Multas de hasta 150.000 euros por homenajear a terroristas: el blindaje que exigen las víctimas en Navarra
El anteproyecto de Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo ha recibido varias propuestas de mejora de COVITE, ANVITE y la Fundación Tomás Caballero, y una de las más contundentes apunta a blindar por ley la dignidad de las víctimas. Entre las medidas planteadas figura la creación de un título específico para perseguir la exaltación del terrorismo en espacios públicos, retirar placas, símbolos o nombres que enaltezcan a terroristas y castigar estas conductas con sanciones que irían desde los 200 hasta los 150.000 euros, según la gravedad. La Fundación Tomás Caballero, además, ha expresado su adhesión a las propuestas de ANVITE y ha defendido que la futura norma refuerce de forma específica el reconocimiento a las víctimas de ETA, sin diluirlas en un marco genérico de “todas las violencias”.
Ese endurecimiento legal se completa con otra propuesta de fuerte carga institucional. COVITE ha planteado que la Comunidad Foral de Navarra pueda ejercer la acción popular en los procedimientos penales por enaltecimiento o justificación pública del terrorismo, así como en los casos de humillación, menosprecio o descrédito a las víctimas y sus familiares. La asociación considera que esa autohabilitación permitiría al Gobierno de Navarra personarse activamente en defensa de la dignidad de las víctimas en los procesos de mayor impacto.
Las asociaciones de víctimas han puesto el foco en uno de los apartados más duros de sus alegaciones: la creación de un régimen sancionador específico para castigar conductas que consideren contrarias a la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. La propuesta plantea sancionar la exhibición pública de símbolos, placas, inscripciones o nombres de calles que enaltezcan a organizaciones terroristas o a sus dirigentes, así como los actos públicos de recibimiento, homenaje o exaltación de terroristas.
El texto diferencia entre infracciones muy graves, graves y leves. Entre las más severas sitúa los homenajes o actos de exaltación del terrorismo en espacios públicos y también la destrucción de monumentos, placas o lugares de recuerdo dedicados a las víctimas. Como infracciones graves incluye expresiones ofensivas o humillantes hacia las víctimas en discursos, medios o plataformas digitales, la exhibición de símbolos de exaltación terrorista por parte de cargos públicos o funcionarios y la promoción de reconocimientos a personas o entidades vinculadas al terrorismo.
Las multas propuestas oscilarían entre 200 y 150.000 euros, en función de la gravedad de los hechos. En concreto, plantean sanciones de 200 a 2.000 euros para las infracciones leves, de 2.001 a 10.000 euros para las graves y de 10.001 a 150.000 euros para las muy graves. Además, las asociaciones quieren que estas sanciones puedan ir acompañadas de la pérdida del derecho a recibir subvenciones o ayudas públicas durante varios años, con el objetivo de que la futura ley navarra tenga una respuesta real y no solo simbólica frente a la humillación de las víctimas.
Otro de los puntos más simbólicos se centra en el reconocimiento de quienes tuvieron que marcharse de Navarra por la amenaza de ETA. ANVITE ha pedido que el 11 de febrero quede incorporado a la ley como jornada de recuerdo a los desplazados forzosos por ETA, junto al 11 de marzo y al 27 de junio. En su escrito, la asociación sostiene que ese desplazamiento forzoso fue una realidad “innegable” en Navarra, aunque resulte difícil de cuantificar, y que debe tener cabida expresa en una ley que pretende reparar a las víctimas del terrorismo.
Junto a estas propuestas más visibles, los colectivos también han reclamado medidas de aplicación directa en la vida cotidiana. Entre ellas figuran una reserva del 2% en el empleo público para víctimas del terrorismo, prioridad en el acceso a vivienda protegida, ayudas para gasto farmacéutico, flexibilización de becas y fondos extraordinarios para situaciones urgentes. El mensaje de fondo que trasladan las asociaciones es claro: la nueva ley debe servir para reconocer, pero también para proteger y reparar de forma efectiva.