Coincidiendo con el paso de ese primer vehículo por el tramo Noáin-Tafalla de la autopista, el entonces vicepresidente para asuntos del Interior, Manuel Fraga Iribarne, en unas declaraciones realizadas al diario francés Sud-Ouest, en las que era preguntado sobre los intercambios entre Aquitania y el norte de España, como hijo de madre natural de la zona vasco-francesa, decía: “Para mí nunca habrá suficientes túneles entre las dos zonas. Creo que es necesario, sobre todo, mejorar el eje Burdeos-Pamplona, dejando bien sentado que todas estas relaciones deben inscribirse en un proyecto más vasto y capital: la integración de España en Europa”.

Es una pena que los gobernantes de entonces, en plena Transición política, echaran en saco roto la sugerencia de Fraga y no utilizaran la AP-15 para mejorar dicho eje Burdeos-Pamplona porque, como la geografía es señora de la historia, desde tiempo inmemorial la ruta principal que unía Francia con la Península Ibérica en la parte occidental de los Pirineos transcurría a través de Roncesvalles, por ser el de menor recorrido y de menor cota de paso en su conjunto entre Madrid y dicha frontera. Prueba de ello es que por él discurre el Camino de Santiago.

Pero todo esto cambió a mediados del siglo XIX, cuando unos políticos navarros miopes mantuvieron una posición diametralmente opuesta a la de Fraga en 1976 y dijeron que, en vez de allanar los Pirineos y de abrir las puertas a Europa, lo que había que hacer era colocar unos Pirineos sobre los Pirineos. En definitiva, querían poner murallas en vez de tender puentes.

Los guipuzcoanos aprovecharon la coyuntura y, como la Corte en esos momentos se instalaba en San Sebastián durante los veranos, esgrimieron su lealtad a la Monarquía liberal frente a una Navarra carlista de la que había que desconfiar. Fue así como lograron que las vías de comunicación entonces en ejecución (la N-I y el ferrocarril a Francia) se construyeran por esa provincia, olvidándose del paso secular de Roncesvalles.

Cien años después, está visto que los navarros no habíamos aprendido la lección y, en esa década de los setenta del siglo pasado, decidieron que la conexión de la AP-15 Tudela-Pamplona se desviara a Irurzun para enlazarla después con la N-I en Guipúzcoa, en vez de buscar nuestra salida natural a Francia. Y hoy, 50 años después, seguimos en las mismas, y nuestros actuales políticos pretenden que la conexión del Corredor Navarro de Alta Velocidad se aleje cada vez más de la frontera.

Por eso, con relación al tren de alta velocidad, se olvidan de la conexión por Ezkio, que era la que siempre se había barajado, y lo quieren llevar por Vitoria. ¿Está visto que en esta tierra somos incorregibles y no aprendemos de nuestros propios errores!

Se trataba de un tren de cercanías, de los que se utilizan para unir diferentes puntos dentro de áreas metropolitanas de alta densidad poblacional, que iban a sustituir al regional de la serie 470. En esos nuevos trenes podían viajar hasta 600 personas, 208 más que hasta entonces, pero el número de asientos iba a ser el mismo, unos 220. Esto quería decir que, si el tren iba lleno, unas 380 personas tendrían que realizar los 140 kilómetros que separan Zaragoza y Pamplona, durante más de dos horas y quince minutos, de pie, como si fueran ganado.

La escena de gente sentada en el suelo, en las escaleras, en los extintores, así como de maletas bloqueando los pasillos, es algo que se ha hecho habitual no ya en días señalados, como San Fermín o Jueves Santo, sino cualquier domingo estival o fin de puente.

En el verano de 2024, el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció que esos trenes Civia no estaban preparados para un viaje así, al tiempo que anunció que, a partir de enero de 2025, iban a ser progresivamente renovados por unos trenes Alaris. Meses después, cuando esa fecha se iba acercando, como una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo, dijo que la renovación se retrasaba a abril de 2025. Pero esa promesa tampoco la cumplió.

Le tocó entonces el turno a la navarra y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien, en junio de 2025, reconoció en el Congreso de los Diputados que esos trenes no eran adecuados, pues estaban concebidos para trayectos de cercanías. Tres meses más tarde, en septiembre, el ministro Puente hizo otro anuncio solemne en el Pleno del Congreso. Allí dijo: “Este mes —septiembre de 2025— entrarán en servicio las nuevas frecuencias y el nuevo material ferroviario que comprometimos en su momento para la comunicación Pamplona-Zaragoza”. Desde entonces han pasado más de cuatro meses y, a día de hoy, el tranvía para ganado sigue funcionando transportando personas.

Consternados como estamos por el reciente accidente de Adamuz, me pregunto: ¿no están jugando con la vida y la integridad de las personas (tripulación y pasajeros)? ¿Cuál sería la magnitud de esa tragedia si en ella estuviera implicado un Civia saturado de pasajeros? ¡Ah! En ese caso, ¿se podría pedir a alguien responsabilidades o eso supondría que se estaba politizando la desgracia?

En 1933, Julia Álvarez, nacida en Villafranca, maestra y abogada, junto a Dolores Ibárruri "Pasionaria", fue un miembro destacado de la Agrupación de Mujeres Antifascistas, impulsada por el Partido Comunista dentro del marco creado por la III Internacional.

En 1934 fue directora del colegio libertario "Rosario de Acuña" de Madrid, que la Inspección de la República se vio obligada a cerrar debido al motín organizado por los niños de la escuela contra sus maestros.

En diciembre de 1935 se casó con Amancio Juan Muñoz Zafra y ambos salieron elegidos diputados en las listas del Frente Popular de febrero de 1936, ella por Madrid y él por Murcia.

Como diputada, hasta el comienzo de la Guerra Civil, no tuvo ninguna intervención como oradora y solamente fue conocida por "sus intervenciones a destiempo" interrumpiendo a diputados de derechas.

Diario de Navarra escribió: "Los rumores en la mayoría son constantes y menudean las interrupciones a cargo del matrimonio socialista formado por doña Julia Álvarez y don Amancio Muñoz de Zafra". De esta pareja, y de un modo poco fino, escribió el presidente del Gobierno, Manuel Azaña. La denominó "los reyes católicos" y dijo: "Se sientan juntos en los escaños y discurren por los pasillos agarraditos de la mano. Ella luce una vestimenta como dalmática o así. Prieto les puso el mote. El otro día, entraban en el bar del Congreso y un periodista dijo: 'Los reyes católicos van a tomar… granadina'. Desde entonces no se asoman al bar". Y de Julia dijo: "la reina católica interrumpe tanto como la Nelken".

En julio de 1937, el Gobierno de la República la nombró gobernadora civil de Ciudad Real, convirtiéndose en la primera mujer que desempeñaba ese puesto desde que fue creado por Javier de Burgos en 1833. En él permaneció 8 meses y 14 días.

Ciudad Real era una provincia de la retaguardia republicana en la que, desde el 18 de julio y hasta diciembre de 1936, se produjeron la mayoría de los casi 2.300 asesinatos, además de robos, saqueos, sacrilegios, etcétera, realizados durante la guerra. Allá fueron asesinados desde el obispo, pasando por diputados, jefes de partidos políticos, directores de periódicos, muchos párrocos, hasta familias enteras, sin olvidarse de las matanzas de los Hermanos Pasionistas de Daimiel o de los Dominicos de Almagro. A partir de diciembre de 1936 parecía que la cosa había parado, pues, como declaró Ramón Pérez Caballero, "estaban ahítos de sangre u horrorizados con lo que habían hecho".

Según el testimonio de este, con la llegada de Julia Álvarez Resano, que siempre iba con un revólver al cinto, se reinició con fuerza, pues esta declaró que "había que aumentar la represión" porque Ciudad Real era una provincia "de tradición derechista". Para ello publicó una Circular en el Boletín Oficial de esa provincia (n.º 104, de 30 de agosto), en la que, tras señalar la presencia de "elementos emboscados, facciosos antiguos, individuos peligrosos", manifestó su deseo de "despejar el ambiente de la retaguardia y limpiarla de facciosos y emboscados".

En ella decía, también, que "con gran dolor" los partidos del Frente Popular y los sindicatos "emplean sus energías en extender avales que llegan en aluvión a este Gobierno Civil para recomendar a todo el que es detenido" con los que "o se trata de ganar afiliados de número" o "se trata de conquistar la recíproca por si se acercan las hordas fascistas". Y concluía diciendo: "Cumplo un mandato del Gobierno y otro más imperativo de mi conciencia antifascista; pero si obstinadamente se pretendiese por alguien seguir obstruyendo la labor de depuración de la retaguardia, estoy dispuesta a obrar con toda energía contra los obstruccionistas y recomendantes".

A raíz de dicha Circular, no puede sorprender que bajo su responsabilidad directa se reactivase la maquinaria represiva del Frente Popular en esa provincia. Pérez Caballero añade que "además de la represión sanguinaria, la etapa de Álvarez Resano como gobernadora estuvo marcada por el saqueo sistemático del patrimonio religioso y cultural, la incautación de bienes privados, la ruina económica de numerosas familias y la ineficacia administrativa para garantizar el abastecimiento básico a la población civil" y que "su legado no es el de una mujer pionera en la política republicana, sino el de una dirigente sectaria que agravó el sufrimiento de miles de manchegos en uno de los periodos más oscuros de la historia contemporánea de España".

Pues bien, a pesar de esta siniestra biografía, el 26 de marzo de 2018, el Parlamento de Navarra, a propuesta de Geroa Bai, EH-Bildu, Podemos, Izquierda-Ezkerra y PSN-PSOE, con el apoyo de UPN, no así del PP, aprobó una Declaración Institucional reconociendo la labor realizada por Julia Álvarez Resano y mostrando la voluntad para que "el Gobierno de Navarra realice un acto institucional de reconocimiento a su figura, para dar visibilidad a la enorme labor política y social de esta mujer navarra".

Tres meses más tarde, en junio, ese mismo Parlamento le dedicó una sala para "promover la visibilización de Julia Álvarez Resano como gran defensora y luchadora de los derechos civiles" y en "reconocimiento a tantas y tantas mujeres que lucharon en Navarra por los derechos civiles y que fueron por ello perseguidas tras el golpe militar del 36". Y, ahora, el peneuvista Sr. Hualde presenta su libro.

Esta deriva es consecuencia de esa ley de memoria histórica, después democrática, que sólo ha servido para dividir a España en dos mitades enfrentadas y para levantar cortinas de humo sobre los asuntos acuciantes del presente. La realidad es que el tiempo ya se había encargado de cicatrizar la mayoría de las miserias de esa Guerra Civil y que, ahora que se cumplen 50 años, otra España más noble y ambiciosa que la actual, la de la Transición, entendió que aquella guerra la habíamos perdido todos y que, a cambio, habíamos ganado concordia. Ha tenido que venir el Sr. Hualde y los suyos a remover todo de nuevo y a sembrar vientos que sólo sirven para recoger tempestades.

Además, en la vecina Portugal, se había producido el golpe de Estado que derrocó a Oliveira Salazar y a Marcelo Caetano y, aquí, en España, desde el 19 de julio, el Príncipe don Juan Carlos había asumido la jefatura del Estado a causa de la enfermedad y hospitalización de Francisco Franco y, como nota de modernidad, en el Consejo de Ministros que se celebró el 9 de ese mes de agosto, presidido por el Príncipe, por primera vez hubo ceniceros sobre el tapete, pues Franco no permitía fumar durante las reuniones.

El profesor Velarde había tomado el timón de esa Universidad pocos meses antes y con él ésta, que tenía ya un tercio de siglo de vida, inició una nueva etapa en la que se planteó un curso novedoso de «Humanismo y Comunidad», con el que pretendió realizar una inmersión en las diversas ciencias humanas, desde la Antropología filosófica a la Geografía, la Economía o el Derecho, pasando por la Teología y todo lo relativo a la Defensa Nacional, fomentando las mesas redondas y el debate, entre alumnos de distintas Facultades y Escuelas procedentes de toda la geografía española, que ya teníamos metido dentro el gusanillo de la política. 45 fuimos los alumnos que en él participamos, todos con poco más de veinte años, que pertenecíamos a facultades de Biología, Derecho, Económicas, Filosofía y Letras, Físicas, Historia, Medicina, Políticas, Psicología, Químicas y Veterinaria, así como a Escuelas de Ingeniería, Agrónomos, Industriales, Navales y Telecomunicaciones, de diversas universidades españoles.

Allá nos encontramos andaluces, aragoneses, asturianos, canarios, cántabros, castellanos de ambas Castillas, la Vieja y la Nueva, como entonces se decía, catalanes, gallegos, mallorquines, madrileños, murcianos, navarros, valencianos y vascos, que durante cuatro semanas, entre el 5 y el 31 de agosto, tuvimos una intensa convivencia, no ya sólo en las conferencias que nos impartieron personajes de la categoría, por citar sólo a algunos de ellos, de Manuel Clavero Arévalo, Manuel Lora Tamayo, Enrique Fuentes Quintana, Federico Mayor Zaragoza, Fernando Sebastián Aguilar, Olegario González de Carderal, Joaquín Pérez Villanueva, general Jesús González del Yerro, Rodrigo Fernández-Carbajal González que, además, era vicerrector, o el propio Juan Velarde Fuertes que, a sus 47 años, estaba en la plenitud de la vida y era un hombre omnipresente en todas las actividades que realizábamos, no sólo las académicas, sino en las actuaciones lúdicas y en las visitas culturales. Esas cuatro semanas fueron una experiencia única que yo creo que todos los que la vivimos, a pesar de que han pasado ya casi 50 años, no la olvidaremos jamás.

En esa nueva etapa de esa Universidad «de verano» se siguió celebrando, también, un Curso que en ella era ya tradicional: el de «Americanismo». Cosa lógica, por estar anclada donde lo estuvieron las tres carabelas y ser ese lugar la última imagen de Occidente que se llevaron los conquistadores y pobladores que partieron para América. A este asistían, también, profesores y alumnos de ambos lados del Atlántico. Y lo que resulta sorprendente y demuestra la visión de futuro del profesor Velarde, es que en ese momento, año 1974, cuando nadie hablaba de la emergencia climática, ni de la Agenda 2030, se celebrara, también, un Curso de «Ecología» que se presentó como «un cruce de caminos en el que se citan casi todas las ciencias naturales y humanas, puesto que casi todas apuntan algo a la solución del gran problema de construir un mundo habitable, en el que coexistan armónicamente los diversos ecosistemas y quede asegurado el ambiente natural. No hay que ser profetas para prever el gran futuro reservado a esta ciencia de síntesis».

Cuando el 31 de agosto se clausuró el Curso, acto al que asistió el ministro de Educación, Cruz Martínez Esteruelas, todos, profesores y alumnos, nos despedimos con pena y buen sabor de boca y volvimos a nuestros respectivos lugares de procedencia para seguir con nuestros quehaceres. Después, y como suele suceder en estos casos, con muy pocos de esos compañeros me he vuelto a reencontrar. Con el que sí he estado en varias ocasiones es con el profesor Velarde, con el que hemos recordado con nostalgia esos días. De él guardo un libro que nos envió unos meses más tarde, como recuerdo de nuestra estancia en tierras onubenses, que iba acompañado de una cariñosa carta. Era la Segunda Antolojia (sic) Poética de Juan Ramón Jiménez que ahora hojeo en homenaje al rector que acaba de fallecer.

Ese día, a las 19.30 horas, unos miembros de ETA tocaron el timbre del chalé del industrial en Beloso Alto y con el rostro oculto entraron en la casa. El matrimonio había ido al cine y allá solamente estaban los niños, junto al personal que les cuidaban. A todos ellos los encerraron en la cocina y esperaron a que llegaran los padres a eso de las 22.30 horas. A Felipe Huarte lo maniataron y se lo llevaron secuestrado, con lo que dio comienzo a diez días de terror en los que las negociaciones con la banda terrorista fueron complicadas y acabaron con el pago de un rescate de 50 millones de las pesetas de entonces. Esto sucedió seis meses después de que la familia Huarte hubiese promovido y patrocinado los Encuentros de Pamplona, que reunieron a 350 artistas y que tanto éxito tuvieron en el verano de 1972.

Mientras Huarte permanecía retenido, la banda terrorista ETA, al estilo Robin Hood, dirigió una carta a los “trabajadores de Navarra” en la que criticaba la “explotación capitalista” y en la que aseguraba que su “obligación revolucionaria” era dar satisfacción a las “legítimas aspiraciones de los trabajadores”. Y lo más sorprendente fue que un grupo de sacerdotes progresistas apoyaron a ETA y en algunas parroquias de Pamplona se leyeron unas explosivas homilías en las misas dominicales. Eran esos unos tiempos convulsos en el plano religioso. En 1970 se había cerrado el seminario. Un año después, durante la solemne eucaristía en la Catedral con la que se celebró las bodas de plata con el episcopado del cardenal Tabera, arzobispo de Pamplona y prefecto de la Congregación del Culto, en la que participaba numeroso público, al finalizar la comunión, un grupo de personas relacionadas con esos curas progres, de modo inopinado y violento y con la tonadilla con la que en la plaza de toros se vitoreaba a los diestros, empezó a gritar: «Larrauri, Larrauri, Larrauri es el obispo, sin Larrauri no hay obispo». Y poco más tarde se producirían gestos tan sorprendentes como una huelga de misas en la periferia de Pamplona y en las parroquias de Estella.

En la primera de esas homilías, la pronunciada el 28 de enero, se dijo: «Nos habéis robado todo, los señoritos del pueblo … Y aguantábamos callados … Pero cuando quisisteis robar el corazón de la tierra navarra esta se ha levantado, herida en su corazón, con su sangre despertada. … Estamos todos de acuerdo en que es hora de ser lo que tenemos que ser, y en despertar y bramar y unirse y organizarse, porque un pueblo unido jamás será esclavo de los señores propietarios; … Hemos visto vuestro miedo en vuestros rostros, señoritos, tocamos vuestro pulso que tiembla de pánico, señoritos, y no olvidaréis fácilmente la lección que os ha dado este pueblo de hijos feroces cuando les roban el alma … el honor de nuestras gentes no lo mancha nadie, la tiesura de esta raza no la vais a doblegar y los sueños de los hijos ¿a ver quién los roba ya?». Y una semana después, el 4 de febrero, dijeron que «el secuestro del Sr. Huarte ha sido tratado exhaustivamente por todos los que hoy y aquí pueden hablar en público, autoridades civiles y religiosas, Diputación, Alcaldía y Obispado, pero no han dicho una palabra de la violencia que oprime al pueblo, ni de las circunstancias que han provocado este acto de violencia».

Como se puede observar, esos curas progres, que pocos años después muchos de ellos acabarían en política, además de meter en un mismo saco a las autoridades civiles del momento y al obispo, se constituyeron en representantes de un pueblo «oprimido», empleando un lenguaje que era más propio de un mitin marxista que de una ceremonia religiosa, con el que invitaban más al odio que a la reconciliación.

Casualmente, esos días del secuestro de Huarte, unos directivos de la empresa norteamericana Ford estaban visitando Navarra con la intención de colocar aquí la fábrica de automóviles que iban a instalar en España. Al ver el panorama, se fueron inmediatamente y esa planta se inauguró tres años después en Almusafes (Valencia). También la familia Huarte dejó de vivir en Navarra y con su salida dejó de invertir en nuestra tierra. Por tanto, la pérdida de la Ford y el menor protagonismo del Grupo Huarte, con las consecuencias económicas que eso supuso, se lo debemos a ETA y a esos curas progres y esto es algo que ahora conviene recordar.

Sí, Félix Huarte, que tuvo que dejar la escuela a los 14 años y estuvo trabajando hasta el momento de su muerte, a los 75, fue un trabajador incansable, un creador de riqueza y de puestos de trabajo, por lo que pocas personas pudieron tener más méritos que él para merecer ese preciado galardón.

Sorprende que, ahora, al entrar en vigor la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno no haya retirado la medalla de oro al Mérito en el Trabajo que, con ocasión del día de la Constitución de 2008, Rodríguez Zapatero otorgó al que fuera secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo Solares, porque el papel que este jugó en el Madrid sitiado durante el segundo semestre de 1936, cuando ejercía la máxima autoridad en materia de Orden Público y se produjeron la matanza de la cárcel “Modelo” y el holocausto de Paracuellos del Jarama, no se puede decir que fuera muy democrático.

Además, ni en 2008 ni ahora, esa condecoración de Carrillo estuvo justificada porque, como señaló el entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, cuando se la impuso, esa «Medalla constituía un reconocimiento a una trayectoria a favor de la lucha por la libertad, la democracia y las ideas» y, para reconocer tales valores hay otros galardones y no la Medalla del Trabajo, porque a Carrillo pocos son los trabajos que se le conocieron a lo largo de su dilatada vida.

Lo que sí se le tiene que valorar a Santiago Carrillo es el cambio de opinión que tuvo durante la Transición pues hay que recordar que, cuando todavía vivía Franco, declaró a Time (28 de julio de 1975) que «muerto Franco, todas las estructuras del régimen franquista desaparecerán, incluido el príncipe Juan Carlos» y a la periodista italiana Oriana Fallaci le dijo: «¿Qué posibilidades tiene Juan Carlos? Todo lo más ser rey por algunos meses. Si hubiera roto a tiempo con Franco, habría podido encontrar una base de apoyo. Ahora no tiene nada y le desprecian todos. Yo preferiría que hiciese las maletas y se fuese con su padre diciendo: "Devuelvo la monarquía al pueblo"».

Y tras decir en la televisión austriaca el mismo día de la proclamación de don Juan Carlos como Rey, 22 de noviembre de 1975, y a las pocas horas del discurso de este, que el Partido Comunista no reconocería jamás la monarquía que personificaba don Juan Carlos de Borbón, tan sólo diecisiete meses más tarde, el 14 de abril de 1977, día del aniversario de la proclamación de la II República, hizo unas sorprendentes declaraciones, que fueron recibidas con incredulidad por el Comité Central y la militancia del Partido Comunista, en las que aceptó la unidad de España, la monarquía y la bandera, para posar después, detrás de una gran enseña rojigualda, con varios miembros de ese Comité Central. 

Y no quedó ahí la cosa porque, unos años después, declaró a Interviú (7 de mayo de 1980): «Evidentemente el Rey, no me importa repetirlo, es uno de los factores decisivos del cambio democrático» y a Tom Burns Marañón que «la autoridad que tenía el rey sobre los militares que podían sublevarse no se la daba el hecho de ser constitucional, sino el hecho de haber sido puesto por Franco».

Y esta transformación de Carrillo se produjo porque en esos tiempos de la Transición los personajes de ambos bandos pusieron todos los medios para lograr la reconciliación y para empezar a mirar hacia adelante, cerrando así las heridas del pasado. Una actitud que se reflejó en gestos, como el de Manuel Fraga, presentando a Carrillo en el Club Siglo XXI, la colocación en la esquina de los Nuevos Ministerios de las estatuas de Indalecio Prieto y Largo Caballero junto a la de Francisco Franco, o esa fotografía increíble que, en 1996, y con ocasión del sesenta aniversario del comienzo de la guerra civil, publicó el diario El País en la que se veía a Santiago Carrillo y Ramón Serrano Suñer, carcelero y preso de la “Modelo” en agosto de 1936, dándose la mano con fuerza.

Esto sucedió porque los protagonistas de uno y otro bando habían hecho las paces de verdad entre ellos. Ahora, 25 años después, cuando todos ellos ya han desaparecido, algunos de sus nietos han vuelto a reabrir las heridas y han resucitado los viejos rencores. Por eso, a Félix Huarte le retiran su merecida Medalla del Trabajo, mientras que se la mantienen a Santiago Carrillo. Y esa injusta e inicua medida, como español, me duele y por eso la denuncio.

Imaz fue, también, el primer asesinado por ETA tras la aprobación de la amnistía de octubre de 1977, de la que se beneficiaron todos los terroristas con delitos de sangre que, como dijo el presidente Adolfo Suárez, «iba a lograr un compromiso histórico, un pacto de Vergara, una solución política que iba a detener el río de sangre», y que sólo sirvió para borrar la huella de los crímenes y para que los etarras siguieran matando porque, en los siete años siguientes mató a 330, a las que habría que añadir los heridos, los mutilados, los extorsionados y los que, para no caer abatidos de un balazo en cualquier rincón de su tierra, se exiliaron del País Vasco o de Navarra.

Por eso, en noviembre de 1983, cuando ya era presidente del Gobierno, Felipe González dijo: «a la amnistía generosa respondió -ETA- con el asesinato y con la muerte; a la Constitución respondió con el asesinato y con la muerte; y a los estatutos de autonomía respondió con los asesinatos, la extorsión y la violencia, arrogándose el derecho a suprimir la vida de las personas».

También, para mí, el asesinato de Imaz fue el primero de muchas cosas. Mi primera visita a la capilla ardiente de una víctima del terrorismo, mi primer comunicado de condena, en nombre de mi partido -Alianza Foral Navarra, al que después seguirían muchos más, y mi primera manifestación contra ETA. Fue a la salida del funeral, celebrado a una hora intempestiva y al que no asistió ningún miembro del Gobierno de España, cuando unos pocos, de manera improvisada, recorrimos las calles del centro de Pamplona detrás de una pancarta en la que se leía: “Navarra sí; Euzkadi no”.

Ahora, 45 años después, ETA ya no mata. Y no lo hace porque no lo necesita, porque, para lograr sus objetivos, unos colaboran con ella para reescribir el “relato” de lo sucedido en los años del plomo y otros, como los gobiernos de España y de Navarra, les conceden todo lo que le piden. Porque Pedro Sánchez, que repetía hasta la saciedad que «con Bildu no vamos a pactar», y el vicepresidente navarro, Javier Remírez, hijo de una socialista que durante años fue objetivo de ETA y vio cómo reiteradamente quemaban los coches de su familia y vertían cócteles molotov y pintadas sobre la fachada de su casa, que le hizo declarar: «En mi barrio, mi casa es como el cuartel de la Guardia Civil, la Policía y la Delegación del Gobierno, todo va a ella», ahora, con tal de mantenerse en sus sillones, tienen a Bildu de socio preferente. Y, para llegar a esto, nos podíamos ahorrado tantas muertes, tanto llanto, tanto dolor y tanta destrucción como la que durante tantos años sufrimos en España por culpa del terrorismo.

Como era muy inquieto, en los ratos libres se hizo delineante y cinco años después se colocó en una empresa de construcción, donde aprendió el oficio y se especializó en el cálculo de estructuras. En 1927, con tan sólo 31 años y sin tener ni dos pesetas, constituyó una empresa constructora en Pamplona, Huarte y Malumbres, que después pasaría a ser Huarte y Cía. y en plena II República dio el salto a Madrid donde construyó la Ciudad Universitaria.

Después de la guerra civil, Huarte y Cía. continuó su expansión y realizó obras tan importantes como los Nuevos Ministerios, el Puerto de Pasajes o el Estadio Santiago Bernabeu, con lo que en pocos años se convirtió en una de las principales constructoras de España. En 1952, al tiempo que capitaneaba Huarte y Cía., «rodeado de hombres de categoría en los que confió y a los que dio una libertad tan amplia como su responsabilidad», creó el Grupo Industrial Huarte que, en 1971, cuando falleció, estaba compuesto por cerca de 70 empresas que abarcaban los más variados ramos de la industria y daban trabajo directo a más de 17.600 personas, la mayoría de ellas estaban localizadas en Navarra (IMENASA, Papelera Navarra, INASA, TORFINASA, GUIRLING y un largo etcétera) y se convirtieron en un factor decisivo para dar un giro de 180º al panorama desolador que hasta la década de los sesenta mostraba la demografía de esa provincia foral, que en lo que llevaba de siglo, con un crecimiento biológico de 214.000 personas, había visto cómo 102.000 se veían obligadas a salir de ella. A partir de entonces, la población de Navarra y su población activa empezaron a crecer en unos porcentajes muy superiores a como lo hacía la española.

Don Félix impulsó, también, una escuela de capacitación profesional y fue sensible a las necesidades de los demás, de lo que hay múltiples testimonios. Sirva como ejemplo el de las nueve hermanas Guerendiain, a las que don Félix les planteó que sería interesante disponer de un local más amplio para su restaurante pamplonés, que ellas no podían pagar. Don Félix lo hizo en su lugar, y el dinero, sin intereses, se lo devolvieron en veinte años, con una sola condición: que el restaurante –el Hostal del Rey Noble- llevase el sobrenombre de ‘Las Pocholas’, con el que se convirtieron en un referente a nivel nacional.

A pesar de todo lo logrado, en 1963, cuando tenía 67 años y podía soñar con una dorada jubilación, no estaba satisfecho y quería más. Por eso, ante la evidencia de que Navarra había quedado excluida del I Plan de Desarrollo, y movido por la encíclica Pacem in terris de Juan XXIII, decidió entrar en política. Fue elegido vicepresidente (presidente en ejercicio) de la Diputación Foral de Navarra y, para cuando el 2 de abril de 1964 tomó posesión, ya había preparado, pagándolo de su bolsillo, su propio plan de desarrollo, el Programa de Promoción Industrial (PPI) que la Diputación aprobó en sesión una semana después, con el que se inició la transformación de Navarra.

Don Félix inyectó savia nueva en la Diputación Foral poniendo a su disposición su privilegiada inteligencia natural, su fuerza, su empuje y visión de gran empresario. A él le empezaron a llamar el “abominable hombre de las nueve”, por la inusual y temprana hora que tenía de llegar a su despacho, y a la Diputación Foral, la DIFONASA, porque funcionaba como una más de sus empresas.

Y los siete años que estuvo en ella fueron trepidantes ya que transformaron de una manera radical la realidad socioeconómica de Navarra. Los resultados ahí están: Navarra se convirtió en un centro de atracción de inmigrantes, su población activa dedicada a la agricultura descendió al 25,3% y unas 300 empresas se acogieron al PPI, con lo que se crearon cerca de 30.000 puestos de trabajo. Además, se modernizaron 500 kilómetros de carretera, se pusieron las bases de la Autopista de Navarra, se mejoró la comunicación ferroviaria, se construyó el Aeropuerto, se realizaron importantes reformas educativas (concentraciones escolares), se firmó el Convenio Económico con el Estado y, gracias a la decisiva actuación del propio Huarte, la Escuela de Arquitectura que se iba a situar en San Sebastián se instaló en Pamplona.

En 1964, por ser ejemplo de laboriosidad, constancia, inteligencia y abnegación, le fue concedida la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y, en el momento de recibirla, dijo: «El trabajo nos pone en paz con nosotros mismos y nos hace solidarios con los demás hombres; siendo expresión de esa fuente maravillosa de la Caridad que se llama espíritu de servicio. Esta medalla es para mí, más que precio, estímulo». Ahora, casi sesenta años después, el Gobierno le ha quitado esa Medalla tan bien ganada, a pulso, a lo largo de toda una vida de trabajo fecundo y a mí, como navarro, como trabajador de INASA durante veinte años y como consejero del Gobierno de Navarra durante casi diez, esa injusta e inicua medida me duele y por eso la denuncio.

Pero, si todo esto ya de por sí es importante, lo fundamental de don Félix es que fue el hombre que más hizo para que esa Navarra tradicional y estancada, con un 45% de sus habitantes dedicados a la agricultura, de la que en la primera mitad del siglo XX emigraron 100.000 personas para poder subsistir, diera un giro de 180 grados y su población activa empezara a crecer en unos porcentajes muy superiores a como lo hacía la española, y en unos pocos años pasara a convertirse en una región abierta, dinámica y moderna, con una renta per cápita superior en un 25% a la media europea.

En 1927, con tan sólo 31 años, y con otros socios, don Félix fundó su empresa constructora que durante la República ya tenía una proyección nacional y estaba construyendo la Ciudad Universitaria madrileña y que, después de la guerra civil, realizaría obras tan importantes como los Nuevos Ministerios, el Puerto de Pasajes o el Estadio Santiago Bernabéu. Y, es a partir de la década de los cuarenta, cuando crea empresas como IMENASA, Papelera Navarra, INASA, TORFINASA, GUIRLING, PERFRISA y un largo etcétera.

En octubre de 1963, cuando tenía 67 años, estaba retirado de la actividad profesional y podía soñar con una dorada jubilación, don Félix decidió entrar en política para, desde la vicepresidencia de la Diputación Foral, liderar el camino del futuro, cambiar las estructuras y colocar a Navarra en la vanguardia del desarrollo. Para ello, en los meses previos a su toma de posesión, que fue el 1 de abril de 1964, se afanó en elaborar un Plan de Promoción Industrial (PPI), que sería el instrumento que contribuiría decisivamente al desarrollo de Navarra y a los cambios sustanciales que experimentó nuestra tierra en la segunda mitad del siglo XX. Y, como llegó con todo preparado, tan sólo ocho días después de su entrada en el Palacio de Navarra, ese Plan fue aprobado, junto a un Fondo para la Promoción Industrial de 500 millones de pesetas, y pocos días después, ese mismo mes de abril, se aprobó, también, un ambicioso Plan de Carreteras, con unas inversiones de 1.800 millones de pesetas que mejoraría significativamente nuestra red viaria. Además, don Félix se rodeó en la Diputación de un buen equipo que se ilusionó con el PPI y tramitó con suma agilidad los expedientes que se iban presentando.

El PPI consistió en favorecer a las empresas que querían instalarse en Navarra con exenciones fiscales y con terreno industrial. Y su éxito se demuestra con las cifras: a él se acogieron 300 empresas, con él se crearon 20.000 puestos de trabajo y se puso en marcha una inversión de 12.000 millones de pesetas, con lo que en pocos años nuestro Viejo Reyno dejó de ser emisor de emigrantes, como lo era desde hacía más de un siglo, y paso a ser receptor neto.

Pero don Félix, además de constructor, industrial y político, fue también un mecenas de la educación y de la cultura. Él, que había tenido que abandonar los estudios a edad temprana y decía que la vida había sido su escuela, estaba persuadido de que el progreso no se debía fundamentar sólo en la industria, sino que tenía que ir acompañado de la formación. Por eso apoyó instituciones educativas a todos los niveles, desde las escuelas de primaria y las de formación profesional hasta la universidad y con sus propios recursos financió el costoso equipamiento y la puesta en marcha de un centro de investigación sobre el cáncer en la Universidad de Navarra. Es de resaltar que por un empeño personal suyo se creó la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de ‘El Sario’ y la Escuela de Arquitectura, que se iba a establecer en San Sebastián y se quedó en Pamplona. Además, durante toda su vida, se dedicó a conceder ayudas de todo tipo, como la que dio a las hermanas Guerendiain, cuando abrieron el restaurante ‘Las Pocholas’, y se ocupó del patronazgo de la cultura, de la música y del arte.

Este es, en breves pinceladas, el perfil de un hombre de vanguardia, inteligente, activo, tenaz, soñador, con visión de futuro, capacidad de trabajo y cultura empresarial que, probablemente, ha sido el personaje navarro más importante del siglo XX y el que más huella dejó en nuestra tierra en su etapa, pues fue el que nos lideró y dio los pasos para que Navarra sea hoy la sociedad moderna y desarrollada de la que disfrutamos.

La familia Berlanga estaba en Málaga y cuando trece horas después del atentado su mujer llegó a Pamplona lo primero que le dijeron fue: «que no hablara, que no hiciera escándalos y que no dijera nada». Esto sucedía en esos años en los que a las víctimas se les tapaba la boca y sus funerales se celebraban de tapadillo, a puerta cerrada, como fue el de Paco, en el cuartel de la Policía en Beloso Alto, sin presencia de ningún miembro del Gobierno, y, tan pronto como acabó, su furgón fúnebre salió rápidamente hacia su tierra natal. Sí, eran esos años en los que, como decía la fundadora de la AVT, Ana María Vidal-Abarca, «los caídos y sus huérfanos, Ios asesinados y sus viudas estaban, además, condenados a la leprosería, de la democracia, ese territorio cuyos puntos cardinales son el olvido y el silencio, la vergüenza y el vacío».

Si, eran esos años en que las víctimas eran una carga incómoda y molesta, que era conveniente ocultar, y se les ponía unas esquelas en las que hasta se llegó a decir: «... falleció víctima de accidente terrorista». Sí, eran esos años en los que, tres miembros de UCD (Juan de Dios Doval, José Ignacio Ustarán y Jaime Arrese) fueron asesinados y el presidente de su partido y del Gobierno, Adolfo Suárez, no asistió a ninguno de sus funerales y entierros y la portavoz del Gobierno, Rosa Posada, declaró oficialmente que «el presidente del gobierno no puede acudir a los entierros porque está ocupado en asuntos más importantes». Sí, eran los años en los que, después de cada atentado, el ministro del Interior mostraba su «enérgica firmeza» y aseguraba que «ETA está cada día más contra las cuerdas. Estamos ante una ofensiva general de ETA que es un gesto de desesperación».

Y el atentado de Berlanga se cometió ese año, 1979, en el que, el 12 de julio, se produjo el incendio del hotel Corona de Aragón de Zaragoza, con un balance de 80 muertos y 130 heridos, y el gobernador civil, Francisco Laína, antes de que los técnicos dictaminaran las causas del incendio y a pesar de que ETA reivindicó esta acción por tres medios diferentes, lanzó la versión oficial del Gobierno: el foco inicial se había encontrado en el aceite hirviendo que saltó de la sartén en que se estaban friendo los churros para el desayuno. Y tendrían que pasar muchos años más hasta que, ya en tiempos del presidente Aznar, los muertos y heridos en ese incendio fueran reconocidos como víctimas de atentado terrorista.

Algunos pensarán que todas estas cosas sucedieron hace muchos años y que es mejor olvidarlas. Pues bien, la respuesta nos la dio el hijo de Berlanga, que tenía tres años cuando quedó huérfano, en ese acto del día 11: «Hace 42 años de su asesinato. Para algunos puede que parezca una eternidad, pero para su familia y amigos parece que fue ayer, porque en nosotros siempre está presente. Sus padres llevaron luto por él hasta su último aliento, y su Paco en sus labios. Su esposa y hermanos lo siguen llevando en el corazón y a sus hijos, que no pudimos tener esos instantes eternos que se tienen al lado de un padre, nos han inculcado su amor». Así es. Las acciones terroristas y las injusticias cometidas entonces hicieron que muchas familias quedasen rotas y marcadas para siempre. Por eso, gestos como este que está teniendo el Ayuntamiento de Pamplona son imprescindibles para intentar hacer un poco de justicia y para tratar de resarcir a las víctimas de ese reconocimiento y cariño que durante tantos años se les ha hurtado.

Efectivamente, un año antes, por las “denuncias y críticas” de la Sra. Beltrán -a confesión de parte sobran pruebas-, Josecho Andía, que defendía su honestidad y alegaba que ni el auditor, ni los asesores municipales, ni los servicios jurídicos, ni el secretario municipal le habían advertido de que estuviera haciendo algo incorrecto o ilegal, se vio obligado a dimitir como alcalde y tuvo que emprender en solitario su defensa ante la Justicia. Se sentó en el banquillo y después de siete largos años, en los que recibió un informe favorable de la Cámara de Comptos y dos resoluciones del supremo órgano de fiscalización de las cuentas del Estado y de la gestión económica del sector público, que es el Tribunal de Cuentas, en las que se decía que no estaba debidamente justificada la perpetración de los delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos públicos por los que se le acusaba, al fin, en mayo de 2020, le llegó la ansiada sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en la que se le absolvía definitivamente de todos los cargos y se condenaba en costas a los denunciantes. Para ese momento, hacía ya tiempo que las denuncias de esa exdirectora de Hacienda, para las que la Sra. Beltrán prescribía la misma medicina que en Egüés, habían sido archivadas por el Tribunal Supremo y todo había quedado en agua de borrajas.

Desde que se publicó esa sentencia han pasado más de nueve meses y todavía estamos esperando a que la que fue la “primera en denunciar y en criticar” esas «irregularidades» del Sr. Andía, haga públicas sus disculpas y actúe como se hace en estos casos: dimitiendo. Pero, me temo, tendremos que seguir esperando sentados porque la Sra. Beltrán es de esas que creen que dimitir es un nombre ruso y no un verbo de la tercera conjugación que se debe utilizar para asumir responsabilidades políticas. No lo hará y, además, negará su autoría porque es una gran maestra en la manipulación de los datos. Lo demostró cuando, al comienzo de su andadura política, presentó su currículo y tras ser advertida de que era falso y que se lo iban a descubrir, lo recogió y, al estilo de Groucho Marx -este es mi CV y si no os gusta tengo otro-, presentó uno nuevo. Y a día de hoy lo sigue tuneando porque una y otra vez repite que se afilió al Partido Popular en 2008, en el momento de la refundación de ese partido en Navarra, cuando es público y notorio, y está documentado, que no dio ese paso hasta el mes de marzo de 2009, cuando ya se habían celebrado muchos actos de entrega de carnets a nuevos afiliados del PP en la Comunidad Foral.

Vivimos unos tiempos en los que mucho se habla de la necesidad de dignificar la clase política y, para conseguirlo, es preciso que acusaciones como las vertidas por la Sra. Beltrán no queden impunes. Por eso, porque, a pesar de ser presidente del PP de Navarra no tuvo cabida en las listas de Navarra Suma, ni en las elecciones forales y municipales, ni en las generales, y le tuvieron que buscar un acomodo fuera de Navarra -es diputada cunera por Madrid- y allá ha fijado su residencia, y porque este mes de marzo se van a cumplir cuatro años desde que se celebró el último Congreso Regional del PP de Navarra, en el que ella fue nombrada presidente, que tal y como prevén los vigentes Estatutos del partido -artículo 31-, hora es ya de que se convoque un congreso ordinario del que salga una nueva ejecutiva presidida por una persona que ejerza sus funciones, cosa que Beltrán hace tiempo que dejó de hacer en Navarra, y a ella, como en el chotis de Agustín Lara, que en Madrid le nombren emperatriz de Lavapiés o de Chamberí.

Y 1996 empezó tan mal como había acabado el año anterior, por lo que nada bueno se podía esperar de él. En enero, ETA secuestró en Burgos al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que trabajaba en la cárcel de Logroño, con el objetivo de chantajear al Gobierno de Felipe González para que pusiera fin a la a la política penitenciaria de dispersión que había iniciado, el 12 de julio de 1988, el ministro socialista Enrique Múgica Herzog, y reagrupara a los presos de ETA en las prisiones del País Vasco y de Navarra. A partir del secuestro de Ortega Lara, ETA tuvo a dos personas en cautividad al mismo tiempo pues, desde el 8 de mayo de 1995, tenía retenido al empresario guipuzcoano José María Aldaya, al que liberó el 14 de abril, después de que su familia pagase un rescate por él.

Y, por si todo esto fuera poco, en el mes de febrero, ahora se cumplen veinticinco años, ETA cometió dos asesinatos. El primero, el día 6, en plena calle de San Sebastián y en presencia de uno de sus hijos, al que encañonaron, mató de un tiro en la nuca al histórico dirigente del PSOE de Euskadi, Fernando Múgica Herzog hermano del exministro. Y pocos días después, el 14, el comando «Madrid» entró en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y allá, sentado en su despacho, acabó con el catedrático y ex presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, que murió acribillado mientras hablaba por teléfono. Después, el 4 de marzo, al día siguiente de las elecciones generales que dieron el triunfo al PP, se cobró la vida del ex jefe del Servicio de Información de la Ertzaintza en Guipúzcoa, Roberto Doral.

Esta era la dramática situación que se encontró el popular Jaime Mayor Oreja cuando, el 6 de mayo, tomó posesión como ministro del Interior, sustituyendo al socialista Juan Alberto Belloch, que hasta ese momento ocupaba una cartera «bicéfala» de Justicia e lnterior. Y, en ese momento, cuando parecía que todo iba a seguir igual, se produjo un punto de inflexión en la lucha antiterrorista. El nuevo ministro del Interior consiguió implicar al Gobierno francés, que reactivó notablemente su cooperación antiterrorista y realizó una serie de acciones que supusieron un duro golpe para los aparatos logístico y militar de ETA y permitieron que en ese país cayeran Julián Achurra Egurola, «Pototo», considerado hasta esas fechas el número tres en el organigrama de la cúpula etarra, Juan María Insausti Múgica, «Karpov», y Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza». Y, simultáneamente, en este otro lado de la frontera, se desarrollaron una serie de operaciones que dejaron a los terroristas en una situación muy delicada, por lo que ETA no pudo terminar de «cuajar» algunos de sus futuros comandos operativos, como el «Galicia» y el «Nafarroa»; por primera vez en los últimos diez años, la policía logró descubrir parte de la infraestructura esencial del «comando Madrid», en la capital de España, al frente del cual estaba el asesino de Tomás y Valiente, Jon Bienzobas, «Karaka», y pudo identificar a los terroristas Rufino Arriaga Arruabarrena, Ainhoa Múgica Goñi y Juan Antonio Olarra Gudiri.

La acción emprendida por la nueva “cúpula” de Interior  fue tan efectiva que, si bien es cierto que el 17 de noviembre fue secuestrado el empresario Cosme Delclaux, ese año 1996 ETA “solamente” cometió dos asesinatos más, el del sargento de Ingenieros Miguel Angel Ayllón, el 20 de mayo, y el de Isidro Usabiaga, propietario de una empresa de transportes de Oyarzun,  el 26 de julio, por lo que era preciso remontarse hasta los inicios de los años setenta para encontrar una cifra de víctimas del terrorismo tan baja. 

Además, en los últimos días de ese año, se conocieron los documentos que les habían sido incautados a «Karpov» y a su compañera sentimental, Nieves Sánchez del Arco, que evidenciaban la existencia de importantes tensiones en seno de la organización terrorista, en la que se habían acrecentado las disputas y el malestar entre muchos de sus activistas por las directrices y la forma de funcionamiento de la cúpula de ETA. Y los responsables policiales declaraban que «ETA no está sumida en el caos ni contra las cuerdas, pero, evidentemente, está muy tocada por la presión policial que sufre en Francia y España. Y, sobre todo, descolocada». 

A pesar de estos datos tan alentadores, Mayor Oreja sabía que no podía ni ser optimista ni bajar la guardia, porque ETA no estaba derrotada y todavía nos iba a dar muchos días de dolor. Y así fue. En los dos primeros meses de 1997 se cobró la vida de 6 personas y, en los primeros días de julio, después de la brillante liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil, vendría el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ante el que reaccionó masivamente toda la sociedad española que hasta ese momento o había callado o se había manifestado de manera silenciosa ante los asesinatos y secuestros de ETA.

A raíz de esa reacción, la banda terrorista, junto a Herri Batasuna y otras fuerzas nacionalistas vascas, con el PNV a la cabeza, temerosas de que la protesta popular contra el terrorismo pudiera acabar por arrinconarles, idearon eso que denominaron el Pacto de Estella y dentro de él la declaración de un alto el fuego, que fue una maniobra para que ETA se pudiera rearmar, para que saliera más fuerte y así pudiera seguir moviendo el árbol para que los otros siguieran recogiendo las nueces.

Entonces, nada más cesar las armas, en la opinión pública caló la idea de que las victimas debían ser generosas y tenían que tener gestos que contribuyeran a una eventual paz. Y, ante esta pretensión, Ana María Vidal-Abarca, la que en enero de 1980 había gritado serenamente un «¡Viva España!» en el cementerio vitoriano durante el entierro de su marido, Jesús Velasco Zuazola, para despedir así al soldado, al marido y al padre que acababa de ser asesinado, y la misma que el 4 de febrero de 1981, ahora se cumplen cuarenta años, había fundado (junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O'Shea) la Asociación de Víctimas del Terrorismo, para defender a esas víctimas a las que entonces se les tapaba la boca y se les dejaba abandonadas, como siempre en ella, con su voz potente, declaró con claridad y rotundidad: «oigo hablar de la generosidad de las víctimas, y yo pienso: ¿Por qué no se dirigen a los que han estado matando, a los que han hecho tanto daño; por qué no les piden que se arrepientan? Solo se dirigen a nosotros, toda la generosidad y todos los pasos los tenemos que dar nosotros. Eso no lo veo razonable.»

Desde esas palabras de Vidal-Abarca han pasado casi veinticinco años y ahora, sin tener que secuestrar a funcionarios de prisiones, el juez que entonces luchaba contra el terrorismo y del que se decía que era más “Grande” que Marlasca, es el ministro “Marlasca”, y se ha convertido en el instrumento que el Gobierno de Sánchez utiliza para acercar a decenas y decenas de presos de ETA a las cárceles de Euskadi y de Navarra sin que previamente se hayan arrepentido y sin que hayan colaborado con la Justicia en el esclarecimiento de los más de 300 atentados mortales que siguen todavía sin ser aclarados. Y esto sucede así porque en estos veinticinco años los socialistas han pasado de ser las víctimas de ETA a tenerles -a ella y a los que le apoyan- como socios preferentes en los gobiernos de España y de Navarra, porque ahora a los socialistas lo único que les importa es mantenerse en el poder al precio que sea. ¡Qué pena!

Confieso que me ha costado encontrar el Diario de Sesiones porque ese día 9 no hubo sesión plenaria. Los que somos de Pamplona y en 1978 teníamos ya uso de razón sabemos que el 9 de julio de ese año fue domingo porque, aunque parezca de Perogrullo, al día 8 le suele seguir el 9, y el 8 de julio fue el sábado negro en el que se suspendieron los Sanfermines aquel año. La sesión se celebró el día 7, ¡San Fermín!, y en nombre del Grupo de AP intervino Federico Silva Muñoz, demócrata cristiano desde 1945, que defendió su enmienda y las razones por la que la habían presentado. Comenzó diciendo que «todo ser humano, hombre o mujer, por el mero hecho de serlo, tiene el derecho y el deber a educarse y ser educado, lo que consiste en promover el desarrollo integral de la persona según sus creencias y convicciones para que pueda alcanzar su madurez en la libertad.» Dijo que la enseñanza debía ser gratuita y, en su brillante intervención, habló de que «los padres son los primeros responsables en la educación de los hijos» y defendió «la libertad de elección de la escuela» y «el derecho a crear y dirigir escuelas por parte de los particulares y de las entidades públicas».

Entonces, nos debemos preguntar: si Silva proclamó todo esto, ¿por qué AP votó en contra si, como dice del Burgo, «la Constitución consigue armonizar el derecho de todos a la educación con la libertad de enseñanza»? La respuesta la da el propio Silva en su intervención, en la que explicó que estaban totalmente de acuerdo con que ese artículo empezase declarando «el reconocimiento de la libertad de enseñanza, junto con el derecho de todos a la educación» y, añadió, precisamente por eso, habían presentado su enmienda: porque en determinados puntos del desarrollo de ese artículo entendían que no estaba suficientemente garantizado el principio de libertad de enseñanza que figuraba en su frontispicio. Y con su enmienda, que fue rechazada por 16 votos a favor (los de AP), 252 en contra y siete abstenciones, lo que pretendían era: 1º.- que la libertad de elección de centro no se redujera únicamente al ámbito de lo «religioso» y «moral» sino que fuera más amplio, abarcando también las «convicciones filosóficas, preferencias pedagógicas en función de la titularidad del centro, del profesorado, de la seriedad, organización y eficacia que le ofrezca cada uno». 2º.- que se consagrara no sólo la posibilidad de crear centros sino, además, la libertad de dirección porque si «la sociedad puede crear centros que en su día el Gobierno pueda dirigir por medio de personas designadas al efecto, la libertad de fundación y de creación desaparece». Silva dijo que ese término «dirigir» aparecía en el texto de la Ponencia y curiosamente había sido «sustraído» del texto del anteproyecto constitucional. 3º.- que «los titulares de la gratuidad o de la igualdad financiada por fondos públicos no son los centros educadores, sino los padres de los alumnos, por lo que lo lógico es que ellos sean los destinatarios de esos fondos». Y 4º.- que, en el apartado 9, se precisara a qué centros docentes se refería: ¿Sólo a los estatales? ¿Sólo a los no estatales? ¿O a unos y otros?

Si esa enmienda de AP hubiera prosperado, todas esas cuestiones habrían quedado concretadas en la Constitución y nos podríamos haber evitado muchos de los problemas que hoy tenemos. Con los 165 votos de UCD y los 16 de AP se podía haber logrado pero, ya sabemos, los centristas estaban maniatados por el consenso «gastronómico», que diría Fraga, con socialistas y nacionalistas y no se podían salir de él. Porque, como señalé en mi artículo ‘La Constitución de 1978. De aquellos polvos…”, que Navarra.com me publicó el pasado 6 de diciembre de 2020, «las cúpulas de esos partidos se reunían, generalmente en restaurantes de lujo, y allá se ponían de acuerdo antes de los debates del Parlamento, con lo que este quedó reducido a una simple cámara de resonancia en el que, durante la tramitación del proyecto de Constitución, las enmiendas o no se debatían o solamente se veían aquellas que habían sido ‘consensuadas’ la víspera y muchos artículos eran aprobados en pocos minutos, por lo que en vez de debates con «luz y taquígrafos» lo que hubo fueron acuerdos a mesa y mantel.»

Es cierto lo que en esa sesión plenaria del Congreso de los Diputados dijo el socialista Gómez Llorente, y del Burgo reproduce en su artículo, sobre que la Constitución proscribía «toda idea de estatalización del sistema educativo del país», que respetaba «la iniciativa privada» y que cerraba la puerta «a toda idea de nacionalización de cualesquiera centros docentes». Pero también lo es que al final de esa sesión intervino una maestra, diputada socialista de Cataluña, cuyo nombre ni recuerdo ni me importa, que dijo cosas como estas: que había que «conseguir una auténtica escuela al servicio de todo el pueblo de Cataluña», que «los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa, etcétera, pero que … los poderes públicos son el principal responsable de la enseñanza» y que «nosotros estamos convencidos de que la solución del tremendo problema de la enseñanza en Cataluña y en España no pasa por ayudar más o menos a la iniciativa privada, sino por una acción firme y emanada de los poderes públicos». ¿Les suena? Por eso, después de repasar el Diario de Sesiones, y dependiendo de en cuál de las dos «sensibilidades» socialistas de entonces se fije ahora la ministra Celaá, podemos decir que esta tiene memoria o desmemoria histórica. 

Para ello, después de haber sido preparados en nuestros respectivos centros de enseñanza durante los cursos anteriores, teníamos que acudir, en junio y/o septiembre, al que hoy es el Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona, que entonces albergaba dos centros gemelos: el femenino –“Príncipe de Viana”- y el masculino –“Ximénez de Rada”- y, como me confesaba hace unos pocos días uno de esos niños, que vino desde su Estella natal a realizar la prueba y que después llegaría a ser catedrático de bachillerato: «Aquel Centro con sus columnas en la fachada principal nos parecía, como poco, una gran facultad. Los comentarios que, entre examen y examen, teníamos en aquella Plaza de la Cruz los recuerdo con total nitidez.

Allí estábamos con nuestra americana, corbata y pantalón corto consultando con los profesores acompañantes cómo nos había ido en una u otra asignatura.» Así, a esa edad tan temprana, ya éramos sometidos a nuestro primer ensayo competitivo, al que, después, a lo largo de los siguientes años, seguirían otros: las reválidas de Bachiller Elemental y Superior y el PREU, en la Universidad de Zaragoza, que, después, sería sustituido por el COU.

Como bien describía ese periódico, el examen de Ingreso consistía en dos pruebas, una escrita y otra oral. En la escrita, había que resolver unos problemas de matemáticas, para demostrar que se sabían las cuatro reglas, y un dictado en el que había un tope de faltas, más o menos gordas, de ortografía que se podían cometer. A continuación, se pasaba a la prueba oral, de cultura general, en la que, solo ante el peligro (como en la película de Gary Cooper), te tenías que enfrentar a las preguntas de un Tribunal, formado por tres catedráticos, con el que ya, de entrada, había un desnivel tanto numérico como material, pues los profesores tenían su mesa en el estrado o tarima y el examinando se encontraba a ras de suelo. En ese momento empezaba un bombardeo de preguntas que podían ser de gramática, geografía, catecismo, matemáticas o de lo que se le ocurriera al catedrático al que, como escribió hace ahora 55 años Vicente Galbete, bajo el jocoso nombre de «Katontxu Zensorua», se le definía como: «un animal inofensivo durante la mayor parte del año, que emigra por los veranos; pero que, en la primavera y el otoño, suele agruparse en manadas de tres, cuatro y aún de cinco cabezas y prevalido de su superioridad numérica, acostumbra a atacar al alumno, aislado e indefenso, desde una posición dominante.»

Y «Katontxu Zensorua», que pertenecía a ese gremio y ejercía de profesor en el “Príncipe de Viana”, contaba lo que sucedió en el “Ximénez de Rada”, en un examen oral de Ingreso, con un alumno al que, después de varias preguntas infructuosas por parte del tribunal, el catedrático de Geografía, queriendo salvarlo, recurrió a un bonachón y fácil subterfugio:

- ¿De dónde es usted? -le preguntó, como último recurso.

-De Tudela.

-Bueno; pues díganos qué río pasa por Tudela.

- ¿Por Tudela? ¡El Queiles! -contesta rápido, el chaval.

-Hombre, sí; el Queiles pasa por Tudela, desde luego; pero díganos otro...

-El Queiles… el Queiles… ¡Ah sí! El Queiles y el Mediavilla (el Mediavilla, como su nombre indica, es un regato urbano y sin importancia).

-No hombre no. Vamos a ver; ¿no pasa el Ebro por Tudela?

¡Qué va! El Ebro pasa por las afueras...

Por eso, «Katontxu Zensorua» concluía entonces diciendo que, ante casos como este, el catedrático no tenía más remedio que dominar su tendencia y suspender, a menos que aspirara a ser nombrado miembro Honorario de la Sociedad Protectora de Animales. Claro, esto lo decía, y en plan jocoso, en 1965. 

El examen de Ingreso hace ya medio siglo que desapareció y desde entonces hemos padecido en este país demasiadas leyes de Educación y, sin incurrir en el habitual «cualquiera tiempo pasado fue mejor», como escribió el profesor Andrés Amorós, en este tiempo «se ha producido un descenso en el nivel de nuestra enseñanza, en todas las edades porque ha cundido la creencia de que el esfuerzo, el trabajo y la disciplina son algo irrelevante y en la nueva pedagogía predomina lo lúdico, lo igualitario, la motivación, en antielitismo, la creatividad, las habilidades y, en vez de estudiar, hacer trabajos, tantas veces copiados directamente de internet». A lo que añadía Amorós: «Se predica ahora la democratización de la enseñanza, la libertad del alumno. (Recuerdo a Chesterton: “No puedes hablar de educación libre porque, si dejáis a un niño libre, no lo educaréis”). Se abomina de un instrumento tan necesario como la memoria. Se considera «reaccionario» hablar de exámenes, calificaciones, suspensos y hasta asignaturas y horarios. Todos los alumnos tienen «derecho al éxito»: si alguno falla, se echa la culpa al ‘sistema’, no a que haya trabajado poco… Y a todo ello se unen los disparates localistas que han traído, también a la enseñanza, las autonomías.».

Me temo que con la Ley Celaá que estos días se está aprobando en las Cortes, con la que se va a dar un paso adelante y se va permitir que se pueda pasar de curso con varios suspensos, habrá que crear esa Sociedad Protectora de Animales, única y exclusiva para los profesores, de la que hablaba Galbete pues, del nivel educativo de los tiempos de nuestro examen de Ingreso al actual, solamente se ha podido llegar con mucho esfuerzo y como decía el maestro Juan Belmonte: «degenerando». 

Pero, por ese temor que Adolfo Suárez y los centristas tenían entonces a que les denominaran criaturas del «franquismo», desdeñaron los votos de la derecha, con los que hubieran podido partir de una posición fuerte en la negociación y, «por razones de Estado», como declaró el propio Suárez, prefirieron llegar a acuerdos únicamente con los socialistas y las minorías nacionalistas. Fue así como surgió el famoso ‘consenso’, que consistía en que las cúpulas de esos partidos se reunían, generalmente en restaurantes de lujo -lo que Manuel Fraga denominó el «consejo gastronómico»- y allá se ponían de acuerdo antes de los debates del Parlamento, con lo que este quedó reducido a una simple cámara de resonancia en el que, durante la tramitación del proyecto de Constitución, las enmiendas o no se debatían o solamente se veían aquellas que habían sido ‘consensuadas’ y muchos artículos eran aprobados en pocos minutos, por lo que en vez de debates con «luz y taquígrafos» lo que hubo fueron acuerdos a mesa y mantel.

Esa debilidad de la que partía UCD le hizo tener que transigir en temas fundamentales como, por ejemplo, el del Título VIII, el que abría las puertas al caballo de Troya, sin saber lo que este traía dentro, que fue pactado previamente entre el Gobierno y los nacionalistas y, por eso, los intentos que durante la discusión parlamentaria hizo el Grupo de Alianza Popular para eliminar la palabra “nacionalidades” resultaron estériles.

Así, en el pleno de la Cámara, Fraga dijo: «Para nosotros no existe más nación que la española; en ella se integran, con su tradición y su riqueza cultural, los castellanos y los gallegos, los asturianos y los leoneses; los vascos y los navarros; los catalanes y los aragoneses; los extremeños y los andaluces; los de baleares y los valencianos; los canarios y los murcianos; los hombres y las mujeres del mar y de la montaña; los de ayer, los de hoy y los de mañana. El concepto de nación no se puede acuñar a voluntad; no basta una particularidad lingüística, étnica o administrativa; sólo la suma de un gran territorio compacto, de tradición cultural común y con proyección universal; una viabilidad económica; una organización política global, probada por siglos de Historia, sólo eso constituye una nación. Y no es el momento de volver sobre el hecho indiscutible de que nación y nacionalidad es lo mismo; ni de recordar los riesgos gravísimos de abrir cauces a la aplicación del llamado principio de las nacionalidades, con las inevitables consecuencias de un pretendido derecho a la autodeterminación y a un Estado propio.»

A lo que los portavoces de UCD, PSOE y PC se esforzaron en tratar de demostrar que no había ninguna incompatibilidad entre la proclamación de la unidad de España como nación y el reconocimiento de las nacionalidades. Y los nacionalistas utilizaron unos argumentos, que eran repetidos por centristas y socialistas, que causaban sonrojo por su endeblez pues, decían, que con las autonomías se iba a acabar con el terrorismo cuando, entonces, como ahora, era bien sabido que los terroristas no aspiraban a lograr la simple autonomía sino a conseguir la independencia total.

El último intento por evitar ese enorme error político lo hizo, durante el debate en el Senado, en agosto de 1978, Torcuato Fernández Miranda, que era senador por designación real, adscrito al Grupo de UCD. Presentó enmiendas al Título VIII y en contra de las «nacionalidades». Adolfo Suárez, enojado, le conminó a retirarlas y, tras una agria discusión, las retiró y decidió abandonar la UCD, con lo que no se modificó el proyecto y las «nacionalidades» quedaron consagradas definitivamente en la Constitución con todas sus consecuencias.

Ahora, cuando se cumplen 42 años de la aprobación de la Carta Magna y todos conocemos la deriva que esas autonomías han tenido, especialmente las de Cataluña y Euskadi, se me puede decir que es fácil hablar de lo que podía suceder y ha ocurrido. Pero es que, entonces, en 1978, uno ya se lo podía imaginar porque, 44 años antes, en 1934, Santiago Ramón y Cajal, hablando de los estatutos de la República, ya había dicho que iban a ser peligrosísimos, dadas las perversas intenciones de los que los iban a administrar.

Y, como en la Constitución de 1978 no se definieron bien las competencias y se dejaron demasiadas cuestiones abiertas en esta materia, tan sólo tres meses después de la entrada en vigor de esa Carta Magna, en el mes de marzo de 1979, en el momento en el que estaba a punto de cesar como ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, declaró: «Sé que hemos cometido grandes errores», a lo que añadió: uno de ellos «el de las Autonomías» para, a continuación, bajando la mirada, en ese gesto que era tan suyo, y en un tono de voz sensiblemente más bajo, dijo: «Las autonomías nos arrastrarán.».

La verdad es que no había que estar muy bien informado, como no dudo que lo estaba el ministro, para hacer ese vaticinio, porque ya entonces era público y notorio que Euskadi y Cataluña caminaban aceleradamente hacia la secesión. Y, como en todos estos años nadie ha hecho nada para enmendar la deriva de esas «nacionalidades», ahora, 42 años después, y como temía Martín Villa, estas nos han «arrastrado.» Ya se sabe, de aquellos polvos…

Y le exijo que pida perdón, también, por los 216 sacerdotes diocesanos asesinados en Barcelona entre el 19 de julio de 1936 y el 26 de enero de 1939, así como por los 11 agustinos, los 23 benedictinos del Monasterio de Montserrat, los 37 capuchinos, los 12 carmelitas descalzos, los 21 miembros del Corazón de María, los 10 dominicos, los 22 escolapios, los 9 Hermanos del Hospital de la Sta. Cruz y San Pablo, los 21 Hermanos de las Escuelas Cristianas, los 39 Hermanos de San Gabriel, los 13 Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, los 74 Hermanos Maristas, los 14 Hijos de la Sagrada Familia, los 24 jesuitas, los 17 salesianos, los 9 de San Pedro Advíncula (Asilo Durán), los 5 pasionistas, los 4 paúles y 19 más de otras órdenes y congregaciones religiosas, que hacen un total de 384, que también fueron víctimas de la violencia en esa misma ciudad entre dichas fechas.

A los que podríamos añadir, sin hacer una relación exhaustiva de asesinados, a los 48 médicos, los 46 abogados, los 28 ingenieros industriales, los 18 farmacéuticos y los 200 militares (8 generales, 7 coroneles, 10 tenientes coroneles, 31 comandantes, 56 capitanes, 71 tenientes, 16 alféreces y 1 maestro de fábrica de Artillería) ejecutados en Barcelona cuando Luis Companys era presidente de la Generalitat.

El socialista Juan Simeón Vidarte, que fue vicesecretario general del PSOE entre 1932 y 1939, cuenta en sus Memorias, publicadas en 1978, que durante la guerra pasó por Barcelona y se entrevistó con Companys y dice: «cuando le dije que hacía el viaje acompañado de un fraile, soltó la carcajada: “De esos ejemplares, aquí no quedan.”»

Por eso, ante esta triste realidad, yo creo que es mejor que Torra deje las cosas como están porque de esos sucesos han transcurrido más de 80 años y sus protagonistas ya habrán encontrado a su Juez Supremo. Al tiempo que le animo a que mire hacia adelante, trate de unir y no dividir a los ciudadanos y se dedique a resolver los graves problemas que hoy y ahora preocupan a los catalanes. Que esa es su misión como presidente de la Generalitat.

Aunque el Tribunal Supremo ha dicho que Don Juan Carlos no está investigado en ningún procedimiento penal, ya sabemos que en este país se ha hecho añicos el principio de presunción de inocencia que, al parecer, solamente se aplica a Podemos, y lo que imperan son los juicios paralelos en los que las personas, como sucede en este caso, no se pueden defender ni pueden desmentir las pruebas que aportan una mujer despechada y un policía que está en prisión, y la sentencia, que lleva aparejada la pena del telediario, ha sido impuesta y no permite ningún tipo de recurso.

No seré yo el que haga un balance del largo reinado de Don Juan Carlos, porque mucho se ha hablado al respecto en los últimos días y porque creo que ese papel les corresponde hacerlo a los historiadores. Solamente me voy a detener en algo que me parece terrible, como es que de las cinco personas que desde 1902 hasta 2014 han ostentado la jefatura de Estado en este país tres de ellas (Alfonso XIII, Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña) tuvieron que morir fuera de España, que el único que aquí falleció (Francisco Franco) su cadáver ha sido recientemente exhumado y, el quinto, siendo un octogenario con la movilidad reducida, ha tenido que marcharse, contra su voluntad, en un exilio que ya veremos si es temporal o definitivo. Por otro lado, si la reina regente María Cristina no hubiese fallecido repentinamente en febrero de 1929 y hubiera vivido un poco más para ver el exilio de su hijo, el rey Alfonso XIII, al igual que le sucedió a su cuñada, la Infanta Isabel -La Chata-, también habría tenido que morir lejos de su Patria. ¡Qué tragedia de país! Creo que este es un punto en el que todos debemos reflexionar.

Sobre Don Juan Carlos hay algo que no comprendo. Durante más de 38 años ha sido el Rey y ha ejercido la Jefatura del Estado y, ahora, no tiene derecho a una retribución económica. Entiendo, y me parece correcto, que los expresidentes del Gobierno, con independencia del tiempo en que ejercieron tan alta misión y del resultado de su gestión, reciban esos 75.000 euros al año que se les da y creo que al Rey no se le debe privar de algo similar. Además, Don Juan Carlos es militar, ingresó en el Servicio el 14 de julio de 1955, y desde entonces y hasta que juró como sucesor a título de Rey fue ascendiendo por antigüedad a medida que lo hacían sus respectivas promociones de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, llegando así hasta el empleo de capitán. En 1969, fue ascendido a general de brigada y desde el 20 de noviembre de 1975 tiene la antigüedad en el empleo de capitán general. Pasó a la reserva el 19 de junio de 2014 por lo que, durante más de 38 años, como se recuerda en todos los brindis que se hacen en las celebraciones militares, ha sido “el primer soldado de España” y, ahora, después de haber perfeccionado 19 trienios con una hoja de servicios intachable, no tiene derecho a ningún haber económico y se le niega el pan y la sal. Algo no cuadra.

En este país los acontecimientos se están sucediendo de una manera vertiginosa, al tiempo que imperceptible. Hace menos de un año la noticia era que el Gobierno cuestionaba algunos de los títulos nobiliarios que Don Juan Carlos había concedido en los primeros tiempos de su reinado. Ahora, después de la formación del actual Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, lo que se cuestiona es la figura del anterior monarca. ¡No seamos ilusos!, ¡No nos engañemos! Esto no es un punto y final, esto es un paso previo para acabar con la Monarquía que hoy encarna Felipe VI y esto es lo que todos debemos estar preparados para defender si no queremos entrar en una deriva muy peligrosa.

Un hombre que transmitía ilusión, un luchador infatigable contra el aborto y el "alma mater" de esa Asociación, que hasta el último momento en que le fue posible, con su gabardina blanca, su cartera en la mano y arrastrando los pies, pero con ese entusiasmo que le caracterizaba, se dedicó a trabajar y a dar charlas y conferencias a todo tipo de estamentos sociales para mostrar los horrores del aborto.

Ahora, cuando desgraciadamente ya no le tenemos entre nosotros, es momento de recordar lo que hace poco más de diez años, en el mes de mayo de 2010, escribía en un periódico local, pocos días después de que el Parlamento de Navarra, con los votos de socialistas, nacionalistas y comunistas, aprobase una declaración institucional en la que se decía que esa Cámara “apoya, respeta y comparte” la plena aplicación en Navarra de la ley del aborto “en iguales condiciones” que en el conjunto de España.

En ese breve escrito, está resumido su pensamiento sobre el aborto. Se titulaba ‘El aborto provocado’ y decía así:

«Algunos políticos, en el Parlamento navarro, de una forma reiterativa, sacan a relucir con cierta frecuencia la necesidad –según ellos– de que en la Sanidad Pública de Navarra se practiquen abortos para que las mujeres puedan ejercitar su derecho sin ir a otras comunidades. Vamos a analizar tres puntos de esta petición:

» 1.- Abortos en la Sanidad Pública. ¿Por qué? Navarra en este aspecto es una de las seis autonomías en España en las que no se hacen abortos en los hospitales públicos. Las otras cinco son: Aragón, Castilla León, Extremadura, Castilla la Mancha y Región de Murcia (Datos oficiales Ministerio de Salud 2009). Por tanto, Navarra no es la única.

» 2.- Practicar abortos. Yo a veces me pregunto si quienes hacen esta petición, ¿saben verdaderamente lo que es un aborto provocado? Es la “muerte violenta de una vida humana”. Son los mismos que intentan poner fin a las muertes por la violencia de género, con lo que estamos de acuerdo.

» 3.- La mujer tiene derecho… ¿a qué? ¿A sufrir las consecuencias que todo aborto provocado produce, como son las somáticas, psíquicas y morales? El 100% de las mujeres que se someten a un aborto provocado las padecen en distintos grados e intensidades.

» Ante todas estas realidades, yo me sigo preguntando, ¿tan poco quieren a las mujeres los que incitan a estas prácticas? He visto padecer muchísimo a mujeres después de dejarse practicar un aborto, algunas después de muchos años de sufrimiento que no se lo desean a nadie. Por favor, ayudemos a las mujeres de verdad a solucionar los embarazos no previstos.

» Trabajemos, estudiando soluciones, pongamos los remedios eficaces para evitar entre todos estas muertes violentas, y prolongados e intensos sufrimientos a las madres.» Hasta aquí las palabras del Dr. Miranda.

Gracias a la labor callada y abnegada que desde el año 1977 han realizado Pepe Miranda y ANDEVI muchas son las mujeres embarazadas en situación de riesgo que han sido acompañadas y ayudadas durante su gestación y gracias a ellos muchos son los concebidos que -como sutilmente dicen los partidarios del aborto- tendrían que haber sido sometidos a un IVE -a una “interrupción voluntaria del embarazo”-, que finalmente pudieron llegar a nacer y hoy gozan de una vida plena.

Sé que de Pepe Miranda se podrían decir muchas más cosas, pero, al menos para mí, esta es la principal. Y por eso estoy seguro que después de defender tanto la vida, ahora estará gozando de la Vida plena. ¡Descansa en paz, amigo! ¡Te lo mereces!

Está visto que cuando se trata de determinadas personas o instituciones los socialistas no tienen ningún reparo en condenarlos anticipadamente, sin darles el más mínimo beneficio de la presunción de inocencia, con tal de complacer a los que son sus socios de los gobiernos de «progreso», entre otros, a «hombres de paz» como Otegui, que son los que les mantienen a Pedro Sánchez y a María Chivite en los sillones presidenciales de España y de Navarra.

María Chivite es la tercera secretaria general del PSN que ha tenido el honor de alcanzar la presidencia del Gobierno foral. Los dos anteriores fueron Gabriel Urralburu (1984-1991) y Javier Otano (1995-1996). El primero, fue condenado por el Tribunal Supremo, por un delito de cohecho, cometido en el desempeño del cargo presidencial, a una pena de 4 años de prisión y 780 millones de pesetas de multa, por lo que ingresó en prisión.

Mientras que Otano se apresuró a dimitir de su puesto de presidente al hacerse público que era titular de una cuenta en Suiza, aunque después saldría absuelto, porque los delitos por los que se le imputaban habían prescrito. Pues bien, a pesar de este pasado, sus respectivos retratos cuelgan de las paredes del Salón de Presidentes del Palacio de Navarra y no sólo eso, sino que, además, cuando el de Urralburu fue retirado por el Gobierno de Miguel Sanz, por haber recaído contra él sentencia firme del Supremo, los socialistas navarros protestaron enérgicamente y consiguieron que fuera repuesto a su lugar inmediatamente. Por eso, si la presidente María Chivite es coherente con lo que su partido ha votado en el Parlamento de Navarra, tendrá que ordenar que los retratos de sus dos compañeros y antecesores sean retirados de ese lugar de honor que ocupan.

Y, ya puesta a esa labor, la Sra. Chivite tendrá que dirigirse, también, a su compañero socialista, Pedro Sánchez, para pedirle que, de inmediato, retire la estatua del socialista Francisco Largo Caballero, que está situada en la sede de los Nuevos Ministerios de Madrid. Porque no dudo que ella sabrá que este solía decir cosas tan delicadas como: «No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad» o «Yo declaro que hay que armarse, y que la clase trabajadora no cumplirá con su deber si no se prepara para ello.» … «Hecha esta preparación, habrá que esperar el momento psicológico que nosotros creamos oportuno para lanzarnos a la lucha, cuando nos convenga a nosotros y no al enemigo. En definitiva, habrá que luchar en las calles».

Y, por si todo esto fuera poco, la Sra. Chivite sabrá que cuando ese compañero socialista, que mereció el apelativo del «Lenin español», era presidente del Consejo de Ministros del bando republicano, en plena guerra civil (4.09.1936 -17.05.1937), recibió (diciembre de 1936) una carta del mismísimo José Stalin en la que le aconsejaba que de cara al exterior mantuviese al menos una apariencia de régimen parlamentario, a lo que este le respondió con otra, misiva, fechada el 6 de enero de 1937, en la que le decía en España nadie deseaba ni la sombra de un parlamento y prueba de ello es que de hecho, hasta el final de la guerra, la zona republicana se gobernó en régimen dictatorial, sin más reuniones de Cortes que un par de encuentros simbólicos y propagandísticos en los que tan sólo se aprobó el Estatuto del País Vasco, y no hubo ningún debate sobre leyes ni situaciones.

Sí, a la Sra. Chivite hay que pedirle coherencia y que dé el mismo trato a todos, sea este el «ciudadano Juan Carlos de Borbón» o sean los ciudadanos Gabriel Urralburu, Javier Otano o Francisco Largo Caballero. Pero me temo que no lo hará porque los socialistas están jugando con fuego y, a pesar de que en estos momentos tenemos un gran Rey, como es Felipe VI, que acaba de cumplir el sexto aniversario de su proclamación al Trono, lo que ellos pretenden es demoler la Monarquía y el consenso que en 1977 alcanzaron aquellos que habían sido protagonistas de la guerra civil, que sirvió para cerrar las heridas del pasado. Ahora, 43 años después, en 2020, los nietos de aquéllos quieren imponer el revanchismo ideológico y divisor para establecer una República que sea sucesora de aquella del Frente Popular de 1936 que todos sabemos muy bien cómo acabó.

Pero, cuando aterricé en el aeropuerto de Heathrow, no podía imaginar que un muchacho como yo, que llevaba dentro el gusanillo de la política y que vivía en un país como era la España de entonces, sin partidos políticos ni elecciones, iba a tener la oportunidad de vivir, en vivo y en directo, la gran experiencia de unas elecciones generales.

En ese momento el laborista Harold Wilson llevaba seis años de primer ministro y el viento electoral soplaba en su favor, porque las cifras económicas demostraban el acierto de su gestión y, gracias a su ministro de Hacienda, Roy Jenkins, había logrado que su balanza de pagos tuviera un excedente de 606 millones de libras esterlinas, el doble de lo prometido al F.M.I. Además, en los comicios parciales que se celebraron en abril para para renovar los condados del Gran Londres, había logrado unos buenos resultados y las encuestas decían que los laboristas tenían una ventaja sobre los conservadores de entre 2,7 y 7,5 puntos. Por eso, el 18 de mayo, Wilson sorprendió al país anunciando que las elecciones generales se adelantaban al 18 de junio.

Durante todo ese mes viví con gran intensidad la campaña electoral y me sorprendió ver cómo los candidatos se pateaban las calles de su distrito e iban llamando, casa por casa, a los timbres para pedir el voto, a pesar de que el resultado parecía estar cantado, pues todos los pronósticos de los institutos de opinión pública daban como favorito al Partido Laborista y por eso, en la noche del 18 de junio, los informativos decían que el Gobierno seguiría siendo laborista. Pero, a medida que en la mañana del viernes 19 se fueron conociendo los resultados electorales, se vio que los conservadores habían ganado con 330 escaños frente a los 287 de los laboristas. Remedando al almirante Aznar, los británicos se acostaron laboristas y se levantaron siendo conservadores. Y ese mediodía, Harold Wilson presentó su dimisión a la reina, que encargó a Edward Heath la formación del nuevo Gobierno.

A eso de las dos de la tarde vi en la televisión una escena a la que mis ojos no podían dar crédito: delante del número 10 de Downing Street había aparcado un camión de mudanzas. Inmediatamente me fui hasta allí, en unos tiempos en los que no había medidas de seguridad y se podía acceder a esa calle, que hoy está prácticamente blindada por el terrorismo, y tocar la misma puerta de la casa del premier. Efectivamente, allí estaba el camión en el que introducían enseres y, además, la hija y el yerno de Wilson se dedicaban afanosamente a meter bolsas en el maletero de un coche. Al día siguiente, sábado 20 de junio, visité el Parlamento de Westminster y, al llegar a la Sala de los Comunes, el guía que nos explicaba, con total normalidad, nos dijo: «Aquí se sienta el Gobierno de Su Majestad, presidido por Mr. Heath, y allí la leal oposición, presidida por Mr. Wilson». Al finalizar la visita, volví a Downing Street, donde la escena seguía siendo la misma del día anterior, con el camión y el coche, hasta que en un momento dado se abrió la puerta de la casa y por ella salió Edward Heath, que había estado en su nuevo despacho conformando el gobierno. Nos saludó a las pocas personas que allí estábamos, y en un coche descapotable que él mismo conducía, se fue a comer. Al día siguiente, en los periódicos, junto a la lista del nuevo gabinete, del que formaba parte una joven Margaret Thatcher, había una viñeta de fino humor inglés, insólita para un español de entonces, en la que Wilson aparecía bufando, con dos grandes maletas en sus manos y la pipa en sus labios, y su mujer detrás de él que le decía: «No importa, cariño, ellos nos han prometido un mejor mañana».

Tengo que confesar que esta lección de democracia, que no estaba prevista en mi estancia británica, la aprendí y la he tenido siempre muy presente durante los más de treinta años en los que he desempeñado cargos electos y de libre designación, en los que siempre he recordado lo importante que es la alternancia pacífica en el poder y el tener las maletas siempre hechas para irte de los puestos cuando menos te lo esperas. Y, así, cuando el 8 de junio de 2006, el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, por sorpresa, me llamó a su despacho para comunicarme que, a pesar de que llevaba diez años como consejero, actuando con lealtad y eficacia, había pensado cesarme, sin dar para ello ningún argumento o razón convincente, me acordé de lo que vi en 1970 en Downing Street y, al día siguiente, cuando por última vez salí del que había sido mi despacho oficial llevando en las manos mis últimas pertenencias personales, me vino a la memoria la viñeta del periódico The Daily Mail y lo que la señora Wilson le dijo a su marido:  «No importa, ellos nos han prometido un mejor mañana». Por eso, salí a la calle con la cabeza muy alta y… con las manos muy limpias y durante muchos meses recibí el calor y el apoyo de los navarros. Porque, como me diría después la sucesora de Miguel Sanz: «Tu destitución siempre estará en el debe de este Gobierno».