• viernes, 01 de noviembre de 2024
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SOCIEDAD

Presos incomunicados en Pamplona: denuncian que la cárcel ha estado 10 días sin teléfono por una avería

Salhaketa dice que la falta de funcionamiento de la centralita "ha provocado que la imposibilidad de contactar con el centro penitenciario haya causado graves perjuicios".

Cárcel de Pamplona. ARCHIVO
Cárcel de Pamplona. ARCHIVO

El movimiento de apoyo a los presos Salhaketa ha denunciado que la centralita telefónica de la cárcel de Pamplona ha estado "inoperativa" por una avería que "ha tardado en arreglarse diez días", lo que "ha dificultado que las familias pudieran solicitar cita para realizar las comunicaciones por cristal".

Para Salhaketa, dice en un comunicado, "resulta del todo inaceptable que, en una sociedad tan digitalizada como en la que estamos, un servicio público pueda quedar incomunicado durante diez días por una avería en un teléfono. Y mucho más inaceptable es que la administración pública no articule ninguna alternativa provisional para paliar las consecuencias de esta situación".

Según precisa, la falta de funcionamiento de la centralita "ha provocado que la imposibilidad de contactar con el centro penitenciario haya sido una constante en los últimos días, causando graves perjuicios".

Y puntualiza que las primeras personas afectadas han sido las presas y sus familiares al no poder concertar citas para las visitas, por lo que algunas familias se trasladaron a la prisión para hacerlo personalmente.

Salhaketa subraya que la situación se ha dado cuando "las comunicaciones físicas en la cárcel de Pamplona están limitadas a las comunicaciones por cristal desde el pasado mes de agosto y la dificultad en el acceso a las mismas supone eliminar todo contacto personal entre las personas presas y sus familiares y allegadas".

Además, precisa, la falta de atención telefónica ha afectado a todas las personas que han necesitado contactar con la cárcel con cualquier finalidad, como presos en tercer grado que querían comunicar alguna incidencia sobre las condiciones de su clasificación o familiares y allegados que querían realizar una consulta en relación con un preso o hacer gestiones como el ingreso de dinero en peculio o el ingreso de paquetes con elementos personales.

También ha afectado, apunta, a personas que iban a entrar en prisión y tenían cualquier tipo de duda sobre cómo realizar el ingreso y a los profesionales de las entidades sociales, de la abogacía y personal de la administración de Justicia.

En estos últimos casos, "la imposibilidad de comunicación se ha traducido en desatención a sus consultas y/o gestiones que han podido abarcar temas tan importantes como la falta de información para la defensa de derechos, la incomunicación para trasladar demandas importantes desde las entidades sociales o la comunicación de puestas en libertad de personas presas y el retraso en la efectiva puesta en libertad de la persona afectada", asegura.

Salhaketa subraya que esta situación se suma a otras "vulneraciones de derechos que se llevan a cabo en la cárcel de Pamplona ante la absoluta impasibilidad de la dirección, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Gobierno de Navarra".

Por ello insta al Ejecutivo a que "de manera prioritaria proceda a asumir la competencia penitenciaria" y entre tanto "asuma su responsabilidad" con respecto a esta prisión "adoptando medidas tendentes a garantizar los derechos de las personas presas y/o que palíen las deficiencias existentes", algo que "puede y debe realizar ya".

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