Y no es que aplacen la medida a la espera de que la sentencia sea firme sino que defienden que no se pueden mezclar las cosas. El portavoz del Barça, José Vives, defendió que el honor reconoce sus "incuestionables méritos deportivos" y "todo lo que haya hecho al margen es ajeno al club".

Es una razón paradójica. Por un lado, es tan general que resulta increíble, porque sería insostenible defender esta disociación si el aludido fuese, pongamos por caso, un asesino en serie o un violador de niñas. Por otro lado, llama la atención este reduccionismo impropio de una entidad deportiva que se considera "más que un club".

Iñaki Urdangarín es el quinto jugador con más títulos de todas las secciones del Barça, así que su brillante pasado deportivo no se puede negar.

Y por eso nadie pide que se le requisen las medallas y se le retiren los títulos, ni que se borre su nombre de las actas arbitrales o se pixelen las imágenes de sus logros cuando sea condenado en firme. Como tampoco se niega que su actividad delictiva fuese compatible con su perfil de buen vecino, extraordinario jefe o cariñoso esposo y padre.

Lo que se cuestiona es si un delincuente actual, al que un tribunal ha considerado que se enriqueció con fondos públicos a través de una trama corrupta que se escondía bajo la apariencia de una asociación sin ánimo de lucro, merece homenaje permanente en el presente, en un pabellón de deportes que debería ser el templo del juego limpio, sólo por su pasado de gloria, cuando ocupaba su lugar en el buen banquillo.

El episodio evidencia algunas importantes rarezas. La primera, que una reunión entre el presidente del Gobierno español y el presidente de la Generalitat catalana alcance la categoría de noticia por su carácter excepcional. La segunda, que un encuentro entre dos mandatarios en el Palacio de la Moncloa se produzca sin que se anuncie previamente o trascienda posteriormente, sin que nadie dé una sola explicación.

Y la tercera, la actitud de los entornos de los protagonistas empeñados en negar la evidencia cuando esta ya tomaba forma de noticia que sólo aguardaba una confirmación oficial.

Una reacción que destila una actitud impropia de gobernantes serios, empeñados en tratar a sus conciudadanos como si fueran imbéciles que en contarles lo que merecen conocer.

Por si fuera poco, ilustres estrategas armados con argumentarios baratos nos explicarán a partir de hoy las diferencias semánticas entre lo secreto y lo discreto, entre una conversación y una negociación.

Minimizarán el alcance del encuentro para concluir que reunión tan normal no merecía trascender. Y entonces entenderemos aún menos la situación, porque el enfrentamiento entre el gobierno catalán y central es tan grave que lo último que merece es un encuentro insustancial.

Así que reúnanse y cuéntennos, que somos mayores , pagamos escrupulosamente -casi todos- nuestros impuestos. Y no nos merecemos que nos traten como si fuéramos bobos. Y recuerden lo que en su día dijo el respetado Tarradellas: en política se puede hacer de todo, menos el ridículo.

Los magistrados argumentan este giro en la investigación en que estas instituciones supervisoras pudieron permitir la salida a Bolsa de Bankia pese a las "reiteradas y demoledoras advertencias de la inviabilidad del grupo". Algo que resultó gravoso para accionistas, preferentistas y contribuyentes, que estamos pagando el monumental rescate bancario.

Nuestra capacidad de sorpresa ya no da más de sí, pero estremece que la Audiencia Nacional tenga la mera sospecha de que las instituciones pudieron contribuir a la estafa con una especie de inacción informada.

No es la primera vez que se pide una comisión de investigación sobre la crisis del sistema financiero, en general, y sobre Bankia, en concreto. UPyD ya la reclamó en la Asamblea de Madrid y en el Congreso de los Diputados poco después de producirse la nacionalización de Bankia.

Y tiene algo de justicia poética que el portavoz de aquel partido, Andrés Herzog, sea ahora el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito, la acusación que ha conseguido que los antiguos responsables de los organismos supervisores sean imputados ahora en la causa.

Aquellas peticiones, como otra posterior del PSOE, cayeron en saco roto por la oposición del PP. Ahora, sin el soberbio poder bloqueante que imprime la mayoría absoluta, el PP transigirá. Pero su inefable portavoz, Rafael Hernando, se ha referido despectivamente a la petición criticando el "fervorín investigador" de la oposición.

Es triste que tengamos que recordar a personaje tan principal que el "fervorín investigador" está consagrado en nuestra Constitución, la primera de nuestra historia que contempla las comisiones de investigación parlamentarias.

Y que lo que resulta increíble es que con lo que ha sucedido en este país en los últimos años, lo último que ha investigado el parlamento español sea el 11M. Desde entonces, nada.

Así que lo grave no es el "fervorín" investigador sino el "fervorón" bloqueador demostrado por el partido político al que representa Hernando para no investigar el fiasco de Bankia, pieza angular de un monumental rescate que estamos pagando a escote. En cualquier estafa saber quién, cómo y por qué es el mínimo resarcimiento que merece el engañado.

Lo más probable es que al leer el relato de los hechos del párrafo anterior haya encontrado en la sucesión de acontecimientos una lógica aplastante, sin encontrar ningún resquicio de duda. Pero eso pasa porque el individuo en cuestión no es un político presuntamente corrupto. Porque de haber sido así, su partido habría defendido su presunción de inocencia y postergado cualquier medida disciplinaria, al menos, hasta la apertura de juicio oral.

Y habría acusado a los medios de comunicación de abrir un juicio paralelo buscando una condena de telediario y a sus rivales políticos de utilizar torticeramente el caso de su compañero. Quizás hasta el ministro de Justicia habría protagonizado un Informe Semanal en TVE acusando preventivamente a periodistas y adversarios políticos de potenciales consecuencias trágicas sobre su correligionario, por si acaso.

Cada vez que la corrupción toca a un político, muchos ciudadanos reclamamos que sea apartado preventivamente de la gestión pública, porque es insoportable desde el punto de vista democrático dejar que siga legislando, gobernando o administrando a quien puede ser condenado con el paso del tiempo como vulgar delincuente. De la misma manera que un presunto abusador de niños no puede seguir administrando un colegio de primaria. Quizás con el ejemplo lo vayan entendiendo.

Porque España ha hecho en las últimas décadas una esfuerzo monumental para universalizar la educación y para extenderla desde los 3 a los 16 años. Y, con sus imperfecciones, los resultados de nuestro sistema cumplen con los estándares. De tal manera que un buen estudiante español también sabría desenvolverse en una escuela de Finlandia, de la misma manera que un mal estudiante de Singapur también tendría problemas si estudiase en Sanlúcar de Barrameda.

Dicho lo cual, el último Informe Pisa nos muestra dos realidades que debemos constatar. La primera, que si es por resultados quizás no tengamos que buscar las claves del éxito educativo en lugares tan exóticos como Finlandia o Japón sino en otros como Palencia o Pamplona, por ejemplo.

Y la segunda, que dado que en general no vamos a escolarizar a nuestros hijos en Singapur, la brecha que debería preocuparnos de verdad no es la que nos separa de Asia o Escandinavia sino la distancia que separa a un alumno de Canarias o de Andalucía de otro que estudia en Navarra o Castilla y León. Y para detectar esa sima y ponerle solución no hace falta esperar un nuevo Informe Pisa.

En diversas formas de moción, proposición de ley o no de ley y propiciadas por diferentes formaciones, una mayoría del Congreso ha manifestado su voluntad de suspender la Lomce y derogar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la ley mordaza, dos iniciativas emblemáticas de la legislatura en la que Mariano Rajoy gobernó con una aplastante mayoría del PP. También han aprobado una subida del salario mínimo, una moción contra la amnistía fiscal y han instado al gobierno a prohibir los cortes de suministro eléctrico a personas en situación de vulnerabilidad.

Y por si fuera poco, en la sesión de control de este miércoles, a una semana del 6 de diciembre, el PSOE y Unidos Podemos han reclamado al Gobierno una reforma de la Constitución en esta legislatura para "dar respuestas" al problema de Cataluña, Algunas de estas iniciativas tienen sólo valor simbólico y será imposible que salgan adelante. Otras sí que pondrán al gobierno contra las cuerdas y Rajoy se verá obligado a "aplicar las que sea obligado aplicar", tal y como ha manifestado con su conocida retórica de lo obvio. Para otras, el gobierno intentará agrietar mayorías a base de acuerdos puntuales o utilizar el recurso legal que le permite vetar iniciativas que supongan incrementos presupuestarios.

Y no hay que olvidar que, ya en su discurso de investidura, Rajoy advirtió que la paciencia tiene límites y que si le torpedean en exceso convocará elecciones, habida cuenta de que le soplan vientos favorables.

De momento, los portavoces de los diferentes partidos de la oposición están exhibiendo músculo cada vez que una de sus iniciativas sale adelante contra la voluntad del gobierno, colgándose medallas con gran optimismo, como si la mera propuesta fuese ya ley orgánica vigente, ocultando los pormenores del farragoso y exigente proceso parlamentario. Y no les restaremos méritos, pero cabe preguntarse por qué esta voluntad transversal y mayoritaria no fue capaz de articularse para impedir que llegase a La Moncloa el gobierno al que ahora se pretende condicionar desde la Carrera de San Jerónimo. Habría sido mucho más sencillo.

La inesperada muerte de la senadora Rita Barberá, dos días después de su declaración ante el Tribunal Supremo, nos ha vuelto a situar ante el espejo. En momentos así no es fácil regular las expresiones de dolor, ni verbalizar sin exagerar nuestras críticas o nuestros elogios. Tampoco es sencillo manejar el humor negro, tan sano y tan cargado de trampas a la vez. Pero tampoco parece tan complicado regirse por las normas que dictan el sentido común, la educación y el buen gusto.

Yo tengo serias dudas de que Rita Barberá, que nunca ocupó un escaño en el Congreso, merezca un minuto de silencio en la cámara, ya sea homenaje o mero gesto de respeto. Pero también me las genera que, una vez se produce, un grupo parlamentario como Unidos Podemos se niegue a secundarlo. No han actuado de la misma manera sus compañeros en el Senado ni sus socios en la Comunidad Valenciana, que sí se han sumado al gesto de duelo sin que esa actitud pueda considerarse condescendencia con la difunta.

Pero no es esto lo peor de lo que ha sucedido en las últimas horas. Ha sido vergonzoso el ridículo de muchos dirigentes populares que han elogiado hoy como mito del partido a quien unas horas antes, cuando testificó ante el juez, ni nombraban porque ya no era miembro del PP.

Y mucho peor aún ha sido la cínica reacción de algunas personalidades del PP, desde Rafael Hernando al ministro de Justicia Rafael Catalá, situando la muerte de la senadora como una consecuencia natural de la "persecución, cacería y linchamiento" que ha sufrido Barberá en los últimos meses.

Olvidan estos individuos que no han sido los periodistas sino la policía y los jueces los que llevaron a Rita Barberá ante el Tribunal Supremo. Y no han sido sus rivales políticos sino ellos mismos quienes la apartaron del partido y de su grupo parlamentario en el Senado. Bueno, no lo olvidan en realidad. Lo que sucede es que a algunos cualquier cosa les sirve para hacer política.

Si un extraterrestre se posase en estos días en nuestro país le resultaría incomprensible que un partido como el que vio el sábado, incapaz de gobernarse a sí mismo sin estragos, fuese capaz de gobernar España.

Pero más difícil aún le resultaría entender que la alternativa sea que gobierne el mismo hombre que, aunque sólo haya sido por omisión, permitió que a su alrededor prosperase una red de delincuentes que ha robado a los contribuyentes con tal grado de eficacia que el tribunal tardó hora y media en leer el pliego de acusaciones que pesan sobre los imputados.

Pero así están las cosas. Mientras el PP se sienta en el banquillo judicial, el PSOE está llamado a ocupar el banquillo parlamentario al menos en los próximos cuatro años. Porque ya nadie duda de que el PSOE hará una última contorsión para cambiar el "no es no", que marcó su dirección y defendió con uñas y dientes el defenestrado Pedro Sánchez, por una abstención que facilite la investidura de Rajoy. Sólo cabe que el candidato popular lo acepte.

Porque lo más surrealista de todo el proceso autodestructivo que ha protagonizado el PSOE es que mientras hace seis meses tuvo la posibilidad de presidir un gobierno alternativo y hace unas semanas la ocasión de vender cara su abstención al PP, ahora es Rajoy el que pone condiciones para que el PSOE se abstenga. Seguro como está el candidato popular de que unas terceras elecciones le harían mejorar su posición parlamentaria.

Desde luego resulta muy difícil de comprender que el delincuente pueda seguir lucrándose en la misma actividad en la que delinquió, sobre todo cuando la sentencia contempla su inhabilitación para el ejercicio profesional mientras dure la condena. Pero esa inhabilitación comenzará cuando la condena sea firme y habrá que esperar más de un año si la sentencia es recurrida, que lo será, salvo que alguien pida el inmediato ingreso en prisión de Miguel Ángel Flores y el tribunal lo considere.

Pero será difícil, porque el condenado ha cumplido escrupulosamente con el tribunal durante el procedimiento y no es previsible su riesgo de huida. Son las paradojas de un procedimiento judicial muy garantista, pero estrictamente fijado por ley.

Más incomprensible es que un empresario, entre todos los profesionales del ocio que existen en nuestro país, decida fichar al avaricioso organizador de una fiesta que acabó en tragedia para poner en marcha una de sus discotecas. Y si es increíble su contratación estando procesado más aún lo es su ratificación cuando la justicia le considera ya múltiple homicida imprudente. Tan incomprensible como hacer jefe de bomberos a un antiguo pirómano o poner al frente de una guardería a un condenado por pederastia. Hay que ser muy amigo, muy inconsciente o muy poco escrupuloso para ignorar el detalle en el currículum.

Esta versión es un absurdo en sí misma y además, creo, una falta de respeto hacia los ciudadanos de estas comunidades, que bastante tienen con dilucidar su futuro y deberían hacerlo sin interferencias, y para los del resto del país que ya hemos expresado dos veces nuestra voluntad en las urnas sin que los elegidos sean capaces de traducirla en un acuerdo de gobierno.

Aún estamos en plazo para que esta situación se desatasque. Pero visto lo visto parece que estamos abocados a repetir elecciones. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, ya lo ha sentenciado con un elocuente "si hay que ir, se va". Y ha pronosticado que la repetición será favorable para los intereses de su partido, que crecerá en número de votos según su opinión.

Es verdad que Rajoy es el único de los líderes de los cuatro grandes partidos que puede presumir de haber mejorado sus resultados en las elecciones de junio. Pero también carga con el lastre de haber dinamitado una mayoría absoluta y de que los escaños obtenidos no le proporcionan la mayoría suficiente para ser investido, de la misma manera que los de los demás no sirven para configurar una mayoría alternativa.

Parece que no acaban de entender que en una democracia, sin mayorías absolutas, los votos no son suficientes si no se hace política. Y la irrupción de partidos que han roto décadas de asentado bipartidismo parece indicar que ese camino no tiene marcha atrás.

Supongo que más tarde o más temprano tendremos presidente de gobierno, aunque sea por aburrimiento. Pero previendo situaciones futuras quizá convendría que el próximo parlamento haga las modificaciones legales pertinentes que eviten que un gobierno en funciones pueda eternizarse elección tras elección. Algo que, aunque resulte increíble, no es imposible con nuestra ley vigente.

La tarde transcurrió con la comparecencia del ministro Luis de Guindos en el Congreso en donde, en diferido, confirmó que él y Rajoy mintieron sobre la candidatura de Soria al Banco Mundial: aquello no fue un concurso, fue una rifa en la que dieron todos los números al exministro mentiroso. Como mintieron en 2012 cuando aseguraron que el rescate bancario no le costaría un solo euro al contribuyente. Efectivamente no será un euro, serán 26.000 millones los que perderán según un informe del Banco de España que conocimos la víspera de este aciago martes y 13.

Incluso una aparente buena noticia, la de que Luis Bárcenas retira su acusación contra el PP por la destrucción de los discos duros de su ordenador, tuvo contraindicaciones. Porque el procedimiento seguirá y porque el anuncio del antiguo tesorero del PP devolvió a la ciudadanía la perturbadora imagen de un partido cuyos dirigentes ordenan destruir potenciales pruebas, como si fueran miembros de una vulgar banda de delincuentes, mientras en público proclaman hipócritamente su colaboración con la justicia.

Esta acumulación de noticias pestilentes documenta el otoño judicial que le espera al partido que aún nos gobierna en funciones y es el reflejo de un pasado del que Mariano Rajoy es responsable por acción o por omisión. Porque con cada nombre propio de un dirigente del PP que aparece en la crónica de tribunales salpicado por un escándalo de corrupción resuenan los ecos de la voz de Rajoy apoyándoles un el pasado, incluso cuando ya estaban al borde del banquillo: "Rita, eres la mejor", "Luis, sé fuerte", "Rus, te quiero, coño, te quiero", "Carlos Fabra es un político y ciudadano ejemplar", "quiero para España un gobierno como el de Jaume Matas"... ¿Cuántas veces tiene que poner la mano en un fuego fallido para que Rajoy tome conciencia de que está abrasado?

Los Papeles de Panamá sacaron a la luz empresas familiares de Soria en el paraíso fiscal y el entonces ministro en funciones se explicó durante días con diferentes versiones que se demostraron sucesivamente mentiras. Fue la mentira la que le llevó a dimitir y la que le tendría que haber alejado de la vida pública de por vida. Pero no, el gobierno ha querido premiar al político mentiroso con un puesto en una institución internacional y con un sueldo de 226.000 euros al año libres de impuestos.

Si no fuera tan grave parecería una broma. Pero no es una broma que el presidente en funciones que aspira a repetir, que presiona a la oposición para que facilite su investidura afirmando que nuestra interinidad institucional proyecta una pésima imagen de nuestro país en el mundo y que se presenta como un adalid de la lucha contra la corrupción, decida que la mejor decisión que puede tomar en funciones es promocionar a un exministro mentiroso y tramposo para que represente a España en el Banco Mundial.

En esta ocasión se ha pasado tanto de frenada que hasta en su partido se han levantado voces escandalizadas frente al esperpento. Pero la rectificación no lo redime del ridículo hecho. Porque si todo era tan normal como ha sostenido Rajoy en estos días, es muy difícil de explicar que se le prive a José Manuel Soria de su derecho. Pero si la promoción no era limpia sino un ejercicio de mero enchufismo hacia el amigo, el presidente en funciones debe explicar por qué ha hecho algo tan inexplicable. Es de sentido común, como diría él.

Las maquinarias de los diferentes partidos están desplegando sus argumentarios para salvar la cara de sus respectivos jefes ante los ciudadanos e intentar cargar la responsabilidad del grave bloqueo institucional que vive España en las espaldas de otros. Pero, a estas alturas, hay datos objetivos que permiten anotar a todos algún sonado fracaso.

Fracasó Pedro Sánchez en su intento de investidura de marzo. Ha fracasado Mariano Rajoy en esta ocasión. También lo ha hecho, por partida doble, Albert Rivera al ofrecerse como socio en ambos intentos, dejándose en la gatera algunos escaños tras el intento de junio.

Y ha fracasado Pablo Iglesias, que no facilitó la investidura de Sánchez en marzo y apostó por la repetición de elecciones convencido de que le llevarían a un sorpasso que duró, como diría Sabina, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.

Pero de poco sirve llorar por la leche derramada. Tampoco la asignación de responsabilidades servirá para desbloquear la situación. Sólo cuentan los votos suficientes emitidos en una sesión de investidura. Y de momento nadie los ha conseguido. Ir a unas nuevas elecciones no es una buena noticia, pero tampoco es un drama en democracia. El verdadero drama es que los candidatos repitan, que nos llamen para votar a los mismos y que el resultado sea aproximadamente el mismo. Porque no siempre a la tercera va la vencida.

Pero este es un fallo que deberá analizar un congreso de sociólogos para saber si los encuestadores preguntan fatal o es que los ciudadanos mentimos divinamente. Podemos debe dar gracias al destino que, en esta ocasión, les ha soplado con el viento favorable de la injusta Ley Electoral. Porque roza el milagro que habiéndose dejado más de un millón de votos en las elecciones no hayan perdido ni un solo escaño. Ciudadanos con 300.000 votos menos se ha quedado sin ocho diputados, por ejemplo.

Y a partir de ahí deberá revisar su estrategia en los últimos seis meses, que son los que hemos juzgado los electores en las urnas. Una confluencia que no convenció a la totalidad de los militantes de ambas formaciones y, por lo que se ve, de sus potenciales votantes. Un viaje ideológico en busca de la centralidad que, por lo que se ve, dejó muchos huérfanos en los márgenes. Un sobreliderazgo que no se correspondía con el magma político aún sin consolidar que está en el ADN de la formación. Una soberbia que, en ocasiones, ha estado por encima de su representación parlamentaria con el que contaban. Y, sobre todo, una apuesta arriesgada que ha salido mal: jugaron a sobrepasar al PSOE para capitanear la caída de Rajoy y hoy el PSOE está en donde estaba pero Rajoy está más cerca de repetir como presidente, lo que es de nota. Y ellos no son los responsables exclusivos de la situación pero es su parte de responsabilidad la que tienen que analizar para no repetir errores de cálculo. Y no parece muy difícil hacerlo.

Técnicamente el 26J no se repiten las elecciones del 20D. En sentido estricto el domingo juzgaremos el papel que han jugado los líderes políticos en estos seis meses aciagos. Dado que todos repiten, su papel en la anterior legislatura ya quedó juzgado en diciembre. Ahora queda valorar lo que ha sucedido en estos últimos meses.

Y este periodo ha sido especialmente duro para el PP que, con angustia, ha ido contando las semanas por estallidos de nuevos casos de corrupción. La Operación Taula, el Caso Acuamed, los Papeles de Panamá, la Operación Nazarí en Granada, las nuevas revelaciones en la Operación Púnica y los Papeles de Bárcenas, la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP en Madrid, agujereado por la Gürtel, la imputación de Juan Cotino, el avance de las investigaciones sobre los presuntos comisionistas Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, la imputación del PP como partido en Valencia y la fianza impuesta al PP nacional como responsable civil subsidiario de las tropelías de su extesorero*

Pero lo más relevante ha sido la implicación del número tres de Presidencia en el caso Acuamed y, sobre todo, la de dos ministros en funciones en asuntos oscuros: José Manuel Soria, que tuvo que dimitir por mentir a los ciudadanos sobre su presencia en los Papeles de Panamá, y la última traca, las conversaciones grabadas al ministro del Interior de las que se desprende que intentó conspirar contra rivales políticos en su despacho del ministerio. Dice el ministro que él es la víctima y que lo que hemos escuchado los ciudadanos se ha sacado de contexto. Pero que a un ministro del Interior le graben eso que hemos escuchado y en su despacho demuestra indecencia e incompetencia.

El estallido no tiene parangón, y aunque responsables públicos como el propio Fernández Díaz y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que deberían defenderlos, han sembrado dudas sobre jueces y policías por la casualidad de que estos casos afloren en momentos tan críticos, más bien habría que preguntarse si no tuvieron la deferencia de posponerlos para no interferir en el proceso anterior.

Porque estamos al tanto del proceso y en condiciones de identificar a los actores, pero alguien inadvertido, al leer este tipo de acusaciones, podría llegar a la conclusión de que es el juez quien se sienta en el banquillo y Horrach, el abogado defensor de la infanta, objetivo de la persecución de Castro, según su teoría.

Esta andanada del fiscal remata una historia de desencuentros que han dejado tocada una vieja relación personal y profesional forjada durante años en los que pasan más tiempo juntos en la Audiencia que con sus respectivas familias. Porque la pareja Castro/Horrach ha constituido un incansable y eficaz equipo en la lucha contra la corrupción en Baleares hasta que la infanta se cruzó en el camino.

Desde entonces, todo el proceso ha estado preñado de escritos del fiscal contra las sucesivas decisiones de Castro en los que le ha acusado de sumarse a una "teoría conspirativa", llena de "especulaciones huérfanas" y asentada sólo en el "ámbito de la rumorología". Dardos que hirieron tanto al juez que llegó a retar al fiscal a que lo denunciase por un delito de prevaricación. Cosa, por cierto, que no ha sucedido.

Ahora todo queda en manos del tribunal sentenciador. Si la infanta resulta culpable, la constancia del juez Castro habrá hecho un gran favor a la justicia que, como recordó el padre de la imputada en un discurso navideño, tiene que ser igual para todos.

Y si la sentencia dicta su inocencia, a la infanta no le habrá sucedido nada distinto que a otros ciudadanos que un día se vieron en el banquillo y salieron finalmente limpios del proceso. Y el juez Castro, aunque parezca paradójico, habrá hecho un gran favor a la monarquía, porque nada habría sido tan perjudicial para su imagen que extender la sospecha de que la infanta se hubiera librado del banquillo "por ser vos quien sois".

El lunes lo comenzó con la imputación de Juan Cotino en Valencia, con la petición fiscal de cárcel para dos alcaldes y diez concejales del ayuntamiento madrileño de Colmenar Viejo por corrupción continuada, y con la exigencia de la Audiencia Nacional del depósito de una fianza de 1.200.000 euros como responsable civil subsidiario en el caso de la caja b del partido.

Cuando estalló el caso Gürtel, el PP ya construyó un relato según el cual todo era una especie de oscuro complot urdido contra el partido. Después, del "todo es falso" pasaron a la proclamación de Rajoy de "todo es falso salvo algunas cosas". Y ante la acumulación posterior de casos de corrupción el relato oficial del partido hablaba de una suma de casos aislados, como si fueran hilillos de plastilina corrupta y no chapapote.

Esta semana, el PP ha vuelto a desenterrar esos argumentos. Si el ministro del Interior hace tres meses dijo que era "llamativa" la acumulación de causas contra su partido en "momentos tan sensibles", la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha seguido el camino y se ha mostrado sorprendida de la "actividad judicial inusitada" contra su formación en tiempo de precampaña electoral. Y es especialmente grave que personas con responsabilidad de gobierno pongan bajo sospecha la actuación de jueces y policías cuando lo que deberían hacer es defenderla.

Pero lo más sorprendente lo ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría al afirmar, "para tranquilizar a los ciudadanos", que está garantizado que el PP pagará la fianza porque, igual que otros partidos y sindicatos, buena parte de su financiación proviene de los Presupuestos del Estado. Es decir, que la fianza del PP como responsable subsidiario de un presunto delito de corrupción la abonaremos a escote todos los ciudadanos subsidiariamente.

   No es mentira lo que dice la vicepresidenta, pero ofende que nos lo restriegue en este justo momento en que estamos haciendo cuentas con Hacienda. Como ofende que la baronesa Thyssen proclame que "ser rico es difícil", en un país en el que uno de cada tres ciudadanos, según el Instituto Nacional de Estadística, roza el umbral de la pobreza.

Y cuesta mucho entenderlo, porque aquel bombardeo sobre una población civil inadvertida e indefensa es una de las mayores barbaridades de la historia de la humanidad. Es verdad que Obama, a pesar de encontrarse en la recta final de un mandato marcado por el acercamiento a antiguos enemigos y por su lucha para frenar la proliferación de armas nucleares en el mundo, representa a un país en el que todavía hoy más del 60% de los ciudadanos justifican aquellos macabros ataques a Hiroshima y Nagasaki porque permitieron acabar con la guerra y evitar otras muertes. Lo primero es evidente, a la luz de la rápida rendición japonesa una semana después de los bombardeos.

Pero no podemos dar por válido que no hubiese alternativas a la decisión de masacrar indiscriminadamente a decenas de miles de civiles para lograrlo. Porque el fin no siempre justifica los medios.

También la esclavitud contribuyó al progreso económico de los EE.UU. y, sin embargo, el presidente Clinton, en 1998, y la Cámara de Representantes, diez años después, pidieron perdón a la población afroamericana sometida. Son gestos que nunca pueden enjugar el sufrimiento de las generaciones esclavizadas o masacradas, pero que tienen un alto valor terapéutico.

Como el que realizó el canciller Willy Brandt en 1970 al arrodillarse ante el monumento del gueto de Varsovia, en el que más de 70.000 judíos fueron asesinados o deportados. El mandatario alemán sólo tenía previsto depositar un ramo de flores en aquel lugar simbólico, pero su sorpresiva genuflexión se convirtió en un gesto que pasó a la historia. Quizás Obama improvise una disculpa. Y estaría muy bien que lo hiciera, porque el perdón no sólo es un acto de justicia hacia las víctimas sino que, además, dignifica a los herederos de quienes tomaron decisiones tan aberrantes.

Los últimos años han sido nefastos para el país, con minúsculas. Y la crisis económica que han vivido todas las empresas se ha solapado en los medios de comunicación con una crisis de modelo fruto de las exigencias que lo digital ha impuesto a los medios tradicionales. El balance ha sido catastrófico. Desde el año 2008 se han cerrado en España 375 medios de comunicación, han perdido su puesto de trabajo 12.200 profesionales, los que lo han mantenido han visto recortado su salario y las nuevas incorporaciones se realizan con frecuencia a precio de becario, según el Informe de la profesión periodística que anualmente elabora la Asociación de la Prensa de Madrid.

Este recorte es dramático y paradójico. Porque en este periodo los medios tradicionales han tenido que crear y alimentar sus versiones digitales. Doble trabajo con plantillas menguadas y vaciadas paulatinamente de los periodistas más veteranos, poco rentables para gestores más preocupados de la cuenta de resultados que de los propios resultados. Y aunque es verdad que en este tiempo se han creado nuevos medios digitales, una extraordinaria noticia, su nacimiento no ha servido para enjugar la sangría en la profesión.

Hace 40 años, la aparición de nuevos periódicos se consideró un elemento fundamental para la consolidación de una democracia recién nacida. Y resulta doloroso que cuatro décadas después estemos asistiendo al desmantelamiento o al adelgazamiento suicida de muchos de ellos.

Sólo algunas entidades, como Caja Madrid y el BBVA, se negaron a aceptar este chantaje. En el auto del juez, sin embargo, se documentan también las aportaciones de tres entidades a las que no identifica que llegaron a pagar en conjunto casi cinco millones de euros a Ausbanc al verse salpicados por el caso de las cláusulas suelo.

El caso Ausbanc es de esos escándalos que, cuando estallan, todo el mundo proclama que "lo sabía". Por eso sorprende, salvo honrosas excepciones, el generalizado silencio de los extorsionados en todo este tiempo, el mantenimiento de sus inversiones publicitarias en los medios de los presuntos delincuentes hasta que la trama ha acabado en los tribunales y la actuación de la justicia en el pasado cuando, por ejemplo, el presidente de Credit Services, Javier López, decidió denunciar el chantaje en el que la falsa asociación de consumidores le exigió 300.000 euros a cambio de no hundir su negocio. Fue en 2007. El caso no sólo fue sobreseído sino que el demandante acabó después demandado y condenado por intromisión en el honor del ahora encarcelado Luis Pineda. Quizás nos hemos perdido algo en toda esta oscura historia. Aunque sería peor que las cosas sean como parecen: que los delincuentes hicieran su agosto criminal gracias al silencio cómplice de muchos de los extorsionados. Víctimas poderosas que, sin embargo, decidieron achantarse y alimentar al depredador antes que acabar con él.