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POLÍTICA

DIRECTO | La oposición cargará en el Parlamento de Navarra contra los ataques de la "cloaca" a jueces y la UCO

Las implicaciones de la trama de corrupción socialista señalada por la UCO estarán presentes en el pleno de hoy

Pleno del Parlamento de Navarra. NAVARRA.COM
Pleno del Parlamento de Navarra. NAVARRA.COM

Este lunes, el Parlamento de Navarra afronta un Pleno marcado por la tensión política. La oposición ha centrado el debate en la defensa del Estado de Derecho y el respaldo a jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad. Por su parte, el Gobierno de María Chivite y sus socios de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin llega a la sesión bajo la presión de las investigaciones que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. La atención se concentra en Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y actor clave en los pactos que sostienen a Chivite, señalado en varias de estas pesquisas.

19:10

El Parlamento rechaza exigir la condena del Gobierno central y del PSOE a actuaciones para "amedrentar" a jueces

El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, al obtener únicamente el respaldo de UPN, PPN y Grupo Mixto (Vox) frente al rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una moción en la que, entre otras cuestiones, se exigía al Gobierno de España y al Partido Socialista "una condena clara y sin ambigüedades de cualquier actuación que pretenda amedrentar, desacreditar o condicionar el trabajo de jueces, fiscales o agentes policiales".

La moción, formulada por UPN, planteaba mostrar la "preocupación" de la Cámara "ante las informaciones publicadas sobre posibles actuaciones encaminadas a desacreditar o amedrentar a miembros de la Guardia Civil o del ámbito judicial relacionadas con investigaciones de relevancia pública, exigiendo el máximo esclarecimiento de los hechos".

En este sentido, la resolución proponía "condenar cualquier intento de presión, señalamiento, chantaje, intimidación o descrédito dirigido contra jueces, fiscales o agentes policiales por el mero hecho de ejercer sus funciones constitucionales y legales".

En otro epígrafe, se buscaba "reafirmar el compromiso inequívoco del Parlamento de Navarra con el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial como principios esenciales de nuestra democracia".

Asimismo, se mostraba "el apoyo y reconocimiento institucional del Parlamento de Navarra al trabajo de jueces, magistrados, fiscales, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, con profesionalidad e independencia, desarrollan investigaciones judiciales y policiales, especialmente en materia de corrupción".

También se instaba a "todos los partidos políticos, y especialmente a aquellos con responsabilidades de gobierno, a actuar con absoluto respeto institucional hacia las resoluciones judiciales, los procedimientos de investigación y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, evitando declaraciones o comportamientos que puedan erosionar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado".

Por último, se proponía remitir la presente moción al Gobierno de España, al Consejo General del Poder Judicial, a las asociaciones judiciales, a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Foral, así como al Congreso de los Diputados.

En nombre de UPN, Javier Esparza ha explicado que con esta moción "no estamos hablando de siglas", sino que "estamos hablando de si en España y en Navarra vamos a seguir defendiendo el Estado de derecho o si, por el contrario, vamos a empezar a mirar hacia otro lado cuando se intenta intimidar, chantajear, desacreditar o amedrentar a quienes investigan y tienen la obligación de juzgar la corrupción". En este sentido, ha criticado que "cuando investigan a otros, los guardias civiles, la UCO, son unos héroes", pero cuando las investigaciones afectan al entorno del Partido Socialista, "hablan de persecución".

Ainhoa Unzu, del PSN, ha criticado que desde UPN se pida apoyar la independencia judicial mientras están "ejerciendo de jueces y fiscales desde esta misma tribuna". A su juicio, el objetivo de UPN es "utilizar el Estado de Derecho como arma arrojadiza contra el Partido Socialista", y "la única finalidad de esta moción es utilizar al Parlamento de Navarra para amplificar su estrategia política contra el Partido Socialista". Según Unzu, "somos los primeros interesados en poner pie en pared con la corrupción". "Y si alguien ha cometido un delito, obviamente tendrá que asumir las consecuencias", ha apuntado, si bien ha trasladado a Esparza que "las responsabilidades penales las determina la justicia, no usted".

Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha considerado que en UPN "no buscan mejorar nada con esta moción, lo único que han pretendido es embarrar, volver a mostrar esa nula capacidad de llegar a acuerdos desde una perspectiva o desde una crítica política y han traído aquí lo peor de la política de Madrid". A su juicio, "lo único que quieren conseguir" es un titular, "sin aportar absolutamente ninguna mejora en la vida de las navarras". "Esta moción responde a esa estrategia de 'quien pueda hacer, que haga', pero en este caso a la navarra", ha apuntado.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha remarcado que con esta moción UPN no plantea "de manera blanca e inocente una declaración de apoyo al Estado de derecho", sino que busca "hablar de los posibles casos de corrupción que afectan a personas cercanas al Partido Socialista" o de su entorno. A su juicio, lo que UPN pretende "es, precisamente, saltarse el debido respeto a los jueces, a los fiscales y a los investigadores policiales, al adelantarse a las conclusiones". "Su moción es una agresión al Estado de derecho y a la separación de poderes, que paradójicamente dice que ha venido a defender", ha remarcado.

Por parte del PPN, Javier García ha afirmado que "se está intentando instalar la idea de que las investigaciones judiciales, los informes policiales o determinadas informaciones periodísticas forman parte de esa supuesta conspiración contra el Gobierno y contra el Partido Socialista". A su juicio, "la crítica política siempre es legítima, la discrepancia jurídica también, pero existe una línea que no debe cruzarse, que es la de convertir a jueces, fiscales, guardias civiles o periodistas en enemigos públicos o políticos, básicamente por cumplir con su obligación". "Las instituciones no pueden ser válidas únicamente cuando dicen lo que uno quiere escuchar", ha dicho.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha considerado que si UPN "de verdad quisiera defender la democracia, lo que trataría es de luchar contra aquellos partidos políticos, contra todos, no solo los de un color", que han tratado de realizar "injerencias reales" para que "el poder del Estado no sea en base a los intereses generales, sino en base a sus intereses parciales". "Lo que de verdad atenta contra la democracia, contra la separación de poderes, contra el Estado de Derecho, en definitiva, contra que confiemos en nuestras instituciones, es que estén controladas y hagan una utilización partidista de las mismas", ha remarcado.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha señalado que "estamos en contra de todo tipo de corrupción, y defender el Estado de derecho, a los jueces que cumplen su trabajo, y a las fuerzas de seguridad que investigan y que deben hacerlo sin miedo es una obligación para cualquier español". "El silencio de los socialistas navarros y su gobierno ante esto entendemos que es cómplice", ha indicado, tras añadir que la moción de UPN "es correcta" pero llega "un poco tarde y se queda corta".

16:58

Rechazada una moción que pedía derogar los peajes a vehículos pesados y cerrar la sociedad pública Nafarbide

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción del PPN que reclamaba la "derogación inmediata" de la Ley Foral 23/2022, de 1 de julio, que establece el cobro de peajes a vehículos pesados en cinco vías de alta capacidad de la Comunidad foral, así como "el cierre y disolución" de la empresa pública Nafarbide, creada para gestionar la implantación de estos peajes.

La moción ha recibido el voto a favor de UPN, PPN, Vox y parlamentaria no adscrita, mientras que PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra.

En su defensa de la iniciativa, el portavoz del PPN, Javier García, ha defendido la necesidad de "poner fin a una mala ley" que "nace sin consenso" y con el rechazo de "todo el sector" del transporte. Los peajes, ha remarcado, son "una nueva carga para los ciudadanos" que implica "trasladar al contribuyente las consecuencias de una mala gestión en Navarra en materia de infraestructuras".

Ha calificado la sociedad pública Nafarbide de "chiringuito" y ha destacado que su "ámbito de aplicación se ha ido ampliando hasta convertirse en una entidad que aspira a gestionar inversiones por miles de millones de euros, relacionados con las principales infraestructuras viarias de la Comunidad foral". Una empresa que, "según los propios informes de control, no es necesaria, ya que reduce los mecanismos de fiscalización y genera más costes para las arcas públicas". Por ello, ha llamado a "rectificar, reconocer que este proyecto ha fracasado, incluso antes de ponerlo en marcha plenamente", y "abandonar una política que divide al sector y que perjudica la competitividad de la comunidad".

La representante de UPN Yolanda Ibáñez ha recordado la postura de su partido "en contra de los peajes, de que se impongan en Navarra cuando no se imponen en el resto de España"; "no queremos que nuestros transportistas paguen más impuestos que en el resto de España". También en contra de la creación de Nafarbide, "empresa que no tiene actividad y que solo está sirviendo para colocar amigos del PSN" y que "se crea a pesar de contar con los informes internos que lo desaconsejaron".

El socialista Javier Lecumberri ha llamado la atención ante la "confusión" respecto a esta ley y ha explicado que establece un canon a los vehículos pesados que "servirá para financiar la conservación de las carreteras que ellos están deteriorando". Una fórmula que "tienen otros países por los que circulamos" como Alemania y Portugal. Asimismo, ha indicado que "el 92% de todos los vehículos pesados que pasan por nuestras autovías son vehículos no navarros y que están de paso" y a los que "les estamos pagando las autovías y su mantenimiento", que ha cifrado en 42 millones de euros.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que la moción del PPN "incurre en inexactitudes jurídicas" porque insta al Parlamento de Navarra a que "derogue" esta ley, por lo que le ha animado a presentar una proposición de ley. También "olvida" la "valoración del ordenamiento europeo aplicable en esta materia de gravámenes por el uso de infraestructuras viarias", que "ha evolucionado desde la mera armonización que se daba en condiciones mínimas hacia la afirmación de los principios de que quien contamina paga". La derogación del canon implicaría, ha remarcado, que el coste del mantenimiento de las carreteras "seguiría recayendo íntegramente sobre el contribuyente Navarra en beneficio de usuarios externos".

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha destacado que Nafarbide "no surge de una decisión improvisada" sino de un "análisis en la Mesa de Carreteras" en el que se comprobaron las necesidades de inversión de las carreteras navarras, que ha cifrado en casi 1.000 millones. Una situación derivada del "poco cumplimiento del Plan de Carreteras que estaba vigente en ese momento, del que se ejecutó solo un 8%" y por "el modelo de gestión de los años anteriores" en mantenimiento y conservación que "dejó un importante agujero en necesidades de inversión", y que se acompañó "fundamentalmente" de los "peajes en sombra". Ha apostado por combinar el canon con "medidas de acompañamiento" al sector.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha destacado que hay "dos alternativas". Por un lado, "la que proponen y ejecutaron" en UPN que "era pagar carreteras al triple del precio que costaban" y que "imponía una brecha entre la Ribera y el resto de nuestra comunidad" con "los peajes de la AP-15". Por otro lado, la ley del canon por la cual "las carreteras las tienen que pagar fundamentalmente los vehículos que más las deterioran" y que "sea gratuita la AP-15".

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha apostado por "cerrar chiringuitos, suprimir impuestos encubiertos que pagamos todos los navarros" y ha rechazado la implantación de un canon, que ha definido como un "peaje disfrazado para los camioneros que acabamos pagando nosotros". Ha calificado Nafarbide como una "empresa fantasma" que "solo sirve como agencia de colocación y despilfarro".

15:17

Rechazada una moción de Vox que pedía elecciones generales por los "graves escándalos de corrupción"

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una moción de Vox por la que se instaba al Gobierno de España y al Ejecutivo foral a "condenar los sucesivos y graves escándalos de corrupción que afectan al Gobierno, al partido y al entorno personal de Pedro Sánchez y que están sumiendo a nuestra nación en una espiral de degradación sin precedentes". UPN, PPN y Vox han votado a favor.

Igualmente, el texto rechazado pedía a la Cámara instar a los gobierno español y navarro a "manifestar la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales con el objeto de dar voz a los españoles en las urnas frente a la corrupción política, moral y económica que ha guiado la gestión de Pedro Sánchez".

En defensa de la moción, el parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, ha indicado que "esta moción no es un capricho, tendríamos que estar muy preocupados, es una exigencia democrática". "Los ciudadanos tenemos derecho a un Gobierno limpio, que no esté secuestrado por tramas ni por alianzas con quienes atacan la unidad de España", ha dicho, para agregar que "el Gobierno de Sánchez tiene que dimitir y el Gobierno de Chivite tiene que dimitir". "Los navarros merecemos ir a las urnas cuanto antes para recuperar a un Gobierno que ponga por delante a Navarra y a España, no a sus intereses personales ni a los de su partido", ha expuesto.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "es imposible negar que España atraviesa una crisis institucional y moral de enorme gravedad y lo más preocupante es que esa crisis tiene un epicentro político claro, se llama Pedro Sánchez y se llama Partido Socialista Obrero Español". "¿De verdad alguien cree que un Gobierno rodeado de sospechas, dependiente de pactos permanentes, cuestionado judicialmente y con un deterioro evidente de la confianza de los españoles puede seguir funcionando como si nada hubiera pasado? Nosotros creemos que no", ha dicho, para afirmar que "cuando la confianza política se rompe, la democracia tiene un mecanismo y es ir a las urnas y dejar hablar a los españoles".

Desde el PPN, Irene Royo ha defendido que "se tienen que celebrar elecciones" porque "es la única opción útil para salir de la parálisis en la que se encuentra este Gobierno y se encuentra España". "Esta legislatura está acabada y paralizada por los escándalos, sobre todo de corrupción", ha dicho, para considerar que la situación es "insostenible". "El fin de gobernar es más que el de resistir, y más que controlar el poder, que es lo que pretende este gobierno socialista", ha apuntado.

En el turno en contra de la moción, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin solo han anunciado su voto negativo.

12:49

Vuelven a reclamar el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas

l Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, con los votos en contra de UPN, PSN, PPN y Grupo Mixto (Vox) y los votos a favor de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una moción que mostraba el posicionamiento de la Cámara a favor del desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas y que reclamaba no prorrogar el contrato vigente entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa.

En un primer punto de la moción, planteada por EH Bildu, el Parlamento de Navarra se posicionaba "a favor del desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas utilizado tanto por el ejército español como por los ejércitos que integran la OTAN para ensayar en nuestro territorio unas guerras que después se practican en otros lugares causando daños irreparables y obligando a miles de personas a abandonar sus hogares".

En un segundo epígrafe, la Cámara foral reclamaba, "en aras a la paz, la convivencia y los derechos humanos, no prorrogar el contrato vigente entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa". En tercer lugar, el Parlamento de Navarra instaba al Gobierno del Estado a derogar el decreto que declaró el territorio ocupado por el Polígono de Tiro de las Bardenas como Zona de Interés preferente para la Defensa.

Por su parte, Geroa Bai había presentado una enmienda de adición en la que el Parlamento de Navarra instaba al Gobierno foral a "realizar un estudio sobre posibilidades de desarrollo socioeconómico de las Bardenas Reales de Navarra, con el objetivo de ofrecer una alternativa a los ingresos de los que en estos momentos disfrutan las entidades congozantes del Polígono".

En nombre de EH Bildu, Laura Aznal ha señalado que los habitantes de la Ribera "conviven con entrenamientos con fuego real" y "no se merecen vivir así", por lo que "es hora del inicio del fin del polígono". "No sé cuándo, pero lo conseguiremos. Porque tenemos la razón, lo que no tenemos por el momento son los votos, pero algún día lo conseguiremos", ha manifestado, tras considerar que "la compra de voluntades" que suponen "los 14 millones anuales que reciben por soportar el polígono de tiro tendrá que tener una alternativa".

Félix Zapatero, de UPN, ha destacado que "la decisión no corresponde a este Parlamento", sino al Ministerio de Defensa y a la propia comunidad de Bardenas Reales, donde están integrados los 19 pueblos congozantes, quienes son "los que libremente decidirán lo que ellos pretendan". Además, ha subrayado que "UPN apoya al Ejército español en todas sus vertientes".

Por parte del PSN, Ibai Crespo ha subrayado que "las administraciones competentes para negociar el futuro convenio son tanto el Ministerio de Defensa como la Comunidad de Bardenas Reales". "Que esta Cámara intente anticipar o condicionar ese proceso no es respetuoso", ha dicho, tras considerar que "no existe hoy un clamor social generalizado" contra el polígono.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha indicado que "ningún vecino de las entidades congozantes ve peligrar su modo de vida o su sustento por la existencia del polígono", pero a su juicio "tampoco" les "ayuda, colabora, apoya" en "su sustento diario". Según ha remarcado, "no pretendemos que de golpe y porrazo desaparezcan todos esos emolumentos", por lo que ha apostado por "ofrecer una alternativa a los ingresos de los que en estos momentos disfrutan las entidades congozantes".

Por parte del PPN, Irene Royo ha considerado que el polígono "es clave porque permite entrenar a las Fuerzas Armadas de forma realista, mejorar la preparación de los pilotos y colaborar con aliados, algo esencial para nuestra defensa". Además, ha subrayado que "no se puede concluir" que haya una voluntad mayoritaria "en contra" del polígono. A su juicio, EH Bildu "plantea una visión ideológica y simplista", y "no le vamos a reconocer como interlocutor, ni defensor, ni abanderado de la resolución de conflictos mediante el diálogo".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que "se trata de un debate antiguo, pero que lamentablemente vuelve a coger vigencia dado el contexto geopolítico mundial". A su juicio, es "una absoluta aberración medioambiental" que en un Parque Natural y Reserva de la Biosfera exista "un banco de pruebas de las guerras que posteriormente llevan la muerte, la miseria y la destrucción a otras partes del planeta". "Navarra tiene que ser una tierra de paz", ha añadido, tras considerar que el canon económico que reciben los congozantes "les impide decidir libremente".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha considerado que "esta moción es una broma macabra" y ha afirmado que "ETA ha sido la que ha causado un daño irreparable a esta sociedad". "Por lo menos aquí, en este campo de maniobra, se pegan los tiros de manera controlada", ha señalado, tras añadir que "ETA y su organización criminal" los "pegaban indiscriminadamente en la nuca de cientos de españoles".

Laura Aznal, de EH Bildu, junto a Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, durante el Pleno del Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA
11:37

Rechazada una moción para desarrollar en el plazo de 12 meses una Estrategia Foral de Políticas de Decrecimiento

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por Contigo-Zurekin para instar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral a realizar en el plazo de 12 meses una Estrategia Foral de Políticas de Decrecimiento.

La iniciativa ha recibido los votos en contra de UPN, PSN, Geroa Bai, PPN y Vox, mientras que han votado a favor EH Bildu y Contigo-Zurekin.

En la exposición de motivos, la moción se remitía a un informe de recomendaciones elaborado por la Asamblea Ciudadana Navarra del Cambio Climático, publicado recientemente, para señalar que "el conjunto de instituciones públicas debe desplegar estrategias planificadas que propongan reducir la producción y el consumo de bienes y energía en el ámbito de su actividad y de sus competencias, para así contribuir a equilibrar la economía con los límites del planeta".

Miguel Garrido y Carlos Guzmán, de Contigo Navarra, durante el Pleno del Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA
10:27

El Parlamento foral se suma a la iniciativa para reparar a las víctimas de esterilización

El Parlamento de Navarra ha aprobado instar al Congreso a admitir la tramitación de una proposición de Ley elaborada por la Fundación CERMI-Mujeres que reconoce y repara a las víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas judicialmente por razón de discapacidad.

Presentada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ha contado con la abstención de UPN y Grupo Mixto y en contra de PP y la no adscrita, al considerar que la medida es de competencia estatal y necesita de un proceso jurídico con garantías.

La moción recuerda que desde el año 1989 hasta el año 2020, la legislación del Estado español ha permitido la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad, más de un millar tan solo entre 2005 y 2016, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

El texto considera que la tipificación como delito de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad, fue "un avance legislativo importante", pero "no fue suficiente", y por ello se propone que esta realidad se visibilice a través del reconocimiento de las víctimas, que se repare a las personas que la sufrieron y que se las indemnice debidamente.

Con ese objetivo, desde la Fundación CERMI-Mujeres han elaborado un borrador de “ley de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas judicialmente por razón de discapacidad”.

En su defensa, Javier Arza ha lamentado la esterilización forzada de estas mujeres, ya ilegal, como una "vulneración del derecho de la mujer a decidir sobre su salud reproductiva. Es violencia de genero, un trato cruel y degradante, incluso una forma de tortura", ha advertido.

Por ello ha apoyado la iniciativa, que de forma inicial plantea una indemnización única de 30.000 euros a cada víctima de estos hechos durante la vigencia de la ley, entre 1989 y 2020.

La socialista Arantza Biurrun también ha denostado la "vulneración de los derechos humanos" que supuso la ley ahora derogada y ha respaldado la iniciativa de CERMIN-Mujeres como "un paso más en aquel hito histórico" de anular la ley y "pasar de la tutela al apoyo" de estas personas que hasta hace poco fueron "víctimas del paternalismo y la infatilización".

También por Geroa Bai Isabel Aramburu ha advertido de que la esterilización, lejos de proteger a las mujeres de los abusos, provocó ocultar una de sus consecuencias -el embarazo-, al tiempo que ha valorado una iniciativa "que propone avanzar en el reconocimiento de Derechos Humanos" y está "plenamente justificada".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha defendido también para estas la "verdad, justicia y reparación" que piden para todas las víctimas, en este caso "de una inhumana violencia institucional".

Raquel Garbayo (UPN), pese a mostrar su "respeto" por las mujeres afectadas y apoyar una "respuesta seria y responsable" de las instituciones, ha abogado por abordar la cuestión "con seguridad jurídica" y por ello ha justificado su abstención porque "una materia de tantísima responsabilidad requiere de un análisis profundo".

También se ha abstenido Emilio Jiménez (Grupo Mixto-Vox) porque "defendemos la integridad de las personas con discapacidad", aunque "con todo respeto, no podemos callarnos que los mismos que piden reparación defienden el aborto cuando se detecta una discapacidad en el no nacido. Eso no es coherente".

Por el PP Maribel García Malo ha dicho salir en el turno en contra "no por el fondo, sino por cuestión de forma, porque creemos que no hay que interferir en el proceso del Congreso" y porque "en un asunto de este calado debemos actuar con la máxima seguridad jurídica", aunque "compartimos la necesidad de avanzar en este reconocimiento". 
07:45

UPN pedirá el apoyo al Estado de Derecho en un Pleno de alta tensión política

Este lunes, el Parlamento de Navarra celebrará un Pleno con ocho mociones y un amplio paquete de debates institucionales. La sesión combinará iniciativas de gran calado político con propuestas sobre derechos sociales y políticas territoriales.

Entre las mociones destacan varias de gran repercusión: EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin presentarán una iniciativa conjunta para instar al Congreso a tramitar una ley de reconocimiento y reparación a víctimas de esterilizaciones forzadas o no consentidas por razón de discapacidad. Además, Contigo-Zurekin pedirá una Estrategia Foral de Políticas de Decrecimiento, mientras que EH Bildu instará a derogar el decreto que declaró el polígono de tiro de las Bardenas como Zona de Interés Preferente para la Defensa.

El PSN defenderá una moción para reafirmar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y el PPN reclamará la derogación inmediata del canon de uso de carreteras de Navarra. Por su parte, Vox llevará al Pleno la condena de los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

Geroa Bai reafirmará su compromiso con el autogobierno de Navarra, mientras que UPN defenderá una moción para respaldar el Estado de Derecho y rechazar cualquier intento de intimidación a jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad.

Además de estas mociones, se debatirá el Proyecto de Ley Foral de Juventud y Justicia Intergeneracional y se celebrarán varias comparecencias de consejeros y consejeras, entre ellas Rebeca Esnaola (Sendaviva), Begoña Alfaro (campamentos), Óscar Chivite y Carlos Gimeno.

El Pleno promete un enfrentamiento entre la defensa de las instituciones y la agenda ideológica del cuatripartito, con un debate intenso sobre derechos, política territorial y corrupción.

Javier Esparza, de UPN, interviene en el Pleno del Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA

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