Esta declaración de fallecimiento, que no debe confundirse con la inscripción de defunción - está presente el cuerpo- es una herramienta jurisdiccional muy útil para los familiares del desaparecido. El objetivo principal es que puedan disponer de los bienes e inmuebles del presunto fallecido.

Como señala Martín Corera, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pamplona, es un paso importante que permite a las familias avanzar en los trámites. "Normalmente, cuando una persona fallece, se procede a inscribir la defunción. Pero si desaparece y no da señales de vida, no se produce esta inscripción por lo que, en principio, está viva". 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBE PASAR?

Ante estos casos, la ley establece unos plazos según cada situación. Corera, especialista en Derecho Registral, detalla que el plazo genérico son tras una década sin haber tenido noticias ni comunicación alguna con el desaparecido, ya sea presencial, por teléfono, carta, e-mail o cualquier otro medio. Si el ausente tenía más de 75 años en el momento de la desaparición, el plazo se reduce a 5 años y si se encontraba en un caso de muerte inminente, a solo uno. 

Además, el letrado señala que en casos extraordinarios, como ser víctima de una catástrofe natural, de una guerra, desaparecer en un accidente aéreo o en un naufragio, entre otros, el plazo se reduce sustancialmente. En estas situaciones, los trámites pueden iniciarse tres meses después o incluso en solo 8 días. 

Esta modificación del Código Civil, recuerda, se produjo en el año 2000, con la Ley 4/2004, promovida por el grupo parlamentario del PNV para ayudar a las viudas e hijos de los marineros desaparecidos. En caso de naufragio, desaparición por inmersión, un alud de montaña o accidente en un avión puede comenzar la tramitación en 8 días.

¿QUIÉN PUEDE PROMOVERLA?

Corera, también profesor del Máster de Acceso a la Abogacía de la UPNA, explica que la petición de esta declaración de fallecimiento puede partir de la esposa, familiares hasta cuarto grado, del propio Ministerio Fiscal, y de cualquier persona que manifieste un interés legítimo, sin orden de preferencia".

Para pedirla, no es necesario que se haya presentado una denuncia por la desaparición ante la Policía. Por ejemplo, cita el caso de las víctimas de la Guerra Civil o de los accidentes citados.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?

El trámite es bastante sencillo y entre un mes y dos meses desde la petición, la familia puede obtener la declaración de fallecimiento. Para ello, solo hay que presentar "la manifestación de que esa persona ha desaparecido, que cumple los plazos establecidos en el Código Civil". Se entrega ante el Juzgado de Primera Instancia al que corresponda el último domicilio de presunto fallecido

A continuación se publican los edictos y se hace la declaración de fallecimiento. "El propio juzgado lo inscribe en la certificación de nacimiento, se abre la sucesión sobre sus bienes y se procede a su adjudicación".

EN CASO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL...

Corera explica que las investigaciones policiales siguen un camino distinto al de este tipo de procedimientos y que no se ven interrumpidas: "La investigación policial no se cierra hasta que ya es material, técnica y jurídicamente imposible continuar. Se puede promover la declaración de fallecimiento sin perjuicio de que la línea de investigación policial continúe sus pasos".

Se cerrará si se tiene evidencia por la aparición de restos de la persona fallecida u otras circunstancias.

¿QUÉ SUCEDE SI APARECE LA PERSONA?

En algunos casos, la persona que se ha declarado fallecida aparece tiempo después, como ya sucedió en Pamplona con una persona que estuvo años en Canadá sin que se tuvieran noticias suyas. En ese caso, debe acreditar su identidad, bien con un documento de identidad u otras pruebas.

Un vez realizado, "recobra los bienes en el estado en que se encuentren. Y tiene derecho al precio por el que se hubiesen vendido, en su caso. Pero no puede reclamar lo obtenido por las rentas, frutos o productos obtenidos con los bienes de la sucesión".

Es difícil discrepar de esa percepción mayoritaria de la sociedad española sobre la lentitud de la justicia y su carencia de recursos. Nuestros jueces, por lo general, están altamente cualificados y hacen lo que pueden con los medios de que disponen.

Ocurre que los gobernantes nunca les han dado el soporte que precisan; para los políticos, cualquier inversión en la administración de justicia carece de retorno electoral.

De ahí que su obsesión no haya sido otra que la de controlar las altas esferas del poder judicial por intereses espurios, en lugar de procurar los medios necesarios para que los jueces puedan cumplir su función constitucional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) en condiciones de dignidad y eficacia.

España ocupa una de las últimas posiciones de la Unión Europea en lo referente al presupuesto de justicia y número de jueces por habitante (11 por cada 100.000). Al final, quienes acaban padeciendo esta penosa situación son los ciudadanos.

Los juzgados se colapsan y los procesos se eternizan. Para colmo, hay quien ha pretendido remendar semejante roto mediante la imposición de unas tasas exorbitadas e injustas con las que disuadir (a los menos pudientes) de acudir a los tribunales.

El empresario necesita seguridad jurídica y presteza en la toma de decisiones; lo último que le conviene es verse atrapado en enredos o dilaciones procesales.

Pero los tiempos del Juzgado, lamentablemente, no van acompasados a los de la actividad empresarial. En tales circunstancias, la mediación se presenta como un recurso especialmente útil para la resolución de controversias en el ámbito mercantil.

En la mediación, dos o más partes en conflicto intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con ayuda de un tercero (el mediador). Tales partes son dueñas de un proceso ágil y flexible, exento de plazos procesales, estrictamente confidencial y en el que puede alcanzarse un acuerdo (dotado de fuerza ejecutiva) en un breve plazo de tiempo.

El mediador establece un cauce de diálogo que nada tiene que ver con el lenguaje belicoso que las partes emplearían en una sala de vistas. Su intervención reconduce las posturas procesales cerradas hacia los verdaderos intereses de las partes, haciéndolos aflorar y encarrilándolos hacia un acuerdo satisfactorio.

En el ámbito mercantil, la mediación aporta notables ventajas para las empresas: salvaguarda la relación comercial con la otra parte; resuelve disputas internas entre socios, directivos y/o administradores; disminuye el tiempo de resolución del asunto; disipa las dudas sobre el resultado final propias de cualquier juicio (ante la incertidumbre de cómo terminará el pleito, las partes controlan el resultado de la mediación); ahorra costes y recursos; facilita el cumplimiento de los acuerdos; evita la publicidad de los pleitos; y a la postre fortalece la solvencia de las empresas (un conflicto puede truncar una decisión estratégica o una oportunidad de negocio).

En los últimos años, la mediación ha cobrado una importancia creciente como instrumento complementario de la Administración de Justicia. Los abogados no debemos dejar de lado la opción de recomendar al cliente la posibilidad de recurrir a esta vía como alternativa a la judicialización del conflicto.

Las ventajas de la mediación son evidentes. Especialmente relevante es que las partes tengan el dominio sobre el resultado del acuerdo final, pues son ellas las que determinan su contenido mientras en el proceso judicial están a expensas de la sentencia que dicte el juez.

Pero el éxito de la mediación no sólo acontece cuando se logra un acuerdo definitivo y total, sino también cuando se alcanzan acuerdos parciales, se mejora la relación existente entre las partes o se recomponen las circunstancias favorables para la relación de futuro. Pensemos por ejemplo en aquellas empresas familiares cuyas relaciones interpersonales entre sus miembros atraviesan dificultades y pueden poner en riesgo la propia continuidad de la sociedad.

En Navarra, la Cámara de Comercio ha tenido el acierto de impulsar una Corte de Mediación especializada precisamente en la solución de disputas mercantiles.

En ella pueden abordarse toda suerte de conflictos entre accionistas, disputas con clientes y proveedores, reclamaciones en materia de propiedad intelectual e industrial, publicidad, transporte, etcétera.

En el ámbito mercantil, la mediación ofrece posibilidades inagotables en cuanto al tipo de asuntos “mediables” y al contenido (más o menos imaginativo) de los acuerdos que pueden alcanzar quienes se dediquen a la actividad empresarial.

La situación actual de nuestros juzgados hace aconsejable explorar mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La mediación ofrece un universo de posibilidades para las empresas. En otro caso, y como reza la maldición gitana, “pleitos tengas y ahí los ganes”.