La disposición transitoria cuarta está de nuevo en el debate político. Como protagonista cualificado de su inserción en la Constitución, entro en la polémica para afirmar que si Navarra no es Euskadi no es por ninguna norma imperativa, sino por la libre voluntad del pueblo navarro, que no ha considerado oportuno poner en marcha la iniciativa para su posible integración en la Comunidad Autónoma Vasca. Y debo decir con total rotundidad que es falso que la transitoria cuarta se incluyó en la Constitución para dar satisfacción al PNV.

Fue, por el contrario, una gran victoria de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Navarra, que supo resistir hasta la extenuación la enorme presión ejercida por el PNV y el PSE-PSOE, del que formaba parte la Agrupación Navarra del Partido Socialista de Euskadi, el Partido Comunista y las numerosas formaciones de la izquierda revolucionaria abertzale en la órbita de HB. Sin contar con la campaña de intimidación de ETA, que se tradujo en un intento fallido de atentado contra mí y que se reiteró en varias ocasiones más, sin éxito, como puede verse. A los abertzales revolucionarios les gustaba pasearse por las calles de Pamplona al grito de “Del Burgo, cabrón, irás al paredón” o “Del Burgo, Aizpún, pim, pam, pum”.

Les escoció sobremanera que, en las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, nuestra coalición Unión de Centro Democrático, liderada por el artífice de la Transición, Adolfo Suárez, obtuviera seis de los nueve parlamentarios asignados a Navarra (Jesús Aizpún, Ignacio Astráin y Pedro Pegenaute, diputados, y Jaime Ignacio del Burgo, Josecho Sarasa y José Luis Monge, senadores). En nuestro programa electoral dejamos bien sentado que defenderíamos la identidad española y la personalidad foral de Navarra, así como una reforma integral de la Ley Paccionada para devolver al pueblo navarro la titularidad del poder foral, mediante la democratización de las instituciones forales, en el marco de un régimen parlamentario, y la reintegración y amejoramiento del Fuero mediante un nuevo pacto con el Estado para fortalecer las competencias propias del régimen foral e incrementar nuestro autogobierno, asumiendo las facultades ejercidas por el Estado en Navarra no inherentes a la soberanía nacional.

No fue tarea fácil. Gracias a militar en un partido nacional como UCD, conseguimos que la disposición adicional segunda de la Constitución ampare y respete nuestros derechos históricos, como sinónimo de régimen foral, lo que abrió el camino para el reconocimiento de nuestra autonomía originaria y una cobertura constitucional para el pacto con el Estado para el Amejoramiento del Fuero de 1982. Rechazamos la pretensión del PNV de aplicar a Navarra la derogación, en la disposición final, de la Ley de 1839, pilar de la Paccionada de 1841, que hubiera dificultado el Amejoramiento. Y, por último, derrotamos la pretensión del PNV, de la Agrupación Navarra del PSE-PSOE y de todos los partidos de izquierda nacional y abertzale, estos últimos en la órbita de ETA, de integrar Navarra a Euskadi, por la brava.

Por otra parte, la disposición transitoria cuarta contiene el procedimiento a seguir en el supuesto de que el pueblo navarro desee integrarse en Euskadi. En tal caso, la iniciativa para la aplicación de aquella corresponde al órgano foral competente (el Parlamento Foral, la primera asamblea democrática de la España constitucional), por mayoría de sus miembros. Si se obtiene esta, la iniciativa debe someterse a referéndum del pueblo navarro. En caso de voto afirmativo, se abre el procedimiento a seguir para la reforma del Estatuto vasco para integrar a Navarra como una provincia más de la Comunidad Vasca. Tal procedimiento lo fijan las Cortes por mayoría absoluta de cada Cámara. El posible acuerdo alcanzado por el Parlamento Vasco con el Parlamento de Navarra debe someterse a la aprobación de cada Cámara y, en caso de que se apruebe, se someterá a referéndum del pueblo vasco y del pueblo navarro, por separado. De modo que la última palabra la tiene Navarra. En el debate en el Senado de la transitoria, Gregorio Monreal, senador del PNV por Guipúzcoa, me reprochó haber puesto una auténtica carrera de obstáculos para impedir la integración de Navarra en Euskadi. Le respondí que no eran obstáculos, sino garantías para la libre decisión del pueblo navarro.

Mi posición está clara y siempre ha sido la misma: Navarra será lo que los navarros quieran que sea y nuestro problema no es la transitoria, sino que no seamos capaces de convencer a las nuevas generaciones de que Navarra no puede quedar reducida a una provincia más de Euskadi, sujeta a la voluntad del Parlamento y del Gobierno vascos. Deberemos esforzarnos siempre en convencer a nuestro pueblo de que el actual status paccionado de Navarra como Comunidad Foral, integrada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos, es el más conveniente para asegurar nuestra libertad colectiva, promover el progreso económico y garantizar el bienestar social. Aizpún defendió la transitoria cuarta, en nombre de la UCD nacional, en la Comisión Constitucional del Congreso. Más tarde se arrepintió y se abstuvo en la votación final de la Constitución, afirmando que esta no garantizaba el régimen foral y que la disposición adicional segunda y la disposición transitoria cuarta nos abocaban indefectiblemente a Euskadi. La realidad demuestra que 48 años después el Fuero está en su plenitud, como lo demuestra el Amejoramiento del Fuero de 1982, fruto del pacto entre Navarra y el Estado. Esta disposición transitoria fue defendida en la Comisión Constitucional del Congreso por Jesús Aizpún.

Lamentablemente,

La actual dirección de UPN ha decidido declarar la guerra dialéctica a la transitoria cuarta. Fracasó en su intento de “colar” una reforma constitucional bajo el paraguas de una propuesta de reforma para conceder un senador a la isla de Formentera, en Baleares. La Mesa la inadmitió porque nada tenía que ver con la reforma que se pretendía. Ahora ha presentado en el Parlamento de Navarra una proposición de ley para instar a las Cortes a la reforma de la Constitución con el fin de suprimir la transitoria cuarta. Sorprende esta iniciativa, pues el cauce adecuado es un acuerdo del Parlamento proponiendo la reforma. Ignoro el porqué de esta iniciativa, condenada de antemano al fracaso, pues, aunque la voten el PP y Vox, no se alcanzará el quórum de dos tercios (210 diputados y 160 senadores, por separado), salvo que se sume el PSOE.

Llegados a este punto, considero oportuno revelar algunos hechos poco conocidos en torno a la discutida transitoria. En 1989, en un acto de racionalidad no frecuente en el centro-derecha español, se produjo la refundación de AP, que pasó a llamarse Partido Popular, integrando en él a la Democracia Cristiana y al Partido Liberal. En febrero de 1991 tuvo lugar la constitución del PP navarro (PPN). Fui elegido presidente y aprobamos por unanimidad una “Declaración de Principios”. Destaco dos de ellos: “El Partido Popular de Navarra afirma que cualquier modificación del estatus político de Navarra deberá realizarse conforme a la legalidad constitucional y con respeto a la voluntad libre y democrática del pueblo navarro. / En consecuencia, rechaza cualquier intento de incorporación o anexión de Navarra a la Comunidad Autónoma del País Vasco que no cuente con la voluntad expresa de los navarros en los términos previstos por la Constitución y el Amejoramiento”.

En otro gesto de generosidad y respondiendo al clamor de nuestros electores, convencimos primero al presidente del PP, José María Aznar, y después a Juan Cruz Alli y Miguel Sanz, para adoptar un pacto de colaboración permanente y estable, en cuya virtud los militantes del PPN pasaríamos a ser militantes de UPN, a cambio de que este se comprometiera a secundar en las Cortes y el Parlamento Europeo la política del PP. La fórmula no era del agrado del presidente de UPN. Pero el 25 de marzo de 1991, Aizpún, Aznar y yo firmamos el haraquiri del PPN. En septiembre de 1991, Alli se convertiría en presidente. Todo un éxito.

A finales de 1992, el comité ejecutivo de UPN me nombró ponente, junto a Aizpún, Gurrea, Alli y otros, para redactar los Principios Programáticos y Estratégicos de la acción política del partido. A mí me encomendaron la redacción del punto 3.5, Defensa de la identidad de Navarra, y el punto 4, Navarra en la España de las autonomías, dos puntos esenciales del pensamiento de UPN. En el Congreso del 6 de febrero de 1993, tuve el honor de defender en el plenario esa parte de la Ponencia —aprobada por unanimidad—, donde figuraba el siguiente párrafo: “La Constitución y el Amejoramiento han servido a su vez para configurar un marco constitucional democrático para todos los navarros para resolver, conforme al principio democrático, el contencioso surgido durante los años de la transición política a la democracia acerca de si Navarra, como sostiene y sostendrá siempre UPN, debía permanecer como una comunidad foral, diferenciada, o debía integrarse en la comunidad autónoma del País Vasco, consecuencia de su reconocimiento como nacionalidad histórica, o debía integrarse en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Euskadi o Euskal Herria”. No engañé a nadie.

Seguimos. El 3 de diciembre de 1998, día de San Francisco Javier, el diario ABC publicó una noticia explosiva: el presidente Sanz reivindicaba la convocatoria de un referéndum en Navarra sobre su anexión a Euskadi, al margen de la transitoria. En el Hotel Xabier, donde se concentraban las autoridades para acudir a la Basílica, hice un aparte con el presidente y le pregunté si era cierta la noticia. Me dice que sí, “porque no tenemos miedo a la democracia y esto es una manera de demostrarlo”. Le pido encarecidamente que no lo haga. Entre Santiago Cervera, portavoz del Gobierno foral, y yo lo convencimos.

Y llegamos a 2008. Nueva marcha atrás. La ruptura del pacto de 1991 provoca la refundación del PP. La “Declaración de Principios” afronta la cuestión que nos ocupa: “La Constitución garantiza la libertad de Navarra frente a cualquier intento de anexión a Euskadi o Euskal Herria que pretenda hacerse contra la voluntad del pueblo navarro. El PPN abogará por la derogación de la disposición transitoria cuarta siempre que tanto en la Constitución como en el Amejoramiento se garantice que cualquier alteración del actual status constitucional de Navarra se lleve a cabo con el respaldo del pueblo navarro en referéndum”. No se trata de cerrar la puerta, sino de que nadie la abra sin nuestro consentimiento.

Se ha escrito que defender la transitoria cuarta es incompatible con la defensa de la identidad y la foralidad de Navarra. Y eso, después de reconocer que 48 años después nuestra Comunidad Foral está en pie. No puedo admitir que se ponga en duda la lealtad a Navarra de los discrepantes. Si de algo nos sentimos orgullosos es de defender nuestra identidad, nuestra foralidad y de ser navarros y españoles.

Ochenta años después, el campo se ha convertido en un memorial en recuerdo de las víctimas del monstruo en que se convirtió Adolf Hitler. Con este motivo, han surgido voces que alertan del peligro que supone el auge en Europa del fascismo, que niega la existencia del Holocausto, y que podría ser capaz de desestabilizar las democracias occidentales. España no sería una excepción.

Hay, en cambio, otro holocausto que no tiene día internacional. El nazi duró cuatro años, de 1941 al 30 de abril de 1945, fecha del suicidio de Hitler en el bunker de Berlín. El otro holocausto, sin día internacional, fue el perpetrado por el comunismo, que se calcula asesinó en el siglo XX a 100 millones de personas.

El comunismo se ha forjado su propia coartada. Es una ideología que aboga por la liberación de la clase trabajadora de la opresión capitalista para llegar a una sociedad sin clases mediante la abolición de la propiedad privada y la implantación de la dictadura del proletariado como paso previo para la abolición del Estado. El comunismo aspiraba a la Revolución mundial y justificaba por ello la eliminación violenta de todos aquellos que se consideren enemigos del proletariado: el Estado burgués y sus instituciones (gobierno, policía, ejército, legisladores, los eclesiásticos —el líder bolchevique Lenin dijo que “la religión es el opio del pueblo”—), en definitiva, todo aquel que pueda tildarse de contrarrevolucionario.

A la muerte de Lenin en 1924, Stalin se hizo con el poder del Partido Comunista y en 1928 asumió un poder absoluto que le llevó a convertirse en el gran genocida del siglo XX. El holocausto estalinista no tuvo límites. Destacan las deportaciones de pueblos enteros, como ucranianos, chechenos y armenios, entre otros. Se calcula que Stalin asesinó en torno a 40 millones de personas.

Pero si se añaden las víctimas provocadas por la Revolución rusa, como las de China (Mao Tse-Tung), Camboya, Corea del Norte o Cuba (Fidel Castro y el Che Guevara), se calcula que en torno a 100 millones de personas perecieron por los crímenes del comunismo. Llama la atención el genocidio de Katyn, localidad polaca a poca distancia del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. El Ejército Rojo asesinó a 22.000 prisioneros de guerra y a otros miembros del Gobierno, de la magistratura, del clero católico y de la intelectualidad.

En Berlín se encuentra el Gedenkstätte Hohenschönhausen (Memorial de Hohenschönhausen), un memorial en recuerdo de las víctimas de la persecución de la Stasi, policía de la Alemania Oriental. Asimismo, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución de 8 de julio de 2025 condenando los crímenes del comunismo.

En la Guerra Civil española el comunismo soviético jugó un papel primordial. Los comisarios comunistas consiguieron convertir las milicias revolucionarias de los partidos leales a la República en un Ejército disciplinado y bien organizado, con el apoyo de Stalin, que a cambio se llevó una buena parte de las ingentes reservas de oro del Banco de España. Las Brigadas Internacionales, en su gran mayoría comunistas, evitaron que Madrid cayera en poder del Ejército nacional en los primeros meses de la guerra. Los crímenes perpetrados por la izquierda revolucionaria (PSOE, PC y EH) se saldaron con unos 40.000 asesinatos.

Esto nos lleva a analizar las Leyes de la Memoria Histórica y Democrática, que son un mazazo al espíritu de concordia que presidió la elaboración de la Constitución. Es un hecho históricamente probado que la Ley de Amnistía de 1977 supuso un punto final a los crímenes perpetrados tanto por el bando republicano como por el bando nacional. Se trataba de un perdón recíproco.

Los republicanos quedaban amnistiados de los delitos cometidos durante la guerra, al tiempo que los del bando nacional quedaban exonerados de los cometidos durante la guerra y el régimen de Franco. Para los diputados y senadores más jóvenes, entre los que me encontraba, que no teníamos que pedir perdón por nada ni por nadie, resultó emocionante ver cómo se daban la mano las figuras relevantes de ambos bandos, tuvieran delitos de sangre o no, para poner punto final a uno de los episodios más trágicos y vergonzantes de nuestra historia. Con motivo de la aprobación de la amnistía, Fraga presentó a Carrillo en una conferencia que pronunció en el Club Siglo XXI.

Todo esto nos lleva a las Leyes de la Memoria Histórica y Democrática, impulsadas por Pedro Sánchez, que se niegan a reconocer a las víctimas del terror rojo. ¿Acaso se puede olvidar que, en la zona republicana, se perpetró un auténtico genocidio con el asesinato de más de 7.000 clérigos católicos, por el mero hecho de serlo? Todas las iglesias y conventos de Cataluña fueron incendiados y saqueados.

Y esto no cabe imputarlo a la acción de una serie de incontrolados, sino a una acción preconcebida y coordinada. Las leyes en cuestión forman parte del propósito de deslegitimar la Transición a la democracia. Han resucitado el fantasma de las dos Españas y contribuyen a la polarización de la sociedad española. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez pactó el olvido de los crímenes de ETA al calificar de demócratas a etarras y proetarras, convirtiéndolos en socios preferentes de su Gobierno.

Pedro Sánchez revela su pensamiento sobre la socialdemocracia. Actualmente se habla mucho de la ideología socialdemócrata. Pero nuestro personaje va más allá, pues se siente investido de una misión mesiánica para liderar tanto en España como en el resto del mundo. Estas son sus principales reflexiones.

Considera que el actual debate sobre la socialdemocracia en el mundo se debe a que “se trata de la única ideología que ha logrado históricamente contener los aspectos más descarnados del capitalismo y por eso a muchos les gustaría que estuviera en crisis”.

“¿Cómo demuestras —se pregunta— que hay diferencias entre que gobierne la socialdemocracia o la derecha? Desde el Gobierno. Con políticas reales es como la gente ve que sus gobernantes apuestan por la sanidad, por la educación… y no diciéndolo. Una de las cosas en que nos hemos equivocado es cuando no hemos cumplido en el Gobierno lo que decíamos en la oposición. De ahí también mi convicción de que debíamos ser firmes en el «no es no». La clave en aquellos tiempos pasaba por cumplir nuestra palabra”. Sin duda, en 2026 no se atrevería a reproducir este pasaje.

La libertad no es prioritaria para Sánchez. La palabra mágica se llama igualdad, como si ambos conceptos no estuvieran indisolublemente unidos: “En este momento de la historia el reto de la socialdemocracia no es reinventarse, no es renunciar a sus ideas de redistribución de la riqueza y del poder, de establecer justicia social, de acabar con la desigualdad”.

Da por muerto el gran proyecto europeo que “se basó en un pacto entre la democracia cristiana y la socialdemocracia. Era un pacto de cohesión social, de redistribución de riqueza. Se ha roto con la crisis financiera global, y la democracia cristiana actual está en otros parámetros”. El ejemplo de Alemania y de los Países Escandinavos desmiente el diagnóstico de Sánchez. Y precisamente la alianza entre ambas corrientes ideológicas es una garantía para el porvenir de la Unión Europea.

Desde su llegada al poder, Sánchez ha demostrado que para él las ideologías carecen de valor. No solo ha construido un muro contra el Partido Popular, sino que ha puesto de manifiesto que sus intereses políticos personales son la brújula de su acción de gobierno. Nunca ha ganado unas elecciones generales. Y para llegar y mantenerse en la Moncloa no vacila en formar gobierno de coalición con los neocomunistas de Podemos y, como eso no basta, en convertir en socios y dar patentes de demócrata a quienes nunca han pedido perdón por sus crímenes y rechazan los pilares de la Constitución de 1978, porque solo anhelan romper la unidad de España y aplastar el pluralismo político.

¿Gobernar es resistir?

El presidente tiene una concepción de la gobernanza muy peculiar. No nos consta que haya leído El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que utiliza la palabra Príncipe como sinónimo de gobernante. En el capítulo XVIII, titulado en latín Quomodo fides a principibus sit servanda [De qué forma tiene que mantener su palabra un príncipe], Maquiavelo no puede ser más claro: “Por tanto, un señor que actúe con prudencia ni puede ni debe observar la palabra dada cuando vea que volverse en su contra y que no existen ya las razones que motivaron su promesa. Y si todos los hombres fuesen buenos, este precepto no sería justo; pero, puesto que son malvados y no mantendrían su palabra contigo, tú no tienes por qué mantenerla con ellos. Y a un príncipe nunca le han faltado razones legítimas para excusar su inobservancia. De ello se podrían presentar infinitos ejemplos modernos y demostrar cuántas paces y cuántas promesas han sido rotas por la infidelidad de los príncipes”.

Da la impresión de que Pedro Sánchez asume la idea de que el fin justifica los medios, que se atribuye falsamente a los jesuitas. Lo cierto es que su comportamiento político responde a esa idea, porque con tal de mantenerse en el poder no le importa pactar con quienes no tienen otro objetivo que poner fin a lo que llaman despectivamente “régimen de 1978”, bien para implantar el comunismo, conseguir la independencia o ambas cosas.

Lo que sí ha dicho Pedro Sánchez es que “gobernar es resistir”. La frase suele atribuirse a Cánovas del Castillo, pero no hay constancia documental de que la hubiera pronunciado. Quien sí la pronunció fue Juan de la Cierva cuando, al conocer que Alfonso XIII había tomado la decisión de abandonar precipitadamente España, trató de convencerle de lo equivocado de su decisión: “Majestad, gobernar es resistir”. De la Cierva consideraba que no “podía confundir una derrota política [en las elecciones municipales] con una imposibilidad de gobernar. Había que mantener la autoridad del Estado y resistir la presión de la calle y ganar tiempo”. No tuvo éxito.

Ahora bien, en boca de Pedro Sánchez adquiere un significado radicalmente diferente. Para el presidente es imprescindible mantenerse en el poder, aunque sea con un gobierno de minoría permanente que le obliga a pactar con sus socios, con alta fragmentación parlamentaria, y a acceder a sus pretensiones. Esto podrá ser bueno para Sánchez, pero no para España ni para el interés general.

Hay otro adagio latino que también podría estar en la mente de Sánchez. Fue Publio Ovidio Nasón (43 a. C.–17 d. C.) quien, en Heroidas, carta II (Phyllis a Demofonte), introduce el siguiente verso: Exitus acta probat, que literalmente significa “el resultado prueba los actos”. Andando el tiempo se tradujo el verso como “el fin justifica los medios”.

En este caso, el fin no es otro que mantenerse en la Moncloa y los medios, la claudicación humillante ante unos socios muy distantes del pensamiento ideológico del PSOE desde la Transición. Todo esto sin contar que en la Moncloa anida la corrupción, lo que agrava su debilidad.

Muchas de las claudicaciones son inconstitucionales. Por eso Sánchez no va de frente. Desde 2019, la deconstrucción de la Constitución se realiza por vía de hecho. Y aunque los tribunales le intenten poner coto, siempre estará el paraguas de Conde-Pumpido.

Hay cosas difíciles de entender. Me refiero al nombramiento como portavoz del Gobierno de Elma Saiz, hasta ahora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La verdad es que la carrera política de la recién nombrada ministra portavoz del Gobierno, que mantendrá una estrecha relación con Pedro Sáez, ha sido meteórica.

Nacida en Pamplona en 1975, casada y con dos hijos, se licenció en Derecho por la Universidad de Navarra y cursó un máster universitario en Derecho de empresa de dicha universidad. Inició su trayectoria profesional en 1999 como socia-directora de IMEL, Consultoría Jurídico Tributaria S.L., empresa especializada en la consultoría jurídico-tributaria y el asesoramiento a empresas y particulares.

En 2004 se afilió al PSN-PSOE. En 2008, Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior en el gabinete de Rodríguez Zapatero, la nombró delegada del Gobierno en Navarra, cargo en el que cesó cuando Mariano Rajoy obtuvo mayoría absoluta en 2012.

En 2018, tras el estallido del caso Gürtel, Pedro Sánchez percibió que era la ocasión propicia para derribar a Mariano Rajoy. Por supuesto, pasó por alto, como si no fuera con él, el escándalo de los ERE de Andalucía, el mayor latrocinio de la historia de la democracia hasta ese momento, que sentó en el banquillo a un exvicepresidente del Gobierno de España y a dos expresidentes de la Junta andaluza.

Al presentar la moción de censura contra Rajoy, contaba con tan solo 84 diputados. El éxito de la moción dependía de que 92 diputados del Congreso le dieran su apoyo. Se trataba de comunistas como Podemos, revolucionarios separatistas de la ultraizquierda como ERC y EH Bildu, así como de independentistas burgueses como PNV y Junts per Cap.

Fue entonces cuando Santos Cerdán, por aquel entonces secretario de Organización del PSN-PSOE, comenzó a brillar con luz propia cuando jugó un papel decisivo para conseguir el voto favorable de EH Bildu en la investidura de un Pedro Sánchez, que, a juzgar por lo que escribió en Manual de resistencia, se veía llamado a salvar el mundo.

Y ahí entra en juego la sociedad Servinabar 2000 S.L. Su presidente es Antxón Alonso, que en 2016 vendió el 45 por ciento de las participaciones sociales a su amigo Cerdán, mediante una escritura de compraventa notarial guardada en secreto. Cerdán convenció a Sánchez para que mantuviera una reunión secreta con el propio Arnaldo Otegui. Al ofrecerse para allanar el camino, el navarro sabía que Antxón y Otegui habían nacido en 1958 en Elgóibar y mantenían una cordial relación. Esta es la razón por la que Cerdán pidió ayuda de Antxón para que consiguiera una entrevista tan delicada. El líder bildutarra exigió que se celebrara con el máximo secreto.

Se produce en ese momento un episodio que parece propio de una película de acción. El debate de la moción de investidura se iba a celebrar el 1 de junio. A finales de mayo, a Sánchez sólo le faltaban los votos de EH Bildu. In extremis, el candidato y Cerdán toman un avión y aterrizan en el aeropuerto vizcaíno de Sondica. Allí les recibió Antxón, que los condujo a un caserío apartado donde esperaba Arnaldo Otegui. Tres horas necesitaron para ponerse de acuerdo. No hubo comunicado conjunto.

El líder proetarra, jefe de la banda terrorista en los últimos años hasta su disolución, anunció su apoyo a la investidura, pues lo único que debía primar era echar a la derecha del poder. ETA había perdido la guerra, pero comenzó a ganar la paz gracias a la claudicación de Sánchez, que no hubiera sido aceptada por la mayoría de los socialistas españoles en aquel momento. Es de suponer que, después de este gran “éxito”, Cerdán regresaría a Madrid como un pavo real. No le importaba haber protagonizado una ruptura histórica con el socialismo navarro de la Transición.

Pero Cerdán no se olvidaba de su querida Navarra. Y mantuvo nuevas conversaciones con Otegui de las que salió el compromiso de EH Bildu de facilitar a la secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, la presidencia de la Comunidad Foral. Bildu cumplió su palabra. Esta es la razón por la que la presidenta mantiene un profundo agradecimiento a quien había sido “vital para su carrera política”.

En el primer Gobierno de Sánchez, tras el triunfo de la moción de censura contra Rajoy, el presidente premió a José Luis Ábalos con la cartera de Fomento, mientras que Cerdán, en 2019, se convertiría en diputado por Navarra en el Congreso. En 2020, Ábalos pasó a desempeñar el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En julio de 2021, Cerdán sustituyó a Ábalos en la secretaría de Organización del PSOE nacional, convirtiéndose así en una de las personas más poderosas dentro del partido, por delegación de Sánchez.

Y todo esto, ¿qué tiene que ver con Elma Saiz? Pues muy sencillo. Estaba dentro del grupo dispuesto a cualquier cosa por satisfacer al gran Cerdán, en el que también militaba María Chivite.

II Santos Cerdán y sus marionetas

Recordemos que desde 2016, Santos Cerdán era socio secreto de Servinabar 1000 S.L., fundada el año anterior en Pamplona con un capital de 3.000 euros y domicilio en la calle San Nicolás 2 de Pamplona, muy cerca del Palacio de Navarra. El objeto social no tenía nada que ver con la construcción. Era una minúscula empresa dedicada a la organización de archivos y bibliotecas, digitalización y destrucción de documentos, cobros, encuestas, toma de datos y lectura de contadores.

En el País Vasco y en Navarra, Servinabar 2000 operaba como lobby de Acciona Construcciones con la que formaba UTE para obtener contratos de adjudicación de obras públicas de cuantía reducida. Servinabar cobraba como “conseguidor” de Acciona, cobrando las comisiones obtenidas.

Si Cerdán ya era el hombre fuerte en el socialismo navarro por su condición de secretario de Organización del PSN-PSOE, al acceder a la secretaría de Organización del PSOE a nivel nacional se convirtió en el superior jerárquico de sus compañeros, que pasaron a ser sus marionetas.

Al frente de ellas, María Chivite, seguida por el portavoz parlamentario del Parlamento navarro, Ramón Alzórriz, cuya esposa fue contratada por Servinabar 2000, donde se mantuvo hasta el estallido del escándalo que acabó con Cerdán sin que, al parecer, nadie en el Palacio supiera nada, algo muy difícil de creer; por la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno foral, Elma Saiz, uno de los departamentos más importantes, pues, aunque sea en miniatura, la Hacienda foral ejerce prácticamente las mismas funciones que la Agencia Tributaria del Estado; y por el consejero de Coordinación Territorial, Oscar Chivite, tío de la presidenta y de quien dependía la dirección general de Obras Públicas.

Fue entonces cuando los socios en la sombra, Cerdán y Antxón Alonso, decidieron afrontar una gran obra como el desdoblamiento de los túneles de Velate que les podía reportar pingües beneficios. A tal efecto, decidieron formar una UTE encabezada por Acciona, con un 60 por ciento; Excavaciones José Luis Osés, con un 35 por ciento; y Servinabar 2000, con un 15 por ciento.

La construcción y licitación de los túneles era competencia de Navarra. Es sospechoso que tan pronto como Chivite tomó posesión de la presidencia foral el 17 de agosto de 2019, el Gobierno navarro anunció en octubre de dicho año su acuerdo de construir el desdoblamiento de los túneles, por ser de absoluta necesidad. Recordemos que Cerdán era diputado por Navarra desde 2019.

Pues bien, a finales de noviembre de 2019, Cerdán asistió a una reunión de miembros del Gobierno navarro con el Gobierno de España para tratar de las ayudas que podría el Estado otorgar a Navarra para la construcción de los túneles. La presencia de Cerdán en esa reunión fue insólita, pues se trataba de un encuentro entre las dos administraciones. Pero sirvió para poner de manifiesto el gran interés desmedido que tenía el diputado Cerdán. Bien entendido que se trataba de satisfacer un interés personal espurio, coincidente, es verdad, con el interés general.

Los trámites para la preparación de la licitación de los túneles se iniciaron el 30 de septiembre de 2020 por el Departamento de Cohesión Territorial, de Oscar Chivite. El 6 de febrero de 2023 se adjudicaron las obras a la UTE Acciona, José Luis Osés y Servinabar 2000. El presupuesto base era de 78,6 millones de euros, y su oferta a la baja fue de 63,8 millones de euros. Por resolución de la dirección general de Obras Públicas de febrero de 2023 se nombró la Mesa de Contratación, presidida por Jesús Polo, que maniobró para que la UTE fuera adjudicataria de las obras, tal y como deseaba el Gobierno de María Chivite.

III La enmienda “in voce” capaz de acabar con el Gobierno de María Chivite

Si querían satisfacer a Cerdán, que había demostrado su gran interés por esta gran obra pública, el clan del Palacio de Navarra, encabezado por María Chivite, tenía que buscar una fórmula para controlar la Mesa de Contratación, de modo que su presidente fuera una persona de su absoluta confianza.

No sabemos quién sacó a relucir el nombre de Jesús Polo. Teniendo en cuenta que el nombramiento de las Mesas competía al Departamento de Coordinación de Oscar Chivite, todo induce a pensar que fue el tío de la presidenta quien lo puso sobre la mesa. El problema estaba en que Polo estaba a punto de cumplir 70 años y la Ley Foral de la Función Pública de 2012 establecía taxativamente la jubilación forzosa de los funcionarios forales que alcanzaran dicha edad.

Para superar este grave inconveniente, el cónclave decidió concederle una prórroga de su servicio activo durante un año. Como veremos a continuación, no vacilaron en levantar para Polo el límite de los 70 años, aunque para eso tuvieran que utilizar una modificación “ad personam” de la Ley Foral. Y en este contubernio claramente delictivo tuvieron que participar la presidenta María Chivite, la consejera de Economía y Hacienda Elma Saiz, responsable de la elaboración de los presupuestos generales de Navarra; Oscar Chivite, que controlaba el proceso de adjudicación de obras públicas; y Ramón Alzórriz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Foral.

Todos se pusieron de acuerdo en redactar una enmienda “in voce” para introducir una disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales de Navarra de 2022 a fin de legalizar la prórroga de su edad de jubilación. Probablemente recabaron la colaboración de Félix Taberna, vicepresidente y consejero de Movilidad, Función Pública y Migraciones, pues la enmienda le afectaba directamente al tratarse de una modificación de la Ley Foral de 2012 de la Función Pública navarra.

Debemos insistir en que resultaba insólito que, mediante una enmienda “in voce” al proyecto de ley de Presupuestos, se introdujera una disposición que nada tenía que ver con el contenido de aquél. Una decisión de tal envergadura y riesgo político debió contar, en primer lugar, con el plácet de la presidenta. No pienso que Elma Saiz, sin su conocimiento, presentara la enmienda “in voce”, que solo era de aplicación a Jesús Polo y decía así: “Se autoriza la permanencia en el servicio activo por encima de los 70 años de edad del personal adscrito al Departamento de Cohesión Territorial dentro de la Dirección General de Obras e Infraestructuras que ocupen la Dirección de Servicio, por un periodo de un año por necesidades del servicio, falta de profesionales, complejidad técnica de los proyectos u obras de ejecución inmediata que es preciso acometer, de suma trascendencia para el desarrollo territorial de la Comunidad Foral de Navarra, razones en todo caso debidamente justificadas”.

La justificación de la enmienda era muy escueta: “Por necesidades del servicio”. No se aportaba ningún informe técnico que justificara que el único funcionario que cumplía los requisitos de la disposición era Jesús Polo. La justificación es totalmente fraudulenta. No había ninguna necesidad del servicio. Es este un punto muy grave, pues demuestra que no se vacila en falsear la verdad.

Precisamente, el Gobierno de Navarra tiene un plantel de Ingenieros de Caminos y Obras Públicas, plenamente capacitados y de gran prestigio, capaces de presidir mesas de contratación, algo que ejercen con habitualidad.

De la negociación de la “enmienda in voce” se encargó Ramón Alzórriz, que se puso de acuerdo con Uxúe Barcos, en nombre de Geroa Bai —que adjudicó obras públicas a la UTE Acciona y Servinabar durante su mandato entre 2015 y 2019—, y Mikel Buil, en representación de Podemos.

No es creíble que la líder de Geroa Bai no tuviera conocimiento de lo que ocultaba esa enmienda, si se tiene en cuenta que Servinabar 2000 era bien conocida por la representante en Navarra del PNV. Los tres parlamentarios firmaron la enmienda, que no fue debatida en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda. Se incluyó, como de tapadillo, en la disposición adicional décima de la Ley Foral, sin que en el Pleno del Parlamento se debatieran las diecisiete disposiciones adicionales.

Se abría así el camino para que Jesús Polo fuera nombrado presidente de la Mesa de Contratación. Ésta se produjo por una resolución del Director General de Obras Públicas e Infraestructuras, Pedro López Vera, dictada el 6 de febrero de 2023. En dicha resolución se aprobó el expediente de contratación y se designaron a los miembros que formarían parte de la Mesa de Contratación para este procedimiento de licitación.

Y aquí entra de nuevo Elma Saiz, que bajo su entera responsabilidad incluyó la disposición adicional en los presupuestos de 2021 y 2022. Eso convirtió a la actual ministra portavoz del Gobierno en responsable personal y directa de un acto delictivo en sí mismo, pues suponía una clara desviación de poder que podría entrar en el ámbito penal, ya que la finalidad era dar cobertura legal a la corrupción de Santos Cerdán.

En 2023, el PSN-PSOE, en la creencia de que Elma Saiz era la candidata ideal para encabezar la lista de su partido a la alcaldía de Pamplona, señaló a Elma Saiz. La interesada dimitió de su cargo de consejera. Pero sus expectativas se esfumaron, pues en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 tan sólo consiguió 5 de los 27 miembros de la Corporación pamplonesa. La candidata de UPN obtuvo 9 escaños, que sumados a los 2 del PP quedaban a 4 de la mayoría absoluta. EH Bildu fue derrotada en número de votos y escaños por UPN, al no alcanzar más que 7 escaños. Las izquierdas no se pusieron de acuerdo y la alcaldía recayó en Cristina Ibarrola por encabezar la lista más votada.

Según los mentideros, al no poder ser alcaldesa, Elma Saiz se mostraba muy frustrada, pues suponía un parón en su brillante carrera política. Lo que no sabía era que, tras la celebración el 24 de julio de 2023, aunque Alberto Feijóo derrotó a Pedro Sánchez con una diferencia de 16 escaños, aunque UPN y Vox le dieran sus votos, se quedaba a 4 escaños de la mayoría absoluta.

En el Senado, el PP obtuvo una rotunda victoria al tener mayoría absoluta de 144 senadores de un total de 266. Aunque Sánchez apareció eufórico la noche electoral diciendo “¡El PSOE ha ganado las elecciones!”, la realidad era que Sánchez fue una derrota política, pues después de una legislatura triunfal, según su propaganda, tan sólo obtuvo 121 diputados, un escaño más que en 2019.

Su única solución era negociar su investidura con la extrema izquierda, comunistas como Podemos y revolucionarios independentistas como ERC, BNG y EH Bildu, sin tener ningún reparo en pactar con dos partidos nacionalistas burgueses como el PNV y Junts per Cat. Aunque las elecciones se celebraron el 24 de julio de 2023, fue muy difícil llegar a acuerdos con sus socios, lo que explica que la investidura se celebrara el 16 de noviembre de aquel año.

En la negociación de los pactos tuvo un papel muy destacado Santos Cerdán. A finales de octubre de 2023 el secretario de Organización del Partido Socialista se reunió con Arnaldo Otegui. El 30 de octubre, anunció que EH Bildu votaría a favor de Pedro Sánchez, pero no dio ninguna información sobre el contenido del acuerdo. Pronto se conocería el precio a pagar a los abertzales.

El 13 de diciembre de 2023 se anunció la presentación de una moción de censura contra Cristina Ibarrola. El 28 de diciembre, Joseba Asirón se convirtió con el voto de los 7 concejales de EH Bildu, los 5 del PSOE, los 2 de Geroa Bai y el de Contigo (Podemos). Con este acuerdo Otegui vio hecha realidad lo que dijo en 2005: “Pamplona es para los vascos como Jerusalén para los palestinos”.

Cerdán era consciente de que este acuerdo contrariaba a Elma Saiz. En la opinión pública se llegó a hablar de “traición” a Navarra al entregar al abertzalismo revolucionario la capital del antiguo Reino. Nada de eso le importa ni a Sánchez, ni a Chivite ni a Saiz. Pero a ésta Cerdán le reservaba una gran sorpresa.

Al día siguiente de anunciarse el pacto con EH Bildu, Elma Saiz fue nombrada el 21 de noviembre de 2023 ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno Sánchez. Su meteórica carrera política había dado un salto prodigioso. Podría decirse que “París bien vale una Misa”, la famosa frase atribuida a Enrique III de Navarra antes de convertirse en Enrique IV de Francia.

Pero Elma Saiz no puede borrar su propia historia. El contubernio delictivo para lograr que Jesús Polo se convirtiera en presidente de la Mesa de Contratación de los túneles de Velate le perseguirá siempre. La Justicia es lenta, pero segura. Y quizás no esté lejos el día en que el Tribunal Supremo lleve a cabo una investigación a fondo de este asunto que hasta ahora parecía pasar inadvertido.

Pero la realidad demuestra que nada impide ahora que Imanol Pradales Gil y Aitor Esteban Bravo, que en la terminología de Arana serían “maketos”, ocupen la presidencia del Gobierno Vasco y la del PNV, respectivamente. Y, para oprobio de las mujeres, el descerebrado fundador humilla brutalmente al sexo femenino: “La mujer es vana, es superficial y tiene en sumo grado todas las debilidades propias de la naturaleza humana (…) Es inferior al hombre en cabeza y corazón (…) ¿Qué sería de la mujer si el hombre no la amara? Bestia de carga, e instrumento de su bestial pasión: nada más”.

Y, refiriéndose a su propia esposa, dice: “Uno de tus deberes principales es el de estar sumisa y obedecerme en todo lo que no vaya contra Dios. ¿Por qué me dices, pues, que he hecho mal en casarme (…) que no me porto como marido, sino que te trato como a esclava?”.

En los Jardines de Albia, en el centro de Bilbao, muy cerca de Sabin Etxea, sede del PNV, se alza una estatua de bronce de dos metros de altura en honor de Sabino Arana. ¿Creen los bilbaínos, de origen maketo o con doce apellidos vascos, que un personaje racista, xenófobo y machista puede ser homenajeado por una sociedad que rechaza —así lo proclama la Constitución española— la prevalencia de discriminación alguna por razón de “nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social?”

A todo esto, el 10 de diciembre de 2025, Telefónica anuncia la incorporación de Antón Ortúzar al Consejo de Administración de su filial Telefónica Audiovisual Digital (TAD), responsable de los negocios de producción y gestión audiovisual bajo la marca Movistar Plus+. Los consejeros de esta filial ganan alrededor de 80.000 euros anuales (no se ha desmentido esta cifra), compatibles con otros puestos. Por ejemplo, Ortúzar lo compatibilizará con el asesoramiento de la consultora PwC, una multinacional de servicios profesionales y una de las firmas más grandes del mundo en su sector.

Ahora que tan en boga está pedir perdón, quizás Ortúzar lo pida a los españoles. Porque españoles ni por el forro, pero la cosa cambia si el bolsón está lleno. El ejemplo de Ortúzar se ha contagiado a Geroa Bai, que es la formación que esconde al PNV en Navarra. Se ha sabido que Roncesvalles Solana, consejera de Educación en el Gobierno presidido por Uxúe Barcos, está en el Consejo de Radio Televisión ESPAÑOLA, mientras que su marido es el jefe de gabinete de Unai Hualde, presidente del Parlamento de Navarra.

El nuevo lendakari vasco, Imanol Pradales Gil, tan pronto juró su cargo so el Árbol de Guernica, ordenó una auditoría de catorce contratos otorgados a la UTE Acciona con sociedades pertenecientes a Antxón Alonso, de quien es socio oculto Santos Cerdán. Esta decisión provocó el disgusto del ex presidente del Euskadi Buru Batzar, Antón Ortúzar (2014-2025), y del ex lendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu (2012-2024). Pradales puso, además, en un aprieto a Aitor Esteban, nuevo presidente del Euskadi Buru Batzar, al poner en tela de juicio la pureza de su propio partido, que siempre ha declarado que estaba exento de corrupción.

Pero acaba de ocurrir un acontecimiento que puede acabar con la imagen del País Vasco como una reproducción de la “Arcadia feliz” de la Grecia clásica, según la pintan los nacionalistas. Me refiero a la detención de Antxón Alonso, el hombre que sabía —y sabe— demasiado sobre la corrupción del Gobierno vasco, en la que él participaba activamente bajo el paraguas de Acciona Construcciones. El ponente del Tribunal Supremo lo puso en libertad provisional, pero podría ocurrir que a la UCO le sirva más libre que entre rejas.

Quizás haya otra persona preocupada. Se trata de Arnaldo Otegi, el líder durante largos años de ETA y ahora de Sortu-EH Bildu, donde actúa como albacea del testamento político de la banda terrorista. Este se resume en el derecho de la imaginaria Euskal Herria a la autodeterminación. El otro mandato es conseguir la integración de Navarra en el conjunto vasco. Todo ello con la mirada puesta siempre en la independencia de la nación vasca convertida en la República euskadiana. Otegi nació en Elgóibar en 1958, al igual que Antxón. ¿Cuántos contratos de obras se han adjudicado a la UTE Acciona-Antxón por los municipios en los que su palabra es la ley? Esperemos que, una vez más, la Policía Judicial, la UCO, ofrezca luz en las tinieblas.

Quede claro que el Amejoramiento del Fuero tiene plena legitimidad jurídica. Es un pacto entre el Estado y Navarra que tiene como fundamento constitucional la disposición adicional primera sobre nuestros derechos históricos o derecho al régimen foral, y no es cierto que el pueblo navarro no haya podido ejercer el derecho a decidir, se supone, para pasar o no a formar parte de Euskadi o Euskal Herria. En la disposición transitoria cuarta de la Constitución se prevé que Navarra pueda incorporarse al actual régimen estatutario del País Vasco, como un territorio más de la Comunidad vasca, siempre que la iniciativa la adopte el Parlamento de Navarra por mayoría absoluta y esta sea ratificada por el pueblo navarro en referéndum. Caso de que la iniciativa sea aprobada, en tal caso hay un complejo procedimiento para proceder a la reforma del Estatuto vasco de 1979 con el fin de integrar a Navarra en él.

Puesto que después de casi 50 años de vigencia de la controvertida disposición transitoria cuarta sin que Navarra sea Euskadi, me parece conveniente recordar su contenido, pues muchos navarros —y también navarras— lo desconocen. En primer lugar, el Parlamento navarro, por mayoría absoluta de sus miembros, tendría que aprobar la iniciativa para la integración en Euskadi. En el caso de obtenerse dicha mayoría, se convocará un referéndum de ratificación o no del pueblo navarro. Si no se aprueba, la iniciativa decae y no se podrá convocar un nuevo referéndum en el plazo de cinco años. Si la ciudadanía navarra aprueba la iniciativa en este primer referéndum, se pone en marcha el procedimiento para la reforma del Estatuto vasco de 1979 establecido en los artículos 46 y 47.2 para la integración de Navarra en Euskadi, que se remiten a su vez al artículo 151 de la Constitución.

Fácil es de comprender que la integración de Navarra no puede hacerse sin reformar el Estatuto vasco. De modo que, en aplicación de tales normas, el procedimiento a seguir es el siguiente:

1.º El Gobierno convocará a la Asamblea de todos los diputados y senadores de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya para que se constituyan a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto reformado, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2.º Aprobado el proyecto de reforma por la Asamblea de parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, en el plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de la delegación de la Asamblea proponente para determinar, de común acuerdo, su formulación definitiva.

3.º Dispone el artículo 47.2 del Estatuto vasco que “en el caso de que se produjera la hipótesis prevista en la disposición transitoria cuarta de la Constitución [iniciativa del Parlamento de Navarra y referéndum del pueblo navarro], el Congreso y el Senado, en sesión conjunta y siguiendo el proceso reglamentario que de común acuerdo determinen, establecerán, por mayoría absoluta, qué requisitos de los establecidos en el artículo 46 se aplicarán para la reforma del Estatuto, que deberán en todo caso incluir la aprobación mediante Ley Orgánica por las Cortes Generales y el referéndum del conjunto de los territorios afectados”.

Es evidente que este referéndum del conjunto de los territorios afectados debe incluir dos circunscripciones electorales: una, de los territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, directamente afectados por la reforma de su Estatuto; y la otra, del pueblo navarro. Dando muestra de su gran espíritu democrático, el lehendakari vasco Carlos Garaicoechea, al aprobarse el artículo 47 del Estatuto de Autonomía de 1979, sostuvo que el segundo referéndum era para Navarra un mero trámite, por lo que la expresión “conjunto de los territorios afectados” debía entenderse como una sola circunscripción electoral de los cuatro territorios. De modo que, aunque todos los ciudadanos navarros votaran en contra de la integración, su voto quedaría aplastado por el de los territorios vascos, muy superiores en población.

Pero las cosas se complican aún más si se tiene en cuenta, como ya dijimos al principio, que en 1982 Navarra, con el apoyo y respaldo de los derechos históricos o régimen foral de la disposición adicional primera de la Constitución, mediante pacto con el Estado, promulgado por la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, había procedido a la Reintegración Foral y Amejoramiento del Régimen Foral. En virtud de dicho pacto, “Navarra constituye una Comunidad Foral, con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos”. Es evidente que Navarra no puede integrarse en Euskadi, como un territorio más de la Comunidad vasca. Esto obligaría a renunciar al Amejoramiento. Pero, para ello, debería formalizar un nuevo pacto con el Estado. ¿Está el pueblo navarro dispuesto a renunciar a su identidad y a su foralidad histórica?

Vuelvo a la reunión del Euskadi Buru Batzar el pasado martes, 18 de noviembre, en Pamplona. No sé si el objetivo era tratar de las últimas revelaciones de la UCO, que afectan también a Uxue Barcos, a su esposo Jesús González Mateo, director general de la empresa de comunicación Petromedia, y al hijo del director de Diario de Noticias, Joseba Santamaría. La Justicia tendrá la última palabra. Pero lo que no puede alterarse es la historia. Y Hualde no dijo que el PNV nunca ha obtenido un diputado en el Congreso de los Diputados desde las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977 hasta hoy. Ni que, cuando se ha presentado en solitario, nunca ha obtenido más del 7-8 por ciento de los votos en Navarra. Está bien la profesión de fe fuerista, pero el PNV no votó a favor de la Constitución y, si de ella hubiera dependido, la disposición adicional primera, clave de la legitimidad constitucional del pacto para la Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, no se hubiera producido. Y, por último, el PNV votó en contra del Amejoramiento de 1982 en el Parlamento de Navarra, en el Congreso y en el Senado. En suma, en estos momentos, si del PNV hubiera dependido, seríamos un territorio más de Euskadi, sujeto al Parlamento y al Gobierno vascos.

Pero en el horizonte de Navarra no cesan los nubarrones. En la investidura de presidente del Gobierno de 20 de diciembre de 2023, Sánchez se comprometió con el PNV a negociar un Nuevo Estatus Político para el País Vasco, que culminaría en un primer momento en una Confederación Euskadi o Euskal Herria “con” España. El PNV y Bildu van de la mano en este punto. La disposición transitoria es un valladar, en principio, inexpugnable. ¿Pero si Navarra tiene dentro —nada menos que en su Gobierno— la quinta columna?

Quiles se ha convertido en el ultraderechista más mediático. Ignoramos qué le impulsó a venir a Pamplona con la pretensión de dar una de sus charlas en la Facultad de Periodismo, sin que el Rectorado le hubiera autorizado para ello. Si, como dijo Quiles, respeta la ley, presentarse en la Universidad, aunque fuera para reunirse en el campus universitario, suponía desobedecer el mandato del Rectorado. Más aún, sabiendo que la llegada de las milicias de la kale borroka iba a perturbar el normal desarrollo de las actividades académicas, desobedeció el mandato del Rectorado.

Quiles probó que su populismo, basado en halagos y alabanzas, le nubla la inteligencia. Solo así puede comprenderse que se presentara en la sede del Diario de Navarra con la finalidad de grabar un vídeo para que toda España viera cómo “vuestros amigos los terroristas no nos han dejado entrar en Navarra”. Y esto lo dijo en Pamplona, es decir, en el corazón de la Comunidad Foral, frente a la escalinata en la que ETA atentó en 1980 contra su director, José Javier Uranga, que sobrevivió milagrosamente a los 25 balazos disparados a quemarropa por el comando criminal.

Dicho esto, los vídeos grabados en el campus de la Universidad de Navarra demuestran la llegada de una columna de unos 250 encapuchados, vestidos de negro, que parecían haber recibido una formación paramilitar. No portaban armas, pero sí robustos palos, frente a los que las porras policiales estaban en manifiesta inferioridad. Así se puso de manifiesto cuando apalearon al periodista Ismael Martínez, que tuvo mucha suerte porque pudieron haberlo matado. Frente a la columna revolucionaria se veían desperdigados unos pocos policías nacionales que muy pronto fueron arrollados por la turba. No consta que hubiera encapuchados heridos, pero sí varios agentes policiales. Después marcharon sobre el barrio de Ermitagaña, cuyos vecinos vivieron momentos de terror. No se salvó ni un solo contenedor.

La reacción de la clase política navarra oscila entre la rotunda condena de UPN y PP, y los tibios comunicados de los partidos de la coalición de gobierno. La fórmula de estos es apelar a la condena de la violencia “venga de donde venga”. El alcalde Asirón rechazó los incidentes “lamentables” ocurridos, pero sin poner nombre y apellido a los violentos. La delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, como no podía ser menos, condenó la violencia, hizo un llamamiento a la convivencia y desmintió que a los encapuchados se les hubieran incautado armas y cuchillos.

Sobre los sucesos del 30 de octubre se acumulan numerosas preguntas sin respuesta. ¿Se reunió la Junta de Seguridad para determinar con tiempo la estrategia a seguir para hacer frente a los miembros de la kale borroka? ¿Por qué no se movilizó a la Policía Foral, que cuenta con un Grupo de Intervenciones Especiales (GIE), con la finalidad de impedir que los encapuchados pudieran organizarse y entrar en el campus universitario? ¿Cuál es la razón por la que la Policía no fue capaz de impedir la invasión del barrio de Ermitagaña? ¿Por qué la Policía no llegó a tiempo de evitar el apaleamiento del redactor de El Español? ¿Es cierto o es un bulo que los encapuchados entraron en la Facultad de Teología y produjeron daños en su capilla?

Hay más preguntas para las instituciones. ¿La Fiscalía de Navarra ha abierto diligencias informativas? ¿Ha interpuesto Asirón demanda o querella contra los autores de los desmanes? ¿Cómo es posible que se detuviera tan solo a dos encapuchados, que ya están en libertad? ¿A cuánto asciende el destrozo del mobiliario municipal y privado?

El 30-O sugiere otras incógnitas que afectan al Gobierno de España. Lo primero que llama la atención es el silencio de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Los cachorros de ETA, supuestamente disidentes de Arnaldo Otegi, han puesto a Sánchez y a Chivite en una posición muy desairada. El regreso de la kale borroka puede ser el preludio de una nueva escalada de terror. En tales condiciones, la ciudadanía no aceptaría que sean socios privilegiados de los Gobiernos de España y de Navarra quienes odian a España, defienden la independencia y pretenden acabar con la identidad de la Comunidad navarra, convirtiéndola en una provincia más de Euskadi, sometida a los dictados del Parlamento y del Gobierno vasco. Sin olvidar al alcalde Asirón.

Además, es posible que estemos ante algo más que una mera disidencia. Existe una posible conexión de la organización de los encapuchados de uniforme negro con otros movimientos revolucionarios juveniles que trabajan para constituir un nuevo partido comunista internacional. Sea lo que fuere, el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de investigar a fondo a los que hasta ahora solo agreden con palos, pero cualquier día podrían pasar a la lucha armada. Ya sucedió con ETA, que nació en los años sesenta del siglo pasado de una disidencia de los cachorros del PNV, insatisfechos por la tibieza de sus “burukides”. Progresivamente fueron incrementando sus acciones de violencia, hasta que, un fatídico 7 de junio de 1968, asesinaron a un agente de Tráfico de la Guardia Civil, José Antonio Pardines, que prestaba servicio en la carretera nacional 1, a la altura de Aduna. Es preocupante que la Guardia Civil, que actuará ahora como Policía judicial, a las órdenes de la Audiencia Nacional, tenga que compartir sus avances con la Ertzaintza, donde, como reflejo de la sociedad vasca, puede haber agentes en los que no se pueda confiar.

El experto curador del campo de concentración de Mauthausen (Austria), Cristian Düri.

Para apoyar al adalid de la piqueta vino a Pamplona, con todos los honores, en calidad de experto: un tal Cristian Düri, curador del Memorial de Mauthausen, el campo de concentración nazi en el que murieron asesinadas miles de personas durante la II Guerra Mundial. El Memorial austríaco pretende que las nuevas generaciones sepan que aquel lugar era uno de los campos de exterminio construidos en el marco de uno de los episodios más trágicos y crueles de la historia humana, la II Guerra Mundial, por orden del líder del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores (Partido nazi), Adolf Hitler, que fue responsable de un gigantesco genocidio y de un sinfín de crímenes de lesa humanidad. Serían en torno a 5 o 6 millones los asesinados en los campos de concentración nazis cumpliendo las órdenes de Hitler, una cifra escalofriante solo superada por Josep Stalin, líder del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), que asesinó a 20 millones de personas, promoviendo la extensión por el mundo de los Partidos Comunistas, causantes de unos 100 millones de asesinatos.

El curador austríaco seguro que desconoce que en España no hubo nada semejante a la II Guerra Mundial, pues la gran tragedia fue que luchaban españoles contra españoles. En los dos bandos se cometieron violaciones de lo que el derecho internacional de nuestros días calificaría de crímenes de lesa humanidad e incluso genocidio, como es el caso del exterminio de la Iglesia Católica en las zonas republicanas.

El Monumento de la discordia

En Navarra la mayoría de los navarros combatió para lograr el triunfo del Alzamiento cívico-militar. Los vencedores construyeron el solemne Monumento neoclásico en recuerdo de los Caídos (en mi opinión, debería rebautizarse como Monumento a la Paz y la Libertad de Navarra), que se inauguró en 1952. Han pasado ya casi 75 años y el Monumento está insertado en el paisaje urbanístico de la ciudad —es una expresión correcta y habitual en arquitectura, urbanismo y patrimonio—, configurando un eje visual y simbólico entre la avenida de Carlos III y la plaza de la Libertad. Asirón no tiene ninguna intención de buscar la concordia, sino todo lo contrario. Se plantea derribarlo o desmocharlo y crear un Memorial que recuerde para siempre los crímenes de “las derechas”, a la que de forma subliminal se identifica con la derecha navarra. De ahí que quien no comparta el planteamiento “progresista” sea un fascista.

El guerracivilismo, seña de identidad de la II República

Hoy, con toda certeza, forman parte de EH Bildu muchos que han tenido padres o abuelos que lucharon en el bando vencedor. De lo que estoy seguro es de que desconocen el contexto histórico en el que se produjo la guerra civil. Desde la proclamación de la II República en 1931, en España se gestó un ambiente guerracivilista y pronto el país se dividió en dos. De un lado, las izquierdas se preparaban para implantar la Revolución Social y soñaban con el exterminio de los que consideraban instrumentos de la explotación de los proletarios, como la Iglesia, el Ejército, la Guardia Civil, la Banca y el capitalismo, así como a los grandes terratenientes. Soñaban con un futuro orden político-social en el que las clases sociales quedarían abolidas y desaparecería el Estado, eso sí, previa implantación de la dictadura del proletariado. Los principales líderes del Partido Socialista Obrero Español, como Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, arengaban a las masas, rechazando la Constitución de 1931, a la que calificaban de burguesa. Las derechas abogaban por la restauración de la paz y el orden, imprescindibles para conseguir el progreso económico y social.

El antecedente de la contienda hay que situarlo el 6 de octubre de 1934, cuando el PSOE se sublevó contra el legítimo Gobierno de la II República en toda España para implantar la Revolución Social. Estas son algunas de las “perlas” de Francisco Largo Caballero, secretario general de UGT y presidente del PSOE, con estatua en la Castellana: “Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista”; “La democracia es incompatible con el socialismo”; “Reivindico la dictadura del proletariado, que considero inevitable”. El golpe fracasó, pero tuvo especial dureza en Asturias, donde en tan solo quince días la Revolución socialista causó 1.400 muertos. Fueron asesinados 35 sacerdotes y seminaristas. El casco histórico de Oviedo quedó totalmente destruido.

El Frente Popular, una coalición para la Revolución violenta (1936)

En las elecciones generales de febrero de 1936, el Frente Popular, una coalición de partidos que no creían en la democracia, se hizo con el poder gracias a un probado pucherazo, que arrebató a “las derechas” cuarenta escaños que les habrían dado la victoria. En los meses que siguieron hasta el Alzamiento cívico-militar el caos se había apoderado de España. Además de la quema de numerosas iglesias y conventos, fueron asesinadas numerosas personas. En la sesión de las Cortes del 15 de junio de 1936, un diputado centrista de la CEDA pronunció un discurso haciendo balance del caos republicano, al que siguió el líder de Renovación Española (monárquico), que denunció la anarquía en que estaba sumida España. Esto provocó una violenta respuesta del presidente del Gobierno, Casares Quiroga; se amenazó de muerte al líder de Renovación Española, Joaquín Calvo Sotelo. En su réplica, pronunció unas frases proféticas: “Yo digo como lo que el santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: ‘La vida podéis quitarme, pero nada más. Más vale morir con honra que vivir con vilipendio’”. Fue entonces cuando la diputada comunista Dolores Ibárruri, alias “la Pasionaria”, dijo: “Ese hombre ha hablado por última vez”. Y fue profética, pues la noche del 13 al 14 de julio, un grupo de miembros del PSOE lo sacó de su domicilio y lo asesinó. El 17 de julio tan pronto como se produjo la sublevación, las izquierdas proclamaron la Revolución Social en la mayor parte del país, pues los sublevados fracasaron en Madrid, Barcelona y la mayor parte de las grandes ciudades.

El PNV de Navarra y Álava se unen a la sublevación del 18 de julio de 1936

Pues bien, hay algo que se oculta hoy, y es que en el Partido Nacionalista Vasco se partió en dos. En Pamplona y en Vitoria, los nacionalistas se adhirieron al Alzamiento. En Guipúzcoa y Vizcaya, el PNV se posicionó a favor de la República. En Navarra sobresalen el fundador del PNV, Manuel Aranzadi, Paz de Ciganda o Miguel Javier Urmeneta. Este último, después de la guerra, se sumó a la mal llamada “División Azul” y llegó a ser teniente coronel del Estado Mayor del Ejército, hasta que el “Caudillo” le nombró alcalde de Pamplona. También se sumó a la sublevación Arturo Campión, tras la caída de San Sebastián. En la carta que dirigió en agosto de 1936 Paz de Ciganda al presidente de la Junta Central de Guerra Carlista, José María Beasain, se lee: “Llena de afirmaciones, mi espíritu Cristiano, Español y Navarro, mi mano siempre estuvo abierta, como mi corazón, con este movimiento salvador de nuestra fe; puse a su servicio cuanto soy y represento, mi solicitud, mi cariño por los soldados navarros sin distinción; mejor dicho, inclinándome siempre al pobre y humilde = Por Dios, por España y por Navarra desde el primer momento”.

Manuel de Irujo, ministro del Gobierno Largo Caballero, denuncia la persecución de la Iglesia católica

Tampoco es conocido el informe que Manuel de Irujo elevó al presidente del Gobierno, Largo Caballero, sobre la persecución de la Iglesia en la zona republicana, con apenas seis meses desde el inicio de la guerra civil. Irujo, navarro de Estella, era diputado por Guipúzcoa y fue clave en la reunión del Euskadi Buru Batzar del 19 de julio de 1936, en la que se decidió ser leal a la República, a cambio de la inmediata aprobación por las Cortes del Estatuto de la Región Vasca o Euzkadi. Pues bien, esto decía Irujo en un Manifiesto de fecha 7 de enero de 1937, firmado en Valencia, donde se había refugiado el Gobierno. Reproducimos las partes más significativas:

“La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente:

— Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio.

— Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido.

— Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron.

— En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos.

— Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados o derruidos.

— Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles; hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan solo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdotes.

— Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía, que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerde”.

Largo Caballero no se dio por enterado.

En el Memorial del Monumento deberían recordarse a los 150 sacerdotes, religiosos y frailes navarros, entre ellos 19 monjas, asesinados por el mero hecho de serlo.

Pero Asirón no se ha fijado en la escultura por su gran valor artístico e imaginativo, sino porque esconde una intencionalidad política de acuerdo con su ideología abertzale revolucionaria. Porque —¡hete aquí!— Oteiza bautizó en 1952 su escultura con el nombre de “Homenaje al espíritu” y así la presentó al concurso convocado por el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, con el patrocinio de la Tate Gallery, el Museo Nacional Británico de Arte Moderno. Sin que se sepa muy bien por qué, Oteiza rebautizó su escultura como homenaje al Prisionero Político Desconocido. En aquel momento los judíos y la gran mayoría de la población vivían en la Europa oriental bajo la bota del totalitarismo comunista. El concurso lo ganó el escultor Reg Butler, cuya obra se colocó en el Berlín occidental para simbolizar la lucha contra el comunismo.

Es poco conocido que Jorge Oteiza pudo presentarse al concurso de Londres gracias a la ayuda económica de Juan Huarte, uno de los hijos de Don Félix, el empresario y vicepresidente de la Diputación Foral, que fue el artífice del desarrollo industrial de una Navarra que hasta los años 60 del siglo XX vivía fundamentalmente de la agricultura y ganadería. Juan Huarte era un apasionado del arte contemporáneo. Junto a su hermana María Josefa promovieron la obra del artista. Eran fervientes seguidores de Oteiza. En los años 90, Oteiza hizo donación al pueblo navarro de su colección de esculturas, dibujos, su archivo y biblioteca personal. A tal efecto se constituyó en 1996 la Fundación Museo de Oteiza en Alzuza. Se nombró presidente del Patronato a Juan Huarte Beaumont y también, entre otros, a dos consejeros del Gobierno de Navarra.

Por acuerdo del Ayuntamiento de 30 de diciembre de 1997, se acordó comprar la escultura “por la cantidad de 20 millones de pesetas”. Posteriormente, en 1999, de acuerdo con Jorge Oteiza, se instaló en la Plaza de Félix Huarte. La maqueta original de 1952 presentada al concurso de Londres preveía que fuera esculpida en piedra, pero posteriormente Oteiza decidió fundirla en bronce. Se hicieron dos esculturas iguales, una de las cuales se encuentra en Madrid, presumiblemente en el domicilio de Juan Huarte.

IV. LA MANIPULACIÓN DEL PENSAMIENTO NACIONALISTA DE OTEIZA Y LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ETARRAS CON EL PRISIONERO POLÍTICO DESCONOCIDO

En los años de la Transición, Jorge Oteiza reveló su pensamiento nacionalista abertzale y de izquierdas, si bien era partidario de la reconciliación para llegar entre todos a un régimen democrático. En las primeras elecciones, el guipuzcoano se presentó al Senado en las listas de Euskadiko Ezkerra, partido vinculado a ETA político-militar. Más tarde dejó EE y se afilió a Eusko Alkartasuna, el partido de Juan Carlos Goikoetxea, fundado en 1986 cuando el todopoderoso líder del PNV, Javier Arzalluz, maniobró hasta obligarle a dimitir. Después de esta frustrante carrera política, Oteiza se dedicó por completo a la escultura. Nunca tuvo problemas con la policía de Franco ni tampoco durante la democracia. Falleció en San Sebastián en 2003.

Fue entonces cuando comenzó el abertzalismo proetarra a valorar la estatua de Oteiza y a manipular el pensamiento nacionalista del escultor para convertir la escultura en un símbolo político abertzale. El título originario de la escultura se prestaba a ello, pues se hablaba de homenajear a los prisioneros políticos desconocidos. Arnaldo Otegi ha dicho por activa y por pasiva que denegar la existencia de presos políticos en el Estado español forma parte de una estrategia diseñada para negar la existencia misma de un conflicto en el País Vasco. Por ese motivo, tras esta transformación ideológica, Asirón y Bildu han decidido que frente al Parlamento se alce el símbolo escultórico en el que se refleja la lucha etarra.

No podemos olvidar que si el Parlamento existe es a pesar de la oposición sangrienta de la banda terrorista ETA que rechazaba una institución en la que se asienta la voluntad popular navarra amparada por la Constitución de 1978. No hubo ningún conflicto militar entre el Estado español. Los que se autocalifican como héroes de la lucha del pueblo vasco por su emancipación de España. La realidad es que el concepto político de pueblo vasco, agrupando a las tres provincias vascas, se plasmó por vez primera en el Estatuto de Guernica de 1979. Fracasaron al pretender integrar a Navarra por la brava para convertirla en un territorio foral más de Euskadi o Euskal Herria. A los proetarras les rechinan los dientes al comprobar que el pueblo navarro emprendió su propio camino hacia el Amejoramiento del Fuero, enlazando con el autogobierno del Reino de Navarra. Lo expuesto hasta aquí demuestra el maquiavelismo de Asirón, que le lleva a proceder con astucia, doblez y perfidia. Probablemente Oteiza no consentiría semejante metamorfosis de su obra. Su gran mecenas, Juan Huarte, tuvo que sufrir el secuestro por ETA de su hermano Felipe. Nada de héroes. Liberticidas cobardes y miserables.

Fotos de la escultura dedicada al Prisionero Político Desconocido, en la Plaza de Félix Huarte (agosto de 2025).

En su soberbio artículo “Arrinconar a hombres que han hecho Navarra” (DN, 24 de agosto de 2025), el prestigioso historiador Jesús Fortún demuestra cómo los reyes destronados eran un símbolo del Reino de Navarra, que al parecer desagrada al fundamentalismo abertzale que representa Asirón en Pamplona. Sostiene acertadamente Fortún que Navarra no existiría hoy sin García Ramírez, ni sin Felipe III Evreux, que salvó a Navarra de desaparecer. El rey más relevante de dicha dinastía fue Carlos III el Noble, que unificó los burgos de Pamplona dictando el Privilegio de la Unión, cuyo 602 aniversario hemos celebrado el 8 de septiembre.

II. EL PEPRI EN CONTRA DE ASIRÓN

La decisión de Asirón no ha sido aprobada por el pleno del Ayuntamiento. Se dirá que el alcalde ha hecho uso de sus prerrogativas, pero lo cierto es que el pueblo de Pamplona no ha sido consultado, demostrando que lo del gobierno participativo y abierto es pura palabrería. Sin embargo, la decisión es cuestionable desde el punto de vista jurídico. Porque no ha tenido en cuenta la existencia del PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo), aprobado por acuerdo del pleno municipal en la sesión de 18 de diciembre de 2002.

El PEPRI tiene por objeto principal la conservación y regeneración del Casco Antiguo, promoviendo su rehabilitación y reforma de manera respetuosa con su valor histórico. El Plan contiene disposiciones claras respecto a las seis estatuas de los reyes que flanquean el andén central del Paseo de Sarasate (ámbito 11). Según el plan aprobado por el Ayuntamiento el 7 de julio de 2001 (publicado en el BON el 7 de septiembre del mismo año), el texto establece que dichas esculturas “se integrarán en el nuevo diseño que se lleve a cabo en el paseo”. El caso es que la ubicación de los reyes en el Paseo de la Taconera no ha sido aprobada por el Pleno municipal. UPN presentó un recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, instando la anulación de la decisión de Asirón de modo que las estatuas permanezcan en el Paseo de Sarasate. Los regionalistas han pedido a la juez de lo contencioso-administrativo la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión del traslado de los reyes hasta que se dicte sentencia firme. La última novedad es que el pasado día Asirón ha reconocido en el pleno municipal que la modificación del PEPRI era imprescindible para acordar el traslado de las estatuas. Y la Corporación, el 12 de septiembre pasado, acordó iniciar el procedimiento legalmente establecido (información pública, los procedimientos legalmente establecidos sectoriales, aprobación inicial y definitiva, etc.). Esta confesión inesperada tiene un efecto demoledor para el alcalde. Mientras la modificación del PEPRI no se produzca, dando visto bueno a la retirada de las estatuas, la adjudicación de las obras de reforma del Paseo de Sarasate en la nueva Plaza del Parlamento es nula de pleno derecho.

El caso es que la Junta de Gobierno Local aprobó el 3 de julio pasado la adjudicación del contrato para el traslado desde el Paseo de Sarasate al parque de la Taconera de las seis estatuas de reyes de Navarra, encargo que ejecutará la empresa Sabbia Conservación y Restauración SL por un importe de 155.577,84 euros (un 13% por debajo del precio de licitación) y un plazo de ejecución de cuatro meses. Está previsto que estos trabajos comiencen en el plazo máximo de diez días con la revisión del estado de las esculturas y el estudio y protección del entorno de los jardines. Al mismo tiempo, y siguiendo las recomendaciones de Príncipe de Viana, Gerencia de Urbanismo ultima la modificación del Plan Municipal para que estas esculturas, en su nueva ubicación, gocen del mismo nivel de protección que en la actual. El problema está para Asirón en que, mientras no se modifique el PEPRI, la adjudicación es nula de pleno derecho o anulable, sin perjuicio de que pueda haber un delito de prevaricación.

Jaime Ignacio del Burgo es Doctor en Derecho

A continuación, Sánchez nos da una lección magistral de cómo el cambio climático “genera un aumento de las temperaturas y veranos más largos. Este calor favorece la evaporación de agua, lo que, junto a la escasez de lluvias, agosta las plantas y los árboles, reseca la tierra y convierte el medio natural en pasto de las llamas con mayor facilidad”. Pero no solo la naturaleza es la culpable de los grandes incendios. La responsabilidad recae en las Comunidades Autónomas que en el invierno deberían concentrarse en la limpieza de los montes y no lo hacen, sino que, producido el incendio, es a ellas a quienes corresponde el mando único de las labores de extinción. “El Estado colabora con medios adicionales, pero no suple los medios ordinarios que ellas deben proveer y los trabajos para poner limpios los bosques”. El presidente afirma que “tenía claro que la prevención y la extinción de incendios debían recibir un impulso político extraordinario. Se lo hemos dado desde el Gobierno aprobando medidas de distinto calado. El mando único para la extinción, a incendios que afecten a más de una comunidad autónoma, resultaba tan necesario que enseguida se puso en práctica. Es una de las mejoras de coordinación en la lucha contra los incendios que hemos implantado”.

Sánchez, como es habitual en él, no dice la verdad. Porque nada de lo que dice sobre el mando único, atribuyéndose el mérito de haberlo implantado, se ajusta a la realidad, al tiempo que descalificaba la labor de las Comunidades Autónomas que, casualmente, tienen gobiernos del PP. Lo cierto es que, en 2022, Sánchez tenía la obligación de haber ordenado el mando único del Estado, de acuerdo con la legislación vigente desde 1985, en que se estableció el Sistema Nacional de Protección Civil y se creó el Consejo Nacional de Protección Civil para sostener “un modelo nacional mínimo” para hacer frente a las emergencias de interés nacional. Pero fue la Ley de 9 de julio de 2015, sobre Sistema Nacional de Protección Civil, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La Ley de 2015 se basa en lo dispuesto en el artículo 148.1.7ª de la Constitución, que atribuye la competencia sobre los Montes y Aprovechamientos Forestales. Ahora bien, el Tribunal Constitucional había sentado jurisprudencia en cuya virtud el Estado podía ejercer el mando único en determinadas emergencias de interés nacional. La Ley de 2015 especifica en su artículo 28 que el Estado asumiría la competencia y mando único, a través del Ministerio del Interior, cuando los efectos de la emergencia superan claramente la capacidad de respuesta autonómica, afecta gravemente a varias Comunidades Autónomas o está en juego el interés nacional (infraestructuras críticas, seguridad nacional, etc.). En conclusión, Sánchez no promueve ninguna medida en tal sentido, sino que vulnera el ordenamiento jurídico que le obligaba a ejercer el mando único.

Dos años después se reproduce la misma situación que en 2022. Esta vez Sánchez, de vacaciones en el Palacio de La Mareta en la isla canaria de Lanzarote, tardó diez días en acercarse por segunda vez a la Sierra de la Culebra, devastada por las llamas con mayor fuerza que en 2022. Esta vez los vecinos no le recibieron de buen grado y se produjeron momentos de gran tensión. Sánchez volvió a su discurso de 2022 y anunció que el Estado ofrecía su colaboración a las Comunidades Autónomas, sin referirse a su obligación de asumir el mando único.

La respuesta del presidente Sánchez se ha producido este 1 de septiembre en una declaración en la que comenzó afirmando que desde el inicio de los incendios el Estado había llevado a cabo una movilización sin precedentes en la historia de nuestro país. Enfatizó que, en los últimos cinco años, el Estado había invertido 34.000 millones de euros en la lucha contra los incendios. Y añadió que el cambio climático había matado a más de 2.000 personas. De modo que había que centrarse en combatirlo. Y partiendo de la premisa de que el cambio climático mata, anunció un Pacto de Estado para que los 360 días se implementaran todas las medidas necesarias para hacerle frente en todos los ámbitos, con fondos económicos y medios humanos y técnicos. Lo que no dijo es por qué, ante semejante movilización, el Estado no había asumido el mando único, tal y como establecía la Ley de 2015. Y tampoco hizo ninguna referencia a los incendios provocados por pirómanos, tramas organizadas para la recalificación de las zonas arrasadas o por negligencias. Más aún, durante sus casi ocho años de gobierno nunca ha hecho referencia a esta modalidad delictiva que también mata a personas. La razón es que la responsabilidad de la prevención y represión de los pirómanos corresponde al Ministerio del Interior y, en último extremo, al propio presidente del Gobierno. Para Sánchez es más rentable políticamente hablar del cambio climático, de modo que la culpa es de las Comunidades gobernadas por el Partido Popular.

El Pacto de Estado es un trágala para los partidos de la oposición, al tener como eje fundamental la concepción ideológica sobre el cambio climático. De modo que se mantiene la polarización de la política española, que solo sirve para que Sánchez siga en el Gobierno con el apoyo de quienes no tienen otra obsesión que acabar con lo que llaman “el régimen de 1978”. El Pacto será un instrumento para aprobar medidas que, so pretexto de luchar contra el cambio climático, dicten normas del neocomunismo de Samar y de los socios separatistas que lo apoyan. Y si no, al tiempo.

Lourdes Goicoechea fue objeto de un ensañamiento por parte de sus adversarios políticos, con una serie de acusaciones que la Justicia zanjó en una sentencia que declaraba que no tenían fundamento. ¿Se quiere volver a resucitar el calvario que, sin piedad, tuvo que soportar? ¿Qué relación tiene con la corrupción de Santos Cerdán y de Ábalos en el partido y en el Congreso, respectivamente?

Sigamos por Javier Esparza. No hay indicio de ninguna irregularidad, por más que sus adversarios puedan criticar su gestión política, que nada tiene que ver con el objeto de la Comisión de Investigación.

Y, por último, tampoco Francisco Iribarren, presidente de Aguas de Navarra, que nada tuvo que ver con la adjudicación de las obras de la primera fase de ampliación de la zona regable del Canal de Navarra, que recayó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por OHL (Obrascón Huarte Laín, S.A.) y Agbar (Aigües de Barcelona, participada por La Caixa). Este consorcio obtuvo el contrato al presentar una oferta económica un 25 % inferior al presupuesto de licitación, frente a la rebaja del 11,9 % propuesta por la otra UTE competidora (Acciona–Iridium). La UTE OHL tuvo una participación cercana al 60 % y Agbar el 40 %, adjudicándose una concesión que incluía la construcción y la explotación de la infraestructura durante 30 años, con un canon medio anual estimado en unos 8,5 millones de euros. La licitación se convocó por la empresa pública INTIA, dependiente del Gobierno foral, mediante un concurso abierto con un presupuesto estimado de unos 147 euros.

La Cámara de Comptos de Navarra emitió un informe en marzo de 2015 donde se analiza el proceso, confirmando la concesión a la UTE adjudicataria y validando el modelo de “peaje en la sombra”. Por último, Canal de Aguas, S.A. (CANASA), encargada de la construcción y mantenimiento del Canal de Navarra y sus ramales, es una sociedad mercantil cuyo capital pertenece en un 60 % al Estado y un 40 % al Gobierno de Navarra.

Si María Chivite y Uxue Barkos no tienen nada que ocultar, ¿por qué no comparecen ante la Comisión? ¿Pretenden eludir preguntas incómodas y tener que decir la verdad, so pena de cometer delito de falso testimonio? Hace unos días se conoció que la Hacienda de Navarra había localizado y enviado al Supremo un pago de 4.840 euros de Servinabar a la empresa de comunicación Presmedia, un lobbying institucional que opera en Madrid y en Bruselas, y del que su esposo ha sido director general y consejero delegado.

En una nota difundida por Barkos, la expresidenta rechazaba cualquier irregularidad. Presmedia había sido contratada por la empresa de Antxón Alonso (socio de Santos Cerdán desde 2016) para participar en un evento internacional celebrado el 1 de junio de 2018 en Bilbao. Y afirmó que “de ninguna manera participé, ni entonces ni en ningún otro momento, en adjudicación alguna”. Pero no era cierto. Durante su mandato se adjudicaron a la UTE Acciona–Servinabar varias obras: acondicionamiento de las oficinas del Pabellón Navarra Arena en 2017, por 3,78 euros; Colegio Público de Arbizu (2018), por 2,6 millones de euros; habilitación del antiguo archivo y jardines (2018), por 2,4 millones de euros; 62 viviendas de VPO de Erripagaña de Pamplona, por 6,8 millones de euros. Da la impresión de que el evento internacional pretendía ser la puesta en sociedad de la empresa Servinabar, que se unía a otras empresas constituidas en el País Vasco que obtenían importantes contratos de obras públicas y viviendas por la excelente relación que mantenía el socio de Santos Cerdán con el PNV y Bildu.

María Chivite también tiene muchas cosas que contar. Durante el mandato de Uxue Barkos, que descabalgó del poder foral a UPN, la secretaria general del PSOE se distinguió por su oposición sin cuartel a Nafarroa Bai. Pero todo cambió cuando Sánchez presentó contra Rajoy una moción de censura, y el 2 de junio de 2018 se convirtió en presidente del Gobierno. En agosto de 2019, Chivite accedió a la presidencia de la Comunidad Foral en segunda vuelta y en una reñida votación (23-22), gracias a la abstención de Bildu. Y, del mismo modo que Sánchez dio comienzo al blanqueamiento de Bildu, dando a Arnaldo Otegi patente de demócrata, Chivite anunció que el partido filoetarra tendría la condición de socio prioritario. Santos Cerdán había sido secretario de organización del PSOE navarro hasta que Sánchez le nombró para el mismo cargo a nivel nacional. Convertido en la mano derecha de Sánchez, Santos Cerdán habría negociado en secreto con Bildu la investidura de Chivite, lo que le convirtió en el hombre fuerte del socialismo navarro. Desde el mismo momento en que su pupila se sentó en el despacho presidencial, Cerdán, so pretexto de defender los intereses de Navarra, comenzó a maniobrar para favorecer a Servinabar, de la que era su socio. Surgió así la idea de conseguir la adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Velate.

Para ello era imprescindible controlar la Mesa de Contratación. El primer paso sería nombrar presidente a un funcionario que se prestara a ello. La persona idónea sería Jesús Polo. Y ahí entraron en escena, además de Chivite, su consejera de Hacienda y Economía, Enma Saiz; Ramón Alzórriz, portavoz partalmentario del PSN; y la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos. El problema residía en que, salvo excepciones, todos los funcionarios, al cumplir dicha edad, cualquiera que fuera su número de años de servicio, pasaban a formar parte de las clases pasivas. Decidieron entonces presentar una enmienda “in voce” al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad foral para el año 2021 que autorizaba la permanencia en servicio activo por encima de los 70 años para personal del Departamento de Cohesión Territorial (la llamada “excepción permanencia en servicio activo”). Con carácter general se prorrogan para el año 2021 las medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra previstas en el artículo 1 de la Ley Foral 13/2012, de 21 de junio… Con efectos desde el 1 de enero de 2021, la excepción contemplada en el apartado 5 de ese artículo 1 comportará que la prolongación se podrá autorizar, únicamente, por un máximo de un año una vez cumplida la edad de jubilación forzosa estipulada por la Seguridad Social en cada momento… No obstante, y como salvedad, el Departamento de Salud podrá prolongar en el servicio activo a determinado personal del mismo durante el año 2021, por necesidades del servicio y falta de profesionales, razones en todo caso debidamente justificadas… La prolongación se realizará por un año, siendo prorrogable si se mantienen las condiciones del otorgamiento, previa solicitud del interesado, y con el límite de setenta años de edad. No obstante, y como salvedad, el Departamento de Salud podrá prolongar en el servicio activo a determinado personal del mismo durante el año 2021, por necesidades del servicio y falta de profesionales, razones en todo caso debidamente justificadas… La prolongación se realizará por un año, siendo prorrogable si se mantienen las condiciones del otorgamiento, previa solicitud del interesado, y con el límite de setenta años de edad. Se da la circunstancia de que el único funcionario que reunía tales requisitos era Jesús Polo, un funcionario del Departamento de Cohesión Territorial, director del Servicio de Nuevas Infraestructuras. La ley como trampolín para legitimar acciones corruptas.

La enmienda “in voce” se negoció por Ramón Alzórriz, portavoz parlamentario del PSOE en el Parlamento foral, con Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai. Dicha negociación se hizo con el consentimiento de la presidenta María Chivite y por la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, responsable de la elaboración del proyecto de presupuestos para 2021. Ambas conocieron y autorizaron la presentación de la enmienda “in voce”. Cuando el proyecto de desdoblamiento de los túneles de Velate estuvo redactado, el Gobierno nombró a Jesús Polo presidente de la Mesa de Contratación. Por una razón o por otra, todos querían dar satisfacción a Santos Cerdán, el “amiguísimo” de Antxón (y socio). Todos conocían al empresario guipuzcoano, muñidor de una UTE con tres socios: Acciona Construcciones, Excavaciones Luis Osés y Servinabar, una empresa minúscula que, en modo alguno, podía afrontar una obra de la envergadura de los túneles de Velate. Habría que preguntar a otra gran amiga de Cerdán, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y a la presidenta Chivite cómo es posible que Servinabar pudiera aportar el certificado de su inscripción en el Registro de Empresas Licitadoras y empresas calificadas del sector público del Estado y otro certificado similar para licitar obras públicas de la Comunidad Foral.

María Chivite, Elma Saiz y Uxue Barkos han conseguido evitar prestar testimonio ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra. Pero no contaban con que fueran citadas por la Comisión de Investigación del Senado a petición del PP. La ley dice que tienen obligación de presentarse ante él. Podrán abstenerse de contestar a las preguntas, pues mentir sería delictivo. Pero su silencio sería tanto como reconocer su implicación en el conjunto de irregularidades que presidió la adjudicación de las obras a la UTE infectada de corrupción.

Pero a partir de entonces no todo fue un camino de rosas. Durante la II República se produjo un gravísimo contrafuero. Presidía el Gobierno en 1932 Manuel Azaña, al pretender que la contribución de la renta de las personas físicas recién aprobada sería recaudada en Navarra por la Hacienda del Estado. Las leyes de la memoria histórica se empeñan en elevar a los altares como el mejor estadista español del siglo XX a un personaje ególatra cuyas decisiones más contribuyeron al desenlace cainita de la guerra civil de 1936. La Comisión Gestora de la Diputación de Navarra se opuso radicalmente invocando el carácter paccionado de la Ley de 1841. Y dio un paso más. En 1933 se dictaron las normas de establecimiento y recaudación por la Hacienda Foral.

Se produjo un tira y afloja entre ambas partes, hasta que Manuel Azaña, presidente del Gobierno por segunda vez, ordenó a la Hacienda estatal que tomara las medidas necesarias para la aplicación del impuesto estatal en Navarra. El 17 de julio de 1936, una orden del ministerio de Hacienda daba a la delegación de Hacienda del Estado las instrucciones precisas para dar cumplimiento a la orden. El 20 de julio se publicó la orden ministerial en el Boletín Oficial de Navarra. Pero el 29 de julio, tras adherirse al movimiento cívico-militar dirigido por el general Mola, se zanjó el contrafuero. Se anuló la orden y se dispuso que los contribuyentes navarros presentaran a la Hacienda foral las correspondientes declaraciones.

Hay que decir que la Constitución de la II República no incluía ningún precepto de salvaguarda del régimen foral, cuyo futuro estaba en entredicho. En 1927 se había aprobado el primer Convenio Económico. Por parte del Estado, firmó José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, y de la Diputación, que calificó el acuerdo de “obra de titanes”. En su libro Mis servicios al Estado: “Duras y profundas fueron mis contiendas con ellos [los comisionados navarros]… pero he de reconocer sus altas cualidades de rectitud y competencia…; he de confesar que su intransigencia fue mucho mayor en cuestiones de principio que en las de cifrado”.

De 1927 nos trasladamos a 1975, momento en que se inicia la Transición a la democracia, tras la muerte del general Franco. Aunque durante el franquismo se firmaron los Convenios de 1941 y 1969, este último de gran trascendencia por ser el primero en abordar con profundidad la armonización entre el régimen fiscal del Estado y el navarro, lo cierto es que un gran número de los principales hacendistas de España consideraba que los Convenios Económicos podían modificarse o derogarse mediante una ley ordinaria de las Cortes. Los representantes navarros de UCD, liderado por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez, tuvimos que hacer una importante labor de catequesis para ilustrar sobre el carácter paccionado del régimen foral. La primera prueba de fuego se produjo tras la aprobación unánime y emocionante de la Ley de Amnistía que ponía fin a las dos Españas.

La siguiente ley la promovió el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez. El destino me situó en la comisión de trabajo que asesoró al ministro para la redacción del proyecto de Ley de Reformas Urgentes en materia fiscal. Conocí a Fernández Ordóñez cuando él desempeñaba el cargo de secretario general técnico de Hacienda en 1972 y yo desempeñaba idéntica función en la Diputación Foral. Nos hicimos amigos y, cuando se dio el pistoletazo de salida para la creación de partidos políticos, un grupo de quijotes de la política creamos el Partido Social Demócrata Foral de Navarra y nos incorporamos a la Federación de Partidos Social Demócratas, que presidía Ordóñez.

Cuando la comisión de asesores terminamos la elaboración del proyecto de ley, manifesté al ministro que faltaba un precepto de salvaguarda del Convenio Económico de Navarra a la hora de aplicar las Medidas Urgentes. Me pidió que la redactara y le presenté la siguiente fórmula: “Disposición transitoria segunda. Para la aplicación de los impuestos de la presente Ley en Navarra se estará a lo dispuesto en el vigente Convenio Económico respecto a la armonización de los regímenes fiscales común y foral”. Le gustó, pero me puso como condición que obtuviera la conformidad del PSOE. De nuevo el destino me fue favorable. Se da la circunstancia de que el portavoz socialista en la comisión de Hacienda era el diputado por León Baldomero Lozano, con quien mantenía gran amistad forjada durante mi etapa como funcionario foral y él se ocupaba de la asesoría fiscal de la Papelera Sarrió de Leiza.

Lo localicé en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso y le mostré la propuesta. En unos segundos que me parecieron una eternidad, Lozano me dio su conformidad y la firmó sin vacilar. Regresé al ministerio y Fernández Ordóñez ordenó su inclusión en el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma fiscal (Ley 50/1977, de 14 de noviembre).

Otro paso gigantesco lo dimos, después de la aprobación de la Constitución, en el debate en el Senado de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Actué en comandita con el senador Gabriel Sarasa, que defendió una enmienda a la referida ley con el siguiente texto: “En virtud de su régimen foral, la actividad financiera y tributaria de Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico. En el mismo se determinarán las aportaciones de Navarra a las cargas generales del Estado, así como los criterios de armonización de su régimen tributario con el régimen general del Estado”. Hay que tener presente que Navarra no era una Comunidad Foral, pues el Amejoramiento del Fuero se promulgó en 1984. Tuvimos la fortuna de que el ministro de Hacienda fuera el navarro Jaime García Añoveros, uno de los hacendistas con mayor prestigio.

En 1990 se aprobó el primer gran Convenio Económico de la democracia. Las negociaciones tuvieron como interlocutor a José Borrell, secretario de Estado de Hacienda. Otro navarro, Carlos Solchaga, era ministro de Hacienda. La comisión negociadora de la Comunidad Foral estuvo presidida por José Antonio Asiáin, vicepresidente del Gobierno y consejero de Presidencia, en el gabinete de Gabriel Urralburu. Tuve el honor de formar parte de la comisión negociadora en representación del Partido Popular.

Y ahora damos un salto hasta 2015, en que se aprobó una modificación del Convenio Económico de 1990. Todos los grupos habían presentado enmiendas, cuyo texto no compartía el Partido Popular de Navarra. El 13 de abril de 2015 escribí una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, enviándole la enmienda que había presentado el PPE al Grupo Popular. Solicitaba su aprobación. La petición fue aceptada y, en el debate celebrado el 16 de abril, el PP presentó una enmienda transaccional, con el visto bueno del ministro, que fue aprobada por el Congreso. Decía así:

“Al amparo de lo que establece la Disposición adicional primera de la Constitución, en virtud de su régimen foral, la actividad financiera y tributaria de Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico, y, en particular, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra.
En el mismo se determinarán las aportaciones de Navarra a las cargas generales del Estado, así como los criterios de armonización de su régimen tributario con el régimen general del Estado”.

En defensa de la enmienda, Cristóbal Montoro pronunció un discurso que fue una auténtica elegía de nuestra autonomía tributaria. No conozco un ministro de Hacienda que se hubiera pronunciado de semejante forma. Ahí está el Diario de Sesiones como prueba perenne. Hoy Cristóbal Montoro está en entredicho. La Justicia tendrá la última palabra. Al menos en 2015 se comportó como un ministro de Hacienda cumplidor de su deber.

En abril de 2019, convocó elecciones. Fue la lista más votada, pero sus 123 diputados estaban muy lejos de la mayoría absoluta. Solo consiguió el apoyo de ERC. En vista de ello, disolvió las Cortes y convocó elecciones que tuvieron lugar el 10 de noviembre de 2019. Perdió 3 escaños, por lo que seguía muy lejos de la mayoría necesaria. Sánchez llegó entonces a la conclusión de que, si quería seguir durmiendo en la Moncloa, la única posibilidad era negociar con los grupos políticos “progresistas”. Como primera providencia, anunció que construiría un muro infranqueable con el Partido Popular. Su modelo no sería el de la República alemana, donde comparten el poder socialdemócratas y democristianos.

Junts y ERC habían anunciado su voto en contra. Al final se abstuvieron, cuando Sánchez les convenció de que el precio que estaba dispuesto a pagar era muy alto. La abstención le facilitaba la investidura. A pesar de estar muy lejos de la mayoría absoluta, consiguió la mayoría simple con 167 votos y así pudo formar un Gobierno de coalición con Podemos.

Esta debilidad de Sánchez fue aprovechada por sus socios. Formó un Gobierno de coalición con Podemos, cuyo líder era entonces Pablo Iglesias, como vicepresidente. Desde entonces España tiene un Gobierno socialcomunista. Es paradójico que el antiguo partido socialista, que en la II República defendía el amor libre, sea en nuestros días un acérrimo defensor de la familia. El presidente es el primero en dar ejemplo. Pero también Podemos, como lo prueba que Iglesias impusiera el nombramiento de la madre de sus hijos como ministra de Igualdad.

Los cinco escaños del PNV fueron clave para el entronizamiento de Sánchez. Pero también aquí se da una gran paradoja. El Gobierno es socialcomunista. En cambio, el PNV es un “partido de derechas”. No ha tenido ningún reparo en exprimir a Sánchez para conseguir que el Estado desaparezca del País Vasco, al tiempo que mantiene una perfecta simbiosis con el capitalismo vasco, si bien gracias a la implantación de un régimen clientelar muy selectivo. Los poderosos lobbys nacionalistas no dan abasto. Y hasta el lehendakari llegado de Burgos ha ordenado auditar todos los contratos de obras públicas firmados por el gobierno del lehendakari Urkullu. Junts y ERC le dieron quebraderos de cabeza al candidato, que in extremis consiguió su abstención. Pronto se sabría que se trató de una abstención pactada.

Desde 2019 el Estado español está en almoneda. Para mantener la lealtad parlamentaria de sus socios, Sánchez inició un proceso de deconstrucción de la Constitución de 1978. El muro para aislar al PP —que, por cierto, derrotó a Sánchez en las elecciones del 23 de julio de 2023 con 136 escaños en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado frente a 122 del PSOE— se puso de manifiesto en las leyes de la memoria histórica y democrática, que han resucitado el fantasma de las dos Españas, enterrando el espíritu de reconciliación y concordia de la Constitución.

Durante la legislatura de 2019, Sánchez inició el acercamiento con Bildu. Otegi recibió la patente de demócrata por parte de Sánchez, que pasó a ser un socio privilegiado. En 2023, dos meses después del apoyo de Bildu a la investidura, Santos Cerdán negoció la entrega del poder absoluto a los filoetarras en el Ayuntamiento de Pamplona, que es la “Jerusalén de los vascos”, según palabras de Otegi.

Con Junts las cosas fueron más difíciles. Pero la creación de una “mesa bilateral”, que negocia en Ginebra, con un mediador internacional, Francisco Galindo Vélez, un diplomático salvadoreño que consiguió el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la organización terrorista FARC, alcanzó el compromiso de aprobar una ley de amnistía para condenados a causa del golpe de Estado del procés de 10 de noviembre de 2017 y permitir el regreso a España de Carles Puigdemont, autotitulado desde entonces Presidente de la República catalana. Junts exige el reconocimiento de Cataluña como nación y el derecho de autodeterminación. La otra exigencia es el reconocimiento como idioma oficial del catalán en la Unión Europea, alegando que es una de las lenguas oficiales de España, argumento falaz porque la cooficialidad se circunscribe al territorio de Cataluña.

Los anteriores antecedentes son imprescindibles para comprender lo que ocurrió el pasado 10 de julio en el Congreso de los Diputados, donde compareció Sánchez para dar cuenta de las presuntas comisiones ilegales vinculadas a Santos Cerdán, que fue todopoderoso secretario de organización del PSOE. Puesto que la mejor defensa es un buen ataque, aparte de bombardear sin piedad al PP como responsable de todos los males, anunció una serie de medidas que pondrían a España en la cabeza de la lucha contra la corrupción.

De la gran batería de propuestas, no hay ninguna realmente innovadora y muchas de ellas ya están en nuestro ordenamiento jurídico. Quizás la medida estrella es la que da satisfacción a la obsesión de Sánchez de amordazar a la prensa incómoda. Una medida que ya está en marcha. Me refiero a la reforma del Reglamento de la Cámara con la finalidad de retirar la licencia como periodista parlamentario a todos aquellos que el PSOE y sus socios “progresistas” califiquen como periodistas de “extrema derecha” o lanzadores de bulos, razón por la que no dejan trabajar a los profesionales de la verdad.

Que la señora Armengol, dentro de unos días, pueda decidir quién es un periodista que sólo cuenta la verdad y quién no merece estar en las Cortes haciendo preguntas “incómodas” a los miembros del Gobierno, es el triunfo del sectarismo sanchista. El derecho a la libre expresión salta por los aires. Pronto veremos la misma situación en la Moncloa y el siguiente asalto será aplicar la “ley mordaza” a los medios que no sean mansos con el Gobierno.

Ya sabemos que Sánchez no se siente vinculado a los programas electorales. Pero en las elecciones generales de 2016 enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción, con un programa de medidas aprobado por el PSOE en 2015. No hay ni rastro de este programa en las medidas de este mes de julio. Y no se olvide que llegó al poder como paladín de la regeneración democrática y lleva ya ocho años en el poder sin haber hecho nada. Si se ha visto obligado a presentar al Congreso la última batería de medidas es porque, hasta ahora, no había adoptado ninguna.

Más aún, son numerosas las leyes que reman en la dirección contraria. Pongo por ejemplo la reforma del Código Penal para modificar el delito de malversación de fondos públicos, de modo que solo sería punible si el autor se hubiera beneficiado personalmente, todo con la finalidad de beneficiar a los condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla en el escándalo de los ERE andaluces (al menos 700 millones de euros).

Entre ellos figuraban Manuel Chaves, expresidente del Partido Socialista de España, exvicepresidente del Gobierno y expresidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, condenado por un delito de prevaricación, y José Antonio Griñán, también expresidente del PSOE, exministro y expresidente de la Comunidad Andaluza, por sendos delitos de prevaricación y malversación. Que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia no arredró a Pedro Sánchez. Borrado el marrón, es como si no hubiera existido.

Y ahí entró en juego la mano que mece al Tribunal Constitucional gracias al maridaje político con el presidente Conde-Pumpido. Pasar por encima de la Justicia para imponer su voluntad mediante un claro abuso del poder para su propio beneficio político, ¿no es corrupción moral?

Quien no duda en dar un giro de 180 grados a las pocas horas de conocer el resultado de las elecciones generales a sus solemnes compromisos electorales y, además, lleva hoy ocho años en el poder —periodo en el que también se olvidó de las propuestas de regeneración democrática— no puede presentarse ahora como el paladín de la pureza democrática, que pisotea cada vez que le conviene. Y ceder al chantaje que permanentemente practican sus “socios” de Gobierno, con tal de mantenerse en el poder, poniendo como ya he dicho al Estado español en almoneda, ¿no es una traición a la Constitución por ser la corrupción moral máxima en que puede incurrir un mandatario?

Una de las medidas estrella del programa de 2015 era la propuesta de reformar la Constitución para limitar a dos legislaturas el mandato de los presidentes del Gobierno. Lástima que no la recuerde. Quizás lo haga en el Palacio de la Mareta, propiedad del Patrimonio del Estado, donde veranea con su familia a costa de los contribuyentes.

Ocurre que dos mandatos son insuficientes para llevar a cabo la revolución socialdemócrata (socialista carpetovetónica o retrógrada), también con fondos del Estado español, que es una misión mesiánica que la humanidad le ha encomendado. Lástima que la Internacional que preside esté plagada de dictadores a los que Sánchez no puede conceder, como a Otegi, dar patente de demócrata.

Este tipo de maniobras —en principio legales, pero absolutamente cuestionables— se escudan en la complejidad del procedimiento presupuestario, que permite introducir enmiendas al dictamen global del proyecto sin discusión específica. Sin embargo, estamos ante una reforma de fondo: se alteró el régimen general de jubilación en la Administración Foral, un aspecto estructural de la función pública, sin diálogo social, sin informes técnicos públicos, sin motivación y, sobre todo, en beneficio exclusivo de una persona que ni siquiera lo había solicitado.

¿Había una necesidad institucional real? ¿No existían otros funcionarios con la suficiente solvencia técnica como para presidir la Mesa de Contratación del proyecto? ¿Podía el procedimiento haberse desarrollado con normalidad sin la continuidad de Jesús Polo? Todas las respuestas apuntan a lo mismo: la decisión fue política, no técnica. Y esa es la raíz del problema.

En una democracia parlamentaria, legislar no es simplemente cambiar leyes. Es hacerlo con publicidad, con motivación, con justificación general. Una reforma que afecta a derechos y obligaciones de todos los funcionarios no puede colarse por la puerta de atrás de la ley de presupuestos sin una explicación pública. Menos aún si su único efecto visible es permitir la continuidad laboral de una persona concreta. Aunque esa persona fuera —como lo es mientras no se pruebe lo contrario— un profesional respetado.

El entonces portavoz del PSN-PSOE, Ramón Alzórriz, se limitó a justificar la enmienda por “necesidades del servicio”. Pero ni era responsable de la materia de personal, ni técnico, ni gestor público. Era —y es— un cargo político. ¿Puede un portavoz parlamentario decidir qué es o no es una necesidad del servicio en la Dirección General de Obras Públicas? Obviamente, no. Pero sí puede, como ocurrió, ejercer su influencia para moldear una ley a voluntad.

Y conviene no perder de vista el mapa de poder. La presidenta María Chivite presidía también la sociedad pública Corporación Pública Empresarial de Navarra. La consejera delegada, Elma Saiz, consejera de Economía y Hacienda, era parte clave del engranaje. En el Gobierno, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, era y es el encargado de las adjudicaciones de obras públicas. El vicepresidente y consejero de la Función Pública, Félix Taberna, no quedó aparte. Y Ramón Alzórriz formaba parte del círculo de decisión. Todos lo sabían. Todos conocían al íntimo amigo —y socio— de Cerdán, Antxón Alonso. Todos aprobaron la enmienda. Ninguno ha dado explicaciones convincentes. Pero hay más. Uxue Barcos firmó la enmienda. También el portavoz de Podemos, Mikel Buil. La líder de Geroa Bai, durante su mandato (2015–2019), había adjudicado obras a la UTE Acciona–Servinabar. Todo esto podría ser un delito de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, pues la inviolabilidad parlamentaria no puede utilizarse como tapadera de una conducta delictiva. Así lo proclamaba el Tribunal Constitucional antes de la llegada a la presidencia de Conde-Pumpido, longa manus de Pedro Sánchez. Estamos ante un fraude de ley. Y ahora se ha sabido que Antxón mantenía excelentes relaciones con el PNV y con Bildu. Bajo el paraguas de Acciona, sociedades similares a Servinabar obtuvieron obras en el País Vasco. El lehendakari Pradales ha ordenado auditar hasta diez contratos aprobados por su antecesor Urkullu, lo que envuelve también a Ortuzar, el anterior presidente del PNV. Y no se olvide que Barcos pertenecía al Euzkadi Buru Batzar. El cerco está a punto de cerrarse. Asimismo, Otegi ha reconocido que tenía vinculaciones con Antxón, que por encargo de Cerdán negoció el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Rajoy. ¿Hubo también contratos con municipios gobernados por el partido abertzale?

Lo que sucedió después de la presentación y aprobación de la enmienda caída del cielo es bien conocido. Polo cumplió el mandato recibido de sus superiores. En primer lugar, consiguió que la oferta de la UTE Acciona, Excavaciones Osés y Servinabar se admitiera a trámite. Servinabar no tenía cualificación legal para participar en un concurso de construcción de una obra de la envergadura y complejidad como la de los túneles de Velate: carecía de experiencia, equipo técnico, maquinaria, capital suficiente (3.000 euros). Servinabar, desde 2021, no ha presentado sus cuentas anuales. Y, sin embargo, acreditó estar inscrita en 2020 en el Libro de Licitadores y Contratistas de Obras Públicas. Solo falseando la solicitud pudo conseguirlo. ¿Y de quién dependía el libro? Del Ministerio de Hacienda. ¿Y quién era su titular? La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, la ministra que hace unas semanas ponía la mano en el fuego por Cerdán. ¿Intercedió el benéfico secretario de Organización del PSOE por su propia empresa? La gran traición a Navarra y al electorado socialista del inquilino provisional de Soto del Real fue la negociación con Bildu para la investidura de 2023 que entregó a los 7 concejales del partido abertzale un poder omnímodo en Pamplona, “la Jerusalén de los vascos” (Otegi dixit). La candidata socialista al Ayuntamiento había sido Elma Saiz. Dimitió poco después y creímos que se sentía humillada. Pero Cerdán le tenía reservado un gran regalo. Y el día 21 de noviembre de 2023, Elma se sentó en el Consejo de Ministros portando la pesada cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Volviendo a los túneles. Superado el trámite de admisión a trámite, con serias dificultades y advertencias de ilegalidad, solo quedaba la tarea de escoger la mejor oferta. De la mesa formaban parte ocho funcionarios. Cinco eran ingenieros técnicos, con gran experiencia. Los otros tres eran el secretario-letrado, el interventor delegado de Hacienda y el designado por la Junta de Contratación Pública, encargada de garantizar la eficiencia, transparencia y legalidad de la contratación. Los tres, más uno de los ingenieros técnicos, votaron en contra de la adjudicación, en medio de una gran tensión. Polo tuvo tiempo de maniobrar con el resto de ingenieros y la votación registró un empate a cuatro. El desempate se produjo gracias al voto de calidad del presidente. Los votantes en contra denunciaron en su justificación las graves irregularidades del proceso. Servinabar, inexplicablemente, tiene el 15 por ciento de los beneficios de la UTE. Pero el fin justifica los medios. Y hoy la UTE Acciona–Excavaciones Osés y Servinabar afronta una obra de 63,9 millones de euros.

Al hacerse público el informe de la UCO, resulta que el combativo portavoz socialista en el Parlamento y, desde marzo de 2024, vicesecretario general del PSN, había pedido a Antxón-Cerdán que colocara en Servinabar a su pareja. Alzórriz se vio obligado a dimitir de ambos cargos. María Chivite quedaba en una situación límite. Sin duda, la Justicia tendrá la última palabra. Pero la soberbia de los poderosos los lleva al abismo. Como en esta ocasión. No hay crimen perfecto.

Dos años después, en comandita con Acciona Construcciones, resultó adjudicataria de varios contratos de obras públicas otorgados por el Gobierno de Navarra, y que al día de hoy ascienden a 100 millones de euros. Todas las investigaciones realizadas hasta ahora demuestran, sin perjuicio de confirmación en sede judicial, que sin Acciona, Servinabar no hubiera realizado su actuación ilícita. Todo el mundo sabe ya que Antxón Alonso, el guipuzcoano íntimo amigo –y posiblemente socio– de Cerdán, no es más que un conseguidor de adjudicaciones públicas gracias a la influencia política de Santos Cerdán, y su sociedad es un instrumento para canalizar la distribución oculta de posibles beneficios ilícitos por unas obras que no ejecutaba realmente por falta absoluta de cualificación para ello. Todo ello bajo el paraguas protector de Acciona Construcciones. Difícil de comprender.

El clan de los poderosos conocía la estrecha relación de Cerdán con Antxón Alonso. Quizás por eso les pareció normal que abogara por la adjudicación de obras a Servinabar, máxime. ¿Sabían que, además de amistad, había un espurio interés personal? En el registro efectuado por la UCO en la sede de Servinabar apareció una escritura notarial en la que Antxón cedía a Santos el 45 por ciento de las participaciones de la sociedad. ¿Es un bulo difundido por la UCO? Alonso lo niega. En la duda, me inclino por la integridad de la Guardia Civil.

El empresario Alonso también obtenía contratos en el País Vasco, donde operaba, formando UTE con Acciona, con varias sociedades, entre otras Nora Sociedad Cooperativa y Alegure S.L., similares a Servinabar. En el informe de la UCO figura una conversación de Santos Cerdán con Koldo, en la que afirma que “el cupo vasco” le corresponde a él. El nuevo lehendakari, Imanol Pradales, a la vista de lo publicado, ha ordenado una revisión de los posibles contratos concertados con las sociedades de Antxón Alonso durante su antecesor Íñigo Urkullu, en tiempos en que Andoni Ortúzar era presidente del PNV. Es de suponer que se revisarán los contratos de obras y servicios de otras instituciones vascas como las Diputaciones Forales y los municipios, tanto en los regidos por el PNV como los gobernados por EH Bildu.

Con el fin de satisfacer a Cerdán, el clan maniobró para controlar a toda costa la Mesa de Contratación de los túneles de Velate. Solo así era posible que el trío Acciona, Osés y Servinabar resultara adjudicatario de la construcción de los túneles, que se valoró en 62,8 millones de euros. Se ignora por qué confiaban ciegamente para esta tarea mafiosa en Jesús Polo, un funcionario de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras que dependía de Óscar Chivite, al que su sobrina había nombrado consejero de Cohesión Territorial en 2023. Pero había un grave impedimento. Polo era funcionario y estaba a punto de cumplir 70 años. La Ley Foral de la Función Pública de 2012 establece que, al llegar a esa edad, todos los funcionarios forales están obligados a jubilarse. La única excepción eran los funcionarios del Departamento de Sanidad, por razones muy restrictivas y debidamente motivadas. Sin duda, hubo un contubernio entre la presidenta María Chivite, la consejera de Economía y Hacienda Elma Sáiz, responsable de la elaboración de los presupuestos generales de Navarra, Óscar Chivite, que controlaba el proceso de adjudicación de obras públicas, y Ramón Oscáriz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Foral. A alguno de ellos se le ocurrió que la única solución era prorrogar por un año la permanencia en el servicio activo de Jesús Polo.

Y eso solo podía llevarse a cabo si se modificaba la Ley Foral de la Función Pública. Para ello redactaron una enmienda in voce a los presupuestos generales de Navarra de 2022. Probablemente recabaron la colaboración de Félix Taberna, vicepresidente y consejero de Movilidad, Función Pública y Migraciones, pues la enmienda le afectaba directamente al tratarse de una modificación de la ley de 2012.

La enmienda, en cuya redacción, sin duda, habrían participado letrados de la Consejería de Hacienda, decía textualmente: “Se autoriza la permanencia en el servicio activo por encima de los 70 años de edad del personal adscrito al Departamento de Cohesión Territorial, dentro de la Dirección General de Obras e Infraestructuras, que ocupen la Dirección de Servicio, por un periodo de un año por necesidades del servicio, falta de profesionales, complejidad técnica de los proyectos u obras de ejecución inmediata que es preciso acometer, de suma trascendencia para el desarrollo territorial de la Comunidad Foral de Navarra, razones en todo caso debidamente justificadas”. La justificación de la enmienda decía “por necesidades del servicio”. No se aportaba ningún informe técnico que justificara que el único funcionario capaz de formar parte de una Mesa de Contratación de la envergadura de los túneles de Velate fuera Jesús Polo.

Ramón Alzórriz se encargó de negociarla con otros grupos parlamentarios. Junto a él aparece la firma de Uxue Barcos, en nombre de Geroa Bai, que adjudicó obras públicas a la UTE Acciona y Servinabar durante su mandato (2015 a 2019), y Mikel Buil, en representación de Podemos. No es creíble que la líder de Geroa Bai no tuviera conocimiento de la verdadera razón de ser de la enmienda. Hasta el momento no ha dado ninguna explicación.

La Mesa de Contratación, compuesta por ocho miembros, todos ellos funcionarios, debatió en primer lugar la admisión a trámite de la UTE Acciona-Osés-Servinabar. El Secretario-Letrado pidió la inadmisión, alegando que Servinabar no podía ser adjudicataria de la obra de los túneles por su absoluta incapacidad para participar en la construcción de una infraestructura de su envergadura y complejidad por carecer de experiencia, de equipo técnico, maquinaria, trabajadores, capital suficiente (3.000 euros), no presentar cuentas anuales desde 2021 e incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Polo rebatió la argumentación del Secretario y consiguió que se admitiera a trámite. Cinco días antes de la votación final de la Mesa, Polo conoció que cuatro de los ingenieros técnicos pertenecientes a la misma se inclinaban por la UTE Construcciones Mariezcurrena S.L., Consa Corporación y Nortúnel, empresas con gran experiencia en la construcción de túneles. Durante ese tiempo los presionó para que se sumaran a su postura. Consiguió que tres de los cuatro ingenieros le dieran su apoyo. La votación registró un empate a cuatro. Además de uno de los ingenieros, votaron en contra el Secretario-Letrado, el Interventor delegado de Hacienda y el representante de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, encargada de velar por la eficiencia y legalidad de los contratos públicos. El voto de calidad de Polo deshizo el empate.

La Justicia tendrá la última palabra. Pero cualquier jurista independiente llegaría a la conclusión de que los autores de esta conspiración para favorecer al amigo íntimo de Santos Cerdán podrían haber cometido los siguientes delitos, en función de su participación:

1. Prevaricación administrativa (art. 404 del Código Penal).
    
2. Fraude a la Administración (arts. 436 y ss.).
    
3. Tráfico de influencias (arts. 428 y ss.).
    
4. Cohecho (arts. 419 y ss.).
    
5. Falsedad documental (arts. 390 y ss.).
    
6. Delito de asociación ilícita (arts. 515 y ss.).
    

Además, la conducta de los implicados puede calificarse como fraude de ley y desviación de poder por el uso de una norma (enmienda in voce) para fines distintos del interés público (art. 6.4 del Código Civil), lo que puede implicar nulidad de pleno derecho del acto jurídico de la adjudicación (art. 47.1 de la Ley 39/2015).

Cada día se conocen más hechos reveladores de doblez y falta de ética. Es el caso del combativo Ramón Alzórriz, que en 2019, tan pronto como María Chivite llegó a la presidencia, solicitó a Antxón Alonso la contratación de su pareja en Servinabar, que accedió a ello. La fuente ha sido el informe de la UCO tras el registro de la sede de la empresa pantalla en la calle San Nicolás 1, 2º. Tan pronto como se hizo público, Alzórriz presentó su dimisión de sus cargos de portavoz parlamentario y vicesecretario general del PSN-PSOE. Pero mantiene su escaño parlamentario.

El protagonista de la otra noticia es el tío de la presidenta, Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial. El pasado 10 de junio, el que fue Secretario-Letrado de la Mesa de Contratación denunció a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que el consejero había dictado una disposición por la que se le trasladaba a una plaza situada en una nave industrial del Polígono de Landaben, cuyas instalaciones sirven principalmente de almacén y garaje de vehículos. El 16 de junio, la OBPA dictó resolución calificando esta actuación de la Consejería como “un acto de represalias y, por tanto, nulo de pleno derecho”. Seis días después, Chivite dictó nueva resolución trasladando al denunciante a su puesto en la Avenida de San Ignacio. Esta actuación estalinista debería conducir al cese inmediato del Consejero y abrir expediente disciplinario a quienes participaron en este abuso de poder.

Elma Sáiz llegó al PSOE en 2004, cuando Rodríguez Zapatero se convirtió en primer ministro mediante una manipulación del atentado del 11M. En 2008 fue nombrada delegada del Gobierno en nuestra Comunidad, siendo Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior. Cesó en 2012 tras la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.. En 2019, María Chivite le nombró consejera de Economía y Hacienda, cargo que desempeñó hasta 2023. Pronto se convirtió en la mano derecha de Chivite, que en 2022 le nombró portavoz del Gobierno foral. En 2023 encabezó la candidatura del PSN al Ayuntamiento de Pamplona, pero fracasó al no obtener más que cinco concejales. Cuando Cerdán negoció con Arnaldo Otegui el apoyo de EH Bildu a la investidura de Sánchez en 2023, a cambio de la entrega del Ayuntamiento de Pamplona, que según él es para los vascos como Jerusalén para los palestinos, pareció que la buena estrella de Sáiz había comenzado a parpadear, pues su pretensión de ser alcaldesa de Pamplona se había evaporado. Pero Cerdán le tenía reservada una gran sorpresa. Una vez que Asirón recibió la vara de mando de manos de la ya exalcaldesa Cristina Ibarrola. Y poco después del acceso de Asirón a la alcaldía, Sánchez le nombró ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en noviembre de 2023.

Especial mención merece otro de los miembros del clan, Óscar Chivite, tío segundo de María Chivite, que lo nombró en agosto de 2023 consejero de Cohesión Territorial, un departamento en apariencia anodino pero que tenía un poder económico inmenso, pues de él depende la adjudicación de todos los contratos de obras públicas y, en concreto, la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras. Óscar Chivite fundó en 1985 una sociedad denominada Lauburu S.L., dedicada, entre otras cosas, a la calderería y estructuras metálicas. Desde 2019 hasta 2023, obtuvo 70 contratos de la empresa pública Nilsa (Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.), una sociedad pública del Gobierno de Navarra, adscrita al Departamento de Cohesión Territorial desde 2019. Su misión principal es la depuración de aguas residuales, la gestión de residuos urbanos y la colaboración en el abastecimiento de agua. Fue creada en 1989. Presidía Nilsa entre 2019 y 2023, Fernando Ciriza Pérez, miembro del Partido Socialista.

Por último, persona clave del clan socialista, Ramón Alzórriz, amigo íntimo de María Chivite, fue elegido parlamentario foral en 2019 y reelegido en 2023. La presidenta le nombró portavoz del Grupo Parlamentario, cargo que desempeñó hasta junio de 2025. En el congreso del partido de 2017 fue designado secretario de Organización del PSN, en sustitución de Santos Cerdán, que había sido nombrado secretario de Organización del PSOE nacional. En el congreso del 22 de marzo de 2025 fue elegido vicesecretario general del PSN.

Santos Cerdán, además de dirigir el partido Navarra y en el resto de España con mano de hierro, se encargó en la sombra de misiones negociadoras de gran calado político. Una de las más relevantes ha sido representar al PSOE en la “mesa bilateral” constituida en Suiza con el que se denomina presidente de la República catalana, Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya. Al mismo tiempo, negociaba el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), del PNV y de EH Bildu a las varias investiduras de Sánchez. Lo que nadie imaginaba era que, al mismo tiempo, Cerdán creó una trama de corrupción que se extendía por toda España.

La moción estaba encabezada por José Luis Ábalos, que —¡oh, casualidad!— sería el encargado de su defensa. No tuvo pelos en la lengua. “Me dirijo a la Cámara para plantear las razones que nos han llevado a la presentación de esta moción de censura. Una vez conocida la sentencia del caso Gürtel, ya no hay suposiciones, sino certezas: la certeza jurídica de que Gürtel era el PP y el PP era Gürtel. En palabras de la propia sentencia, el Partido Popular desde su fundación ha sido, y leo —no valoro, leo textualmente—, un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, mediante la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local. Lo dice la justicia.

Una sentencia que también certifica la ausencia de credibilidad de la declaración del señor Rajoy en sede judicial cuando señalaba que nada sabía sobre la caja B del partido que presidía, cuya existencia, según la sentencia, queda acreditada. Y leo —no opino—, leo la sentencia: los señores Arenas, Álvarez-Cascos, García-Escudero y Rajoy niegan la existencia de una caja B en el partido. Sin embargo, el ministerio fiscal rebate la veracidad de dichos testimonios al indicar —argumentación que comparte el tribunal— que se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido. Una sentencia que condena por primera vez a un partido político por corrupción”.

A lo largo de su intervención, Ábalos pronunció palabras como estas: “¿Vamos a regalar la impunidad al PP?”; “Los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia como si fuera algo normal”; “La justicia ha declarado que en el PP no solo hubo corrupción, sino una organización criminal que se benefició de ella”; “No se puede gobernar desde la mentira ni desde la corrupción institucionalizada”; “Mientras los ciudadanos sufrían recortes, paro y precariedad, algunos dirigentes del PP se enriquecían gracias a la corrupción”; “No se puede pedir sacrificios a la gente mientras quienes gobiernan se benefician ilícitamente del poder”; “La sentencia destruye el relato del PP: no era un caso puntual, ni una excepción. Era un modo de gobernar”.

En su intervención en defensa de su candidatura, Pedro Sánchez también pronunció palabras inolvidables: “Esta moción de censura, señorías, es consecuencia –es consecuencia de hechos gravísimos –insisto, hechos gravísimos– que de forma reiterada en el tiempo han ido sacudiendo a la opinión pública a golpe de imágenes que provocan bochorno, incredulidad e indignación”. Dibujó una España donde la corrupción se había apoderado del Partido Popular y no se podía esperar a que la legislatura finalizara en junio de 2020. Sánchez justificó la presentación de la moción de censura en la necesidad de devolver la “dignidad” a la sociedad española.

Anunció que si ganaba la moción de censura pondría en pie un gobierno del PSOE, con una agenda social clara y un proyecto de regeneración política. Una vez conseguido este objetivo, procedería a convocar elecciones, sin especificar en qué plazo serían. Era el momento de tomar decisiones, no de elecciones. Y la gran sorpresa se produjo cuando afirmó que tampoco el Partido Popular era un partido corrupto. Y dijo textualmente: “A diferencia incluso de compañeros del Partido Socialista [impulsados por él mismo], a diferencia de muchas de las personas que van a intervenir en nombre de los grupos parlamentarios, yo sostengo, quiero que sea registrado aquí en la Cámara, en el Diario de Sesiones, que el Partido Popular no es un partido corrupto… Yo digo que el Partido Popular no es un partido corrupto, porque no hay ningún partido corrupto. Lo que hay que hacer es prevenir esa corrupción, actuar cuando se produce esa corrupción”.

Es decir, que Mariano Rajoy no merecía seguir como presidente por lo que en términos jurídicos se define como “culpa in vigilando”. Lo decía un candidato que tenía sentado en el banquillo de los acusados en el caso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción, cifrado en 700 millones de euros, a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dos expresidentes del PSOE nacional, el primero de ellos expresidente del Gobierno y el segundo exministro de Trabajo y Seguridad Social y también exministro de Sanidad. Tampoco movió un músculo, ya presidente, cuando tuvo conocimiento de que, el 19 de noviembre de 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla dictaba sentencia condenatoria contra ese grupo de dirigentes socialistas, que pertenecían a la flor y nata del socialismo andaluz y español: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, junto a otros consejeros y altos cargos de la Junta y del PSOE, hasta un total de diecinueve personas. Sánchez fue muy paciente. En 2024, cuando su hombre de confianza en el ámbito judicial, Cándido Conde-Pumpido, fue proclamado presidente del Tribunal por los magistrados progresistas —que sostienen la tesis de que el legislativo es un poder absoluto, que está por encima de la Constitución—, salvó de la quema a Chaves y a Griñán. Lo que el secretario general del PSOE no pudo borrar es la corrupción de su partido que durante cuarenta años había anidado en Sevilla, «el corazón del socialismo español» —la frase es de Sánchez—, lugar que eligió para anunciar su candidatura, por segunda vez, a la secretaría general del partido. De todo esto no hace ninguna referencia en su Manual de resistencia.

Después del estallido del caso Cerdán, que pasó por Ferraz sin romperlo ni mancharlo, el presidente se ha encastillado y ha decidido que la mejor defensa, dicen los estrategas, es un buen ataque, por lo que ha dado orden de resucitar el caso Gürtel, que le sirvió de palanca para llegar al poder. ¡Desde la bancada socialista del Congreso, cuando el PP pide explicaciones sobre el escándalo Cerdán, enarbolando los quinientos folios del informe de la UCO, se grita —señalando con el dedo a los diputados populares— “¡Gürtel!” “¡Gürtel!”. Pero lo cierto es que todos los argumentos del trío Sánchez, Ábalos y Margarita Robles en la moción de censura se vinieron básicamente abajo cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sentenció el 14 de enero de 2020 que no hubo ningún dirigente del PP que pudiera ser acusado por corrupción, y que el único reproche era que, sin conocimiento ni de Rajoy ni de su consejo de dirección, el partido se había beneficiado de la actuación delictiva de Luis Bárcenas y de los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda, en connivencia con un grupo de empresarios que organizaban los actos del PP. El primero había recibido 133.628,48 euros y el segundo 111.864,32 euros, en total 245.493,80 que habían destinado a gastos de su campaña electoral, con total opacidad.

Recuérdese que la Audiencia Nacional daba por hecho probado la existencia de una caja B en el Partido Popular. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza su existencia. Mantiene ese pronunciamiento. En su sentencia de 29 de octubre de 2021, condena al exgerente del Partido Popular como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2017 de la empresa Unifica, en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particulares, y le impone una multa de 1,2 millones de euros. El Tribunal Supremo no declara la existencia de una caja B en el partido.

Asimismo, absuelve a Bárcenas del resto de los delitos de los que estaba acusado, entre ellos asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental. La Sala rechaza el relato acusatorio que habla de una trama organizada por empresarios y dirigentes del PP para captación de fondos y financiación irregular del partido, usada para campañas electorales, mantenimiento del partido, sobresueldos, fondos que procedían de donaciones ilegales de empresas con contratos con la Administración Pública, y que dentro de esa trama responsables del PP y otras personas físicas y jurídicas cometían delitos contra la Hacienda Pública utilizando como medio la falsedad contable. En la sentencia no se hace ninguna referencia a José María Aznar, a Mariano Rajoy ni a ningún dirigente del PP.

Sí se condena a dicho partido al pago de 245.492,80 euros como responsable civil subsidiario por un delito cometido por Bárcenas que benefició al PP sin su conocimiento. También el Partido Popular presentó un recurso de casación respecto a su consideración como partícipe a título lucrativo. Como el Tribunal Supremo no encontró ni rastro de una caja B del partido. Esta es la razón por la que al caso ya cerrado judicialmente se denomina “papeles de Bárcenas”. En definitiva, el Alto Tribunal afirma que sí existía una “caja B”, pero no era del PP sino de la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de la “planta noble” de Génova 13, según figuraba en su contabilidad. El único reproche judicial al PP fue una responsabilidad civil subsidiaria, compatible con desconocer el origen ilícito del dinero.

Pero la justicia llegó tarde. Si Sánchez se rigiera por las reglas de la ética, habría pedido perdón a Mariano Rajoy y al Partido Popular, aunque no pudiera reparar el daño causado. Todo esto también es memoria histórica.

Se sabía que Cerdán y el dueño de Servinabar, el guipuzcoano Antxón Alonso, desde 2015 eran íntimos amigos, y que en aquella época Cerdán era concejal socialista del Ayuntamiento de Milagro. Algo olía a podrido en Dinamarca. Pero no podíamos pasar de meras sospechas. Todo lo publicado hasta entonces sobre Cerdán en el marco del caso Ábalos-Koldo había sido calificado como “bulos, injurias y calumnias”, nacidas del empeño de “las derechas” de acabar con un Gobierno seráfico como el presidido en Madrid por Pedro Sánchez y en Navarra por María Chivite, según el portavoz socialista Ramón Alzórriz.

En mi artículo hacía unas consideraciones, como abogado emérito, de las irregularidades jurídicas de la adjudicación a la UTE (Unión Temporal de Empresas), integrada por Acciona, Excavaciones Osés y Servinabar, que quedaba lastrada por la presencia de la sociedad del amigo de Santos Cerdán, en una obra de la envergadura de los túneles de Velate. Llegué a la conclusión de que la presidenta Chivite había tenido mucho que ver en el chanchullo, porque había sido posible gracias a una enmienda “in voce” aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda en el debate sobre los presupuestos generales de Navarra para el año 2022, y que se decía había sido incluida a iniciativa de la presidenta.

Por eso, concluí mi artículo con un epígrafe titulado “¿También María Chivite? El silencio del Gobierno”. Y terminaba con esta última reflexión: “El Gobierno de Navarra guarda silencio. Este es el resumen de lo dicho por la presidenta: ‘Todo es un ejercicio de creatividad e imaginación’. Cierto, hay que ser muy creativo e imaginativo para organizar una trama de corrupción”. Pero no hay crimen perfecto. Poco a poco, del hilo se hace madeja y, tal vez, si no se asfixia su independencia, alguien con competencia para ello —me refería al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente— ordene a la UCO —quizás se haya hecho— levantar las alfombras y descender a las cloacas de los poderosos que todavía se sienten intocables. Y entonces será el crujido y el rechinar de dientes.

No tenía la menor idea de que, en efecto, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que actúan como Policía Judicial a las órdenes del Tribunal Supremo, ese mismo día procedieron a registrar la sede social de Servinabar. Pero lo peor estaba por llegar. Dos días después, el 12 de junio, se publicó el informe de la UCO, de fecha 5 de junio, sobre la corrupción de Santos Cerdán. Su publicación cayó como una bomba tanto sobre el PSN-PSOE como sobre el PSOE nacional. Esa misma mañana, la presidenta del Gobierno fue interpelada en el Parlamento foral para que se pronunciara sobre el informe.

María Chivite lloró ante el Parlamento de Navarra y, cuando pudo reponerse, declaró que “lo que he leído en el informe de la UCO no se corresponde con la persona con la que he compartido mi carrera política… mi compañero y mi amigo”. Reclamó que se respetara la presunción de inocencia, diciendo: “Es lo que debemos hacer todos y todas mientras no haya un juicio que así lo determine”. Anunció que revisará “todos los contratos adjudicados a las empresas mencionadas”, como Acciona o Servinabar (al menos una decena), y que encargará una auditoría externa de esos contratos a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Solicitó también una revisión de la Cámara de Comptos de los mismos. Lo que no dijo es que esa revisión de tales contratos, y en especial la inconcebible adjudicación del contrato sobre las obras de Velante, la implicaba personalmente y tendría que investigarse a sí misma. Tiempo al tiempo.

El 12 de junio de 2025 pasará a la historia de la democracia española. Sabemos que Cerdán se reunió en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid con Pedro Sánchez. Después de proclamar su inocencia, se plegó a presentar de inmediato la dimisión de todos sus cargos. A las cinco y media, el presidente, en un tono apesadumbrado, compungido e incluso al borde de las lágrimas, pidió perdón a la ciudadanía española porque en el informe remitido por la UCO al magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente Segura, en el caso Ábalos y Koldo, los indicios sobre la conducta de su ya exsecretario de Organización eran “muy graves”. Afirmó sentirse “enormemente indignado y profundamente triste” por el escándalo. Manifestó que no había conocido el informe de la UCO hasta su publicación en los medios, y que hasta ese momento tenía la convicción de la inocencia de su mano derecha en el partido.

Quizás Sánchez, cuando fulminó a Santos Cerdán en su representación teatral para eludir su propia responsabilidad, habría recordado la batería de medidas para la regeneración democrática que había propuesto para recuperar en 2016 la secretaría general del Partido Socialista, que con toda clase de detalles publicó en 2019 en su libro Manual de resistencia para lograr la regeneración de la democracia española, con una batería de medidas tales como facilitar la iniciativa legislativa popular rebajando el número de firmas exigidas y facilitando la defensa de propuestas; regular que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos deben hacerse responsables patrimonialmente de dichos actos; considerar los programas electorales como un compromiso vinculante; revisar los deberes y obligaciones de los funcionarios y cargos públicos; establecer un solo formato de declaración de bienes y patrimonio para todo aquel que acceda a un cargo público; revisar las normas reguladoras de los conflictos de intereses; exigir a los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado la presentación, en el momento del nombramiento y del cese, de una certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y sobre el estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social; prohibir el nombramiento y establecer la obligación de cese de altos cargos cuando se les abra juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción; suspender a concejales y parlamentarios a los que se les abra juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción; revisar las normas de contratación pública; restringir las posibilidades de contratación directa con el sector público y de utilización del procedimiento negociado sin publicidad; fortalecer los mecanismos para impedir o regular la revisión de costes; extender el ámbito de control del recurso especial de contratación a importes más bajos, con la finalidad de eliminar ámbitos exentos de control previo independiente; establecer normas sobre conflicto de intereses en los diversos órganos de las administraciones públicas en los que se toman decisiones, como las mesas de contratación pública, y sancionar el fraccionamiento de contratos.

Todo esto es memoria histórica que cae a fuego sobre Pedro Sánchez, pues durante su ya largo mandato, nada se regeneró y todo se ha enfangado. El 12 de junio, Sánchez y Chivite lloraron. Sánchez pidió perdón sin propósito de enmienda. Veremos si la Justicia ratifica esta huida hacia delante. En Navarra, el edificio construido desde el Paseo de Sarasate por Cerdán, para mayor gloria de María Chivite, amenaza ruina. La presidenta lo tiene algo más difícil para emprender una huida hacia delante.

Después de enumerar los grandes servicios prestados a Navarra por el secretario general del PSOE (500 millones de euros en importantes obras públicas), Alzórriz ha afirmado que “estos son los hechos, lo demás son difamaciones y calumnias”.

Pues bien, a los hechos me voy a referir. El 20 de junio de 2018, Diario de Navarra publicó una entrevista con Santos Cerdán, recién designado secretario de Organización del PSOE, en la que, además de reconocer que no tenía “perfil” para ser ministro, reveló que cobraba 3.000 euros netos al mes, de los que dedicaba 1.000 euros al alquiler y gastos de un apartamento en Madrid de 40 m², donde residía entre semana.

Las últimas informaciones publicadas y no desmentidas señalan que, en la actualidad, reside en la capital —con prácticamente el mismo sueldo mensual neto— en un ático de 120 metros cuadrados, cuyo alquiler podría costar como mínimo 2.400 euros mensuales en el exclusivo barrio de Moncloa, a poca distancia de la sede socialista de la calle Ferraz.

En su declaración de bienes y rentas en la legislatura de 2019 a 2023, al ser elegido diputado por primera vez, Cerdán declaró que su única propiedad, además de un piso en Milagro, era un Volvo modelo XC60, adquirido poco antes mediante un préstamo de 41.800 euros. Nada se ha vuelto a saber ni del coche ni del préstamo declarados. Lo que sí sabemos ahora, tal y como se desprende de su declaración del 3 de agosto de 2023, tras ser elegido por segunda vez, es que el 5 de mayo de ese año, en el arranque de la actual legislatura, había comprado un nuevo Volvo XC60 T6, con un préstamo de 19.200 euros.

Según la web oficial de Volvo España, el precio de ese modelo oscila entre los 65.000 y los 72.000 euros. Sus únicos ingresos siguen siendo aproximadamente 3.000 euros, más 2.000 euros como “diputado de provincias” para su mantenimiento durante sus estancias en Madrid. Además, los 70.000 euros brutos tributan en Navarra por el IRPF al tipo del 34 por ciento, por lo que sus ingresos anuales netos podrían alcanzar los 50.000 euros anuales, unos 4.000 euros mensuales más dos pagas extras.

¿Qué hace una minúscula sociedad como Servinabar en una obra gigante como es el segundo túnel de Velate?

Pero la tormenta se ha cegado en Cerdán por la sospecha de una participación muy activa en la adjudicación presuntamente irregular e ilícita del desdoblamiento del túnel de Velate a la UTE formada por Acciona Construcciones S.A., Excavaciones Fermín Osés S.L. y Servinabar 2000, S.L.. Es público y notorio que Cerdán, elegido en 2015 concejal de Milagro, es íntimo amigo de Joseba Antxón Alonso Egurrola, un guipuzcoano nacido en 1958 en Oyarzun, localidad en la que ese mismo año vino al mundo Arnaldo Otegi, coincidencia de la que no se puede deducir afinidad política.

El 4 de septiembre de 2015, Alonso constituyó Servinabar 2000 S.L., una sociedad limitada unipersonal con un capital de 3.000 euros. Se autonombró administrador único. El domicilio social se fijó en la calle San Nicolás 1, 2.º de Pamplona. El objeto social era “gestión de servicios para trabajos administrativos (archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores)” y “organización de eventos como congresos, ferias y exposiciones”. Cinco años después, el 28 de enero de 2020, la sociedad amplió el objeto social a “la elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación”, así como servicios especializados en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud, realización de revisiones y actualizaciones de las evaluaciones de riesgos laborales, y otras actividades.

Aunque la importante modificación del objeto social se registró en 2020, no alteró para nada la mínima infraestructura de la sociedad. Tres años antes, una UTE formada por Acciona Construcciones S.A. y Servinabar había resultado adjudicataria por el Instituto de Deportes y Juventud del Gobierno de Navarra de las obras de los lotes 4 y 5 del Pabellón Navarra Arena el 10 de octubre de 2017 por 3,78 millones de euros. En 2018, el 15 de junio, la UTE consiguió la adjudicación por el Gobierno de la reforma del Archivo General de Navarra, por 2,4 millones de euros.

El 31 de enero de 2023 obtuvo la construcción de 46 viviendas VPO en Ripa Sur de Beloso por 7,8 millones de euros. Pero el gran paso adelante lo dio Servinabar el 26 de diciembre de 2023, cuando el Gobierno de Navarra adjudicó las obras del desdoblamiento del túnel de Velate por 63,8 millones de euros a la UTE liderada por Acciona Construcciones S.A., Excavaciones Fermín Osés y la minúscula Servinabar. Es decir, el amigo íntimo de Cerdán había conseguido el 15 por ciento de una UTE para una obra gigantesca.

El Registro Mercantil revela que Servinabar S.L. no ha presentado las cuentas anuales desde 2022. Las de 2021 reflejan una facturación de un millón de euros, con un beneficio neto de 111.000 euros. Mantiene un capital de 3.000 euros. Y su estructura empresarial no ha cambiado, porque se reduce a unos pocos empleados. No se sabe qué papel desempeña en la construcción del segundo túnel. Construir un túnel como el de Velate es una obra de ingeniería civil muy compleja y costosa.

Tiene una gran complejidad técnica, requiere maquinaria y tecnología muy avanzadas y, al mismo tiempo, muy costosas. Ha de contar con personal altamente calificado. De todo esto se desprende que las empresas constructoras han de tener una gran solvencia económica, un alto capital social y una importante capacidad financiera. A la vista de todo esto, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que fuera admitida la oferta de una UTE en la que figura una pequeña sociedad que no reúne las condiciones necesarias para afrontar una obra de semejante envergadura? ¿Acaso se tuvo en cuenta la estrecha relación que mantiene Santos Cerdán con Antxón Alonso, titular único de una sociedad de 3.000 euros de capital social? ¿Qué papel juega Servinabar en la UTE en la que participa con un 15 por ciento?

Una adjudicación plagada de irregularidades e ilegalidades

Por otra parte, la adjudicación está plagada de irregularidades e ilegalidades. El escándalo estalló hace unas semanas cuando un ciudadano, cuya identidad por ahora se desconoce, se presentó en la Guardia Civil de Pamplona para formalizar una denuncia en la que se daba cuenta del papel del secretario general de Organización del PSOE en favor de Servinabar. La Guardia Civil inició sus investigaciones y, ante la posibilidad de que personas aforadas pudieran estar implicadas (Cerdán lo es por ser diputado), las remitió a la UCO, la policía judicial por excelencia de nuestro país.

Cuando esta unidad de la Guardia Civil concluya sus indagaciones, remitirá un informe a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. No es de extrañar que exista una conspiración desde el poder para desacreditar a la cúpula de la UCO e incluso para desmantelarla. Decir que la UCO actúa en este asunto en connivencia con el PP sí que es un gran bulo de los que se difunden desde la Moncloa o Ferraz, mediante “fontaneros” al servicio del PSOE que saben moverse por las cloacas de los centros de poder.

El artículo 69 de la Ley Foral de Contratos Públicos de 2017 dispone que, cuando varios empresarios forman una unión temporal (UTE), deberán acreditar la solvencia o, en su caso, la clasificación exigida, “pudiendo alcanzar dicha solvencia de forma conjunta”. Podría concluirse que no importa que Servinabar no reúna tales requisitos ni de lejos, pues las otras dos empresas —Acciona y Osés— los cumplen de sobra, aunque ello debiera haberse reflejado en la puntuación asignada por la Mesa de Contratación.

Pero, sin llegar a ello, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la oferta con presencia de Servinabar debió ser inadmitida, en aplicación de la doctrina jurisprudencial que considera imprescindible que se acredite la función, experiencia, recursos y medios que aporta cada empresa, pues una participación puramente formal o decorativa de una de ellas podría estar dirigida a favorecer a una empresa determinada —en este caso, Servinabar—, lo que vulneraría los principios de libre competencia y transparencia. Si este fuera el caso, se habría incurrido en fraude de ley o simulación contractual, lo cual afectaría a la validez de la adjudicación y podría dar lugar a un proceso penal. (Véase Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2011). También las Resoluciones 512/2018 y 134/2020 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se pronuncian en el mismo sentido. Para verificar si Servinabar cumplía los requisitos legales habría que examinar la oferta presentada por la UTE adjudicataria y las deliberaciones de la Mesa de Contratación, que el Gobierno guarda bajo llave.

¿También María Chivite? El silencio del Gobierno foral

Las irregularidades de la contratación del segundo túnel de Velate también han salpicado a la presidenta del Gobierno, María Chivite. Se dice que se reunió en cuatro ocasiones con Cerdán y Alonso en el Palacio de Navarra. Quizás sea un bulo. Pero hay un hecho indiscutible. La presidenta promovió la inclusión en la Ley de Presupuestos Generales de 2022 de una sospechosa disposición adicional con este texto: “De manera excepcional, se autoriza la permanencia en el servicio activo por encima de los 70 años de edad del personal adscrito al Departamento de Cohesión Territorial dentro de la Dirección General de Obras e Infraestructuras que ocupe la Dirección de Servicio, durante el año 2023 por un periodo de un año por necesidades del servicio, falta de profesionales, complejidad técnica de los proyectos u obras de ejecución inmediata que es preciso acometer, de suma trascendencia para el desarrollo territorial de la Comunidad Foral de Navarra, razones en todo caso debidamente justificadas”. Solo faltaba poner un nombre, pues el destinatario único —violando el principio de igualdad— de esta disposición era el funcionario Jesús Polo, director de Servicio de la Dirección General de Obras e Infraestructuras, que al cumplir 70 años debía haberse jubilado, pero pudo mantenerse en activo por aplicación de aquella. De no ser por esta disposición, Polo no habría sido nombrado presidente de la Mesa de Contratación del túnel. Según se refleja en los votos particulares del Interventor y del Secretario que se opusieron a la adjudicación a Acciona, Osés y Servinabar, Polo maniobró para que los funcionarios pertenecientes a la Mesa, que iban a votar a favor de la UTE formada por Mariezcurrena, Comsa y Nortunel, tres empresas de acreditada experiencia en la construcción de grandes obras públicas, entre ellas túneles, al final se decantaran por la UTE a la que lastraba radicalmente la presencia de Servinabar. ¿Acaso esta última es una sociedad pantalla de algo o alguien carente de ética? No es una afirmación, solo una pregunta.

El Gobierno de Navarra guarda silencio. Este es el resumen de lo dicho por la presidenta: “Todo es un ejercicio de creatividad e imaginación”. Cierto, hay que ser muy creativo e imaginativo para organizar una trama de corrupción. Pero no hay crimen perfecto. Y de pronto salen a la luz hechos incontrovertibles. Poco a poco, del hilo se hace madeja y, tal vez, si no se asfixia su independencia, alguien con competencia para ello ordene a la UCO —quizás ya se ha hecho— levantar las alfombras y descender a las cloacas de los poderosos que todavía se sienten imbatibles. Y entonces será el crujido y el rechinar de dientes.