Los policías navarros piden a Chivite que derogue la ley que sentencia como "torturadores" a los agentes
El Sindicato Unificado de Policía en Navarra (SUP), mayoritario en la Policía Nacional en Navarra, ha solicitado a la nueva presidenta del Gobierno foral, María Chivite, la derogación de ley foral 16/2019, denominada como “ley de abusos policiales”.
A través de un comunicado en el que SUP felicita a Chivite por su nombramiento, el sindicato califica como "infame" la ley aprobada por el Gobierno cuatripartito de Uxue Barkos en la pasada legislatura.
"Permite a un simple comité, compuesto por políticos nacionalistas y afines a la izquierda abertzale, declarar víctimas de torturas policiales a quienes así lo soliciten, pudiendo llegar a cobrar indemnizaciones pagadas con el dinero de los contribuyentes, de hasta 490.000 euros", denuncia SUP.
Además, lamentan que la ley sentencie "como torturadores a guardia civiles o policías, todo ello sin control judicial alguno y sin necesidad de aportar pruebas ni acreditar los hechos".
SUP considera que esta Ley es "una copia casi idéntica de la ley declarada inconstitucional en 2018 por el Tribunal Constitucional", que vulneraba el artículo 117 de la Constitución al atribuirse funciones de investigación y resolución sobre presuntos delitos, vulnerando el derecho al honor y a la presunción de inocencia de los policías y guardias civiles tal y como recuerda el sindicato.
La agrupación policial considera que "no es legítimo declarar a nadie víctima ni autor de un delito sin pasar por un proceso judicial con todas sus garantías".
En su comunicado, inciden en que la ley ignora la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, reconoce el derecho de los tribunales españoles a denegar indemnizaciones "en los casos contemplados en el Convenio Europeo que las regula, cuando la supuesta víctima ha participado en actos u organizaciones violentas, no ha colaborado con la justicia, o seria de otro modo contrario a la ley".
Por ello, SUP reclama a Chivite que se comprometa a "no impulsar ni desarrollar esta ley, ni ninguna otra que ponga en cuestión arbitrariamente las decisiones de los tribunales y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".