El diario ABC hacía ayer una comparativa de sueldos medios en España en distintas actividades de la producción. Un estibador gana 3 veces más que el salario medio general y que el de la construcción. Pero es que ganan más que los médicos y los directores gerentes. Si tomamos el sueldo medio de un estibador del puerto de Valencia, la cosa es aún más escandalosa, ya que allí el sueldo medio de un estibador es superior a los 100.000 euros. Parece lógico que este núcleo de trabajadores no quiera perder sus privilegios y no sólo hablamos de salario, sino de trabajo de por vida, jubilaciones tempranas, puestos de trabajo de padres a hijos y familiares y pocas mujeres. La entrada al colectivo es absolutamente rígida y dirigida.

Frente a esto, nos encontramos con unos partidos políticos que llevados por no se sabe qué, han decidido dejar solo al gobierno en la aprobación del Real Decreto Ley de Liberalización. Algunos como Ciudadanos que incluso lo llevaban en su programa electoral. El caso es que Bruselas, a la vista de que no se llega a ningún acuerdo y no se aprueba el decreto en tiempo y forma, ha decidido activar las sanciones. Las negociaciones entre patronal y estibadores se reanudarán la próxima semana, pero parece complicado el acuerdo dada la cerrazón de los estibadores con la subrogación de los contratos, algo que prohíbe explícitamente la legislación comunitaria.

El gobierno tendrá que volver a presentar el Real Decreto Ley y convencer a los diputados necesarios para su aprobación en el Congreso. De no ser así, debería señalar claramente a quienes con su actitud irresponsable de negarse a cumplir una sentencia europea va a echar en los hombros de los españoles el pago de unas multas millonarias. Lo debería hacer todas y cada una de las semanas que, en mi opinión, presente para su aprobación el Real Decreto Ley, que deberían ser todas a partir de ya, y dejar claro quienes son los responsables de las multas. Creo que nadie entendería que el gobierno para contentar a este colectivo, pusiera encima de la mesa condiciones excepcionales que no han podido lograr los miles y miles de trabajadores y empresas que han sufrido extraordinariamente con la crisis.

Esta es una historia en la que resulta muy difícil salvar a ninguno de sus protagonistas; ni a los estibadores y sus sindicatos, fundamentalmente la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, ni a los partidos políticos.

Resulta muy difícil entender a un PP al que, disfrutando de mayoría absoluta, le habría permitido cumplir fácilmente con la sentencia del TJE. Solo la incomodidad de afrontar un conflicto con este poderoso sector y la obstinada y recalcitrante tendencia de su presidente, Mariano Rajoy a la indolencia, pude hacernos comprender su dejación durante tanto tiempo.

Resulta muy difícil también entender a Ciudadanos, claro asociado del Gobierno, que cambio su voto positivo por una, claramente desleal abstención. Algo que solo se comprende por la necesidad de este partido de adquirir una identidad y un protagonismo que estaba perdiendo día tras día.

Y resulta complicadísimo entender a unos partidos de izquierdas, tanto el PSOE como Podemos, como ERC, poniéndose a favor de unos trabajadores privilegiados y unos sindicatos que muy poco tienen que ver con los de clase con los que estos partidos han confraternizado siempre.

Al PSOE solo puede justificarle la situación precaria en la que se encuentran en vísperas de unas, muy inquietantes, elecciones primarias. Y lo inconveniente para Susana Díaz de un conflicto con el sector en Algeciras.

¿De Podemos, que se puede decir? Una postura distinta a la que han tomado sería imposible ante su estrategia de total negación al PP. No hacerlo podría ser considerado como una actitud parecida a la de la abstención socialista y..., al enemigo ni agua.
Porque, resulta bastante evidente que los estibadores defienden unos intereses monopolísticos que poco tiene que ver con los de la inmensa mayoría de sectores de nuestro mundo laboral. Un sector en el que, entre otras coas, se rechaza o minimiza la participación de las mujeres.

Así las cosas, el conflicto, que sin duda tardará algún tiempo en resolverse, es un claro ejemplo de una conjunción de intereses, todos ellos ajenos al del interés general, que resucita el viejo dicho: "Entre todos la mataron y ella sola se murió".

Tres años separa ambas frases pero su similitud es incuestionable. En ambas subyace una clarísima amenaza; un dedo que apunta hacia el botón de puesta en marcha de los ventiladores.

Después de estos tres años, el caso de Pujol y su familia parece caminar, lentamente pero de forma inexorable, hacia un final poco gratificante para quien, en su día, fuese el hombre más respetado y venerado por la catalanidad.

Y, ciertamente, como el mismo predijo, su rama no va a caer sola, porque los recientes datos sobre la financiación de su viejo partido parecen prever una importante caída de ramas y de nidos. Para regocijo, dicho sea de paso, de quien, sin duda, aprovechará esta debacle y recogerá los frutos caídos de ese árbol, Esquerra Republicana de Cataluña y su presidente Oriol Junqueras.

En cuanto a Rajoy, la estrategia de expandir y aventar los problemas de corrupción, solo conduciría, de llevarse a cabo, a un deterioro mayor de la imagen que hoy tienen las instituciones, y sobre todo los políticos.

La última encuesta del CIS nos demuestra que la corrupción sigue ocupando un puesto preferente entre las inquietudes de la ciudadanía, solo precedida por el miedo al paro.

Un miedo que, por otro lado y dicho sea de paso, le pone sordina a la euforia con que desde el Gobierno, se nos está vendiendo la recuperación económica.

Por tanto, llevar al Senado, donde el PP disfruta de mayoría absoluta, una investigación sobre la financiación de todos los partidos, para -¿contrarrestar?- los efectos de la comisión que PSOE, Podemos y Ciudadanos han solicitado en el Congreso de los Diputados sobre la financiación del Partido Popular, sería, sin duda, un mal paliativo, sobre todo teniendo en cuenta que, en paralelo, la justicia lleva sus propios caminos y con efectos, hoy por hoy, mucho más demoledores.

Va siendo hora de asumir responsabilidades políticas, entonar "meas culpas", aceptar las consecuencias y ponerle fin a estas prácticas que tanto han deteriorado la imagen de España.

Porque, de no ser así, quienes vamos a quedar convertidos en estatuas de sal, como la mujer de Lot, vamos a ser todos los españoles.

¿Cuántas mujeres habrán perdido la vida en el itinere? ¿Cuantas con la condición de riesgo extremo seguirán sin protección y sintiendo el aliento de su asesino en la nuca cada vez que pisen la calle? Tampoco hay ninguna iniciativa urgente para proteger a los hijos de las víctimas, para cambiar la Ley del Menor, para evitar que el maltratador, el presunto asesino, tenga derecho de visita. Y eso que sus señorías han tenido que escuchar esta semana la narración de la inoperancia de la Ley contra la Violencia de Género.

Una serie de testimonios atroces de familiares de asesinadas han relatado, en sede parlamentaria, su impotencia frente a una jurisdicción que no ampara a niños y niñas que han visto asesinar a sus madres. La historia de un joven que ha acogido a la hija de su hermana, asesinada por su pareja, y las trabas legales para adoptarla y salvarla de cualquier contacto con su progenitor asesino, provocó un silencio vergonzante entre los legisladores, pero nada más.

Las cifras bailan (y de seguir con esta violencia desatada este año se romperán todas las estadísticas) pero en torno a cuarenta criaturas se quedan sin madre por culpa de un asesino. Sumando desde 2004, cuando entró en vigor la ley, son casi quinientos. Les queda una ínfima pensión de orfandad, carencia de ayudas sociales, de becas, de tratamientos sicológicos para reescribir su vida.

¿De verdad podemos mirarnos a la cara, sin rubor, sin complejos, mientras consentimos esta lacra social?. ¿Podemos describirnos como una sociedad moderna y democrática mientras se registran asesinatos medievales cada día? El manoseado Pacto de Estado contra la Violencia de Género (que nombre más rimbombante para una realidad tan sucia) no puede dormir el sueño de los justos. Si las fuerzas políticas no son capaces de ponerse de acuerdo en un tema tan elemental, tan sin aristas, tan fácil de vender, es que no sirven para la función que les han encomendado los ciudadanos.

Es muy posible que con las maniobras dilatorias del PP que no quiere, lógicamente, remover un pasado vergonzoso "no haya tiempo en esta legislatura" para averiguar a qué se dedicaba esta sospechosa unidad policial que puso micrófonos incluso en el despacho del ministro.

Dados los informes que elaboraron sus miembros, parece que su principal actividad era el espionaje de líderes de partidos nacionalistas catalanes o de otras formaciones incomodas al gobierno.

Pero no se conformaban con elaborar un dossier; en algunos casos, como el del ex alcalde de Barcelona, Trias, se inventaron la existencia de una cuenta en Suiza.

La comparecencia de Pino fue tan vergonzosa que el juez De la Mata y la fiscal, llevados por la indignación ante la imprecisión de sus repuestas, acabaron a gritos con el compareciente.

No solamente dijo ignorar quien le había entregado el famoso pen drive con las pruebas de cargo contra los Pujol sino que, además, no recordaba ni el día ni la hora.

Curiosamente, hace unas fechas, la policía ha encontrado, "limpiando unos cajones", un segundo pen drive con más datos sobre las cuentas de la familia del ex presidente de la Generalitat, del que tampoco se sabe ni su origen ni sus autores.

Esta investigación policial, chapucera y sin fundamento jurídico, puede llevar a la anulación de las pruebas en la instrucción del proceso contra Jordi Pujol y toda su familia. La ruptura de la cadena de custodia es causa de nulidad y nadie sabe quien custodiaba los sospechosos pen drive que aparecen en cajones y que no se aportaron a la causa cuando esta se abrió en La Audiencia Nacional en 2013.

Al margen del descredito de la UDEF, se puede echar por tierra toda la labor de investigación de la Agencia Tributaria que, esta misma semana, ha comunicado a la Audiencia los datos que probarían que el hijo pequeño, Oleguer Pujol, no declaró al fisco los casi tres millones de euros que cobró en las Islas Vírgenes británicas por el mayor pelotazo inmobiliario en la compra de mil ciento cincuenta y dos oficinas del Banco de Santander.

Si la ciudadanía está harta de corrupción, si se exige que la Justicia depure los casos en los que, aprovechándose de su cargo político, se han enriquecido con fondos públicos, ¿cómo se justifica que una mafia policial se pueda cargar la instrucción de una causa al aportar pruebas falsas?

Es extremadamente urgente que, no solo una comisión parlamentaria haga desfilar al ex ministro y sus policías, además Interior debe abrir una investigación interna sobre estas sospechosas unidades policiales. No necesitamos este tipo de patriotas en el Ministerio de Interior.

¿Qué sociedad enferma puede convivir con esta realidad? ¿Cómo podemos conformarnos con una Ley de Violencia de Género que no protege a las víctimas? Mientras estos crímenes atroces se producían, con las consiguientes y sabidas muestras de condolencia de las autoridades locales que se reunían para el minuto de silencio en la puerta de sus Ayuntamientos, los partidos políticos, los que deben cambiar la legislación, andaban ensimismados en sus congresos.

El cinco de febrero, celebrando Ciudadanos su IV Asamblea, donde actualizaron liderazgos, estatutos e ideología, una mujer en silla de ruedas fue asesinada por su pareja a puñaladas delante de su hija de cinco años en Mora, Toledo.

Al siguiente fin de semana fueron el PP y Podemos los protagonistas de los telediarios. En el primer caso, Mariano Rajoy paseo su liderazgo por el escenario, sin debates ni polémicas. Los suyos, los mismos, siguieron en sus puestos. En Podemos Pablo Iglesias gano la sangrienta batalla interna, se hizo con el poder e inició la purga de los errejonistas condenándoles al ostracismo.

En las páginas de sucesos de esos mismos días y el posterior, el del balance político, se dio cuenta de que en Seseña, al lado de Madrid, un guardia civil había asesinado a su pareja a tiros. El lunes, en Daimiel, Ciudad Real, un hombre asesinó a cuchilladas a su mujer y a la hija de esta de dieciocho años.

En esos trágicos días los socialistas han visto a Pedro Sánchez volver a la carrera por la secretaria general y a Susana Díaz, también de gira pre electoral pero sin declararse candidata.

Enredados en sus polémicas internas ha faltado sensibilidad y condena y propósito de enmienda de una legislación que lleva demostrando desde hace tiempo que ni las denuncias ni las órdenes de alejamiento protegen a las mujeres de sus verdugos. Muchas de las víctimas de este atroz principio de año habían denunciado y el asesino tenía una orden de alejamiento que se saltó para quitarles la vida.

No vale lavarse la conciencia culpando a las víctimas de no denunciar. No vale mirar para otro lado. No vale integrarlo en las páginas de sucesos. No vale confundir los crímenes machistas con el paisaje social. No vale ignorar que los niños también son asesinados por los mismos que durante años maltrataron a sus madres. ¡¡Basta ya!!

Hay que legislar con la máxima dureza, hay que aplicar los mismos baremos penitenciarios que se aplican a los terroristas de ETA, hay que proteger a las mujeres que sufren maltrato como se protegió a los amenazados por el terrorismo. Hay que meter miedo a los cobardes que asesinan a sus parejas y a sus hijos.

Este punto innegociable de su programa figuró en todos los pactos, tanto con el PP como con el PSOE, que permitieron alcanzar el poder autonómico a unos y otros.

El giro en lo económico, aprobado en su último congreso, que les acerca mucho más a los postulados del Partido Popular, el abandono paulatino y suave de veleidades socialdemócratas y el ninguneo de Rajoy y su Gobierno, despreciando su apoyo a la investidura e incumpliendo sistemáticamente las exigencias del pacto previo, les está haciendo daño en su imagen pública.

Solo faltaba que ahora rebajaran sus exigencias en la lucha contra la corrupción, como parece reflejar el proyecto de reforma presentado por Rivera en el Congreso en materia de lucha contra esa lacra de la vida pública.

Después de defender con vehemencia que cualquier imputado (ahora investigado) debe abandonar de forma inmediata su cargo, ahora pretenden, como el PP, que sea apartado cuando se abra la vista oral.

El problema es que en el caso de Murcia el pacto es previo a ese viraje. Allí se obligó a firmar a Pedro Antonio Sánchez que, en caso de ser imputado, debería dimitir de forma inmediata. Y eso aunque no les guste al PP, ni a Ciudadanos ahora, se debe cumplir.

Los populares, que ha cerrado filas como acostumbran con el presidente murciano, ruegan que se espere a que este comparezca ante el juez el próximo día seis de marzo, sin acusación fiscal de por medio, para reclamar su dimisión. Pretende pasar por alto que dos fiscales del TSJM, desoyendo las instrucciones de sus superiores jerárquicos y ante la gravedad del caso, instaron su procesamiento.

Que el ministro de Justicia, Catalá, se reunió con Pedro Antonio Sánchez aprovechando el congreso del PP y en mitad del escándalo. Que el Fiscal General del Estado, en la "limpia" que va a efectuar de responsables poco dúctiles, tiene en mente cambiar al fiscal anticorrupción de Murcia.

El argumentario oficial del partido y del Gobierno pasa por decir que Sánchez ya ha salido absuelto de otras quince imputaciones previas. Con los apoyos con los que cuenta lo raro hubiera sido su procesamiento. Pretenden también hacer creer que no es lo mismo llevarse los fondos públicos que equivocarse en la gestión. Olvidan que la prevaricación es un delito, no un error.

Ciudadanos, si quiere mantener su credibilidad, no puede prestarse a este juego de imposturas. Ni consentir que el PP les arrastre a la irrelevancia política.

Cabe preguntarse en qué momento del larguísimo proceso el fiscal Horrach se separó de las tesis del juez Castro, cuando habían llevado mano a mano la instrucción del caso Noos, y sus discrepancias llegaron hasta el punto de verter sospechas de prevaricación en un escrito contra el magistrado instructor y, hasta entonces, amigo personal.

La sospecha de que la dependencia jerárquica estuvo detrás de ese cambio de criterio ha calado en la opinión pública y aún más tras conocer lo sucedido esta semana con los rapapolvos a las dos fiscales de Murcia por parte, incluso, del ministro de Justicia, Catalá, quien recordó que "en casos de especial relevancia" la dependencia jerárquica es de obligado cumplimiento.

Esta ambigüedad entre la libertad del fiscal que, con las pruebas de la investigación en la mano, plantea una acusación basada en hechos, y la obligación de acatar la orden de su superior, que no conoce la causa o la conoce menos, cuestiona el principio de que la Justicia es igual para todos. Sobre todo en casos de "especial relevancia" como afirmó el ministro sin despeinarse.

Si se le añade el dato de que un día antes de que la Fiscalía General del Estado impusiera a las fiscales de Murcia no investigar al presidente Pedro Antonio Sánchez, por presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada, este se habría reunido en el congreso del PP con el ministro Catalá, todo empieza a oler mal.

El ministro y portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, aclaró ante el escándalo, que los fiscales "actúan siempre en salvaguarda de la ley y están sometidos a dos principios el de independencia y el de jerarquía". La clave es averiguar cuál de los dos principios considera el Gobierno que debe primar. Da la impresión, por lo menos en los casos de la Infanta y del presidente de Murcia, por citar solo los dos últimos, de que la "obediencia debida" se impone a la independencia.

Solo esa coyuntura ha permitido al Partido Popular, y sobre todo a su presidente, afrontar este fin de semana sobre unas ruedas que, en otras circunstancias y en otro país, con un sentimiento democrático más consolidado, serían unas ruedas muy desgastadas y probablemente pinchadas.

La histórica desunión y los sempiternos conflictos que han convulsionado a la izquierda, no solo se plantean en España a nivel genérico, sino que afectan a todas y cada una de sus formaciones.

En Podemos va a ser muy difícil evitar el choque de trenes en la lucha por el poder que mantienen los "pablistas" y los "errejonistas".

Los primeros en defensa de un concepto claramente dictatorial disfrazado de plebiscitario, y los segundos en defensa de un mayor juego institucional. Hoy asistiremos a un desenlace que, previsiblemente, acabará como el rosario de la aurora. Tiempo al tiempo.

En el PSOE la batalla no parece tan cruenta. Sin duda, también va a dejar mucho herido y mucha baja, pero cabe esperar que, la experiencia de este partido centenario, les insufle la cordura suficiente con que superar el maremágnum en el que, unos y otras, le han sumido.

En fin, que entre el alboroto general, el PP sale casi indemne, preocupado en decidir la clase de pájaro que les representa: o una gaviota, ave carroñera donde las haya, o un charrán que, también es sinónimo de pillo, tunante y ladronzuelo.

El PP, que este fin de semana va a celebrar, nunca mejor aplicado el término, un congreso de aclamación al líder y de unanimidad total, se ha quedado estancado, e incluso baja un poco, en estimación de voto. Es como si los suyos, conseguido el objetivo de revalidar el poder, dejaran de arrimar el hombro.

Su cambio de estrategia y de talante, ante la evidencia de la falta de mayoría absoluta, no le da réditos. Sigue dependiendo de Ciudadanos y, aún así, no llega.

El PSOE parece que deja de perder apoyos y, aún sin liderazgo, frena el castigo por las batallas internas. La oposición práctica, sensata y posibilista en el Congreso recibe el apoyo de los votantes que, tímidamente, vuelven a las siglas. Salvo que los militantes recuperen a Pedro Sánchez en primarias, la encuesta señala que acierta la gestora.

Ciudadanos, pese al coste de su apoyo permanente al PP, a los desplantes sufridos, a las dificultades para hacer que Rajoy cumpla los pactos, resisten pero no suben. Queda por ver si el giro al liberalismo de su congreso del pasado fin de semana les va a dar votos.

Pero la sorpresa del CIS es la posición de Podemos. Bien es verdad que en los días en que se realizó la encuesta todavía los dos sectores, pablistas y errejonistas, no habían llegado a las descalificaciones actuales. Era el momento de los: "Iñigo así no". Ahora estamos en el: o tú o yo y el que pierda al infierno. Decía Errejón ayer mismo que las declaraciones de desencanto de personas con talento como Luis Alegre o Jiménez Villarejo, que acompañaron a Podemos en sus inicios y que ahora se han alejado, son un síntoma de error en la estrategia.

La pregunta es: ¿Si se confirma la fractura de la organización, si se ratifica el poder absoluto de Pablo Iglesias, el líder peor valorado de todo el panorama político, si se produce la purga interna que ocurrió en Madrid, los votantes de talento van a seguir confiando en Podemos?.

Cuidado con los avisos del CIS.

Y es que Villarejo, hasta ahora, ha sabido esquivar hábilmente las diversas denuncias que han aflorado contra sus supuestas turbias andanzas por las alcantarillas del Estado y sus propias alcantarillas, pero hoy se enfrenta a la firmeza del magistrado Arturo Zamarriego, nada dispuesto a dejarse intimidar por las presiones que parecen acosarle desde altas instancias.

La lectura del artículo de Javier Ayuso, publicada el viernes pasado por El País, no solo produce un profundo bochorno, sino que logra aterrorizar a aquellos ciudadanos de buena fe que confían plenamente en las instituciones, al comprobar hasta que punto puede instalarse en nuestra sociedad un tinglado con tintes claramente mafiosos que, supuestamente, implicaría a policías, empresarios, políticos, periodistas, fiscales y magistrados. Una red de favores que no solo facilitaría el lucro y la impunidad a sus integrantes, sino que torpedearía el derecho a la justicia de quienes pudieran verse atropellados por sus intereses.

Al parecer, según fuentes judiciales, las filtraciones de antiguos asuntos que relacionan al anterior Jefe del Estado con la vedette de Totana Marita García García (de nombre artístico, Bárbara Rey) y el CNI, son la punta de lanza de esa cruzada con la que Villarejo y otros policías de su cuerda, tratarían de presionar al Gobierno y a la justicia, para que le eximieran del procesamiento. Un asunto viejo del que, al parecer, quedan muchos capítulos por contar. Sobre todo, los relacionados con extorsiones de la artista y, supuestos, importantísimos pagos con dinero público.

El ex ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, fue uno de los mayores valedores de Villarejo. No en vano era "uno de los suyos" y le defendió a capa y espada, justificando lo injustificable de este personaje sobre el que Nicholas Pileggi y Scorsese podrían, sin duda, componer un magistral guión cinematográfico.

En su relato sobre las actividades del Ejecutivo de Puigdemont, socio de ERC en la Generalitat, describía flagrantes irregularidades que han llevado a la Fiscalía a abrir una investigación.

Es bastante inverosímil que ningún militante de base de ERC, asistente a las charlas, hiciera llegar a la dirección la descripción de cómo Junts pel Si se ha hecho con los datos fiscales de los ciudadanos catalanes para su nueva Hacienda independiente, o como han elaborado un listado con los jueces afines al "proces" y los que se tendrán que marchar de Cataluña.

No deben tener todavía en funcionamiento un centro de inteligencia, porque se han enterado de la noticia por El País....
Parece ser que el más preocupado es él responsables de "Exteriores" de la Generalitat, Raúl Romeva.

Según contaba el lenguaraz ex senador Vidal, había ya pactado con la Alianza Atlántica, esa que Trump pretende abandonar a su suerte, la permanencia de Cataluña pese a la independencia. No precisó si el pacto incluía la aportación de fuerzas armadas a las operaciones internacionales.

Pese a lo chusco del relato, la Generalitat no se lo ha tomado a broma y avisa que realizará una auditoría para demostrar, sobre todo, que no cuenta con datos fiscales de los contribuyentes catalanes, lo que sería un delito. Algunos vecinos de Barcelona han acudido a la Plaza de San Jaume a pedir explicaciones.

Dicen en ERC que el ex senador ha pecado de afán de notoriedad, pero la desconfianza surge por su participación en la elaboración de la Carta Magna de la independencia.

No se elabora un proyecto de Constitución sin tener amplios saberes sobre el funcionamiento del futuro Estado. Y una de las primeras leyes de la desconexión, que el Parlament ha intentado desarrollar, es la de la Hacienda Pública catalana. Puede, por tanto, que no todo lo dicho por el ex senador sea verdad, pero algo de cierto debe haber.

Por la celeridad del cese, pese a que Vidal se jugó su puesto en la magistratura para ayudar al "proces", se percibe la preocupación en las filas republicanas.

Cuando Puigdemont ha anunciado que se va dentro de un año y el panorama electoral no es muy halagüeño para Junts pel Si, la sustitución del President podría llevar a Oriol Junqueras, por fin, a dirigir la Generalitat.

El relato de las maniobras bajo cuerda del juez Santiago Vidal resta épica a la lucha por la independencia. Si a eso se suma el fiasco de Puigdemont, recibido con displicencia en su conquista de la Unión Europea, los augurios no parecen demasiado favorables en esa batalla por la imagen en la que tanto han invertido los independentistas catalanes.

El organismo Trasparencia Internacional publicó ayer los datos de su informe sobre la percepción de la corrupción. Volvemos a obtener el segundo peor resultado histórico. Somos de los países más corruptos de la Unión Europea. Nuestra vergonzosa posición nos sitúa entre Costa Rica y Georgia. Es decir, estamos más cerca de Somalia y Sudán del Sur, los países más corruptos de la tierra, que de Dinamarca o Nueva Zelanda, los ejemplares.

Mientras, los miembros de la familia Pujol siguen, según la fiscalía, presuntamente blanqueando dinero y disfrutando de sus bienes. El último en declarar fue el pequeño, Oleguer, quien volvió a sacar a pasear la supuesta herencia del abuelo como origen de su ingente patrimonio. No se le dio crédito, pero se fue a su casa sin que el juez dictara medidas cautelares; el mismo juez, José de la Mata, que ha denegado la autorización a la policía judicial para realizar un nuevo registro en los domicilios familiares buscando pruebas de sus operaciones en África.

El expolio de los bienes públicos no es privativo de Madrid o Barcelona. No es que Madrid "robe a los catalanes" o viceversa. Aquí los que de verdad roban y a manos llenas son los dirigentes políticos con capacidad de otorgar obra pública. Es una lacra trasversal, asociada a países con escaso control, con instituciones sin prestigio, con una justicia en precario, lenta muy dependiente del poder, y una ciudadanía tolerante.

Afecta pues a todos los estamentos sociales y cada uno debe hacerse mirar la parte de responsabilidad que le toca en esta vergüenza colectiva. Una vergüenza que no solo desprestigia la imagen de un país, afecta negativamente a su comercio exterior y le hace irrelevante en las instituciones internacionales, sino que daña la esencia de la democracia. Esa que tantos años costó recuperar.

En tiempos de incertidumbre, con la extrema derecha asomando la patita en Europa y plenamente instalada en EEUU, solo unas instituciones fuertes, con capacidad fiscalizadora del poder, pueden evitar un retroceso social que nos lleve al mundo de los años treinta del siglo pasado.

Como su propuesta de "incitar" a las gasísticas a bajar el precio no parecía una medida ni inmediata ni definitiva y el escándalo crecía, intervino ayer la fiscalía y abrió una investigación de oficio para averiguar la existencia de irregularidades en estas subidas. No deja de ser otra huida hacia adelante, teniendo en cuenta que la fiscalía depende orgánicamente del Gobierno y que cabe suponer una indicación desde el ministerio de Justicia.

Una vez más, la pretensión es trasmitir la imagen de que se actúa, pero no se abordan las reformas profundas que necesita el sector para que la factura de la luz que pagamos los españoles no sea una de las más caras de Europa.

Fue el hermano gemelo del ministro, Alberto Nadal, hoy Secretario de Estado en Hacienda, el que elaboró toda la estrategia energética del primer Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2016. Desmontó todos los planes de Zapatero para beneficiar a las renovables, acabó con el déficit de tarifa, eliminó las primas a las eólicas y fotovoltaicas y creo el "impuesto al sol".

Y todos esos conceptos se pasaron a la factura de la luz que pagamos cada mes. Porque el coste de la electricidad, la que consumimos, no alcanza al 37% de la misma. El resto son impuestos, prima a las renovables, bono social, amortización de red, etc.

Así pues, los dos hermanos Nadal, tendrían muy fácil reducir el coste de la electricidad a las familias con solo convencer al ministro Montoro de que redujera los impuestos a un bien de primera necesidad como es el consumo eléctrico. Causa de la pobreza energética y responsable de que un preocupante número de familias viva sin calefacción. De esta manera no tendrían que apelar a la fiscalía.

Porque no se trata de poner parches para pasar esta ola de frío. Hay que modificar el sistema que permite que sean las centrales de ciclo combinado, las que funcionan con gas, las únicas responsables del precio del megavatio en las subastas diarias. Hay que cuestionarse si son los consumidores los que deben pagar el precio de la subvención al carbón, o el bono social para las familias desprotegidas.

Es como si se hubiera querido colar en la factura de la luz toda una serie de partidas que corresponden a los presupuestos generales del Estado. Pero, en tiempos de recortes de gasto y de cumplir el objetivo del déficit con Bruselas, el consumidor siempre acaba siendo el chivo expiatorio.

Si el Gobierno no afronta una solución tendrá que ser la oposición la que, de forma conjunta, desmonte este injusto lío eléctrico.

Puede ser este el único tema de debate precongresual de los populares antes de febrero. La batalla sobre su permanencia no afecta solo al partido, donde hay muchas voces que consideran que el Ministerio de Defensa es incompatible con ejercer el liderazgo de una formación política, sino a destacados miembros del Gobierno.

Los mismos que están detrás de que un importante grupo de comunicación haya hecho bandera de la salida de Cospedal.

En Génova 13, los jóvenes vicesecretarios esperan su oportunidad y, en el ejecutivo, las malas relaciones entre la poderosa vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, y la ministra de Defensa son harto conocidas. La última palabra, como en todo, la va a tener Rajoy, al que gustan muy poco los "líos".

Por eso el apoyo, tarde pero contundente, a la actuación de Cospedal con las víctimas del accidente aéreo, se ha interpretado como la carta blanca de la ministra para seguir al frente del partido.

Además, que José María Aznar considere que ambos cargos son incompatibles es un punto a favor de Cospedal, porque Rajoy, con tal de llevarle la contraria y más tras su abrupta salida de la presidencia del partido, la mantendría en el puesto. Esto último, es una broma que circula por la sede.

Hay quien da por hecho que Martínez Maillo va a ser ascendido y que será, in pectore, el nuevo secretario general. Que, en caso de quedarse, Cospedal ostentaría un mando más honorífico que real.

El poder que otorga la presidencia del Gobierno suaviza cualquier polémica interna y confiere al partido que lo ostenta una unanimidad inquebrantable con su líder.

La petición de Cristina Cifuentes de celebrar unas primarias de verdad -un militante un voto- va a tener un corto recorrido ya que la seudo reforma de Maíllo es la que cuenta con más avales. Todo seguirá igual en el PP nacional y también en el de Madrid que celebra su congreso un mes después.

La presidenta madrileña no podrá convertir el PP madrileño en punta de lanza de la modernidad, con unas primarias para elegir a su responsable máximo, porque del congreso nacional saldrá la fórmula de elección de dirigentes nacionales y regionales.

Mariano Rajoy, que hace un año se tambaleaba entre los suyos, va a ser el único dirigente político (no hay más que mirar al PSOE, Podemos o Ciudadanos) que convierta el congreso en un paseo militar.

Este año que comienza no sólo debe despejar la batalla por el liderazgo entre Iglesias y Errejón, sino la propia supervivencia de la formación morada. Poco cabe esperar en los próximos meses de su defensa de los oprimidos, desahuciados, etc. No van a poder ni acompañarles en las manifestaciones en la calle.

La PAC también perdió, tiempo atrás, a su cara más combativa: Ada Colau, dedicada ahora a la sucesión en él presidencia de la Generalitat, reclamando adelanto electoral y preparándose, este año que comienza, a competir con Oriol Junqueras, desgastado por su pacto con el defenestrado Artur Más.

Todo este relato se completaría con la incertidumbre europea donde Francia se debate entre la derecha dura y la extrema derecha y Alemania y el Brexit...

Qué pereza.

La fraternidad en contra de lo "viejuno" y capitalista era su modus operandi. Pero, como dice el poeta: "es tan corto el amor y tan largo el olvido...". Aunque, para ser precisos, aquí no se trate de olvido sino de una guerra abierta cuchillo en mano entre las diferentes tendencias que constituyen la formación. El hecho de que los Anticapitalistas hayan entrado en la batalla, alineados con el sector de Pablo Iglesias, deja en precario a Errejón y los suyos. Al punto de que podría apartar a este no solo de la portavocía del grupo parlamentario, sino también de la secretaría política, es decir quieren cesarle como número dos de Podemos.

El congreso de Vistalegre II, convocado para febrero, ha agitado todas las corrientes internas que buscan posicionarse en los órganos de poder. Pero la batalla entre Errejón e Iglesias viene de meses atrás. Son dos concepciones radicalmente distintas sobre la estrategia política de Podemos cara al futuro. Ambos defienden dos roles absolutamente diferentes sobre quiénes son, a quién van dirigidas su políticas y el modo de alcanzar el poder para ponerlas en práctica.

Para Iñigo Errejón este primer año de inmersión en las instituciones del Estado, pese a la falta de Gobierno, ha significado un baño de posibilismo. Ha dejado de lado la pretensión de "conquistar el cielo" y ha comprobado la eficacia de conquistar votantes, único camino en democracia para llegar al poder.
Por su parte a Pablo Iglesias el choque con la realidad le ha decepcionado.

En el Parlamento es uno más y no especialmente brillante. No ha conseguido adelantar a los socialistas y el camino hacia la Moncloa se le antoja excesivamente largo para sus ambiciones. Sobre todo, teme que el conglomerado de fuerzas dispares que dio origen a Podemos se disuelva como un azucarillo, si no alcanzan mando en plaza.

Ayer, en la reunión del Consejo Ciudadano, volvieron a chocar. Errejón defiende que antes de los cargos se voten las ponencias, e Iglesias ha diseñado una estrategia con el apoyo de Echenique y los anticapitalistas que los deja fuera de la dirección. Las redes sociales, de las que ambos han hecho uso y abuso, son ahora testigos de su ruptura incluso en lo personal. Casi han traspasado la fina línea entre el amor y el odio.

Pero, su inexperiencia en la vida pública (han pasado demasiado rápido de la calle al escaño), no les deja ver el coste electoral altísimo que tienen los conflictos internos relatados, minuto a minuto, como ellos están haciendo. El elector exige que los partidos resuelvan sus problemas no que se peguen entre ellos. Y Podemos, de momento, no ha logrado ninguna mejora en la vida de sus votantes.

El caso es que Soraya Sainz de Santamaría, siguiendo instrucciones precisas de Rajoy, ha expresado lo que millones de españoles pensaban desde hace años: que la petición de firmas para anular el último estatuto de Cataluña fue un error político garrafal, origen de la desafección hacia España, y un torpe potenciador del independentismo.

La rectificación, si bien ha costado años, es un buen comienzo para la vía de diálogo y negociación que se ha iniciado desde el Gobierno. La cerrazón de la anterior legislatura, la de la mayoría absoluta, ha dado paso a la única vía de entendimiento y reconciliación con los catalanes. La oferta de no llevar todas y cada una de las resoluciones del Parlament a los tribunales es también otro paso que demuestra la voluntad de hacer primar la política por encima de los recursos legales.

No va a ser fácil. Se han roto muchos puentes y ha habido mucha provocación desde la Generalitat, pero ambos saben que este es el único camino. El despacho que Santamaría se ha montado en la Ciudad Condal es una buena idea; hay que ir allí donde está el problema. Oriol Junqueras, que era su más asiduo visitante en Moncloa, se lo agradecerá. Las formas, en un tema de Estado y peliagudo como este, son importantes.

Se rompe una inactividad de cuatro años que vaticinaba un choque de trenes gravísimo y que ha tenido en vilo a la mitad de los catalanes, que no querían la independencia pero tampoco los desplantes.

La otra lectura de lo ocurrido refleja el reparto de poder diseñado por Mariano Rajoy para esta legislatura. Queda meridianamente clara su apuesta dentro del Gobierno por la persona de su máxima confianza que es la vicepresidenta. Si las cosas salen bien el se apuntará el tanto y dejará que algún sobrante de gloria cubra los hombros de la que puede ser su sucesora en la presidencia del Gobierno.

De nada le va a servir a María Dolores de Cospedal su rigurosa asistencia a cuanto acto castrense se convoca. El problema es Cataluña y ella no está ahí. De hecho, surgen cada vez más voces cuestionando que pueda compatibilizar la secretaria general del PP con el cargo de ministra a partir del próximo congreso. Los "jóvenes cachorros" tienen ganas de balón y hay que comenzar a renovar caras. Mientras, se buscan trampantojos para sustituir el "dedazo" por unas seudo primarias que quieren ser pero no son.

Parece claro que Rajoy ha tenido mucho tiempo para pensar como salvar una legislatura que se anticipa muy complicada y más cuando el imprescindible Partido Socialista no tiene líder y va para rato.

Puede pensarse que los logros son aún escasos, y seguro que Unidos Podemos tratará de convertirlos -ya lo está haciendo- en el plato de lentejas por el que los socialistas han vendido su alma al Partido Popular.

Pero, no nos equivoquemos, los avances en los Presupuestos, el pacto sobre el techo de gasto y la subida del salario mínimo interprofesional, han puesto de manifiesto el drástico cambio que, por obra y gracia de los electores, que han dado sabiamente la espalda a las mayorías absolutas, se está produciendo en la gobernanza de nuestro país.

A pesar de todo, nadie debería lanzar ningún tipo de campanas al vuelo. Ni tampoco especular con cambios drásticos en las posturas sobre quien es oposición y quien deja de serlo. Falta mucho por hacer; falta mucho por aceptar el cambio que vive el escenario político español y, en consecuencia, acomodarse democráticamente a él.

El Partido Popular, que de momento ha apostado por el PSOE para cerrar estos acuerdos, no puede considerar que los socialistas se han convertido, de la noche a la mañana, en sus socios de referencia.

Porque no es así. El indudable sentido de Estado que históricamente ha demostrado el Partido Socialista Obrero Español, no puede llevarle a olvidar ni sus principios ni el electorado al que se debe. Hacerlo sería cegar la salida de ese túnel en el que se Pedro Sánchez les metió, y del que solo con mesura e inteligencia lograrán salir: demostrando que sus decisiones logran beneficios para la ciudadanía.

Por otro lado, Unidos Podemos, tampoco debería, aunque ya lo está haciendo, dar más cancha a la verbena con la que acostumbran a festejar todos sus planteamientos. Hoy por hoy, y digan lo que digan, el PSOE les ha ganado la mano. Y la gente, que no es tonta, se está dando cuenta de que una cosa es hacer oposición real, oposición constructiva, y otra, muy distinta, el "postureo".

Ciudadanos, por otro lado, está siendo injustamente relegado en estas cuestiones en las que, por derecho, debería haber mantenido una participación protagonista. Resulta difícil entender porque el PP no lo ha tenido en cuenta, sabiendo como sabe que a muy corto plazo lo necesitará. Sin ir más lejos, para la aprobación de unos presupuestos generales para los que, muy difícilmente, va a poder contar con el PSOE.

Olvida que las hienas comen carne de animales muertos, es decir que alguien ha matado antes. Si es verdad que la ex alcaldesa de Valencia murió de pena, como denunció su cuñado, alguien tiene esa responsabilidad sobre sus hombros y Hernando se la quiere quitar de encima a todo correr.

Porque, quien hizo que Rita Barberá abandonase su militancia de más de veinte años en el PP fueron sus compañeros de filas, entre ellos Hernando. Quien le hizo el vacío desde que en septiembre fuera imputada por el caso Taula fueron sus antiguos compañeros de escaño y de partido. Quienes la esquivaban en los actos públicos, siempre que hubiera una cámara delante, fueron aquellos que la adularon en su época de poder omnímodo en el PP de Valencia.

Cayó en desgracia cuando se convirtió en un lastre para que Mariano Rajoy consiguiera los apoyos necesarios de su investidura. Si tanto la querían, ¿porque nadie del PP la acompaño el lunes pasado a las puertas del Supremo cuando declaró ante el magistrado Conde Pumpido? Los periodistas lo único que han hecho, en esta etapa de enconamiento político, es reproducir las críticas que muchos compañeros de filas vertían sobre la senadora que se negó a abandonar el escaño. -cosa que que le habría convenido al PP- y que les perseguía como alma en pena por los pasillos de ambas Cámaras.

De no haber estado un año en permanente campaña electoral, y con un Gobierno en funciones, no se habría "invitado" a Barberá a abandonar unas siglas que fueron su vida política y personal. Pero se necesitaban los votos de Ciudadanos y esa formación tenía otras exigencias frente a los casos de corrupción.

Decir ahora, llevados por la mala conciencia, que se replantean el pacto, llega demasiado tarde. Lo que sí deberían estudiar, sin dilaciones, es la propuesta de la oposición de suprimir los aforamientos. Fue ese intento de salvaguardar a una figura mítica del PP, llevándola al Senado y su aforo, lo que la convirtió en alguien incomodo.

Si se hubiera quedado en Valencia, compareciendo con el resto de sus compañeros del Ayuntamiento ante la justicia ordinaria, no habría sufrido el vacío del que ahora tanto se lamentan.

Ahora solo falta, cuando no puede defenderse, que sus compañeros de banquillo la hagan responsable de lo sucedido en la presunta financiación irregular del PP en Valencia. "¡Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras".