Escuchándole, uno podría pensar que España tuvo la desgracia de perder en 2011 a un gobernante de talla excepcional. De ser así, resulta difícil explicar por qué alguien con semejante hoja de servicios abandonó la Moncloa por la puerta de atrás, renunciando a presentarse de nuevo y endosando el inevitable desastre electoral a Alfredo Pérez Rubalcaba. Será que los españoles somos un pueblo desagradecido.

Lo del matrimonio homosexual, ciertamente, figura entre sus hitos legislativos y así será recordado. Lo de sacarnos de la guerra de Irak es una simplificación propagandística que ha sobrevivido mejor que los hechos. España nunca participó en operaciones de combate. La presencia española consistió en una misión de estabilización y apoyo humanitario. La famosa fotografía de las Azores, con la mano paternal de Bush sobre el hombro de Aznar, produjo un efecto visual mucho más poderoso que la realidad.

Más discutible aún es atribuir a Zapatero la derrota de ETA. ETA fue vencida por la perseverancia del Estado de Derecho, por décadas de trabajo de policías, guardias civiles, jueces y fiscales, por la cooperación internacional y por un rechazo social creciente al terrorismo. El final de la banda se produjo durante sus años de gobierno, sí, pero aquel desenlace fue el resultado de un esfuerzo colectivo que trasciende con mucho a cualquier gobierno concreto. Y la normalización moral de aquel pasado seguirá incompleta mientras exista una fuerza política heredera de ese entorno que todavía se resiste a condenar sin matices el sufrimiento causado.

La reivindicación de la figura de Zapatero resulta más llamativa cuando se examina su legado económico. Durante años negó la crisis, habló de "desaceleración transitoria" y vio brotes verdes donde el resto del país veía cierres de empresas y destrucción de empleo. Llegó a presentar al sistema financiero español como el más sólido del mundo poco antes de que numerosas cajas de ahorro acabaran intervenidas o rescatadas. El resultado fue una economía devastada, más de cinco millones de desempleados, congelación salarial para los funcionarios y el agotamiento de buena parte de los colchones financieros acumulados durante los años de crecimiento. Zapatero negó tozudamente la realidad hasta que la realidad llamó a la puerta. Entonces tiró la toalla y dejó a otros la tarea de recoger los escombros.

No es casualidad que el 15-M irrumpiera en las plazas españolas tras siete años de gobierno socialista. Aquel movimiento expresó una indignación transversal contra una clase política incapaz de ofrecer respuestas convincentes a la crisis. Con el tiempo, buena parte de aquella rebeldía antisistema encontró acomodo institucional, ministerios, despachos oficiales y algunas residencias bastante alejadas del concepto original de una acampada reivindicativa. El trayecto desde la Puerta del Sol hasta Galapagar constituye uno de los procesos de maduración política más rápidos de la historia contemporánea.

Nadie podía imaginar que el 15-M acabaría en un chalé con piscina.

Zapatero abandonó la primera línea antes de que las urnas certificaran definitivamente su fracaso. Al dejar la presidencia anunció que regresaría a León para contar nubes. Pero la política tiene una capacidad de atracción difícil de resistir para quienes la han ejercido desde la cúspide. Terminó convertido en uno de los principales apoyos del sanchismo, respaldando sin fisuras cada uno de sus giros, rectificaciones y cambios de criterio. La fidelidad tiene recompensas, y pocas puertas permanecen cerradas para un expresidente alineado con el poder. Algunas de esas puertas aparecen descritas, negro sobre blanco, indicio sobre indicio, en el auto de imputación dictado por el juez Calama.

Especialmente controvertido ha sido el papel de Zapatero en Venezuela. Durante años cultivó una estrecha relación con el régimen chavista bajo la bandera de la mediación y el diálogo. Sin embargo, una parte significativa de la oposición democrática venezolana terminó percibiéndolo más próximo a Maduro que a quienes padecían la persecución política, la represión y el exilio. Resulta una paradoja difícil de ignorar que quien invoca constantemente la memoria histórica para denunciar los abusos de una dictadura de hace medio siglo haya mostrado tanta comprensión hacia un régimen contemporáneo acusado por organismos internacionales de graves vulneraciones de los derechos humanos.

Ahora que el faro moral del sanchismo se apaga ante el oscuro horizonte judicial que se cierne sobre Zapatero, seguramente se pregunte si no habría sido mejor cumplir aquella promesa de regresar a León a contar nubes.

Sobre Barbero recayó la responsabilidad de instruir el llamado caso Filesa, una trama de financiación irregular del PSOE destapada a raíz de la confesión de un contable. Bajo la apariencia de asesorías, estudios e informes jamás realizados, diversas sociedades instrumentales canalizaron pagos millonarios procedentes de grandes empresarios que terminaban nutriendo las arcas socialistas. Aquellas aportaciones no obedecían a contraprestación alguna, sino a una lógica mucho más prosaica: cultivar relaciones privilegiadas con el poder y obtener después adjudicaciones, concesiones o un trato preferente por parte de la Administración socialista.

Barbero llevó a cabo una investigación minuciosa y tenaz. Fue enlazando indicios, recabando documentación y siguiendo el rastro del dinero allí donde conducía, sin dejarse intimidar por la relevancia política de los afectados. Ordenó diligencias en entidades bancarias, reclamó la contabilidad oficial del partido y fue cerrando, pieza a pieza, un círculo probatorio que muchos creían imposible completar. Quedó para la memoria aquella escena insólita de un magistrado del Supremo presentándose en taxi ante la sede del partido gobernante para incautarse de sus archivos financieros, símbolo elocuente de una justicia dispuesta a llegar hasta donde exigieran las pruebas.

La respuesta fue despiadada. En lugar de rebatir los hechos, se optó por desacreditar al instructor. Desde ámbitos políticos y mediáticos próximos al poder se sembraron dudas sobre su honorabilidad, se airearon asuntos particulares y se magnificaron dificultades económicas personales ajenas por completo a la causa. Incluso hubo dirigentes que lo señalaron como si su actuación fuera una forma espuria de intervención política. Se llegó a decir de él que pretendía participar en la vida política abriendo y cerrando sumarios del mismo modo que ETA lo hacía poniendo bombas. Barbero soportó la presión con sobriedad y continuó con su trabajo.

El caso Filesa llegó finalmente a juicio, y en él quedaron acreditadas las acusaciones principales. Hubo condenas para destacados responsables de la trama, entre ellos cargos públicos de relevancia nacional. Posteriormente, el Tribunal Constitucional avaló la corrección jurídica de la instrucción. Conviene recordar que entonces no existía en España la responsabilidad penal de los partidos políticos como personas jurídicas; en otro caso, el PSOE se habría enfrentado a muy serias consecuencias.

Barbero jamás recibió reparación alguna por su linchamiento personal. Nadie salió en su defensa. Abandonó la carrera judicial en 1995, aislado y desgastado. Falleció en 2001.

Mark Twain decía que la historia no se repite, pero rima. Hoy el foco está puesto en el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a la esposa del presidente Sánchez. Peinado no es Barbero. Algunas de sus decisiones, como la fallida imputación de Félix Bolaños, han sido corregidas por instancias superiores, y sus resoluciones no destacan precisamente por su claridad expositiva, empezando por una llamativa deficiencia sintáctica. Nada de ello, sin embargo, justifica que se le haya convertido en objetivo político y mediático.

Con Peinado volvemos a ver descalificaciones, insinuaciones sobre su imparcialidad y un clima de hostigamiento impropio de un Estado serio. Sus compañeros de Plaza Castilla han tenido que salir en su defensa, denunciando los ataques personales dirigidos contra él, rechazando las descalificaciones procedentes del Ejecutivo y recordando una obviedad que empieza a parecer revolucionaria: que la ley es igual para todos, sin privilegios, y que los jueces no se someten a conveniencias políticas.

Como ya sucediera con Barbero, se repite el intento de desacreditar al juez cuando la investigación resulta molesta para el poder. Pero hoy concurre un elemento inédito y aún más inquietante: que todo un ministro de Justicia actúe como ariete contra magistrados concretos y se convierta en uno de los críticos más beligerantes del juez que instruye una causa incómoda para el Gobierno. Traspasar esa frontera y alentar desde el Consejo de Ministros el linchamiento de jueces incómodos para el poder supone erosionar uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Barbero lo expresó con lucidez al recordar que la independencia judicial es la última esperanza de la sociedad frente a un poder político corrupto y prepotente. Ignorar esa advertencia nos aboca a un deterioro institucional irremediable.

Al legendario torero Juan Belmonte le preguntaron una vez cómo uno de sus banderilleros había llegado a gobernador civil. Tras pensarlo un instante, el maestro sentenció: “Pues degenerando”… y ahí seguimos.

Esta declaración de fallecimiento, que no debe confundirse con la inscripción de defunción - está presente el cuerpo- es una herramienta jurisdiccional muy útil para los familiares del desaparecido. El objetivo principal es que puedan disponer de los bienes e inmuebles del presunto fallecido.

Como señala Martín Corera, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pamplona, es un paso importante que permite a las familias avanzar en los trámites. "Normalmente, cuando una persona fallece, se procede a inscribir la defunción. Pero si desaparece y no da señales de vida, no se produce esta inscripción por lo que, en principio, está viva". 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBE PASAR?

Ante estos casos, la ley establece unos plazos según cada situación. Corera, especialista en Derecho Registral, detalla que el plazo genérico son tras una década sin haber tenido noticias ni comunicación alguna con el desaparecido, ya sea presencial, por teléfono, carta, e-mail o cualquier otro medio. Si el ausente tenía más de 75 años en el momento de la desaparición, el plazo se reduce a 5 años y si se encontraba en un caso de muerte inminente, a solo uno. 

Además, el letrado señala que en casos extraordinarios, como ser víctima de una catástrofe natural, de una guerra, desaparecer en un accidente aéreo o en un naufragio, entre otros, el plazo se reduce sustancialmente. En estas situaciones, los trámites pueden iniciarse tres meses después o incluso en solo 8 días. 

Esta modificación del Código Civil, recuerda, se produjo en el año 2000, con la Ley 4/2004, promovida por el grupo parlamentario del PNV para ayudar a las viudas e hijos de los marineros desaparecidos. En caso de naufragio, desaparición por inmersión, un alud de montaña o accidente en un avión puede comenzar la tramitación en 8 días.

¿QUIÉN PUEDE PROMOVERLA?

Corera, también profesor del Máster de Acceso a la Abogacía de la UPNA, explica que la petición de esta declaración de fallecimiento puede partir de la esposa, familiares hasta cuarto grado, del propio Ministerio Fiscal, y de cualquier persona que manifieste un interés legítimo, sin orden de preferencia".

Para pedirla, no es necesario que se haya presentado una denuncia por la desaparición ante la Policía. Por ejemplo, cita el caso de las víctimas de la Guerra Civil o de los accidentes citados.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?

El trámite es bastante sencillo y entre un mes y dos meses desde la petición, la familia puede obtener la declaración de fallecimiento. Para ello, solo hay que presentar "la manifestación de que esa persona ha desaparecido, que cumple los plazos establecidos en el Código Civil". Se entrega ante el Juzgado de Primera Instancia al que corresponda el último domicilio de presunto fallecido

A continuación se publican los edictos y se hace la declaración de fallecimiento. "El propio juzgado lo inscribe en la certificación de nacimiento, se abre la sucesión sobre sus bienes y se procede a su adjudicación".

EN CASO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL...

Corera explica que las investigaciones policiales siguen un camino distinto al de este tipo de procedimientos y que no se ven interrumpidas: "La investigación policial no se cierra hasta que ya es material, técnica y jurídicamente imposible continuar. Se puede promover la declaración de fallecimiento sin perjuicio de que la línea de investigación policial continúe sus pasos".

Se cerrará si se tiene evidencia por la aparición de restos de la persona fallecida u otras circunstancias.

¿QUÉ SUCEDE SI APARECE LA PERSONA?

En algunos casos, la persona que se ha declarado fallecida aparece tiempo después, como ya sucedió en Pamplona con una persona que estuvo años en Canadá sin que se tuvieran noticias suyas. En ese caso, debe acreditar su identidad, bien con un documento de identidad u otras pruebas.

Un vez realizado, "recobra los bienes en el estado en que se encuentren. Y tiene derecho al precio por el que se hubiesen vendido, en su caso. Pero no puede reclamar lo obtenido por las rentas, frutos o productos obtenidos con los bienes de la sucesión".

Es difícil discrepar de esa percepción mayoritaria de la sociedad española sobre la lentitud de la justicia y su carencia de recursos. Nuestros jueces, por lo general, están altamente cualificados y hacen lo que pueden con los medios de que disponen.

Ocurre que los gobernantes nunca les han dado el soporte que precisan; para los políticos, cualquier inversión en la administración de justicia carece de retorno electoral.

De ahí que su obsesión no haya sido otra que la de controlar las altas esferas del poder judicial por intereses espurios, en lugar de procurar los medios necesarios para que los jueces puedan cumplir su función constitucional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) en condiciones de dignidad y eficacia.

España ocupa una de las últimas posiciones de la Unión Europea en lo referente al presupuesto de justicia y número de jueces por habitante (11 por cada 100.000). Al final, quienes acaban padeciendo esta penosa situación son los ciudadanos.

Los juzgados se colapsan y los procesos se eternizan. Para colmo, hay quien ha pretendido remendar semejante roto mediante la imposición de unas tasas exorbitadas e injustas con las que disuadir (a los menos pudientes) de acudir a los tribunales.

El empresario necesita seguridad jurídica y presteza en la toma de decisiones; lo último que le conviene es verse atrapado en enredos o dilaciones procesales.

Pero los tiempos del Juzgado, lamentablemente, no van acompasados a los de la actividad empresarial. En tales circunstancias, la mediación se presenta como un recurso especialmente útil para la resolución de controversias en el ámbito mercantil.

En la mediación, dos o más partes en conflicto intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con ayuda de un tercero (el mediador). Tales partes son dueñas de un proceso ágil y flexible, exento de plazos procesales, estrictamente confidencial y en el que puede alcanzarse un acuerdo (dotado de fuerza ejecutiva) en un breve plazo de tiempo.

El mediador establece un cauce de diálogo que nada tiene que ver con el lenguaje belicoso que las partes emplearían en una sala de vistas. Su intervención reconduce las posturas procesales cerradas hacia los verdaderos intereses de las partes, haciéndolos aflorar y encarrilándolos hacia un acuerdo satisfactorio.

En el ámbito mercantil, la mediación aporta notables ventajas para las empresas: salvaguarda la relación comercial con la otra parte; resuelve disputas internas entre socios, directivos y/o administradores; disminuye el tiempo de resolución del asunto; disipa las dudas sobre el resultado final propias de cualquier juicio (ante la incertidumbre de cómo terminará el pleito, las partes controlan el resultado de la mediación); ahorra costes y recursos; facilita el cumplimiento de los acuerdos; evita la publicidad de los pleitos; y a la postre fortalece la solvencia de las empresas (un conflicto puede truncar una decisión estratégica o una oportunidad de negocio).

En los últimos años, la mediación ha cobrado una importancia creciente como instrumento complementario de la Administración de Justicia. Los abogados no debemos dejar de lado la opción de recomendar al cliente la posibilidad de recurrir a esta vía como alternativa a la judicialización del conflicto.

Las ventajas de la mediación son evidentes. Especialmente relevante es que las partes tengan el dominio sobre el resultado del acuerdo final, pues son ellas las que determinan su contenido mientras en el proceso judicial están a expensas de la sentencia que dicte el juez.

Pero el éxito de la mediación no sólo acontece cuando se logra un acuerdo definitivo y total, sino también cuando se alcanzan acuerdos parciales, se mejora la relación existente entre las partes o se recomponen las circunstancias favorables para la relación de futuro. Pensemos por ejemplo en aquellas empresas familiares cuyas relaciones interpersonales entre sus miembros atraviesan dificultades y pueden poner en riesgo la propia continuidad de la sociedad.

En Navarra, la Cámara de Comercio ha tenido el acierto de impulsar una Corte de Mediación especializada precisamente en la solución de disputas mercantiles.

En ella pueden abordarse toda suerte de conflictos entre accionistas, disputas con clientes y proveedores, reclamaciones en materia de propiedad intelectual e industrial, publicidad, transporte, etcétera.

En el ámbito mercantil, la mediación ofrece posibilidades inagotables en cuanto al tipo de asuntos “mediables” y al contenido (más o menos imaginativo) de los acuerdos que pueden alcanzar quienes se dediquen a la actividad empresarial.

La situación actual de nuestros juzgados hace aconsejable explorar mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La mediación ofrece un universo de posibilidades para las empresas. En otro caso, y como reza la maldición gitana, “pleitos tengas y ahí los ganes”.