Bien pudiéramos poner en evidencia las enormes leladas escuchadas durante este tiempo de los detractores. Ahí está la hemeroteca. Sí que llama la atención nuevamente la falta de participación en la elaboración del diagnóstico. Preocupa que a quienes se les llena la boca con “los nuevos tiempos”, ninguneen a organizaciones y particulares que podían aportar mucho. Reconozco que duelen las palabras del Consejero cuando dice que el PAI sale adelante gracias al profesorado, obviando y ninguneando la labor esencial que hacen las familias de los alumnos PAI. Sin las madres y padres detrás de esos alumnos no obtendrían esos resultados, pero se obvia.

Preocupa, y mucho, que se vaya a posibilitar salir del programa PAI a los centros con la mera decisión del Consejo Escolar del centro. Consejo, en el que las familias no pueden vetar esa decisión. Va a resultar que quienes tienen que adaptarse al programa, con mucho esfuerzo eso sí, tienen en su mano rechazarlo sin motivación específica alguna. Esta denominada autopista de salida, puede terminar pisoteando los derechos educativos de las familias. Si así lo intentan, lo terminará determinando un juez.

No se me escapa que el Departamento tiene intención de modificar los criterios del baremo de acceso a los colegios. Lo he dicho muchas veces, imponer el código postal por encima de la voluntad de las familias es simplemente estalinista. Nos vamos a encontrar con muchas situaciones en las que las familias no viven en la zona que desean, por culpa de la crisis que todos hemos padecido, y que además, el Gobierno no va a facilitar que ese alumnado acuda a otros centros diferentes al de su barrio. Tenga, o no tenga PAI. Es decir, que si no podemos elegir libremente centro, y el que nos toca no tiene PAI, pues ajo y agua, a perpetuar la maldita crisis y los efectos de la burbuja del ladrillo. Todo muy progresista.

Reconozco que me apena que este gobierno no apueste por favorecer que cualquier alumno que lo desee estudie en un determinado centro educativo, bien de iniciativa gubernamental, o de iniciativa social. Un centro con PAI, o sin PAI. Y sin embargo, ceda a los lobbies de presión de aquellos sindicatos de profesorado que amenazaron con impugnar nuevas plazas de profesorado con requisito de inglés C1. Un despropósito con tintes muy muy estalinistas.

Una última cuestión. Revisando el dichoso informe del PAI, veo en los cuestionarios para el alumnado una reiteración de textos en los que no se tiene ningún tacto con el lenguaje sexista. Es algo a lo que este Departamento de Educación ya nos tiene acostumbrado, pero que sigue llamando la atención.

La motivación de las filtraciones en un caso como este, viene determinada por la supuesta necesidad de intentar una exculpación de los investigados. Torpe, pero esa es la finalidad principal. Como finalidades secundarias, la cuota mediática para los intervinientes, y probablemente la onerosidad de alguno de los elementos de la fase instructora. Resulta llamativo que sistemáticamente quiera sacarse del secreto, no para las partes, el vídeo grabado durante aquella noche. No hay ninguna necesidad de obtenerlo para su análisis fuera del juzgado. A no ser, que ya tenga precio puesto.

La necesidad de las informaciones también es cuestionable. Resulta llamativa la utilización pseudo política cuando unos ponen el énfasis en la profesión de los investigados, y otros en su pertenencia a grupos radicales de izquierda. Los datos objetivos son los necesarios. Que hay una investigación, sus derivadas importantes, y la situación de la víctima y de los investigados. Nada más. Para el resto ya está el juicio oral y la sentencia que pudiera recaer. El ruido mediático y social suele estorbar profundamente este tipo de asuntos, y experiencia en Navarra ya hemos tenido.

Respecto de la legalidad de las filtraciones, el asunto está todavía más claro. El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reza: Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley.

El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario, será corregido con multa de 500 a 10.000 euros.

En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta.

El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo.

En el caso que nos ocupa, aun a día de hoy, no se ha alcanzado la fase de juicio oral, y por lo tanto, el común de los mortales no debería tener conocimiento de todo eso que se está conociendo.

La finalidad de la Ley es clara, evitar establecer un juicio paralelo, sin posibilidad de reacción, al amparo del artículo 117.1 de la Constitución Española, puesto que de lo contrario, se hace emanar la justicia de los medios de comunicación, y no de los Tribunales de Justicia.

En España, hasta donde conozco, dos periodistas se iban a sentar en el banquillo por cometer un delito de revelación de secretos al difundir el contenido de un sumario sometido a sigilo judicial. La fiscalía terminó por retirar la acusación. La motivación en aquel caso se fundamentaba en el capítulo X del código penal, que tras la última reforma, puede dejar inservible la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que amparaba el derecho a la información frente a otros derechos en conflicto si la información era veraz y tenía relevancia pública.

Probablemente estemos ante una regulación ineficaz por conveniencia en su aplicación. Pero a pesar de ello, no es comprensible como algunos tipos penales se aplican en función de criterios ajenos al ámbito jurídico, y a la propia letra de la ley.

Se me ponen los pelos de punta cuando representantes políticos menosprecian la voluntad de aquellos que cedieron y consensuaron una constitución para todos. Me aterra cuando insultan directamente a los ciudadanos que libremente votaron la norma fundamental de la convivencia de todos los españoles.

Me ofende, cuando por intereses partidistas, se dice que no ha habido democracia real en este país hasta la llegada de sus formaciones políticas.

Cuando se empieza por no poner las instituciones al servicio de todos, y solo a disposición de los suyos, por insultar o consentir el insulto al adversario político. Por utilizar cualquier excusa para acometer a parte de la ciudadanía, y mezclar a todo el mundo con la barbarie, con la dictadura, con la maldad…

Siempre ha sido más fácil insultar y sembrar odio que llevar a cabo políticas de integración, de unidad, de consenso, y sobre todo proactivas para lograr un mayor bienestar. Ahí es en donde se conoce a los políticos de verdad.

Atenazar a los ciudadanos con el uso de un idioma, con la chulería y prepotencia de la mala educación, con la defensa en sede institucional de la honra de ciudadanos, con el insulto como arma casi exclusiva, además de ser contrario a los principios éticos más básicos, solo consigue dividir más a la sociedad.

Debemos estar atentos a esa deslegitimación de los valores más profundos de nuestra democracia, que son los que probablemente no se encuentran en su articulado, y que por lo visto, algunos quieren enterrar con toneladas de odio al prójimo.

"Distinto caso es el producido por la evolución al alza del PAI, que ha provocado una elevada necesidad de profesorado de castellano con C-1 de Inglés, con un alto grado de contratación temporal. Sn embargo, el Real Decreto 276/2007 de acceso a la función docente, norma básica de carácter estatal que no permite ofertar plazas con perfil lingüístico distinto de las lenguas oficiales de las CCAA, impide ofertar estas plazas, que podrían rondar las 150, en la OPE actual."

Es decir, como el Estado no prevé la posibilidad de exigir el C-1 de inglés, aunque tampoco parece prohibirlo, el Departamento de Educación se ampara en dicha norma como excusa para no hacerlo.

Es más, en palabras del propio Consejero, se estaría creando de facto un cuerpo de funcionarios propios con incompatibilidad a nivel estatal.

La respuesta a cualquiera que presuma del Fuero, de las competencias de Navarra o de la libertad educativa parece clara. ¿Y?. Pues se hace, que para eso podemos, y porque es bueno para la ciudadanía navarra.

Esta parecía la conclusión también desde la Administración central en su momento, salvo que por lo visto, algún sindicato amenazó con recurrir una OPE en ese sentido. Curiosamente los que nos han machacado con la cantinela de que Madrid es malo, y se han presentado como salvadores del Fuero, resulta que en función de sus intereses, de su sectarismo, y de su afán de gobernar solo para los suyos, renuncia al fuero.

A tiempo está el Gobierno de demostrar que efectivamente cree en el PAI, y en el autogobierno.