Creímos que se trataba de una bufonada más. Una bufonada que da la talla del despreciable chanchullo político puesto en marcha por los partidos de Araiz y Barkos en compañía de los tránsfugas  para hacerse con una Alcaldía que los ciudadanos de Estella les habían negado.

Pero no. A pesar de la ridícula puesta en escena, estos sujetos eran plenamente conscientes de lo que hacían.

 Acudían así a sabiendas de que se estaban saltando la ley y poniendo  grave riesgo de contagio a la gente de la ciudad y en particular a los empleados municipales que hubieron de tener contacto para que estos graciosos en compañía de los concejales de Bildu y Geroa pudiesen culminar su  hazaña en la mañana del martes 24 de marzo.

Navarra.com nos destapó la noticia según la cual una de las dos concejales tránsfugas rompió su deber de aislamiento por  síntomas evidentes de coronavirus salió a la calle para algo tan urgente como traicionar su compromiso con los votantes para elegir a un representante de Bildu como Alcalde.

Supimos también que un médico tuvo que denunciar la grave ilegalidad que de forma consciente estaba maquinando la concejala tránsfuga y hemos sabido que Policía Foral ha abierto diligencias por presunta conducta delictiva.

Un posible delito, una manifiesta conducta ilegal y un claro conocimiento de perjudicar la salud de los ciudadanos de Estella por una terrible pandemia por la que están muriendo personas,han sido los siniestros  mecanismos sobre los que se ha apoyado esta moción de censura en su fase de ejecución.

No caben más elementos concurrentes en este despreciable disparate ….o sí, si atendemos a las mezquinas excusas con tintes de burda coartada que han expuesto las “diseñadoras” de esta operación que son a la postre quienes han autorizado y posibilitado todo.

Para Barkos, esta moción con concurrencia de tránsfugas en plena cuarentena, es culpa cómo no de Navarra suma por no posibilitar “un pleno telemático” tal y como “recomendaba el Gobierno de Navarra”  para elegir al bildutarra en pleno confinamiento.

 Además de extravagante y cínico, tal pretexto es deliberadamente falso de toda falsedad. No consta ninguna recomendación ni acuerdo oficial del Gobierno de Navarra en tal sentido. Y no consta porque no lo podía hacer y no consta porque si alguna recomendación (no oficial ) hubo fue dirigida a la conveniencia de aplazar el pleno hasta superar el confinamiento debido a la pandemia.

La otra responsable última de la barbaridad, Bakartxo Ruiz por su cuenta optó como en el cine negro por intentar “colgarle el muerto al mayordomo” y para procurar eludir su autoría arguyó que fue el secretario de la Corporación quien obligó a celebrar el pleno en semejantes circunstancias. Falso también pues a cualquiera se le alcanza que son los ediles quienes deciden hacerlo en esas fechas “de nocturnidad por pandemia” pues los plazos administrativos se encuentran paralizados y era posible  y obligado el aplazamiento.

Por último queda el papel de la autoridad en esta materia. El control de legalidad de los actos de los Ayuntamientos corresponde al Departamento de Administración local del Gobierno de Chivite que bien debería haber dictado las disposiciones oportunas para evitar el desaguisado.

Claro pero Barkos autoriza y posibilita la tropelía en Estella y a la vez su formación forma parte del gobierno de Chivite y Bakartxo Ruiz posibilitó tal gobierno y es  su indispensable socio presupuestario.

Acuerdo entre diferentes…. Y unos tránsfugas que en su patética ejecutoria exhiben como justificación ser unos discípulos aventajados de quienes hoy dirigen el PSN.

Los ciudadanos de Navarra quisieron que el PVN, representado en Geroa Bai, obtuviese 6.000 apoyos menos que los derechistas de Vox y se situase a 10.000 votos de diferencia del Partido Animalista (PACMA ), su inmediato perseguidor.

El hecho de que, en Navarra, Geroa Bai es la delegación franquiciada de la derecha vasca representada por el PNV (por si alguien lo pone aún en duda) está entre otros motivos acreditado en el último informe del Tribunal de Cuentas, el cual muestra cómo el PNV financia la participación y funcionamiento de Geroa Bai en los procesos electorales que fiscaliza el tribunal contable.

El Partido Nacionalista Vasco, como se aprecia, ha sido y es una formación con escasa acogida en Navarra, como dan prueba todos los resultados cosechados en la etapa democrática. Tan es así que solamente ha obtenido resultados apreciables cuando ha renunciado a exhibir sus siglas y símbolos bajo otras apariencias.

No es ajeno a su mezquino éxito el constante empeño del PNV en tratar a la Comunidad foral como su territorio colonial, al cual desposeer de sus instituciones para subordinarlas a las del País Vasco, en un proceso de construcción nacional.

El Partido Nacionalista Vasco, por otra parte, es una formación anegada por la corrupción, a juzgar por la reciente sentencia del llamado caso De Miguel que ha condenado por diversos delitos tales como el cohecho, la malversación, prevaricación y tráfico de influencias a la cúpula de los que fueron sus máximos dirigentes en Álava. Además, otros cargos de esta formación tienen causas abiertas por otras presuntas actividades delictivas realizadas a la sombra del poder.

Pues bien, todos estos antecedentes no han sido obstáculo para que quien aspira a ser presidente del Gobierno de España se siente con el máximo representante de la derecha vasca (y corrupta) y acuerde con él asuntos que, de forma exclusiva, competen a la Comunidad foral.

De nada sirve el manifiesto desprecio que despliega el futurible presidente de España por la voluntad mayoritaria de la ciudadanía navarra, por sus instituciones, por su historia y por la lealtad del pueblo navarro con España.

Finalmente, pesa más acordar con los representantes de una comunidad como Euskadi, que acoge a 2.172.000 habitantes, en desprecio de la Comunidad foral, que, por valerosa que fuera su trayectoria y la voluntad de sus gentes, tan solo reúne a 640.000 navarros.

En palabras de uno de los menguados líderes del PSOE, seis diputados pesan más que dos (sin importar lo infames y detestables que puedan ser los fines y objetivos respecto del interés común).

Quien aspira a ser presidente de España negocia las competencias de Navarra con una formación que no ha obtenido ni un solo diputado por Navarra. Pocos ejemplos habrá que den cuenta de la humillación de toda una Comunidad foral (la única con derecho a ese título en el conjunto de España) y de nada sirve aducir la paternalista excusa según la cual “lo que hemos acordado respecto a vosotros con vuestros vecinos nacionalistas os interesa”. Es tanto como decir a todo el pueblo navarro que no sabe decidir por sí mismo lo que solamente a ellos mismo les conviene y compete acordar.

Con independencia de la literalidad y el alcance del acuerdo, el asunto es de una gravedad extrema y, cuando menos, urge que el máximo representante del PSOE proceda a rectificar y eliminar de su acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco todo aquello que atañe de forma exclusiva a la Comunidad foral.

Y en este empeño deben estar todas las formaciones políticas con representación en Navarra que, de verdad, crean y defiendan su autogobierno y sus instituciones propias en el marco constitucional.

De otra forma, la brecha abierta conllevará que nunca más puedan defender con certeza y verdad la condición foral y la identidad propia de Navarra y de sus gentes en ellas representadas.

Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia es parlamentario foral por Navarra Suma y miembro de Unión del Pueblo Navarro.

Con el fin de acreditar paso a paso esta grave pero cierta afirmación, me he ocupado de ofrecer los siguientes datos y fechas:

La Korrika está organizada por la coordinadora AEK, dependiente de la entidad económica Euskaraz, Kooperativa Elkartea con sede social y fiscal en Bilbao (a esta dirección van dirigidos los pagos realizados por el gobierno de Barkos entre otros).

Ya en 1999, el Juez Garzón en un auto vinculó AEK a la organización terrorista ETA ya que los dirigentes terroristas incluían a la entidad organizadora de la Korrika en la organización “Udaletxe”, denominación ésta que servía de tapadera para organizar el entramado económico de ETA.

Este auto tuvo su recorrido y formó parte de la instrucción y tras su proceso judicial, culminó en el año 2009 con sentencia del Tribunal Supremo que cierra el caso que juzgó al todo entramado etarra.

En esa sentencia, (pagina 36) el Tribunal supremo declara hechos probados entre otros que ETA, al” frente de A.E.K. situó al acusado Juan María Mendizábal Alberdi, posteriormente integrado en EKIN y como encargado de tesorería al acusado Iker Beristaín Urizabarrena. Es decir, que AEK se conectaba  con una de las principales estructuras de la organización terrorista y en la contabilidad de AEK, figuraban pagos a miembros “liberados” de ETA. De hechos estas personas, fueron condenadas y enviadas a prisión.

El Gobierno de Uxúe Barkos, en el año 2018 ha entregado a AEK al menos 471.000 euros en pago a un programa de dudosa concepción, cual es el “aprendizaje de Euskera a personas adultas”.

Pero además, el ejecutivo de Barkos, en este mismo año ha destinado otros 700.000 euros para que los ayuntamientos financien actividades de fomento del euskera. Y ¿qúe hacen los ayuntamientos con esa subvención del Gobierno.? Pues contratar cursos y actividades a entidades privadas. Y ¿quién vuelve a recibir ese dinero del contribuyente que de forma generosa suministra nuestro gobierno nacionalista? Cierto. De nuevo AEK se sobre financia desde la misma fuente con idéntico propósito.

A esto hay que añadir las cantidades de dinero público que alegremente “donan” a AEK algunos Ayuntamientos o la Mesa del Parlamento bajo el pretexto de “comprar kilómetros de Korrika”. No busquemos, demasiados procedimientos de concurso público porque no hay.

Esta es la trama financiera por la que se desvían ingentes cantidades de dinero de nuestros impuestos a una misma entidad. La aparente corrección administrativa del recorrido de estos recursos públicos no resiste una auditoría seria.

En todas sus ediciones, en todas, la Korrika, va a acompañada en diversos tramos por carteles y pancartas de apoyo a los presos de la organización criminal ETA.

En esta edición, para mayor ofensa de todos, en su recorrido de Berriozar se realizó apoyo expreso a favor de los asesinos de Francisco Casanova, vecino del pueblo, y de Tomás Caballero.

La korrika, cuenta con la participación física no solo del alcalde pamplonés de Bildu sino de los principales líderes Geroa Bai, de Podemos, e incluso de Izquierda Ezkerra pues a su entender debe ser muy de izquierdas regalar dinero público a una entidad privada que ha estado vinculada a una organización terrorista y correr abrazados a un símbolo nacionalista como es la ikurriña.

La korrika se difunde con la colaboración del Gobierno en centros públicos de educación sin que ningún responsable muestre su repugnancia por la promoción a menores de un acto político de “construcción nacional” con las características aquí expresadas.

Con esto deseo mostrar que cada euro público que se entrega a esta organización constituye la financiación de un inmenso negocio de la izquierda abertzale.

Cada kilómetro recorrido en compañía y homenaje de condenados por asesinato, son mil pasos que patean la memoria de quienes más han dado por la libertad y la democracia en nuestra tierra.

Y que de nuevo lo disfracen como un apoyo a una lengua a la cual pervierten, dice todo de la catadura de quienes de manera entusiasta desvían el dinero de todos los contribuyentes a esta tramposa finalidad.

Cada ilegalidad  detectada sobre este palacio de fachada barroca, ha confirmado que aquí no había okupas sino que en Rozalejo, hay borrokas, simples borrokas de toda la vida que no tienen necesidades de vivienda ni carencia de espacios culturales sino que habían  visto la ocasión para apoderarse de un edificio público en el corazón de la ciudad para hacer su negocio.

Esto se certifica observando la relación de actuaciones de Policía municipal en las que se detalla que en Rozalejo, o bien existía un bar ilegal, o bien el edificio permanecía sin actividad y sin personas residiendo en él.

Por tanto la colisión de intereses de Barkos será determinante para ella y para los miembros de su gobierno pero no  para  la ciudadanía.

Cara al bien común, las alternativas enfrentan la defensa del interés público (la posesión y disposición pública del edificio) con  el interés y beneficio privado (el de un grupo de individuos que quiere explotarlo para sí).

 El conflicto en torno a Rozalejo radica entre la defensa de la propiedad pública o la apropiación ilegal por unos particulares. Y ante esta dualidad de intereses, un gobernante no debe dudar ni mucho menos tratar de embaucar a unos y otros como ha tratado de hacer sin éxito la presidenta durante año y medio.

Las actuaciones de la policía, las resoluciones judiciales y los informes realizados por los servicios técnicos, ratifican una por una todas las constataciones que desde el ámbito político y ciudadano se venían advirtiendo: las personas que se apropiaron estaban realizando obras ilegales de expolio en materia de patrimonio histórico, las actividades se realizaban con riesgo real para las personas y bienes, y todo el discurso de la autogestión y tal y tal sostenido por el cuatripartito, era en realidad una tapadera para llevar a cabo una actividad económica ilegal ( sin licencia, robando la electricidad y el agua a la Mancomunidad ),realizada por unos pocos “protegidos” eludiendo todos los impuestos que ha de abonar cualquier otro ciudadano.

Todos estos perjuicios han sido provocados con el consentimiento del Gobierno de Barkos que ha dejado hacer hasta el momento en que la ley y  los informes le han situado contra las cuerdas.

Aun así, en el último capítulo conocido de este esperpento, Barkos sostiene que la actuación de la policía foral “no fue un desalojo” sino una “inspección” (¿desde cuando la administración se inspecciona a sí misma?). En realidad, no  fue un desalojo porque ahí no vivía nadie, estaba vacío, se desalojó de forma voluntaria y solo se usaba a las horas de negocio.

Pero con todo el mayor deterioro público causado en este año y medio de duración del grotesco serial es el que se causa sobre el derecho de igualdad de todos los ciudadanos.

Y esto es así porque el gobierno ha transigido que unos ciudadanos exploten comercialmente un local propiedad de propiedad pública, mientras el resto de ciudadanos deban adquirirlo o alquilarlo.

Barkos y sus socios eran conscientes de que unos individuos realizaban actividades de hostelería sin someterse a los trámites administrativos de licencias y requerimientos que debe afrontar cualquier ciudadano.

Y así, mientras cualquier persona, comerciante, hostelero, autónomo debe someterse de forma pacífica a cuantas inspecciones practique la administración, las personas que regentaban ilegalmente el Palacio lo hacían a su libre albedrío sin dar cumplida cuenta de sus obras sin licencia, de sus cuentas fraudulentas de negocio, o de  los posibles expolios sobre el patrimonio histórico.

El consejero de Hacienda era sabedor que en un edificio  propiedad del gobierno y adscrito a su departamento, se realizaban actividades económicas eludiendo los impuestos, tasas y otros tributos que se les exige a cualquier otro contribuyente.

En suma, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley no es algo negociable según los intereses partidistas y para desgracia de todos, es claro que así ha ocurrido.

 Un gobierno que mercadea con derechos fundamentales no solamente es un gobierno débil sino que es además un gobierno que se mueve en las afueras de la democracia.

Para ello Barkos, Asirón, Araiz y compañía no han deparado en rebasar todas las fronteras de la ética, de la ley y de la democracia con tal de anteponer el interés de los matones responsables de la brutal campaña de acoso, agresiones y  posterior persecución por delante del interés de las personas víctimas de los delitos.

En una primera etapa silenciaron a las víctimas, y ni tan siquiera les ofrecieron la ayuda y cooperación que la ley establece en favor de las mujeres víctimas de la agresión.

Entre ellas tal y como señala la ley (art 63 y 65 de la Ley Foral contra la violencia a las mujeres) el Gobierno debió personarse como acusación popular tal y como lo ha hecho en otros casos de agresión cuando la víctima es mujer.

En paralelo a esta espiral de vacío y silencio para las víctimas, el Gobierno de Barkos y Asirón, se volcaron de manera paulatina en numerosas muestras de apoyo a los agresores.

Este despliegue incluyó, recibimiento en el Parlamento a los familiares de los detenidos, a los abogados de los agresores, exhibiciones públicas de la Presidenta Barkos junto a los familiares de los procesados o participación institucional en marchas de apoyo a los agresores.

Esta estrategia se acompañaba con continuas declaraciones de la Presidenta, atacando el trabajo de los jueces, y tratando desdibujar la enorme indignación ante estos hechos bajo el pretexto de que se trataba de  una campaña “contra un pueblo: Altsasu”.

Esto último es especialmente grave porque  con ello, la presidenta asume y rubrica la estrategia de lavado de imagen de  los radicales. Una campaña consistente en que todo aquél que se indigne por el acoso y la agresión sea identificado como un enemigo del pueblo.

Pero sobretodo es grave, porque al secundar esta estrategia, la presidenta contribuye a segregar a cuatro ciudadanos de Alsasua.

¿Acaso las dos chicas o los dos guardias no son “pueblo de Altsasu”? ¿no son ciudadanos con idénticos derechos a todos los demás vecinos de Alsasua?

Y tras esto, sigue la escalada y los representantes del Gobierno de Barkos, del Ayuntamiento de Pamplona y del Parlamento de Navarra.

Convocan una manifestación mediante un llamamiento masivo a radicales de todos  los lugares de España. Facilitan autobuses y medios de difusión. El Ayuntamiento cierra la ciudad a la hora de la manifestación y habilita aparcamientos para los autocares. La mancomunidad también en manos de Bildu, pone a disposición de los manifestantes un servicio extraordinario de villavesas para que las personas que llegan a la ciudad, acudan al centro desde los aparcamientos dispuestos al efecto.

Un grupo de la izquierda abertzale emprende una “acampada” en el centro de la ciudad. Una actividad, ésta última, prohibida para todos los ciudadanos excepto para estos “amigos del alcalde” que no van a ser desalojados como lo seríamos cualquiera de nosotros. Un grupo de radicales realizan pintadas sobre las villavesas públicas sin que la Mancomunidad titular del transporte, se atreva a denunciar públicamente los hechos.

Y todo con la aprobación de nuestros gobernantes. Cualquier cosa en favor de los condenados sirve con o sin la ley.

La finalidad es retratar a la ciudad de Pamplona como el lugar de acogida de una concentración multitudinaria en favor de las personas responsables de acosar, insultar, apalear y perseguir a cuatro vecinas y vecinos de su pueblo.

¿El motivo de la salvajada? Para unos: desempeñar su trabajo al servicio de la Guardia Civil y atreverse entrar a tomarse algo en un bar un día de descanso Para otras: ser mujer, vecina del Alsasua y “ejercer su derecho individual a estar con quien le dé la gana” en palabras de una de las chicas agredidas.

A día de hoy, al menos una de estas chicas ha debido abandonar su pueblo ante el acoso, persecución hacia ella y su familia y la desprotección, el vacío y la humillación de sus representantes públicos en el Ayuntamiento de Alsasua y en el Gobierno de Navarra.

Así son los hechos. ¿Cabe mayor infamia? ¿Cuál será la siguiente vulneración de los derechos humanos que nuestros actuales gobernantes hayan de apoyar para complacer a los radicales?

Quienes dicen “defender a un pueblo” (Altsasu) van conseguir retratar a toda la ciudad de Pamplona y la capital de Navarra como el centro temático de la vergüenza y la indignidad.

Recientemente hemos visto como en Pamplona, multitud de comerciantes han mostrado en sus escaparates un sencillo y en apariencia inofensivo cartel de protesta contra determinadas prácticas del Ayuntamiento que entienden, causan injusto perjuicio para su trabajo y también para el resto de los ciudadanos que padeceríamos la pérdida de ese comercio en el corazón de la ciudad.

Lo han hecho tras mostrar que no han sido escuchadas sus observaciones, las cuales avisaban de las consecuencias de unas decisiones que entendían disparatadas.

Antes de exponer su queja, han esperado a comprobar y valorar el deterioro sobre sus economías a la vez que proseguían con su esforzado trabajo diario.

Y solamente cuando han constatado el arrogante menosprecio de quienes tienen en sus manos corregir o aliviar su situación, han decidido exhibir un cartel a modo de lamento en el escaparate.

Comercios y comerciantes de diversa condición según su especialidad, su volumen de negocio, sus ideas, han coincidido en realizar esta alerta que por su extensa acogida no ha pasado desapercibida.

Una protesta pacífica, silenciosa y además amable y fácilmente comprensible. Una crítica, que en cualquier otro lugar daría paso al consecuente debate dentro de los cauces de una sociedad democrática.

Sin embargo, aquí la inocente y elocuente campaña despertó las iras de los matones.

Esos individuos en el anonimato y al unísono poblaron las redes y las puertas de las tiendas de panfletos que “invitaban” a los comerciantes a “marcharse” así como quienes les difamaban imputándoles estar al servicio de “poderes económicos “o partidos políticos.

 Como si los que tienen que ganarse el mes subiendo la persiana, fuesen unos descerebrados que descuidan su negocio para supeditarse a causas ajenas al mismo…

Tras la primera actuación de los matones anónimos que señalan y amedrentan a comerciantes con nombres y apellidos, entra en acción un comisario político del grupo del alcalde, el cual, afila la daga y apunta a quienes se quejan y los descalifica y calumnia.

Una vez de sentirse arropados, los matones reanudan la acción y dan un paso más en su escalada de modo que “visitan” varios establecimientos para remitirles un mensaje clásico del repertorio calabrés: “Tus cristales no son blindados”.

Ante tan convincentes acciones, los tenderos expuestos e indefensos, como es natural  continúan con su tarea diaria y en apenas 48 horas retiran los rótulos pues conocen (porque ya lo han sufrido en el pasado) que la siguiente arremetida conlleva ataques a sus establecimientos, rotura de lunas, pintadas…

Y finalmente quien tiene la obligación de proteger, defender, investigar, y ayudar a los comerciantes de su ciudad no solo escurre el bulto sino que acusa a los tenderos amenazados tildándolos de “mentirosillos”.

La actuación del alcalde de Bildu ha supuesto el aliento definitivo que precisaban los matones.

El silencio cómplice de sus socios de Geroa Bai, de Podemos Aranzadi, de Izquierda Ezquerra vale lo que valen las contraprestaciones que reciben por respaldar al alcalde y a sus alcaldadas.

Hace algo más de una década el casco antiguo de Pamplona era el parque temático de la autodenominada izquierda abertzale. Un coto particular controlado con mano de hierro por la también conocida kale borroka.

Fueron precisamente entre otras muchas causas, las peatonalizaciones, rehabilitaciones y otras reformas las que consiguieron poco a poco recuperar el uso y disfrute de la parte antigua de la ciudad para todos los ciudadanos y visitantes.

Hoy gobiernan Pamplona los sucesores de aquella Batasuna que se sintió dueña y señora de la vida y la libertad de todos.

Más allá de todas estas controversias de la gestión municipal, está en la voluntad de todos los  pamploneses el convencerles que esos tiempos pasados donde todo el mundo callaba por temor no van a regresar.

Los matones no los acosan por ser comerciantes sino por ser discrepantes.

 Y ya el colmo es que ese agregado de intereses dispares no sólo no sea capaz de concretar y terminar una sola acción de envergadura sino que además sus discusiones internas empobrezcan y añadan dificultades en el día a día de los ciudadanos gobernados.

Y por este camino se está conduciendo el Gobierno de Barkos, un ejecutivo en el que la factura de sus disputas y pulsos  internos se la cargan en la cuenta de  los ciudadanos.

Desde el comienzo, las trifulcas dialécticas y los desencuentros de ideas y de proyectos han sido la pauta. Las  consecuencias de esta continuada conducta, han conllevado   inoperancia en la acción y  subidas de impuestos alocadas, fruto de los apaños entre los asociados que sostienen el cuatripartito.

Así ocurrió en el último trimestre de 2015 en el que las discrepancias internas sobre los nombramientos de cargos,  la paga extra de los funcionarios o los desatinos en educación ocupaban todo el quehacer político.

 Mientras tanto se avecinaba una reforma fiscal en la que cada cual tiraba para su lado  sin mostrar ninguna visión en favor del interés general.

El resultado de todo ello se concretó el 22 de diciembre de 2015 con  una reforma fiscal repleta de componendas y arreglos entre los cuatro grupos.

 Un alteración tributaria  que  pagamos todos los ciudadanos en forma de un incomprensible castigo fiscal a las familias (subida de tipos y eliminación del sistema de reducciones a las familias con hijos sea cual sea su renta)  y para dar satisfacción a los jerarcas de Bildu,  se incrementa un impuesto a la empresa familiar que los emprendedores  no lo sufren en ningún otro lugar.

El segundo año de gobierno de Barkos prosiguió con idéntica trama: líos de banderas, más discusiones por la paga debida a los funcionarios, bloqueos de presupuesto debido al incremento de gasto, nuevos altercados por contratación de informes sobre la ocurrencia de contar con una banca pública y nuevo “retoque” fiscal.

Resultado: se prolonga la inoperancia y de nuevo al finalizar el año 2016 se firma otra tregua entre los miembros del gobierno con la   aprobación de más  medidas tributarias en las que no solamente se prolongan las injustas subidas de impuestos a las familias y a las empresas sino que se aprovecha la ocasión para “calmar “a los parlamentarios de Podemos añadiendo una repentina penalización fiscal a todos los previsores que se esfuerzan en disponer planes de pensiones para el futuro.

Y así llegamos a  este inicio de curso en el que las riñas  persisten y suben de tono por el sectario interés de la mayoría de grupos del gobierno en el sentido de que Navarra quede fuera de la alta velocidad ferroviaria.

 Y de nuevo se repite el mismo bucle: nueva retahíla  de zancadillas adentro del gobierno para paralizar no sólo el tren y el Canal de Navarra sino ahora también el traslado de salesianos. Y nuevos tejemanejes en materia de fiscalidad.

Ahora la novedad es que, tras comprobar los cientos de casos de ciudadanos maltratados por el injusto desembolso económico, algún grupo apunta cierta voluntad de rectificar. Si bien a cambio, otros socios ya reclaman  que se endurezcan aún más los impuestos a las empresas que son quienes crean empleo y a quienes este gobierno trata como si fueran algo ajeno, o extraño al progreso social.

En definitiva, las subidas de impuestos parece resultar la medicina que calma los enfrentamientos y disputas del cuatripartito. Lo peor es que tal paliativo lo elaboran disminuyendo el bolsillo de los ciudadanos a los que deben servir y ofrecer mejoras.

Unas reformas atolondradas, producto del regateo de proposiciones sectarias de los diferentes socios de gobierno alejadas del interés ciudadano y sin responder a ninguna visión de progreso.

Y es que, mantener el poder no es lo mismo que gobernar en favor de la gente sino que en ocasiones lo primero se opone a lo segundo.

El detalle de esta pesadilla diaria nos lo transmitía en el parlamento un representante de las víctimas del terrorismo.

La agresión fascista del Alsasua, con toda la gravedad que encierra tan solo muestra una  parte de otra realidad mucho más severa y pavorosa como es, la persecución programada y constante de un grupo de ciudadanos ( los trabajadores de la guardia civil), llevada a cabo  por una organización de la izquierda abertzale  que los señala, los denigra y humilla por motivos ideológicos. El verdadero problema no es la agresión en sí misma sino la permanente coacción previa que la ha alentado.

Esa organización, que antes fue ETA, que fue también Gestoras pro amnistía y que ahora se hacen llamar Ospa, desde hace años diseñaron la Campaña Alde Hemendik (“que se vayan”).

 “Tenemos que recuperar la tensión de la presión social y multiplicar las consecuencias del llamado síndrome del norte” dejaron por escrito en sus documentos.

 Y más adelante en el mismo documento citaban “iniciativas” para concretar esa presión proponiendo por ejemplo a los ayuntamientos que a las casas cuartel, se les “cortase el agua o la luz”.

 Respecto de los comercios, la consigna escrita también figura sin tapujos: “txakurras en los bares fuera”.

Es imposible ser más elocuente en la instrucción ni más obedientes quienes las obedecen.

En efecto, una agresión, “una trifulca” violenta se puede producir de manera desgraciada en cualquier localidad.

 Lo que sucede, es que este hostigamiento atroz, continuo y planificado contra un grupo de ciudadanos por el hecho de desempeñar con dignidad  una determinada actividad profesional,  solamente se produce en aquellos lugares donde los radicales campan a sus anchas con el silencio cómplice de todo el nacionalismo que niega esta intolerable violación de los derechos humanos y mira para otro lado.

Más allá del “yo condeno la agresión como no puede ser de otra manera”, ¿alguien ha escuchado o visto a la Presidenta Barkos referirse a este irrespirable ambiente de persecución contra estos trabajadores y sus familias?, ¿en algún momento la Presidenta ha pedido  a su compañero de partido y alcalde de Alsasua que como primera medida por la convivencia, proceda a borrar todas las pintadas, carteles, pancartas vejatorias contra estas personas?

Quien debería actuar como presidenta de todos, ¿va a atreverse a proclamar que es una prioridad del gobierno que esas personas guardias civiles pueden  comprar el pan,  pasear o acudir a los bares y lugares de ocio de la localidad navarra como cualquier otro ciudadano?, ¿alguien conoce alguna propuesta de Barkos o idea para garantizar la igualdad y los derechos humanos de los guardias ante tanta intolerancia diaria?

Tras el inicial condeno “los hechos”, la  respuesta de la presidenta del Gobierno de Navarra ante este totalitario acoso ha consistido:

En primer lugar, apresurarse a de dictaminar sentencia absolutoria sobre los acusados  en nombre del gobierno a golpe de micrófono sin esperar a que el juicio imparcial con todas las garantías se celebre.: “para el gobierno los hechos no constituyen delito de terrorismo” sentenció .

En segundo lugar, tratar  de imponer el silencio sobre los hechos, como si mirar para otro lado representase la mejor forma de terminar con la  persecución y la violación diaria de la libertad y convivencia de quien no piensa como los matones (dejemos de hablar de esto, rebajemos el soufflé).

Y para terminar, la pirueta de la presidenta ha consistido en comprometer la presencia y apoyo del Gobierno de Navarra en una manifestación en la que estarán casi  todos quienes apoyan a los agresores.

 Una convocatoria en la que nadie se atreverá a apoyar a los guardias agredidos y en la que nadie, absolutamente nadie denunciará la persecución contra la guardia civil, una persecución  que alimenta hechos como los ocurridos el mes pasado.

Todo ello utilizando el concepto “pueblo de Altsasu”  a modo de coartada dialéctica para justificar su actitud.

Una actitud pueril que pretende situar a todos los alsasuarras al lado de quienes desprecian a la guardia civil cuando todos sabemos que afortunadamente no es así.

No cabe mayor error ni mayor decepción.

El cambio, el verdadero cambio en Navarra llegará cuando cualquier persona, cualquier ciudadano en pleno de sus derechos civiles pueda vivir y convivir en libertad sin temor a expresar sus ideas en todas esas localidades de Navarra  en las que hoy no puede hacerlo debido a la amenaza de unos y a la complicidad de otros.

Cuando cualquier persona, cualquier trabajador sea guardia civil o concejal del partido democrático que prefiera pueda comprar pan y leche, salir con los amigos o con su familia sin ningún temor en igualdad de condiciones que todos.

Hasta que esa libertad real y  derecho   a convivir sea efectivo, las formaciones como la que me honro en pertenecer y represesentar, pondremos todo nuestro empeño democrático en conseguirlo. Aunque la presidenta Barkos nos mande callar.

Sin embargo en los sistemas democráticos existe un poder judicial distinto y separado del ejecutivo el cual, investiga, enjuicia y dictamina conforme a unas normas penales y procesales y con la participación de las asistencias jurídicas de las partes y del Ministerio Fiscal.

Viene esto a cuento de estos días, en los que Bildu se apresuraba públicamente a echar un capote a su concejal de urbanismo Joxe Abaurrea, investigado por un presunto delito de prevaricación. Lo hacía sin esperar a que el juez realizase las actuaciones necesarias para la averiguación de los hechos.

En su precipitada ¨sentencia absolutoria¨ sobre sí mismos, además de no ofrecer ninguna explicación o argumento que  disculpase la actuación del concejal, los de Bildu, zanjaron el tema afirmando sin rubor: “no hay duda sobre la corrección de la gestión”

Falso. Sí hay dudas. Claro que hay dudas. Tantas dudas que el Juzgado de instrucción nº 2 de Pamplona ha decidido admitir a trámite  una querella criminal contra el citado concejal entre otros investigados.

Tantas dudas que el Juez ha considerado citar como investigado (o imputado en la denominación legal hasta hace un mes) al concejal Abaurrea.

Tantas dudas que el Juez en su auto señala que los hechos denunciados pueden constituir un delito de prevaricación y en consecuencia ordena practicar las averiguaciones oportunas.

Y quizás tantas y tantas dudas que los jerarcas de Bildu han decidido salir a la desesperada a proclamar que no hay dudas y de paso echar al aire la enésima teoría de la conspiración sobre sus adversarios políticos.

En nuestro derecho procesal, conforme a la Ley de Enjuciamiento criminal, la admisión de una querella determina el inicio de las diligencias procesales, interumpe los plazos de prescripción sobre los hechos denunciados y sobretodo entraña una primera calificación jurídica de los hechos.

En el caso que nos ocupa, sobre  el concejal de Bildu, esa primera calificación jurídica que hace el Juez es la de posible delito de prevaricación. Ni más ni menos. Como para sostener que “no hay dudas”….

No hay dudas del desprecio que a Bildu le merece la decisión del Juez. No hay dudas que el imputado en este caso pertenece a Bildu. Y tampoco hay dudas sobre lo que hubiera “dictaminado” Bildu si el investigado por prevaricación militase en otra formación política. No hay dudas que en tal caso, que el concejal ya para estas horas hubiese sido juzgado y condenado en dos líneas por los mismos iluminados que acuden con urgencia a exculpar a su concejal.        

Por lo demás, si se permite el apunte, a cualquier conocedor de los procedimientos de licencias le surgen muchas dudas sobre ese ajetreo de unos días de agosto, en los que un acto administrativo reglado y completo no ve la luz y a los pocos días “surge” una suspensión generalizada de licencias de ese tipo y en esa zona… Cuando menos bien merece una investigación a fondo.

Por fortuna aún no se ha proclamado el régimen dictatorial que Bildu anhela, y aquí los procedimientos judiciales continúan tramitándose por el Poder Judicial con todas las garantías que nuestra democracia recoge en el ordenamiento jurídico.

A su vez una elemental expresión de la seguridad jurídica en materia de autorizaciones y concesiones administrativas es aceptar que los derechos del ciudadano frente a la administración se entienden reconocidos conforme a la norma vigente en el momento de la solicitud y no con la que se apruebe posteriormente.

Supongamos que deciden subir a 19 años la edad mínima para obtener el carnet de conducir. ¿Alguien en sus cabales podría pretender confiscar los carnets de conducir a aquellos jóvenes de 18 años que ya lo han obtenido previamente a la nueva norma? Pues por esos terrenos ha serpenteado el Alcalde.

Han bastado poco más de los cien días de ejercicio del poder municipal  y ya los Jueces han tenido que parar los pies a  alcalde de Bildu ante un flagrante abuso.

El pasado jueves día 8 de octubre, el juzgado de lo contencioso número 3 de Pamplona ordena al Ayuntamiento de Pamplona dejar sin efecto la prohibición de una exposición en la Ciudadela cuya celebración estaba debidamente autorizada ya que sus solicitantes habían seguido fielmente el procedimiento municipal  y la norma que lo regula.

Para impedir la celebración de esta muestra, previamente autorizada y ya programada el equipo de gobierno de Bildu dictó una suerte de normativa improvisada por la cual repentinamente quedaba prohibido el uso de la sala –precisamente de esa sala-para realizar exposiciones.

Es decir, el poder municipal  cambia la norma general con el fin de impedir un caso particular que,  ( como es fácil deducir) no es del gusto del Alcalde.

Para rematar el atropello, decide intentar anular la autorización apoyándose en la misteriosa y repentina ¨norma¨ ideada días atrás.

La terquedad y autoritarismo municipal se ha impuesto a todas las voces y requerimientos que pedían corregir el desafuero.

Ya no quedaba más que rendirse ante la injusticia o acudir al auxilio judicial, el cual se ha producido de forma razonada y eficaz condenando al Alcalde a deponer su arbitrariedad.

La muestra objeto de censura es la exposición de documentos y objetos que narran la historia de la lucha contra el terrorismo que durante las últimas décadas han llevado a cabo los agentes de la Policía Nacional.

Una lucha que por cierto ha costado la vida nada menos  183 personas, miembros de la policía nacional asesinados por ETA. 183 familias destruidas y el esfuerzo de miles de profesionales para que hoy todos nosotros vivamos en libertad. Como para no merecer el título de Victoria de la Libertad, el resumen de su excelente labor. La victoria de la Libertad frente a la censura de un Alcalde.

Mujeres y hombres, ciudadanos libres y victoriosos frente a un alcalde que en poco más de tres meses une su actuación a los términos:  censura, abuso arbitrariedad…

El récord del Alcalde de Pamplona menos votado de los últimos treinta años es hasta el momento,  celebrar sus cien primeros días con una decisión judicial que corrige su abuso y exceso de autoridad. Triste récord.