Pamplona cederá dos viviendas a ANFAS para el apoyo de la discapacidad intelectual
El Ayuntamiento de Pamplona cederá las viviendas gratuitamente durante 5 años y la asociación se encargará de los gastos del seguro, luz, agua o calefacción.
El Ayuntamiento de Pamplona cederá gratuitamente el uso de dos viviendas municipales a la Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias (ANFAS) con la que firmará próximamente un convenio tras la petición que esta entidad ha cursado al consistorio.
Los pisos son contiguos y están situados en la avenida de Marcelo Celayeta número 118, planta primera. Se destinarán a personas con discapacidad intelectual para que de esta forma cuenten con un hogar en el que puedan desarrollar su vida independientemente desarrollando sus capacidades al máximo.
El texto del convenio recoge que la cesión se realiza ya que los objetivos de esta asociación se encuadran en los que persigue el área de Acción Social y Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Pamplona. Asimismo, señala que serán para utilización exclusivamente de la asociación y que los gastos de altas y utilización de servicios como agua, gas, electricidad o teléfono correrán por su cuenta, al igual que los de calefacción, ascensor y el seguro de responsabilidad civil.
También será por cuenta de ANFAS, en caso de que quieran realizar obras, los costes de las reformas para las que deberán contar con el visto bueno del ayuntamiento. Estas mejoras quedarían en beneficio municipal ya que el Consistorio no realizará ningún abono.
Las personas usuarias de las viviendas serán determinadas por ANFAS de acuerdo a sus criterios técnicos. Tanto esas personas como sus familias o tutores legales en ningún caso adquirirán derecho sobre los inmuebles de propiedad municipal.
Por el convenio, la asociación se compromete a entregar una memoria anual durante los cinco años que está previsto dure la cesión. Este plazo podría alargarse si ANFAS lo solicita con una antelación mínima de seis meses o acortarse si el Ayuntamiento encuentra que hay circunstancias justificadas que señalen que la actividad ya no es de interés público o que se están incumpliendo las obligaciones firmadas en el convenio.