Visto lo visto, no parece muy creíble, por ejemplo, el papel de una Europa fuerte en la escena mundial. Sí, en cambio, el de una Europa capaz de avanzar a diferentes ritmos e intensidad donde sea necesario, algo que, de hecho, ya viene haciendo; especialmente desde que existe el euro. La declaración de los 27 promete trabajar durante la próxima década en cuatro áreas: una Europa más segura, más próspera, social y fuerte en el mundo. Ojalá que sea cierto.

Ahora bien, puestos a hablar de las cosas de comer, ¿es posible una Europa con mayúsculas sin mencionar a la vez el crecimiento, la igualdad, el Estado del bienestar y, por supuesto, los eurobonos? ¿Es posible una gran Unión Europea sin un Banco Central Europeo con las competencias de la Reserva Federal de EE UU, por tanto no solo preocupado por la inflación, sino también por el empleo? Parece difícil que solo con declaraciones solemnes, sin sustancia, se logre avanzar, pero al menos parece que hay intención de hacerlo. Desde ese punto de vista, Europa es más que nada.

El desapego de la ciudadanía con Europa, las tensiones nacionalistas, la migración, el terrorismo y el auge de los partidos populistas -los asuntos que tanto inquietan a los 27 en sus declaraciones- tienen causas que, una vez bien diagnosticadas, exigen respuestas. Pero en su reunión del Palacio de los Conservadores, en el Campidoglio -sede del Ayuntamiento de Roma-, donde se firmó el tratado fundacional de lo que hoy es la UE, los 27 se han quedado en lo urgente, que no siempre es lo mismo que lo importante. Al menos desde España, no cabe interpretar de otro modo sus declaraciones sobre fronteras exteriores protegidas y una política migratoria eficaz en una Europa segura y protegida. ¿Y el empleo? ¿Y los eurobonos? ¿Y la unión política? Más que nada es algo, pero para lo grande que es Europa en el mundo, parece poco.

En esta situación no parece descabellado comprender del deseo de Escocia de volver a las urnas, en 2018 o 2019, máxime cuando el Scottish National Party de Nicola Sturgeon ganó unas elecciones en las que había planteado celebrar otro referéndum en caso de un cambio sustancial y significativo en las circunstancias que prevalecieron en 2014, como sería que Escocia -arrastrada por el Reino Unido- quedara fuera de la UE en contra de su deseo.

Para las autoridades de Bruselas va a ser difícil conciliar su simpatía por las tesis de Edimburgo con su cerrada posición ante una consulta en Cataluña, porque de alguna manera son situaciones que dan lugar a una contradicción. No es lo mismo una cosa que la otra, indudablemente, pero hay posiciones de Escocia que pueden beneficiar, de rebote, a los independentistas de Cataluña.

¿Es Escocia como Cataluña? No. Como explicó Joan Tapia en El Periódico, la gran diferencia es que Gran Bretaña quiere salir de la UE -está saliendo de hecho-, mientras que España ha entrado en el directorio europeo.

¿Pero qué dirían Bruselas y Madrid si prospera un nuevo referéndum en Escocia, hay independencia, gracias al derecho a decidir, y un posterior reingreso en la Unión Europea? En principio, si Escocia se independiza del Reino Unido, España lo respetará, pero no permitirá que se quede en la UE de buenas a primeras.

Su mensaje está claro: una eventual Cataluña independiente -vista como hipótesis-, se quedaría en tierra de nadie, sin el amparo económico e institucional de la UE ni la cobertura de seguridad de la OTAN. Sobre el papel parece de libro, teniendo en cuenta los habituales criterios del Gobierno de Madrid, que Bruselas asume plenamente, pero otra cosa es que sea realista en caso de darse todas esas combinaciones.

Para el historiador Joan B. Culla i Clarà, el propósito de la maniobra es conseguir que las franjas más centristas del independentismo se digan: si la independencia ha de ser en beneficio de Oriol Junqueras, de ERC, de las izquierdas, nosotras nos vamos a casa. ¿Bastará con explotar las contradicciones políticas, salpicadas con ciertas jugadas policiales y mediáticas?

Probablemente algunas de las buenas y malas prácticas de Mariano Rajoy están dando resultados, pero la pregunta sigue en pie: ¿basta con jugar a la contra? ¿O habrá que dar pasos adelante? El Gobierno -y por extensión el conjunto del Estado español- no tiene un mensaje en positivo para los catalanes; léase tanto los catalanes nacionalistas e independentistas, que van a más, como los catalanes que se sienten españoles y quieren que su comunidad autónoma -para otros su nación- siga perteneciendo a España.

El PP sabe que solo desde la izquierda catalanista e independentista no podrán sacar adelante un nuevo Estado, ya que para algo así se precisaría el apoyo de la burguesía. En ese análisis se basa precisamente llevarse por delante al convergente Artur Mas, para mayor gloria del republicano Oriol Junqueras.

Simplificando mucho las cosas, tendríamos que ERC y las CUP no serían suficientes para ganar con mayoría absoluta unas elecciones plebiscitarias o una hipotética consulta. La Cataluña bienpensante, la Cataluña burguesa, sin un líder convergente al frente, se lo pensaría dos veces.

Dejando a un lado las malas prácticas, no le falta cierta inteligencia a la estrategia política del PP y de Mariano Rajoy. Lo que sí le falta es un juego seductor, un juego que cautive de verdad, como el del Barça.

En definitiva, una tercera vía capaz de engendrar la futura centralidad política de Cataluña, durante tanto tiempo basada en lo que hoy se llama PDECat -antes CDC- y el PSC.

Como sugiere el periodista Enric Juliana, hay que poner en valor la importancia de los matices para tratar de comprender la situación política catalana. No vale la brocha gorda.

Pero ese sueño parece haberse reconvertido en pesadilla para sus guionistas.

Tiempo atrás puede ser que la vieja guardia del PSOE, con Felipe González como referencia, fuese capaz de hacer las cosas a su manera, sin encontrar mayores resistencias en una base confiada, pero los tiempos han cambiado.

Si es cierto lo que cuenta El País, un medio poco favorable a Pedro Sánchez, casi 80.000 personas se inscribieron en la plataforma de apoyo a su candidatura, de las cuales 68.000 dicen ser militantes del PSOE, lo que supondría que cerca del 40% de los militantes del partido estaría por la vuelta de su exsecretario general.

Pero del mismo modo que los partidarios de Susana Díaz se lanzaron a la piscina sin agua suficiente -de hecho saltó Abel Caballero pero ella no-, correrían muchos riesgos los seguidores de Pedro Sánchez si empiezan a ir de sobrados.

El PSOE andaluz es hoy por hoy la referencia del PSOE y, si bien ese modelo cojea, no puede infravalorarse su capacidad de movimientos. Si finalmente hay lucha puede ser titánica.

Susana Díaz tiene base social en su comunidad, tiene poder institucional y partidario, goza del respaldo de otros barones, controla la gestora que puso en manos de Javier Fernández y los grandes medios de comunicación están, en general, a su favor. Si finalmente se presenta tampoco será tan fácil de batir.

Y si opta por quedarse en Andalucía y pedirle a Javier Fernández que dé el paso, tampoco Pedro Sánchez lo tendrá fácil. Ni el PSOE en su conjunto, ante tanta división.

Es su pecado original, pero hay más. También es verdad que no es el único caso, ya que no sucede nada distinto cuando se trata de los organismos reguladores -Competencia, Valores, Banco de España...- o del propio Tribunal Constitucional.

Es, en general, un problema de calidad de la democracia. Del mismo modo que el país precisa recuperar el periodismo de calidad -con todo el respeto a las redes sociales-, necesita regenerar sus instituciones democráticas, empezando por la justicia.

El pecado original del Consejo General del Poder Judicial se ramifica en todo el sistema, ya que designa, a su vez, a los presidentes de los tribunales superiores autonómicos, a los presidentes de audiencias provinciales, magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de sus salas, al tiempo que ejerce la potestad disciplinaria y dirige la formación de los futuros jueces.

Peor aun es la situación de la Fiscalía, cuyo jefe es designado directamente por el Gobierno, que tiene en su mano controlar a su vez a todos los fiscales, con lo cual puede determinar el sesgo de cualquier investigación judicial o, como reconocía el anterior exministro del Interior, afinar ciertos asuntos.

Es ya célebre la frase de Fernández Díaz: "Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión", dirigida al entonces jefe de la Oficina Antifrau de Cataluña, en medio de una operación para destruir la carrera de políticos soberanistas catalanes y emprender investigaciones comprometedoras.

De un sistema judicial politizado, subordinado al Gobierno, y una fiscalía gubernamental difícilmente puede esperarse algo bueno y, en todo caso, no parece posible asegurar la división de poderes propia de un Estado de Derecho.

Todo lo que estamos viendo estos días -sentencias controvertidas, designaciones de fiscales a medida...- son solo las consecuencias de un deficiente y viciado Poder Judicial. No solo se trata de que el Gobierno de Mariano Rajoy se haya pasado de la raya, sino de que como puede hacerlo -legalmente, además-, lo hace y se queda tan tranquilo.

Otra prueba de que ha ido demasiado lejos es que, a propósito de los últimos nombramientos del Fiscal General del Estado, fiscales españoles dijeron a través de su asociación que han "entendido el mensaje", como si estuviéramos en uno de los capítulos de El Padrino.

En realidad, llevamos así muchos años y si ahora llaman más la atención ciertas situaciones es porque determinados casos permiten ver lo que antes ya podía intuirse o sospecharse. Las cosas solo podrán cambiar si el poder legislativo así lo decide.

No es una buena señal no confiar en la justicia, lo cual abre otro debate: ¿debe revisarse el actual modelo de la justicia en España y el gobierno de los jueces? Se supone que una democracia madura debería saber resolver ese problema, del mismo modo que ha sabido recuperar la imagen del Ejército, de la policía o de la Guardia Civil, estamentos en su día connotados con la dictadura franquista, en los que hoy en día puede haber ovejas negras, como en cualquier otra faceta de la vida, pero no hay sospechas que acrediten razones de desconfianza generalizada.

Si los españoles confían en la justicia que imputa a la infanta pero no en la justicia que la absuelve, tanto los españoles como la justicia tienen un problema grave. No querer verlo, ni menos aún resolverlo, no hará más que perseverar en ese túnel de inmensa oscuridad. Lo sano es que un país crea en la justicia, del mismo modo que cree en los médicos o en los enfermeros.

Cuando la Infanta fue imputada por el juez, a pesar de los obstáculos de la Fiscalía, la abogacía del Estado y Hacienda, se puso en valor que había funcionado el Estado de derecho y que nadie estaba ya por encima de la ley. Ahora que ha sido condenado su marido pero no ella, se dice que era cómplice y coartada, escudo y arma de su marido, Iñaki Urdangarín. Obviamente, ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez.

Salvando todas las distancias, con esto de la justicia también puede estar pasando algo parecido a lo del fútbol. Todos llevamos un entrenador dentro y sabemos quiénes deben jugar y quiénes deben ser sustituidos. A veces incluso tenemos razón, pero resulta que los entrenadores toman otras decisiones porque ellos saben cosas que nosotros no sabemos, como los estados de salud y de ánimo de ciertos futbolistas. Seguramente la Audiencia Provincial de Palma sabe mucho más que nadie del caso Nóos; puede que sepa incluso más de lo que resume en la sentencia, a pesar de tener un millar de folios. Y si no es así, y resulta que ha hecho una sentencia a medida, como insinúan algunos, el problema no es la Audiencia de Palma, sino todo el sistema judicial español y el propio Estado.

La conclusión parece evidente: o los españoles confían -confiamos- en la justicia o deben -debemos- cambiarla cuanto antes. Pero un país no puede tener seguridad -ni futuro- si siempre está diciendo lo que se dice estos días de la sentencia de la infanta, a quien por cierto, si es inocente, habrá que devolverle su estatus. ¿O no?

También hay un cierto paralelismo entre la financiación de los partidos tradicionales: casi todos ingresaron alguna vez dinero de empresarios adjudicatarios de obras o concesionarios de servicios de la Administración pública.

Las diferencias estarían en lo que se quedó en manos de los intermediarios de un circuito formado, esencialmente, por el político que concede prebendas y el beneficiario que le recompensa por el favor. Todo lo demás, el reparto del dinero de la mordida entre un partido, un intermediario o un político, no se daría sin el acuerdo de los dos primeros personajes.

En ambos escenarios, el financiero y el político, hay mucho interés en pasar página cuanto antes, pero visto con perspectiva -con las luces largas-, podríamos preguntarnos: ¿realmente han ido al banquillo y a la cárcel los principales responsables de la crisis financiera y de la corrupción en España? ¿Se ha resuelto ya el grave problema político que entraña la financiación de los partidos?

Por momentos, da la sensación de que en España alguien quiere hacernos creer que hubo unas cuantas personas que se pusieron a robar o a malgastar en sus organizaciones sin que nadie se diese cuenta durante años y años. Y que cuando la justicia se enteró, resultó que esas personas habían robado contra las indicaciones de sus jefes, que al ser hombres de bien terminaron no menos escandalizados que la gente de la calle.

Una versión tan edulcorada de lo sucedido en España hubiera sido creíble si se tratase de un caso aislado, pero resulta que los modus operandi son muy similares en casi todos los casos, que son centenares, puede que incluso miles. ¿Podemos pasar página creyéndonos que todos los números uno no se enteraron de nada mientras algunos de sus mandos intermedios robaron a manos llenas? ¿Es eso lo que pasó en España?

El líder de Ciudadanos tendrá así un nexo con el Partido Popular, donde también hay liberales, y con el PSOE, donde es evidente que hay progresistas. Tiene encauzada de esa manera su vocación de partido bisagra que pacta a derecha e izquierda, pero es más dudoso que resuelva así su propia definición: a fin de cuentas, el liberalismo progresista es una etiqueta política atribuida a muchas fuerzas políticas desde mediados del siglo XIX, y como idea de futuro, liberalismo progresista no parece del todo convincente.

Al ser progresista -expresión acuñada por Salustiano Olózaga en 1836-, Albert Rivera suaviza la faz del liberalismo, que -salvo en Estados Unidos- también tiene connotaciones conservadoras. Visto desde Europa podría decirse que será, pues, un político social liberal, y si alguien reparase en él desde Estados Unidos tal vez diría que es un liberal demócrata. Se entiende lo que quiere ser, pero definiéndose así lo dice a medias.

La historia no siempre le acompaña: ni la decimonónica ni la más contemporánea. En el siglo XIX los liberales progresistas quedaron connotados con pronunciamientos militares y estos últimos años la líder liberal progresista más conocida en España fue Rosa Díaz. Tal vez Albert Rivera prefiere aferrarse a otros referentes liberales y progresistas, como el catedrático Eugenio Montero Ríos -fundador del periódico de ideas avanzadas La Opinión Pública-, el escritor Benito Pérez Galdós, los estadistas Manuel Azaña o Adolfo Suárez, los pensadores José Ortega y Gasset, Salvador de Madariaga y Fernando Savater o políticos como Antonio Garrigues Walker o Eduard Punset. Pero casi todos ellos arriesgaron más y se protegieron menos. Además de liberalismo y progresismo, a Albert Rivera le falta audacia y determinación.

Cada acompañante significaba un mensaje: Toscano, un andaluz frente a Susana Díaz; Elorza, un vasco alternativo al otro candidato, Patxi López; Pérez Tapias, un socialista andaluz situado a la izquierda, y Lastra, una socialista de la tierra del presidente de la gestora, Javier Fernández.

El aparato de la gestora del PSOE se guarda la carta de Susana Díaz. Alguien echó por delante a Patxi López, con la intención de que éste erosionase la influencia de Pedro Sánchez, para disuadirle de ser candidato o, en el peor de los casos, para dificultarle su crecimiento hacia la centralidad del PSOE.

De ese modo, alguien creyó que podría ningunear a Sánchez para, más adelante, lanzar mensajes de unidad que Patxi López debería saber entender para mayor gloria de Susana Díaz. Un esquema clásico de la vieja política que está por verse si funciona en la nueva política. De entrada, Pedro Sánchez juega fuerte y ya veremos cómo acaba.

Tal vez el principal problema que se le viene encima al PSOE es de unidad, tanto en el discurso como en su liderazgo.

Entre Susana Díaz y Pedro Sánchez existen a día de hoy profundas diferencias ideológicas, de nivel similar al de sus diferencias personales, que también pesan lo suyo. Pero Susana Díaz tiene la ventaja de representar al único socialismo que tiene muchos votos en España: el andaluz.

Es verdad que cada vez menos, pero más que cualquier otro barón. Lo que le falta a Susana Díaz en la mitad norte de España lo tiene en alguna medida Patxi López, de ahí que alguien pensase en él para la jugada de frenar a Pedro Sánchez.

El PSOE triunfó y supo conducirse cuando el socialismo andaluz y el catalán fueron de la mano. No es el caso de ahora, en el que el socialismo andaluz reniega del catalanismo, lo cual le ofrece una ventaja a Pedro Sánchez. Pero a día de hoy el PSC no pesa lo suficiente como para ser una alternativa al socialismo andaluz dentro del PSOE.

Lo normal en estos casos en los que nadie controla la situación es pactar las diferencias: construir un nuevo relato y tal vez incluso una nueva cultura política dentro del PSOE.

Los tiempos del andaluz Felipe González y el catalán Narcis Serra quedan ya muy atrás, incluso la era de Zapatero y Maragall ha quedado superada por los acontecimientos. Es preciso que el PSOE encuentre un nuevo modelo, sin mirar atrás.

Es probable que su receta económica comience por dar buenos resultados a corto plazo en EE UU, pero no es tan seguro que suceda lo mismo a medio y largo plazo, por lo que no habría que descartar rectificaciones a riesgo de un efecto boomerang, ya que todo lo que va vuelve.

El discurso de Donald Trump, además de populista, es nacionalista. Su populismo ambiciona satisfacer los deseos más primitivos de una colectividad, sin reparar en sus consecuencias éticas o económicas.

Su nacionalismo sin complejos es un factor de riesgo económico para el mundo; léase Europa y léase España.

Donald Trump también es demagógico en su afán populista de poner el pueblo contra las élites y a los Estados Unidos contra los demás países, salvo Rusia, Gran Bretaña y Taiwan.

Lo ha retratado bien el escritor inglés John Carlin: es un hombre de 70 años con el desarrollo emocional de un chico malcriado. Vendría a ser como un niño sin el como.

Visto desde España, un país que comercia básicamente con Alemania y Francia, socio de la eurozona, la música de Trump suena mal.

No solo por su populismo, su nacionalismo y su demagogia, sino por sus anuncios económicos, que de confirmarse no auguran nada bueno para Alemania ni para la Unión Europea; léase tampoco para España.

En este caso no es especialmente relevante la relación bilateral -lo único que le preocuparía a Trump serían las bases de EE UU en territorio español y están a salvo-, sino el impacto de su política aislacionista en materia económica.

Sorprende hablar así del jefe de Estado de un país que es un modelo de democracia, de diversidad y de apertura al mundo, pero -visto lo visto- nada es para siempre.

¿No hay nada positivo en Donald Trump? Puede que sí. Del mismo modo que es tan claro hablando -y tan bruto- se supone que será consciente de que otros también pueden serlo con él, en un mundo menos políticamente correcto.

Y si eso es así, tal vez se vaya calmando, porque no solo él sabe ser así. Siguiendo la estela de Carlin, la vida nos enseña que hay chicos malcriados que terminan por serenarse y ser gente normal. Como debe ser. ¿O no?

La tercera incoherencia denota, además, cierta desorientación política. Javier Fernández propone que la agenda del partido "vuelva a ser la de España" sin darse cuenta de que la agenda de España la marca el PP desde el Gobierno, como es lógico. ¿O acaso la agenda de Asturias, donde él es presidente, la marca el PP?

La cuarta contradicción del líder de la gestora del PSOE es de libro: atribuye la pérdida de credibilidad de su partido entre la ciudadanía a la "endogamia" y "ombliguismo", y al "fuego interno" que le "bloquea", palabras políticamente vacías -"fuego interno" suena a telenovela-, si no se acompañan de discurso político, que es lo que se supone que le corresponde hacer.

Su quinta incongruencia afecta incluso a un destacado aliado de la gestora y de Susana Díaz. Resulta que Javier Fernández se lamenta de que sigue escuchando hablar de "nación de naciones, plurinacionalidades y acuerdos con los nacionalistas", sin darse cuenta de que de "nación de naciones" empezó a hablar el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, artífice, por otra parte, de muchos acuerdos con los nacionalistas.

Por último, en su sexta contradicción Javier Fernández recuerda que el PSOE es la fuerza política con mayor poder territorial, escondiendo que eso se debe al apoyo recibido de partidos situados a izquierda del PSOE; es decir, de aquellos con los que quiso pactar el demonizado Pedro Sánchez.

Hay cosas que no pueden ser a un mismo tiempo falsas y verdaderas, de ahí que sean contradictorias. Como dicen las encuestas, no es de extrañar que Javier Fernández sea el candidato socialista preferido por los votantes del PP, pero no por los votantes socialistas. Como para hacérselo ver.

También tienen su importancia los datos de afiliación a la Seguridad Social. Con estas premisas hay algunas conclusiones que pueden darse por válidas: la primera sería que la mejora del empleo trae consigo más precariedad y la segunda que casi todos los sectores se han recuperado, con las excepciones de la construcción y sus industrias auxiliares, por un lado, y de la banca, por otro. En el polo del crecimiento destacan los datos de empleo en la hostelería y en el sector educativo.

En resumidas cuentas: España está cada vez más cerca de igualar los datos de empleo de 2009 y le falta dar el paso para igualar las cifras de los ejercicios 2007/2008, los últimos años de la bonanza económica.

¿Podría dar España ese salto en 2017? No parece probable, ya que el crecimiento podría ralentizarse, tras un período en el que las compras del Banco Central Europeo mantuvieron los tipos de interés en niveles muy bajos, al tiempo que se depreció el euro -algo positivo para las exportaciones- y siguió estando bajo el precio del petróleo.

La clave europea está ahora en conocer la dimensión del plan de inversiones públicas financiado con eurobonos, de posible impacto positivo en España.

Todo parece indicar que el Banco Central Europeo seguirá comprando deuda y que un euro débil favorecerá las exportaciones, suponiendo que haya a quien exportar, ya que ahora mismo no crecen ni la demanda europea ni el comercio mundial, una tendencia a la que no será ajena la nueva política económica de Donald Trump y la gestión de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

A la vista están, pues, muchos condicionantes que a España le vienen dados -incluido el repunte del precio del petróleo-, mientras de puertas adentro se habla de subir impuestos. Parece difícil confiar en la inversión pública y no cabe esperar milagros del sector privado, donde el cambio de modelo económico cuesta percibirlo. Al menos de momento se impone la cautela.
 

Bastenier ha sido valiente al decirlo, sobre todo por escribirlo en El País, pero al mismo tiempo ha sido obvio, ya que lo que cuenta puede leerse con otras palabras en las redes sociales. La principal diferencia está en que Miguel Ángel Bastenier lo escribe con un lenguaje culto y en las redes se dice a menudo de manera procaz, lo cual suele restar credibilidad a los mensajeros.

Tiene razón Bastenier: los periodistas, el periodismo, los medios, la prensa... cotizan -cotizamos- a la baja, del mismo modo que los políticos, los jueces y tantos otros profesionales y sectores, empezando por la banca. No se trata tan solo de una crisis sectorial, producto de una gran reconversión tecnológica, solapada a su vez con una crisis general de la economía y de la política. Es una crisis en toda regla, cuya superación empieza por reconocerla sin palabras edulcoradas.

El hecho de que El País haya publicado este artículo tan profundo y valiente de Miguel Ángel Bastenier supone precisamente un halo de esperanza, que ojalá contribuya a una reflexión más amplia sobre una crisis, la del periodismo, que tal vez no es exagerado asociar a la crisis de la propia democracia, porque sin periodismo, sin buen periodismo, profesional e independiente, no hay democracia. Es más, como acuñó Ryszard Kapuscinski, "las malas personas no pueden ser buenos periodistas".

Dar una receta balsámica para un problema tan grave -no sólo para los periodistas, sino para toda la sociedad- supondría caer en una tremenda osadía, pero como primera aproximación no estaría mal introducir la denuncia pública de Miguel Ángel Bastenier en la agenda de los grandes cambios pendientes: léase la reforma constitucional, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, el combate del paro o el control de la corrupción y el fraude fiscal.

Puede que haya gente que no lo asuma, pero la crisis del periodismo -mejor dicho, la ausencia de periodismo y la inflación de eso que algunos llaman comunicación, tirando de argumentario- amenaza la curación de una sociedad enferma. Hacen falta muchas Giannina Segnini. También muchos Bastenier. Y al menos unos cuantos Kapuscinski.

El felipismo, encorbatado, reconvertido en el grupo de los renovadores, fue más permeable al cambio en el PSOE, tanto en materia ideológica -más socialdemocracia y menos marxismo- como en el ámbito organizativo, con elecciones entre los militantes para designar a sus líderes pero a la vez con flexibilidad. Su gran referente: Felipe González, dios en el PSOE, ayer y hoy.

El guerrismo, descamisado, se caracterizaba por una organización férrea -"el que se mueva no sale en la foto", se decía entonces- y por un ideario con apelaciones más retóricas, históricas y sindicalistas. Su gran líder: Alfonso Guerra, el eterno número dos.

Guerristas y renovadores -o felipistas- compitieron sobre el modelo de partido pero también sobre su concepción política. A la larga ganaron los renovadores, de la mano o bajo la sombra de Felipe González. Solía asociarse el felipismo a la moderación y al guerrismo a la izquierda, pero no todos sus dirigentes encajaban en ese esquema: la prueba más evidente fue Francisco Vázquez, encuadrado en el guerrismo, que tras sus éxitos y reveses como alcalde de A Coruña terminó como embajador en el Vaticano.

A su manera, la historia del PSOE se repite en Podemos, de manera inversamente proporcional pero razonable, tratándose de una fuerza más izquierdista que el PSOE: Pablo Iglesias, su principal referente, representa la izquierda, e Íñigo Errejón, la moderación. En ambos casos, con tensiones -algunas de alto voltaje- pero a la vez con mucha pose, ya que ese reparto de papeles permite ensanchar los partidos, cubriendo espectros ideológicos más amplios.

En Podemos hay mucho debate interno sobre cómo deben organizarse y repartir el poder -lo mismo pasó en su día en el PSOE-, si bien tal vez es menor el debate genuinamente de ideas. Lo que es indiscutible es que Pablo Iglesias jamás asumió un proyecto que él no defienda. Y siempre ganó cuando amenazó con retirarse a un segundo plano si no vencían sus propuestas. Nada muy distinto de lo que hizo en su día Felipe González, con problemas más graves de los que ahora encara Iglesias frente a Errejón. González se cargó el marxismo y entró en la OTAN, y ahí sigue.

De momento, no dice nada la Real Academia Española de las ideas de quita y pon, pero no habría que descartarlo en el futuro. Incluso en el presente, ya que España se ha convertido en un país con ideas quitapón, una nueva tendencia de moda que comparten casi todos los partidos, una vez terminadas las campañas electorales.

La principal idea de quita y pon en España es la reforma de la Constitución, que todos -incluido el PP- han planteado en algún momento, lo cual no es un asunto baladí, ya que se trata de la máxima norma de convivencia democrática.

Con la reforma constitucional -se supone que lo más trascendente que se puede hacer en política- se juega como si fuera un comodín, pero también sirve como cromo de intercambio, lo que denota un escaso compromiso por tomarse semejante reto en serio.

Si los constitucionalistas del 78 hubiesen hecho lo mismo este país no sería hoy lo que es: un país en crisis pero una democracia consolidada con una economía desarrollada, aunque desigual.

Tras ese gran quitapón hay otros de diferentes rangos institucionales y socioeconómicos. El ejemplo más manido es el quita y pon de las diputaciones provinciales, que compite muy a la par con el quitapón del Senado.

La supresión de las diputaciones ya fue pactada por el PSOE y Ciudadanos pero cayó en el olvido, del mismo modo que la reforma del Senado reivindicada por todos los partidos, si bien algunos plantean directamente su supresión.

En realidad el quitapón del Senado es doble: unos hablan de reformarlo o de cerrarlo y otros plantean quitarlo de Madrid para ponerlo en Barcelona.

También hay ideas de quita y pon en la periferia: la más famosa de todas es la mejora del encaje institucional de Cataluña en España como alternativa a la independencia. Según suba o baje la temperatura ese quitapón adquiere o no fuerza en los grandes titulares, que suelen seguir los dictados de la llamada agenda política, que como no podía ser de otro modo suele elaborar el Gobierno. Faltaría más.

La lucha contra la devaluación salarial que trajo consigo la crisis, mediante lo que Ciudadanos llama la reconstrucción de la clase media y trabajadora, es otra idea de quita y pon, del mismo modo que la reforma fiscal propuesta desde la izquierda para conseguir ingresos suficientes para garantizar el Estado del bienestar.

Y, cómo no, por ahí sigue el quitapón de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción que abanderan desde Ciudadanos a Podemos pasando por el PSOE.

Con todo ello suele entretenerse Mariano Rajoy, que no se cree ninguna cosa de esas y ve como la Oposición se enreda ella misma. Para Rajoy sólo hay un quita y pon importante: que no lo quiten a él para poner a otro. Y va ganando.

¿Por qué es tan frágil como optimista la nueva posición del Gobierno? Es frágil porque no ha cambiado nada sustancial en España para ser descaradamente optimistas.

Y es frágil porque parte de las premisas establecidas -creación de empleo, crecimiento económico, bonanza del sector exterior- están en el aire o dependen de factores que el Gobierno no contempla ni controla, como la eventual subida del precio del petróleo o un repunte de los tipos de interés en la segunda mitad del año que viene. ¿Puede creerse alguien que la tasa de paro caerá desde el 21% registrado a finales de 2015 hasta un 12,8% que promete el Gobierno para el último trimestre de 2019?

La realidad demuestra que la economía española recupera las posiciones anteriores a la crisis en términos de PIB pero también que esa riqueza está peor repartida: hay más desigualdad.

Por mucho que se intenten maquillar las cosas con un incremento del salario mínimo, lo cierto es que la devaluación salarial es la única gran reforma estructural llevada a cabo en España para ganar en competitividad. Los españoles ganan menos y pagan más impuestos, lo que convierte a una parte de la población en pobre.

Sobre el papel, el ajuste presupuestario pivotará sobre el impuesto de sociedades, la lucha contra el fraude y una mayor eficiencia de la Administración, con algunos retoques en los impuestos especiales.

Está por verse que se consigan los 7.500 millones de euros programados, no ya sólo por el objetivo de la lucha contra el dinero B, sino también por el optimismo del Gobierno en cuanto al incremento de la recaudación por sociedades, basada en las famosas bases imponibles negativas: léase restricciones a la compensación de pérdidas de las empresas en años anteriores.

Lo que no explica el Gobierno es cómo lo hará -antes deberá negociar con el lobby empresarial- ni, menos aún, porque teniendo ahora el mismo PIB que en 2007 sigue a años luz de obtener unos ingresos por sociedades similares a los de entonces. Continúan faltando unos 20.000 millones de euros, que se dice pronto. Y ahí sigue estando buena parte del problema del déficit público del país.

Manuel Fraga, el político español que trató más a fondo a Fidel Castro, tanto en La Habana como en Galicia, me confesó un día que su pragmatismo con respecto a Cuba se lo había inspirado en realidad el empresario Eduardo Barreiros, gallego como él y en parte también como Fidel, cuyo padre -Ángel María Bautista Castro Argiz- era de un pueblo de Lugo que un buen día emigró a Cuba desde el puerto de A Coruña. Por eso mismo vino Fidel Castro a Galicia, invitado precisamente por Fraga en su etapa de presidente de la Xunta.

Fraga había conocido a Barreiros en La Habana, donde el audaz empresario ourensano había firmado un contrato con el Gobierno de Fidel Castro para realizar un plan de desarrollo de la automoción de Cuba, que incluía la creación de industrias principales y auxiliares, con el fin de producir motores diésel de diversas cilindradas.

La cosa no terminó bien del todo, debido a la crisis soviética, pero al menos Barreiros contribuyó a que algunos cubanos no viajasen sólo en bicicleta. Eduardo Barreiros lo tenía claro: si iba a visitar a Fidel se pasaba horas y horas hablando, sin resultado alguno, pero si se reunía con Raúl la cosa cambiaba, ya que en cuestión de minutos cerraba acuerdos prácticos. Lo pasaba bien con Fidel y arreglaba las cosas de comer con Raúl.

Pero como no sólo de pragmatismo vive el hombre, Fraga también cayó en la red dialéctica de Fidel, con quien una noche terminó como el rosario de la aurora, tras intentar convencerle de que democratizase Cuba. Tanto se cabreó Fidel que se levantó de la mesa y mandó que le preparasen su avión de madrugada.

Salió escopetado para La Habana. A su nivel, a Fraga le pasó como a Barreiros: mucha conversación pero ningún resultado. Y Fraga, por muy poco, no llegaría a tiempo de ser presidente en Galicia a la vez que su paisano Raúl en Cuba.

La pasión no siempre explícita pero sí real de Fidel por España fue grande. No sólo se llevó bien con Felipe González en los primeros años de mandato del líder del PSOE, sino que también supo conciliar con Franco y construyó una relación especial con uno de sus ex ministros: Fraga Iribarne.

En cambio se llevó mal con Aznar, que ni siquiera entendió los movimientos apostolares de don Manuel. No hace mucho, Fidel se interesó por los empresarios españoles que poseen hoteles en Cuba y, según me comentó uno de ellos, le sugirió a Raúl que no dejase en mala posición a España en su apertura a los Estados Unidos. ¿Qué sucederá a la hora de la verdad? Como escribe la profesora de economía María Cadaval, para Cuba se abre ahora un período de grandes expectativas e incógnitas. Veremos.

Dentro y fuera del PP -especialmente en el PSOE andaluz- hay quienes quieren taparle ahora la boca a Cifuentes pero la verdad es que la presidenta madrileña -tal vez pretendiendo lo contrario- ha abierto un debate interesante, que si es rigurosa debería completar para cerrar el círculo. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid analiza todo -no sólo la solidaridad interterritorial- caerá en la cuenta de sus propios privilegios, entre ellos algunas cosas extrañas en materia de recaudación.

Además de beneficiarse de todo el aparato de la Administración central, Madrid tuvo casi siempre a su favor un efecto sede de empresas públicas y privadas, cuyas principales actividades -por lo general industriales- están en otras zonas, limitándose la capital a acoger sus oficinas centrales. Asimismo, se beneficia de servicios y equipamientos que son de todos, no sólo de los madrileños, como por ejemplo el gigantesco aeropuerto de Barajas o el emblemático Museo del Prado.

Y, últimamente, Madrid es la supuesta 'sede' de grandes fortunas que en realidad no son vecinos de Madrid, sino de otras ciudades, entre ellas A Coruña, que sobre el papel tiene la mayor parte de los grandes milmillonarios de toda España. Como bien sabe Cristina Cifuentes, Madrid atrae a quienes no les gusta pagar por patrimonio, debido a su condición de peculiar paraíso fiscal.

Si España fuese un verdadero país federal, tal vez tendría más sentido que Madrid fuera un distrito federal, en vez de ser una comunidad autónoma como Andalucía o Galicia. Tendría así un pequeño territorio para la capital y no pertenecería a ninguna comunidad autónoma en particular. Estaría bajo la soberanía del Estado federal sin ser parte de ninguna autonomía ni provincia. Y podría estar bajo la administración del Gobierno del Estado o disponer de atribuciones de gobierno local. Si así fuese, no existiría la presidenta Cifuentes ni el feo debate que ha suscitado en España.

Nada más lejos de la realidad. Todas esas preguntas fueron hechas por la prensa alemana de calidad al comienzo de la crisis en España, y no es eso lo peor: a estas alturas, siguen sin respuesta. Al menos sin respuesta por parte del Gobierno y de los partidos que se han alternado en el poder en los últimos años, el PSOE y el PP.

Resulta cuando menos preocupante que temas de ese calado se vean -y se denuncien desde fuera de España-, mientras aquí la agenda política se embarulla de tal manera que, tras años y años de falsos debates, poco o nada se ha avanzado en ese tipo de asuntos, alguno de los cuales, como el de la economía sumergida, tiene algo que ver con la ausencia de un modelo productivo alternativo al inmenso vacío que dejó la caída del ladrillo.

España sigue sin plantear en sus instituciones -léase el Congreso, el Senado y el Gobierno- la viabilidad de su actual Estado. En España tampoco se quiere poner fin a una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica; peor aún, la crisis ha extendido ese problema a buena parte de la prensa influyente y el estratégico sector de la comunicación.

Tampoco se ha legislado en el Congreso para garantizar realmente un poder judicial independiente. En España no funcionan los reguladores de la competencia porque están sometidos al Gobierno, de modo que su papel es más formal que real.

Aquí no sucede lo que es habitual en los países anglosajones con ese tipo de instituciones. Salta a la vista -especialmente en el PSOE pero también en el PP- que los diputados no representan exactamente a los ciudadanos sino más bien a los partidos que los ponen en las listas.

Tanto es así que los ciudadanos votan sin conocer a quienes eligen, ya que éstos se cobijan bajo la figura de su líder, el único realmente conocido. Y, por último, parece elemental reconocer -para corregir- que carece de sentido que una cuarta parte de la economía española sea sumergida.

Si la prensa alemana vuelve a mirar a España, lejos de dar por resueltas sus preguntas de hace años, va a tener que ampliarlas. Es lo que hay y, visto lo visto, tampoco parece que pase nada. Será que la prensa alemana es rara para un país como España...

Lejos de poner en valor esa circunstancia, se supone que positiva, dirigentes aleccionados por Felipe González se lo han llevado por delante, fruto de una votación en el Comité Federal del PSOE.

En su sitio pusieron, de momento, a una gestora que preside Javier Fernández. Mientras, Susana Díaz, la principal adversaria interna de Pedro Sánchez, medita hacerse con el puesto ahora vacante, a la espera de unas nuevas primarias y de un congreso federal.

Es en ese escenario en el que quiere volver Pedro Sánchez, libre de cualquier atadura al actual grupo parlamentario, que pasará a la historia por haber permitido la elección de un presidente del Gobierno del PP, algo sin precedentes en la vida interna de los socialistas españoles.

Pedro Sánchez jugará la baza de la militancia frente al aparato provisional, sin otro cargo que su propia condición de militante del PSOE.

Lo dejó bien claro este sábado en una comparecencia donde llegó a emocionarse, pero, de hecho, ya se venía definiendo desde hace días en su Twitter como militante del PSOE y doctor en Economía, al tiempo que abría su web con un mensaje incompatible con su abstención: "Pido a las fuerzas del cambio que no le den una tercera oportunidad a Mariano Rajoy".

Su decisión, convertida en un secreto por muchos medios, no podía estar más a la vista de quien quisiera visitar su twitter y su site.

Twitter será probablemente la principal herramienta mediática de Pedro Sánchez, que cuenta con más de 430.000 seguidores -Susana Díaz tiene unos 104.000-, a falta de ir recuperando posiciones en los medios de comunicación más convencionales, que en general han sido más críticos con él que las redes sociales.

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas y Pedro Sánchez no lo tendrá fácil. Aún así, no es menor el debate que puede planear sobre el PSOE hasta que celebre su congreso federal y aclare de manera definitiva su caos interno.

Es evidente que Susana Díaz tiene peso en Andalucía y que sólo por eso ya es determinante para el PSOE, pero no lo es menos que suscita rechazo en una parte importante del partido, que ya sea de la mano de Pedro Sánchez o de otra persona seguramente luchará por el poder en el principal partido de la Oposición. Mientras, Mariano Rajoy seguirá en la Moncloa.