De este modo, en nuestro país no se cumple la Constitución Española [CE] porque se contravienen dos de sus artículos:  El 14 que dictamina que los españoles somos iguales ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento, sexo y condición, y el artículo 23 que especifica que ”los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

Se incumple además el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que reclama la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Convención que fue ratificada por el Reino de España y que el Comité sobre los Derechos de la Naciones Unidas ha dictaminado en su última revisión, instando a nuestro país a modificar el art. 3 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General [LOREG].

Se trata de un severo error con más de 32 años de historia en el que, legislatura tras legislatura, nadie ha reparado en modificar. Para ningún partido político ni gobierno central ha significado prioritario.

Y produce frustración. Parece como si la gestión pública se haya reducido a la profesión de la política espectáculo, a la reiteración de consignas inertes frente al sublime debate de la convicción desde la palabra, al mecánico ataque a las propuestas adversarias pese a su posible acierto y la arenga a los “nuestros” desde el acento en la diferencia frente a los “suyos”. Se trata de invadir con afectos y rencores contra la lógica y la razón. 

Pareciera que la política fuese desde hace unos años la carrera de la perpetuación profesional individual a costa del valor compartido grupal. Y aunque jamás debe generalizarse a costa de estigmatizar, con el empuje de organizaciones sociales, civiles, de familias afectadas, de opiniones expertas generadoras de opinión y la bisoñez idealista de algunos recién llegados se logran las transformaciones sociales.

El CERMI, como máxima representación organizada de la discapacidad en España, lleva años sensibilizando y convenciendo de las necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias. Se trata de entender que la discapacidad es accidental a la persona, por tanto, no afecta a su dignidad.

El año pasado mi partido, Unión del Pueblo Navarro, desde la humildad de dos escaños y la fuerza de la razón logró convencer a todos los escaños por unanimidad del Congreso de los Diputados, para que la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad tuviese rango legislativo.

Esta vez, una más, lideraremos para que en 2018 se modifique el artículo 3 de la LOREG, en el seno de la Reforma Electoral de la Comisión Constitucional a la que tengo el honor de pertenecer. A priori, parece que lograremos en común un nuevo avance en los derechos de las personas con discapacidad.  Es cuestión de empuje, de persuasión y de actitud.

Muchas gracias de corazón a organizaciones como el CERMI, a su presidente Luis Cayo, a su equipo de profesionales y a sus delegaciones territoriales, a todas las organizaciones sociales en la búsqueda de los apoyos para lograr una vida autónoma e inclusiva de las personas con discapacidad. En especial quiero agradecer de corazón que la máxima organización de la discapacidad de España., CERMI, me haya nombrado miembro del Comité Nacional para velar por los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. 

En Navarra ni la izquierda postcomunista ni, mucho menos, los nacionalistas son los verdaderos defensores de los derechos sociales. Navarra en julio de 2015 era la 6ª comunidad de 280 regiones europeas con menor tasa de pobreza severa según el índice AROPE que edita la Agencia Eurostat. Que la Comunidad Foral de Navarra fuese la 6ª región de toda Europa con mejor sistema de protección social califica en su justa medida las políticas sociales que lideró UPN, con el apoyo del PSN y la solidaridad de todos los navarros.

Pese a estos datos, queda mucho por hacer para lograr la plena autonomía e inclusión de las personas más desfavorecidas.

Por esa razón, mantengo el contacto con la mayoría de los máximos responsables de entidades sociales del ámbito de la exclusión, de la discapacidad, con clubes de jubilados, de familias con hijos con cualquier tipo de trastorno, etc. Y todas ellas coinciden en un asunto extraordinariamente preocupante: se han disparado los plazos de espera de las familias para recibir las prestaciones de dependencia.  

Las cifras son atronadoras. Según el último informe de la Cámara de Comptos sobre el sistema de Dependencia en 2014, Navarra tardaba 6,9 meses en valorar el grado de dependencia, evaluar exhaustivamente su situación económica y aportar la prestación garantizada elegida libremente por la persona afectada. Hoy, según confirma el actual Departamento de Derechos Sociales, se tarda 11,2 meses.

Más datos, que es el mejor antídoto contra la demagogia del cuatripartito.

La Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales de España, en su XVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, publica que en Navarra están pendientes de atención el 32,6% de los solicitantes. Serán datos certeros porque son las cifras que el propio Departamento ha aportado al IMSERSO.

¿Saben qué porcentaje de personas esperaba esa atención a cierre de 2014? El 9,6%. Navarra era la tercera comunidad de toda España en mejor situación en espera para las familias. Hoy está en el tren de cola.  

Como era de esperar, el actual Departamento que “atiende” a las familias con cualquier grado de dependencia ya ha salido en su autojustificación: “Tener un colapso de 7.000 expedientes es preocupante pero es por culpa de la falta de previsión del anterior gobierno de UPN”.

Este “gobierno” miente, nos insulta y demuestra de nuevo su incapacidad. Señores del Gobierno de Navarra, sepan ustedes que:

1. No son expedientes, son personas. Son 7.000 dramas o situaciones familiares muy sensibles que requieren apoyo y atención para dar cobertura a sus derechos.

2. La iniciativa estatal que ampliaba las prestaciones a los dependientes moderados a partir del 1 de julio de 2015, de obligado cumplimiento en Navarra, fue preparada por el anterior Departamento de Políticas Sociales en su dotación económica, aprobada por los Consejos Navarros de Bienestar Social y Discapacidad y regulada a través de tres Órdenes Forales que fueron cedidas por cortesía para su firma por el nuevo vicepresidente segundo del Gobierno recién llegado a su puesto. Cuatro meses después todavía estaban sin firmar, lo que retrasó la preparación de todo el Departamento para encarar esta nueva situación. El gobierno actual miente ahora como mintió en noviembre del año pasado cuando afirmó que había desbloqueado un colapso que él mismo ha generado.

3. Se demuestra que es muy diferente analizar cuestionarios en un despacho académico a tomar decisiones sobre la vida de personas. El que se presentaba como un hombre de perfil técnico en el gobierno ha demostrado las artes de la mala política: echar la culpa a los demás sin asumir sus errores. 

4. Señores del Gobierno de Navarra, dejen de quejarse de la “herencia recibida”. Llevan 17 meses en la gestión pública. Tiempo suficiente para decidir, priorizar y mejorar la situación de todos los navarros. La “herencia entregada” de UPN fue una Comunidad Foral con el mejor sistema de protección social, con menor tasa de desempleo, con mejor valoración del sistema de salud y con menor tasa de abandono escolar.

5. No insulten a los más de 1.800 empleados de la función pública dedicados a dar los apoyos para lograr la autonomía y la inclusión de las personas más desfavorecidas de Navarra. Ni tampoco al anterior equipo directivo que supo priorizar las políticas sociales en el momento más complejo de la historia reciente de nuestra Comunidad.

Dedíquense a trabajar para todos los navarros. Para todos.      

Como es sabido, UPN votó no a la investidura del Sr. Sánchez, y lo hizo por varios motivos. En primer lugar porque entendemos que España necesita un amplio consenso de las fuerzas constitucionalistas que defienden el marco de convivencia que es España y Europa como espacio de progreso y prosperidad. Una mayoría parlamentaria necesaria para, desde la centralidad política y la moderación, hacer los cambios estructurales acuciantes en nuestro país: reformas constitucionales, de las instituciones, contra la corrupción, etc., que logren la estabilidad económica, social, institucional y política por el bien de nuestro presente y el de las futuras generaciones. Nuestros hijos. Una posibilidad negada por la cerrazón del candidato del PSOE desde el pasado 20 de diciembre.

La alternativa a ese amplio acuerdo, llamémosle “la segunda transición”, es la amalgama de fuerzas independentistas, populistas y postcomunistas a lo “cuatripartito navarro” que día sí, día también, tantos sobresaltos nos están dando, anteponiendo lo identitario frente a los intereses reales de los ciudadanos: empleo, igualdad de oportunidades, futuro, estabilidad… Al más puro estilo sectario.

En segundo lugar, UPN rechaza el acuerdo PSOE-Ciudadanos porque intenta modificar el actual Estado de las Autonomías y persigue la recentralización de algunas competencias. Debo decir que no esperaba menos de un partido como Ciudadanos que desea cambiar el sistema de financiación autonómico derogando nuestra capacidad de gestionar y recaudar los impuestos. Los representantes de C’s en Navarra le llaman un “recálculo” o revisión del Convenio Económico, pero no les cuento lo que desean los cuarenta diputados de este partido en el Congreso, de acuerdo con las conversaciones que estoy manteniendo con algunos de ellos. De quien sí me sorprende es del PSOE que, hasta hoy, ha defendido nuestro Fuero.

UPN lleva en su esencia la defensa de la foralidad. Los representantes de UPN en Madrid seguiremos haciendo pedagogía y defendiendo las virtudes de un régimen convenido desde la cercanía y la responsabilidad de la administración respecto a los ingresos fiscales.

Por último, nada dicen en su acuerdo los dos grupos firmantes respecto a la supresión del mecanismo que contempla la Constitución para anexionar Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca: la disposición transitoria cuarta.    

Junto a todo ello, irrenunciable para UPN, nuestra actuación se va a guiar siempre por el apoyo a los empresarios, los autónomos y los emprendedores, que, no lo olvidemos, son quienes generan empleo. Ninguno de los diputados presentes en la Cámara somos generadores de empleo, y por eso desde UPN impulsaremos a quienes lo crean.

De igual modo, apoyaremos a la familia, sustantivo que, por cierto, no fue mencionado por ningún partido político en las doce horas que acumularon ambos debates de investidura. Sólo UPN defendió su extraordinario papel, convencidos de que, hoy más que nunca, la familia es el mejor ministerio de protección social.

Los fundadores de UPN definieron hace 37 años los principios ideológicos de nuestro partido. Conservadores en nuestras tradiciones y costumbres, nuestra tierra; liberales en la creencia de las libertades individuales, el libre mercado, la iniciativa privada, la responsabilidad pública; y, progresistas en lo social.

Esos principios fundacionales son la mejor definición de la centralidad ideológica, la moderación y la búsqueda de acuerdos a izquierda y derecha tan necesarios hoy. Desde esa posición, y con total libertad, los tres representantes de UPN en el Congreso y en el Senado votaremos cada iniciativa con base en esa centralidad política.

España está viviendo un momento determinante, con unas más que necesarias reformas pendientes, un serio riesgo de desmembración territorial, una recuperación económica que se debe afianzar y un estado del bienestar vapuleado por la crisis económica. Para hacer frente a todos estos desafíos, a los 350 diputados se nos presupone un liderazgo otorgado por la confianza de millones de españoles. Tras la investidura fallida del Sr. Sánchez, tenemos una nueva oportunidad para desarrollar esa responsabilidad y evitar unas nuevas elecciones, aunque, de momento, no parece que se estén dando pasos en esa dirección.

El liderazgo se basa en dos valores: la humildad y la generosidad. Ambos principios son la mejor definición de servicio público porque, al fin y al cabo, ¿qué es la política si no es servir? Desde la humildad y la generosidad, UPN trabajará por transformar nuestro presente para crear un futuro ilusionante.

Por eso, de manera especial ante el próximo domingo, fecha de las elecciones generales, es momento de reivindicarlo, de creer en él y de defenderlo ante aquellos partidos políticos nuevos de ámbito nacional que quieren derogarlo tildándonos de paraíso fiscal, mensaje que ahora suavizan para hablar de un “recálculo” del sistema de financiación de todas las comunidades. Y de defenderlo, también, ante aquellos separatistas que, sin creer en Navarra, se envuelven en su bandera para decidir por su autodeterminación.

Seis son las razones que lo explican:

1. Pacto: Navarra ha necesitado siempre del pacto para avanzar. El ejercicio del poder tributario recae en la titularidad compartida del Estado, en sus Cortes Generales, y las Instituciones Forales. Es obligado y necesario la capacidad de consenso y de pacto de los responsables políticos. Por ello, no se puede modificar de forma unilateral por ninguna de las partes.

2. Lealtad institucional: el carácter paccionado del Convenio exige lealtad recíproca de España y Navarra para que ninguna de las partes actúe con subordinación o preponderancia, sin renunciar, al mismo tiempo, al ejercicio de sus competencias.

Navarra está obligada a trasladar a su territorio las normas estatales sobre impuestos indirectos, exigencia reforzada  por la pertenencia a la Unión Europea. En el caso de aquellas normas que no rigen directamente en Navarra, las reformas tributarias básicas se han integrado siempre en nuestro ordenamiento por vía paccionada.

3. Igualdad: el Convenio regula la armonización tributaria del régimen común y el régimen foral para que en todo caso se cumpla que, si bien las figuras impositivas nominalmente pueden tener tipos de gravamen y bases imponibles diferentes, la presión fiscal efectiva global sea equivalente para los ciudadanos de Navarra y para los de cualquier otra Comunidad.

Por tanto, existe en el Convenio la obligación de ajustar nuestro sistema tributario y su estructura básica a la del territorio común. Con ello se garantiza que los navarros tengan los mismos derechos y los mismos deberes que el resto de los españoles.

4. Fundamento jurídico e histórico: además de las profundas raíces históricas del régimen foral, es su reconocimiento en la  Constitución Española y en la Ley del Amejoramiento del Fuero lo que le da fundamento no sólo histórico sino jurídico.

5. Encaje en la Unión Europea: todas aquellas normas, ordenamientos y actualizaciones que emanan de la Unión Europea y de los Tratados Internaciones son aplicadas en Navarra mediante el previo acuerdo con el Estado, tal y como recoge el propio Convenio. Y son las propias instituciones comunitarias las que respetan el singular sistema de Navarra, avalando su compatibilidad con la llamada armonización fiscal entre todos los estados miembros.

6.  Solidaridad: Navarra contribuye a soportar las cargas generales del Estado en materias no transferidas con arreglo a su renta [1,6% respecto a la riqueza total] y no en razón al número de habitantes [1,35% sobre el total]. En el Convenio se incluye también una partida llamada “Fondo de Compensación Interterritorial” al que Navarra abona su 1,6% correspondiente para que el Estado equilibre y compense las desigualdades entre comunidades.

Sin olvidar que los navarros y sólo los navarros financian sus obras y sus infraestructuras para el uso y disfrute de todos los españoles y financia en su cuota [1,6%] las que corresponden a la Administración del Estado y lleva a cabo fuera de las mugas de Navarra.

Estos seis argumentos de peso sirven para entender el Convenio Económico y para rebatir a quienes pretenden unirlo a un privilegio. Ahora nos toca a todos los navarros defenderlo.