Y creo que este es uno de ellos.

Ceuta lleva semanas viviendo una situación que debería preocupar a cualquier español. Una ciudad española, ciudadanos españoles que viven con preocupación e incertidumbre y una sensación que resulta cada vez más difícil de esconder: la de sentirse solos ante una situación que no han provocado y frente a la que esperan respuestas de su propio país.

Porque conviene recordarlo, aunque algunos parezcan olvidarlo: Ceuta es España.

Y también lo es Melilla.

No son una nota a pie de página en el mapa. No son territorios de segunda. No son ciudades españolas solamente cuando interesa recordarlo.

Son España. Y lo han sido durante siglos.

Por eso, lo que ocurre allí debería importarnos también aquí, en Navarra.

Porque la defensa de España no termina en Pamplona, ni en Tudela, ni en Roncesvalles. Tampoco termina en el Estrecho.

España es mucho más que el lugar donde cada uno de nosotros vive. Es una nación formada por ciudadanos que tienen los mismos derechos y que deberían tener también la certeza de que, cuando llegan los problemas, su país no mira hacia otro lado.

Y aquí está una de las grandes cuestiones.

¿Qué ocurre cuando un país transmite debilidad?

Marruecos conoce perfectamente el valor estratégico de Ceuta y Melilla. Y cualquier país observa las señales que transmite su vecino. Cuando desde España se proyecta división, improvisación o ausencia de una política exterior firme, otros pueden interpretar que existe margen para presionar.

Y con la soberanía nacional no se juega.

Tampoco con nuestras fronteras.

Ni con la seguridad de los españoles.

Podemos discutir sobre gobiernos, presidentes y partidos. Podemos discrepar sobre inmigración, política exterior o cualquier otra cuestión. Eso es la democracia.

Pero hay líneas que deberían estar por encima de cualquier sigla.

La defensa de nuestros ciudadanos es una de ellas.

Mientras tanto, los ceutíes esperan.

Esperan respuestas.

Esperan seguridad.

Pero, sobre todo, esperan sentir que detrás de ellos está España.

Y creo que también nosotros debemos preguntarnos algo:

¿Qué hacemos cuando otros españoles necesitan nuestro apoyo?

La respuesta debería ser sencilla.

Estar.

Hoy 2 de septiembre, Día de Ceuta, se ha convocado una concentración de apoyo en los ayuntamientos de Navarra y creo sinceramente que merece la pena acudir.

No para defender a un partido.

No para defender unas siglas.

No para enfrentarnos entre españoles.

Para defender a Ceuta.

Para decir a sus ciudadanos que, aunque estén a cientos de kilómetros de Navarra, no están solos.

Porque desde aquí también podemos mandar un mensaje muy claro:

Ceuta es España. Y los españoles de Ceuta son tan españoles como los de Pamplona, Estella o Tudela.

Y también podemos mandar otro mensaje a quienes observan desde fuera:

España no renuncia a sus ciudades. España no renuncia a sus fronteras. España no renuncia a sus ciudadanos.

El 2 de septiembre no se trata de quién gobierna.

Se trata de algo mucho más sencillo.

Se trata de estar.

Porque si somos capaces de llenar las calles para reivindicar tantas causas, también deberíamos ser capaces de salir a la calle para defender algo tan básico como la unidad, la soberanía y la seguridad de nuestros compatriotas.

Por eso, el 2 de septiembre, desde Navarra, yo estaré.

Y animo a quien comparta esta preocupación a estar también.

Porque cuando un español necesita saber que su país está detrás de él, no podemos responder con silencio.

Ceuta es España.

Ceuta no está sola.

Y desde Navarra también lo decimos.

Carta de Juan Antonio Extremera

Una de ellas es MENA.

Se habla de una nueva llegada de menores migrantes y, antes incluso de que los ciudadanos conozcamos cuántos van a venir, dónde se van a alojar o cómo se va a gestionar su atención, ya empiezan a aparecer los millones.

Millones de euros.

Y, como siempre, dinero ajeno.

En Navarra tenemos un ejemplo que debería hacernos reflexionar. El Gobierno foral ha comprometido 48,7 millones de euros hasta 2030 para el conjunto de programas y servicios concertados de protección infantil con la Fundación Ilundáin/Haritz Berri.

Que nadie se confunda: esos 48,7 millones no corresponden exclusivamente a los centros de Artica ni exclusivamente a menores migrantes. Pero sí demuestran el enorme volumen de dinero público que se mueve alrededor de este sistema.

Y precisamente por eso hay que preguntar.

Porque en Artica existen dos recursos residenciales gestionados por esa fundación. Y resulta que, después de años funcionando, el Ayuntamiento de Berrioplano ha tenido que intervenir al considerar que la actividad requería una licencia de actividad clasificada e iniciar un expediente para regularizar la situación.

Y yo me pregunto algo muy sencillo.

¿De verdad esto le ocurriría a cualquier pequeño empresario navarro?

Imaginen que cualquiera de nosotros abre un negocio sin la licencia que corresponde. No creo que la Administración nos dijera: «No se preocupe, siga funcionando unos años y ya veremos cómo lo arreglamos».

Más bien ocurriría todo lo contrario.

Inspección.

Requerimiento.

Posible sanción.

Y, si procede, cierre.

Pero parece que en Navarra hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Unos tienen que cumplir escrupulosamente cada requisito administrativo y otros, aun gestionando servicios financiados con dinero público, pueden encontrarse años después con un expediente de regularización.

Y esto no es criticar a los menores.

Que quede claro.

Un menor, venga de donde venga, debe ser protegido.

Lo que critico son las formas.

Critico que cada vez que surge este asunto la respuesta parezca ser siempre la misma: más dinero público.

Pero pocas explicaciones.

¿Dónde va cada euro?

¿Quién lo gestiona?

¿Qué entidades reciben los contratos o conciertos?

¿Qué controles existen?

¿Se cumplen todas las condiciones y licencias?

¿Quién responde cuando algo no funciona como debería?

Son preguntas perfectamente legítimas.

Porque el dinero público no cae del cielo.

Sale del bolsillo de todos nosotros.

De ese autónomo que paga sus impuestos. Del trabajador que llega justo a fin de mes. Del comerciante que tiene que cumplir una montaña de requisitos para abrir su negocio.

Por eso resulta tan fácil ser generoso con el dinero de los demás.

Y ahora, mientras Navarra vuelve a hablar de nuevas acogidas y nuevas partidas económicas, quizá antes habría que poner orden en lo que ya tenemos.

Porque la solidaridad sin control no es buena gestión.

Y la humanidad no puede utilizarse como una palabra mágica que impida hacer preguntas.

Precisamente porque hablamos de menores y precisamente porque hablamos de millones de euros públicos, la exigencia debería ser máxima.

Máxima transparencia.

Máximo control.

Y cumplimiento de la ley para todos.

Porque ayudar a quien lo necesita es humanidad.

Pero los navarros también tenemos derecho a saber quién cobra, cuánto cobra, cómo se gasta nuestro dinero y quién controla que las cosas se hagan correctamente.

Después de lo ocurrido en Artica, la pregunta ya no debería ser si Navarra debe ayudar.

La verdadera pregunta es otra:

¿Se está gestionando todo esto con humanidad y responsabilidad o alrededor de la gestión de los menores se ha creado un sistema donde algunos viven demasiado cómodamente del dinero de todos?

Porque ser solidario no significa dejar de preguntar.

Y exigir explicaciones sobre millones de euros públicos no es racismo ni falta de humanidad.

Es, sencillamente, defender lo que es de todos.

Y cuando el dinero es de todos, las explicaciones también deberían ser para todos.

Juan Antonio Extremera Apesteguia

Porque cuando uno mira la estructura del Gobierno de María Chivite, la sensación es que nunca es suficiente.

Una presidenta. Trece departamentos. Consejeros y vicepresidentes. Direcciones generales. Jefes de gabinete. Asesores. Personal eventual. Organismos autónomos. Sociedades públicas. Fundaciones públicas. Una estructura que se ramifica y crece hasta el punto de que al ciudadano le resulta casi imposible saber cuántas personas forman parte de la maquinaria política que mantiene el Gobierno foral.

Los datos oficiales, sin embargo, permiten hacerse una idea.

A 1 de junio de este año, el propio Gobierno de Navarra contabilizaba 146 personas de personal eventual en el conjunto de la Administración Foral y sus organismos. Es decir, personal que ocupa puestos de confianza y asesoramiento vinculados a la estructura gubernamental.

Ciento cuarenta y seis.

Y conviene detenerse en la cifra.

En el Departamento de Presidencia e Igualdad aparecen 13 personas de personal eventual. En Derechos Sociales, 10. En Cohesión Territorial, Cultura, Interior y Vivienda, 8 en cada uno. Economía y Hacienda, Desarrollo Rural, Industria, Memoria y Euskera y Universidad cuentan con 7. Educación tiene 6. Y el propio Gabinete del Gobierno de Navarra suma otras 6.

Y eso sin entrar todavía en los organismos autónomos y en otras estructuras dependientes de la Administración.

Por supuesto, no todos esos puestos tienen el mismo sueldo ni la misma responsabilidad. Sería injusto afirmarlo. Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado ante una realidad evidente: la estructura de confianza y dirección del Gobierno de Navarra mueve cada vez más nombres y cada uno de esos nombramientos tiene un coste para el contribuyente.

Un jefe de gabinete de un consejero tiene fijada para 2026 una retribución anual superior a los 61.000 euros. Un asesor de Presidencia o un director general supera los 66.000 euros anuales. La presidenta tiene fijada una retribución básica de más de 83.000 euros y los consejeros y vicepresidentes superan los 77.000.

Y a eso hay que sumar la multitud de puestos que conforman la estructura de cada departamento.

La pregunta, por tanto, no es si quienes ocupan esos puestos tienen derecho a cobrar por su trabajo. Naturalmente que sí.

La pregunta es otra.

¿Cuántos cargos, asesores y puestos de confianza necesita realmente Navarra?

Porque mientras el Gobierno crece hacia dentro, los ciudadanos miramos hacia fuera.

Miramos las listas de espera sanitarias. Los problemas de vivienda. Las dificultades de muchas empresas. La presión fiscal. Las carreteras pendientes. Los problemas para encontrar empleo en determinados sectores. La burocracia que desespera a autónomos y pequeños empresarios.

Y entonces resulta inevitable preguntarse si tanta estructura política se está traduciendo realmente en una Administración más eficaz.

Porque un Gobierno puede tener muchos departamentos, muchos directores, muchos gabinetes y muchos asesores. Pero si los problemas siguen acumulándose, quizá ha llegado el momento de preguntarse si estamos construyendo una Administración para resolver los problemas de los ciudadanos o una estructura cada vez mayor para sostenerse a sí misma.

Solo en el programa presupuestario de Dirección del Gobierno de Navarra para 2026 se consignan 282.846 euros para retribuciones de altos cargos y 106.600 euros para personal eventual, además de gastos de funcionamiento y viajes. Y eso es únicamente una pequeña pieza de un engranaje mucho mayor repartido por toda la Administración.

Mientras tanto, Navarra tiene presupuestados este año más de 24 millones de euros en la política presupuestaria denominada «Alta dirección», según el propio portal presupuestario del Gobierno foral. La cifra engloba distintas áreas institucionales y no equivale únicamente a asesores, pero sirve para comprender la dimensión económica de toda la estructura de dirección y gobierno.

Quizá el problema no sea un nombramiento concreto.

Quizá el problema sea la suma de todos ellos.

Porque cada nuevo director, cada nuevo asesor, cada nuevo gabinete y cada nueva estructura puede parecer, por separado, perfectamente justificable.

Pero cuando se suman todos, la factura deja de ser pequeña.

Y esa factura no la paga el Gobierno.

La pagamos los navarros.

Tal vez ha llegado el momento de que María Chivite se haga una pregunta muy sencilla: ¿necesita Navarra un Gobierno más grande o un Gobierno que funcione mejor?

Porque para crear cargos parece que nunca faltan recursos.

Para resolver los problemas de los ciudadanos, demasiadas veces, sí.

Y esa es quizá la mayor diferencia entre gobernar para la Administración y gobernar para los navarros: en lo primero, cuanto más grande es la estructura, más gente encuentra un despacho; en lo segundo, lo importante debería ser que el ciudadano encuentre soluciones.

Que alguien sea republicano es legítimo. También lo es que lo sea un socialista. Pero cuando quien cuestiona públicamente al jefe del Estado es un ministro del Gobierno de España, la cuestión deja de ser una simple opinión personal. Estamos hablando de un miembro de un Gobierno que tiene la obligación de respetar y defender las instituciones constitucionales.

Pero lo verdaderamente preocupante no es solamente lo que dice Puente. Lo preocupante es el PSOE que hay detrás de Puente.

El mismo PSOE que ha convertido a Bildu en un socio parlamentario. El mismo PSOE que ha negociado con Arnaldo Otegi. El mismo PSOE que ha necesitado sus votos para gobernar.

Y aquí hay algo que jamás deberíamos olvidar: ETA asesinó durante décadas y dejó en Navarra una lista de víctimas que no puede convertirse en una nota al pie de la historia.

Por eso hay hechos que duelen especialmente.

Hace 26 años ETA asesinó a Francisco Casanova en Berriozar. Un hombre asesinado simplemente por ser quien era, por vestir un uniforme y por representar a España.

Y cuando recientemente se le rindió homenaje en Berriozar, la ausencia de representantes del PSOE y de la Delegación del Gobierno resulta, como mínimo, difícil de comprender.

Porque mientras algunos ministros socialistas encuentran tiempo para discutir sobre el rey, las víctimas de ETA siguen necesitando algo mucho más sencillo: memoria, respeto y reconocimiento.

No necesitamos discursos grandilocuentes. Necesitamos que quienes representan al Estado estén donde están las víctimas.

Y aquí aparece una contradicción que no podemos ignorar.

Por un lado, un ministro socialista cuestiona públicamente al rey.

Por otro, el PSOE mantiene acuerdos con Bildu.

Y mientras tanto, en Navarra, hay homenajes a víctimas de ETA en los que la representación socialista y del Gobierno de España brilla por su ausencia.

¿De verdad nadie en el PSOE considera que esto debería hacerles reflexionar?

Y la pregunta llega inevitablemente a Navarra:

¿Qué piensa María Chivite?

Porque Chivite no puede pedirnos que entendamos cada pacto como una simple necesidad parlamentaria y después pretender que los ciudadanos no hagamos preguntas.

Los navarros tenemos memoria.

Recordamos a Francisco Casanova. Recordamos a sus familiares. Recordamos a las víctimas que tuvieron que vivir durante años bajo la amenaza de ETA.

Y también recordamos quién estuvo y quién no estuvo cuando tocaba estar.

Yo no le pido al PSOE que sea monárquico.

Le pido algo mucho más sencillo: que sea constitucionalista, que respete las instituciones y que esté al lado de las víctimas del terrorismo.

Porque una cosa es cambiar de opinión.

Otra, muy distinta, es cambiar de principios para conservar el poder.

Por eso la pregunta ya no es solamente qué piensa Óscar Puente.

La pregunta es:

¿Qué PSOE queda?

Y en Navarra, todavía más:

¿Qué PSN queda cuando su presidenta guarda silencio ante todo esto?

Pues permítanme discrepar.

Como ciudadano navarro, cuando escucho que al Gobierno le sobra dinero, mi primera pregunta es bastante sencilla: ¿y cuánto dinero les sobra a los navarros después de pagar impuestos?

Porque ese dinero que aparece en las cuentas públicas no ha caído del cielo. Sale del esfuerzo de los ciudadanos. Del trabajador que todos los meses ve cómo una parte de su sueldo se va en impuestos, del autónomo que intenta sacar adelante su negocio, de la pequeña empresa que lucha por mantenerse y contratar, y de las familias que cada día tienen que hacer más números para llegar a final de mes.

Por eso no entiendo demasiado ese orgullo por recaudar y acumular más.

Yo prefiero que haya menos superávit en las arcas públicas y más dinero en nuestros bolsillos.

Y no estoy diciendo que no haya que pagar impuestos. Naturalmente que hay que financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales, las carreteras y todos aquellos servicios que una sociedad necesita. Lo que cuestiono es esa idea de que cuanto más recauda el Gobierno, mejor.

No necesariamente.

Si después de cubrir las necesidades de Navarra existe margen, ¿por qué no dejar ese dinero donde, en mi opinión, mejor puede estar: en el bolsillo de quien se lo ha ganado trabajando?

Porque ese dinero también mueve la economía.

Si una familia dispone de 100 euros más, puede comprar unos zapatos en el comercio de su barrio. El comerciante tendrá más ingresos, podrá comprar más género y mantener o incluso ampliar su actividad. El proveedor también trabajará más y sus empleados recibirán sus salarios.

Otro ciudadano puede utilizar esos 100 euros para llevar el coche al taller. Otro, para arreglar una avería de casa. Otro, para ir a comer con su familia. Otro puede ahorrarlos para una vivienda. Y un autónomo puede utilizarlos para comprar una herramienta, mejorar su negocio o contratar un servicio.

El dinero no deja de mover la economía porque no esté en las cuentas del Gobierno.

También la mueve cuando está en nuestros bolsillos.

La economía real está en nuestras calles, en las tiendas, en los bares, en los talleres, en las pequeñas empresas y en los autónomos. Está en las decisiones que tomamos cada día sobre qué comprar, dónde gastar, qué negocio abrir o qué inversión realizar.

Por eso me cuesta entender que el éxito de una Administración se mida únicamente por cuánto consigue recaudar.

Para mí, un buen Gobierno debería presumir de gestionar bien, de eliminar gastos innecesarios, de facilitar la vida a empresas y autónomos y, cuando exista margen, de bajar impuestos.

Porque el dinero que administra el Gobierno no es suyo.

Es nuestro.

Y cada euro que dejamos de pagar en impuestos es un euro que podemos decidir nosotros dónde utilizar.

Ese euro puede acabar en una tienda de nuestro barrio, en el taller de un autónomo, en un restaurante, en una pequeña empresa, en una reforma de nuestra vivienda o simplemente en una cuenta de ahorro. Y todas esas decisiones, tomadas libremente por miles de ciudadanos, también generan actividad económica.

No se trata de enfrentar al sector público con el privado. Se trata de encontrar un equilibrio. Necesitamos una Administración que funcione y unos servicios públicos de calidad, pero también necesitamos ciudadanos con capacidad económica para consumir, ahorrar, invertir y emprender.

Y creo que aquí está la gran diferencia.

El Gobierno administra nuestro dinero; nosotros sabemos lo que necesitamos en nuestros hogares y en nuestros negocios.

Por eso, cuando escucho hablar del superávit, no puedo evitar pensar que quizá deberíamos mirar las cosas desde el otro lado.

¿De qué sirve que las arcas públicas tengan cada vez más dinero si el ciudadano tiene cada vez menos capacidad para decidir sobre el suyo?

¿No sería también una magnífica noticia anunciar que los navarros van a pagar menos?

¿No sería una buena noticia que un autónomo tuviera unos cientos de euros más para invertir en su negocio?

¿Que una familia pudiera ahorrar un poco más?

¿Que una pequeña empresa pudiera utilizar ese dinero para contratar?

¿Que un joven pudiera disponer de más recursos para independizarse?

Creo que todos responderíamos que sí.

Así que enhorabuena por el superávit, señores del Gobierno.

Pero permítanme una pequeña ironía:

yo no quiero que Navarra presuma solamente de que al Gobierno le sobra dinero.

Quiero que podamos presumir de que a los navarros nos sobra un poco más.

Porque quien trabaja todo el mes tiene derecho a disfrutar de una parte mayor del fruto de su trabajo.

Y si hay margen para que el Gobierno tenga un poco menos y los ciudadanos tengamos un poco más, yo lo tengo claro.

Prefiero el dinero en mi bolsillo.

Porque sé lo que cuesta ganarlo.

Y porque sé que, una vez allí, podré decidir libremente si lo gasto, lo ahorro, lo invierto o lo utilizo para ayudar a mi familia.

Ese dinero también mueve Navarra.

Ese dinero también crea empleo.

Ese dinero también mantiene abiertos nuestros comercios.

Ese dinero también permite invertir y emprender.

Por eso creo que deberíamos cambiar un poco la manera de entender el éxito económico de una Administración.

Una Navarra próspera no es solamente aquella en la que el Gobierno tiene las cuentas llenas.

Es aquella en la que sus ciudadanos pueden vivir mejor, sus empresas pueden crecer, sus autónomos pueden trabajar sin tantas trabas y sus familias tienen capacidad para decidir sobre el fruto de su esfuerzo.

Así que menos triunfalismo con el superávit público y más preocupación por el bolsillo del ciudadano.

Porque, al final, el mejor superávit que puede tener Navarra es el que queda en los bolsillos de sus ciudadanos.

Juan Antonio Extremera Apesteguia

La última ocurrencia consiste en enviar cartas a propietarios de viviendas que la Administración considera vacías tras cruzar datos de consumo eléctrico, agua y registros administrativos. Lo llaman política de vivienda. Otros lo llamarán una nueva demostración de que la izquierda siente una atracción casi irresistible por meter la nariz donde no la llaman.

La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué hay propietarios que prefieren dejar un piso cerrado? La respuesta también. Porque muchos han aprendido por las malas.

Hay quien ha sufrido años de impagos. Hay quien ha tenido que gastar miles de euros en abogados para recuperar su vivienda. Hay quien se ha encontrado el piso destrozado. Y hay quien, como quien firma estas líneas, llegó a descubrir que su vivienda había terminado convertida en un prostíbulo. Esa experiencia vacuna para siempre contra los discursos de quienes hablan del alquiler desde un despacho oficial y jamás han tenido que recuperar una llave por vía judicial.

Pero el Gobierno parece haber encontrado al culpable perfecto: el propietario.

No se persigue al delincuente que ocupa una vivienda. No se avergüenza públicamente al moroso profesional. No se envían cartas a quienes convierten el alquiler en una pesadilla. No. La carta llega al ciudadano que ha comprado una vivienda con su dinero, paga el IBI, paga la comunidad, paga los impuestos... y, además, debe explicar por qué no la alquila.

Extraordinario.

Lo verdaderamente preocupante no es la carta. Es la mentalidad. Esa idea tan arraigada en cierta izquierda de que todo lo privado debe estar permanentemente supervisado por la Administración. Si tienes una vivienda, el Gobierno quiere saber qué haces con ella. Si mañana tienes dos, quizá quiera saber por qué. Y pasado mañana igual decide decirte cuál es el uso «socialmente correcto» que debes darle.

A este paso, no sería extraño que el siguiente envío oficial preguntara cuántos días pasas fuera de casa, cuántas habitaciones utilizas o si enciendes demasiado poco la calefacción. Siempre por tu bien, por supuesto. Porque el intervencionismo siempre empieza con una carta muy educada.

Lo paradójico es que quienes dicen querer aumentar la oferta de vivienda hacen exactamente lo contrario. Cada nueva amenaza regulatoria, cada nueva sospecha sobre el propietario y cada nueva ocurrencia burocrática consiguen que más personas decidan cerrar la puerta y guardar la llave. No por egoísmo, sino por miedo.

El Gobierno debería hacerse una pregunta mucho más incómoda: ¿por qué miles de propietarios consideran más seguro tener una vivienda vacía que alquilarla?

Quizá la respuesta no esté en el contador del agua.

Quizá esté en el BOE, en el BON y en años de políticas que han convertido al propietario en sospechoso y al incumplidor en protagonista de todas las excusas.

Porque cuando un Gobierno dedica más esfuerzo a vigilar al ciudadano que a proteger sus derechos, deja de solucionar problemas y empieza a crearlos.

Y eso, por mucho que lo disfracen de política social, tiene un nombre muy distinto: intervencionismo.

Juan Antonio Extremera Apesteguia

Como ocurre en cualquier gran reorganización administrativa, detrás de las cifras existen personas. Decenas de guardias civiles especializados en tráfico, muchos de ellos con años de servicio en Navarra, afrontan un momento de incertidumbre. Son agentes que han construido aquí su vida familiar, que conocen cada carretera, cada punto negro y cada peculiaridad de la red viaria navarra.

Mientras tanto, el Gobierno de Navarra continúa con su objetivo de aumentar la plantilla de la Policía Foral para adaptarla a las nuevas competencias asumidas. Esa ampliación de efectivos responde tanto a la transferencia de Tráfico como al dimensionamiento previsto para el cuerpo policial foral.

En este contexto, conviene hacerse una pregunta sencilla: ¿tiene sentido prescindir de la experiencia acumulada durante tantos años por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico?

La seguridad vial no entiende de ideologías. Lo que importa es la formación, la experiencia y la capacidad para prestar un servicio eficaz a los ciudadanos. Los guardias civiles de Tráfico llevan décadas demostrando esa profesionalidad, atendiendo accidentes, regulando la circulación, auxiliando a conductores y velando por la seguridad en unas carreteras que conocen perfectamente.

Precisamente por ello, resulta razonable facilitar que aquellos agentes que libremente lo deseen puedan continuar desarrollando esa misma labor dentro de la Policía Foral. No se trataría de imponer ninguna decisión ni de abrir un debate entre cuerpos policiales, sino de aprovechar un capital humano extraordinariamente cualificado que ya presta servicio en Navarra.

El propio proceso de transferencia contempla una pasarela voluntaria para quienes decidan integrarse en la Policía Foral, una fórmula que permite conservar experiencia, facilitar la continuidad profesional de los agentes y reforzar el nuevo modelo policial sin perder conocimientos acumulados durante años.

Las instituciones deben pensar siempre en las personas que hacen posible el funcionamiento de los servicios públicos. Las decisiones políticas pueden ser objeto de debate, pero la profesionalidad de quienes han servido durante años a los navarros merece respeto y consideración.

Navarra tiene ahora la oportunidad de convertir una transferencia de competencias en un ejemplo de integración y aprovechamiento del talento. Si el objetivo último es mejorar la seguridad vial, parece lógico apostar por quienes ya han demostrado sobradamente su preparación y su compromiso con el servicio público.

Porque, al margen de cualquier debate político, la seguridad en nuestras carreteras siempre será más importante que cualquier bandera.

Frente a quienes intentan imponer un relato nacionalista sobre Navarra, miles de navarros han respondido con normalidad, orgullo y sin complejos. Han defendido su identidad, su tierra y su pertenencia a España, demostrando que Navarra no está dispuesta a dejarse arrastrar por quienes pretenden reescribir su realidad.

Todo comenzó el mismo día del chupinazo. Las palabras del lehendakari sobre Navarra fueron, en mi opinión, una injerencia impropia entre instituciones. Más decepcionante aún fue el silencio de María Chivite, incapaz de defender con firmeza la dignidad y la personalidad propia de Navarra. Quien preside el Gobierno de Navarra tiene la obligación de defender a todos los navarros, no de mirar hacia otro lado.

La decisión posterior del Ayuntamiento de Pamplona de negarse a instalar una pantalla gigante para seguir el partido de la selección española contra Francia fue otro ejemplo de una forma sectaria de entender las instituciones. Cuando se trata de nuestra selección nacional, la selección española, parece que algunos prefieren esconder lo que millones de españoles viven con absoluta normalidad.

Sin embargo, la respuesta de la sociedad navarra fue ejemplar. Allí donde fue posible, las calles se llenaron de camisetas de España, de banderas y de un sentimiento compartido de orgullo. También en la plaza de toros, donde, pese al marcado protagonismo político de algunas peñas, muchos navarros demostraron que no piensan renunciar a expresar libremente su identidad.

Quizá eso sea lo que más incomoda al Partido Socialista de Navarra: comprobar que una gran parte de la sociedad navarra no se deja intimidar ni acepta que el nacionalismo marque los límites de lo que puede sentirse o expresarse. Navarra tiene personalidad propia, historia propia y un lugar irrenunciable dentro de España.

Quienes amamos Navarra y nos sentimos orgullosamente españoles no tenemos por qué pedir permiso para decirlo. Lo seguiremos haciendo con respeto, con libertad y con la convicción de que defender nuestra tierra y nuestra nación nunca debería ser motivo de censura ni de complejos.

Pero la alegría apenas duró unos días. ETA secuestró a un joven concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, intentando chantajear al Gobierno de José María Aznar. Todos sabemos cómo terminó aquella barbarie. Lo asesinaron de la forma más cobarde, únicamente porque representaba la libertad y la democracia.

Aquel crimen cambió España. Millones de ciudadanos salimos a la calle dejando a un lado nuestras diferencias políticas para gritar «¡Basta ya!». Nació el Espíritu de Ermua, un movimiento cívico que unió a nuestro país frente al terror y frente a quienes pretendían imponer sus ideas a golpe de pistola.

Yo tenía 17 años. Como tantos jóvenes de mi generación, aquel asesinato marcó mi vida y reforzó mi compromiso político. Nunca pude entender que alguien pudiera ser asesinado simplemente por defender unas ideas en libertad. Tampoco olvidaré a tantos concejales, jueces, guardias civiles, policías, militares, periodistas o empresarios que vivieron durante años amenazados, escoltados o condenados al silencio por el terrorismo de ETA.

Durante mucho tiempo existió un consenso democrático: a los terroristas se les derrotaba con la ley, con la justicia y con la unidad de los demócratas. Gracias al extraordinario trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los jueces y de la cooperación internacional, ETA fue derrotada sin conseguir ninguno de sus objetivos políticos.

Por eso resulta tan doloroso contemplar lo ocurrido en los últimos años. En mi opinión, desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a romperse aquel consenso. Y con Pedro Sánchez esa ruptura se ha profundizado mediante los acuerdos parlamentarios con EH Bildu, la formación que lidera Arnaldo Otegi.

Como navarro, me produjo una enorme tristeza comprobar cómo la Alcaldía de Pamplona acabó en manos de EH Bildu gracias a un acuerdo impulsado por el Partido Socialista. Una decisión que, para muchos, habría sido impensable en aquellos días en los que toda España salió unida a defender la memoria de Miguel Ángel Blanco.

También considero profundamente injusto que muchos ciudadanos tengamos la sensación de que la política penitenciaria respecto a los presos de ETA ha estado condicionada por la necesidad del Gobierno de asegurar apoyos parlamentarios. Esa percepción resulta especialmente dolorosa para quienes perdieron a un familiar, vivieron escoltados o tuvieron que abandonar su tierra por culpa del terrorismo.

Lo más preocupante, sin embargo, es que una parte de los jóvenes ya no conoce lo que fue ETA. Han tenido la suerte de no vivir los coches bomba, los tiros en la nuca, las cartas de extorsión ni el miedo que durante décadas sufrieron miles de españoles. Cuando la memoria se debilita, aparece el riesgo de reescribir la historia y de presentar como normal lo que nunca debió serlo.

Las víctimas del terrorismo no pertenecen a ningún partido político. Son patrimonio moral de toda España. Recordarlas no significa vivir anclados en el pasado; significa defender la verdad frente al olvido y la dignidad frente al oportunismo político.

Miguel Ángel Blanco tenía solo 29 años cuando ETA decidió arrebatarle la vida. Veintinueve años después, el mayor homenaje que podemos rendirle no es únicamente recordarlo cada mes de julio. Es mantener viva la memoria de todas las víctimas y no permitir jamás que su sacrificio se convierta en moneda de cambio de ningún Gobierno.

Porque un país que olvida a sus víctimas no solo pierde la memoria. Empieza también a perder su dignidad.

Juan Antonio Extremera Apesteguía

Los Sanfermines son mucho más que una fiesta. Son un escaparate internacional de Navarra, un punto de encuentro para miles de personas y también, inevitablemente, un escenario que muchos responsables políticos aprovechan para dejarse ver. Sin embargo, no todas las visitas son iguales ni todos los visitantes entienden dónde están.

La presencia del lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca estuvo marcada desde el primer momento por unas declaraciones de marcado contenido político. En lugar de centrar su presencia en disfrutar de unas fiestas que pertenecen a todos los navarros, volvió a insistir en un discurso identitario que pretende presentar a Navarra y, en particular, a Pamplona, como parte de un proyecto nacional compartido con Euskadi. Una visión legítima desde el punto de vista político, pero que no deja de ser una aspiración de una parte del nacionalismo vasco y no una realidad institucional ni el sentir unánime de la sociedad navarra.

Pamplona es la capital de Navarra, una comunidad con identidad propia, con un régimen foral diferenciado y con una historia que no necesita ser reinterpretada cada vez que un dirigente nacionalista cruza el puerto de Etxegarate. Los Sanfermines no deberían convertirse en el escenario para reabrir debates identitarios ni para lanzar mensajes que, lejos de unir, vuelven a alimentar una división que la mayoría de los ciudadanos no busca durante estos días.

Muy distinta fue la visita del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, invitado por el presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García. Su presencia tuvo un carácter completamente diferente. Vino a conocer y disfrutar de los Sanfermines, a recorrer las calles de Pamplona, a conversar con los vecinos y visitantes y a participar, con normalidad y respeto, en una de las fiestas más universales de España. Sin grandes declaraciones políticas ni intentos de apropiarse del significado de la ciudad o de las fiestas.

Es precisamente esa diferencia la que merece ser destacada. Una cosa es acudir a Navarra para disfrutar de su hospitalidad, de su cultura y de sus tradiciones; otra muy distinta es aprovechar el altavoz mediático de los Sanfermines para insistir en un relato político que muchos navarros no comparten.

Navarra no necesita que nadie venga a explicarle quién es ni a decirle dónde debe sentirse integrada. Tiene personalidad propia, instituciones propias y una ciudadanía perfectamente capaz de decidir su futuro sin tutelas ni discursos construidos desde fuera. Esa realidad merece, como mínimo, respeto.

Hay visitas que suman porque ponen el foco en las personas, en la convivencia y en el valor de una fiesta que es patrimonio de todos. Y hay otras que, desde el primer minuto, convierten una celebración popular en una oportunidad para hacer política identitaria. La diferencia entre ambas formas de entender una visita institucional resulta evidente, y cada ciudadano sacará sus propias conclusiones.

Como navarro, considero que el lehendakari se equivocó al aprovechar este acto para lanzar un mensaje político sobre Navarra. Cuando alguien es invitado a la casa de otro, la educación aconseja respetar a los anfitriones y el sentido del acto al que se acude. Esa debería haber sido la prioridad.

Los navarros no necesitamos que nadie nos diga quiénes somos. Navarra posee una personalidad política e institucional propia desde hace siglos. El antiguo Reino de Navarra dejó una huella imborrable en nuestra historia y, con el paso del tiempo, nuestro régimen foral ha sobrevivido a profundos cambios políticos hasta llegar al actual Amejoramiento del Fuero. Nuestra identidad no necesita ser reinterpretada desde fuera ni utilizada como argumento en proyectos políticos ajenos.

Por eso resulta cansino comprobar cómo, una y otra vez, desde determinados sectores del nacionalismo vasco se vuelve a mirar a Navarra como si fuera una pieza pendiente de completar un proyecto político. Esa insistencia no fortalece las relaciones entre vecinos; las deteriora. El respeto empieza por aceptar que Navarra decide libremente su presente y su futuro a través de sus instituciones y de la voluntad democrática de los navarros.

También creo que el Gobierno de Navarra debería mostrar mayor firmeza cuando se producen situaciones como esta. Defender la dignidad institucional de Navarra no es un gesto de confrontación, sino una obligación de quien representa a todos los navarros, piensen como piensen.

Mantener buenas relaciones con el País Vasco es positivo y necesario. Compartimos historia, economía, cultura y muchos vínculos personales y familiares. Pero la buena vecindad solo puede construirse desde el respeto mutuo, nunca desde la insinuación permanente de que Navarra forma parte de un proyecto político que corresponde decidir exclusivamente a los navarros.

San Fermín representa la hospitalidad, la convivencia y el orgullo de una tierra abierta al mundo. Precisamente por eso, quienes acuden como invitados deberían contribuir a esa convivencia y no convertir una fiesta de todos en el escenario de mensajes que dividen.

Navarra ha sabido defender su personalidad durante siglos. Lo hizo como reino, lo hizo conservando sus fueros y lo sigue haciendo hoy mediante sus instituciones democráticas. No necesita tutelas ni lecciones sobre su identidad. Necesita respeto. Y ese respeto empieza por comprender que el chupinazo de San Fermín no pertenece a ningún proyecto político: pertenece a Navarra y a todos los navarros.

Juan Antonio Extremera Apesteguia

Después del ya famoso «Asironazo» en la contribución, uno pensaba ingenuamente que al menos una parte importante de ese dinero serviría para mejorar el estado de las calles. Pero parece que no. Circular hoy por Pamplona es una experiencia parecida a atravesar un país en conflicto bélico, salvando las distancias. Vas conduciendo más pendiente de esquivar cráteres que de respetar el paisaje urbano. El conductor pamplonés ya no conduce: calcula trayectorias, hace eslalon entre baches y reza para que la suspensión aguante hasta la próxima ITV.

Entiendo perfectamente que a cierta izquierda autodenominada progresista la palabra coche le produzca algo parecido a un sarpullido ideológico. Son más de bicicleta, de carriles bici y de imaginar una ciudad donde todo el mundo pueda desplazarse pedaleando felizmente bajo el sol. Muy bien. Cada uno puede tener el modelo de ciudad que quiera soñar.

El problema es que la realidad es bastante menos poética. La inmensa mayoría de los pamploneses seguimos utilizando el coche porque trabajamos, llevamos a los hijos al colegio, acompañamos a familiares mayores, hacemos compras o, sencillamente, necesitamos desplazarnos con cierta eficacia. No es una cuestión ideológica, sino práctica.

Por eso, y como humilde ciudadano que paga religiosamente sus impuestos en Pamplona, me permito hacer una sugerencia al equipo de gobierno: ya que el recibo de la contribución ha demostrado una salud envidiable, quizá no estaría mal destinar una parte importante de esa recaudación extra a reparar las calles. No para fomentar el uso del coche —no vayamos a cometer semejante pecado ecológico—, sino para que circular por Pamplona deje de parecer una prueba clasificatoria para el Rally Dakar.

Sería de agradecer que los vecinos que pagamos impuestos del siglo XXI pudiéramos disfrutar, al menos de vez en cuando, de unas carreteras del siglo XXI. Porque, de momento, entre el Asironazo y el cráterazo, al contribuyente pamplonés solo le queda confiar en que el próximo agujero no tenga nombre propio en Google Maps.

Juan Antonio Extremera Apesteguia

Resulta difícil de explicar a las nuevas generaciones que el hombre que orquestó el asesinato de Jiménez-Becerril y su esposa, el que ordenó masacres y secuestros, hoy disfrute de una libertad que sus víctimas nunca recuperarán. Y lo hace sin un ápice de arrepentimiento, sin pedir perdón y sin colaborar para esclarecer los cientos de crímenes de ETA que aún duermen en el olvido de los juzgados.

Esta situación no es casual. Es el resultado directo de una política penitenciaria dirigida desde Madrid, pero ejecutada con la complicidad de quienes necesitan los votos de Bildu para mantenerse en el poder. El Ministerio del Interior ha decidido que la estabilidad de un Gobierno vale más que el consuelo de las víctimas. Se han acelerado traslados y progresiones de grado que, aunque se vistan de legalidad técnica, son percibidos por la sociedad civil como una claudicación política en toda regla.

La comparación con cualquier otra democracia europea es demoledora. ¿Imaginan a un alto mando de las SS paseando por Múnich con la complacencia del Gobierno alemán? Sería un escándalo internacional. En España, sin embargo, nos hemos acostumbrado a que los verdugos sean tratados como “actores políticos”, mientras las víctimas asisten, atónitas y asqueadas, al desmantelamiento de la justicia retributiva.

Navarra ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Nuestra policía, nuestros militares y nuestros ciudadanos de a pie pagaron un precio altísimo por la libertad que hoy algunos usan para blanquear un pasado de sangre. No es odio, es justicia; no es venganza, es dignidad. Permitir que los sanguinarios de ayer sean los vecinos ejemplares de hoy, sin haber rendido cuentas con su conciencia, es una mancha que este Gobierno dejará grabada en la historia de nuestra democracia. Por respeto a los que ya no están y por la salud de los que nos quedamos, esta claudicación debe cesar.

Lo que estamos viendo últimamente con el Athletic de Bilbao es una falta de respeto total. No es un caso aislado, es un ataque diario que busca borrarnos del mapa para convertirnos en una provincia más del País Vasco. Se apropian de nuestros jugadores, de nuestro talento y de nuestra geografía como si fuéramos su cantera privada o su patio trasero. Es una actitud soberbia que ignora la realidad institucional de nuestra tierra.

Este intento de expansionismo no es solo deportivo, es ideológico. Se utiliza el fútbol y los medios de comunicación para intentar normalizar algo que no es verdad. Quieren que las nuevas generaciones crean que somos lo mismo, pero Navarra tiene su propio Fuero, su propia bandera y su propia soberanía. Nuestra libertad se basa precisamente en no ser un anexo de ninguna otra comunidad.

Los navarros estamos cansados de este goteo constante de gestos despreciativos. Navarra no se vende ni se regala a los intereses políticos de los vecinos. Tenemos derecho a que se nos respete como lo que somos: una comunidad diferenciada, orgullosa de su pasado y dueña absoluta de su futuro.

Basta ya de manipulación. Es hora de dejar claro que Navarra solo pertenece a los navarros. No necesitamos etiquetas impuestas ni mapas inventados. Nuestra identidad es clara y no vamos a permitir que nadie la pisotee por intereses partidistas o deportivos. Respeten a Navarra, porque Navarra no es Euskadi.

Es paradójico que, mientras el Gobierno de Sánchez sube el IRPF y aumenta la carga sobre los autónomos —quienes ya pagan de media 135 euros más—, gobiernos como el de Murcia demuestren una sensibilidad real costeando los dos primeros meses de baja de sus trabajadores por cuenta propia. Un gesto de justicia elemental para quienes, si enferman, se arruinan.

En Navarra, el Gobierno de Chivite presume de superávit. Sin embargo, la pregunta es obligada: ¿de qué sirve tener las cuentas saneadas si ese dinero no alivia el bolsillo de los ciudadanos? Siguiendo el ejemplo de Madrid o de las nuevas coaliciones de centro-derecha, Navarra debería liderar una bajada de impuestos y medidas de apoyo directo a nuestros autónomos.

La ciudadanía no es ajena a la realidad. Sabe distinguir entre quienes cumplen sus compromisos de alivio fiscal y quienes utilizan la recaudación para financiar pactos con quienes buscan el privilegio territorial. Es hora de que en Navarra el superávit se traduzca en libertad económica y no en más “paguitas” de corte populista.

Desde el Partido Popular de Navarra vemos intolerable que se permita la difusión de este tipo de mensajes en cualquier ámbito, pero consideramos especialmente grave esta propaganda se lleve a cabo en un centro educativo, cuya función es la formación de los escolares no sólo a nivel académico, sino también en los valores de paz y convivencia.

Igualmente inadmisible es que el departamento de Educación no haya pedido ninguna explicación al director del centro sobre estos hechos, que no solo perturban el orden de las clases y ofenden a quienes no comulgan con estas ideas, sino que ponen en riesgo la extensión de unas ideas dañinas entre menores no pertenecientes al entorno radical abertzale.

Desgraciadamente, lo sucedido en Alsasua no sorprende a quienes ejercemos como concejales en pueblos de la zona norte de Navarra, en mi caso Echarri Aranaz,  donde se nos mira con odio. Un odio que sigue aumentando entre los más jóvenes y que es necesario cortar de raíz para que no se repitan ataques como el de Alsasua. Hasta que ese sentimiento no sea erradicado, no podremos alcanzar la normalización y la verdadera paz a la que aspira la mayor parte de la sociedad. Y sólo podremos decir que ese odio ha desaparecido cuando cada uno de los ciudadanos de estos pueblos del norte de Navarra sienta que puede expresarse libremente, sin miedo a que sus ideas le pasen factura.

Por eso, desde el PPN ya se presentó una moción, aprobada por mayoría en el Parlamento de Navarra, para la implantación de un programa educativo frente al terrorismo que eduque en los valores de paz y convivencia, con el fin de que las nuevas generaciones interioricen estos conceptos desde las aulas y actúen conforme a ellos.