Límite de mandatos para mejorar la calidad democrática

Hace unos días, en la presentación de su libro, Arte de gobernar, un anterior presidente del Gobierno de España alertaba de la falta de calidad democrática en nuestro país y desgranaba un decálogo al final de su publicación, en relación a las características que debieran acompañar a un buen gobernante, opinión que comparto, y que también confirmó, en una breve intervención en el acto, uno de los componentes de la mesa, calificando ese decálogo como un compendio de sentido común.

Se dice: “el sentido común es el menos común de los sentidos”, y ese déficit de sensatez en parte de la clase política repercute en la falta de calidad democrática, al ser difícil exigir o valorar ese requisito tan aconsejable en la actividad de nuestros electos representantes políticos. No se elige previamente a los/as componentes de las listas electorales por su formación, experiencia laboral, capacidad, títulos y “diplomas”, etc..., ya que la inclusión en las mismas, mayoritariamente, es cuestión de afinidades, amiguismos, compromisos y sometimiento a la cabeza de lista que controla el partido, aunque se diga que saber acoger la discrepancia interna hace fuerte a un partido.

Es necesario mitigar o paliar ese seguidismo, esa obediencia de vida que impide manifestar con libertad una opinión, utilizando sentido común, debida a esa aspiración o tentación de seguir como profesional de la política, optando por estar silenciado por la disciplina o dictadura partidista. El pánico que suele acompañar cuando se pasa el ecuador de la legislatura y se prevé el riesgo de quedarse a la intemperie, fuera de la lista, aunque sea en la oposición, condiciona tristemente la libertad de expresión de muchas personas.

La limitación de mandatos consecutivos pudiera ser un impedimento disuasorio para esas tentaciones de profesionalización sine die de muchos/as de la clase política que aceptan el silencio cómplice en el ejercicio de su cargo electo o designado. Si esa norma limitativa se aplicase, quizás pudieran ser más libres y, aunque no siguieran en el cargo, les quedaría, si son verdaderos políticos vocacionales, mantener su participación en los órganos internos de su partido, esperando otro período, y seguir aportando y apoyando dentro de su ideología y con sentido común, decisiones en pro del interés general y bien común de todos los ciudadanos.

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU establece que la libre voluntad del pueblo debe manifestarse en intervalos no muy largos, y la Comisión de Venecia, en su Código de Buenas Prácticas en Cuestiones Electorales, recomienda que el intervalo no supere los cinco años. La C.E., arts. 68 y 69, regula la elección de diputados y senadores cada cuatro años, salvo disolución de las Cámaras por el presidente del Gobierno, o la moción de censura, art. 112. Este sistema se reproduce en los diferentes Parlamentos de CCAA y Ayuntamientos. (Cabe también opinar sobre dos períodos de cuatro o uno de seis años).

No obstante, una limitación de dos mandatos consecutivos ayudaría a disminuir la polarización, por la renovación de personas y talantes; evitaría, en cierto modo, esas tramas de corrupción y tráfico de influencias: no hay tiempo para organizarlas y desarrollarlas, y frenaría las aspiraciones de seguir en el cargo sine die con una fraudulenta profesionalización.

Esta propuesta de solo dos mandatos consecutivos ha sido una promesa habitual de candidatos, pero únicamente recuerdo como cumplida voluntariamente la de un presidente nacional de centro-derecha. El actual presidente, al que con todo respeto califico de “ególatra mutante”, a los hechos y formas me remito, en varias ocasiones lo ha prometido, como en la página 77 del programa de 2015 de su partido: “Estatuto y condiciones del ejercicio de la política. Establecer un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno”. Si, como declaran y prometen, todos los partidos están de acuerdo, no sería problema el cambio normativo oportuno, y el de las CCAA, y una adaptación especial a los más de 8.000 ayuntamientos, dadas sus diferencias poblacionales y su autonomía.

Mantengo la opinión de que el cargo político ejecutivo no tiene una remuneración “oficial” acorde con sus responsabilidades (no sé si capacidad) en comparación con la actividad privada, y no entiendo que puestos a dedo, incluso de funcionarios, en sociedades o instituciones públicas o chiringuitos ad hoc tenga mayor remuneración que las presidencias, ministerios o consejerías de las que dependen. Sin embargo, creo que una gran mayoría de electos en legislativos, que solo hacen número, levantan la mano o pretan (sic) el botón, debieran “rentar” como máximo el salario mínimo, y los gastos o dietas de asistencia/presencia justificada.

JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ -LCDO. EN DERECHO- FUNCIONARIO JUBILADO