TRIBUNALES

La defensa del concejal de UPN que ETA iba a asesinar recusa al juez ponente de la sentencia

El integrante del comando Amaiur de ETA Jorge Olaiz, a su llegada a la sala donde se le juzgó por tratar de matar en el 2000 al concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Miguel Ángel Ruiz Langarica. EFE/Emilio Naranjo

El magistrado Ricardo de Prada ha justificado en un foro abertzale la principal tesis de la defensa sobre la tortura.

La defensa de Miguel Ángel Ruiz de Langarica, exconcejal de UPN que ETA intentó asesinar en Pamplona en el año 2000 va a recursar al juez José Ricardo de Prada, uno de los que conforman el tribunal que juzgó el pasado 4 y 5 de abril al etarra Jorge Oláiz por el intento de asesinato.

La recusación se basa en las declaraciones realizadas apenas diez días después del juicio a Oláiz en una conferencia impartida en Tolosa en las que el juez afirmaba: "Lamentablemente el fenómeno de la tortura, yo no digo que haya sido un tema generalizado, se ha producido y se ha producido de una manera clara y yo en mi experiencia profesional he tenido muchos casos de tortura o de sospecha fuerte”, afirmó el juez al respecto. 

La defensa del etarra basó sus argumentos en las torturas que denunciaron tanto Jorge Oláiz como Iñaki Beaumont, denuncia que viene estipulada en los manuales internos de ETA, pese a que ambas denuncias habrían sido archivadas tal y como consta en el procedimiento. Además, Beaumont se encuentra cumpliendo pena de cárcel por el mismo intento de asesinato al que se acusa de Oláiz.

El juez de Prada es el encargado de la redacción de la sentencia, por lo que las opiniones vertidas en Tolosa dejan en evidencia los argumentos que pueda exponer. La defensa del exconcejal de Pamplona entiende que estas declaraciones comprometen la imparcialidad del magistrado en la causa y su imparcialidad a la hora de dictar sentencia.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), además, anunció la semana pasada que denunciarían ante el Consejo General del Poder Judicial a este juez por sus declaraciones de Tolosa. La intención de las víctimas del terrorismo es que “tome las medidas oportunas” para evitar que un juez en activo realice acusaciones de dicho calibre sin aportar ninguna prueba.