicicleta pública eléctrica de España que suma ya más de 40.000 usuarios.

En cuanto a movilidad eléctrica, con los 50 creados desde 2020, Pamplona se ha situado como la quinta ciudad española con más puntos de carga para vehículos eléctricos en vía pública, por delante de ciudades de mucho mayor tamaño y población.

Por poner estos datos en contexto, en los cuatro largos años de Alcaldía de Bildu apenas se crearon 1,2 kilómetros de carril bici; no solo no se instalaron, sino que se desmantelaron varios puntos de recarga porque los gestionaban las malvadas eléctricas; no se dedicó un euro a obras de peatonalización y por supuesto ni se señalaron pasos bici ni se instalaron aparcamientos seguros. Obviamente tampoco se puso en marcha ningún servicio de bici pública, sino que se dejó morir y se desmanteló el anterior sin plantear alternativa.

Y todavía se atreven a pontificar, como telepredicadores de la movilidad sostenible.

De hecho, en lugar de crearse un consenso mínimo que al menos reconozca este incuestionable avance, el debate municipal alrededor de esta materia (como en todas) se ha ido agriando hasta el ridículo conforme ha avanzado la legislatura.

El último capítulo ha explotado en torno a la decisión del equipo de Gobierno municipal de no eliminar 35 plazas de aparcamiento en el último tramo del eje ciclista de la Avenida Barañáin, manteniendo el carril sobre acera con pavimento diferenciado.

Porque lo importante para la oposición no es que se complete el mayor eje ciclista de nuestra ciudad (3,1 km desde Sarasate hasta Barañáin y otro kilómetro hasta Landaben en 2023), sino que se eliminen esas 35 plazas de aparcamiento que cada día son usadas por vecinos y personas que acuden a la zona hospitalaria. Lo importante es jorobar a quien se empeña en utilizar el coche y hacerle la vida imposible.

El asunto tendría su miga si no existiera una acera de más de 10 metros de ancho con un amplio espacio entre farolas y un parterre que no utiliza un solo peatón. Si no borras todas las plazas de aparcamiento, eres un facha. Porque como todo el mundo sabe, toda la gente que estaciona su coche en una plaza de aparcamiento en esta ciudad es muy de derechas.

Y es que, en torno a la movilidad hay dos corrientes. Una, la que defiende el nuevo tripartito de Bildu, Geroa Bai y el PSN, consiste en hacer tanto la puñeta al coche que no quede otra que no usarlo jamás. Da igual edad, situación familiar, trabajo o condición física, si no puedes aparcar, si se atasca la ciudad… tendrás que dejar el coche. Es decir, consiste en obligar. Caiga quien caiga, vecinos, comerciantes o pacientes, sin transición alguna.

Estas políticas no sólo son una muestra más de la querencia de la izquierda a querer decidir todo en nuestras vidas; a creerse mucho mejores que los ciudadanos que, pobrecitos, no saben lo que les conviene; a imponer su visión sobre la realidad; sino que también están condenadas al fracaso porque generan enfado y rechazo a la movilidad sostenible. No hay más que ver lo que sucedió en torno a Pío XII.

Por el contrario, desde el inicio de la legislatura hemos preferido ofrecer alternativas; convencer en lugar de obligar. Cosas locas de liberales de centro derecha.

Las intervenciones llevadas a cabo no tienen como objetivo principal jorobar al coche, sino aportar una alternativa sostenible, cómoda y segura al vehículo privado. Y mucho más barata.

Para llevarlas a cabo hay veces que hay que eliminar plazas de aparcamiento o un carril de circulación, pero esas decisiones son un medio, no un fin, y se toman después de análisis técnicos, de tráfico, de ocupación y de alternativas, no por cuestiones ideológicas. Es una transición hacia un nuevo modelo de ciudad, llevada a cabo de forma ordenada, moderada y justa. El éxito, en Pamplona, es evidente.

Intentar convertir 400 metros de carril bici en otra trinchera ideológica no le hace ningún favor a las políticas de sostenibilidad; hace tiempo que dejaron de ser patrimonio de la izquierda y en esto, mal que les pese, también les hemos dado una lección de gestión.

Hasta tal punto llegaba su obsesión que uno de los últimos expedientes aprobados por su equipo de Gobierno, el 6 de junio de 2019, 10 días después incluso de haber perdido las elecciones y una semana antes de que el nuevo alcalde fuera nombrado, fue el pago de un proyecto de derribo de la pasarela.

Y así han seguido.

La realidad es que la pasarela presentaba problemas de proyecto y ejecución. Pero a partir de ahí el Ayuntamiento podía tomar tres caminos.

Uno, el de Bildu, basado en la obsesión y el interés político, consistía en  tirar la pasarela e ir a tribunales a reclamar el coste original de la pasarela y los gastos realizados hasta ese momento (800.000 euros) con dos informes teóricos y contradictorios entre sí. Uno decía que la pasarela podía repararse y el otro que no y, además, diferían en la naturaleza de sus fallos. Como guinda, pretendían deshacerse del cadáver (tirar rápidamente la pasarela), no fuera a ser que alguien pidiera una autopsia que desmontase su postura.

Y mientras los tribunales decidían, anunciaban construir otra pasarela que hoy costaría cerca de los dos millones de euros.

Por resumir, tenían un coche que fallaba y en lugar de reclamar su reparación, querían que les pagasen lo que les costó hace 10 años y comprar otro a precio de hoy, mucho más caro. Para eso se basaban en dos informes, uno que decía que era un problema de motor imposible de reparar y otro que aseguraba que era de amortiguación y que se podía solucionar. Y para colmo, por si acaso, antes del juicio, quemaban el coche para eliminar las pruebas. Éxito seguro.

La conclusión es que con toda seguridad los tribunales, con información teórica y sin pasarela que peritar, no nos darían la razón y el Ayuntamiento habría pagado una nueva pasarela, además de informes, proyectos, derribo de la actual, etc… sin ver un duro. Un gasto de más de dos millones de euros, el doble del coste de la reparación.

La postura del PSN es similar, ir a tribunales con esos informes contradictorios, pero dejar la pasarela cerrada y oxidándose hasta que a los seis, ocho… o los años que fueran entre recurso y recurso, hubiera una decisión judicial definitiva. Como si uno tiene goteras en casa y no hace nada hasta ponerse de acuerdo con el seguro, pasando años con la cocina inundada.

La esperanza de éxito también sería limitada, pero aquí al menos no se eliminaba la pasarela y los seguros podrían pedir en el juzgado nuevas pruebas sin alegar indefensión.

Sin embargo, solo con esos informes contradictorios lo más probable es que tampoco viéramos un euro. Mientras, el tránsito peatonal entre el Casco Antiguo y el Ensanche seguiría cerrado durante más de una década.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha seguido un camino distinto. En primer lugar, hacer una prueba de carga y analizar la realidad de la estructura de la mano de un organismo independiente y de prestigio como el Colegio de Ingenieros de Navarra y una vez confirmado que es posible, repararla.

Esa decisión nos ha permitido tener una cuantificación exacta de las cantidades a reclamar con precio de hoy, no de hace 12 años.

La reparación, cada vez que se levanta una chapa, también nos ha permitido detallar cada uno de los errores que presenta, que efectivamente en cuanto a ejecución y dirección de obra son mayores de los que preveíamos inicialmente.

La suma de hasta el último euro que vamos a reclamar ya no se va a sostener en dos informes contradictorios sino en un acta notarial, en un estudio del Colegio de Ingenieros y en los detallados y documentados informes de los técnicos encargados de la reparación que no hubieran existido si no hubiéramos abierto las tripas de la pasarela para repararla.

Así, la reparación de la pasarela, con una prueba de carga que garantizará su seguridad y su viabilidad, no solo resulta mucho más económica que hacer una pasarela nueva, sino que además la posición jurídica de la ciudad es incuestionablemente más sólida.

Por eso, cuanto más se acerca la fecha de la prueba de carga y de la posterior apertura de la conexión peatonal, más grita y exagera el nuevo tripartito de Asirón (Bildu, PSN y Geroa Bai); más insultan y manipulan en un histérico intento de empañar lo que, objetivamente, es una buena noticia para nuestra ciudad y especialmente para los dos barrios que conecta.

Es cierto, que el presupuesto inicialmente planeado se incrementó una vez se comenzó a desarrollar el proyecto de instalación del mástil. Este aumento, al margen del escenario de incremento general de precios, está perfectamente motivado, fundamentalmente por dos aspectos: La primera razón es la necesidad de ejecutar una cimentación especial (más costosa), mediante micropilotes, un dato conocido a partir del encargo de un estudio geotécnico y una vez medida la capacidad portante del terreno donde se iba a instalar; El segundo motivo es la instalación de varios focos para su iluminación, una decisión tomada a posteriori.

En cualquier caso, no se observó crítica socialista alguna por el coste de la bandera española que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), decidió instalar en una rotonda de la capital andaluza con un coste de 197.000 euros hace apenas 3 años.

Sin embargo, fue el PSN y no los nacionalistas vascos quien presentó una declaración contra la instalación de la bandera de Navarra en la primera Comisión municipal de septiembre. Se confirmaba así el papel del PSOE como testaferro de Bildu, prestando sigla y firma a una moción que los nacionalistas no podían haber presentado sin enseñar la patita, pero en la que luego chapotearon alegremente.

Pero, ¿dónde estaban las plañideras batasunas cuando se inauguró la ikurriña gigante que ordenó levantar el PNV y que ondea en el Portal de Foronda, en Vitoria?  Ikurriña gigante instalada, para más inri, para celebrar el aniversario de la capitalidad de la ciudad.

Vaya, que los mismos que en el País Vasco financian (y celebran) la carta de capitalidad de Vitoria, en Navarra eliminan la de Pamplona. Por no hablar de la bandera, claro: los que en Vitoria levantan ikurriñas en Pamplona critican el izado de la bandera de Navarra.

Tampoco se observó el repentino celo economicista de Bildu cuando en 2014 decidió colocar una ikurriña también de grandes dimensiones en San Sebastián, para responder (qué sincero y conmovedor motivo) a una sentencia del tribunal supremo que les exigía colocar la bandera española en la fachada de la Diputación.

Hubo desmayos, de la emoción supongo, gritos por la independencia, bertsos y abrazos, cuentan las crónicas de aquel día, pero ni rastro de preocupación por el coste.

Tampoco cuando hace algunos años más, el alcalde de Villava colocó un mástil en la plaza del Ayuntamiento para burlar la ley de símbolos y poder colgar la bandera del País Vasco en una localidad de Navarra. El pufo duró menos de dos años, hasta que los tribunales le desmontaron el fraude. Pero supongo que hasta el último céntimo estuvo bien gastado. Al fin y al cabo, era una ikurriña.

Hablando de fraude, tampoco estaba muy preocupado el señor Asirón por las costas y las horas de personal municipal dedicadas a defender hasta el ridículo en los tribunales su obsesión por colgar la ikurriña del balcón del Ayuntamiento cada 6 de julio.

Porque lo que les preocupa, lo que les molesta, no es el coste, es la bandera de Navarra en sí. Quieren imponer la ikurriña en su lugar y a ello se han dedicado siempre. Esa bandera que, como explicó Asirón, tanto les gusta. “Vi frente a frente por primera vez en mi vida una ikurriña y, les tengo que confesar que me pareció la bandera más bonita del mundo”, afirmó en el Pleno del Ayuntamiento en septiembre de 2019. Qué emocionante.

Así llegamos al absurdo de que en Navarra la bandera de Navarra molesta, se cuestiona y se critica; y la ikurriña se promueve, se defiende… hasta lo disparatado en los tribunales, y a mordiscos y patadas si hace falta.

Lo triste es que el PSN/PSOE haya pasado de participar en manifestaciones en defensa de la bandera de Navarra a presentar declaraciones contra ella de la mano de Bildu y de Geroa Bai, haciéndoles el trabajo sucio a quienes siempre han estado en contra del símbolo de la realidad institucional, social e histórica de nuestra tierra.

El símbolo que merece colocarse con la dignidad necesaria y sin complejos precisamente en la Plaza de los Fueros de su capital.

Sin embargo, todo se embarra y se complica cuando el objetivo no es reparar la estructura y reabrir el tránsito peatonal, sino utilizar el asunto políticamente. Todo se estropea cuando los asuntos pasan de la mesa técnica a una batalla entre siglas. 

Así sucedió con la pasarela, cerrada en el año 2016 y abandonada así hasta el final de la legislatura pasada. El objetivo de Bildu durante su breve mandato en la Alcaldía era tirar la pasarela, queriendo convertirla en un ariete contra la gestión de los anteriores equipos de Gobierno, como si derribando la pasarela derribaran también el innegable impacto positivo de las legislaturas de UPN en el Gobierno de la ciudad. 

Después de su paupérrimo balance de gestión, la oposición al pasado era lo único que les quedaba. 

Sin embargo, la legislatura terminó, la estrategia tuvo escaso éxito y los pamploneses desalojaron al cuatripartito de Asirón haciéndole pasar de 14 a solo 9 concejales. 

Pero el daño ya estaba hecho. Y el asunto emponzoñado.

Con la llegada de la nueva legislatura decidimos corregir el empeño de Asirón y compañía en no hacer una prueba de carga, que era el empeño en no conocer el estado real de una estructura que hasta ese momento sólo se había evaluado mediante cálculos e informes más o menos contradictorios. Cuestión de sentido común. 

Para ello, contamos con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a través de su demarcación de Navarra, como Institución técnicamente solvente, imparcial, objetiva y de demostrado prestigio. Ésta, que entre sus funciones tiene la de elaboración de dictámenes y recomendaciones, ya había intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento durante la pasada legislatura para ofrecer sus servicios en beneficio de la ciudad en este asunto, aunque con escaso éxito.

En ocasiones, ni siquiera se les contestó. 

Este tipo de encomiendas es de hecho muy habitual y se utiliza para analizar distintas infraestructuras en todo el país: En Tarragona, Valencia, Murcia o Cáceres en estos últimos dos años, por ejemplo. El Gobierno de la Nación encomendó al Colegio, sin ir más lejos, el análisis de la Presa de Yesa el pasado septiembre de 2019.

El expediente de contratación a esta institución contó con informe técnico y jurídico positivos y se siguió exactamente el mismo procedimiento que se había utilizado en la pasada legislatura para la contratación de la ingeniería privada IDEAM. Sin embargo, el procedimiento que Bildu firmaba para derribar la pasarela, ahora lo recurrió.

La reciente resolución del TAN supone una llamada de atención sobre el procedimiento administrativo llevado a cabo, pero en ningún caso justifica una nueva llamada al derribo como Bildu pretende. De hecho, el Tribunal reconoce que el Colegio de Ingenieros es “un ente cualificado técnicamente al respecto, imparcial e idóneo para la emisión de ese informe”.

Muy al contrario, una vez conocidos los defectos reales de la pasarela es el momento de repararla para poder reabrir el tránsito peatonal entre el Casco Antiguo y el Ensanche, sin que ello suponga al final un coste para el Ayuntamiento.

Si no existe acuerdo con las empresas aseguradoras de la constructora, proyectistas o dirección de obra, las responsabilidades, y por tanto los costes, deberán dirimirse en los tribunales. 

Ante esta situación caben dos posibilidades: reparar la pasarela cuanto antes y pelear en los juzgados hasta el último euro de lo que el Ayuntamiento invierta en ello o esperar a que los tribunales decidan.

La segunda opción puede alargarse durante años, incluyendo recursos que podrían situarnos por encima de los 4 o 6 ejercicios. Todo ello sin existir garantía alguna de que las pretensiones municipales sean colmadas al 100%. Es decir, pudiera ocurrir que después de 6 años con la pasarela colgada y abandonada, los tribunales no obligaran a las aseguradoras al pago completo de la reparación.

No tiene, por tanto, lógica condenar a la ciudad a mantener cerrado durante tanto tiempo un paso peatonal tan utilizado. Igual que no tendría lógica no reclamar en paralelo todos los daños generados. De hecho, la absurda teoría de Bildu de tirar la pasarela y hacer una nueva tampoco estaría, lógicamente exenta incluso de mayores costes. 

Se trata de un asunto complejo y con innumerables aristas, pero el objetivo debe ser reabrir la pasarela a lo largo de 2021 y cerrar de una vez un capítulo que comenzó allá por 2016. Los ciudadanos no entenderían otra cosa. 

La imagen estos días de decenas de personas manifestándose en nuestra ciudad en defensa del asesino de Caballero, emborronando las paredes y la imagen de la ciudad con sus pintadas, es una aberración democrática. Es un insulto a la memoria de Tomás Caballero y a la de todas las víctimas de ETA. Es un fracaso y una vergüenza para nuestra sociedad.

Gritos como Presoak kalera, amnistia osoa" ("los presos, a casa, amnistía total"), "herriak ez du barkatuko" ("el pueblo no perdonará") y "Patxi, gudari, herria zurekin" ("Patxi, guerrero, el pueblo está contigo") rechinarían en cualquier país; rechinarían en nuestra misma sociedad si el delincuente hubiera cometido cualquier otro delito. Sin embargo, los tenemos, en cierta manera, asumidos. No es un guerrero, es un asesino y un cobarde que mató a un inocente por la espalda.

Nadie se imagina una manifestación pidiendo la amnistía para violadores, o diciendo que el pueblo está con un estafador.

Me atrevo a decir que nadie se imagina una manifestación pidiendo la libertad de un terrorista islámico.

La tolerancia sería cero. La Delegación del Gobierno no permitiría que ni siquiera 15 personas se reunieran para corear tan indecentes consignas. Ningún partido remolonearía en la condena de sus actos o en el homenaje a sus víctimas.

Si en Tanger se organizaran manifestaciones por la libertad de Jamal Zougam (uno de los condenados como autor material del 11M) o calificándolo de guerrero del pueblo, no habría informativo nacional que no lo mencionase y toda la sociedad rechazaría la infamia.

Más todavía si los delincuentes fueran, por ejemplo, los violadores de la manada y no asesinos con txapela.

¿Por qué, entonces, si el asesino es autóctono la permisividad moral, social e institucional es mayor? ¿Por qué una gran parte de la sociedad lo asume con relativa normalidad?

No puede considerarse normal que se produzcan manifestaciones para alabar a asesinos, por mucho que sean frecuentes. Considerarlo como tal es la primera de sus victorias. Es la primera derrota para la memoria de sus víctimas.

Sin embargo, así estamos, 60 años después de la fundación de la banda terrorista que más muerte y dolor ha causado en nuestro país.

Dos años después de su disolución, resulta evidente que a pesar del interés de algunos por pasar página, es necesario seguir defendiendo la dignidad de las víctimas y construir día a día un relato veraz de lo que aquí ocurrió.

Es evidente que hay partidos a quienes les viene bien que todo esto se olvide; que se pase muy rápido la página y nunca se vuelva a ella, ni siquiera para aprender a no repetir el pasado. Hay a quien le interesa que se considere igual de legítimo y normal manifestarse por un asesino que por el cambio climático o por cualquier otro asunto.

Los primeros interesados, claro, son quienes durante todos los años de plomo y sangre han amparado e incluso animado sus crímenes. Ahora, se agarran por puro interés político a cualquier causa que parezca moderna y progresista, para blanquearse e intentar que se olvide su pasado.

Y su presente.

Porque todavía hoy siguen resistiéndose a decir que matar a otra persona por una bandera, por una patria inventada o porque, simplemente, no piensa como tú, está mal y es condenable. “No hablemos de ETA”. Excepto para pedir beneficios para sus presos, claro.

Después están, evidentemente, quienes necesitan sus votos, bien sea para construir ley a ley, contrato a contrato, esa nación de leyenda o quienes simplemente buscan llegar a un sillón.

Por mucho que pueda resultar agotador para unos, cansino y aburrido para otros, o incómodo de repente para personas que buscan nuevos socios, es necesario no ceder ni un milímetro en la defensa de la libertad. La democracia se defiende y se construye todos los días, porque cualquier día puede perderse.

Normalizar acciones como las del pasado fin de semana o legitimar a determinados socios, envalentona a quienes han cambiado de camino, que no de dirección, por mero cálculo e interés político y electoral.

La forma en que nos movemos en nuestras ciudades también va a cambiar. El miedo al contagio y las medidas de distanciamiento social que previsiblemente perdurarán todavía un tiempo indeterminado provocarán muy posiblemente un descenso en el uso del transporte público, por ejemplo.

Ante esta situación, debemos afrontar el reto de que las personas que dejen de utilizar el transporte público no se pasen al vehículo privado y hagan uso de la movilidad peatonal o ciclista como alternativas seguras.

En los últimos años, las ciudades de todo el mundo vienen modificando su espacio público para facilitar el uso de medios de transporte sostenible. Además, este tipo de intervenciones multiplican el espacio para peatones y ciclistas, mejoran la calidad urbana y, por supuesto, reducen ruidos y humos. Esto último, es especialmente importante si tenemos en cuenta que las ciudades son las responsables del 70% de los gases de efecto invernadero.

Pamplona lo ha hecho durante legislaturas y desde hace más de una década, limitando el espacio para el vehículo privado y multiplicando las zonas peatonales y verdes, aunque es cierto que a nivel de infraestructura ciclista nos hemos estancado y que el porcentaje de uso del vehículo privado es todavía más elevado que en otras ciudades similares.

Más recientemente, el Ayuntamiento presentó el primer diagnóstico energético de la ciudad. Según sus conclusiones, Pamplona emite más de un millón de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. Apenas el 9,3% de la energía que consume nuestra ciudad es de origen renovable. En términos económicos, esto supone un gasto de más de 460 millones de euros que cada año salen casi al 100% de nuestra ciudad.

El impacto del transporte en estas cifras es innegable, siendo el responsable de más de la mitad de las emisiones en nuestro término municipal.

Esta realidad se ha hecho evidente durante estas semanas de duro confinamiento en las que al reducirse la movilidad de forma drástica, los niveles de contaminación que miden algunas de las estaciones instaladas en Pamplona se han reducido obviamente a la mitad.

Los efectos sobre la salud de las emisiones contaminantes son evidentes y están absolutamente contrastados científicamente. Se habla mucho del aumento de la mortalidad que provocan la obesidad o el tabaquismo. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la contaminación también es letal. De hecho, un estudio del European Heart Journal publicado hace apenas un año calculaba que la contaminación es responsable de casi 9 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, casi 800.000 en Europa. Más que el tabaco.

Además, hace apenas una semana, la Universidad de Harvard estableció relación directa entre la exposición prolongada a los altos niveles de contaminación existentes en grandes ciudades de todo el mundo con un mayor nivel de la mortalidad del coronavirus.

La transición hacia ciudades más caminables, ciclables, electrificadas y, por tanto, más sostenibles, saludables y seguras es mucho más que una moda. Es necesario trabajar en una transición justa y ordenada hacia nuevas formas de movilidad, sin dejar a nadie atrás, teniendo en cuenta el tejido empresarial y emprendedor de la ciudad y de nuestra comunidad y sin buscar el enfrentamiento entre ciudadanos.

De hecho, como también señalan algunas entidades empresariales y la propia Comisión Europea, puede suponer también una oportunidad económica.

En el contexto post pandemia, la movilidad sostenible, peatonal y ciclista, debe ser además una herramienta para garantizar la seguridad y la tranquilidad frente al virus, como han señalado las autoridades sanitarias de todo el mundo, también en España.

Ciudades de todo el planeta y de todo signo político trabajan estos días en fomentar los modos activos de movilidad, aumentar los espacios peatonales o en incrementar sus infraestructuras ciclistas, políticas en las que también está trabajando Pamplona.

La necesidad de facilitar la distancia social, puede conllevar también aumentos en los tiempos semafóricos para peatones, evitando así aglomeraciones, por ejemplo, o soluciones como aumentar los espacios previos a cada paso de cebra como también propuso el Ayuntamiento justo antes de estallar la pandemia.

Sin embargo, la realidad económica derivada de la nueva situación va a golpear a todas las administraciones y obligará, como no puede ser de otra manera, a priorizar las actuaciones sociales y de reactivación de nuestros tejidos económicos.

Así, la imaginación y la puesta en marcha de medidas temporales y más baratas que ya se están implantando en ciudades europeas y americanas, serán más necesarias que nunca.

Fermín Alonso Ibarra es concejal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Pamplona (Navarra Suma)

Llegados a la investidura, sin embargo, Sánchez ha decidido vender a plazos el Estado y la Nación para comprarse un colchón en La Moncloa; ha elegido como compañeros de cama a quienes sueñan con acabar con España y a quienes, incluso a él mismo, le provocaban pesadillas allá por septiembre. Y, para rematarlo, echa la bronca a los demás por no querer cantarle nanas cuando no pueda dormir.

Lamentablemente, en Navarra fuimos pioneros en descubrir el lenguaje líquido de los nuevos prebostes del Partido Socialista. De nada vale para las nuevas élites socialistas la palabra dada. De nada valen las promesas a los electores. La lealtad solo se entiende como obediencia ciega al líder, pero nadie se acuerda de la lealtad del líder hacia sí mismo, hacia sus propios compromisos, y mucho menos de la lealtad que un líder político debería guardar hacia los ciudadanos.

Soy consciente de mi pecado utópico, pero no puedo evitar mirar con envidia esos países capaces de construir gobiernos de unidad que anulan la capacidad de influencia de fuerzas extremistas y radicales. Para eso, obviamente, es necesario compartir una idea de país. Y claro, antes de nada, se hace indispensable tener una.

Sánchez, sin embargo, ha pasado de prometer la persecución de referendos ilegales a planear uno; de dar patrióticos mítines bajo una inmensa bandera de España, a apostar por el federalismo asimétrico y la nación de naciones, después, sin ser capaz siquiera de definir qué es una nación (a pregunta del propio Patxi López) o cuántas supuestas naciones hay en España.

Según el PSC, ocho. De momento. “Nueve si sumamos a Navarra”, añadió Iceta. Eso hace un mes, claro. Todo puede haber cambiado ya con el PSOE de ideología variable de Sánchez.

Además, no contaba entre esas ocho naciones a territorios con importante bagaje histórico, como Asturias o Castilla. Porque esa es otra, el PSOE tiende a confundir territorio histórico con comunidad donde gobiernan los nacionalistas. Y así no hay quien pacte un modelo estable de país.

Ahora habría que añadir también a León, por cuya independencia autonómica parece que también apuesta el PSOE. Al menos, el PSOE de León. Porque esa es otra condición: para tener una idea clara sobre España, uno debe ser capaz de defenderla sin vergüenzas en toda España y no ir cambiándola según el perfil del votante al que hablas en cada región.

En Navarra, durante décadas, habíamos sido capaces de pactar nuestra pequeña gran coalición foral, precisamente porque UPN y PSN compartíamos una idea de Navarra, Foral, singular e integrada lealmente en España.

Ante la amenaza del nacionalismo vasco, sabíamos, unas veces un partido y otras veces el otro, anteponer la defensa de la identidad de nuestra tierra a la ambición de dirigir un gobierno. Sin embargo, con las nuevas élites del PSN, todo eso ha saltado por los aires. Sus prioridades, es evidente, son otras. Y sus socios, los que ya conocemos: Bildu, Geroa Bai y Podemos.

Por otra parte, en una gran coalición, además, hay que saber que hay cosas más importantes que la próxima elección; que no siempre tienes la razón en todo y que te va a tocar ceder. Sin embargo, la tendencia gira hacia un comportamiento cada vez más adolescente, en el que se ansía todo y se quiere para el minuto siguiente, y en el que todo aquel que no piensa como yo está contra mí y no tiene ni idea.

Por último, la condición básica para un gran consenso es que exista confianza. Y para eso, como punto de partida, hace falta ser sincero. Eso lo sabemos en Navarra, que ha sido tierra de pactos precisamente por el carácter honesto que siempre nos ha caracterizado. Ahora, las promesas tienen fecha de caducidad y los compromisos se venden al mejor postor.

Decía Pedro Sánchez, precisamente en una entrevista en Navarra Televisión, que “si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo repito cinco veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Se lo repito, con Bildu no vamos a pactar”.

Ahora no solo es su socio prioritario en Navarra, sino que es incapaz de hacerle frente, de defender la democracia, el Estado y la memoria de las víctimas cuando su portavoz vomita su odio habitual en el debate de investidura. No puede, es rehén de sus votos. Y con él, hace preso a todo el Estado.

Porque ya lo sabemos, para Sánchez, España no vale más que un colchón en La Moncloa.

Fermín Alonso es concejal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona.

Pensemos en un ciudadano tipo: Julio, unos 40 años, por ejemplo. Pertenece al 97,1% de los pamploneses que según los estudios del propio Gobierno Barkos no habla euskera. 

Un día se levanta y la ciudad le parece distinta. No es hasta caminadas unas cuantas manzanas cuando se da cuenta de qué sucede.

Todos los carteles están cambiados: los de las calles, las señales… ¡todo!

El Segundo Ensanche es ahora Bigarren Zabalgunea - Segundo Ensanche y la Vuelta del Castillo, Gaztelugibel - Vuelta del Castillo. En todos el euskera está por encima del castellano. Como la app Telpark desde hace unos días.

En fin, no puede pasarse la mañana mirando placas y señales, y acelera el paso para no llegar tarde al trabajo. Apenas pone un pié dentro de la empresa, el gerente le aborda.

- Tenemos que hablar. O aprendes euskera o tenemos que echarte. El Ayuntamiento nos obliga a tener personal que lo hable si queremos mantener el contrato con él y tú eres el que menos tiempo lleva...

- Pero si soy arquitecto, trabajo en una oficina... ¡no tengo que atender a ninguna persona!

- Da igual, dicen que ahora no tiene por qué existir una atención presencial para requerirse personal con titulación de euskera, que lo dice la Ordenanza.

- Pero si trabajo en una oficina, no hablo con nadie de fuera… ¿Cómo se van a enterar?

- Han creado un cuerpo de inspectores dedicados exclusivamente a controlar el nivel de euskera de los trabajadores de empresas con contratos con el Ayuntamiento. ¡No podemos jugárnosla!

Así que, durante la comida, Julio busca euskaltegis con el móvil.

A la tarde, recoge a su hijo para llevarle a entrenar a baloncesto. Va a empezar su segunda temporada y está feliz.

 - “¡Kaixo!”, le saluda el nuevo entrenador que por lo visto ya no es Carlos, su antiguo compañero del colegio.

 - ¿Y Carlos?, pregunta a uno de los otros padres.

 - Lo han echado. No sabía euskera y como el equipo recibe subvención del Ayuntamiento y el polideportivo es municipal…

 - ¡¡Pero si ningún niño del equipo habla euskera!!

 - Ya, pero no es que lo hablen… Se trata de respetar su derecho a poder jugar a baloncesto en euskera.

 - ¡Pero si no lo habl…

Prefiere no discutir.

Decide pasar del tema y llamar a Carlos para recomendarle un euskaltegi.

Mientras saca el teléfono, vuelve a acelerar el paso para poder aprovechar el tiempo que dura el entrenamiento de su hijo echando una mano en la asociación de apoyo a familias inmigrantes a la que va algunas tardes a echar una mano.

 - ¿Y eso?

 - Los folletos de las jornadas de la semana que viene sobre Bolivia.

 - ¿Bolivako herriaren kulturaren eta gastronomiaren egunak?

 - Es que el Ayuntamiento nos da 600 euros al año y tenemos que ponerlo todo también en euskera.

 - ¿Pero saben en el Ayuntamiento que sois una asociación de gente de otros países y que la mayoría lleváis aquí pocos años?

 - ¡Sí! Lo peor va a ser aprender a hablarlo de aquí al sábado próximo… Viene el concejal de Participación Ciudadana a la entrega de los premios y la ordenanza dice que entonces los saludos y los discursos deben ser también en euskera.

Julio no entiende nada. Ayuda a meter todos los folletos en cajas y vuelve a por su hijo.

Juntos llegan a casa, donde su madre les recibe con la triste noticia de que no ha sacado plaza en el Ayuntamiento.

Ha aprobado la oposición con muy buena nota, pero le han adelantado otros candidatos que sí sabían euskera, aunque la plaza no lo exigía. Ella tiene títulos de inglés y alemán, pero la ordenanza fija que el euskera ha de valorarse siempre un 25% más que cualquier otro idioma en todas las plazas. Incluso en la oficina de turismo. Incluso más que un doctorado.

 - ¡Se acabó, todos a la cama!

“Menos mal que todavía no nos obligan a soñar también en euskera…”, piensa mientras lamenta una pesadilla que ya dura 3 años y medio.

Con la excusa del aumento de casos de gonorrea o sífilis, el gobierno Barkos, con el apoyo de los dirigentes del PSN, va a imponer a miles de familias una educación en supuestos valores que no comparten en absoluto eliminando de este modo su derecho a elegir libremente la educación de sus hijos.

Da igual el centro que, en base a tus convicciones, hayas elegido para tus hijos, público o concertado, religioso o laico, el Gobierno Barkos ha decidido que nuestros hijos piensen, por ejemplo, que el amor romántico no es más que una “reconstrucción burguesa sobre la base de una división de roles dentro de la pareja”.

De hecho, según las lecciones que va a imponer el cuatripartito en todas las aulas navarras, parece que el amor romántico es algo tóxico y a perseguir porque produce “imágenes idealizadas que sirven para perpetuar los desequilibrios de poder existentes, que favorecen la tolerancia de comportamientos abusivo” e impone unos cánones de belleza que “se convierten en formas de violencia”.

Da igual que el artículo 27.3 de la Constitución Española ampare y proteja el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Barkos ha decidido, por ejemplo, que nuestros hijos aprendan las maldades del “sistema capitalista heteropatriarcal” en el que se supone vivimos.

No importa el derecho a la libertad de enseñanza de los centros, porque todos los niños de entre 0 y 6 años van a recibir obligatoriamente lecciones sobre “reconocimiento y vivencia de la sexualidad infantil en el ámbito de la escuela y la familia (curiosidad, sexual, juegos eróticos infantiles…)”.

Quieran o no sus padres, a partir de los seis años deberán tomar “conciencia de la construcción social de los géneros: sistema sexo-género, patriarcado, socialización diferencial, estereotipos y mandatos de género”, por ejemplo.

De este modo, concuerde o no con las convicciones de sus familias, a los doce ya sabrán distinguir el amor romántico como una de  “las causas de la violencia en adolescentes”. Y por fin, a los dieciséis podrán conocer lecciones de “autoanálisis de la relación con los mandatos de género y la configuración personal”.

Así, paso a paso, curso a curso, enarbolando falsamente la bandera de la libertad, van pisotear, precisamente, la de miles de familias.

La educación pública y concertada no puede convertirse en una herramienta con la que el gobierno de turno inocule su ideología a los más pequeños. No debe servir para el adoctrinamiento que pretende el cuatripartito.

Para fomentar valores comunes y necesarios como la igualdad entre hombres o mujeres o la libertad para que cada uno viva su sexualidad sin ser por ello discriminado o agredido en modo alguno, no es necesario imponer todos los capítulos de la controvertida ideología de género.

Porque el mundo en el que se forma mi hija Sofía no es heteropatriarcal, ni quiero que piense que todos los hombres “siguen depositando la centralidad de su propio proyecto vital en su ego laboral, en su desarrollo personal y en la desresponsabilización de las tareas de cuidado”, porque vive una realidad diametralmente opuesta.

Tampoco quiero que crea que  vivimos en un sistema que ha provocado la “sumisión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida”. Al contrario, tiene cinco años, una madre cirujana, y ya sabe que “¡las chicas son más valientes que los chicos!”.

Y mi hijo Gonzalo, a sus tres años, no tiene por qué pensar que los hombres manifiestan “una evolución muy limitada hacia un compromiso real con la igualdad”, porque desde pequeño a través de todo su entorno está aprendiendo lo contrario.

No quiero que, por el hecho de ser hombre, sea automáticamente tachado de machista, ni que se juzgue a sí mismo como tal.

Al contrario, estoy convencido de que ambas cuestiones generarían en ellos debilidades y prejuicios que les impedirán desarrollarse plenamente y en libertad.

Pero aunque mi ideología coincidiera a pies juntillas con el programa ‘Skolae’ no sería justo imponerla en el currículo escolar del resto de familias.

Porque hay una cosa que se llama libertad en la que la sra. Barkos y sus socios han demostrado no creer en absoluto. Lo contrario, es imponer el pensamiento único.

Sin entrar a valorar varias incongruencias del documento, la opción mejor valorada resulta ser una parcela de 97.000 metros cuadrados en la cuarta fase de la ‘Ciudad del transporte’.

Entre las cuestiones que mejor se puntúan de la ubicación elegida, además de su “accesibilidad en bicicleta” (sic), está el precio por metro cuadrado de la parcela, que se fija según catastro en 14,03€/m2.

El lunes, Servicios de la Comarca de Pamplona SA (SCPSA), que así es como se llama la empresa pública de Mancomunidad, acordó, con los votos de consejeros de Bildu, Geroa Bai y Podemos, pagar 93€/m2 por la parcela que ya no es de 97.000 metros cuadrados como fijaba el informe técnico, sino de 107.000. En total, 9.964285,98 euros.

1.657.917.687 de las antiguas pesetas, que se dice pronto.

Pese al precio de la operación, la dirección de la empresa pública, presidida por Bildu rechazó solicitar tasación alguna para confirmar que el precio ofertado es adecuado y conforme a mercado.

Tampoco figuraba en los dos folios y medio de documentación (uno de ellos es una carta del propietario del suelo con la oferta) con los que el Consejo contaba para tomar la decisión, informe técnico alguno que explicara por qué se pasaba de 97.000 a 107.142,86 metros cuadrados.

La operación se pone todavía más sospechosa cuando se conoce que el actual propietario del suelo, ‘Navarra de Suelo y Vivienda SA’ adquirió los terrenos por entre 55 y 59€/m2. Ahora los vende por 93€/m2.

Se puede aducir que ese precio respondía al suelo sin urbanización alguna, pero es que la propia empresa tasó, en la documentación remitida para la tramitación del PSIS (Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal) actualmente en marcha, el precio del suelo en unos 67€/m2, todavía muy lejos de los 93 que va a pagar la Mancomunidad y ahí sí que están prorrateados los costes de urbanización.

Multipliquemos ahora la diferencia por los 107.142,86 metros cuadrados que se adquieren. El pelotazo de la operación es mayúsculo, en torno a 2.785.000 euros de plusvalía. No hay, reitero aun a riesgo de resultar cansino, tasación alguna, ni informe que justifiquen las cantidades a pagar.

Por último, la opacidad llega al límite cuando el presidente de la empresa pública, Aritz Ayesa (Bildu), niega al propio Consejo de la entidad, que debe votar el acuerdo, el contrato con ‘Navarra de Suelo y Vivienda SA’, cuya existencia reconoce.

Ni tasación, ni informe jurídico, ni informe técnico, ni siquiera el contrato que ha de firmarse. Nada de Nada. 10 millones de euros y dos folios y medio impresos por una cara.

Fin de la historia. Por ahora.

Así manejan Bildu, Geroa Bai y Podemos una empresa pública en Navarra. Así manejan nuestros impuestos.

Y es que nuestro regidor lleva bastante mal eso de ser criticado, bien sea en artículos, publicaciones en redes sociales o en la propia calle. No lo tolera. Se rebota.

Llegó incluso a sentirse amenazado por gritos que después los jueces aclararon que nunca se produjeron. Daba igual, ya tenía su noticia en prensa y la condena municipal nunca se revocó, pese a la petición de los concejales de UPN.

Tan mal lleva Asirón la crítica que en mayo impidió a la oposición el uso de la Sala de Prensa del Ayuntamiento saltándose cualquier normativa, tal y como certificó semanas más tarde un informe del secretario municipal.

Recordar brevemente estos episodios viene bien para subrayar la indecente complicidad con que el alcalde del 15% trata otras pintadas y otras pancartas. El último ejemplo, durante las fiestas de San Fermín chiquito. Un año más, decenas de pancartas alusivas a los presos de ETA permanecieron durante todo el fin de semana en el entorno festivo sin que fueran retiradas por el Ayuntamiento.

Una vez más, Bildu y sus fieles escuderos de Geroa Bai miraron para otro lado.

El esquema se repite en todas las fiestas de barrios, aunque resulta más sangrante en el centro de la ciudad:

Miércoles: Los amigos de Batasuna llenan la zona de pancartas e ikurriñas. Algunas son tan hirientes como una en San Jorge que, en referencia a los asesinos de ETA,  rezaba: “A los que lo habéis dado todo por el pueblo, muchas gracias”.

Jueves: La oposición lo detecta y exige a los responsables de seguridad y conservación urbana su retirada.

Viernes: Todo sigue en su sitio. Con suerte, los responsables de seguridad dicen que ya han dado el aviso al servicio de limpieza.

Sábado: Las caras y nombres de etarras o sus símbolos siguen engalanando el barrio. No es raro, incluso, que los propios concejales del alcalde visiten las fiestas y se saquen fotos con ellos como fondo.

Domingo: Todo sigue exactamente igual sin que el Ayuntamiento retire nada. Uno tiene la certeza de que una bandera de España o incluso una de Navarra colgando de una farola habría sido retirada el mismo miércoles y que se habría sancionado a los responsables por incumplir, por ejemplo, la ordenanza de conductas cívicas.

Lunes o martes, los servicios de limpieza retiran en su agenda de actuaciones ordinarias todo el monario.

Y todo subvencionado a base de los impuestos que usted paga, oiga.

La Ordenanza General de Subvenciones de Pamplona afirma que “tampoco podrán ser objeto de subvención aquellas actividades que incluyan, bien originaria o sobrevenidamente, actos de carácter político o reivindicativo, ni las que por cualquier medio sean utilizadas, aún a título de mera tolerancia, para llevar a cabo dicho tipo de actos, ni aquellas que atenten contra la libertad de los ciudadanos, vulneren la Constitución o incumplan las Leyes”.

Sin embargo, año tras año, Asirón se niega a cumplir con la propia normativa municipal y riega con miles de euros a través de convenios y subvenciones estas fiestas, mientras les exime del pago de tasas.

Hay que mantener la presión, que diría Torra, y eso cuesta dinero.

Lo peor, sin embargo, es que nos hemos acostumbrado a ver referencias a los presos de ETA decorando nuestra ciudad: “Ya sabes, estos con lo suyo”.

Sin embargo, imaginemos por un momento que lo que pidieran fuera apoyo para cualquier otro criminal que no llevara txapela, da igual que fuera asesino, ladrón o violador. Twitter ardería y la sociedad en bloque reaccionaría y con razón.

El alcalde encabezaría las manifestaciones y la señora Barkos nos regalaría un rotundo discurso rebosante de adjetivos y de lugares comunes, “como no podía ser de otra manera”.

¿Por qué entonces nos hemos acostumbrado a convivir en semejante anormalidad?  

Para algunos, el objetivo es castigar a las personas que disponiendo de una vivienda vacía libremente toman la decisión de no ponerla en el mercado. Otros apostamos por incentivar que esas viviendas salgan al mercado, aumente la oferta, bajen los precios y se reduzca así el problema de miles de familias a lo largo de nuestro país.

Y es que, en primer lugar, hemos de preguntarnos si es legítimo que algunos partidos políticos quieran cargar sobre los ciudadanos el deber del Estado de dar cumplimiento al derecho a la vivienda hasta el punto de pretender decirles qué hacer con su casa.

En segundo lugar, cabe analizar la efectividad de la medida y cuestionarse si castigando a unos se ayuda a otros.

¿Alguien que voluntariamente toma la decisión de renunciar a miles de euros de ingresos al año va a cambiar de parecer por un impuesto de 100 o 200 euros? Y en el caso de hacerlo, ¿no es del todo lógico pensar que ese pago repercutiría en primer lugar en el arrendatario?

Para solucionar el problema hemos de abandonar posiciones ideologizadas y preguntarnos por qué alguien que tiene una vivienda vacía renuncia a ponerla en el mercado y a esos ingresos.

Según la inmensa mayoría de estudios y agentes implicados, es por inseguridad jurídica y por falta de alicientes que animen a los propietarios a pasar por encima de lo que entienden como riesgos a la hora arrendar sus viviendas.

Por eso, si lo que de verdad  se busca es aumentar la oferta de viviendas de alquiler, se debería apostar por consolidar las garantías para los propietarios, incentivar fiscalmente el alquiler y tener una política seria y potente de vivienda pública de alquiler y de rehabilitación; además de, por supuesto, medidas sociales para las personas que se encuentran en una posición incluso más precaria.

Es lo que, por ejemplo, defiende el PNV en el País Vasco.

Sin embargo, como en muchos otros asuntos, su marca blanca en nuestra comunidad (Geroa Bai) ha tomado con Barkos la dirección contraria y apoya, de la mano de Asirón, la creación en Pamplona de este nuevo impuesto, después de eliminar además las deducciones por alquiler de la declaración de la renta.

De hecho, el 18 de junio de 2015, el portavoz parlamentario del PNV durante el debate de la Ley de Vivienda vasca (Sr. Aldaiturriaga) rechazó el impuesto a viviendas vacías y afirmó: “nosotros somos partidarios de promover estímulos e incentivos para que las viviendas vacías se incorporen al mercado (...) y así lo hemos hecho históricamente en el ámbito tributario”.

Por eso, una vez más debemos preguntar al ‘Hacendado’ de la política navarra, ¿por qué en Euskadi sí y en Navarra no? ¿Por qué en el País vasco incentivan y en Navarra castigan?

¿Por qué aceleran el TAV en Euskadi y tratan de frenarlo en Navarra? ¿Por qué bajan impuestos en la CAV y los suben a familias y empresas en Navarra? ¿Por qué se impone un impuesto al patrimonio de las empresas familiares Navarra y se quita en Euskadi?

Doy por hecho que al PNV le importa Euskadi, ‘como no podía ser de otra manera’, que diría la señora Barkos… ¿por qué entonces Navarra les importa tan poco?

Por mucho postureo y populismo que se practique, si uno se entrega felizmente a Bildu y Podemos, ralentiza la construcción de vivienda pública, recorta cada año las partidas destinadas a subvencionar la rehabilitación de edificios, castiga y desincentiva fiscalmente el alquiler y frena radicalmente la actividad prioritaria de la sociedad Pamplona Centro Histórico (la compra y rehabilitación de edificios en el Casco Antiguo), se hace flaco favor a todas esas familias que no pueden acceder a una vivienda de alquiler.

En su defensa he de decir que se incluyó a él mismo en el amplísimo grupo de navarros supuestamente sin honor, aunque lo achacó a que Franco le prohibió aprenderlo, algo al menos debatible cuando las primeras ikastolas datan de 1954, aunque nunca fueran legales. Yo, que nací en pleno mundial de Naranjito, no tengo siquiera esa excusa.

En cualquier caso, la frase resulta significativa y reveladora. Es evidente que el nacionalismo vasco utiliza el euskera como elemento central sobre el que construir su querida y perseguida euskal herria. Lo han reconocido sus propios partidos en los primeros pasos del nuevo estatuto vasco.

Como hablar de un RH y de la raza vasca (como ha hecho el supuestamente moderado PNV desde Sabino Arana hasta Arzalluz) queda pelín supremacista en pleno siglo XXI, utilizan el euskera como elemento diferenciador.

La lengua es la nueva religión para todos los nacionalismos y Barkos, Asirón y compañía no iban a ser una excepción. Al contrario, ejercen gustosos el papel de nueva inquisición.

Igual que el portavoz de Geroa Bai el lunes, diferencian entre buenos navarros, con el label de saber euskera “con la K de kalitatea” y el resto, que no lo conocen.

Hay una cultura propia que hay que promocionar, organizando por ejemplo conciertos didacticos de txalaparta por los colegios como el Ayuntamiento de Pamplona. Sin embargo, el resto de expresiones culturales y tradiciones de nuestra tierra, las jotas por ejemplo, son vistas como una aldeanada. Por no hablar de todas y cada una de las tradiciones religiosas de nuestra tierra, también despreciadas por viejunas (es lo que tienen las tradiciones, que son antiguas) y retrógradas .

Así, pasan la legislatura manoseando una lengua, una cultura, para separar, para dividir y lo que es peor, para enfrentar a los navarros, cuando debería servir para todo lo contrario.

Se trata de crear la imagen de una cultura única y unívoca en Navarra, desde Bera hasta Cortes a través de imposiciones, gestos y acciones de cosmética.

Así los carteles del Gobierno, todos, se rotulan con el euskera por delante, aunque haya un 93,3 por ciento de navarros que no lo utiliza, según los datos del propio Gobierno Barkos.

Autobuses y comedor gratis para alumnos de euskera. A apoquinar el resto.

O líneas abiertas en colegios con menos de 8 alumnos en euskera mientras se niegan a desdoblar las de castellano o PAI con mayor demanda.

Por último, por supuesto, publican convocatorias de empleo público trufadas de privilegios para los euskoparlantes que nada tienen que ver con la realidad social de Navarra.

Porque no se trata de adecuarse a ella, sino de cambiarla. Y en eso están Barkos y Asirón, aunque por el camino el mayor perjudicado sea el euskera por su contaminación política.

Igual que Torra o, antes, Puigdemont. Siguen la misma hoja de ruta de tensión y enfrentamiento.

Barkos ya había pedido muy tarde el desalojo. Once meses tarde, cuando podía haber echado a los okupas de un edificio propiedad de todos los navarros en las primeras 72 horas tras su entrada en el edificio. Sin embargo, aunque con retraso, acertó al instar a la liberación de un bien que había sido tomado de forma egoísta y sobre todo ilegal. Las declaraciones del PNV y de su marca blanca en Navarra (Geroa Bai) fueron, por una vez, impecables: “Ningún proyecto político puede tener el privilegio de disfrutar de un bien público, propiedad de todos los navarros, para su propio beneficio y a través de una patada en la puerta para acceder a él”, dijeron el viernes a través de un comunicado Después de 11 meses puestos de perfil, mientras el resto instábamos a hacer cumplir la ley, era casi un milagro.

Esa día, de madrugada, se ponía fin a casi un año de privilegios para los amigos de Bildu, que habían utilizado el edificio para la propaganda proetarra, la promoción de su ideología y, sobre todo, para hacer caja con un negocio de hostelería ilegal, mientras el Ayuntamiento de Asirón, que sí inspecciona a los bares y comercios que cumplen las normas, miraba para otro lado.

Los radicales que lo ocupaban reaccionaron como lo que son. Atacaron violentamente a los policías que se jugaron el tipo para hacer cumplir la ley y también se cebaron con la sede del PNV, que calificó de “fascismo puro” los huevazos que recibió la fachada de su sede. Lógicamente, Bildu (y Podemos) salieron a defender a sus chavales y a criticar que les quitaran el juguete, que además proporciona una buena cantidad de ingresos, barra mediante.

Esa misma tarde se permitía que esos mismos “fascistas” volvieran a entrar al palacio en una demostración que inicialmente parecía incompetencia, pero que, visto lo sucedido al día siguiente, puede ser consecuencia de una conducta mucho más grave.

El sábado, sorprendentemente, Barkos solicitó la suspensión de la orden de desalojo y, por tanto, el juez encargado entendió, como cualquier hijo de vecino, que el Gobierno tolera la ocupación. ¿Qué sucedió en apenas 24 horas? La violencia callejera y la presión de Bildu y de Podemos a PNV/Geroa Bai.

Barkos ha hecho que todo un Gobierno de Navarra ceda y baile al son de esos que el día anterior llamaba fascistas; ha arrodillado a la institución a los pies de los violentos. La presidenta y sus consejeros han dado carta blanca a esos que llamaba privilegiados para permitir que desarrollen su radical proyecto en un edificio que nos pertenece a todos los navarros no a los amigos de Bildu y de Asirón.

Para colmo, Barkos ni siquiera ha tenido la valentía suficiente para dar al menos la cara en una rueda de prensa, mientras sus funcionarios sí se jugaron el tipo frente a los violentos en una operación que ha resultado inútil, porque ella misma le ha puesto una caducidad de 24 horas.

Lo más grave es que, con su decisión, comportándose una vez más como la marioneta perfecta de Bildu y de los más radicales de nuestra sociedad, ha instaurado la ley de la selva, donde el más fuerte, el más violento, el más macarra, consigue lo que quiere.

Nada vale la ley, ni la propiedad, si el de enfrente lleva un pasamontañas, pega golpes y ataca sedes, propone Barkos. Entonces, todo para él. “Con la lucha se puede conseguir cualquier cosa”, proclamaron triunfantes los violentos, al confirmarse la noticia de la rendición de Barkos.

Sobre todo, si enfrente tienes un gobierno títere y ruin, que prefiere su tranquilidad a hacer cumplir la ley y que perpetúa los privilegios de unos pocos, nacionalistas, eso sí, a cambio de los derechos de todos.

Si Barkos, como ha demostrado, no es capaz de cumplir con la primera obligación de un gobernante, que no es otra que la de respetar y hacer respetar la ley, debe irse a su casa.

Fermín J. Alonso es concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y vicesecretario de Comunicación de UPN.

Las azafatas del programa no necesitarían la calculadora para obtener el resultado y usted se volvería a casa sin llevarse siquiera la calabaza y mucho menos el apartamento en Torrevieja.

No es sólo que en más de tres años no se haya hecho ningún civivox, ni una escuela infantil, biblioteca, parque, apartamento tutelado o ascensor urbano, por poner algunos ejemplos, que no estuviera proyectado y licitado por los anteriores responsables municipales. Es que ni siquiera existe proyecto para ninguna de estas iniciativas.

Al menos, así no gastan pensará alguno intentando buscar consuelo.

Al contrario, han incrementado el gasto corriente en 4 millones de euros, lo mismo que han reducido los ingresos: en 2017 la carga financiera aumentó, los gastos corrientes aumentaron y los ingresos corrientes descendieron, tal y como destacó Enrique Maya durante el último ‘Debate del estado de la ciudad’.

Y encima han dilapidado el patrimonio que en forma de solares tenía Pamplona a razón de cinco millones de euros al año, mientras paralizaban cualquier nuevo plan urbanístico que garantizase ingresos municipales futuros.

Han hecho, tal y como recordó Maya, como un tal Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina.

Así, Asirón ha conseguido la cuadratura del círculo, ha logrado incumplir la regla de gasto sin ser capaz de construir o de proyectar nada.

Por eso, quizás no lo sepa, Pamplona tiene intervenidas las cuentas y debe elaborar un plan económico-financiero que apruebe el Gobierno de Navarra. Los hombres de negro de la troika que fueron a Grecia, en plan foral.

Bildu se escuda repitiendo que han logrado reducir la deuda (como hizo el gobierno municipal anterior en mitad de la crisis, por cierto), pero olvida el detalle de que lo han hecho no como algo planeado, sino porque han sido incapaces de ejecutar lo que ellos mismos habían presupuestado y porque Montoro obligaba a invertir gran parte de esa inejecución en la amortización de deuda.

Eso sí, ahora tenemos 4 nuevos gaztetxes y la ikurriña ondeará el 6 de julio gracias a alguna trampa a la justicia (y a los pamploneses).

Misión cumplida.

En los últimos días, la tradición taurina de nuestra ciudad ha sufrido un lamentable ataque por parte de un reducido grupo de violentos y cobardes que se creen con la legitimidad de imponer su criterio a todos los demás. Desde esa superioridad moral que, deben creer, les otorga quemar una carretilla elevadora son los nuevos censores.

Anuncian, además, nuevas acciones para tratar de impedir el normal desarrollo de la fiesta.

Tristemente, nuestros queridos encierros no contaron con el respaldo unánime de la Corporación municipal, en un debate celebrado el mismo día en que se conocieron los hechos.

Izquierda Ezkerra y Aranzadi, evitaron posicionarse en favor de esta tradición y en su lugar, prefirieron subrayar la necesidad de abrir un debate en torno a su permanencia en el programa de nuestras fiestas.

Los mismos concejales, ya quisieron cambiar el nombre del Día de San Fermín por ‘Día grande de las fiestas de la ciudad’ y su Procesión por “desfile del día grande de las fiestas”, durante el debate del Reglamento de Protocolo del Ayuntamiento.

Sin embargo, no se entenderían los Sanfermines sin su tradición taurina y sin sus raíces cristianas; sin la devoción por el Santo que los pamploneses transmitimos de generación en generación traspasando la esfera puramente religiosa.

Nuestra ciudad y nuestras fiestas son conocidas en todo el mundo por sus encierros y, por tanto, por sus corridas de toros. Son un todo; el acto de la mañana no tiene sentido sin el de la tarde.  Periodistas de todo el mundo, nos visitan cada año para conocer, sobre todo, cómo es esa tradición que llega hasta nuestros días desde el siglo XVI.

Lamentablemente no sólo no somos capaces de defenderla unánimemente, sino que las vergüenzas generadas por la dictadura de lo que creemos políticamente correcto impiden incluso a algunos promocionarla.

Deberíamos ser capaces de poner en valor la riqueza centenaria de nuestras tradiciones, de los hechos diferenciales de nuestras fiestas, promocionándolos más allá de lo puramente festivo y profundizando en su vertiente cultural, histórica y etnográfica.

No cabe duda de que el cuestionamiento de las tradiciones taurinas va a crecer en los próximos años y quizás la mejor defensa sea la promoción de su conocimiento con el que desmontar clichés y prejuicios.

Nadie es capaz de amar, o respetar y comprender siquiera, lo que no conoce.

En España, el cóctel también es de vértigo y tiene muchas posibilidades de dejar resaca. Un gobierno socialista en terrible minoría, nacido del apoyo de separatistas, populistas y conservadores nacionalistas.

Hay que reconocer, eso sí, a Sánchez un dominio de la escena pública envidiable, demostrado con una sorprendente e interesante elección y comunicación de los ministros, filtrados de uno en uno de tal manera que cada uno de ellos (y su currículum) ha tenido minutos y horas de protagonismo en informativos y tertulias.

Mientras, el PP que hace apenas 15 días se las prometía muy felices después de haber pactado los presupuestos con el PNV,  ha visto como el “leal” Partido Nacionalista Vasco le asestaba una puñalada que ríete tú de ‘Psicosis’.

Y es que el PNV siempre ha sido leal al PNV. Y punto.

Andan ahora los populares como un barco que, de pronto, se queda sin velas en mitad del océano. Y todavía le quedan por recibir varios cañonazos en forma de sentencias por corrupción en los próximos meses.

Mientras deciden qué hacer, amenazan al PNV con enmendar las cuentas (las suyas) después de su traición. Y luego, vuelta al Congreso. Y allí, salvarán las cuentas del PP los mismos que las querían tumbar hace menos de un mes, mientras quienes las presentaron defenderán su modificación.

Normal que la gente esté hasta los mismísimos. Lo lógico a nivel nacional hubiera sido dar la oportunidad a los ciudadanos de reorganizar el Congreso urnas mediante, antes que cualquier pacto antinatura y revanchista.

Sin embargo, Sánchez dijo que él no volvía a recorrer España en el Peugeot y que más vale pájaro en mano que ciento volando, aunque sea con Puigdemont, Bildu, ERC, Podemos y compañía como compañeros de excursión.

En Navarra la cosa no está más tranquila. Podemos en fase caníbal y autodestructiva, poniendo de los nervios a sus socios de un Gobierno formado por la marca blanca del conservador PNV, los supremacistas herederos de Batasuna y el populismo de IE y del partido morado.

Vaya, que lo de Italia tampoco es tan raro. Así nos va, claro.

Pese a la mejoría de las economías occidentales, la crisis ha dejado como efecto secundario un descrédito absoluto hacia la clase política y una polarización absurda y peligrosa azuzada por populismos de uno y otro signo. Es un cambio social, además de político; no se trata solo de una cruzada contra los viejos partidos, sino de un temblor bajo los cimientos de nuestras sociedades.

Con este ambiente, nadie cree en nadie, ni a nadie, y la crítica y el insulto centran los discursos que deberían tratar de empleo, de familias, de clase media, educación, Medio Ambiente universidad o innovación.

Es el reino del ‘zasca’, del titular llamativo, los clicks y los tuits. Hace ya tiempo que la “información” deportiva adoptó el formato y las formas de ‘Tómbola’ y ‘La Noria’. Ahora, hemos convertido la política en ‘El Chiringuito’ y ahí los verdaderos jugones son los populistas.

Lo peor de todo no es que nadie sepa la solución, sino que unos y otros han optado por dejar de buscarla y bucear en el lodo.

El camino de la regeneración, de la recuperación de la credibilidad y la esperanza por un futuro más próspero y justo es arduo, no garantiza resultados en cuatro años y ni siquiera el éxito a largo plazo. Sin embargo, es la única ruta posible si queremos darle la vuelta al cinismo y al odio que han infectado nuestras sociedades.

Ni un sólo punto por un máster o un curso de posgrado. Ni medio por hablar otros idiomas. Cero por experiencia en ese puesto en administraciones públicas.

Es cierto, no excluyen a los que no sepan euskera de acceder a la convocatoria. Pero es evidente que quien no lo hable tiene muy difícil hacerse con un puesto con procesos como este.

Todo en un puesto interno, en el que no se realiza labor alguna de atención al público y en una ciudad en la que, según un informe presentado en la UPV y financiado por el propio Gobierno Barkos, sólo utiliza el euskera un 2,9% de la población.

Lo mismo ocurre en el sector sanitario, donde decenas de médicos dedican su tiempo libre no a especializarse o a profundizar en sus conocimientos, sino a sacarse el título en una lengua que posiblemente no vuelvan a usar una vez hecho el examen, porque no eligen aprenderlo por amor a parte de nuestra cultura, sino por obligación.

¿Qué es más importante, tener un master o saber euskera? ¿Haber investigado y presentado publicaciones en Congresos de su especialidad o saber euskera? ¿Tener un doctorado o saber euskera? ¿Ser tan brillante como para haber obtenido un premio académico o científico o saber euskera? ¿Tener, por ejemplo, 5 años de experiencia o saber euskera?

Con el decreto del euskera aprobado por el cuatripartito, a una enfermera que se presentara a una plaza en la zona mixta, tener un master le valdría 1 punto y medio, haber sacado adelante un doctorado, 1 punto, pero saber euskera más de 5.

Todo esto, como digo, en una comunidad que no es uniformemente bilingüe y donde el euskera es utilizado sólo por el 7% de la población.

El objetivo es transformar la realidad de nuestra tierra, aunque para ello tengan que tirar por tierra uno de los principios básicos de toda sociedad democrática, la igualdad entre los ciudadanos.

El PNV lo tiene claro, en el  borrador de estatuto que se está debatiendo en la CAV, identifican el euskera y la cultura vasca como un instrumento vital para la construcción nacional.

Identifican lengua y opción política, siglas, que es poco menos que convertir la cultura en un muro, en vez de en un lugar de encuentro  y de diálogo con el resto de influencias culturales que de norte a sur recorren nuestra tierra.

Esa variedad cultural, fruto del devenir de los siglos y que ahora quieren destruir, es precisamente una de las mayores riquezas de nuestra tierra.

Lo dice mejor que nadie Fernando Sabater: “Las lenguas tienen dos enemigos, los que las prohíben y los que las imponen”.

Por eso, para reclamar la igualdad de todos los navarros hay razones de sobra para salir a la calle el próximo sábado. Es el momento de la sociedad civil.

Al menos 112.052,28 euros se han gastado en la avenida sin todavía levantar una piedra. De ellos, 69.922 euros corresponden a 12 facturas pagadas directamente por el máximo que la ley permite para las adjudicaciones directas: 7.260 euros (6.000 + IVA).

Hay algunas tan curiosas como dos de la empresa Sostenibilidad y Transporte Consultores. Una es para un “Estudio de tráfico en la avenida Pío XII” el 28 de junio de 2017 y otra, apenas seis meses después, para la “Actualización Análisis de tráfico en avenida Pío XII”. Ambas por supuesto por 7.139 euros (IVA incluido).

A todo ello habrá que sumar, evidentemente 1.993.795 de euros de licitación de la obra.

Y es que las áreas gestionadas por Aranzadi son donde más proliferan y se acumulan estos contratillos menores. Los que más ruido hicieron fueron los de Nommad, empresa fundada por el ex socio del entonces director del área de Participación justo al ingresar éste en el Consistorio, y que primero cobró 6.267,8 euros por diseñar un proceso participativo, sobre una decisión ya tomada como la modificación de tráfico del centro y, luego, se llevó la gestión de ese proceso, que ellos mismos habían diseñado. Unos cracks. Luego sí participaron en un procedimiento contra otras dos empresas. No ganaron, pero les adjudicaron el contrato igualmente. Los tribunales, obviamente, dieron la razón a la empresa con más puntuación.

Antes, ya habían cobrado 2.559 euros por un manual de participación, que no era tal, y que acabó justificándose como un cursillo a los responsables del área. Así, los grandes líderes de la participación ciudadana de Pamplona pudieron aprender qué era un voto o un referendum. Literal.

Y qué decir del proyecto de vasos reutilizables que factura a factura ha costado más de 40.000 euros. Ahora, decenas de miles de euros después, han visto la luz y van a acumular todos los pagos en un solo contrato como hace Bayona.

En el área de Igualdad también han pagado, con los impuestos de todos, estudios de visión de género de los presupuestos y de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento. Gracias a ellos ahora sabemos que en este último documento, por ejemplo, debe poner “la persona contribuyente” y no “el contribuyente”, porque eso sería obviamente sexista. 6.000 euros+IVA.

Pero no pensemos que la economía digital se fomenta únicamente en las áreas de Aranzadi. ¿Que hay que cambiar el nombre de la programación de Ciudadela y llamarle Hirartea para que parezca que se hace algo distinto?. 7.200 euros (iva incluido). ¿Que hay que encargar a toda prisa una aplicación para hacer más amable la amabilización? 6.000 euros más IVA.

Y así todo.

En total, el Ayuntamiento de Pamplona gastó el año pasado  5.133.188, 85 euros en contratos menores. Una verdadera apuesta por la economía digital.