La Renta Garantizada es una prestación social necesaria para las personas que atraviesan dificultades económicas. Sin embargo, en Navarra se ha convertido, en demasiados casos, en una ayuda cronificada.

Su objetivo debería ser apoyar temporalmente a quienes lo necesitan mientras se incorporan al mercado laboral.

Según los datos que se han hecho públicos, más del 65 % de sus perceptores serían extranjeros y el presupuesto destinado a esta prestación habría aumentado de forma muy significativa en la última década: de 49 millones de euros a más de 130 millones. Desde VOX Navarra siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo el uso responsable del dinero público, su correcta asignación y una gestión eficiente y eficaz, porque procede del esfuerzo fiscal de todos los navarros. No podemos presentar Navarra como una arcadia feliz cuando los recursos son limitados y cada vez más escasos.

La única inspección de la Policía Foral de la que tenemos conocimiento habría detectado irregularidades en tres de cada cuatro expedientes revisados.

Si estos datos se confirman, estaríamos ante una situación que exige explicaciones, controles más rigurosos e inspecciones periódicas, tanto ordinarias como aleatorias.

Mientras tanto, la mayoría política progresista se opone a modificar el actual sistema. Resulta fácil defender el gasto cuando no se percibe directamente el esfuerzo que realizan las familias y los trabajadores para sostenerlo.

También consideramos necesario revisar el elevado coste de atención a algunos menores extranjeros no acompañados, que, según se ha denunciado, puede alcanzar los 6.000 euros mensuales por persona. Todo gasto público debe estar justificado, ser transparente y responder a criterios de necesidad y eficiencia. No es razonable que existan recursos tan elevados para determinadas situaciones mientras muchas familias navarras afrontan dificultades para acceder a ayudas destinadas a sus hijos o a la maternidad.

Entre los requisitos para percibir la Renta Garantizada se encuentra, en principio, haber residido en Navarra durante los dos años anteriores a la solicitud. Además, las personas que pueden trabajar deben aceptar ofertas de empleo y participar en actividades de inserción sociolaboral.

En función del número de miembros de la unidad familiar, una familia con cuatro hijos puede superar los 1.400 euros mensuales, mientras que muchas unidades familiares perciben entre 800 y 1.000 euros. El sistema debe garantizar que las ayudas no desincentiven la incorporación al mercado laboral. La inserción laboral debe ser un objetivo real y medible, no una mera declaración de intenciones.

VOX Navarra está a favor de ayudar a las personas vulnerables y a quienes atraviesan una situación económica complicada. Pero esas ayudas deben estar vinculadas a un seguimiento individualizado, a la formación y a la búsqueda activa de empleo cuando sea posible.

También defendemos controles exhaustivos para comprobar que se cumplen los requisitos y que las prestaciones llegan realmente a quienes las necesitan. Los navarros merecen que el dinero recaudado mediante sus impuestos no se despilfarre. Exigimos una gestión mucho más rigurosa de los servicios públicos, basada en la transparencia, la eficacia, la eficiencia y, sobre todo, la justicia.

Carta al director enviada por el Parlamentario Foral y Portavoz del Grupo Mixto de VOX Navarra, el Ilmo. Sr. D. Emilio Jiménez Román.

Lo de Ceuta es impresentable, insoportable, e in… Así lo presentan todos: Gobierno, ministros, militares… Ninguno se queda atrás; todos definen, pero NADIE actúa.

Los ceutíes, 83.595 según Wikipedia, violentados por 80.000 personas venidas de Marruecos. Reino que ahora es “amigo” de Donald y que trata de fastidiar a España, a Europa y a todo aquel que le lleve la contraria o no le baile el agua.

Todas esas personas han invadido Ceuta. No nos vengan con monsergas definiendo de otra forma aquello que, con total claridad, es una INVASIÓN, en toda regla.

Dicen que es una prueba para ver cómo reacciona España, para ver cómo reacciona Europa. Será lo que sea, pero HAY QUE ACTUAR, y los invasores, fuera de España, de Europa.

La sociedad europea nos da la espalda. Normal: si pasan a la península, tienen toda Europa para deambular.

Los españoles, nuestros antepasados, han creado un sistema que funcionaba con años y años de aportaciones y trabajo. Y los que tienen que beneficiarse de ello SON LOS ESPAÑOLES.

Cualquiera que venga de fuera, venga de donde venga, no tiene derecho a beneficiarse de aquello que los abuelos forjaron para sus nietos. No adquieren de por sí una situación. No para la gente en general.

Las personas son entes con derechos, pero no por el hecho de ser persona se es todo: existen nacionalidades, existen estados de la persona, existen muchas cosas que no se ganan sin más.

Los derechos a… no corresponden a los invasores, independientemente de su edad: “SON INVASORES”. Los derechos a… no son para los inmigrantes por sí. Eso no es hacer ciudadanos de segunda, es preservar la sociedad del bienestar para quienes la han trabajado. Los derechos se tienen por el hecho de ser persona, no lo negamos ni lo negaremos nunca, pero las situaciones (cosa muy distinta a los derechos) se ganan con años, con trabajos, materialmente con formas, pero no automáticamente.

A los INVASORES hay que devolverlos a quien los tenía: Marruecos.

El “efecto llamada” se limita si se aplica la diferencia entre derechos y situaciones: no por venir aquí se puede ir al médico gratis, no por venir aquí se come gratis, no por venir aquí se tiene casa gratis. NO.

Y, a diferencia de las situaciones, ¿dónde quedan los derechos de aquellos que, por condición, se los ganaron no por venir, sino por nacimiento y antigüedad?

No soy racista, pero pretendo preservar España, a los españoles y la situación de ser español.

Carta al director enviada por José Javier Solabre Heras. 

Trabajo ocho horas al día, de lunes a viernes. Como tantos navarros, he trabajado durante décadas, he pagado mis impuestos y he intentado salir adelante sin pedir nada a nadie. Después de 55 años he conseguido comprarme un piso. No me lo ha regalado nadie. Lo pagaré con mi trabajo, mes tras mes, haciendo cuentas y asumiendo el esfuerzo que supone para cualquier trabajador.

Por eso me cuesta comprender determinadas prioridades de nuestras administraciones.

En Navarra se están destinando recursos públicos a ampliar la acogida de menores migrantes no acompañados. En 2025 se anunció en Pamplona un nuevo Centro de Observación y Acogida con 25 plazas, que se sumaban a otras 25 creadas en tres recursos de menor tamaño en la comarca. En 2026 el Gobierno de Navarra ha continuado desarrollando centros, recursos residenciales y programas de acogimiento.

No discuto que un menor desamparado necesite protección. Una sociedad civilizada debe proteger a un niño que realmente está solo. Lo que cuestiono es que los ciudadanos no recibamos explicaciones suficientemente claras sobre cuánto cuesta este sistema, hasta dónde puede crecer, cuáles son sus resultados y qué controles existen.

También me pregunto dónde queda el ciudadano que lleva toda una vida contribuyendo.

¿Dónde están esas facilidades cuando un joven navarro no puede independizarse? ¿Dónde están cuando una familia trabajadora no llega a fin de mes? ¿Cuándo alguien espera meses por determinadas ayudas? ¿Cuándo nuestros mayores necesitan atención? ¿Cuándo una persona lleva décadas trabajando y todavía tiene que hacer enormes sacrificios para poder pagar una vivienda?

La solidaridad es necesaria, pero los recursos públicos no son infinitos. Proceden del esfuerzo de los ciudadanos y, precisamente por eso, tenemos derecho a preguntar cómo se gastan y a exigir transparencia, control y prioridades.

Y también tenemos derecho a hablar de seguridad sin que inmediatamente se nos coloque una etiqueta.

Me preocupan profundamente las agresiones sexuales, los robos, la violencia y cualquier forma de delincuencia. Quien cometa un delito debe responder ante la ley con toda su contundencia, independientemente de que haya nacido en Pamplona, Sevilla, Marruecos o cualquier otro lugar. Y cuando se trata de personas acogidas o tuteladas con recursos públicos, la Administración tiene además la obligación de garantizar un seguimiento adecuado y explicar a los ciudadanos qué mecanismos de control existen.

No quiero que se criminalice a una persona por su procedencia. Pero tampoco quiero que el miedo a ser llamado racista convierta cualquier debate sobre inmigración, seguridad o gasto público en un tema prohibido.

Quiero poder preguntar cuánto nos cuestan estas políticas. Quiero saber qué resultados ofrecen. Quiero conocer qué ocurre cuando alguien incumple reiteradamente las normas. Quiero que se proteja a nuestras hijas, madres, hermanas y amigas frente a cualquier agresor, venga de donde venga. Y quiero que las víctimas estén siempre por delante de cualquier cálculo político.

Después de años trabajando y construyendo aquí mi vida, creo que tengo derecho a hacer estas preguntas. No pido privilegios. Pido responsabilidad, transparencia, seguridad y que quienes gobiernan recuerden también a las personas que llevan décadas levantándose cada mañana para trabajar, pagar sus impuestos, formar una familia y sacar adelante este país.

Porque la solidaridad sin límites ni control deja de ser una política responsable.

Y porque últimamente miro a mi alrededor y, con enorme tristeza, pienso lo que nunca creí que diría:

No reconozco mi país y, cada día que pasa, reconozco menos mi tierra.

Carta enviada por Irene Zalba Cabanillas

A falta de que el Ayuntamiento realice una valoración oficial de las fiestas y de que conozcamos los informes sobre seguridad y el resto de datos —una valoración que, por el momento, no sabemos cuándo llegará—, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos compartir algunas reflexiones sobre estos días de fiesta.

Como concejalas, pero sobre todo como vecinas, hemos estado presentes, hemos disfrutado de las fiestas y hemos comprobado, una vez más, que lo mejor de Burlada es su gente. Hemos participado en la Salve, en la misa y en la procesión, hemos estado en el café-concierto para nuestros mayores, en las vaquillas, en los conciertos y en distintas comidas y encuentros. Hemos hablado con muchos vecinos y compartido con ellos momentos que son, precisamente, los que dan sentido a nuestras fiestas.

Pero no todo ha sido motivo de celebración.

El 14 de agosto se organizó en la plaza de la Iglesia un acto bajo el lema Etxean nahi ditugu, fuera del programa oficial, para homenajear a presos de ETA. Días después, durante la interpretación de la canción No hay tregua en el concierto de una peña, se escucharon gritos de «ETA, ETA».

Habrá quien quiera quitar importancia a estos hechos, pero a nosotras nos resulta imposible hacerlo. ETA asesinó, amenazó y dejó durante décadas un dolor que sigue presente en muchas familias. Sus siglas no pueden convertirse en una consigna festiva ni quienes pertenecieron a la banda terrorista merecen homenajes en nuestras calles.

Mucho más grave todavía fue la agresión sufrida por un concejal de UPN en la propia sede de su partido. Desde el Partido Popular la condenamos desde el primer momento y trasladamos todo nuestro apoyo y cariño al concejal y a sus compañeros. Nadie debería sentir miedo por sus ideas y nadie puede ser agredido por pensar diferente. Mucho menos durante unas fiestas que deberían servir para encontrarnos y disfrutar juntos.

No vamos a negar que todo esto entristece. También enfada. Porque un sector de la izquierda abertzale sigue empeñado en utilizar cualquier espacio para imponer su ideología y hacer sentir incómodos a quienes no piensan como ellos.

Pero tampoco queremos que esta carta hable solamente de lo negativo, porque sería profundamente injusto con Burlada y con la inmensa mayoría de sus vecinos.

Las fiestas no pertenecen a quienes más gritan, a quienes homenajean a presos de ETA o a quienes pretenden decirnos cómo debemos pensar. Las fiestas son también de las familias que salen con sus hijos, de nuestros mayores, de quienes participan en los actos religiosos, de los jóvenes que disfrutan de los conciertos y de todos los que se sientan alrededor de una mesa para compartir un buen momento.

También son nuestras. Y no vamos a renunciar a ellas.

Durante estos días, muchos vecinos nos han planteado propuestas muy sencillas y razonables: más días de vaquillas, que el Centro de Mayores permanezca abierto durante las fiestas, más verbenas en las que puedan bailar y encontrarse personas de distintas edades y una oferta musical más variada para que todos los jóvenes se sientan representados.

Son peticiones que seguiremos trasladando al Ayuntamiento, al igual que reclamaremos que se cumpla la moción aprobada en mayo de 2025 para que la corporación municipal participe en la Salve, en la misa solemne y en la procesión en honor a la Virgen de la Asunción. El Ayuntamiento debe representar a todos los vecinos, también a quienes vivimos y sentimos estas tradiciones.

Nos quedamos con las conversaciones, las risas, los reencuentros y el cariño de tantas personas. Nos quedamos con esa Burlada plural y alegre que no se deja representar por una minoría que hace mucho ruido.

Así que seguiremos saliendo a la calle, participando y disfrutando de nuestras fiestas con libertad. Porque Burlada es de todos y sus fiestas también.

¡Viva Burlada! ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Ya falta menos para las fiestas de 2027!

Una semana después, con un hematoma importante y el mismo dolor, acudí a Atención Primaria y, pese a la evolución, tampoco se consideró necesaria ninguna prueba.

Durante semanas seguí sufriendo con dolor intenso, caminando con dificultad y sin saber qué tenía. Ante la inacción y la falta de respuestas, tuve que pagar una ecografía en un centro privado, que apuntó a una posible rotura del semitendinoso y recomendó una resonancia para tener un diagnóstico preciso.

Llevé el informe a mi médico y me dijeron que, aun solicitándola como preferente, tengo que esperar al menos un mes.

Volví a Urgencias desesperada y muy dolorida. Después de otras cinco horas de espera, la respuesta fue que allí no podían hacerme ni ecografía ni resonancia porque no hacen esas pruebas en Urgencias si se trata de problemas musculares. «Esto es lo que hay», me dice fríamente la doctora de Urgencias.

¡Pues no! ¡Esto es abandono! ¡Esto es indignante! Y esto no puede normalizarse.

¿Dónde está la responsabilidad de los profesionales que deben atender, valorar y diagnosticar a un paciente que lleva semanas sufriendo? ¿Para qué tenemos Atención Primaria si no hacen el trabajo que esperamos de los médicos?

¿De qué sirven horas de espera en Urgencias si finalmente te marchas exactamente igual que entraste, pero con más desesperación?

No pido privilegios. Exijo que se me atienda, que se estudie mi lesión y que se utilicen los medios que una sanidad pública debería poner a disposición de sus pacientes.

Es inadmisible que tenga que pagar una prueba privada para tener parte del diagnóstico.

He pagado mi sanidad durante 37 años. Y tengo derecho a recibirla cuando la necesito.

¿Esta es realmente la sanidad pública de Navarra que estamos pagando entre los trabajadores y pensionistas?

El edil habla de conciliación y de la necesidad de tomar decisiones pensando en el futuro. Pero debemos recordar algo que parece haberse olvidado: conciliar no significa únicamente atender a hijos e hijas.

También existen padres y madres mayores que necesitan cuidados o acompañamiento, familiares con necesidades específicas, parejas con las que compartimos responsabilidades y compromisos, hogares que necesitan organización y personas que, sencillamente, también tenemos derecho a disponer de una parte de nuestro tiempo para nuestra vida personal. La igualdad de la que tanto se habla desde la política también debería aplicarse aquí: los cuidados no desaparecen porque alguien lleve uniforme y tenga un cuadrante.

Esta plantilla no está pidiendo vivir al margen de las necesidades del servicio. Lo que está diciendo es que no quiere convertirse en esclava de un trabajo que termine minusvalorando o condicionando de forma permanente la vida de las personas que tiene a su alrededor.

Reclamamos, además, al concejal de Personal rigor y precisión a la hora de mirar atrás y explicar cómo se ha llegado a la situación actual. Él habla del convenio y de la sentencia que anuló parte de las condiciones de trabajo, pero hay una parte de esa historia que no aparece en su relato y que la ciudadanía también merece conocer.

En aquella negociación, esta plantilla cedió parte de sus complementos salariales para que otros trabajadores y trabajadoras a turnos de este Ayuntamiento pudieran mejorar sus ingresos mediante el artículo 41. Posteriormente, ese mecanismo quedó anulado de facto.

Después de aquello, en una reunión de la que existe acta, desde el propio Ayuntamiento se asumió el compromiso de buscar una solución paliativa. Han pasado aproximadamente dos años desde entonces y la solución sigue sin llegar. Por eso, resulta difícil aceptar que ahora se presente a esta plantilla como el origen del problema sin explicar también las renuncias que hizo y los compromisos que quedaron pendientes.

Además, como representante público, debería ser más riguroso con los datos. En los presupuestos puede aparecer un 10 % destinado al área de Seguridad, pero no puede ser cínico y quedarse ahí. Debe explicar a la ciudadanía que, desde la pandemia, esa partida no se ha utilizado íntegramente para esta área y que, una vez aprobado el presupuesto, se han ido desviando cantidades hacia otras necesidades.

Estamos hablando de dinero público y de un servicio público esencial. Por eso, la ciudadanía merece conocer la realidad completa y no solamente aquella parte que interesa destacar.

Somos perfectamente conscientes de que en apenas nueve meses habrá elecciones municipales. Pero utilizar la omisión de información para intentar salvar votos resulta, sencillamente, carroñero. Porque una cosa es defender una gestión y otra muy distinta es construir un relato a costa de una plantilla que lleva demasiado tiempo soportando una situación que está afectando a su salud, a sus familias y a su vida cotidiana.

No es admisible que se presente a esta plantilla como una especie de grupo de trabajadores insensibles al pueblo. No somos eso. Somos personas que quieren hacer bien su trabajo y, al mismo tiempo, tener una vida digna cuando termina su jornada.

Una Policía Municipal no se sostiene únicamente con cuadrantes, resoluciones y porcentajes presupuestarios. Se sostiene con personas. Y esas personas merecen algo tan básico como ser escuchadas, respetadas y tratadas con honestidad.

Sección Sindical de SPPME-UGT en el Ayuntamiento de Ansoáin

En Ripagaina han instalado una cámara de la Policía. Un conocido dejó el coche en doble fila durante apenas dos minutos para comprar una barra de pan; no había nadie en la panadería, así que tardó dos minutos, y recibió una multa de 200 euros. No pretendo decir que aparcar en doble fila esté bien. La norma existe y hay que respetarla. Pero también creo que debería existir cierta proporcionalidad entre una infracción, sus circunstancias y la sanción que se impone. Yo me pregunto: ¿y si paras porque has visto que una persona se ha caído o por cualquier situación que requiera de tu atención?

A un amigo le ocurrió algo parecido en Sarriguren. Le llegó una multa de 200 euros por no detenerse ante un paso de peatones. Según me cuenta, había un joven junto al paso, pero estaba hablando por el móvil y no mostraba intención de cruzar, así que él siguió. Una cámara registra una imagen, pero ¿puede interpretar siempre correctamente una situación? ¿Puede distinguir entre un peatón que espera para cruzar y una persona que simplemente está parada junto a un paso de cebra?

Las cámaras pueden ser muy útiles. Pueden mejorar la seguridad, prevenir conductas peligrosas y ayudar a esclarecer accidentes. El problema aparece cuando el ciudadano empieza a percibirlas no como una herramienta de seguridad, sino como una máquina de sancionar. Y en esta ciudad, recaudar está al orden del día.

Porque 200 euros no son una cantidad menor. Para muchas familias representan varios días de trabajo, una compra importante del supermercado o una parte considerable de sus gastos mensuales. Y aquí es donde surge la sensación de desproporción.

Imaginemos que alguien entra en una panadería, deja el coche dos minutos en doble fila para comprar una barra de pan y, al regresar, una cámara ya ha registrado la infracción. Esa barra de pan puede acabar costándole 200 euros.

De ahí el título de esta carta: Barra de pan a 200 euros.

No se trata de defender que cada uno pueda aparcar donde quiera ni de cuestionar la necesidad de unas normas de circulación. Se trata de pedir sentido común. Las normas son necesarias, pero también lo son la proporcionalidad, la información previa y la valoración de las circunstancias. ¿Dónde están esas cámaras en las puertas de los colegios? Ahí sí que se pondrían las botas.

La tecnología debería ayudarnos a vivir en ciudades más seguras, no hacer que tengamos la sensación de estar permanentemente vigilados a la espera del siguiente error.

Cumplamos las normas, por supuesto. Pero procuremos también que la sanción sea proporcionada a la infracción y que la seguridad vial no termine confundiéndose con un sistema automático de recaudación.

Una ciudad española, como es Ceuta, abandonada por el Gobierno español de modo criminal y cobarde, a lo que se une la tragedia de más de cien personas fallecidas, el miedo de muchas familias españolas que han visto rotas su paz y sus vidas por esa invasión, provocada por las mafias, por Marruecos y por la omisión y pasividad del Gobierno español. Ni en estas dramáticas circunstancias el presidente Sánchez (el cobarde galgo de Paiporta) ha suspendido sus vacaciones. ¡Menudo traidor!

A la supuesta izquierda, a los progres de pacotilla, se les llena la boca con «la defensa de las puertas abiertas y fronteras», efecto llamada, nadie es ilegal, regularizaciones masivas, acogida de supuestos menores. Estos cúmulos de despropósitos —o ¿propósitos?— tienen sus consecuencias, entre ellas: la inseguridad jurídica, la inseguridad física con la delincuencia importada, la vuelta de viejas enfermedades, el desconocimiento de la identidad de los que vienen, el impacto en los servicios sociales, causando un grave perjuicio a los ciudadanos, que además son los que pagan esta macabra fiesta.

Causa asombro y vergüenza la escasa empatía y nula atención por parte de las instituciones políticas navarras, Parlamento y Gobierno, con nuestros compatriotas ceutíes y los fallecidos; ninguna declaración institucional a favor o de apoyo, y tampoco de la ciudadanía navarra. Parecen interesar los hechos lejanos que suceden a mucha distancia de España.

No tardó mucho esta inutilidad de Gobierno que padecemos en ofrecerse a acoger menores de Ceuta y pedir a las comunidades cumplir con el reparto.

Vox siempre ha manifestado y defendido una posición clara: que, si son menores, debe prevalecer su interés superior y garantizarse que puedan crecer junto a sus padres, sus familias, en su tierra, con sus amigos, en su ambiente y, por tanto, deben ser devueltos con la máxima celeridad; no es de recibo que nos los quedemos, porque eso se llama sustracción de menores, de hijos que no son nuestros, y no tenemos ninguna obligación moral ni legal; la tienen los familiares de su país de origen o las autoridades.

Llama la atención que ese ofrecimiento malicioso, abyecto, se haga sin ningún tipo de planificación, desconociendo qué recursos humanos, materiales y organizativos son necesarios, dónde se van a ubicar, presupuesto, hasta cuándo vamos a tener en tutela menores, cuántos podemos acoger... Por lo que el ofrecimiento por parte de Navarra es irresponsable y una auténtica temeridad; no es solidaridad, es malicia con el ropaje del buenismo.

No podemos convertir una situación excepcional en una solución permanente ni aceptar que la falta de control y planificación termine perjudicando a los propios menores.

Dice la consejera: «Todas las comunidades autónomas tenemos el deber legal y ético de contribuir a una respuesta compartida. Navarra cumplirá con sus obligaciones y espera que el resto de las comunidades hagan lo mismo, porque el Estado de Derecho y la protección de la infancia exigen responsabilidad, cooperación y lealtad institucional». Así lo ha añadido la consejera.

Aún no se ha enterado —como tampoco el resto del Gobierno, con Chivite a la cabeza, la discípula disciplinada del galgo de Paiporta— de que son corresponsables de este drama y de estas muertes. La tragedia no ha obedecido a un simple movimiento migratorio; ha sido una invasión y un ataque a la soberanía e integridad territorial de España y tenemos el deber legal y ético de contribuir rápidamente a su devolución, por el bien de los menores.

Paradójicamente, mientras tanto, nuestros vulnerables están abandonados, no son capaces de pagarles parte del transporte para asistir a los centros ocupacionales, nuestros mayores no pueden sufragar residencias, listas de espera eternas, jóvenes sin vivienda, enfermos que mueren mientras esperan la cita del especialista, ninguna ayuda para la maternidad, se eternizan las valoraciones de discapacidad, nos gastamos más de seis mil euros en mantener hijos de otros. ¡Qué vergüenza!

Los socialistas, Bildu etarras, nacionalistas y comunistas de salón son los nuevos jinetes del Apocalipsis: hambre, guerra, muerte y miseria. Habría que añadir la corrupción mantenida por todos estos grupos políticos.

Desde Vox Navarra y personalmente, todo nuestro cariño y apoyo para los españoles de la perla del Mediterráneo.

Emilio Jiménez Román
Parlamentario de Vox

Es más, con el fin de que no haya discriminación entre ambas lenguas y ninguna de ellas salga favorecida, propongo que, una vez abierta cada sesión negociadora, se cronometre el tiempo dedicado a cada una de ellas y que, cada diez minutos, se pase automáticamente de una a otra. Para controlar el fiel cumplimiento de esta regla, se nombrará un árbitro que, al término de cada tiempo, pitará el cambio de idioma. Y eso sí, como llevar el pinganillo no deja de ser un incordio, procedería que, para garantizar los derechos auditivos de todos los reunidos, no solo tuvieran que utilizarlo los hispanohablantes, sino también los vascoparlantes, que, mientras se estuviese perorando en castellano y aunque, como es natural, lo entenderían perfectamente, deberían escuchar obligatoriamente a través de él la traducción simultánea al vascuence.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en la Baja Navarra también es oficial el francés. Y no estaría mal que, aunque fuese de manera un poco simbólica y con el fin de tratar de salvar los derechos fronterizos de todos los navarros, se tuviera algún detalle con nuestros convecinos, como, por ejemplo, el de saludarse (bonjour) y despedirse (au revoir) en esa lengua.

Y, ya puestos, yo sugeriría a los señores de ELA que aprovechen la ocasión y no se limiten a exigir que las negociaciones se hagan en euskera, sino que se pongan también como meta llegar a conseguir que se efectúen en lenguaje inclusivo, con el fin de no hacer de menos a nadie y de garantizar también los derechos de género de los negociadores. Ni empresarios ni empresarias, solo empresaries; y ni trabajadoras ni trabajadores, solo trabajador@s. Y lo mismo en vascuence.

¡Es increíble cómo, durante tantos años, puede estar tanta gente tan completamente engañada! ¡Yo, que estaba convencido de que los sindicatos estaban para defender los derechos de los trabajadores, luchar por la mejora de sus condiciones y velar por sus intereses, descubro ahora que al menos ELA no es más que el enésimo instrumento del nacionalismo vasco para imponernos el euskera por extenuación y aburrimiento! ¡Qué cansos son!

Carta enviada por Ignacio Janin. 

Las operaciones para sustituirla fueron una nimiedad si las comparamos con todas las visitas a los diferentes cuerpos policiales, navarros y catalanes, que nos vimos obligados a realizar con el objetivo de poner la correspondiente denuncia.

A primera hora del martes, solo unas horas después del encontronazo con el caco, en la Policía Foral nos enviaron a la Guardia Civil, en la avenida de Galicia, alegando que era el cuerpo apropiado para encargarse de una inspección ocular en nuestro piso. Pero no era el momento apropiado: una agente uniformada nos emplazó a volver al mediodía; en ese momento tenían «un caso muy fuerte».

Solo para que, en una segunda visita, transcurridas un par de horas, la misma guardiesa nos informara de que donde nos deberían atender era en el puesto de Salou, ya que tendrían que enviar a alguien a nuestro domicilio para realizar el atestado.

Obedeciendo sus instrucciones, a las cuatro de la madrugada del miércoles ya estábamos en ruta para llegar pronto a reunirnos con un número en el cuartelillo salouense. Tampoco pudo ser. El asunto de los robos está transferido y lo llevan los Mossos d’Esquadra.

Suponíamos que ya habíamos dado con el cuerpo policial indicado. Pero los Mossos no atienden sin cita previa y, sin ella, no podían dedicarnos unos minutos hasta cinco horas más tarde. Por lo visto, en Cataluña es necesario prever que te van a robar para poder poner una denuncia.

Nos dirigimos a nuestro apartamento para preparar un inventario de lo robado y, tozudos, regresamos a la sede de la policía de la Generalidad. En esta ocasión nos recibió una mossa que nos recordó que hasta dos o tres horas después no podríamos tramitar nada, ya que no teníamos cita previa.

No obstante, esta era mucho más perspicaz que su compañero y nos preguntó si habíamos encontrado huellas dejadas por el delincuente. Como no llevábamos encima el kit de CSI, le ofrecimos todo tipo de residuos, pruebas que el allanador había dejado —botellas, platos de cartón, colillas, etc.—, pero, curiosamente, no le servían para nada.

Las evidencias a la basura y vuelta a Pamplona.

Por fin, el jueves pudimos terminar nuestro periplo. No sin antes pasar por la Policía Foral, donde, pese a que no piden cita previa, no podían ayudarnos, ya que estaban muy ocupados.

Fue en la Policía Nacional, en la calle General Chinchilla, sin esperar un minuto y con un trato exquisito, donde pudimos formalizar la denuncia y concluir nuestra gincana por los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Eso sí, sin que ninguno de ellos se dignara a acudir a nuestro apartamento para atestiguar los hechos.

Qué razón tenía Mariano José de Larra cuando, en 1833, satirizaba la burocracia y la ineficiencia del sistema administrativo de nuestro país con el famoso Vuelva usted mañana: «Y cuando por fin el dichoso mañana llega, nos repiten rotundamente que vuelva usted mañana».

Carta de Miguel Javier Guelbenzu

Con el 80 % de la plantilla de baja, la única forma de proceder en estos momentos no es la conciliación, sino el mandato directo de cambio de turno o de día de trabajo, bajo la figura de la orden de servicio de un superior jerárquico. Es decir, te cambio de turno o de día y punto.

La realidad operativa resulta demoledora. Con solo trece agentes —en el mejor de los casos, porque hay varios de baja— en activo para cubrir una plantilla presupuestada de dieciocho, la carencia de personal se está supliendo a fuerza de improvisación, anulando la conciliación y sometiendo a los profesionales a un nivel de estrés continuado.

Las denuncias de las organizaciones sindicales UGT y SPPME, sumadas al reconocimiento del propio Ayuntamiento de que existe un problema de carácter estructural, constatan que la cadena de mando ha optado por la vía más lesiva: trasladar las deficiencias de gestión directamente a la vida personal de los empleados.

Resulta inaceptable que un Ayuntamiento con un presupuesto que supera los doce millones de euros, con superávit en sus cuentas y una deuda cero, sea incapaz de articular un cuadrante laboral predecible y respetuoso con la legalidad. La solvencia económica de la que presume el municipio contrasta frontalmente con la precariedad organizativa que se impone a sus policías. Ningún superávit presupuestario justifica la vulneración del derecho al descanso.

Queda patente que puede no tratarse, entonces, de un tema económico, sino de unos prejuicios hacia la institución policial, al no respetar a sus agentes como los trabajadores que son.

Sostener el servicio público a base de llamadas de última hora y cambios arbitrarios degrada la función policial y agota la capacidad del personal. La cobertura de la seguridad ciudadana requiere previsión, cálculo y rigor administrativo, no parches imprevistos que dinamitan la estabilidad de la plantilla. La responsabilidad de la falta de efectivos debe asumirse en los despachos, no imponerse mediante el recurso sistemático al teléfono personal del agente.

El Ayuntamiento dice abogar por la comunicación, pero, hasta el momento, solo se han recibido órdenes directas, porque cumplir el convenio vigente no está dentro de sus planes.

Hay que remarcar que, con la anterior jefatura, no existían estos problemas o, por lo menos, no estaban tan agravados; existía coherencia en su mandato.

El Ayuntamiento aboga por la comunicación, pero no comunica; aboga por la seguridad de sus vecinos, pero no cubre servicios.

Más de 25 años sin dejar un servicio sin cubrir: eso era hasta hace bien poco tiempo.

Que cada cual saque sus propias conclusiones.

Carta de un policía municipal de Ansoáin

Pero hay una cosa obvia: para que esta frase surta algún tipo de efecto, debe existir una relación. No tiene sentido decírselo a un desconocido o a alguien con quien no se tiene ninguna clase de trato.

En APF nos encontramos en una situación, cuando menos, extraña. Somos un sindicato profesional dedicado solo a la Policía Foral. Lo conformamos únicamente policías forales. No nos interesamos por otros ámbitos, pero sí por la organización, el funcionamiento y la vida de la Policía Foral. Precisamente porque nos va la vida en ello.

Llevamos tiempo —desde que empezó la legislatura, hace más de tres años— repitiendo: "Tenemos que hablar". Lo decimos por activa y por pasiva, por correo y en persona, por redes y en prensa... Pero no hay manera. Y se lo decimos a alguien con quien los sindicatos deberíamos tener una relación estable, directa y cercana: al Gobierno de Navarra.

La respuesta no puede ser más frustrante... porque no la hay. Solo un silencio institucional que suena sordo en un engranaje que hace aguas por todos lados y que intentan parchear a golpe de decisiones unilaterales, sin contar con los representantes de quienes trabajamos en Policía Foral.

Solo tres ejemplos, empezando por lo más reciente: acaban de aprobar una oposición para el empleo de inspector que ha cambiado por completo respecto a las anteriores. ¿Nos han consultado a los sindicatos? No. Sobre la inminente —consejera dixit— reunión de la Junta de Seguridad, la ampliación del número de efectivos, las condiciones de la pasarela de guardias civiles... ¿Nos han consultado? No. Sobre la docena de reglamentos pendientes de la Ley de Policías, ¿nos han consultado? No, pero eso es lógico, porque no han sacado adelante ninguno —que ya es difícil después de más de tres años de legislatura y habiéndoles dado algunos ya mascados—.

Podríamos seguir con muchísimos otros temas, pero solo queremos dar una pincelada y sacar a la luz el problema que está en la base: no hay relación entre el Gobierno de Navarra y sus policías forales, pues se ignora sistemáticamente a sus representantes. Es algo muy grave porque la Administración y los empleados públicos somos dos caras de la misma moneda; dos piezas que conformamos un instrumento al servicio de la ciudadanía y que deben trabajar de manera coordinada para que el servicio que necesita nuestra sociedad lo reciba con calidad y eficacia.

En APF vemos que esta lamentable situación está provocando que no se resuelvan problemas en el funcionamiento diario de muchas unidades. Y si no se toman medidas, lógicamente, los problemas no se solucionan, sino que empeoran. Señores del Gobierno de Navarra, lo decimos de nuevo: tenemos que hablar.

Carta enviada por Santiago Arraiza Zorzano, presidente de la Agrupación Profesional de Policía Foral.

En el presente escenario de emergencia climática y con un riesgo extremo de incendios, como ya han demostrado los acontecidos en “La Mierla” (Guadalajara), “Cinco Villas” (Aragón) o “Los Gallardos” (Almería), con varias personas fallecidas, es importante ser conscientes de que la emergencia es real y requiere una implicación social, administrativa y política decidida, responsable, efectiva y real.

El Servicio de Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente (B-GMA) participa sobre el terreno en la extinción de incendios forestales. Lo hace dentro del dispositivo de extinción y bajo la Dirección de Extinción, que corresponde al Servicio de Bomberos, a pesar de que, desde 2024, nuestra propia Administración niega “sobre el papel” que el Servicio de Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente tenga la extinción entre sus funciones.

B/GMA ha reivindicado continuamente ante la Administración que reconozca nuestra labor de extinción, adapte nuestra regulación y vuelva a incluir a Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente dentro del grupo de extinción que establece el INFONA (Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Navarra), del que, en su última modificación y sin justificación alguna, se nos excluyó.

En multitud de ocasiones somos el primer servicio público en detectar y llegar a un conato de incendio. Valoramos la situación y actuamos con mochilas extintoras, batefuegos y otros medios de pronto ataque. Muchas veces conseguimos apagar o minimizar la propagación del fuego antes de que alcance mayores dimensiones.

Son intervenciones que apenas trascienden porque, precisamente, evitamos que se produzca un gran incendio y, si esto ocurre, nuestro conocimiento de caminos, accesos, tipo de vegetación, puntos de agua y de las personas que allí habitan resulta especialmente útil.

Entre nuestras tareas se encuentran también la dirección de bulldozers y la coordinación de maquinaria agrícola, medios con los que se abren cortafuegos, se crean líneas de defensa y se facilita el acceso de los equipos de emergencia. Así hemos trabajado en los últimos incendios, junto a agricultores y maquinistas, SOS Navarra, Bomberos, Policía Foral y otros servicios públicos.

No pretendemos atribuirnos el trabajo de otros servicios ni cuestionar que la Dirección de Extinción corresponda a Bomberos, pero sí reclamamos que se reconozca, con rigor, nuestro papel en las intervenciones.

Nuestro Decreto Foral 7/2019 establece que debemos colaborar con los responsables de la extinción. Sin embargo, la interpretación que hace nuestra Administración no reconoce nuestra tarea en la extinción. Colaborar en la extinción también es extinguir.

No se trata de una presencia pasiva: nuestro trabajo, sin duda, tiene un efecto en el resultado obtenido. Apagar un conato, guiar un bulldozer, coordinar la maquinaria o facilitar el acceso de otros medios son actuaciones que contribuyen directamente a controlar el fuego.

La extinción es un trabajo colectivo en el que cada recurso asume responsabilidades y aporta una parte necesaria para alcanzar un objetivo común: apagar el incendio.

La actitud de la Administración resulta difícil de comprender cuando es ella misma quien nos forma, nos dota de equipos de protección individual, nos proporciona material para sofocar fuegos y cuenta con nuestra intervención en estas situaciones de emergencia.

No se reconoce nuestra función, pero es que tampoco se reconocen adecuadamente la disponibilidad que exige, la responsabilidad que se asume ni el riesgo al que nos exponemos.

Mientras que, por un lado, la Administración reconoce que nuestra presencia es necesaria para prevenir, detectar y responder con rapidez ante una posible emergencia, por otro, afirma que no extinguimos y continúa solicitando nuestra disponibilidad voluntaria para intervenir fuera de la jornada ordinaria.

Algo parecido ocurre en otras situaciones extraordinarias, como el eclipse previsto para el próximo 12 de agosto, para el que se plantea establecer un dispositivo preventivo y unos servicios mínimos, también extraordinarios, para los que se solicita nuestra participación voluntaria.

Nuestra negativa a mantener este sistema de voluntariedad no supone falta de compromiso ni una negativa a cumplir con nuestro trabajo. Supone rechazar que las necesidades que la propia Administración considera esenciales o extraordinarias se cubran mediante la buena voluntad y la disponibilidad personal de la plantilla, sin una remuneración ni una compensación acordes con la responsabilidad y el riesgo asumidos.

La vocación explica nuestra implicación, pero no puede sustituir nuestros derechos laborales. Si se nos exige formación, disponibilidad, responsabilidad y exposición al riesgo, debe existir un reconocimiento proporcional: funciones claramente reguladas, personal y medios suficientes, protección jurídica y preventiva, remuneración y compensación.

La Administración no debería exigir como un deber lo que después niega como función. Tampoco debería recurrir al voluntarismo para garantizar el buen desarrollo de un servicio excepcional cuando, por otra parte, considera nuestra presencia imprescindible en él.

Esta falta de reconocimiento ha generado un profundo hartazgo en el colectivo de B/GMA, motivo por el cual nos concentramos desde marzo para reclamar unas condiciones proporcionales a las funciones, la disponibilidad y los riesgos asumidos.

Lamentablemente, a día de hoy, nuestras organizaciones sindicales todavía no han recibido una respuesta ni se ha abierto una mesa de negociación con representantes del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de Función Pública.

Nuestro compromiso con la ciudadanía y el medio natural permanece intacto, pero la vocación no puede sustituir los derechos laborales. Reclamamos algo básico: diálogo, negociación y un reconocimiento acorde con el trabajo que realizamos.

Carta de la Asociación Profesional de Guardas de Medio Ambiente de Navarra

Hay gestos que duran unos minutos, pero que permanecen para siempre en el corazón.

Este San Fermín, nuestra hija no ha podido correr delante de los kilikis, reír con los cabezudos ni levantar la vista para ver pasar a los gigantes por las calles de Pamplona, como hacen tantos niños. Este año le ha tocado vivir las fiestas desde una habitación de la UCI Pediátrica, rodeada de monitores, tratamientos y una realidad muy distinta a la que cualquier familia desearía.

Por eso, vuestra visita ha significado mucho más que un momento festivo.

Nos habéis llevado un pedacito de San Fermín hasta donde parecía imposible que pudiera llegar. Durante unos instantes, las paredes del hospital desaparecieron y dieron paso a la ilusión, a las sonrisas y a esa magia que solo vosotros sabéis transmitir.

Queremos daros las gracias, no solo por acudir, sino por la enorme sensibilidad, el cariño y la humanidad con la que tratasteis a nuestra hija. En cada mirada, en cada sonrisa y en cada gesto se notaba que no solo representabais una tradición centenaria, sino también el corazón de una ciudad que sabe acompañar a quienes más lo necesitan.

Los gigantes, los cabezudos y los kilikis forman parte de los recuerdos más felices de la infancia de muchos pamploneses. Gracias a vosotros, también formarán parte de los recuerdos de nuestra hija, incluso en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Gracias por demostrar que la fiesta también puede ser refugio, consuelo y esperanza. Gracias por regalar ilusión allí donde más falta hace.

De todo corazón, gracias por hacer que, aunque fuera por un momento, nuestra pequeña volviera a sentirse una niña de San Fermín.

La familia de Vega

Está, esta Comunidad Foral de Navarra, antiguo Reino de Navarra, en una zona denominada euskalerria.

No voy a entrar a discutir, pero podríamos hablar largo y tendido, si el territorio llamado euskalerria —incluido territorio francés— no corresponde, en determinado momento de la historia, al antiguo Reino de Navarra.

En la enciclopedia que está siendo más consultada en internet, Wikipedia, el Reino de Navarra fue uno de los reinos medievales de Europa.

Situado en ambas vertientes de los Pirineos occidentales, situaba la mayor parte del territorio en la Península Ibérica.

Navarra mantuvo esta condición de reino hasta 1841, fecha en que pasó a ser considerada “provincia foral” mediante la Ley Paccionada.

Desde tiempos de Carlos III “el Noble” (1387-1425), que preside la avenida pamplonesa que lleva su nombre, el Reino de Navarra se extendía por ambos lados de la cordillera de los Pirineos.

Y la FIESTA de San Fermín ha sido y será la fiesta de Pamplona, y de Navarra, no de euskalerria.

Carta de José Javier Solabre Heras

Este domingo 5 de julio, sin pañuelicos ni txupinazo, la empresa Dornier y el Ayuntamiento de Pamplona inauguraron sus particulares fiestas recaudatorias: un día antes del inicio oficial de San Fermín y, además, en domingo. En mi calle, de un muestreo de sesenta coches, nueve exhibían el boletín de denuncia como una flor mustia en el parabrisas. Quince por ciento de eficacia.

El truco, como siempre, estaba en la sombra. Carteles discretos en los parquímetros, un anuncio perdido en un BON que no lee ni el gato, y pegatinas improvisadas en la señalización vertical. Todo tan sibilino, tan cuidadosamente confuso, que uno sospecha que la intención no era informar, sino cazar. Y vaya si cazaron.

Lo más irritante, sin embargo, no es la trampa, sino la manera en que la tecnología se ha convertido en cómplice. Uno, que ya ha aceptado resignado la servidumbre digital —me autocobro los yogures, hago mis propias transferencias en el banco, presento impuestos online y hasta introduzco mi propia comanda en la hamburguesería— también utiliza la aplicación de Dornier para pagar el estacionamiento. Les ahorramos tiempo, esfuerzo y personal. Les hacemos la vida fácil. Y aun así, cuando llega la emboscada, la aplicación calla como un sepulcro: ni una notificación push, ni un aviso, ni una mísera línea roja en la pantalla. La misma tecnología que nos cobra al segundo es incapaz de advertirnos de una excepción. Qué casualidad.

Para rematar la faena, Dornier dispone de la posibilidad técnica de activar alertas en Google Maps que avisan al conductor de que está aparcando en zona regulada. No lo hace. No por incapacidad, sino por conveniencia. Avisar, ya se sabe, reduce ingresos.

Pamplona tiene cerca de 35.000 plazas reguladas. Si el 15% fue multado, hablamos de más de 5.000 sanciones en un solo día. Y si el ciudadano no anula en la primera hora, la broma asciende a sesenta euros —treinta con pronto pago—. Ciento cincuenta mil euros en el peor de los casos. Un botín respetable para una operación montada con la discreción de un carterista profesional.

Por eso exijo, con la poca fe que aún me queda en la decencia institucional, que el Ayuntamiento de Pamplona y Dornier devuelvan de oficio todas las multas de ese domingo. Cobrar así, mediante ocultismo informativo y digital, y señalización de mala taberna, roza la estafa. Y no de las pequeñas.

Ante semejante atropello, creo que los ciudadanos debemos recuperar un poco de dignidad. Para empezar, dejando de utilizar la aplicación de Dornier y volviendo al viejo ticket físico, obligando a la empresa a contratar personal y a perder la eficiencia que obtiene gracias a nuestra mansedumbre tecnológica. La tecnología, cuando se usa para recaudar más y comunicar menos, no es progreso: es abuso.

En segundo lugar, conviene exigir transparencia: los datos de sanciones emitidas, los protocolos de aviso y la documentación que justifica activar la regulación el día 5 y no el día 6. Y si hace falta, acudir al Defensor del Pueblo, solicitar información mediante la Ley de Transparencia y reclamar una auditoría del contrato de Dornier. No para vengarnos, sino para que la próxima emboscada les cueste un poco más de trabajo.

Fdo. Javier Mendia Aguilera
(cajero de supermercado, montador de muebles, “funcionario” de Hacienda, empleado de hamburguesería, gestor bancario...)

...“Pero si hay algo que define estas fiestas es su carácter colectivo. Por ello, deseo que las vivamos desde el respeto, la convivencia y el cuidado mutuo. Que nuestras calles sean espacios donde todas las personas podamos sentirnos libres, seguras y bienvenidas...” Estupendo, me parece muy bien.

Salgo a la calle desde mi casa, paso cerca de las barracas y veo varias pintadas enormes, gigantes, que dicen:

...“Indar Gorri 86”, “Españoles Hijos de Puta”, y me duele la falta de respeto y las ganas de bronca que manifiestan quienes han hecho esas pintadas.

Se dicen seguidores de Osasuna y parece que no les gusta el fútbol de la selección.

Ánimo, señor alcalde, dígales que no insulten y que borren las pintadas, que siembran odio.

Dice el citado plan, aprobado por el propio Gobierno, que los servicios básicos son “recursos fundamentales para el bienestar de la población que reside en las zonas rurales, pero a la vez elementos básicos para fijar y/o atraer población”. Que se lo expliquen al consejero de Salud, Fernando Domínguez, que ha decidido cerrar las urgencias de nuestro pueblo, Fustiñana, sin mucha explicación ni voluntad de diálogo o negociación. El impacto lo van a sufrir los más vulnerables de nuestro pueblo: los mayores, las personas con necesidades especiales, los niños enfermos… Todo, por ahorrarse unos eurillos y sin pedir siquiera opinión a quienes vivimos aquí, a quienes conocemos los problemas de la localidad; ni siquiera a los profesionales que nos atienden en el centro de salud.

Y, encima, ejecuta el cierre de las urgencias cuando el Parlamento ha terminado su periodo de sesiones, no vaya a ser que le critiquen en un pleno o le exijan dar explicaciones por su recorte en la Comisión de Salud. Muy valiente.

El señor consejero defiende el recorte hablando de eficiencia. Para ello, expone una cifra media de atenciones calculada desde 2018 para que la media le cuadre, ignorando —u ocultando— que en el último mes ha habido días en los que las atenciones multiplicaban por 8 la cifra con la que ha intentado justificarse.

Eficiencia. Como si los hospitales, los centros de salud o las ambulancias tuvieran que ser rentables y no un servicio público básico. La Sanidad Pública solo es rentable para algunos cargos del PSOE que han sido condenados estos días por forrarse con el sufrimiento de una pandemia que llenó las morgues de fallecidos.

De hecho, la ignorada estrategia contra la despoblación que debería regir la gestión de su Departamento y del resto del Gobierno afirma literalmente que “se debe incluir una perspectiva diferente en la planificación de los servicios, de manera que no se utilicen los criterios meramente demográficos o cuantitativos a la hora de garantizar ciertos servicios”. Es decir, que las urgencias de Fustiñana no van a tener el mismo movimiento que las del Hospital de Pamplona, pero que no por eso hay que dejar a sus vecinos —y a los de Cabanillas— sin atención.

El recorte sanitario resulta todavía más sangrante cuando se perpetra en el momento en el que los navarros, también los de Fustiñana, pagamos más impuestos; cuando más ingresos tiene el Gobierno de Navarra.

Es decir, pagamos más, pero recibimos peores servicios; el Gobierno tiene más dinero, pero hace peor su trabajo. ¿Se puede gestionar peor?

La Sanidad navarra, hasta hace muy poco la envidia de toda España, es ahora noticia solo por cosas negativas: listas de espera que no paran de crecer, huelgas de médicos, enfrentamientos con departamentos como el de Traumatología e incluso acusaciones de no hacer nada y mirar para otro lado ante casos de acoso continuado.

Y, ante tantos problemas, la solución de quienes hasta hace poco se ponían al frente de las pancartas por la Sanidad Pública o abrazaban los hospitales… son los recortes. Recortes en mi pueblo, pero también en Olite, en Lekunberri o Sangüesa. Recortes en Sanidad cuando más dinero tienen para gestionar. Imperdonable.

Señor consejero Domínguez, no vivimos en una gran ciudad, pero pagamos impuestos y tenemos derechos: entre otros, derecho a una Sanidad Pública universal y de calidad.

Señora presidenta Chivite, sabemos que el Departamento de Salud es gestionado por Geroa Bai, pero, por favor... somos de pueblo —a mucha honra—, no idiotas. El señor Domínguez es consejero porque usted lo ha nombrado y sigue siendo consejero porque usted no lo cesa. Es su Gobierno, el Gobierno del PSOE, Geroa Bai y Contigo Zurekin, el que cierra las urgencias de Fustiñana, el que hace recortes en Salud. Es, por tanto, también usted, señora Chivite, la que cierra las urgencias de Fustiñana.

Así que, por favor, si la mayoría del Ayuntamiento de Fustiñana, del Parlamento de Navarra y hasta del Gobierno dicen estar en contra del cierre, hagan algo: cesen al señor Domínguez, cancelen sus recortes y comiencen a reconstruir la Sanidad que tan bien funcionaba.

No cierren las urgencias de Fustiñana.

Sergio Vitas
Alcalde de Fustiñana

A solo unos días del comienzo de las fiestas de San Fermín, quiero trasladaros mi sincera felicitación, a la vez que un mensaje de concordia y fraternidad. Son días en los que Pamplona abre sus puertas al mundo y en los que compartimos con quienes nos visitan la alegría, la amistad y una tradición profundamente arraigada en nuestra ciudad.

San Fermín, primer obispo de Pamplona y testigo valiente de Jesucristo, nos recuerda que la fe auténtica siempre va unida al amor al prójimo, al diferente, al que viene de fuera. Su ejemplo nos invita a vivir estos días no solo como una celebración festiva, sino también como una ocasión para fortalecer los valores que hacen la convivencia más humana y más fraterna. Tengamos presente en todo momento, como dijo el papa León XIV en su reciente visita a España, que “tejer redes implica encuentro, escucha, diálogo y respeto”.

Vivimos tiempos en los que con frecuencia se subrayan las diferencias y se alimentan las divisiones, y ya el papa León XIV advirtió a la clase política, en su discurso en el Congreso de los Diputados, que “discrepar no significa humillar”. Ojalá que durante estas fiestas tengamos presente en todo momento la necesidad de mirar a los demás con respeto y acogida. Que estos días sean ejemplo de tolerancia. Que nadie se sienta excluido ni despreciado. Que sepamos reconocernos como hermanos, hijos de un mismo Dios, llamados a construir una sociedad más justa, más pacífica y más unida.

Y que la alegría de la fiesta vaya acompañada de la responsabilidad personal y del cuidado de los demás, especialmente de los más vulnerables, porque una verdadera celebración nunca olvida la dignidad de cada persona.

Con mi bendición y mi afecto para todos.

¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín!

Carta del arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló