El resultado mantiene a Navarra lejos de las primeras posiciones durante el Gobierno de María Chivite. Madrid y las tres diputaciones vascas encabezan la clasificación, mientras la Comunidad Foral continúa instalada en la segunda mitad de la tabla pese a disponer de un régimen fiscal propio que le permite diseñar buena parte de su sistema tributario.

La posición de este año supone una ligera mejora respecto a 2025, cuando Navarra obtuvo 5,67 puntos, pero no permite recuperar el terreno perdido durante los últimos años. En 2017, la Comunidad Foral alcanzaba los 6,11 puntos y ocupaba el séptimo puesto.

Desde entonces, Navarra se ha movido principalmente entre las posiciones 11 y 14. El avance registrado en 2026 representa así una recuperación parcial, pero mantiene a la Comunidad Foral cinco puestos por debajo de la posición que ocupaba nueve años atrás.

El desglose del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal muestra con más claridad los principales problemas de Navarra. La Comunidad Foral ocupa el puesto 13 en Renta, cae hasta el 15 en Sucesiones y termina en el puesto 19 en Patrimonio.

Es precisamente el Impuesto sobre el Patrimonio el que deja a Navarra en la peor posición de todos los territorios analizados. El resultado adquiere especial relevancia por la capacidad normativa que proporciona el régimen foral y por la comparación con las diputaciones vascas, que también cuentan con autonomía tributaria y se encuentran entre los primeros puestos del índice.

La evolución resulta especialmente significativa en el caso del IRPF. Mientras los territorios vascos encabezan la clasificación de este impuesto, Navarra queda situada en la parte baja, pese a compartir con ellos una amplia capacidad para configurar su propia política tributaria.

Los datos fiscales llegan además en un momento en el que ha aumentado la preocupación por los impuestos entre los participantes en el Panel de Tendencias Navarra de CoCiudadana. El porcentaje que considera que en Navarra se pagan más impuestos que en los países más avanzados de Europa ha pasado del 20% en 2016 al 54% en 2026.

La evolución contraria se ha producido entre quienes consideran que en Navarra se pagan menos impuestos. Este grupo ha pasado del 47% al 22% durante el mismo periodo.

También ha crecido notablemente la demanda de una reducción de la carga tributaria. En 2020, el 19,5% apostaba por bajar la presión fiscal, mientras que en 2026 esa cifra ha alcanzado el 46,7%.

La petición de una reforma fiscal también ha ganado peso. El porcentaje de participantes que reclama cambios en el sistema tributario navarro ha alcanzado el 55,9%, reflejando el creciente protagonismo que la fiscalidad ha adquirido entre las preocupaciones económicas analizadas.

Navarra dispone de un régimen foral propio y de amplias competencias para diseñar su política tributaria. Sin embargo, durante los gobiernos presididos por María Chivite, la Comunidad Foral no ha recuperado las posiciones de competitividad fiscal que tenía antes de su llegada al Ejecutivo en 2019.

El índice de 2026 vuelve a dejar una importante distancia respecto a los territorios que encabezan la clasificación. Madrid y las tres diputaciones vascas aparecen en los primeros puestos, mientras Navarra permanece en la duodécima posición y cierra la tabla nacional en el Impuesto sobre el Patrimonio.

La mujer ha perdido el control de su vehículo y ha sufrido una salida de vía en esta carretera de la Ribera de Navarra. A pesar del accidente, la conductora ha resultado ilesa y no ha necesitado asistencia por lesiones.

Según ha informado la Policía Foral, los agentes han intervenido tras el siniestro y han sometido a la mujer a la correspondiente prueba de alcoholemia para comprobar si conducía bajo los efectos del alcohol.

El resultado ha sido positivo, con una tasa de alcohol que superaba el límite legal permitido para conducir. Por este motivo, los agentes han abierto una investigación sobre lo ocurrido.

La Policía Foral investiga ahora las circunstancias de esta salida de vía en Murchante y la conducción de la mujer tras el resultado obtenido en el control de alcoholemia.

Los dos escaladores, vecinos de Pamplona, tuvieron que ser evacuados en helicóptero después de que uno de ellos resultara herido al precipitarse en un tramo vertical y golpearse contra varias rocas.

El aviso a los servicios de emergencia se recibió a las 10.40 horas. En la comunicación se alertaba de que uno de los montañeros había sufrido una caída durante la ascensión y presentaba diversas contusiones como consecuencia del impacto.

Ante esta situación, se activó un dispositivo de rescate en el que participaron efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca de la Guardia Civil y un médico del 061.

Los especialistas se desplazaron hasta el Pico Aspe en helicóptero y sobrevolaron la zona hasta localizar a los dos escaladores. Una vez encontrados, los agentes procedieron a su evacuación aérea.

Ambos montañeros de Pamplona fueron trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Jaca. Allí, el escalador herido fue atendido por los servicios sanitarios y transferido a una ambulancia para su traslado al hospital de Jaca.

Las detenciones se han producido este sábado, 17 de octubre, después de que un hombre de 34 años y una mujer de 22 se presentaran voluntariamente en una comisaría de la Ertzaintza en Irún, acompañados por su abogado. Ambos están vinculados a la órbita de Jardun Koordinadora, un colectivo disidente de la izquierda abertzale, y están siendo investigados por terrorismo.

La investigación policial comenzó el pasado 26 de septiembre, cuando agentes de la Ertzaintza identificaron a tres personas durante un control en Eskoriatza (Guipúzcoa). En el vehículo encontraron documentación considerada "muy sensible", relacionada con miembros de la Guardia Civil destinados en el País Vasco y sus instalaciones.

Entre el material intervenido figuraba información sobre guardias civiles y acuartelamientos, así como datos sobre la posible ubicación de un lugar en el que habría armas y explosivos. Uno de los tres ocupantes del vehículo era un joven irlandés vinculado a sectores disidentes del IRA.

Los dos arrestados cuentan con "antecedentes relevantes", según la información policial, y está previsto que pasen a disposición de la Audiencia Nacional. Las pesquisas se centran en esclarecer el alcance de la documentación intervenida y las posibles actividades de los investigados.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha calificado estas detenciones por terrorismo de "gravedad extrema". Además, ha planteado varias preguntas sobre la organización de los sectores más radicales del entorno abertzale.

"¿Quién está detrás de estos movimientos? ¿Quién organiza y moviliza a los sectores más radicales del entorno abertzale para que tomen las calles?", ha preguntado la dirigente regionalista.

Ibarrola ha advertido de una escalada de episodios violentos y ha relacionado las detenciones de Irún con otros incidentes recientes, entre ellos los disturbios registrados en Pamplona durante la visita del agitador Vito Quiles.

"Los violentos están envalentonados. Un día apalizan de forma organizada a militares, otro montan una kale borroka para destrozarlo todo, aparecen amenazas y pintadas de forma continua… ¿Qué va a ser lo siguiente?", ha manifestado.

La presidenta de UPN también ha dirigido sus críticas hacia los acuerdos políticos con la izquierda abertzale. A su juicio, la normalización de las relaciones institucionales con estos sectores ha contribuido a fortalecer a los grupos más radicales.

"Sostener acuerdos con la izquierda radical vasca y blanquear su pasado ha conseguido que se vean fortalecidos para aumentar la tensión. Hay que frenarlo ya, no podemos esperar a que explote", ha afirmado Ibarrola.

Las detenciones por terrorismo en Irún han vuelto a poner el foco sobre los grupos disidentes de la izquierda abertzale que mantienen posiciones alejadas de la línea oficial adoptada tras el final de ETA.

Por su parte, fuentes policiales han rebajado la capacidad operativa real de estos grupos para cometer atentados terroristas. Sin embargo, han advertido de su potencial para protagonizar acciones reivindicativas de carácter más agresivo.

La quinta edición de 'Contar el Terror: La vida después' comenzará mañana lunes y continuará el martes en la Facultad de Comunicación y el Museo Universidad de Navarra. Entre sus actividades destaca la proyección de un documental sobre las últimas 48 horas de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP asesinado por ETA en 1997, seguida de una conversación con su director, el periodista Jon Sistiaga.

Las jornadas han sido organizadas por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Universidad de Navarra. Su objetivo es reunir diferentes testimonios y experiencias para analizar cómo contar el terrorismo desde el rigor periodístico, la responsabilidad y el respeto a quienes han sufrido sus consecuencias.

La inauguración tendrá lugar el lunes 19 de octubre, a las 19:00 horas, en el Auditorio del Museo Universidad de Navarra, en Pamplona. En la bienvenida participarán Juan Benito, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo; Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo; y Ruth Gutiérrez Delgado, decana de la Facultad de Comunicación.

Tras la apertura se celebrará una conversación con Diane Foley, autora del libro American Mother y directora de la fundación creada en memoria de su hijo, James Foley, periodista estadounidense asesinado por el grupo terrorista ISIS en Siria.

Foley compartirá su experiencia con Marc Marginedas, periodista de El Periódico, antiguo corresponsal y Premio Brajnovic. La conversación estará moderada por María Jiménez Ramos, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

La programación continuará el martes 20 de octubre, a partir de las 9:30 horas, con un diálogo entre Jacobo García, reportero de El País y autor de Años luz, obra distinguida con el Premio Anagrama de Crónica, y María Pilar Martínez Costa, profesora de la Facultad de Comunicación.

Uno de los momentos más destacados de las jornadas llegará después, con la proyección del documental de Netflix 'Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo', dedicado a uno de los crímenes de ETA que mayor conmoción provocaron en España.

El documental recupera las circunstancias que rodearon el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA en julio de 1997, un crimen que desencadenó una movilización ciudadana masiva contra el terrorismo y quedó asociado al llamado espíritu de Ermua.

La proyección permitirá volver sobre aquellos acontecimientos y recordar el impacto que tuvo el asesinato del concejal del Partido Popular, tanto en la sociedad vasca como en el conjunto de España.

Después se celebrará un coloquio con Jon Sistiaga, periodista y director del documental, en el que también participará Lucía Gastón, profesora de la Facultad de Comunicación. Ambos abordarán el tratamiento audiovisual del terrorismo y la manera de trasladar a las nuevas generaciones la historia de las víctimas de ETA.

El Partido Popular de Navarra ha anunciado la designación de Sergio Sayas este sábado a través de sus redes sociales. El nombramiento ha llegado después de que UPN y PP cerraran su acuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales.

Los populares han comunicado la noticia con un mensaje en tono de humor y una referencia a los encierros de San Fermín. "La persona que más sabe de encierros en España es Pedro Sánchez porque le han encerrado a sus tres máximos colaboradores", han afirmado.

A continuación, el PP ha añadido que "de encierros (de los otros) también sabe mucho" Sergio Sayas, en alusión a su vinculación con las fiestas de Pamplona. De esta manera, el partido ha confirmado que será su número dos al Congreso por Navarra.

Tras conocerse su designación, Sergio Sayas ha agradecido a Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, la confianza que ha depositado en él para ocupar este puesto en la candidatura conjunta con UPN.

El diputado navarro ha asegurado que "este nombramiento supone un reto que afronto con mucha ilusión y también con una gran responsabilidad". Además, ha dejado claras sus intenciones de cara a la campaña electoral y al futuro político de España.

"Me voy a dejar la piel para contribuir a que Pedro Sánchez salga de la Moncloa y España pueda iniciar una nueva etapa de cambio y regeneración que necesita y merece", ha afirmado Sayas tras confirmarse su candidatura.

El presidente del PP de Navarra ha considerado que las elecciones generales del 29 de noviembre serán decisivas para el futuro del país. También ha defendido que la Comunidad Foral debe participar activamente en el cambio político que propone su formación.

"Vamos a recorrer toda Navarra para pedir la confianza de los navarros. Queremos escuchar sus preocupaciones y explicarles nuestro proyecto para España", ha señalado el candidato popular, que ha anunciado una campaña electoral centrada en el contacto directo con los ciudadanos.

Sayas ha explicado que el propósito de su candidatura es que la representación de Navarra en el Congreso contribuya a impulsar un cambio en el Gobierno central. En sus declaraciones, ha mencionado la regeneración democrática, la transparencia y la recuperación de la confianza ciudadana como prioridades políticas.

En concreto, ha subrayado que "el objetivo es que la voz de los navarros contribuya a abrir una nueva etapa política en España, marcada por la regeneración democrática, la transparencia y la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones".

El dirigente popular también ha cargado contra la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. Sayas ha asegurado que el Partido Popular afronta estas elecciones con la intención de terminar con una etapa que, a su juicio, ha estado marcada por la corrupción y la inestabilidad política.

"Navarra va a sumar su fuerza para que España pueda pasar página y empezar una etapa de ilusión y esperanza", ha concluido el candidato del PP al Congreso.

La elección de Sergio Sayas responde al reparto de puestos establecido en el acuerdo de coalición entre UPN y PP. Los regionalistas encabezarán la candidatura al Congreso de los Diputados con una mujer, cuya identidad no se ha concretado en la información facilitada.

Por su parte, el Partido Popular ocupará los puestos segundo y tercero de la candidatura. El cuarto corresponderá a UPN y el quinto volverá a quedar en manos del PP. De esta manera, los populares dispondrán de tres de las cinco posiciones de la lista al Congreso por Navarra.

El pacto también establece cómo se distribuirán los puestos de la candidatura al Senado. En este caso, UPN designará a los números uno y tres, mientras que el Partido Popular elegirá al candidato que ocupe la segunda posición.

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo afecta al funcionamiento parlamentario después de las elecciones generales del 29 de noviembre. Aunque ambas formaciones concurrirán juntas a las urnas, sus representantes no tendrán necesariamente que integrarse en el mismo grupo parlamentario.

En concreto, los diputados y senadores elegidos por UPN que consigan escaño en las Cortes Generales se incorporarán al Grupo Parlamentario Mixto, tal y como recoge el acuerdo suscrito entre los dos partidos.

Esta fórmula permitirá que los representantes de UPN mantengan su libertad de voto en el Congreso y el Senado, pese a haber concurrido a las elecciones dentro de una candidatura conjunta con el Partido Popular.

La Plaza del Castillo de Pamplona ha acogido al mediodía una concentración en la que las familias han reclamado a la presidenta del Gobierno de Navarra y al alcalde de la ciudad que "pasen de las palabras a los hechos". Exigen compromisos concretos, ayudas económicas y un calendario que permita desbloquear la construcción de sus viviendas protegidas.

Los manifestantes han dejado claro que no les sirven las declaraciones de apoyo institucional. "No basta con expresar apoyo. Necesitamos medidas concretas, ayudas efectivas y soluciones que permitan afrontar los sobrecostes, facilitar la contratación de una nueva constructora y desbloquear el proyecto", han reclamado.

Durante la protesta se han desplegado pancartas con mensajes como "Vivienda pública = responsabilidad pública. Solución para Maristas", "Obenasa traidor. Maristas en lucha" e "Instituciones soluciones. 108 familias en peligro". También se han mostrado carteles con el lema "No nos dejéis caer" y críticas dirigidas expresamente al alcalde Joseba Asiron y al concejal Joxe Abaurrea.

Las 108 familias de Maristas han recordado que recibieron la adjudicación de sus viviendas de protección oficial en 2023. Sin embargo, tres años después, el proyecto continúa paralizado y todavía no se ha colocado el primer ladrillo.

"Llevamos tres años esperando algo tan básico como tener nuestra casa. Un hogar donde construir nuestro futuro, empezar una nueva etapa o formar una familia", han lamentado durante la lectura del manifiesto.

Los afectados han explicado que el problema va mucho más allá del retraso de unas obras. Muchas familias han destinado sus ahorros al proyecto, han asumido compromisos económicos y han organizado sus vidas confiando en que podrían disponer de una vivienda en Pamplona.

Mientras tanto, los gastos siguen acumulándose y los planes personales se retrasan. "No es simplemente esperar: es tener tu vida en pausa sin saber cuándo podrás empezar a vivirla como habías previsto", han denunciado.

La situación se ha complicado todavía más después de que la constructora Obenasa haya decidido rescindir unilateralmente el contrato. Las familias han rechazado las justificaciones ofrecidas por la empresa y han confirmado que están defendiendo sus intereses por la vía judicial.

Sin embargo, han insistido en que su principal objetivo ahora no es prolongar el conflicto, sino encontrar una nueva constructora que pueda hacerse cargo del proyecto y comenzar las obras cuanto antes.

"No vamos a rendirnos", han advertido los adjudicatarios, que mantienen su confianza en la viabilidad de Maristas II. Han asegurado que la promoción cuenta con financiación formalizada y que existen posibilidades de sacar adelante las viviendas.

"No queremos ganar una discusión ni buscar culpables eternamente. Queremos construir nuestras casas", han manifestado. Por ello, han reclamado que las administraciones abandonen las declaraciones genéricas y participen activamente en la búsqueda de una solución.

Las familias han dirigido sus principales exigencias a María Chivite y Joseba Asiron, a quienes han pedido que sus respectivas administraciones se sienten con la cooperativa, estudien todas las alternativas disponibles y establezcan un calendario concreto de actuaciones.

En el caso del Ejecutivo de Chivite, los afectados reclaman medidas económicas y cambios normativos que permitan superar las dificultades actuales de la promoción. Consideran necesario disponer de instrumentos que hagan posible la construcción de estas viviendas de protección oficial pese a los sobrecostes.

Por su parte, al Ayuntamiento que dirige Joseba Asiron le han exigido una implicación activa y que asuma la responsabilidad que le corresponde. También han solicitado que trabaje conjuntamente con el Ejecutivo foral y con la cooperativa para encontrar una salida al bloqueo de Maristas II.

Las familias han insistido en que necesitan algo más que reuniones o manifestaciones de solidaridad. Reclaman compromisos verificables, soluciones para afrontar los sobrecostes y medidas que faciliten la contratación de otra empresa constructora.

La concentración de este sábado en Pamplona ha servido también para recordar que detrás de las 108 viviendas de Maristas hay proyectos familiares que llevan años pendientes de una solución. Los adjudicatarios han asegurado que continuarán movilizándose mientras no se produzcan avances concretos.

"Vamos a seguir luchando por nuestras casas, buscando una nueva constructora y reclamando la implicación de las administraciones. No vamos a abandonar nuestro futuro", han advertido.

La decisión todavía no es oficial, pero responde a una estrategia electoral que podría resultar determinante en el reparto de los cuatro senadores que se eligen en Navarra. El objetivo sería impedir que la fragmentación del voto conservador facilite una mayor representación de la izquierda en la Cámara Alta.

El propio Santiago Abascal ha lanzado este sábado 17 de octubre un mensaje que apunta en esa dirección. El presidente de Vox ha publicado en su cuenta de X una declaración en la que ha apelado a la responsabilidad y a la necesidad de actuar con "altura de miras" ante las próximas elecciones generales.

"Sánchez es capaz de todo por destruir España. Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla", ha escrito Abascal. A continuación, ha añadido: "Mando un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso. Actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces".

Sánchez es capaz de todo por destruir España. Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla. Mando un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso. Actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces. #SentidoComún

— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 17, 2026

Estas palabras han llegado poco después de conocerse el acuerdo electoral entre el PSOE y el Frente Amplio, integrado por Izquierda Unida, Sumar y otras organizaciones de izquierdas, para presentar candidaturas conjuntas al Senado en 47 circunscripciones, entre ellas Navarra.

En la Comunidad Foral, el PSN-PSOE e IU-Batzarre, dentro del Frente Amplio, ya han formalizado su coalición para las elecciones del 29 de noviembre. Su intención es concentrar el voto de la izquierda y mejorar sus posibilidades de conseguir representación en el Senado frente a las candidaturas del centro-derecha.

Este movimiento ha cambiado el escenario electoral en Navarra, donde el reparto de los cuatro senadores elegidos directamente depende del respaldo que consiga cada candidatura y del sistema de votación de la Cámara Alta. Los electores pueden marcar hasta tres candidatos en la papeleta, una circunstancia que favorece habitualmente a las listas más votadas.

Por ello, la presentación de una candidatura propia de Vox al Senado podría restar apoyos a los aspirantes de UPN y PP. La fragmentación del voto de la derecha abriría la puerta a que la coalición encabezada por los socialistas consiguiera más senadores de los que obtendría ante una candidatura conservadora más concentrada.

La posibilidad que estudia Vox consistiría precisamente en renunciar a competir por los escaños del Senado en Navarra, sin que ello implique necesariamente dejar de presentarse al Congreso de los Diputados. De esta manera, sus votantes podrían respaldar a los candidatos de la coalición regionalista y popular en la Cámara Alta.

Por su parte, UPN y PP ya han sellado su acuerdo electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación regionalista encabezará las candidaturas conjuntas tanto al Congreso como al Senado, mientras que mantendrá su autonomía política dentro del Grupo Mixto de la Cámara Baja.

Ambas formaciones han presentado este pacto con un objetivo compartido: contribuir a desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa y conseguir la mayor representación posible del centro-derecha navarro en las Cortes Generales.

En las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, el PSOE consiguió tres de los cuatro senadores elegidos en Navarra, mientras que UPN obtuvo el cuarto. Ahora, la unión de regionalistas y populares pretende cambiar ese reparto y disputar a los socialistas la mayoría de la representación navarra en el Senado.

En cualquier caso, Vox todavía no ha comunicado una decisión definitiva sobre su presencia en las papeletas del Senado en la Comunidad Foral. La formación continúa valorando las consecuencias electorales de una posible renuncia mientras el PSOE y sus aliados de izquierda ya han cerrado su candidatura conjunta.

La decisión supone un cambio de candidata respecto a los anteriores comicios municipales, cuando Cristina Ibarrola, actual presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), encabezó la candidatura regionalista en la capital navarra.

La elección de María Caballero ha sido adelantada este sábado por Diario de Navarra y confirmada posteriormente por la agencia EFE. De esta manera, UPN ya tiene definida su candidata para las próximas elecciones municipales de Pamplona.

Caballero cuenta con una larga trayectoria dentro de la formación regionalista, a la que pertenece desde 1999. Durante la actual legislatura ha compaginado su trabajo como senadora con sus responsabilidades como concejala en el Ayuntamiento de Pamplona.

La futura candidata de UPN a la Alcaldía de Pamplona es también hija de Tomás Caballero, concejal de la capital navarra que fue asesinado por ETA.

Con esta designación, María Caballero tomará el relevo de Cristina Ibarrola como cabeza de lista de UPN en Pamplona para las elecciones municipales de mayo de 2027.

Chivite ha pedido "hacer reaccionar" a la ciudadanía ante las elecciones generales del 29 de noviembre, una cita que ha calificado de "decisiva". La dirigente socialista ha acusado a UPN de "acercarse a Vox" y ha advertido de que "la derecha está dispuesta a entenderse con la ultraderecha para alcanzar el poder".

La presidenta navarra ha insistido en la necesidad de defender las instituciones frente a quienes, a su juicio, pretenden "dar pasos atrás". También ha hablado de polarización y ha defendido un modelo político que "sitúa a las personas en el centro".

Sin embargo, las advertencias de María Chivite contra la ultraderecha contrastan con los acuerdos políticos que han permitido su continuidad al frente del Gobierno de Navarra. La socialista gobierna en coalición con Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras mantiene a EH Bildu como socio parlamentario fundamental para sacar adelante sus principales iniciativas.

La formación abertzale, heredera de una tradición política vinculada a la izquierda radical vasca, continúa defendiendo reivindicaciones relacionadas con los presos de ETA. Pese a ello, el PSN ha normalizado sus acuerdos con EH Bildu tanto en el Parlamento de Navarra como en otras instituciones de la Comunidad Foral.

Esta circunstancia no ha impedido que Chivite presente ahora el entendimiento entre UPN y PP como una amenaza por su supuesto acercamiento a Vox. La presidenta socialista ha centrado sus críticas en una formación que no participa en el acuerdo electoral alcanzado entre regionalistas y populares.

El pacto entre UPN y PP contempla concurrir conjuntamente a las elecciones generales del 29 de noviembre. Entre sus condiciones figura que UPN encabezará las candidaturas y conservará su autonomía parlamentaria mediante su presencia en el Grupo Mixto del Congreso.

El objetivo de ambas formaciones es concentrar el voto del centro-derecha navarro y ofrecer una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. El acuerdo no incluye a Vox, aunque Chivite ha utilizado la posibilidad de futuros entendimientos con ese partido para cuestionar la alianza electoral.

La contradicción política resulta especialmente llamativa en Navarra. Mientras la presidenta socialista alerta sobre los riesgos de que la derecha alcance acuerdos con otras formaciones, el PSN mantiene su colaboración con EH Bildu, cuyos votos han sido determinantes para sostener la acción del Ejecutivo foral.

Además, los socialistas navarros han cerrado un acuerdo con el Frente Amplio para concurrir conjuntamente al Senado. Esta alianza reúne al PSN con fuerzas situadas a su izquierda y pretende concentrar el voto progresista ante las próximas elecciones generales.

Así, María Chivite ha convertido la advertencia contra la "ultraderecha" en uno de sus principales mensajes electorales mientras su partido refuerza sus propias alianzas con la izquierda. Un discurso que señala los posibles pactos de sus adversarios, pero evita detenerse en los acuerdos que han permitido a los socialistas conservar el poder en Navarra.

El enfrentamiento político se produce a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Navarra elegirá a sus cinco representantes en el Congreso y cuatro senadores por elección directa. UPN y PP acudirán juntos a las urnas, mientras el PSN ha optado por una candidatura compartida con el Frente Amplio para el Senado.

La formación que participa en el Ejecutivo de María Chivite no ha ocultado su malestar por haberse quedado fuera del acuerdo. Geroa Bai ha calificado de “irresponsabilidad política” la decisión socialista y ha denunciado que se haya apostado por una “estrategia de exclusiones” precisamente cuando, a su juicio, avanzan la derecha y la ultraderecha.

En un comunicado, Geroa Bai ha advertido de que esta situación resulta “especialmente preocupante en Navarra”, donde UPN y PP concurrirán juntos a las elecciones. La coalición considera que este escenario obliga a las formaciones progresistas a buscar acuerdos en lugar de competir por separado.

Por ello, ha reclamado “actuar con responsabilidad política, fomentar el diálogo y favorecer los espacios de entendimiento”. Un mensaje dirigido al PSN, al que reprocha haber cerrado un pacto electoral sin contar con todos los partidos que sostienen al Gobierno foral.

Pero la advertencia de Geroa Bai no se ha limitado a las elecciones generales. La coalición también ha expresado su preocupación por las consecuencias que esta decisión pueda tener “en las relaciones entre los socios del Gobierno de Navarra” y en el trabajo del Parlamento foral.

La crítica resulta especialmente significativa porque Geroa Bai y PSN comparten responsabilidades en el Ejecutivo de Chivite. Ambos partidos han mantenido su colaboración durante años, pero la negociación de las candidaturas al Senado ha dejado al descubierto sus diferencias cuando entran en juego los escaños en Madrid.

Además, la coalición nacionalista llevaba días defendiendo una candidatura conjunta de todas las fuerzas que sostienen al Gobierno de Navarra. Su propuesta pasaba por reunir al PSN, EH Bildu, Contigo-Zurekin y Geroa Bai bajo una misma fórmula electoral.

Incluso había planteado la posibilidad de constituir una agrupación de electores si las diferencias entre los partidos impedían formalizar una coalición. El objetivo era concentrar el voto de la izquierda y el nacionalismo para disputar los cuatro senadores que se eligen en Navarra.

Sin embargo, el PSN ha preferido pactar con el Frente Amplio, integrado en Navarra por Izquierda Unida y Batzarre, y ha dejado fuera a sus socios nacionalistas. Una decisión que ha provocado el enfado de Geroa Bai y que evidencia las dificultades para trasladar al terreno electoral los acuerdos que mantienen a Chivite en el poder.

La situación tiene también una evidente contradicción política. Geroa Bai lleva años compartiendo Gobierno y consejerías con los socialistas, pero ahora denuncia una estrategia de exclusión porque el PSN ha elegido otros compañeros para competir en las elecciones generales.

El acuerdo con el Frente Amplio permite al PSN concentrar parte del voto de la izquierda sin tener que compartir candidatura con Geroa Bai o EH Bildu. Los nacionalistas, por su parte, se encuentran ante un escenario electoral distinto al que habían defendido durante las conversaciones previas.

Mientras tanto, el pacto entre UPN y PP para acudir juntos a las urnas ha añadido presión a las negociaciones entre los partidos de izquierda. Geroa Bai considera que esa alianza obliga a buscar una candidatura más amplia, pero los socialistas han optado por una fórmula que deja fuera a parte de sus aliados parlamentarios.

El resultado es un nuevo choque entre formaciones que comparten responsabilidades en Navarra. Geroa Bai ha trasladado su enfado al PSN y ha advertido expresamente de que la exclusión del pacto del Senado podría tener consecuencias en las relaciones dentro del Gobierno de Chivite y en la actividad parlamentaria.

La estrategia pasa por concentrar el voto de la izquierda, aunque las diferencias entre sus propias organizaciones siguen sin resolverse. El Frente Amplio aspira a presentarse como una alternativa electoral sólida, pero Podemos continúa fuera del proyecto en buena parte de España y tampoco se ha alcanzado un acuerdo para reorganizar Contigo-Zurekin en Navarra.

Guzmán ha celebrado que el Frente Amplio "es ya una realidad" en el ámbito nacional, con la participación de 15 organizaciones políticas. Según ha explicado, las distintas formaciones han decidido dejar a un lado sus diferencias para construir un espacio común alrededor de cuestiones como la vivienda, los servicios públicos, las pensiones y el medio ambiente.

En Navarra, la coalición pretende aprovechar los resultados de las anteriores elecciones generales. Guzmán ha recordado que en 2023 se quedaron a menos de 2.500 votos de conseguir representación en el Congreso. Ahora, el objetivo es salir "a pelear el último de los escaños", en referencia al quinto diputado que se elige por la Comunidad foral.

Sin embargo, el proyecto de unidad tiene una importante contradicción. Mientras el Frente Amplio reivindica su capacidad para reunir a la izquierda alternativa, ha necesitado alcanzar un acuerdo electoral con el PSN para el Senado. La coalición pretende así concentrar el voto progresista y competir por los tres senadores que aspira a conseguir la candidatura conjunta.

El propio Guzmán ha definido el pacto con los socialistas como la "apuesta táctica más acertada" para potenciar el voto de izquierdas. De esta manera, las organizaciones que habitualmente tratan de diferenciarse del PSOE han optado por presentarse junto a los socialistas al Senado para mejorar sus posibilidades electorales.

El acuerdo se produce, además, mientras continúa sin resolverse la división entre las formaciones situadas a la izquierda del PSN. Podemos no se ha integrado en el Frente Amplio en la mayoría de territorios y, en Navarra, las discrepancias han impedido cerrar por ahora una reorganización definitiva de Contigo-Zurekin.

De hecho, el proceso para redefinir la coalición navarra ha quedado aplazado hasta después de las elecciones generales. La falta de acuerdo con los morados evidencia las dificultades para alcanzar la unidad que Guzmán presenta como uno de los principales argumentos de su nueva estrategia política.

La situación coincide con los movimientos electorales de otras formaciones navarras. Mientras UPN y PP avanzan en su estrategia de unidad, la izquierda alternativa intenta reorganizar sus candidaturas para no perder presencia en las instituciones estatales.

Guzmán ha recurrido también al argumento de frenar a la derecha para defender su candidatura. El dirigente de Izquierda Unida considera que el "voto útil contra la extrema derecha" es el que se dirige hacia las organizaciones de la izquierda alternativa.

No obstante, esa apelación al voto útil convive con una realidad electoral incómoda para el Frente Amplio: necesita pactar con el PSOE para reforzar sus opciones en el Senado, mientras mantiene abiertas las discrepancias con Podemos y afronta el riesgo de volver a quedarse sin representación en el Congreso.

En paralelo, Carlos Guzmán continúa preparando su futuro político en Navarra. El dirigente ya encabeza la candidatura de Izquierda Unida para las elecciones forales de 2027, mientras intenta consolidar el Frente Amplio como referencia de la izquierda alternativa en las generales de noviembre.

El pacto electoral en Navarra ha vuelto a dejar una imagen muy distinta de la que ofrecía el PSOE hace apenas siete años. En 2019, Pedro Sánchez aseguraba que no dormiría tranquilo si determinados dirigentes de Podemos entraban en su Gobierno. Ahora, su partido ha decidido compartir candidatura al Senado con el espacio político que entonces despertaba tantas reticencias.

La secretaria de Organización del PSN-PSOE, Esther Iso, ha presentado el acuerdo como un ejercicio de "diálogo, responsabilidad y compromiso". Los socialistas han defendido la necesidad de construir mayorías progresistas y reforzar la colaboración entre las distintas fuerzas de izquierda.

El documento suscrito por ambas formaciones recoge una serie de "principios compartidos" y apuesta por conseguir "mayorías progresistas que transformen la realidad". También plantea la defensa del autogobierno de Navarra "dentro de una España plural, con un horizonte federal".

El acuerdo se articula alrededor de cuatro grandes compromisos: la defensa de la democracia y las libertades, el desarrollo de una agenda social, el fortalecimiento de los servicios públicos y la protección del régimen foral de Navarra.

Sin embargo, más allá de los argumentos políticos utilizados para justificar esta alianza, el pacto refleja también un cambio en la estrategia del Partido Socialista. La formación que hace siete años marcaba distancias con Podemos ha terminado convirtiendo a ese espacio político en un aliado para intentar conservar su representación institucional.

La evolución comenzó tras las elecciones generales de 2019, cuando Sánchez acabó formando un Gobierno de coalición con Unidas Podemos pese a sus anteriores reservas. Posteriormente, los socialistas encontraron en Sumar un nuevo socio para mantenerse en La Moncloa.

Ahora, ante las elecciones del 29 de noviembre, el PSN ha decidido extender esa colaboración al terreno electoral en Navarra. La candidatura conjunta al Senado permitirá evitar la competencia entre ambas formaciones y concentrar sus apoyos en una misma lista.

La decisión tiene una explicación electoral. En las elecciones generales de 2023, el PSOE consiguió tres de los cuatro senadores elegidos por Navarra, mientras que UPN obtuvo el cuarto. Los socialistas aspiran a conservar esa posición frente a las opciones de la derecha, que también afrontan el debate sobre la conveniencia de concurrir juntas.

El pacto tampoco representa una novedad absoluta en la política navarra. El Gobierno de María Chivite está integrado por el PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la coalición que representa en la Comunidad Foral al espacio político situado a la izquierda del PSOE.

Además, el Ejecutivo foral mantiene una relación de colaboración parlamentaria con EH Bildu, formación que lleva etarras en sus listas, cuyo apoyo ha resultado determinante para sacar adelante distintas iniciativas. De esta manera, el entendimiento entre los socialistas y las formaciones de izquierda ya forma parte del funcionamiento habitual de las instituciones navarras.

La diferencia es que ahora esa colaboración se traslada directamente a las urnas. El PSN y el Frente Amplio no se limitarán a negociar después de las elecciones, sino que pedirán el voto conjuntamente para conseguir representación en el Senado.

La operación también evidencia cómo han cambiado las relaciones entre el PSOE y las fuerzas situadas a su izquierda. Los partidos que inicialmente pretendían disputar a los socialistas una parte de su electorado han acabado convirtiéndose en socios de gobierno y, ahora, también en compañeros de candidatura.

El recuerdo de aquellas declaraciones de Pedro Sánchez en 2019 cobra especial relevancia ante este nuevo acuerdo. Entonces, el dirigente socialista expresaba públicamente sus dudas sobre la estabilidad de un Ejecutivo con determinados perfiles de Podemos. Meses después terminó compartiendo el Consejo de Ministros con esa formación.

En Navarra, la alianza entre el PSN y el Frente Amplio llega además en un momento en el que UPN y PP negocian la posibilidad de concurrir conjuntamente a las elecciones generales. Ambas formaciones estudian una fórmula que les permita concentrar el voto de centroderecha y mejorar sus opciones de representación.

Mientras esas conversaciones continúan, los socialistas navarros ya han cerrado su acuerdo con el Frente Amplio para la Cámara Alta. La candidatura defenderá los compromisos recogidos en el documento conjunto, entre ellos los servicios públicos, la agenda social, las libertades y el autogobierno foral.

La investigación ha permitido descubrir un sofisticado sistema de falsificación con el que se había creado un coche clonado, aparentemente idéntico a otro que circulaba legalmente por España. Los agentes también han comprobado que se había reducido de forma fraudulenta el kilometraje del automóvil.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Delincuencia del Automóvil (GDA) y de la Brigada de Judicial Norte de la Policía Foral. La coordinación entre distintas unidades ha permitido resolver el caso con rapidez.

La intervención comenzó cuando una patrulla de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Pamplona interceptó en una calle de la capital navarra un Lexus 450H que circulaba con placas de matrícula extranjeras.

Al ser identificado, el conductor explicó a los agentes que estaba trasladando el vehículo hasta un punto de recogida situado en otra ciudad del sur de España. Sin embargo, las comprobaciones policiales hicieron sospechar que el automóvil podía tener un origen ilícito.

Durante la inspección del interior, los policías encontraron unas placas de matrícula belgas. Al consultar las bases de datos, comprobaron que esas matrículas tenían una requisitoria en vigor por sustracción.

El hallazgo dio paso a una investigación más exhaustiva por parte de los especialistas del Grupo de Delincuencia del Automóvil. Los agentes descubrieron que las placas belgas robadas correspondían exactamente a un vehículo de la misma marca y modelo que el interceptado en Pamplona.

Además, comprobaron que el automóvil figuraba oficialmente como robado en Europa. Los investigadores comenzaron entonces a examinar sus elementos identificativos para determinar si se trataba realmente del coche sustraído.

Las comprobaciones permitieron descubrir que los responsables de la manipulación habían falsificado los principales puntos de identificación física del vehículo. En ellos aparecía un número de bastidor correspondiente a otro automóvil que estaba registrado legalmente en España.

La intervención del Centro de Mando y Coordinación (CMC) de la Policía Foral resultó decisiva. Sus agentes confirmaron que el vehículo al que pertenecía realmente ese número de bastidor se encontraba en otra ciudad española.

Esta comprobación permitió acreditar que el Lexus inmovilizado en Pamplona era un vehículo clonado o 'gemelo'. Es decir, un coche robado al que se le habían colocado los datos identificativos de otro automóvil legal para dificultar su detección.

La investigación también descubrió una manipulación informática de la centralita electrónica. Los responsables habían accedido al sistema del vehículo para modificar diferentes datos, entre ellos el kilometraje, que había sido reducido fraudulentamente.

Una vez que los especialistas consiguieron identificar plenamente el automóvil como el Lexus robado en Bélgica, la Policía Foral procedió a la detención de su conductor.

Al arrestado se le atribuyen cuatro presuntos delitos: robo con fuerza de vehículo, robo con fuerza de placas de matrícula, falsedad documental en documento público por la manipulación de las matrículas y falsedad en los elementos identificativos del automóvil.

Tanto el detenido como el vehículo intervenido han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, junto con las diligencias elaboradas por la Policía Foral.

Los tres afectados son hombres de 23, 45 y 47 años, todos ellos vecinos de Tudela, que han tenido que ser trasladados al Hospital Reina Sofía de la capital ribera para recibir atención sanitaria.

El accidente ha tenido lugar en la carretera NA-3042, concretamente en el punto kilométrico 3,800, dentro del término municipal de Ablitas. Por causas que todavía se investigan, ambos vehículos han colisionado de manera frontolateral.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, además de bomberos y equipos sanitarios movilizados para atender a las víctimas.

Los servicios de emergencias han intervenido con una ambulancia y un vehículo ligero medicalizado. Tras la primera asistencia, los sanitarios han trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela al conductor y a los otros dos ocupantes del turismo accidentado.

Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias para determinar las circunstancias en las que se ha producido este accidente de tráfico en Ablitas.

La investigación, desarrollada conjuntamente por las jefaturas superiores de Policía de Navarra y Asturias, ha permitido identificar a una organización formada por personas con vínculos familiares. Los sospechosos ofrecían viviendas por debajo del precio de mercado y exigían pagos anticipados a los interesados antes de desaparecer con el dinero.

La operación ha culminado con la detención de nueve personas, cinco de ellas consideradas integrantes del grupo criminal y otras cuatro que actuaban como mulas bancarias. Los arrestos y registros se practicaron el pasado 14 de octubre en la localidad asturiana de Sotrondio.

La investigación comenzó a principios de año, después de que la Comisaría de Policía Nacional de Langreo-SMRA recibiera varias denuncias por estafas relacionadas con el alquiler de viviendas. Los mecanismos de coordinación policial permitieron comprobar que existían víctimas repartidas por todo el territorio nacional, aunque Pamplona concentraba el mayor número de casos.

Ante esta situación, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona y la Brigada Local de Policía Judicial de Langreo decidieron coordinar sus actuaciones y desarrollar una investigación conjunta para identificar a los responsables.

El análisis de las denuncias permitió establecer conexiones entre los diferentes engaños. Los investigadores descubrieron que detrás de las operaciones se encontraba un clan familiar que actuaba de manera sistemática y cuyos integrantes no tenían ninguna actividad laboral conocida.

Además, la Policía Nacional ha señalado que varios de los investigados recibían ayudas sociales pese a exhibir un alto nivel de vida. Esta circunstancia ha sido uno de los aspectos detectados durante las pesquisas sobre el funcionamiento de la organización.

El método utilizado para cometer las estafas de alquiler en Pamplona y otras ciudades españolas era relativamente sencillo. Los sospechosos aprovechaban las dificultades de quienes buscaban un piso y publicaban anuncios de viviendas con precios especialmente atractivos, inferiores a los habituales del mercado.

Para ello, los investigados localizaban anuncios reales en plataformas de alquiler por internet y, en ocasiones, copiaban directamente las ofertas de otros propietarios. De esta manera, conseguían captar la atención de personas interesadas en encontrar una vivienda.

Una vez establecido el contacto, los presuntos estafadores presionaban a las víctimas para que pagaran rápidamente una cantidad de dinero. Los ingresos se reclamaban en concepto de reserva, fianza, seguro o mensualidad del alquiler, siempre antes de que los interesados pudieran acceder al inmueble.

Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias o sistemas de pago telefónico. En cuanto recibían el dinero, los responsables dejaban de contestar a los interesados, que descubrían entonces que habían sido víctimas de una estafa.

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación ha sido la existencia de una extensa red de cuentas bancarias utilizadas para mover el dinero. Los agentes han identificado unas 115 cuentas abiertas en diferentes entidades financieras, una cantidad que refleja la actividad económica desplegada por la organización.

La Policía Nacional ha explicado que los bancos bloqueaban preventivamente algunas de estas cuentas cuando detectaban indicios de actividad delictiva. Para esquivar estos controles, los sospechosos llegaron a abrir cuentas bancarias en Malta, Chipre y países de Sudamérica.

La investigación también ha permitido identificar a las llamadas mulas bancarias, personas que facilitaban sus cuentas para recibir el dinero procedente de las estafas. Posteriormente, transferían las cantidades a los responsables de la organización a cambio de una comisión económica.

Los investigadores han reunido las denuncias presentadas, la documentación bancaria, los movimientos de dinero y las identidades utilizadas por los sospechosos. También han identificado casos de suplantación de identidad, uno de los delitos que se atribuyen a los principales integrantes de la organización.

Con todas estas pruebas, la Policía Nacional solicitó al Tribunal de Instancia de Guardia de Laviana autorización para realizar entradas y registros en los domicilios de los investigados.

Una vez obtenida la autorización judicial, el 14 de octubre se desplegó un dispositivo policial en Sotrondio (Asturias). En la operación también participó la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

El operativo terminó con nueve personas detenidas. A cinco de ellas se les imputan los delitos de estafa, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal, mientras que las otras cuatro, identificadas como mulas bancarias, están investigadas por delitos de estafa.

Los arrestados han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Laviana, junto con el atestado policial y toda la documentación obtenida durante las pesquisas.

Hasta el momento, los investigadores atribuyen a los detenidos unas 80 estafas relacionadas con falsos alquileres, con un beneficio económico que supera los 80.000 euros. Sin embargo, la Policía Nacional no descarta que el número de víctimas y de delitos cometidos pueda ser mayor.

La investigación continúa abierta y los agentes están analizando las pruebas intervenidas durante los registros. El examen de este material podría permitir descubrir nuevas estafas y otras posibles víctimas de la organización.

La formación foralista ha asegurado que los datos facilitados por el propio Departamento de Salud contradicen las cifras que había ofrecido el Gobierno de Navarra. Según UPN, la actividad real del servicio de urgencias de Fustiñana ha sido muy superior a la presentada públicamente para justificar su cierre.

En concreto, UPN ha recordado que el Ejecutivo de Chivite aseguró que en Fustiñana se atendía una media de un paciente cada noche, durante las doce horas comprendidas entre las ocho de la tarde y las ocho de la mañana. Esta cifra se utilizó para cuestionar la eficiencia del servicio y defender la centralización de las urgencias nocturnas en Buñuel.

Sin embargo, después de analizar los registros correspondientes a los seis primeros meses de 2026, remitidos por el Departamento de Salud, los regionalistas han comprobado que la media real se sitúa entre dos y tres pacientes por noche. Además, han señalado que se han registrado jornadas con ocho y nueve personas atendidas.

Para UPN, esta diferencia demuestra que el Gobierno de Navarra ha presentado una imagen de la actividad sanitaria que no se corresponde con los datos oficiales. La formación considera especialmente grave que se hayan utilizado esas cifras para justificar una decisión que afecta directamente a la atención sanitaria de Fustiñana y Cabanillas.

"Es especialmente grave que se utilice una cifra falsa que minimiza la actividad de un servicio público para justificar su cierre. Los vecinos de Fustiñana y Cabanillas merecen explicaciones de la presidenta y del consejero de Salud", han denunciado los regionalistas.

Por este motivo, UPN ha exigido a María Chivite que explique qué información utilizó el consejero de Salud, Fernando Domínguez, para justificar la reorganización de las urgencias nocturnas. También ha reclamado que aclare por qué esas cifras no coinciden con los registros que posteriormente ha facilitado su propio departamento.

"Si el Gobierno ha tomado decisiones que afectan a la atención sanitaria rural basándose en cifras incorrectas, debe reconocerlo y asumir su responsabilidad", han subrayado desde UPN.

Los regionalistas han insistido, además, en que la necesidad de mantener un servicio de urgencias no puede determinarse únicamente por el número medio de pacientes atendidos. A su juicio, la asistencia urgente debe garantizarse precisamente para atender a cualquier persona que necesite ayuda médica, independientemente del volumen habitual de actividad.

"Siempre hemos defendido que no se puede valorar la necesidad de un servicio de urgencias exclusivamente por el número medio de pacientes, ya que las urgencias están para atender a quien necesita asistencia cuando la necesita", han recordado.

A esta circunstancia se añade, según la formación, que los registros oficiales reflejan noches de una actividad considerablemente superior a la media. "Estos datos revelan que hay noches en las que se atiende a 8 o 9 personas, lo que demuestra que la demanda existe y que no se puede presentar el servicio como si apenas tuviera actividad", han afirmado.

UPN ha reiterado finalmente su exigencia de recuperar las urgencias nocturnas presenciales en Fustiñana. También ha reclamado al Gobierno de Chivite que garantice una asistencia sanitaria accesible y de calidad para los habitantes de las localidades rurales de Navarra.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:30 horas, en las inmediaciones de la plaza Tres Culturas de Tudela. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que contaron con la colaboración de una patrulla de la Policía Nacional.

Una vez en la zona, los policías identificaron a cuatro personas que estaban implicadas en el incidente. Tras comprobar lo sucedido, constataron que se había tratado de una fuerte discusión verbal, sin que se hubiera producido ninguna agresión física.

Los agentes procedieron a comprobar los datos de los cuatro implicados y consiguieron controlar la situación. Posteriormente, las personas identificadas se marcharon del lugar y la seguridad quedó restablecida en la vía pública.

La formación foralista ha presentado una declaración para la comisión de Urbanismo del próximo miércoles, en la que exige una solución para los afectados. Además, ha confirmado su apoyo a la concentración pacífica convocada para este sábado 17 de octubre en la Plaza del Castillo de Pamplona por las familias que esperan poder acceder a sus viviendas.

UPN ha exigido la “movilización total de la administración pública” ante la “negativa deriva” que, a su juicio, está sufriendo la promoción. Los regionalistas han denunciado que las familias han quedado “abandonadas a su suerte” tanto por el Gobierno de Navarra como por el Ayuntamiento de Pamplona.

“Ni siquiera la propia gestora de cooperativas encargada de llevarlas a buen puerto aporta una solución”, han lamentado desde UPN, que reclama una intervención económica de las administraciones para resolver el problema.

La formación sostiene que existen precedentes que demuestran que el Ejecutivo foral puede intervenir en promociones de vivienda protegida cuyo coste supera los límites establecidos. Por ello, considera que el Gobierno de Navarra puede rescatar Maristas II y garantizar una salida a las familias adjudicatarias.

Como ejemplo, UPN ha señalado una promoción de la empresa pública Nasuvinsa en Garralda, donde se han terminado cuatro viviendas de protección oficial destinadas al alquiler con un coste que, según los regionalistas, ha superado en 4,28 veces el precio del módulo de VPO.

Además, han advertido de que esa promoción se ha desarrollado con suelo a coste cero. Según sus cálculos, el dinero empleado habría permitido al Gobierno de Navarra construir 17 viviendas en lugar de cuatro si se hubiera respetado el precio del módulo de protección oficial.

Los regionalistas también han recordado que el propio Ayuntamiento de Pamplona, a través de Pamplona Centro Histórico (PCH), ha decidido promover viviendas protegidas destinadas a la venta en el Casco Antiguo con un coste superior al módulo máximo establecido.

A partir de estos ejemplos, UPN sostiene que tanto el Ejecutivo foral como el Consistorio pamplonés han asumido en otras promociones costes de construcción superiores a los precios máximos de venta o alquiler de las viviendas protegidas.

“Ante estos hechos, que acreditan que la Administración promueve viviendas protegidas a costo superior al módulo, pero que luego vende o alquila a un precio ajustado a este, y muy inferior al costo de ejecución, no cabe sino deducir que la cooperativa de Maristas II puede y debe ser apoyada por la Administración”, han defendido.

UPN ha añadido otra circunstancia que, a su juicio, refuerza la necesidad de intervenir. Los regionalistas recuerdan que las 108 familias de Maristas II no eligieron voluntariamente el sistema de cooperativa, sino que este modelo les fue impuesto a través del censo oficial de adjudicatarios.

Además, han señalado que este sistema cooperativista ya ha sido prohibido para futuras promociones, por lo que consideran que la situación de Maristas II no volverá a repetirse. Por ese motivo, insisten en que las administraciones deben asumir su responsabilidad y aportar los recursos económicos necesarios para desbloquear las viviendas.

A través de un vídeo publicado en su perfil de la red social X, Cristina Ibarrola ha denunciado los episodios de violencia callejera que han dejado destrozos, contenedores incendiados y lanzamiento de piedras en Pamplona. También ha cuestionado la actitud de los partidos que sostienen al Gobierno municipal.

La presidenta de UPN ha expresado su "rotunda condena" por los "disturbios de kale borroka" que se produjeron durante la jornada del jueves, con "destrozos, con una violencia impropia de la convivencia en esta ciudad".

"Nada, absolutamente nada, justifica la violencia", ha manifestado Ibarrola, que ha rechazado cualquier intento de encontrar explicaciones que puedan servir para disculpar los altercados.

La dirigente regionalista ha dirigido buena parte de sus críticas contra el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, cuyas declaraciones tras los disturbios ha calificado de "lamentables".

En concreto, Ibarrola ha asegurado que el alcalde "ha sido incapaz de condenar la violencia extrema que vivimos ayer de los de siempre, de la izquierda radical abertzale".

La presidenta de UPN también ha cuestionado la política de convivencia impulsada por el Ayuntamiento de Pamplona y el respaldo que recibe de los socialistas. A su juicio, resulta "impresentable que haya grupos políticos, como el Partido Socialista de Navarra, que intenten justificar planes de convivencia liderados por EH Bildu".

En sus declaraciones, Ibarrola ha vinculado los disturbios con su crítica a la política de convivencia de EH Bildu. "Es evidente cuál es la convivencia de EH Bildu, la vimos ayer, quemando contenedores, tirando piedras, haciendo que la gente no pueda salir de sus casas y que tengan que cerrar comercios", ha destacado.

Por último, la portavoz regionalista ha señalado directamente al PSN por su apoyo a Asiron en la Alcaldía de Pamplona. Ibarrola ha criticado que los socialistas "los necesitan para seguir manteniéndolos en el poder", en referencia a EH Bildu.

La presidenta de UPN ha añadido que al PSN "le da igual poner" de alcalde a Joseba Asiron, a quien ha acusado nuevamente de ser "incapaz de condenar este tipo de actuaciones".