Esparza (UPN) acusa a EH Bildu de “esconder” la corrupción sobre Santos Cerdán: “Hay un pecado muy gordo”
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha acusado este lunes a EH Bildu de “esconder la corrupción” y “defender a un Gobierno con un pecado muy gordo”, en relación con la investigación parlamentaria sobre la adjudicación de las obras de Belate.
Esparza ha asegurado que la coalición abertzale “adopta esta posición para pagar los favores prestados” al PSN y ha insistido en que “a EH Bildu le va muy bien con María Chivite de presidenta en Navarra y con Pedro Sánchez de presidente a nivel nacional”.
Tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Esparza ha criticado que PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin “digan que no ha habido presiones políticas” en la mesa de contratación de las obras. “¿Alguien pensaba que algún miembro iba a reconocer que había sufrido presiones? Evidentemente, nadie pensaba eso. Nadie lo va a reconocer porque automáticamente se estaría autoinculpando de un delito”, ha afirmado el líder regionalista.
El portavoz de UPN ha señalado que lo importante “no es el procedimiento, sino lo que nadie dice”. En su intervención, ha recordado que “Santos Cerdán está en la cárcel por una presunta corrupción” y que “a él, a la UTE donde está Santos Cerdán, le adjudican 76 millones de euros”. “Esto es lo que todavía nadie ha explicado. UPN no ha metido a Santos Cerdán en la cárcel ni le ha adjudicado 76 millones de euros. Esto es de lo que no se quiere hablar”, ha subrayado.
A su juicio, todo lo escuchado hasta ahora en la comisión de investigación “mantiene e incrementa los indicios y las sospechas”. “Bildu ha decidido esconder esto y defender a un Gobierno que cada día es más claro que tiene un pecado muy gordo”, ha insistido Esparza, que considera que EH Bildu actúa por puro interés político.
Por su parte, los grupos de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin han defendido este lunes que las comparecencias de los técnicos de la mesa de contratación “demuestran que no hubo presión política” en la valoración de las ofertas para el túnel de Belate. La portavoz socialista, Ainhoa Unzu, ha afirmado que “tras ocho sesiones de la comisión ha quedado bien claro que ningún técnico ha tenido injerencias políticas ni presiones externas”.
Unzu ha asegurado que las diferencias entre los técnicos se debieron a criterios profesionales y no a ninguna instrucción política. “Eso no convierte este caso ni de lejos en un asunto corrupto o viciado”, ha dicho, y ha acusado a la oposición de “intentar manipular la realidad” para sostener su relato de corrupción.
Desde EH Bildu, Laura Aznal ha señalado que “todos los que han comparecido en sede parlamentaria han dejado claro que no ha habido presión política” y ha apuntado que “el relato de la derecha parece estarse desmontando”. No obstante, ha advertido de que “queda mucho camino por delante en la comisión y muchas personas por comparecer”.
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha restado dramatismo a las comparecencias y ha recordado que “se trata de un debate técnico sobre cuestiones procedimentales”. “De ahí a que haya casos de corrupción hay un trecho importante”, ha dicho.
La parlamentaria del PPN, Irene Royo, ha defendido una posición más crítica y ha considerado que las comparecencias “están sentando la idea de que la adjudicación de los túneles de Belate es nula de pleno derecho”. “Puede haber vicios graves o muy graves que abran la puerta a un conflicto de intereses, fraude o favoritismo”, ha advertido, pidiendo explicaciones a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, por “mantenerse en silencio ante las irregularidades detectadas”.
Finalmente, el portavoz de Contigo-Zurekin, Daniel López, ha valorado que las comparecencias han permitido “conocer mucho mejor lo que sucedió” y ha asegurado que “no ha habido presiones ni indicios de corrupción”. Sin embargo, ha reconocido que el proceso fue “tenso” por el tamaño de la obra y los rumores que la rodeaban. Su grupo ha presentado una moción para mejorar la contratación pública mediante un sistema de plicas anónimo que garantice la independencia de los miembros de las mesas de contratación.