Que quede claro desde el principio: los responsables de los actos violentos son siempre quienes los cometen. Pero eso no significa que los representantes políticos estén exentos de responder por el tono de sus declaraciones, por la crispación que puedan alimentar y por la responsabilidad que exige ocupar un cargo público.

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, tuvo mucho que decir sobre aquella visita. La pregunta ahora es si esa misma firmeza se mantiene cuando los acontecimientos no encajan en el relato político que se quería construir.

Porque es muy fácil advertir del peligro que representa alguien que viene a la ciudad. Lo difícil es explicar que, en democracia, nadie tiene derecho a decidir por la fuerza quién puede hablar y quién debe marcharse. Es muy sencillo repartir etiquetas de odio. Lo complicado es defender la libertad cuando quien la ejerce piensa justo lo contrario que nosotros.

¿Querían defender la convivencia? Pues convendría empezar por entender que la convivencia no consiste en advertir a la ciudadanía de que llega alguien incómodo para nuestras ideas. Consiste en defender las reglas democráticas para todos, también para quienes no nos gustan.

Y aquí llega la gran contradicción: algunos parecen confundir la política con una competición para ver quién señala con más dureza al adversario. Se lanzan advertencias, se eleva el tono y se alimenta el enfrentamiento. Después, cuando la tensión se traslada a la calle, todos se apresuran a recordar que la violencia es inaceptable.

Por supuesto que lo es. Pero la responsabilidad política también consiste en medir las palabras antes de que el conflicto estalle, no solamente en pronunciar discursos de condena cuando las imágenes de los incidentes ya están en todas partes.

No afirmo que el PSN provocara aquellos disturbios de Yamaguchi. No hace falta inventar responsabilidades para formular una pregunta incómoda: ¿qué aporta a la convivencia una estrategia política que convierte una visita en una batalla ideológica antes incluso de que se produzca?

Pamplona no necesita más gasolina en una sociedad suficientemente dividida. Necesita políticos que sepan distinguir entre criticar y señalar, entre discrepar y enfrentar, entre ejercer la libertad de expresión y pretender que determinadas ideas no tengan espacio público.

Y tampoco podemos olvidar que el PSN ha facilitado la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu. Es una decisión política legítima, pero merece una explicación a los ciudadanos que no comparten esos pactos. Especialmente cuando hablamos de convivencia, de memoria y de los límites que deben marcar la defensa de la democracia.

María Chivite no puede limitarse a contemplar lo que sucede desde el despacho de la Presidencia. Como secretaria general del PSN, debería exigir a su partido en Pamplona que abandone la política de confrontación y explique qué entiende realmente por convivencia.

No se trata de responsabilizar a los socialistas de los actos de otros, sino de exigirles que estén a la altura de sus propias palabras.

Y a quienes protagonizan actos violentos, un mensaje igual de claro: ninguna consigna política, ninguna bandera y ningún rechazo ideológico justifican lanzar piedras, atacar a la Policía o sembrar el miedo entre los vecinos. Sus responsables deben responder siempre por sus actos.

Los vecinos de Yamaguchi no tienen por qué pagar el precio de las guerras ideológicas de nadie. No tienen por qué soportar el caos mientras los políticos se reparten reproches y buscan rentabilidad en cada enfrentamiento. Merecen tranquilidad, seguridad y representantes que estén más preocupados por resolver los problemas que por alimentar las trincheras.

Porque hay algo que el PSN debería aprender de una vez: no se puede pasar el día señalando el supuesto odio ajeno y olvidar que las palabras de un político también tienen consecuencias.

La libertad de expresión no se defiende eligiendo qué voces nos parecen aceptables, sino garantizando que nadie tenga que imponer su silencio mediante la intimidación.

Señores del PSN, menos gasolina para la crispación y más lecciones reales de convivencia.

Carta de Juan Antonio Extremera

Durante los últimos años, la Administración ha tratado de contener las listas de espera incrementando la actividad asistencial, recurriendo a peonadas y reorganizando las agendas. No ha conseguido resolver el problema asistencial, así que ahora intenta mejorar el problema estadístico.

Para entenderlo, basta con ponerse en el lugar de una persona que espera una primera consulta con un especialista. Después de varios meses, demasiados, finalmente es atendida. ¡Ya ha desaparecido de la lista de espera! Estadísticamente, el problema está resuelto. Y clínicamente, ¿también está solucionado? ¿Qué sucede si necesita pruebas diagnósticas, una segunda consulta para conocer sus resultados, iniciar un tratamiento o comprobar su evolución?

Ese paciente continúa esperando, aunque su espera ya no tenga la misma visibilidad. Ya no genera presión política. Y si las consultas sucesivas se retrasan durante meses, el diagnóstico puede demorarse, los tratamientos pueden quedar pendientes de ajuste y las enfermedades pueden evolucionar sin el seguimiento necesario. Si no protesta y reclama su cita, cabe la posibilidad de que lo den por curado y directamente lo quiten de la lista de espera.

A esto se añade el problema de la pérdida de continuidad asistencial. Un médico atiende por primera vez a un enfermo y, a menudo, no vuelve a verlo. Las visitas sucesivas pasan a otros facultativos que no conocen al paciente. Tienen que rehistoriarlo, reestudiar el caso, pero esta vez con menos tiempo asignado en la consulta porque ya no es una «primera visita», sino una consulta sucesiva. Y todo ello, si nadie ha revisado la lista de espera de consultas y modificado la prioridad asignada a ese enfermo. En ese caso, la atención se demora aún más, sin que esa mala asistencia repercuta en las listas de espera. Cuando las consultas se fragmentan entre distintos profesionales, se dificulta el conocimiento integral del paciente y de su enfermedad, se debilita la relación de confianza y empeora la asistencia.

Por eso, cuando las autoridades sanitarias anuncian mejoras en las listas de espera, deberíamos preguntarnos qué se está midiendo realmente. ¿Listas de espera de solo algunas especialidades? ¿Solo de primeras visitas y quirúrgicas? ¿Cuánto tarda un paciente en ser visto por primera vez? ¿Cuánto espera para obtener un diagnóstico? ¿Cuánto tiempo transcurre hasta recibir tratamiento? ¿Cuánto debe aguardar para que un médico compruebe si ese tratamiento funciona realmente y si no provoca efectos secundarios? Y, por fin, ¿quién es su médico?

La calidad de un sistema sanitario no puede medirse únicamente por el número de pacientes que salen de una lista administrativa, sino por su capacidad para ofrecer una atención completa, continuada y a tiempo.

Porque una primera consulta puede sacar al paciente de una lista de espera, pero no pone fin a su enfermedad. Y detrás de cada número sigue habiendo una persona que necesita atención médica.

Alberto Pérez Martínez
Secretario general del Sindicato Médico de Navarra, en nombre de la Ejecutiva del SMN 

Los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno no salieron adelante. PP, Vox y Junts votaron en contra de ambos, mientras que en el segundo también se sumaron PNV y Coalición Canaria. El resultado fue claro: 178 votos frente a 172 en el primero y 184 frente a 166 en el segundo.

Y, sinceramente, hay que aplaudir ese no.

Porque una cosa es que exista un problema gravísimo de vivienda en España y otra muy distinta que cualquier solución que salga de La Moncloa tenga que ser aceptada porque Sánchez diga que es imprescindible.

La vivienda es demasiado importante para convertirla en otro campo de batalla político. Los jóvenes no necesitan discursos, necesitan poder comprar o alquilar una vivienda. Las familias necesitan precios razonables. Y los propietarios necesitan seguridad jurídica.

Pero parece que en este país seguimos empeñados en poner parches sobre parches mientras el problema de fondo continúa creciendo.

Sánchez llegó al Congreso pidiendo a los diputados “altura de miras” y reclamando que dejaran a un lado la ideología.

Curiosa petición viniendo de un Gobierno que presenta decretos de urgencia cuando tiene problemas para conseguir una mayoría parlamentaria.

Y aquí conviene decir algo que parece haberse olvidado: el Congreso no está para obedecer a la calle, ni a Moncloa, ni a una acampada. Está para votar.

La protesta es legítima. La manifestación es legítima. Reclamar una vivienda digna es legítimo. Pero una acampada en la Puerta del Sol, sea del signo que sea, no puede convertirse en el Parlamento de España. Tampoco una concentración que pretenda rodear el Congreso puede forzar a los diputados a votar una cosa u otra.

Las leyes se aprueban con votos, no con tiendas de campaña.

Y esto vale para todos. Para los que acampan en Sol y para quienes quieran responderles desde posiciones políticas radicales. La democracia no puede funcionar a golpe de presión callejera, ni de unos ni de otros.

El Gobierno ha perdido estos dos decretos. Pero lo verdaderamente importante es que el Parlamento ha demostrado que todavía puede decir no.

Y ahora viene la pregunta que muchos españoles se hacen: ¿cuántas veces más tendrá que encontrarse Sánchez con el mismo muro antes de comprender que gobernar no significa simplemente resistir en La Moncloa?

Conviene entonces volver a la hemeroteca.

Abril de 1994. Congreso de los Diputados. José María Aznar se dirige a Felipe González y pronuncia una frase que acabaría pasando a la historia: “Váyase, señor González”.

Más de treinta años después, quizá la frase haya cambiado de apellido.

Hoy, mirando la situación política española, los decretazos que caen, la falta de mayorías y una legislatura cada vez más complicada, uno puede volver a la hemeroteca y hacerse la misma pregunta:

¿Ha llegado el momento de decir: “Váyase, señor Sánchez”?

Quizá la historia todavía no haya terminado de escribir esa página.

Pero una cosa sí está clara: España necesita Gobierno, no supervivencia política. Y necesita soluciones para sus ciudadanos, no otro decretazo para salvar una legislatura.

Carta de Juan Antonio Extremera

No obstante, y dicho lo cual, también queremos manifestar nuestro deseo de que sea precisamente la Policía Foral la que preste dicho servicio público del mejor y más eficaz modo posible y de que se cumpla el mandato del Parlamento de Navarra, de modo que la Policía Foral se convierta en la Policía integral y de referencia de nuestra Comunidad, pero para ello hace falta la implicación de las instituciones y la dotación a la Policía Foral de las competencias y recursos materiales y humanos necesarios.

Por ello, la ampliación del tope de efectivos establecido en la Junta de Seguridad del pasado 30 de julio era absolutamente imprescindible y, en este sentido, volvemos a inquirir al Gobierno de Navarra para que remita al Parlamento la reglamentación de la pasarela de policías locales a la Policía Foral, reglamento que, según la Ley 23/2018, de las Policías de Navarra, debería haberse realizado hace ya siete años y que sería un modo muy efectivo de potenciar a la Policía Foral, así como de solucionar la situación existente en muchos ayuntamientos y Policías Locales de Navarra.

En este sentido, hemos de dejar constancia de que, con el nuevo sistema de emergencias implantado y tal y como conoce la Administración, el número de asuntos y de delitos, incluso estratégicos, que a partir de ahora va a investigar la Policía Foral se va a reducir, no porque el número de infracciones y delitos haya disminuido —de hecho, las estadísticas delictuales están creciendo—, sino porque se van a derivar a otros cuerpos policiales, haciendo que la posición de la Policía Foral como cuerpo policial de referencia en Navarra se reduzca.

En cualquier caso, y volviendo al fondo del asunto y de las implicaciones de esta Plataforma Única, por parte de la Comisión de Personal de la Policía Foral, en primer lugar, debemos denunciar el oscurantismo y la falta de transparencia por parte de los responsables de Interior del Gobierno de Navarra, ya que no nos han dado, a pesar de haberla solicitado, información oficial al respecto durante todo el tiempo en que la Administración Foral ha negociado con el Estado este nuevo sistema de emergencias. Es ahora, una vez acordado y firmado el acuerdo, cuando se nos ha convocado a una próxima reunión, en la que únicamente se nos va a dar traslado del mismo.

En segundo lugar, en cuanto al supuesto mejor servicio de la nueva Plataforma Única, y aunque es verdad que el sistema lleva funcionando poco más de un mes, no es menos cierto que ya se han detectado “disfunciones” en su funcionamiento, algunas de ellas graves y en situaciones vitales, en las que el cuerpo policial al que el sistema informático había asignado el asunto porque, a priori, tenía un recurso más cercano al incidente ha acabado llegando tarde.

No solo eso, sino que también se está observando que el nuevo sistema está retrasando la contestación y derivación de las propias llamadas policiales entre las diferentes centralitas, con un resultado contrario al objetivo perseguido de una mejor coordinación.

También en este sentido, el Servicio del 112-SOS ya ha advertido públicamente del riesgo de retraso en la atención de emergencias por el desvío al 112 de las llamadas del 091 y del 062, así como de que las urgencias vitales corren peligro de sufrir demoras en la contestación inicial por la atención de otros asuntos, además de que están notando retrasos y de que la atención al ciudadano no ha mejorado.

Y ya, para más inri, si, como han manifestado la consejera y el ministro del Interior, este nuevo sistema de emergencias está pensado para mejorar la gestión de las mismas, reforzar la coordinación y hacer más efectiva la protección de la seguridad pública en Navarra, es incomprensible que no se haya considerado la problemática de los avisos policiales en municipios con Policías Locales y que no se haya incluido también en el sistema al 092 de la Policía Municipal de Pamplona, y que los operadores de este último cuerpo se comuniquen exclusivamente a través de su centralita, con la consiguiente reducción del tiempo de respuesta y pérdida de información que ello supone.

En este sentido, por parte de los sindicatos firmantes proponemos la compartición entre las diferentes Policías de información de interés policial, así como la revaloración, mejora e implantación de un sistema de gestión de emergencias policiales que, sin ceder autogobierno, mejore realmente la atención de las emergencias, ganando en inmediatez y eficacia y dando a la ciudadanía el servicio público de seguridad que la misma se merece.

Carta de la Comisión de Personal de Policía Foral

Total y absolutamente inviable en el tramo junto a la empresa papelera Solidus, en Villava, cuyos tráilers han destrozado el pavimento, e inviable en otros muchos tramos, como en la zona junto a los comercios de coches en la avenida de Villava o prácticamente toda la Chantrea. La calle Errotazar es inútil para la bicicleta, por lo que decidí transitarla por la acera. Pido disculpas a los viandantes habituales.

Hago responsables de mi posible muerte en accidente de tráfico a los ayuntamientos de Pamplona, Burlada y Villava y a la citada empresa. Como todos los alcaldes que necesitan dejar huella de megalomanía, se dedican a gastar millones en el paseo de Sarasate para una ciudad pija más, en una comarca llena de carreteras impracticables.

Y parecido se puede decir de los otros irresponsables institucionales, especialmente de Villava, donde una empresa destroza el pavimento y contamina lo que se le antoja. Y encima hay que aguantar que te vengan municipales con tonterías. Una vergüenza.

Carta enviada por Bitor Abarzuza Fontellas.

Este tipo de comportamientos son absolutamente intolerables y no tienen cabida ni en nuestro club, ni en nuestro estadio, ni en el fútbol.

El racismo atenta frontalmente contra los principios, la política y los valores que representa nuestra entidad. Valores basados en el respeto, la convivencia, la igualdad y la dignidad de todas las personas, sin excepción.

Queremos ser especialmente claros: no vamos a consentir comportamientos racistas en nombre de nuestro club ni bajo nuestros colores.

Quienes realizan este tipo de manifestaciones no representan a nuestra afición ni representan a nuestra entidad. Y cuando se insulta o se agrede verbalmente a una persona por su origen, su raza o el color de su piel, la agresión no se dirige únicamente contra quien recibe directamente esas palabras: nos agrede y nos ofende también a cada uno de los que formamos parte de este club.

Defender nuestro escudo significa también defender los valores que representa.

El club colaborará plenamente en el esclarecimiento de los hechos y adoptará, dentro de sus competencias, las medidas necesarias para que conductas de esta naturaleza no queden sin respuesta.

Nuestra posición es inequívoca: tolerancia cero frente al racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

El fútbol debe ser un espacio de competición, pasión y sentimiento, pero siempre desde el respeto.

Ni racismo, ni odio, ni discriminación. En nuestro club, no.

Teniendo en cuenta que 1) el cambio de jornada partida a continua tiene su origen en una reclamación (no diremos reivindicación, en consideración a la etimología del término, puesto que no es algo de lo que se les hubiera privado previamente) del profesorado canario; 2) que el profesorado ha sido el principal impulsor de la implantación de este tipo de jornada; y 3) que en el Consejo Escolar de los centros el profesorado y la dirección de los mismos son mayoría, nos tememos que, con esta nueva regulación, el cambio de jornada partida a jornada continua se va a materializar a corto plazo en los pocos centros escolares en los que se mantiene la jornada partida.

En años anteriores ya nos hemos pronunciado en contra de estos procesos, por entender que no es esta una cuestión para decidir en votación ni por las familias ni por el profesorado por conveniencia particular, sino por las autoridades educativas y con base en criterios técnicos. De la misma manera que no es la ciudadanía quien decide qué servicios se incluyen en la cartera de bienestar social, qué prestaciones odontológicas cubre la Seguridad Social o qué materias y qué contenidos contempla el currículo escolar (aunque, viendo la ligereza con la que se toman las decisiones en Educación, puede que no esté lejos el día en que nos propongan votar cuántas horas de matemáticas a la semana deben dar nuestros hijos, o si mejor se incluye iniciación a los videojuegos como asignatura troncal).

El mantenimiento de la jornada partida no debería estar en cuestión, pues la mayoría de los estudios realizados, durante varios lustros ya, así como las conclusiones de las jornadas que organizó el Consejo Escolar de Navarra, indican que la jornada continua no se adapta a las necesidades del alumnado en cuanto a su biorritmo se refiere (sueño, alimentación, descansos entre materias), afectando principalmente a los que más necesidades tienen.

Por más que estos procesos lleven años repitiéndose, no deja de parecernos que trasladar a la comunidad educativa la responsabilidad de establecer la jornada escolar no es un ejercicio de participación democrática, sino una muestra de populismo y de irresponsabilidad política.

Resulta una ironía que el consejero de Educación adopte esta decisión pocos días después de conocerse los resultados PISA, que han mostrado un fuerte retroceso. Retroceso generalizado en Navarra, España y la UE, se consuela el consejero (ya se sabe: mal de muchos… epidemia). Sin embargo, la red privada-concertada, en la que apenas hay jornada continua, no sufre el mismo retroceso que la pública, en la que la jornada continua es mayoritaria. No es esta la única razón de la diferencia de resultados entre centros y redes educativas, no nos engañamos. El hecho de que el alumnado con necesidades especiales y con dificultades lingüísticas esté mayoritariamente escolarizado en la red pública son otras causas del descalabro en PISA, pero estas son cuestiones que no aborda el consejero de Educación.

La brecha en los resultados de una y otra red, junto a la implantación mayoritaria de la jornada continua en los centros públicos, está teniendo otros dos efectos: la segregación del alumnado en función de renta y origen y el aumento de la matriculación en centros privados-concertados. De hecho, los datos del Departamento muestran cómo el alumnado de infantil de la red pública ha pasado de un 68% en el curso 2019-20 a un 62% en el curso actual; y esto en toda Navarra, pues si considerásemos solo la comarca de Pamplona y Tudela, donde se concentran los centros concertados, el aumento de la matrícula en concertada todavía sería mayor.

Como decíamos al inicio, la orden foral de este año viene con la novedad de que la decisión queda en manos del profesorado, que dispone de mayoría en el consejo escolar de centro. No entendemos qué busca con esta modificación el consejero. ¿Paz social? No la tendrá. Poco ha tardado el sindicato STEILAS en salir al paso de la noticia para pedir que "el tiempo de atención al alumnado por las tardes" en jornada continua cuente como "docencia directa". Nos parece una pretensión abusiva y sin fundamento alguno. Si esas horas de "atención" son "docencia directa" para los alumnos, esas horas serían académicas y excederían con mucho la jornada semanal y anual legalmente establecida. Además, ¿no es una contradicción clara exigir que esas horas sean "docencia directa" y querer mantenerlas "optativas para el alumnado", cuando el sistema educativo es obligatorio?

Terminamos esta carta manifestando nuestra decepción con las autoridades educativas y lamentando la depauperación continuada que está sufriendo el sistema educativo público.

Plataforma en Defensa de la Jornada Partida de Navarra.

Al leerlo, algo se me rompió por dentro.

Tengo cuarenta y tres años. Mi mujer y yo nos levantamos cada día a las 6:00 de la mañana. Trabajamos jornadas maratonianas, metiendo muchísimas más horas de las que nos exigen o nos pagan, para poder llevar a casa dos sueldos básicos. Somos trabajadores honrados. Nos hemos esforzado durante toda nuestra vida y, aun así, hacemos auténticos malabares cada mes para pagar la hipoteca, los recibos de la luz y llenar la nevera para dar de comer a nuestros dos hijos, algo que en los últimos años no logramos sin dificultad. Cada día todo es más caro, más complicado y más difícil para los trabajadores.

Pagamos nuestros impuestos religiosamente, hasta el último céntimo. Y lo hacemos a la vez que vemos cómo los servicios en Navarra se caen a pedazos. Nuestra sanidad está saturada (hemos vivido varios episodios desastrosos), la educación necesita recursos y las infraestructuras se deterioran, mientras contemplamos cómo se adjudican obras faraónicas a jefes de partidos políticos.

Falta dinero para lo básico, pero parece sobrar para mantener a quienes no han aportado nada y, lo que es más grave, no demuestran intención de querer hacerlo. No buscan trabajar o aportar a la sociedad, sino recibir lo máximo sin límites y sin contraprestaciones.

Que quede clara una cosa: no escribo desde el odio ni la insolidaridad.

Creo firmemente en ayudar a quien lo necesita, en dar un empujón al que pasa por un mal bache o sufre una desgracia. Navarra es una tierra de gente humanitaria y solidaria, y siempre ha aceptado con cariño y respeto a todo el que llega de fuera con ganas de labrarse un futuro.

Pero una cosa es la solidaridad y otra muy distinta es ser el tonto al que le toman el pelo y le roban cada día el fruto de su trabajo y su sacrificio.

No quiero que Navarra se convierta en un paraíso para quienes vienen a vivir del cuento. No es de recibo que se entregue dinero público sin límites, sin control y sin la exigencia moral y legal de buscar un trabajo y aportar algo a la sociedad que te acoge. No se puede entregar una cantidad obscena del dinero de todos a cambio de nada. El sistema actual nos exprime a los que madrugamos para regalar a manos llenas a quienes no tienen ningún incentivo para esforzarse.

Mi mujer y yo tenemos dos hijos. Nos desvivimos por criarles en valores. Tratamos de inculcarles cada día la cultura del esfuerzo, el valor del trabajo, la importancia de ser buenas personas y de arrimar el hombro por la sociedad. Pero confieso que, en estas ocasiones, se me cae el alma a los pies.

¿Con qué cara miro a mis hijos a los ojos y les digo que estudien y se esfuercen, cuando el ejemplo que ven a su alrededor es que en este país vive mejor el que no hace nada que el que se deja la piel trabajando?

Quiero que los políticos piensen en los ciudadanos que trabajamos y que somos los que merecemos un trato acorde a nuestro esfuerzo. Si no lo hacen, está claro que deberemos encontrar otras ideas que pongan orden y sentido común, porque no estamos dispuestos a soportar y a vivir estas injusticias decididas de manera arbitraria y con un claro objetivo clientelar.

Ojalá los políticos que gestionan nuestro dinero bajen algún día a la calle, pongan el despertador a las seis de la mañana y entiendan el daño irreparable que le están haciendo a la clase trabajadora.

Carta enviada por Javier A. Z., padre de familia y trabajador navarro. 

En la Policía Municipal de Ansoáin se viene haciendo patente una problemática organizativa que afecta a la previsibilidad de la jornada laboral. La modificación continua de los turnos de trabajo impone una inestabilidad constante que dificulta seriamente la conciliación personal y familiar. Aunque es indiscutible que el servicio de seguridad requiere flexibilidad, la alteración sistemática de los cuadrantes no puede convertirse en la solución habitual ante tensiones de plantilla o situaciones sobrevenidas.

Ante este panorama, existen alternativas administrativas legales y ordenadas que permiten dar salida a situaciones de desgaste laboral. Una de ellas es la comisión de servicios a otra entidad local, una figura prevista en la normativa de empleo público. En este caso concreto, existiendo una reclamación formal por parte de otro municipio interesado en contar con los servicios de quien suscribe, la negativa a autorizar dicha comisión se justifica desde la corporación alegando la existencia de bajas laborales en el cuerpo local.

"La cobertura de bajas médicas o la escasez estructural de personal no constituye una justificación legal para restringir de forma indefinida los derechos individuales de los funcionarios".

Sin embargo, en el plano del derecho administrativo y la gestión de personal, la cobertura de bajas médicas o la escasez de personal constituye un problema estructural de la organización que no debe recaer de manera indefinida sobre los derechos individuales del funcionario. Utilizar la falta de personal como un argumento permanente obstaculiza el desarrollo profesional y genera un agravio comparativo, máxime cuando en el pasado reciente se han concedido comisiones de servicio a otros agentes en circunstancias organizativas similares.

El principio de igualdad y la prohibición de la arbitrariedad obligan a que las decisiones administrativas se basen en criterios objetivos, motivados y aplicados con equidad a todos los miembros de la plantilla. La aplicación dispar de criterios ante supuestos idénticos menoscaba la confianza en la gestión pública y resquebraja el principio de seguridad jurídica que debe regir la actuación institucional.

El objetivo de hacer pública esta reflexión no es otro que apelar a la responsabilidad institucional, al diálogo y a la coherencia en la gestión de los recursos humanos. Velar por los derechos laborales y el trato igualitario entre agentes no debilita a la institución; al contrario, la fortalece y garantiza un servicio público más eficiente y humano para toda la ciudadanía de Ansoáin.

Carta al director enviada por un policía municipal de Ansoáin. 

Aquellos que se llenan la boca con: el de enfrente todo lo hace mal, muy mal. Hay que ponerle remedio, “dimisión”. Con los de enfrente, les toque a quien les toque, no hablamos.

Señores míos, si es que se les puede tratar de señores, a unos y a otros. ¿Cuándo van a ponerse de acuerdo? Háganlo por el país, el que gobiernan o el que aspiran a gobernar, por los que dicen que son sus ciudadanos, sus votantes.

Esta, la actual situación, es de risa. Aquí, sálvese quien pueda o, mejor dicho, sálvese quien menos porquería acumule.

Eso que algún supuesto demócrata dice de que hay que huir del voto útil, por el que se suele invitar a los indecisos a votar por ellos sobre la base de grandes cuestiones o problemas (por ejemplo, expulsar del poder a un gobernante con el que muchos están disconformes). En este sentido, muchas veces, aunque no siempre, el voto útil se conforma como un voto negativo, en contra de un adversario común.

Aquí ya no existe ni existirá; todos consiguen la disconformidad. Esto no es política.

Por favor, pónganse de acuerdo y defiendan la soberanía española.

Carta al director enviada por José Javier Solabre Heras.

No tengo nada en contra de quien los utiliza, ni tampoco de que existan carriles bici. Pero no todos podemos, queremos o tenemos la posibilidad de desplazarnos de esa manera. Hay personas que necesitan el coche para trabajar, llevar a sus hijos, hacer compras, desplazarse desde fuera de Pamplona o, sencillamente, porque es el medio de transporte que necesitan.

Lo que resulta difícil de entender es que, mientras se ponen cada vez más trabas al automóvil y se le resta espacio, bicicletas y patinetes circulen con demasiada frecuencia por aceras y zonas peatonales. Los que vamos andando acabamos muchas veces apartándonos para dejarles pasar o mirando con preocupación al salir de un portal o doblar una esquina por si aparece alguno a toda velocidad. ¿No debería ser precisamente la acera el lugar donde el peatón pudiera sentirse seguro?

Y hay algo que me parece todavía más importante: las normas deben ser para todos. A los conductores se nos controla y multa por exceso de velocidad, aparcar donde no corresponde, saltarnos un semáforo, utilizar el móvil y muchas otras infracciones. Me parece bien que se sancione a quien incumple las normas. Pero entonces pregunto: ¿se controla y sanciona con la misma firmeza a bicicletas y patinetes cuando circulan por donde no deben, se saltan un semáforo o ponen en peligro a un peatón? No pido que se persiga a nadie. Pido que las reglas sean iguales para todos.

Pamplona tiene que avanzar hacia una movilidad más sostenible, pero eso no debería significar declarar la guerra al coche ni convertir las aceras en una prolongación de los carriles bici. Que cada uno pueda elegir cómo desplazarse, respetando a los demás. Y, sobre todo, que el peatón pueda seguir caminando tranquilamente por su acera.

Movilidad sostenible, sí. Imposición, no. Y las normas, para todos.

Carta de Irene Zalba Cabanillas

Hoy no distinguimos el Partido Socialista de los Bildu etarras; de hecho, gobiernan con ellos, les entregaron el Ayuntamiento de Pamplona y están sumergidos en la inmundicia. Las fechorías y andanzas macabras de estos gobiernos socialistas afectan a todos los ámbitos, normas y escenarios posibles.

El ético-moral, con los acuerdos nauseabundos con los enemigos de España y con los filoterroristas y terroristas: ya no se atreven a ponerse frente a las víctimas del terrorismo. La corrupción económica, con innumerables casos abiertos en sede judicial (prevaricación, cohechos, tráfico de influencias, financiación ilegal), no son anécdotas, son categoría, conformando una red o mafia.

Si miramos la historia reciente, vemos que el socialismo siempre ha estado revolcándose en el lodazal de la corrupción. Ciñéndonos al posible origen y causas actuales, tuvo sus inicios con Zapatero, que, emulando a Sócrates, hablaba con las nubes, seguramente de joyas, cometiendo el mayor crimen de un gobernante: dividir a los españoles. Otro hito es el de los amigos del Peugeot. Solo falta por caer Pedro Sánchez. Este personaje ha llegado a lo más ruin y a la mayor bajeza a la que puede llegar un político: es una isla rodeada por todas partes de la nauseabunda corrupción.

Si no le quedaban más bajezas, han permitido la ocupación y el ataque a la soberanía e integridad de España, permitiendo la invasión de setenta u ochenta mil personas, llegando a la tentativa y al esperpento de querer convencernos de que no sabían nada, que es culpa de los rusos, hebreos... y que Marruecos ha hecho sus deberes y es un aliado leal. Los informes policiales han dejado al descubierto su falsedad.

Han roto y resquebrajado las vidas, derechos y libertades de nuestros compatriotas ceutíes, que han perdido la libertad y la seguridad, mientras el felón de Pedro Sánchez buceaba, durante un mes, en Lanzarote.

Esta acción de Marruecos no es solo un ataque a Ceuta, es a la soberanía española, y afecta a toda nuestra nación. El Gobierno de España, por pasividad, desconocemos si concertada, ha permitido el ataque a una ciudad española; esa inacción se denomina alta traición. Y, si permanecen pasivos, seremos los españoles los que tengamos que maniobrar y actuar; ese es el juramento que hemos hecho la mayoría de los españoles.

Llama la atención el silencio de las FAS, generales mudos. ¿Cuántas veces han jurado ante la bandera defender a España?

El umbral de la miseria política y moral lo sobrepasan cuando alientan a no asistir a las concentraciones en apoyo y solidaridad con una ciudad española, no llegando a entender lo que es una nación.

El día 2 de septiembre, día de la concentración en defensa de la ciudad de Ceuta, la mayoría de los concejales y diputados socialistas de Navarra, junto a su disciplinada pupila y palmera, Sra. Chivite, nos hicieron pasar vergüenza, no asistiendo junto a los navarros a la concentración, anteponiendo sus prebendas, puestos, intereses partidistas y obediencia ciega a un traidor corrupto a los intereses de los españoles.

Termino con unos versos de un capitán de los Tercios Españoles: «Por España; y el que quiera defenderla, honrado muera; y el que traidor la abandone, no tenga quien le perdone, ni en tierra santo cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni las manos de un buen hijo, para cerrarle los ojos».

Carta al director del portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez

La Renta Garantizada es una prestación social necesaria para las personas que atraviesan dificultades económicas. Sin embargo, en Navarra se ha convertido, en demasiados casos, en una ayuda cronificada.

Su objetivo debería ser apoyar temporalmente a quienes lo necesitan mientras se incorporan al mercado laboral.

Según los datos que se han hecho públicos, más del 65 % de sus perceptores serían extranjeros y el presupuesto destinado a esta prestación habría aumentado de forma muy significativa en la última década: de 49 millones de euros a más de 130 millones. Desde VOX Navarra siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo el uso responsable del dinero público, su correcta asignación y una gestión eficiente y eficaz, porque procede del esfuerzo fiscal de todos los navarros. No podemos presentar Navarra como una arcadia feliz cuando los recursos son limitados y cada vez más escasos.

La única inspección de la Policía Foral de la que tenemos conocimiento habría detectado irregularidades en tres de cada cuatro expedientes revisados.

Si estos datos se confirman, estaríamos ante una situación que exige explicaciones, controles más rigurosos e inspecciones periódicas, tanto ordinarias como aleatorias.

Mientras tanto, la mayoría política progresista se opone a modificar el actual sistema. Resulta fácil defender el gasto cuando no se percibe directamente el esfuerzo que realizan las familias y los trabajadores para sostenerlo.

También consideramos necesario revisar el elevado coste de atención a algunos menores extranjeros no acompañados, que, según se ha denunciado, puede alcanzar los 6.000 euros mensuales por persona. Todo gasto público debe estar justificado, ser transparente y responder a criterios de necesidad y eficiencia. No es razonable que existan recursos tan elevados para determinadas situaciones mientras muchas familias navarras afrontan dificultades para acceder a ayudas destinadas a sus hijos o a la maternidad.

Entre los requisitos para percibir la Renta Garantizada se encuentra, en principio, haber residido en Navarra durante los dos años anteriores a la solicitud. Además, las personas que pueden trabajar deben aceptar ofertas de empleo y participar en actividades de inserción sociolaboral.

En función del número de miembros de la unidad familiar, una familia con cuatro hijos puede superar los 1.400 euros mensuales, mientras que muchas unidades familiares perciben entre 800 y 1.000 euros. El sistema debe garantizar que las ayudas no desincentiven la incorporación al mercado laboral. La inserción laboral debe ser un objetivo real y medible, no una mera declaración de intenciones.

VOX Navarra está a favor de ayudar a las personas vulnerables y a quienes atraviesan una situación económica complicada. Pero esas ayudas deben estar vinculadas a un seguimiento individualizado, a la formación y a la búsqueda activa de empleo cuando sea posible.

También defendemos controles exhaustivos para comprobar que se cumplen los requisitos y que las prestaciones llegan realmente a quienes las necesitan. Los navarros merecen que el dinero recaudado mediante sus impuestos no se despilfarre. Exigimos una gestión mucho más rigurosa de los servicios públicos, basada en la transparencia, la eficacia, la eficiencia y, sobre todo, la justicia.

Carta al director enviada por el Parlamentario Foral y Portavoz del Grupo Mixto de VOX Navarra, el Ilmo. Sr. D. Emilio Jiménez Román.

Lo de Ceuta es impresentable, insoportable, e in… Así lo presentan todos: Gobierno, ministros, militares… Ninguno se queda atrás; todos definen, pero NADIE actúa.

Los ceutíes, 83.595 según Wikipedia, violentados por 80.000 personas venidas de Marruecos. Reino que ahora es “amigo” de Donald y que trata de fastidiar a España, a Europa y a todo aquel que le lleve la contraria o no le baile el agua.

Todas esas personas han invadido Ceuta. No nos vengan con monsergas definiendo de otra forma aquello que, con total claridad, es una INVASIÓN, en toda regla.

Dicen que es una prueba para ver cómo reacciona España, para ver cómo reacciona Europa. Será lo que sea, pero HAY QUE ACTUAR, y los invasores, fuera de España, de Europa.

La sociedad europea nos da la espalda. Normal: si pasan a la península, tienen toda Europa para deambular.

Los españoles, nuestros antepasados, han creado un sistema que funcionaba con años y años de aportaciones y trabajo. Y los que tienen que beneficiarse de ello SON LOS ESPAÑOLES.

Cualquiera que venga de fuera, venga de donde venga, no tiene derecho a beneficiarse de aquello que los abuelos forjaron para sus nietos. No adquieren de por sí una situación. No para la gente en general.

Las personas son entes con derechos, pero no por el hecho de ser persona se es todo: existen nacionalidades, existen estados de la persona, existen muchas cosas que no se ganan sin más.

Los derechos a… no corresponden a los invasores, independientemente de su edad: “SON INVASORES”. Los derechos a… no son para los inmigrantes por sí. Eso no es hacer ciudadanos de segunda, es preservar la sociedad del bienestar para quienes la han trabajado. Los derechos se tienen por el hecho de ser persona, no lo negamos ni lo negaremos nunca, pero las situaciones (cosa muy distinta a los derechos) se ganan con años, con trabajos, materialmente con formas, pero no automáticamente.

A los INVASORES hay que devolverlos a quien los tenía: Marruecos.

El “efecto llamada” se limita si se aplica la diferencia entre derechos y situaciones: no por venir aquí se puede ir al médico gratis, no por venir aquí se come gratis, no por venir aquí se tiene casa gratis. NO.

Y, a diferencia de las situaciones, ¿dónde quedan los derechos de aquellos que, por condición, se los ganaron no por venir, sino por nacimiento y antigüedad?

No soy racista, pero pretendo preservar España, a los españoles y la situación de ser español.

Carta al director enviada por José Javier Solabre Heras. 

Trabajo ocho horas al día, de lunes a viernes. Como tantos navarros, he trabajado durante décadas, he pagado mis impuestos y he intentado salir adelante sin pedir nada a nadie. Después de 55 años he conseguido comprarme un piso. No me lo ha regalado nadie. Lo pagaré con mi trabajo, mes tras mes, haciendo cuentas y asumiendo el esfuerzo que supone para cualquier trabajador.

Por eso me cuesta comprender determinadas prioridades de nuestras administraciones.

En Navarra se están destinando recursos públicos a ampliar la acogida de menores migrantes no acompañados. En 2025 se anunció en Pamplona un nuevo Centro de Observación y Acogida con 25 plazas, que se sumaban a otras 25 creadas en tres recursos de menor tamaño en la comarca. En 2026 el Gobierno de Navarra ha continuado desarrollando centros, recursos residenciales y programas de acogimiento.

No discuto que un menor desamparado necesite protección. Una sociedad civilizada debe proteger a un niño que realmente está solo. Lo que cuestiono es que los ciudadanos no recibamos explicaciones suficientemente claras sobre cuánto cuesta este sistema, hasta dónde puede crecer, cuáles son sus resultados y qué controles existen.

También me pregunto dónde queda el ciudadano que lleva toda una vida contribuyendo.

¿Dónde están esas facilidades cuando un joven navarro no puede independizarse? ¿Dónde están cuando una familia trabajadora no llega a fin de mes? ¿Cuándo alguien espera meses por determinadas ayudas? ¿Cuándo nuestros mayores necesitan atención? ¿Cuándo una persona lleva décadas trabajando y todavía tiene que hacer enormes sacrificios para poder pagar una vivienda?

La solidaridad es necesaria, pero los recursos públicos no son infinitos. Proceden del esfuerzo de los ciudadanos y, precisamente por eso, tenemos derecho a preguntar cómo se gastan y a exigir transparencia, control y prioridades.

Y también tenemos derecho a hablar de seguridad sin que inmediatamente se nos coloque una etiqueta.

Me preocupan profundamente las agresiones sexuales, los robos, la violencia y cualquier forma de delincuencia. Quien cometa un delito debe responder ante la ley con toda su contundencia, independientemente de que haya nacido en Pamplona, Sevilla, Marruecos o cualquier otro lugar. Y cuando se trata de personas acogidas o tuteladas con recursos públicos, la Administración tiene además la obligación de garantizar un seguimiento adecuado y explicar a los ciudadanos qué mecanismos de control existen.

No quiero que se criminalice a una persona por su procedencia. Pero tampoco quiero que el miedo a ser llamado racista convierta cualquier debate sobre inmigración, seguridad o gasto público en un tema prohibido.

Quiero poder preguntar cuánto nos cuestan estas políticas. Quiero saber qué resultados ofrecen. Quiero conocer qué ocurre cuando alguien incumple reiteradamente las normas. Quiero que se proteja a nuestras hijas, madres, hermanas y amigas frente a cualquier agresor, venga de donde venga. Y quiero que las víctimas estén siempre por delante de cualquier cálculo político.

Después de años trabajando y construyendo aquí mi vida, creo que tengo derecho a hacer estas preguntas. No pido privilegios. Pido responsabilidad, transparencia, seguridad y que quienes gobiernan recuerden también a las personas que llevan décadas levantándose cada mañana para trabajar, pagar sus impuestos, formar una familia y sacar adelante este país.

Porque la solidaridad sin límites ni control deja de ser una política responsable.

Y porque últimamente miro a mi alrededor y, con enorme tristeza, pienso lo que nunca creí que diría:

No reconozco mi país y, cada día que pasa, reconozco menos mi tierra.

Carta enviada por Irene Zalba Cabanillas

A falta de que el Ayuntamiento realice una valoración oficial de las fiestas y de que conozcamos los informes sobre seguridad y el resto de datos —una valoración que, por el momento, no sabemos cuándo llegará—, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos compartir algunas reflexiones sobre estos días de fiesta.

Como concejalas, pero sobre todo como vecinas, hemos estado presentes, hemos disfrutado de las fiestas y hemos comprobado, una vez más, que lo mejor de Burlada es su gente. Hemos participado en la Salve, en la misa y en la procesión, hemos estado en el café-concierto para nuestros mayores, en las vaquillas, en los conciertos y en distintas comidas y encuentros. Hemos hablado con muchos vecinos y compartido con ellos momentos que son, precisamente, los que dan sentido a nuestras fiestas.

Pero no todo ha sido motivo de celebración.

El 14 de agosto se organizó en la plaza de la Iglesia un acto bajo el lema Etxean nahi ditugu, fuera del programa oficial, para homenajear a presos de ETA. Días después, durante la interpretación de la canción No hay tregua en el concierto de una peña, se escucharon gritos de «ETA, ETA».

Habrá quien quiera quitar importancia a estos hechos, pero a nosotras nos resulta imposible hacerlo. ETA asesinó, amenazó y dejó durante décadas un dolor que sigue presente en muchas familias. Sus siglas no pueden convertirse en una consigna festiva ni quienes pertenecieron a la banda terrorista merecen homenajes en nuestras calles.

Mucho más grave todavía fue la agresión sufrida por un concejal de UPN en la propia sede de su partido. Desde el Partido Popular la condenamos desde el primer momento y trasladamos todo nuestro apoyo y cariño al concejal y a sus compañeros. Nadie debería sentir miedo por sus ideas y nadie puede ser agredido por pensar diferente. Mucho menos durante unas fiestas que deberían servir para encontrarnos y disfrutar juntos.

No vamos a negar que todo esto entristece. También enfada. Porque un sector de la izquierda abertzale sigue empeñado en utilizar cualquier espacio para imponer su ideología y hacer sentir incómodos a quienes no piensan como ellos.

Pero tampoco queremos que esta carta hable solamente de lo negativo, porque sería profundamente injusto con Burlada y con la inmensa mayoría de sus vecinos.

Las fiestas no pertenecen a quienes más gritan, a quienes homenajean a presos de ETA o a quienes pretenden decirnos cómo debemos pensar. Las fiestas son también de las familias que salen con sus hijos, de nuestros mayores, de quienes participan en los actos religiosos, de los jóvenes que disfrutan de los conciertos y de todos los que se sientan alrededor de una mesa para compartir un buen momento.

También son nuestras. Y no vamos a renunciar a ellas.

Durante estos días, muchos vecinos nos han planteado propuestas muy sencillas y razonables: más días de vaquillas, que el Centro de Mayores permanezca abierto durante las fiestas, más verbenas en las que puedan bailar y encontrarse personas de distintas edades y una oferta musical más variada para que todos los jóvenes se sientan representados.

Son peticiones que seguiremos trasladando al Ayuntamiento, al igual que reclamaremos que se cumpla la moción aprobada en mayo de 2025 para que la corporación municipal participe en la Salve, en la misa solemne y en la procesión en honor a la Virgen de la Asunción. El Ayuntamiento debe representar a todos los vecinos, también a quienes vivimos y sentimos estas tradiciones.

Nos quedamos con las conversaciones, las risas, los reencuentros y el cariño de tantas personas. Nos quedamos con esa Burlada plural y alegre que no se deja representar por una minoría que hace mucho ruido.

Así que seguiremos saliendo a la calle, participando y disfrutando de nuestras fiestas con libertad. Porque Burlada es de todos y sus fiestas también.

¡Viva Burlada! ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Ya falta menos para las fiestas de 2027!

Una semana después, con un hematoma importante y el mismo dolor, acudí a Atención Primaria y, pese a la evolución, tampoco se consideró necesaria ninguna prueba.

Durante semanas seguí sufriendo con dolor intenso, caminando con dificultad y sin saber qué tenía. Ante la inacción y la falta de respuestas, tuve que pagar una ecografía en un centro privado, que apuntó a una posible rotura del semitendinoso y recomendó una resonancia para tener un diagnóstico preciso.

Llevé el informe a mi médico y me dijeron que, aun solicitándola como preferente, tengo que esperar al menos un mes.

Volví a Urgencias desesperada y muy dolorida. Después de otras cinco horas de espera, la respuesta fue que allí no podían hacerme ni ecografía ni resonancia porque no hacen esas pruebas en Urgencias si se trata de problemas musculares. «Esto es lo que hay», me dice fríamente la doctora de Urgencias.

¡Pues no! ¡Esto es abandono! ¡Esto es indignante! Y esto no puede normalizarse.

¿Dónde está la responsabilidad de los profesionales que deben atender, valorar y diagnosticar a un paciente que lleva semanas sufriendo? ¿Para qué tenemos Atención Primaria si no hacen el trabajo que esperamos de los médicos?

¿De qué sirven horas de espera en Urgencias si finalmente te marchas exactamente igual que entraste, pero con más desesperación?

No pido privilegios. Exijo que se me atienda, que se estudie mi lesión y que se utilicen los medios que una sanidad pública debería poner a disposición de sus pacientes.

Es inadmisible que tenga que pagar una prueba privada para tener parte del diagnóstico.

He pagado mi sanidad durante 37 años. Y tengo derecho a recibirla cuando la necesito.

¿Esta es realmente la sanidad pública de Navarra que estamos pagando entre los trabajadores y pensionistas?

El edil habla de conciliación y de la necesidad de tomar decisiones pensando en el futuro. Pero debemos recordar algo que parece haberse olvidado: conciliar no significa únicamente atender a hijos e hijas.

También existen padres y madres mayores que necesitan cuidados o acompañamiento, familiares con necesidades específicas, parejas con las que compartimos responsabilidades y compromisos, hogares que necesitan organización y personas que, sencillamente, también tenemos derecho a disponer de una parte de nuestro tiempo para nuestra vida personal. La igualdad de la que tanto se habla desde la política también debería aplicarse aquí: los cuidados no desaparecen porque alguien lleve uniforme y tenga un cuadrante.

Esta plantilla no está pidiendo vivir al margen de las necesidades del servicio. Lo que está diciendo es que no quiere convertirse en esclava de un trabajo que termine minusvalorando o condicionando de forma permanente la vida de las personas que tiene a su alrededor.

Reclamamos, además, al concejal de Personal rigor y precisión a la hora de mirar atrás y explicar cómo se ha llegado a la situación actual. Él habla del convenio y de la sentencia que anuló parte de las condiciones de trabajo, pero hay una parte de esa historia que no aparece en su relato y que la ciudadanía también merece conocer.

En aquella negociación, esta plantilla cedió parte de sus complementos salariales para que otros trabajadores y trabajadoras a turnos de este Ayuntamiento pudieran mejorar sus ingresos mediante el artículo 41. Posteriormente, ese mecanismo quedó anulado de facto.

Después de aquello, en una reunión de la que existe acta, desde el propio Ayuntamiento se asumió el compromiso de buscar una solución paliativa. Han pasado aproximadamente dos años desde entonces y la solución sigue sin llegar. Por eso, resulta difícil aceptar que ahora se presente a esta plantilla como el origen del problema sin explicar también las renuncias que hizo y los compromisos que quedaron pendientes.

Además, como representante público, debería ser más riguroso con los datos. En los presupuestos puede aparecer un 10 % destinado al área de Seguridad, pero no puede ser cínico y quedarse ahí. Debe explicar a la ciudadanía que, desde la pandemia, esa partida no se ha utilizado íntegramente para esta área y que, una vez aprobado el presupuesto, se han ido desviando cantidades hacia otras necesidades.

Estamos hablando de dinero público y de un servicio público esencial. Por eso, la ciudadanía merece conocer la realidad completa y no solamente aquella parte que interesa destacar.

Somos perfectamente conscientes de que en apenas nueve meses habrá elecciones municipales. Pero utilizar la omisión de información para intentar salvar votos resulta, sencillamente, carroñero. Porque una cosa es defender una gestión y otra muy distinta es construir un relato a costa de una plantilla que lleva demasiado tiempo soportando una situación que está afectando a su salud, a sus familias y a su vida cotidiana.

No es admisible que se presente a esta plantilla como una especie de grupo de trabajadores insensibles al pueblo. No somos eso. Somos personas que quieren hacer bien su trabajo y, al mismo tiempo, tener una vida digna cuando termina su jornada.

Una Policía Municipal no se sostiene únicamente con cuadrantes, resoluciones y porcentajes presupuestarios. Se sostiene con personas. Y esas personas merecen algo tan básico como ser escuchadas, respetadas y tratadas con honestidad.

Sección Sindical de SPPME-UGT en el Ayuntamiento de Ansoáin

En Ripagaina han instalado una cámara de la Policía. Un conocido dejó el coche en doble fila durante apenas dos minutos para comprar una barra de pan; no había nadie en la panadería, así que tardó dos minutos, y recibió una multa de 200 euros. No pretendo decir que aparcar en doble fila esté bien. La norma existe y hay que respetarla. Pero también creo que debería existir cierta proporcionalidad entre una infracción, sus circunstancias y la sanción que se impone. Yo me pregunto: ¿y si paras porque has visto que una persona se ha caído o por cualquier situación que requiera de tu atención?

A un amigo le ocurrió algo parecido en Sarriguren. Le llegó una multa de 200 euros por no detenerse ante un paso de peatones. Según me cuenta, había un joven junto al paso, pero estaba hablando por el móvil y no mostraba intención de cruzar, así que él siguió. Una cámara registra una imagen, pero ¿puede interpretar siempre correctamente una situación? ¿Puede distinguir entre un peatón que espera para cruzar y una persona que simplemente está parada junto a un paso de cebra?

Las cámaras pueden ser muy útiles. Pueden mejorar la seguridad, prevenir conductas peligrosas y ayudar a esclarecer accidentes. El problema aparece cuando el ciudadano empieza a percibirlas no como una herramienta de seguridad, sino como una máquina de sancionar. Y en esta ciudad, recaudar está al orden del día.

Porque 200 euros no son una cantidad menor. Para muchas familias representan varios días de trabajo, una compra importante del supermercado o una parte considerable de sus gastos mensuales. Y aquí es donde surge la sensación de desproporción.

Imaginemos que alguien entra en una panadería, deja el coche dos minutos en doble fila para comprar una barra de pan y, al regresar, una cámara ya ha registrado la infracción. Esa barra de pan puede acabar costándole 200 euros.

De ahí el título de esta carta: Barra de pan a 200 euros.

No se trata de defender que cada uno pueda aparcar donde quiera ni de cuestionar la necesidad de unas normas de circulación. Se trata de pedir sentido común. Las normas son necesarias, pero también lo son la proporcionalidad, la información previa y la valoración de las circunstancias. ¿Dónde están esas cámaras en las puertas de los colegios? Ahí sí que se pondrían las botas.

La tecnología debería ayudarnos a vivir en ciudades más seguras, no hacer que tengamos la sensación de estar permanentemente vigilados a la espera del siguiente error.

Cumplamos las normas, por supuesto. Pero procuremos también que la sanción sea proporcionada a la infracción y que la seguridad vial no termine confundiéndose con un sistema automático de recaudación.