Frente a quienes intentan imponer un relato nacionalista sobre Navarra, miles de navarros han respondido con normalidad, orgullo y sin complejos. Han defendido su identidad, su tierra y su pertenencia a España, demostrando que Navarra no está dispuesta a dejarse arrastrar por quienes pretenden reescribir su realidad.

Todo comenzó el mismo día del chupinazo. Las palabras del lehendakari sobre Navarra fueron, en mi opinión, una injerencia impropia entre instituciones. Más decepcionante aún fue el silencio de María Chivite, incapaz de defender con firmeza la dignidad y la personalidad propia de Navarra. Quien preside el Gobierno de Navarra tiene la obligación de defender a todos los navarros, no de mirar hacia otro lado.

La decisión posterior del Ayuntamiento de Pamplona de negarse a instalar una pantalla gigante para seguir el partido de la selección española contra Francia fue otro ejemplo de una forma sectaria de entender las instituciones. Cuando se trata de nuestra selección nacional, la selección española, parece que algunos prefieren esconder lo que millones de españoles viven con absoluta normalidad.

Sin embargo, la respuesta de la sociedad navarra fue ejemplar. Allí donde fue posible, las calles se llenaron de camisetas de España, de banderas y de un sentimiento compartido de orgullo. También en la plaza de toros, donde, pese al marcado protagonismo político de algunas peñas, muchos navarros demostraron que no piensan renunciar a expresar libremente su identidad.

Quizá eso sea lo que más incomoda al Partido Socialista de Navarra: comprobar que una gran parte de la sociedad navarra no se deja intimidar ni acepta que el nacionalismo marque los límites de lo que puede sentirse o expresarse. Navarra tiene personalidad propia, historia propia y un lugar irrenunciable dentro de España.

Quienes amamos Navarra y nos sentimos orgullosamente españoles no tenemos por qué pedir permiso para decirlo. Lo seguiremos haciendo con respeto, con libertad y con la convicción de que defender nuestra tierra y nuestra nación nunca debería ser motivo de censura ni de complejos.

Pero la alegría apenas duró unos días. ETA secuestró a un joven concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, intentando chantajear al Gobierno de José María Aznar. Todos sabemos cómo terminó aquella barbarie. Lo asesinaron de la forma más cobarde, únicamente porque representaba la libertad y la democracia.

Aquel crimen cambió España. Millones de ciudadanos salimos a la calle dejando a un lado nuestras diferencias políticas para gritar «¡Basta ya!». Nació el Espíritu de Ermua, un movimiento cívico que unió a nuestro país frente al terror y frente a quienes pretendían imponer sus ideas a golpe de pistola.

Yo tenía 17 años. Como tantos jóvenes de mi generación, aquel asesinato marcó mi vida y reforzó mi compromiso político. Nunca pude entender que alguien pudiera ser asesinado simplemente por defender unas ideas en libertad. Tampoco olvidaré a tantos concejales, jueces, guardias civiles, policías, militares, periodistas o empresarios que vivieron durante años amenazados, escoltados o condenados al silencio por el terrorismo de ETA.

Durante mucho tiempo existió un consenso democrático: a los terroristas se les derrotaba con la ley, con la justicia y con la unidad de los demócratas. Gracias al extraordinario trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los jueces y de la cooperación internacional, ETA fue derrotada sin conseguir ninguno de sus objetivos políticos.

Por eso resulta tan doloroso contemplar lo ocurrido en los últimos años. En mi opinión, desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a romperse aquel consenso. Y con Pedro Sánchez esa ruptura se ha profundizado mediante los acuerdos parlamentarios con EH Bildu, la formación que lidera Arnaldo Otegi.

Como navarro, me produjo una enorme tristeza comprobar cómo la Alcaldía de Pamplona acabó en manos de EH Bildu gracias a un acuerdo impulsado por el Partido Socialista. Una decisión que, para muchos, habría sido impensable en aquellos días en los que toda España salió unida a defender la memoria de Miguel Ángel Blanco.

También considero profundamente injusto que muchos ciudadanos tengamos la sensación de que la política penitenciaria respecto a los presos de ETA ha estado condicionada por la necesidad del Gobierno de asegurar apoyos parlamentarios. Esa percepción resulta especialmente dolorosa para quienes perdieron a un familiar, vivieron escoltados o tuvieron que abandonar su tierra por culpa del terrorismo.

Lo más preocupante, sin embargo, es que una parte de los jóvenes ya no conoce lo que fue ETA. Han tenido la suerte de no vivir los coches bomba, los tiros en la nuca, las cartas de extorsión ni el miedo que durante décadas sufrieron miles de españoles. Cuando la memoria se debilita, aparece el riesgo de reescribir la historia y de presentar como normal lo que nunca debió serlo.

Las víctimas del terrorismo no pertenecen a ningún partido político. Son patrimonio moral de toda España. Recordarlas no significa vivir anclados en el pasado; significa defender la verdad frente al olvido y la dignidad frente al oportunismo político.

Miguel Ángel Blanco tenía solo 29 años cuando ETA decidió arrebatarle la vida. Veintinueve años después, el mayor homenaje que podemos rendirle no es únicamente recordarlo cada mes de julio. Es mantener viva la memoria de todas las víctimas y no permitir jamás que su sacrificio se convierta en moneda de cambio de ningún Gobierno.

Porque un país que olvida a sus víctimas no solo pierde la memoria. Empieza también a perder su dignidad.

Juan Antonio Extremera Apesteguía

Los Sanfermines son mucho más que una fiesta. Son un escaparate internacional de Navarra, un punto de encuentro para miles de personas y también, inevitablemente, un escenario que muchos responsables políticos aprovechan para dejarse ver. Sin embargo, no todas las visitas son iguales ni todos los visitantes entienden dónde están.

La presencia del lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca estuvo marcada desde el primer momento por unas declaraciones de marcado contenido político. En lugar de centrar su presencia en disfrutar de unas fiestas que pertenecen a todos los navarros, volvió a insistir en un discurso identitario que pretende presentar a Navarra y, en particular, a Pamplona, como parte de un proyecto nacional compartido con Euskadi. Una visión legítima desde el punto de vista político, pero que no deja de ser una aspiración de una parte del nacionalismo vasco y no una realidad institucional ni el sentir unánime de la sociedad navarra.

Pamplona es la capital de Navarra, una comunidad con identidad propia, con un régimen foral diferenciado y con una historia que no necesita ser reinterpretada cada vez que un dirigente nacionalista cruza el puerto de Etxegarate. Los Sanfermines no deberían convertirse en el escenario para reabrir debates identitarios ni para lanzar mensajes que, lejos de unir, vuelven a alimentar una división que la mayoría de los ciudadanos no busca durante estos días.

Muy distinta fue la visita del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, invitado por el presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García. Su presencia tuvo un carácter completamente diferente. Vino a conocer y disfrutar de los Sanfermines, a recorrer las calles de Pamplona, a conversar con los vecinos y visitantes y a participar, con normalidad y respeto, en una de las fiestas más universales de España. Sin grandes declaraciones políticas ni intentos de apropiarse del significado de la ciudad o de las fiestas.

Es precisamente esa diferencia la que merece ser destacada. Una cosa es acudir a Navarra para disfrutar de su hospitalidad, de su cultura y de sus tradiciones; otra muy distinta es aprovechar el altavoz mediático de los Sanfermines para insistir en un relato político que muchos navarros no comparten.

Navarra no necesita que nadie venga a explicarle quién es ni a decirle dónde debe sentirse integrada. Tiene personalidad propia, instituciones propias y una ciudadanía perfectamente capaz de decidir su futuro sin tutelas ni discursos construidos desde fuera. Esa realidad merece, como mínimo, respeto.

Hay visitas que suman porque ponen el foco en las personas, en la convivencia y en el valor de una fiesta que es patrimonio de todos. Y hay otras que, desde el primer minuto, convierten una celebración popular en una oportunidad para hacer política identitaria. La diferencia entre ambas formas de entender una visita institucional resulta evidente, y cada ciudadano sacará sus propias conclusiones.

Como navarro, considero que el lehendakari se equivocó al aprovechar este acto para lanzar un mensaje político sobre Navarra. Cuando alguien es invitado a la casa de otro, la educación aconseja respetar a los anfitriones y el sentido del acto al que se acude. Esa debería haber sido la prioridad.

Los navarros no necesitamos que nadie nos diga quiénes somos. Navarra posee una personalidad política e institucional propia desde hace siglos. El antiguo Reino de Navarra dejó una huella imborrable en nuestra historia y, con el paso del tiempo, nuestro régimen foral ha sobrevivido a profundos cambios políticos hasta llegar al actual Amejoramiento del Fuero. Nuestra identidad no necesita ser reinterpretada desde fuera ni utilizada como argumento en proyectos políticos ajenos.

Por eso resulta cansino comprobar cómo, una y otra vez, desde determinados sectores del nacionalismo vasco se vuelve a mirar a Navarra como si fuera una pieza pendiente de completar un proyecto político. Esa insistencia no fortalece las relaciones entre vecinos; las deteriora. El respeto empieza por aceptar que Navarra decide libremente su presente y su futuro a través de sus instituciones y de la voluntad democrática de los navarros.

También creo que el Gobierno de Navarra debería mostrar mayor firmeza cuando se producen situaciones como esta. Defender la dignidad institucional de Navarra no es un gesto de confrontación, sino una obligación de quien representa a todos los navarros, piensen como piensen.

Mantener buenas relaciones con el País Vasco es positivo y necesario. Compartimos historia, economía, cultura y muchos vínculos personales y familiares. Pero la buena vecindad solo puede construirse desde el respeto mutuo, nunca desde la insinuación permanente de que Navarra forma parte de un proyecto político que corresponde decidir exclusivamente a los navarros.

San Fermín representa la hospitalidad, la convivencia y el orgullo de una tierra abierta al mundo. Precisamente por eso, quienes acuden como invitados deberían contribuir a esa convivencia y no convertir una fiesta de todos en el escenario de mensajes que dividen.

Navarra ha sabido defender su personalidad durante siglos. Lo hizo como reino, lo hizo conservando sus fueros y lo sigue haciendo hoy mediante sus instituciones democráticas. No necesita tutelas ni lecciones sobre su identidad. Necesita respeto. Y ese respeto empieza por comprender que el chupinazo de San Fermín no pertenece a ningún proyecto político: pertenece a Navarra y a todos los navarros.

Juan Antonio Extremera Apesteguia

Después del ya famoso «Asironazo» en la contribución, uno pensaba ingenuamente que al menos una parte importante de ese dinero serviría para mejorar el estado de las calles. Pero parece que no. Circular hoy por Pamplona es una experiencia parecida a atravesar un país en conflicto bélico, salvando las distancias. Vas conduciendo más pendiente de esquivar cráteres que de respetar el paisaje urbano. El conductor pamplonés ya no conduce: calcula trayectorias, hace eslalon entre baches y reza para que la suspensión aguante hasta la próxima ITV.

Entiendo perfectamente que a cierta izquierda autodenominada progresista la palabra coche le produzca algo parecido a un sarpullido ideológico. Son más de bicicleta, de carriles bici y de imaginar una ciudad donde todo el mundo pueda desplazarse pedaleando felizmente bajo el sol. Muy bien. Cada uno puede tener el modelo de ciudad que quiera soñar.

El problema es que la realidad es bastante menos poética. La inmensa mayoría de los pamploneses seguimos utilizando el coche porque trabajamos, llevamos a los hijos al colegio, acompañamos a familiares mayores, hacemos compras o, sencillamente, necesitamos desplazarnos con cierta eficacia. No es una cuestión ideológica, sino práctica.

Por eso, y como humilde ciudadano que paga religiosamente sus impuestos en Pamplona, me permito hacer una sugerencia al equipo de gobierno: ya que el recibo de la contribución ha demostrado una salud envidiable, quizá no estaría mal destinar una parte importante de esa recaudación extra a reparar las calles. No para fomentar el uso del coche —no vayamos a cometer semejante pecado ecológico—, sino para que circular por Pamplona deje de parecer una prueba clasificatoria para el Rally Dakar.

Sería de agradecer que los vecinos que pagamos impuestos del siglo XXI pudiéramos disfrutar, al menos de vez en cuando, de unas carreteras del siglo XXI. Porque, de momento, entre el Asironazo y el cráterazo, al contribuyente pamplonés solo le queda confiar en que el próximo agujero no tenga nombre propio en Google Maps.

Juan Antonio Extremera Apesteguia

Resulta difícil de explicar a las nuevas generaciones que el hombre que orquestó el asesinato de Jiménez-Becerril y su esposa, el que ordenó masacres y secuestros, hoy disfrute de una libertad que sus víctimas nunca recuperarán. Y lo hace sin un ápice de arrepentimiento, sin pedir perdón y sin colaborar para esclarecer los cientos de crímenes de ETA que aún duermen en el olvido de los juzgados.

Esta situación no es casual. Es el resultado directo de una política penitenciaria dirigida desde Madrid, pero ejecutada con la complicidad de quienes necesitan los votos de Bildu para mantenerse en el poder. El Ministerio del Interior ha decidido que la estabilidad de un Gobierno vale más que el consuelo de las víctimas. Se han acelerado traslados y progresiones de grado que, aunque se vistan de legalidad técnica, son percibidos por la sociedad civil como una claudicación política en toda regla.

La comparación con cualquier otra democracia europea es demoledora. ¿Imaginan a un alto mando de las SS paseando por Múnich con la complacencia del Gobierno alemán? Sería un escándalo internacional. En España, sin embargo, nos hemos acostumbrado a que los verdugos sean tratados como “actores políticos”, mientras las víctimas asisten, atónitas y asqueadas, al desmantelamiento de la justicia retributiva.

Navarra ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Nuestra policía, nuestros militares y nuestros ciudadanos de a pie pagaron un precio altísimo por la libertad que hoy algunos usan para blanquear un pasado de sangre. No es odio, es justicia; no es venganza, es dignidad. Permitir que los sanguinarios de ayer sean los vecinos ejemplares de hoy, sin haber rendido cuentas con su conciencia, es una mancha que este Gobierno dejará grabada en la historia de nuestra democracia. Por respeto a los que ya no están y por la salud de los que nos quedamos, esta claudicación debe cesar.

Lo que estamos viendo últimamente con el Athletic de Bilbao es una falta de respeto total. No es un caso aislado, es un ataque diario que busca borrarnos del mapa para convertirnos en una provincia más del País Vasco. Se apropian de nuestros jugadores, de nuestro talento y de nuestra geografía como si fuéramos su cantera privada o su patio trasero. Es una actitud soberbia que ignora la realidad institucional de nuestra tierra.

Este intento de expansionismo no es solo deportivo, es ideológico. Se utiliza el fútbol y los medios de comunicación para intentar normalizar algo que no es verdad. Quieren que las nuevas generaciones crean que somos lo mismo, pero Navarra tiene su propio Fuero, su propia bandera y su propia soberanía. Nuestra libertad se basa precisamente en no ser un anexo de ninguna otra comunidad.

Los navarros estamos cansados de este goteo constante de gestos despreciativos. Navarra no se vende ni se regala a los intereses políticos de los vecinos. Tenemos derecho a que se nos respete como lo que somos: una comunidad diferenciada, orgullosa de su pasado y dueña absoluta de su futuro.

Basta ya de manipulación. Es hora de dejar claro que Navarra solo pertenece a los navarros. No necesitamos etiquetas impuestas ni mapas inventados. Nuestra identidad es clara y no vamos a permitir que nadie la pisotee por intereses partidistas o deportivos. Respeten a Navarra, porque Navarra no es Euskadi.

Es paradójico que, mientras el Gobierno de Sánchez sube el IRPF y aumenta la carga sobre los autónomos —quienes ya pagan de media 135 euros más—, gobiernos como el de Murcia demuestren una sensibilidad real costeando los dos primeros meses de baja de sus trabajadores por cuenta propia. Un gesto de justicia elemental para quienes, si enferman, se arruinan.

En Navarra, el Gobierno de Chivite presume de superávit. Sin embargo, la pregunta es obligada: ¿de qué sirve tener las cuentas saneadas si ese dinero no alivia el bolsillo de los ciudadanos? Siguiendo el ejemplo de Madrid o de las nuevas coaliciones de centro-derecha, Navarra debería liderar una bajada de impuestos y medidas de apoyo directo a nuestros autónomos.

La ciudadanía no es ajena a la realidad. Sabe distinguir entre quienes cumplen sus compromisos de alivio fiscal y quienes utilizan la recaudación para financiar pactos con quienes buscan el privilegio territorial. Es hora de que en Navarra el superávit se traduzca en libertad económica y no en más “paguitas” de corte populista.

Desde el Partido Popular de Navarra vemos intolerable que se permita la difusión de este tipo de mensajes en cualquier ámbito, pero consideramos especialmente grave esta propaganda se lleve a cabo en un centro educativo, cuya función es la formación de los escolares no sólo a nivel académico, sino también en los valores de paz y convivencia.

Igualmente inadmisible es que el departamento de Educación no haya pedido ninguna explicación al director del centro sobre estos hechos, que no solo perturban el orden de las clases y ofenden a quienes no comulgan con estas ideas, sino que ponen en riesgo la extensión de unas ideas dañinas entre menores no pertenecientes al entorno radical abertzale.

Desgraciadamente, lo sucedido en Alsasua no sorprende a quienes ejercemos como concejales en pueblos de la zona norte de Navarra, en mi caso Echarri Aranaz,  donde se nos mira con odio. Un odio que sigue aumentando entre los más jóvenes y que es necesario cortar de raíz para que no se repitan ataques como el de Alsasua. Hasta que ese sentimiento no sea erradicado, no podremos alcanzar la normalización y la verdadera paz a la que aspira la mayor parte de la sociedad. Y sólo podremos decir que ese odio ha desaparecido cuando cada uno de los ciudadanos de estos pueblos del norte de Navarra sienta que puede expresarse libremente, sin miedo a que sus ideas le pasen factura.

Por eso, desde el PPN ya se presentó una moción, aprobada por mayoría en el Parlamento de Navarra, para la implantación de un programa educativo frente al terrorismo que eduque en los valores de paz y convivencia, con el fin de que las nuevas generaciones interioricen estos conceptos desde las aulas y actúen conforme a ellos.