Piden medidas para el médico del Hospital Universitario de Navarra señalado por acosos que sigue en activo
Las denuncias de agresiones sexuales en el Servicio Navarro de Salud han llevado a Comisiones Obreras (CCOO) a exigir medidas cautelares urgentes para proteger a las trabajadoras que han relatado los hechos en el Instagram de Cristina Fallarás. Esta exigencia llega después de que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, reconociese a los medios de comunicación que el acusado, un jefe de servicio, seguía en activo y ocupando su cargo.
El sindicato ha reclamado una respuesta “contundente” ante unos testimonios que señalan a un médico del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, que, según las denunciantes, es jefe de servicio del Hospital Universitario de Navarra.
La primera denuncia anónima se publicó hace tres días en redes sociales. En ese relato se describieron comentarios lascivos y tocamientos, además de la afirmación de que “la dirección lo sabe y no hace nada”, manteniendo al presunto agresor en su puesto. En el mismo canal, otras cinco compañeras han dado veracidad al relato.
Ante esta situación, CCOO ha pedido medidas de protección para las personas afectadas y una investigación “escrupulosa” de lo ocurrido. También ha exigido que se depuren responsabilidades si el comportamiento del señalado era conocido por instancias superiores y, aun así, no se habían tomado decisiones.
El sindicato ha considerado “un paso relevante” la puesta en marcha de una comisión de investigación por parte de la dirección. Además, ha reclamado la comparecencia pública del consejero de Sanidad del Gobierno de Navarra y del gerente de Servicio Navarro de Salud para explicar los próximos pasos y las medidas preventivas que se plantean para evitar que se repitan casos similares.
En paralelo, CCOO ha situado el foco en el plan de igualdad y en los protocolos contra el acoso. Ha recordado que desde 2020, cuando se ha hecho obligatoria la confección de planes de igualdad para empresas de más de 50 personas trabajadoras, ha exigido a la administración un plan con un apartado específico de acoso por razón de sexo en la administración pública de Navarra. A su juicio, este caso debería servir para acelerar esa normativa en la administración foral.
Por su parte, el sindicato LAB también ha mostrado este martes una “profunda repulsa” y ha trasladado su apoyo a las denunciantes. Ha advertido de la “impunidad” que, a su juicio, puede generar una posición de poder laboral y ha subrayado el riesgo de que la persona que denuncia acabe “en la picota”, con falta de sensibilidad y empatía.
LAB también ha señalado que, si no se interponen denuncias personales —condición que, según expone, el Servicio Navarro de Salud exige para abrir una investigación—, es por experiencias previas que han terminado en estigmatización de la denunciante. Incluso, ha afirmado, se han dado casos que han acabado con la salida de personas del sistema público de salud.
En su comunicado, LAB ha enmarcado este caso en una realidad más amplia de acoso laboral y acoso sexual, y ha sostenido que lo conocido es “la punta del iceberg”. Además, ha afirmado que, contrariamente a lo expresado por el consejero de Salud Fernando Domínguez, no se trataría de un hecho del que se haya tenido conocimiento solo esta semana.
LAB ha añadido que en el Servicio Navarro de Salud trabajan alrededor de 13.000 personas y que casi un 80% son mujeres, y ha descrito el “miedo” como una herramienta que condiciona a quienes sufren estas situaciones. Finalmente, ha exigido una investigación profunda y ha pedido que no se intente diluir la responsabilidad, tanto de la persona señalada como de las direcciones que “no pueden mirar para otro lado”.