La participación en la vida pública no es un lujo reservado para quienes “tienen tiempo” o “les gusta debatir”. Es una necesidad social y, sobre todo, una responsabilidad ética. Quien se desentiende deja un hueco. Y ese hueco lo ocupa otro. A veces con buenas intenciones, pero otras con intereses particulares, ideologías extremas, ambición personal o simple oportunismo. La democracia no muere de golpe: se apaga poco a poco, cuando los mejores se marchan y solo quedan los que buscan servirse de ella.

Por eso, hoy más que nunca, necesitamos recuperar el sentido profundo de la implicación social. Y aquí el humanismo cristiano tiene mucho que aportar, no como etiqueta ideológica, sino como visión humana de la vida. El humanismo cristiano recuerda que la persona es el centro: cada ser humano tiene dignidad, desde el concebido no nacido hasta el anciano frágil o el enfermo terminal, desde el inmigrante que llega sin nada hasta el joven que no encuentra su lugar. Nos recuerda que la sociedad no puede organizarse únicamente por intereses económicos o cálculos electorales, sino por la búsqueda del bien común. Y nos insiste en algo esencial: no se puede amar al prójimo en abstracto y abandonar la realidad concreta.

Participar es una forma de amar, de querer. Y esto no solo es sentir; es comprometerse. Implicarse en una asociación juvenil, cultural o deportiva; formar parte de una organización solidaria, de una asociación de vecinos; hacer voluntariado con mayores, con personas sin hogar, con niños en riesgo; dedicar horas a acompañar a quien está solo. Todo eso es política en el sentido más noble: construir comunidad. Crear escuela. Dejar huella.

Pero también hace falta decirlo sin miedo: participar en partidos políticos es necesario. Y no, no es una actividad sucia por definición. Se ha extendido el relato de que “todos son iguales” y de que la política es sinónimo de corrupción, mentira o abuso. Esa generalización, además de injusta, es peligrosa. Porque desacreditar la política es el primer paso para dejarla en manos de quienes no tienen vocación de servicio. La política es un arte noble cuando busca la justicia, cuando defiende al débil, cuando promueve la convivencia, cuando se atreve a decir la verdad, aunque cueste votos. Hay concejales, alcaldes y cargos públicos que trabajan con sacrificio real, con honestidad y con vocación. Y en algún momento necesitan relevo.

La sociedad necesita jóvenes con valores. Jóvenes que no se conformen. Que no acepten como inevitable el bullying en las aulas, la violencia silenciosa en redes sociales, la precariedad laboral como destino, la falta de vivienda como condena o la soledad de los mayores como normalidad. Jóvenes que no toleren los abusos de poder, ni los privilegios económicos, ni la mala política, ni el clientelismo. Pero para combatir todo eso no basta con indignarse desde casa ni con escribir un comentario en internet. Hace falta dar un paso adelante.

Y aquí aparece un error frecuente: mirar a los jóvenes con recelo, como si fueran frágiles, superficiales o egoístas. No es cierto. Nuestros jóvenes —ellos y ellas— tienen más valores de los que a veces creemos. Muchos muestran sensibilidad social, conciencia ecológica, deseo de justicia, capacidad de sacrificio y un sentido de solidaridad admirable. Lo que necesitan es confianza, referentes y oportunidades. Necesitan que dejemos de tratarlos como “los de mañana” y empecemos a reconocerlos como ciudadanos de hoy.

Además, el calendario nos interpela. En menos de un año volveremos a vivir elecciones. Y este es el momento de implicarse. No solo para votar, sino para participar, preguntar, exigir, proponer. Para entrar en asociaciones, en plataformas vecinales, en movimientos culturales. Para acudir a plenos municipales. Para acercarse a un partido y decir: “Estoy aquí, quiero aportar, quiero aprender, quiero mejorar mi ciudad, mi pueblo y mi comunidad”. Y también para exigir a los mayores que piensen con responsabilidad intergeneracional, que no tomen decisiones hipotecando el futuro de quienes vienen detrás.

El futuro no se hereda, se construye. Nuestra sociedad no necesita espectadores, necesita protagonistas. Y especialmente necesita jóvenes con coraje, con valores, con mirada limpia. El humanismo cristiano nos recuerda que no hay auténtica fe sin obras, ni verdadera humanidad sin compromiso. La sociedad que soñamos —más justa, más solidaria, más respetuosa con la vida y con la dignidad de todos— solo llegará si alguien la trabaja.

Ese “alguien” eres tú. Y el momento es ahora.

El pequeño comercio no muere por falta de ganas, sino por una presión fiscal, tanto municipal como regional, que convierte el emprendimiento en una carrera de obstáculos imposible de ganar. Quienes iniciaron sus negocios con ilusión se encuentran hoy arruinados por una política económica que parece castigar al que genera empleo en el barrio.

A este problema se suma la incomprensible gestión del urbanismo. Mientras en comunidades vecinas como el País Vasco los lofts —locales convertidos en viviendas legales— son un éxito que da vida a las bajeras vacías y ofrece una alternativa económica para acceder a un hogar, aquí el Ayuntamiento de Pamplona los prohíbe en numerosas calles. No solo se niega una segunda oportunidad a locales que nunca volverán a ser tiendas, sino que se priva al ciudadano de viviendas que podrían costar hasta 100.000 euros menos que un piso convencional.

La respuesta de Bildu y sus socios del PSN es que "quieren que vuelva el comercio", pero es una contradicción flagrante: ¿quién va a abrir un negocio si se le asfixia a impuestos antes de empezar?

Señora Chivite, antes de buscar fotos en el extranjero, mire hacia sus barrios y solucione el desastre que sus políticas están provocando. Y señor Asirón, deje a un lado las banderas y recorra las calles para ver la realidad de las persianas echadas. Es hora de recapacitar y dejar de dar la espalda a los problemas reales de los pamploneses.

Carta de Juan Antonio Extremera

Soy plenamente consciente de las dificultades que estás encontrando para recibir la atención médica que necesitas y te mereces. Las listas de espera parecen no tener fin: no solo para acudir a consulta, sino también para realizar pruebas complementarias como una radiografía, ecografía, TAC, etc. Conseguir una cita se ha convertido ya en una odisea, en una tarea casi imposible, con colas interminables en la puerta del centro de salud.

Situación que se agrava cuando precisas una atención rápida por un proceso agudo, un agravamiento de tu estado de salud o un seguimiento continuo y atento de tu enfermedad crónica.

Seguramente habrás escuchado en los últimos meses noticias sobre huelgas médicas en Navarra y en el resto del país, así como declaraciones cruzadas entre responsables políticos. Puede que no conozcas todos los detalles, pero sí percibes, con razón, que esta situación no es sostenible, ya que la consecuencia final es el empeoramiento del sistema sanitario, que está ya repercutiendo directamente en tu salud.

Con este escrito quiero confiarte que estoy sobrepasado, que no puedo más y que no voy a continuar trabajando en las condiciones actuales. Los médicos llevamos muchos años advirtiendo a nuestros gestores del déficit de facultativos, de la falta de tiempo y de recursos necesarios para poder atenderos, y de la repercusión tanto en vuestra salud como en la nuestra.

La diferencia esencial de este conflicto con respecto a los demás es que yo soy médico. Ello conlleva un compromiso ético contigo por encima de cualquier circunstancia, por lo que es mi obligación —y así lo siento— cumplir con el código deontológico que te protege.

Sí, te protege.

Por eso, aunque para la Administración seas un número más e intente reducir el tiempo que puedo dedicarte, limitar los medios disponibles o retrasar intervenciones para maquillar cifras, para mí, como médico, no eres una cifra, no eres un expediente más ni un problema que resolver a toda prisa.

¡Eres mi paciente!, y eso significa que, pase lo que pase, cuentas con mi profesionalidad, mi preparación, mi criterio médico, mi responsabilidad y mi compromiso firme de situar tu salud en el centro de cada actuación. Tus preocupaciones son también las mías.

Te pido comprensión ante el conflicto actual y, además, te pido también tu apoyo. Si la Administración mejora nuestras condiciones laborales, repercutirá directamente en la mejora de la atención médica que precisas y mereces.

Recibe un cordial saludo,

Tu médico

Carta al director enviada por el Sindicato Médico de Navarra y firmada por 736 facultativos. 

Sus nombres forman parte de esa memoria viva que hace grande a Tudela. Porque no solo han estado ahí en los días de fiesta, sino también en el esfuerzo constante, en la colaboración discreta, en la presencia fiel y en ese compromiso silencioso que sostiene lo que de verdad importa. Son de esas personas que entienden que una peña no se mide solo por sus actos, sino por la entrega de quienes la hacen posible.

Ángel Blanco, de 71 años; Santi Agudo, con 70; y José Antonio Martínez, con 62, el presidente vitalicio de la peña —¡yo me declaro fan de los tres!—, reflejan el espíritu de una generación que ha sabido querer a Tudela con autenticidad, con orgullo y con una lealtad que no se improvisa. En ellos se unen la experiencia, la amistad y el amor por su ciudad, por Tudela, Navarra, que vive sus fiestas con intensidad y sentimiento. Son el reflejo de quienes han hecho del compromiso por la peña y por su ciudad una forma de vida.

La Peña Moskera ha sido siempre mucho más que una peña. Ha sido encuentro, hermandad, alegría compartida y compromiso con Tudela. Y ellos, con su presencia constante en las fiestas de Tudela, en las Jornadas de las Verduras, en las fiestas de San Pedro y en los actos de la propia peña, representan mejor que nadie ese vínculo profundo entre la fiesta y la ciudad. Su forma de estar habla de cariño, de fidelidad y de una manera sincera de entender la pertenencia a la peña, a la Peña Moskera de Tudela.

En tiempos en los que a veces todo parece ir demasiado deprisa, ellos recuerdan la importancia de las cosas que permanecen. La amistad que se cultiva durante años. Las tradiciones que se cuidan. La ilusión de seguir saliendo a la calle con la peña y sus 54 socios comprometidos, de compartir momentos, de celebrar juntos y de seguir transmitiendo a los demás ese orgullo de ser de Tudela.

Por eso, hablar de Ángel Blanco, Santi Agudo y José Antonio Martínez es hablar del espíritu más puro de la Peña Moskera. Es hablar de personas que han sabido dar ejemplo con su constancia, con su cercanía y con su manera de vivir las fiestas desde dentro, con emoción, con sinceridad y con buenas palabras.

Y en ese sentimiento colectivo resuenan con fuerza las palabras que ya son parte del corazón de la peña: “La Moskera, la Moskera, ¡de Tudela la primera!”. Una frase que no solo se canta, sino que se siente. Una frase que resume muy bien lo que representa y todo lo que estos tres mosqueros han sabido encarnar con el paso del tiempo y de cara al futuro. ¡Felicidades, Santi! Ya queda menos para las fiestas de Santa Ana 2026 y ¡viva la Peña Moskera!

Carta de Fernando Ferrer y 51 socios más de la Peña Moskera

Nuevamente, observo con estupor en las redes oficiales del Ayuntamiento la promoción de otro evento: la Itzulia. Se trata de una carrera ciclista de Euskadi que va a transcurrir por Navarra la próxima semana. Lo bochornoso es que, en la descripción gráfica del evento, se muestra la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona plagada de ikurriñas, acompañadas de alguna bandera de Navarra sin corona; es decir, una bandera que no representa oficialmente a nuestra Comunidad Foral.

Estamos, en resumen, ante otro ataque más, perpetrado y diseñado por un Ayuntamiento de Pamplona dirigido por Bildu y sostenido por el PSN/PSOE. Es lamentable que, día tras día, desde las instituciones municipales se intente tergiversar de forma deliberada la historia y la identidad de Navarra.

Desde estas líneas, como navarro, apelo directamente al Partido Socialista de Navarra. Ellos son los responsables de que Navarra sufra estos ataques constantes a su identidad por parte de Bildu, ya que han sido sus votos los que han permitido que este partido gobierne la capital.

Es hora de que el PSN explique a sus socios de Bildu y al alcalde Joseba Asirón la verdadera historia de Navarra. Es imperativo que, de una vez por todas, dejen de atacar nuestros signos, nuestra soberanía y nuestra identidad. Navarra tiene su propia historia y sus propios símbolos, y no permitiremos que sean diluidos ni manipulados por intereses partidistas ajenos a nuestra realidad foral.

Carta de Juan Antonio Extremera Apesteguía

El proyecto pretende así modificar el planteamiento actual, que califica ese espacio como solar dotacional, es decir, destinado a servicios muy necesarios para los vecinos de un barrio que no deja de crecer, como podrían ser un centro de salud, una biblioteca, un centro cultural, zonas verdes o espacios de encuentro. Estos servicios son los que el barrio realmente necesita y demanda.

Por contra, la alternativa presentada por el Ayuntamiento planea la construcción de ocho torres de viviendas, una actuación que aumentaría la densidad poblacional del barrio sin proveer servicios ni dotaciones para esos nuevos vecinos ni para los que ya estamos allí. Además, la ocupación de esos solares, uno de los cuales está destinado en la actualidad a aparcamiento, incrementaría el problema de estacionamiento en el barrio, ya de por sí saturado.

En definitiva, lo que nos trae ahora el Ayuntamiento no se parece en nada a lo prometido el año pasado. Los vecinos de Arrosadia apoyamos la vivienda, pero también pedimos servicios y planes de ordenación que sirvan al barrio, porque el desarrollo urbanístico no debería parecerse a comprar en Aliexpress, donde lo que pides nada tiene que ver con lo que te llega.

Nos encontramos ante la consumación de una muerte provocada en el marco de un sistema que la permite y regula. Consideramos que este tipo de situaciones reflejan un fracaso colectivo: cuando la respuesta al sufrimiento es facilitar la muerte, en lugar de garantizar un acompañamiento integral y adecuado, algo esencial se está debilitando en nuestra convivencia.

Toda vida humana posee una dignidad que no depende de su estado de salud, de su autonomía o de su utilidad social. Por ello, preocupa especialmente que se consolide una mentalidad en la que la muerte asistida pueda percibirse como una salida aceptable ante el dolor, la enfermedad o la dependencia. Esta lógica, lejos de ofrecer soluciones reales, puede generar desprotección y desamparo en las personas más vulnerables.

Al mismo tiempo, somos conscientes de la profunda conmoción que esta situación ha provocado en muchas personas. Son numerosos quienes, con dolor e inquietud, están rezando y preguntándose cómo responder ante lo ocurrido. Cuando una persona atraviesa el sufrimiento, lo que necesita no es que su vida termine, sino sentirse acompañada de manera real y concreta. Necesita atención, cuidado, alivio del dolor y, sobre todo, la certeza de que su vida sigue teniendo valor. Nadie debería sentirse solo o una carga en los momentos más difíciles.

Acompañar de verdad significa estar al lado del que sufre, con respeto y dedicación, poniendo todos los medios para aliviar su dolor y sostenerle humana y espiritualmente. Significa no abandonar, incluso cuando las circunstancias son complejas o no hay soluciones fáciles. En esa cercanía es donde muchas personas encuentran consuelo, sentido y esperanza.

Queremos también reconocer y agradecer a tantas familias, profesionales sanitarios y personas que viven este acompañamiento con entrega diaria. Su labor, muchas veces discreta, constituye un auténtico servicio al bien común y un testimonio de humanidad que sostiene a nuestra sociedad.

Invitamos a todos a seguir trabajando por una cultura del cuidado, donde el sufrimiento encuentre una respuesta en la cercanía, la atención y el compromiso, y donde cada persona, especialmente en su fragilidad, sea acogida y protegida.

Nos unimos en la oración por Noelia Castillo Ramos, por su familia y por todas las personas que han participado en este proceso, pidiendo luz y consuelo para todos. Confiamos a todos ellos a Jesucristo, Señor de la Vida, y a la intercesión maternal de la Virgen María, consuelo de los afligidos.

Con dolor por lo ocurrido, pero también con esperanza.

Comisión de coordinación de la Pastoral de la Vida Archidiócesis de Pamplona-Tudela

Lamentablemente, hemos visto al alcalde de Pamplona feliz, rodeado de carteles proetarras y demostrando de nuevo que no han cambiado, que la vieja Batasuna sigue existiendo, como muchos decimos y nos critican por ello. Pero más lamentable todavía es que el Partido Socialista de Navarra de Chivite tenga dificultades para condenarlo y, cuando lo hace, sea con un mensaje vacío, mentiroso y engañoso.

Si de verdad tuviesen dignidad, los socialistas navarros y estuviesen al lado de las víctimas de ETA y de sus familiares, romperían inmediatamente los acuerdos con el brazo político de ETA y mandarían a Asiron a la oposición, pero no. Por desgracia, el PSN y el PSOE no tienen ni principios ni dignidad y seguirán manteniendo sus acuerdos con el partido que apoya el akelarre proetarra.

Imagínense qué ocurriría si en Alemania un alcalde saliese en una carrera rodeado de pancartas a favor de Hitler y del nazismo: sería un escándalo y seguro que estaría obligado a dimitir al minuto siguiente. Pero en España, por desgracia, eso no ocurre, dado que los que apoyan a los que han asesinado hasta hace muy poco a casi mil personas se mantienen en el poder solo por el egoísmo y las ganas de poder a cualquier precio de Pedro Sánchez y María Chivite. Lamentable.

Carta enviada por Juan Antonio Extremera Apesteguia. 

No quiero desvelar demasiado, porque parte de su magia está en ir a verla y dejarse llevar, pero sí diré que es una historia que trata con mucha delicadeza algo difícil de explicar. Esa forma de estar en el mundo que tenemos cuando somos niños, cuando la imaginación y lo real todavía no están del todo separados y los límites entre ambas cosas son más difusos.

La película parece recordarnos algo que con el tiempo olvidamos. A menudo pensamos que la vida está hecha de grandes acontecimientos, de esos momentos que marcan un antes y un después. Pero quizá la vida también sucede, y sobre todo ocurre, en otra parte. En los instantes en los que simplemente miramos.

El brillo del sol sobre el agua, el movimiento lento de una hoja con el viento, una hormiga atravesando el borde de una hoja mientras estamos tumbados en la hierba. En una época en la que todo compite por nuestra atención y cada instante parece necesitar un estímulo nuevo, detenerse a mirar es un gesto revolucionario.

Tal vez crecer no consista solo en acumular experiencias extraordinarias, sino también en aprender a mirar lo que siempre ha estado ahí. Y descubrir que, a veces, en esos momentos aparentemente insignificantes, la vida se muestra con una claridad inesperada.

Carta de Álvaro Arnaiz Sádaba

Uno de los aspectos más preocupantes es la posibilidad de desplazar a los médicos de un destino a otro para cubrir necesidades asistenciales, sin una regulación clara de esa movilidad ni del exceso de horas y gastos que puedan derivarse. Conviene recordar que Navarra es la única comunidad sin una normativa específica sobre el exceso de jornada médica, a pesar de que los médicos hemos hecho al año más de 6 millones de horas de trabajo por encima de la jornada ordinaria de 37,5 horas semanales, que tiene el resto de los trabajadores públicos. Es evidente que debemos garantizar la atención sanitaria a la población, pero no a costa de la salud y las condiciones laborales de quienes la prestan.

A ello se suma la nueva reclasificación profesional con la que todos los niveles se ven beneficiados menos nosotros. No solo por el ascenso de nivel en sí, sino, además, por la mejora retributiva que este supone, tanto en salario directo como por la subida correspondiente en nivel de carrera. Carrera profesional que se generalizará para todos los empleados públicos menos para nuestros médicos en formación (MIR) y que, además, recorta ingresos solo a los médicos y nivel A. ¿Quién da más?

Resulta paradójico que, en un contexto de déficit estructural de médicos —reconocido y evidente tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario—, se adopten medidas que desincentivan aún más el ejercicio profesional en nuestra comunidad. Las plantillas están infradimensionadas y, además, no se cubren en su totalidad. Mientras tanto, el gasto sanitario sigue aumentando sin que ello se traduzca en una mejora real de los recursos humanos allí donde más se necesitan.

La consecuencia es clara: sobrecarga asistencial, incremento de listas de espera y deterioro progresivo de la calidad de la atención. La solución no pasa por obligar a los médicos a desplazarse de un lugar a otro, sino por hacer de Navarra un destino atractivo para ejercer la medicina, mejorando sus condiciones en línea con las de otros profesionales del sistema sanitario, el conjunto del empleo público y otras comunidades que sí están mejorando sus plantillas por ofertar mejores condiciones.

Si no se corrige esta deriva, corremos el riesgo de construir un sistema sanitario con plantillas cubiertas en otras funciones, pero sin médicos suficientes para sostenerlo.

Salud

Hay quien lo querrá vender como una jornada de lucha, como una protesta legítima o como una reivindicación social. Yo lo que he vivido ha sido otra cosa: un grupo de gente decidiendo por la fuerza que miles de personas no teníamos derecho ni a ir a trabajar, ni a movernos, ni a hacer nuestra vida normal. Así, sin más. Porque ellos lo valen.

Soy un ciudadano normal de Pamplona. Tengo mi trabajo, mi familia, mis hijos, mis horarios y mis obligaciones, como tantísima gente en Navarra. No vivo del cuento ni de la pancarta. Me levanto, trabajo y saco mi casa adelante. Y este martes me he encontrado atrapado por culpa de unos piquetes que han cortado una carretera principal como si los demás no importáramos nada.

Y eso es lo que más rabia da: el desprecio. El desprecio absoluto al que madruga, al que cumple, al que no puede permitirse llegar tarde, al que bastante tiene ya con sacar el día adelante. Luego hablan mucho de derechos, pero el derecho de los demás se lo pasan por donde quieren. Porque sí, la huelga será un derecho, pero trabajar también lo es. Y aquí, una vez más, ha habido gente que ha decidido que su derecho vale y el de los demás no.

Lo de cruzarse en una carretera, engancharse a barriles, montar cortes, quemar cosas o sembrar el caos no es sindicalismo. No es lucha obrera. No es reivindicación. Es reventarle el día a miles de trabajadores y hacerlo además con chulería, con el viejo estilo del “aquí mandamos nosotros”. Y ya está bien de disfrazarlo.

Porque encima esto nunca pasa por casualidad. Detrás de todo esto están siempre los mismos. Los sindicatos que llevan años funcionando como correa de transmisión del nacionalismo vasco y de la izquierda abertzale, calentando el ambiente, tensándolo todo y empujando a una parte de la sociedad a creer que la presión, el matonismo y el abuso son formas normales de hacer política. Luego algunos se lavarán las manos, pero la responsabilidad la tienen entera. Cuando se alienta este clima, luego pasan estas cosas.

A algunos les parecerá exagerado, pero los que lo hemos sufrido sabemos lo que es. No es solo un atasco. No es solo llegar tarde. Es la sensación de impotencia, de rabia, de ver que unos cuantos pueden bloquear una vía, montar el numerito y fastidiar a miles de personas, y que todavía habrá quien les aplauda o les justifique. Pues no. Esto no tiene justificación.

Ya está bien de que en Navarra haya que aguantar este tipo de salvajadas cada vez que a ciertos sindicatos les conviene montar una demostración de fuerza. Ya está bien de consentir que se llame “piquete informativo” a lo que muchas veces no deja de ser intimidación, coacción y ganas de amargarle la vida al que no piensa igual.

Muchos estamos hartos. Hartos de pagar siempre los mismos. Hartos de que el trabajador corriente, el de verdad, sea el que acabe atrapado, perjudicado y ninguneado. Hartos de que se hable de dignidad mientras se pisotea la de los demás.

Defender un salario mejor puede ser legítimo. Pero hacerlo así, a base de cortar carreteras, meter miedo y arrasar con la normalidad de todo el mundo, es indecente.

Atentamente,
Un pamplonés harto

En un mundo político todavía marcado por estructuras históricamente dominadas por hombres, las mujeres han irrumpido con fuerza, determinación y resultados que transforman sociedades. Son líderes, legisladoras, activistas y gobernantes cuyas trayectorias redefinen el poder y muestran que la gestión pública puede ser tan firme como compasiva, tan estratégica como inclusiva.

El auge de un liderazgo imprescindible durante las últimas décadas y la participación política femenina ha escalado de forma sostenida. Aun cuando la paridad no es una realidad absoluta en todos los países, los logros alcanzados son innegables: leyes de cuotas, aumentos significativos de representación parlamentaria y el ejercicio efectivo de la jefatura del Estado o de Gobierno en varias naciones.

Hay cifras que nos inspiran y que nos demuestran que hay brechas que persisten: a nivel mundial, solo el 27,2 % de los parlamentarios son mujeres, un aumento desde apenas el 11 % en 1995, pero aún lejos de la paridad numérica. Las mujeres constituyen menos de una de cada cuatro ministras en gabinetes de gobierno (22,9 %). Y, actualmente, solo 25 países tienen mujeres como jefas de Estado o de Gobierno. En América Latina y el Caribe, las mujeres representan cerca del 36 % de los parlamentarios; en Europa y Norteamérica, alrededor del 33 %; pero en Asia Central y Meridional, apenas el 17 %.

Estas mujeres, muchas veces enfrentadas a prejuicios estructurales, han demostrado que la política no solo necesita presencia femenina, sino que se beneficia profundamente de ella. Las “mujeres titanes” no se conforman con ocupar espacios; transforman dinámicas, priorizan consensos y suelen tender puentes en momentos de polarización.

Históricamente, ha habido figuras que nos han influido, como Margaret Thatcher, Angela Merkel o Ellen Johnson Sirleaf, las cuales marcaron hitos globales. Sin embargo, las nuevas generaciones de lideresas también están dejando huella en la agenda internacional, como Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda, que redefinió el liderazgo con empatía y eficacia frente a crisis múltiples; Sahle-Work Zewde, presidenta de Etiopía, que impulsó la visibilidad de las mujeres en la diplomacia africana; y legisladoras en América Latina que han liderado reformas clave en derechos humanos, equidad de género y justicia social.

Estos ejemplos, lejos de ser aislados, forman parte de un movimiento global en el que las mujeres políticas no solo compiten por cargos: compiten en ideas, resultados y propuestas transformadoras.

Las barreras que enfrentan las mujeres en política, desde discriminación explícita hasta cargas culturales invisibles, siguen siendo reales. No obstante, cada obstáculo superado se traduce en un avance colectivo: mentorías, redes de apoyo, leyes de paridad y políticas públicas con perspectiva de género están consolidando un terreno más equitativo.

El impacto de estas mujeres trasciende su figura individual. Su liderazgo inspira a otras a imaginarse en espacios de toma de decisiones, creando un círculo que abre puertas y construye un nuevo futuro.

La política del siglo XXI requiere voces diversas. Las “mujeres titanes” no son una excepción, sino una necesidad democrática. Gobernar, legislar o representar implica sensibilidad social, rigor intelectual y, en muchas ocasiones, la valentía de adoptar cambios audaces.

Mientras algunas sociedades aún debaten la pertinencia de la presencia femenina en política, otras están cosechando los frutos de una gobernanza más inclusiva y efectiva. La lección es clara: la igualdad no empobrece la política, la enriquece.

Carta de Judith Sarrablo Roure

Aquel impulso fue acompañado por una fe renovada en las reglas. El multilateralismo, las instituciones internacionales y la cooperación entre Estados se presentaban como el marco natural de un mundo en el que el poder debía someterse a límites. No era un orden ideal ni exento de conflictos, pero sí uno en el que la negociación parecía ganar terreno frente a la fuerza.

Con el paso de los años, esa sensación de avance continuo empezó a resquebrajarse. La expansión democrática se ralentizó y la idea de un destino común dejó paso a una realidad más incierta. Lo que durante décadas pareció una tendencia sólida comienza hoy a percibirse como algo vulnerable: un momento histórico quizá excepcional, cuyas condiciones ya no se repiten.

Ese clima estuvo marcado también por una generación de líderes que entendieron la política como un ejercicio de contención. Figuras como Nelson Mandela, Václav Havel o Lech Wałęsa encarnaban la idea de que el poder debía aceptar límites, incluso cuando hacerlo tenía un coste. La democracia no se identificaba con rapidez ni eficacia inmediata, sino con paciencia y responsabilidad.

Ese lenguaje ha ido perdiendo presencia. En su lugar, la política internacional ha recuperado una lógica más antigua, basada en la fuerza y la pertenencia a bloques enfrentados. El multilateralismo ya no actúa como marco compartido, sino como un espacio frágil, condicionado por vetos y desconfianzas. Las reglas siguen existiendo, pero pesan menos cuando interfieren con intereses.

En este contexto, el éxito de algunos regímenes autoritarios capaces de ofrecer crecimiento rápido y estabilidad aparente introduce una tentación silenciosa: la idea de que la deliberación ralentiza, de que los límites estorban y de que la democracia puede convertirse en un lujo prescindible en un mundo competitivo.

El efecto más profundo de este giro no se percibe solo en cumbres internacionales, sino en la forma cotidiana en que interpretamos la política. La lógica de bloques se ha filtrado en el debate público hasta convertirlo en un ejercicio de alineación automática. Los hechos importan menos que su procedencia, y las decisiones se juzgan más por su origen que por sus consecuencias.

Cuando todo se interpreta en clave de bloques, la deliberación pierde sentido y la crítica se percibe como deslealtad. Pero ese es precisamente el punto de inflexión: una democracia no se debilita solo cuando pierde elecciones limpias o instituciones formales, sino cuando pierde la capacidad de matizar, de cuestionar incluso a los propios y de someter el poder —cualquiera que sea su signo— a reglas compartidas. Si aceptamos sin resistencia esa mirada binaria, la democracia deja de ser un horizonte exigente para convertirse en una etiqueta vacía. Y ese desgaste, silencioso y cotidiano, es el que termina erosionándola desde dentro.

Carta de Álvaro de la Fuente Alonso, estudiante del Grado en Geografía e Historia (UNED)

Durante años, la banda terrorista ETA lo envolvió en su discurso identitario, contribuyendo a asociarlo con un proyecto excluyente y violento. Eso hizo un daño enorme. No al idioma en sí, sino a la percepción que muchos ciudadanos tenían de él. Y en lugar de trabajar para que el euskera vuelva a ser un punto de encuentro, algunos insisten en seguir utilizándolo como bandera partidista.

La Korrika, que se vende como una celebración cultural abierta y plural, acaba convertida en todas sus ediciones en un escaparate político. No son pocos los precedentes en los que se ha mirado hacia otro lado ante homenajes o gestos de apoyo a personas vinculadas con ETA. Ese silencio, esa tibieza, también mancha, tanto al euskera como a la intención de esta marcha. Y quienes respaldan sin matices este tipo de actos, incluidos partidos que hoy gobiernan o aspiran a gobernar, son también responsables de lo que sucede en ella.

El euskera no necesita imposiciones ni apropiaciones ideológicas. Necesita normalidad. Necesita que se le quite el peso político que algunos le han colocado encima durante décadas. En Navarra nadie es más ni menos navarro por hablarlo o por no hablarlo. Esa es la realidad social de nuestra comunidad.

Por eso, convendría dejar de utilizar el idioma como elemento de confrontación. Que cada ciudadano decida libremente si quiere aprenderlo o no, sin presiones ni señalamientos. Defender la libertad también es defender que una lengua sea cultura y patrimonio, no arma arrojadiza.

Si de verdad se quiere proteger el euskera, el primer paso es dejar de instrumentalizarlo.

Carta de Juan Antonio Extremera Apesteguía

Desde esta organización sindical se quiere trasladar públicamente su firme apoyo y reconocimiento a las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional por su profesionalidad y su entrega.

Los hombres y mujeres que integran estas Unidades actúan bajo criterios estrictamente profesionales, ajustados a la legalidad vigente y en defensa de la seguridad ciudadana. Cualquier intento de cuestionar su actuación desde posicionamientos políticos coyunturales no contribuye ni a la serenidad institucional ni al respeto que merecen los servidores públicos.

Asimismo, queremos manifestar nuestra absoluta disconformidad con las recientes declaraciones realizadas por distintas formaciones políticas en medios públicos, en las que se plantea el traspaso de la materia de seguridad en eventos futbolísticos a la Policía Autonómica de Navarra.

En primer lugar, debemos recordar que la seguridad en espectáculos deportivos de alto riesgo, como es el caso de encuentros de fútbol profesional, es una competencia atribuida a la Policía Nacional. No se trata de una cuestión opinable ni susceptible de debate político en función de intereses puntuales derivados de un incidente concreto.

En segundo lugar, entendemos que cada cuerpo policial debe asumir y desarrollar en exclusiva las competencias que legalmente tiene asignadas. El cambio de competencias “porque sí”, sin un análisis técnico riguroso, sin planificación operativa y sin garantizar los medios humanos y materiales necesarios, no responde a criterios de eficacia ni de seguridad.

Según diversas fuentes, la Policía Autonómica de Navarra no estaría actualmente preparada para asumir esta competencia con las garantías que exige la gestión de eventos de alto riesgo. Antes de plantear ampliaciones competenciales, consideramos imprescindible valorar objetivamente la capacidad operativa real, la formación específica y la experiencia acumulada en este ámbito.

Paralelamente, desde esta organización sindical, queremos señalar que antes de aspirar a nuevas competencias deben desarrollarse plenamente aquellas que ya han sido asumidas. Resulta especialmente llamativo que, a día de hoy, no se haya puesto en funcionamiento el módulo hospitalario del Hospital Universitario de Navarra para la custodia de internos o reclusos procedentes de centros penitenciarios, competencia que corresponde al Gobierno de Navarra y que, en consecuencia, debería estar siendo desarrollada por la Policía Autonómica.

La seguridad pública no puede convertirse en moneda de cambio ni en herramienta de confrontación política. Requiere planificación, coordinación institucional y, sobre todo, responsabilidad.

Destacamos nuevamente nuestro apoyo y total respaldo a las Unidades de Intervención Policial y defendemos que cualquier debate sobre competencias se realice desde el rigor técnico, el respeto institucional y el interés general, nunca desde la improvisación ni desde la presión mediática.

En Navarra, la seguridad de los ciudadanos debe estar por encima de cualquier interés partidista.

No obstante, detrás de esta fachada de sostenibilidad se esconde una realidad muy diferente. Porque, si bien es indiscutible que conducir un vehículo eléctrico resulta mucho menos contaminante que otro de combustión, su fabricación y reciclaje no lo son. De hecho, la extracción de materias primas como el litio o el cobalto, clave en el coche eléctrico, es muy contaminante.

Hay que analizar los impactos del coche eléctrico, desde su fabricación hasta su disposición final, considerando tanto los efectos ambientales como sociales, éticos y económicos. No se trata de demonizar la tecnología, sino de visibilizar los impactos que se trasladan hacia regiones del tercer mundo. Cuestionarse el tema del coche eléctrico es relevante porque, mientras muchas políticas lo promueven como una panacea ecológica, otras lo consideran contaminación disfrazada.

¿Es viable el coche eléctrico? Para contestar a esta pregunta hay que tener en cuenta que fabricar un coche eléctrico requiere seis veces más minerales que uno de combustión, y no puede ser sostenible cuando las baterías deben ser sustituidas a los 8 años, o antes, ya que su duración se estima en unas 3.000 recargas completas. La demanda de minerales para su uso en coches eléctricos se multiplicará de forma exponencial. Además, la extracción de litio, cobalto y cobre en minas a cielo abierto produce desechos que contaminan el aire, las aguas superficiales y los acuíferos subterráneos, además de producir impactos sobre la flora y la fauna.

Tras el discurso de solución ecológica para reducir emisiones se esconde un conjunto de impactos ambientales, sociales y éticos inasumibles. Fabricar un coche eléctrico emite más gases de efecto invernadero que hacer otro de combustión, y antes de tomar decisiones drásticas habría que tener en cuenta el aviso de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de que no hay materias primas suficientes para fabricar tantos coches eléctricos.

A continuación, vamos a analizar los principales problemas y costes ocultos asociados a esta tecnología, desde la producción hasta el reciclaje.

1. El greenwashing es una forma de marketing verde que se usa engañosamente para promover la percepción de que los productos u objetivos de una organización son éticos y respetuosos con el medio ambiente para aumentar sus beneficios. En el caso de los coches eléctricos, se enfatiza que no emiten CO₂ durante su uso, ignorando las emisiones asociadas a la fabricación de baterías; las campañas publicitarias presentan imágenes de ciudades limpias y modernas, mientras se omite el impacto ambiental en las zonas mineras o en las fábricas de baterías. Se quiere un parque móvil sostenible y de cero emisiones, pero esta narrativa genera una falsa sensación de sostenibilidad.

2. Reducción real de emisiones. Aunque un coche eléctrico no quema combustible fósil durante su uso, el cálculo de emisiones debe considerar el ciclo de vida completo del vehículo, incluyendo la extracción y procesamiento de minerales para baterías, el ensamblaje del vehículo, la generación de electricidad para la recarga —que puede provenir de fuentes fósiles— y la gestión de baterías usadas y residuos electrónicos. Estudios recientes muestran que las emisiones totales de un coche eléctrico pueden superar a las de uno de combustión durante los primeros años, cuestionando la idea de cero emisiones.

3. Impacto energético de producción y carga. La producción de una batería de litio de gran tamaño requiere grandes cantidades de energía eléctrica, a menudo generada con combustibles fósiles. La extracción y procesamiento de minerales críticos consume miles de litros de agua por tonelada de material, afectando a acuíferos locales y ecosistemas. El uso del coche eléctrico no es neutro: la carga diaria genera una demanda adicional de electricidad que, si proviene de energías fósiles, aumenta indirectamente la huella de carbono del vehículo. En suma, aunque los coches eléctricos no emitan gases durante su conducción, su impacto ambiental total no es despreciable y depende en gran medida de la fuente de energía eléctrica y del método de producción de sus componentes.

4. Extracción de materias primas y minería. La producción de coches eléctricos depende de minerales críticos que no se encuentran en cualquier lugar y cuya extracción tiene graves consecuencias ambientales y sociales. El litio es uno de los componentes esenciales de las baterías, pero su extracción es una amenaza para los salares en Sudamérica, compromete la disponibilidad local de agua y pone en riesgo la supervivencia de las comunidades que habitan en torno a esos frágiles ecosistemas. El cobalto es otro mineral crítico para baterías, principalmente extraído en el Congo. Es un subproducto de la minería del níquel y el cobre y se extrae con el trabajo inhumano de niños y adultos. La deforestación y el empleo a gran escala de productos químicos tóxicos y radiactivos contaminan intensamente la zona.

5. Impacto social y ético. La producción masiva de coches eléctricos provoca profundas repercusiones sociales y éticas, traducidas en injusticia social. Muchos de los problemas asociados a esta tecnología se concentran en las comunidades que proporcionan los minerales críticos, destacando el problema de la explotación infantil y las condiciones extremadamente peligrosas en que trabajan los mineros. Estos países sufren los costes medioambientales mientras los beneficios se concentran en los países industrializados. Se quiere mejorar la salud laboral en los países desarrollados, pero no en los países subdesarrollados donde se extraen los minerales.

6. Reciclaje y gestión de baterías. Uno de los argumentos más utilizados para promocionar los coches eléctricos es que sus baterías son reciclables; sin embargo, la realidad es que las baterías de iones de litio presentan grandes desafíos técnicos y ambientales. Según la AIE, solo el 5% de las baterías de litio se recicla a nivel mundial. Todo esto cuestiona la narrativa de que los coches eléctricos son 100% sostenibles, mostrando que la sostenibilidad real requiere pensar en todo el ciclo de vida del producto, no solo en la fase de uso.

Andrei Aranguren Bomba
Alumno del Foro Europeo

Tras el enorme fracaso del Gobierno de Chivite para mejorar la conectividad aérea con una licitación poco atractiva que se quedó desierta y que ahora hay que repetir, Navarra se ha quedado atrás, en una posición claramente inferior y débil frente a otros territorios. Y, con ello, estamos perdiendo oportunidades de inversión, empleo, atracción de talento, turismo y competitividad.

La pérdida de relevancia de nuestro aeropuerto es un síntoma de debilidad estructural que nuestra tierra no puede permitirse porque somos, además, parte de ese 20% de ciudadanos que aún no disponemos de la alta velocidad en el tren y seguimos sin estar conectados por autovía con Madrid. Una conectividad nefasta, se mire por donde se mire, que, sin duda, lastra el desarrollo económico de Navarra.

Debe quedar claro desde el principio que el fomento de nuevos vuelos desde el aeropuerto de Pamplona-Noáin, que actualmente solo ofrece servicios muy modestos a Madrid y Canarias, es competencia exclusiva del Gobierno de Navarra.

Y así, mientras el tráfico aéreo europeo crece, las aerolíneas expanden rutas y los fabricantes baten récords de producción, siendo España el segundo país de la zona Eurocontrol con mayor número de vuelos diarios, el aeropuerto de Pamplona-Noáin no alcanza ni siquiera una media de dos vuelos diarios.

A diferencia de Navarra, otras comunidades del entorno sí están resultando atractivas para las aerolíneas. Recientemente, el Gobierno de La Rioja ha adjudicado la ruta Logroño–Barcelona a Vueling por casi 2,8 M€ para dos años, lo que permitirá viajar a otros aeropuertos europeos (París, Londres, Roma, Berlín…) y a otros internacionales (El Cairo, Dakar y Marrakech), con un billete único para todo el viaje y la posibilidad de facturar el equipaje en el aeropuerto de Logroño y recogerlo en el destino final. Por su parte, el Aeropuerto de Vitoria contará con dos nuevas conexiones aéreas a Madrid y Barcelona.

Tras el fracaso de la licitación inicial, que contemplaba cuatro nuevas conexiones desde Noáin, dos nacionales y dos internacionales, el Gobierno de Navarra no descarta ahora plantear una nueva propuesta únicamente de dos conexiones (una nacional y una internacional), con la misma cuantía económica de la licitación anterior (cuatro millones de euros). De ser así, en nuestra opinión, sería extremadamente poco ambiciosa para Navarra y confirmaría que, desde el punto de vista de la dotación económica, la primera licitación estaba condenada al fracaso.

Desde UPN creemos que es fundamental para Navarra estar conectados con el resto de Europa y contar con, al menos, una conexión internacional con Alemania (como en su momento la tuvo con Frankfurt) y con dos nuevas conexiones nacionales con Barcelona–El Prat (que permite enlazar con otros aeropuertos europeos e internacionales) y con Málaga (ciudad que se ha convertido en un hub tecnológico internacional). Son demandas que están haciendo desde el sector empresarial y el sector turístico.

Además de todo lo expuesto, hay un elemento fundamental para las aerolíneas a la hora de decidir desde dónde y hacia dónde volar: las tasas aeroportuarias, que representan alrededor del 33% del precio total del billete de avión.

Una bajada significativa supondría que el aeropuerto de Pamplona podría entrar en sus planes de expansión, sin suponer un coste para los navarros. Y esto depende exclusivamente de AENA. Pero AENA no está por la labor y, en el III Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que aprobará el Gobierno central en septiembre, propone incrementar las tasas aeroportuarias en un 3,8%, mientras que las aerolíneas le piden al Gobierno de Sánchez una reducción del 4,9%. Otra piedra en el camino. ¿Por qué no pide María Chivite que, en los aeropuertos pequeños, como el de Pamplona, no se aplique, o se haga caso a las aerolíneas que piden que se bajen?

No quiero dejar de mencionar una medida propuesta por UPN, que fue aprobada por el Pleno del Parlamento de Navarra, que es la creación de un organismo bilateral Navarra-Estado para la gestión del aeropuerto, con el objetivo de que la Comunidad foral participe en las decisiones clave que se adopten (inversiones a acometer, aerolíneas que tienen que venir, etc.). Un organismo con muchísima mayor utilidad que la Mesa de Conectividad Aérea de Navarra que creó el Gobierno de Navarra y que, hasta ahora, no ha servido para nada.

En definitiva, lo cierto es que la conectividad aérea de Navarra no es la prioridad del Gobierno que preside María Chivite. La evidente falta de ambición y de liderazgo, unida a la ausencia de estrategia en esta materia, ha colocado a Navarra en una posición de irrelevancia en lo relativo a la conectividad aérea. Navarra ha retrocedido mucho en materia de conectividad aérea y el Gobierno de Chivite no puede perder más tiempo. Chivite es presidenta desde hace casi siete años y es ahora cuando van a publicar una nueva licitación en el último año de legislatura. Van muy tarde.

Consideramos necesario exponer varios aspectos que, con frecuencia, no son suficientemente conocidos y que ayudan a comprender nuestra verdadera situación laboral y profesional:

En primer lugar, el profesorado de Religión no es contratado por el Arzobispado. Nuestra contratación depende directamente del Gobierno de Navarra, que es quien formaliza nuestros contratos y quien asume nuestras condiciones laborales.

En segundo lugar, para poder acceder a las listas de contratación de profesores de Religión, debemos superar un proceso que incluye examen y entrevista, conforme a los criterios establecidos. No se trata de una designación discrecional, sino de un procedimiento reglado que exige méritos y capacidad profesional.

Asimismo, nuestra relación contractual es de carácter laboral indefinido, no administrativa. Esto implica que estamos sujetos al régimen laboral común, con los mismos derechos y obligaciones que otros trabajadores laborales.

Por añadidura, participamos en la organización y desarrollo de actividades complementarias y extraescolares, contribuyendo activamente a la vida educativa del centro más allá del horario lectivo ordinario. Nuestra implicación en la vida del centro va mucho más allá del aula.

Por otra parte, el profesorado de Religión también realiza itinerancias, desplazándose entre distintos centros educativos. En muchos casos, atendemos a más de tres centros, lo que implica una dedicación adicional y una organización compleja.

Por todo lo expuesto, consideramos que resulta inexacto y simplificador atribuir al profesorado de Religión un supuesto sobrecoste extraordinario sin analizar de manera completa nuestro régimen de contratación y nuestras condiciones salariales.

Confiamos en que esta información contribuya al reconocimiento del trabajo profesional que realizamos dentro del sistema educativo navarro.

María Eugenia Jiménez Rívas
Representante del profesorado de Religión del sindicato AFAPNA

Lo que está en juego no es solo un medio de transporte. Lo que el Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) están demostrando con su proceder es un absoluto desprecio por los derechos de las personas con discapacidad y, lo que es más grave, una vulneración consciente de trámites legalmente preceptivos.

La omisión del Diálogo Civil: un trámite preceptivo ignorado

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013) y la propia Convención de la ONU establecen el derecho a la participación y el deber de las administraciones de garantizar el "Diálogo Civil". Esto significa que, antes de aprobar normas o pliegos que afecten a nuestros derechos, las entidades representativas deben ser consultadas.

Y este deber de participación adquiere hoy un refuerzo constitucional de primer orden. La reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española, llevada a cabo en 2024, no es una declaración retórica. El nuevo tenor del precepto impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida política, económica, cultural y social. No se trata de una habilitación, sino de un mandato imperativo. En conexión con el artículo 9.2 CE, que ordena a los poderes públicos remover los obstáculos para hacer real y efectiva la igualdad, nos encontramos ante un bloque constitucional que obligaba al Ayuntamiento y a la MCP a abrir ese diálogo. No hacerlo no es solo una irregularidad administrativa; es una vulneración de la Constitución.

En este procedimiento, tanto el Ayuntamiento como la MCP han prescindido total y absolutamente de este trámite. No ha habido audiencia, no ha habido consulta, no ha habido mesas de participación. Se ha actuado como si el colectivo de la discapacidad no existiera, como si fuéramos ciudadanos de segunda. Y esta omisión no es baladí: vicia de nulidad el procedimiento de contratación.

El silencio de un sector: ¿desconocimiento o dependencia?

Y aquí quiero hacer una reflexión que me duele especialmente como persona con discapacidad. Ante esta exclusión manifiesta, el tejido asociativo de la discapacidad en Navarra permanece en silencio. No se les oye, no se les ve, no denuncian.

Cabe preguntarse por qué. Por un lado, es posible que exista un cierto desconocimiento del alcance jurídico de sus propios derechos y del deber de participar en estos procedimientos. Quizás no son plenamente conscientes de que el Diálogo Civil no es una opción, sino una obligación legal que les asiste y que pueden exigir.

Pero, por otro lado, no podemos ignorar la realidad de la financiación pública. La inmensa mayoría de estas entidades dependen, para su supervivencia, de subvenciones públicas otorgadas por las mismas administraciones a las que deberían fiscalizar. Denunciar al Ayuntamiento o a la MCP puede percibirse, equivocadamente o no, como poner en riesgo los ingresos que garantizan sus programas y sus nóminas.

Sea por falta de competencia técnica para medir el calado de lo que está en juego, sea por una prudencia autoprotectora mal entendida, el resultado es el mismo: silencio. Y ese silencio, aunque comprensible en algunos casos, permite que la exclusión siga su curso sin oposición organizada.

Pero no es solo el silencio del sector. Es también el silencio de quienes deberían protegernos. Cuando un ciudadano acude a la Fiscalía de Navarra denunciando los más de 300 pasos de peatones inaccesibles que el Ayuntamiento de Pamplona mantiene desde 2019, incumpliendo el Real Decreto 505/2007, la respuesta es el archivo sin trámite. Cuando el Ayuntamiento alega falta de consignación presupuestaria y alto coste para no adecuar los pasos, y la Fiscalía lo tolera, se está dando carta de naturaleza a la vulneración de derechos. El mensaje es demoledor: los derechos de las personas con discapacidad valen lo que el presupuesto de turno quiera asignarles. Si no hay partida, no hay derecho. Y si la Fiscalía mira hacia otro lado, la Administración aprende que puede incumplir impunemente. Esta es la verdadera raíz de nuestra indefensión.

El contexto: una pauta de incumplimiento sistemático

Para que nadie piense que esto es un caso aislado, recordemos algunos datos objetivos:

· El Ayuntamiento de Pamplona mantiene a día de hoy más de 300 pasos de peatones que incumplen la normativa de accesibilidad del Real Decreto 505/2007, cuyas disposiciones debían estar cumplidas en su totalidad desde el año 2019.
· La Mancomunidad gestiona un servicio de autobuses donde las averías en las rampas para sillas de ruedas son constantes y donde el sistema de información sonora para personas ciegas lleva años sin un mantenimiento adecuado, cuando no directamente inoperativo.

No hay voluntad política. Hay declaraciones vacías, fotografías en días señalados y cero partidas presupuestarias destinadas a hacer efectiva la accesibilidad.

Lo que pido: suspensión, audiencia y medidas reales

Por todo ello, he presentado escritos formales solicitando la suspensión de la licitación y la retroacción de actuaciones. No pido un favor. Pido que se cumpla la ley. Pido que se nos escuche. Y pido que, si el servicio no puede ser físicamente accesible para todos, se establezcan medidas de eficacia equivalente, como un bono-taxi al mismo coste que la bicicleta o unas ayudas universales al transporte, sin discriminación por nivel de renta.

Quizás alguien pueda pensar que toda esta exigencia, esta petición de suspensión de licitaciones, de cumplimiento de la ley, de Diálogo Civil y de medidas compensatorias, no es más que el fruto de una mente utópica, de alguien que pretende alcanzar una perfección inalcanzable en un mundo de recursos limitados.

Permítanme que les diga: sí, es utopía.

Pero la utopía, como nos enseñó Galeano, sirve para caminar. La utopía es lo que nos obliga a dar un paso adelante cuando todo invita a quedarse quieto. La utopía es la convicción de que las cosas pueden ser de otra manera, de que la ley no es un papel mojado y de que los derechos no caducan por falta de partida presupuestaria.

Que me llamen utópico. Lo acepto. Pero que nadie confunda mi utopía con ingenuidad. Esta exigencia, la que hoy plasmo en esta carta y en los escritos presentados, es la puerta de entrada al cumplimiento. Porque si no exigimos lo que parece imposible, jamás conseguiremos lo que es posible y necesario. La accesibilidad universal no es una concesión graciosa de la Administración. Es un derecho. Y los derechos, aunque parezcan utópicos, se conquistan día a día, exigencia a exigencia, denuncia a denuncia.

Hoy toca exigir. Mañana, quizás, cumplir.

Han sido las primeras semanas, en muchos años, en las que de verdad he desconectado: sin abrir el correo corporativo, sin entrar en la historia clínica, sin llamar a compañeros para coordinar el seguimiento de algún paciente complicado ni adelantar informes urgentes desde casa. Sentía que era una necesidad ineludible parar. Y, sin embargo, lejos de la calma, ahora siento nervios y cierta ansiedad. Me da pavor abrir mañana el correo y encontrarme con decenas —quizá cientos— de avisos pendientes con etiqueta de urgente, y con algunos pacientes que pueden sentirse molestos, si no enfadados, por la demora en la respuesta.

Hace unos años —cuando se cubrían bajas y vacaciones— esto no ocurría, o al menos no con tanta frecuencia. Pero desde que la precariedad se ha instalado en la sanidad, y especialmente en el estamento médico, como algo estructural, lo excepcional se ha convertido en rutina. No solo tras los descansos: también después de una baja médica, incluso larga, uno regresa sabiendo que un compañero ha tenido que lidiar como ha podido con su agenda y con otras dos o tres más. El resultado es previsible: revisiones atrasadas, malestar lógico de los pacientes y el temor a que algún proceso se haya complicado por no intervenir a tiempo. Siempre la misma explicación, repetida como un mantra: “no hay médicos”. ¿Pero cuál es el motivo?

El debate sobre las condiciones de los facultativos suele centrarse en el sueldo, y enseguida aparecen comparaciones con otros países para explicar la falta de galenos. Pero quizá esa no sea la cuestión, o al menos no la única. No se trata únicamente de medir nuestro sueldo con Estados Unidos o Australia, sino de preguntarnos cómo valora nuestra sociedad a quienes ejercen esta profesión, y cómo retribuye y respeta un trabajo que exige más de una década de formación, una responsabilidad extrema y una dedicación constante.

No es una crítica hacia otros profesionales, cuyo trabajo también es necesario y digno. Pero resulta difícil entender que, en muchos casos, médicos con un nivel de cualificación y responsabilidad extraordinarios perciban remuneraciones inferiores a las de ocupaciones que implican menor exigencia formativa o menor carga decisoria. La incoherencia no es solo laboral: es social.

Porque el trabajo de un médico no se limita a diagnosticar y tratar enfermedades. Tomamos decisiones que afectan a la vida y la muerte cada día. Firmamos informes que condicionan incapacidades laborales, participamos en evaluaciones para eutanasia, intervenimos en decisiones como la retirada de patria potestad, elaboramos informes que influyen en la imputabilidad ante hechos graves o en la concesión de licencias para el uso de armas. Cada firma tiene consecuencias profundas y, a menudo, irreversibles. Para asumirlas con rigor necesitamos tiempo para reflexionar, así como una mente descansada para poder hacerlo.

Y, sin embargo, las condiciones laborales no siempre reflejan esa responsabilidad ni permiten ejercerla de forma adecuada. Jornadas extensas, descansos insuficientes, sobrecarga asistencial y una burocracia creciente dibujan un escenario difícilmente compatible con la excelencia que se nos exige.

No se trata de reclamar privilegios ni de menospreciar a otros colectivos, sino de señalar una evidencia incómoda: en España, la exigencia y la responsabilidad médicas conviven con condiciones laborales precarias, objetivamente peores que las de otros ámbitos sanitarios y profesionales.

Lo que está en juego va más allá de la situación de los médicos: tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos ser. Cuando una comunidad deja de reconocer el esfuerzo, la formación, la dedicación y la responsabilidad, envía un mensaje peligroso: que esforzarse no merece la pena. Y ese mensaje cala, especialmente entre quienes serán mañana su futuro.

Si dejamos de valorar el mérito, la formación, la asunción de responsabilidades y el compromiso, abrimos la puerta a la mediocridad. Y ningún sistema sanitario —ni ninguna sociedad— puede sostenerse mucho tiempo instalado en ella. Cuidar la sanidad pública implica, necesariamente, cuidar a quienes la sostienen y tienen el deber de ser punta de lanza de la misma. Atender la singularidad de su trabajo —lo que, en el fondo, subyace en la reivindicación de un estatuto médico propio— debería ser una obligación. No por corporativismo, sino por pura responsabilidad colectiva.

Carta de Camino Núñez Melón, facultativa especialista del SNS-O, a través del Sindicato Médico de Navarra