Tradicionalmente, UPN ha defendido la “navarridad” y ha gobernado en Navarra durante seis legislaturas, coincidiendo solamente con otro gobierno del mismo signo en el Estado en dos períodos de la historia democrática actual, ya que habitualmente el PSN facilitaba su investidura para frenar al nacionalismo vasco.

En 1996, tras la crisis del Gobierno foral, el regionalista Miguel Sanz coincidió durante dos legislaturas seguidas (1996-2004) con un Gobierno de la nación de centro-derecha liderado por José María Aznar, siendo este quizás uno de los periodos más fructíferos y estables de Navarra. Posteriormente, entre 2004 y 2011 —durante las dos legislaturas de Rodríguez Zapatero—, UPN retuvo el poder apoyándose de forma externa o mediante pactos presupuestarios con el PSN. Por el contrario, cuando gobernó Mariano Rajoy en Madrid, se produjo el cambio “progresista” en Navarra de 2015 a 2018.

Este primer autodenominado bloque “progresista”, liderado por Geroa Bai, se formó tras la errónea opción de UPN con la sucesora en el Gobierno foral para el periodo 2011-2015 (una “sombría etapa”, la calificaba el presidente de la Cámara de Comercio), que provocó la abrupta ruptura con el PSN a los dos años de legislatura. Esto propició que, desde el año 2015, sea el bloque progresista quien gobierne en Navarra, acumulando UPN ya tres mandatos en la oposición.

El PSN ha encontrado una fórmula de poder estable liderando el bloque progresista, manteniendo una dinámica muy asentada que complica un posible vuelco electoral a corto plazo. Las manifestaciones de su lideresa ratifican que “este modelo de ejecutivo funciona y tiene un largo recorrido de futuro”, calificando su gestión como “un baluarte de estabilidad, progreso y normalidad democrática”.

Esta postura cierra la única vía tradicional que podría tener el centro-derecha para gobernar. Además, un portavoz de EH Bildu, socio fundamental del Ejecutivo, ha sido tajante: “Si es por EH Bildu, UPN no va a gobernar”. Por lo tanto, salvo la siempre ambigua e histórica postura del PNV, o su franquicia navarra, de alinearse con el ganador, la situación está clara, aunque todo es posible en política.

La polarización de la ciudadanía navarra es evidente y apenas admite consenso, moderación ni diálogo. Respecto a la polarización, traigo a colación un artículo titulado La orfandad del voto, escrito por la doctora en Historia Belén Moncada, en el que, como “ciudadana preocupada”, se preguntaba: ¿A quién votamos si todos los partidos de este país defienden un pack ideológico monolítico, estanco a cualquier diálogo?

Igualmente, resultan interesantes las declaraciones del profesor Vincent Pons en Semanal XL: “La animosidad hacia los votantes del otro partido es grave. Si odiamos al otro, apoyaremos a quien diga que hará lo que sea, para que ellos no lleguen nunca al poder”. Gobernar “a la contra” es la forma “progresista” de gobernar obviando el PROGRESO.

Las últimas encuestas de ámbito nacional otorgan la mayoría a las fuerzas de derecha y centro-derecha para el Gobierno de la nación, especialmente tras la vergonzosa y sospechosa desidia del Ejecutivo nacional ante la invasión de la ciudad autónoma de Ceuta. Sin embargo, las encuestas en clave foral ofrecen una gran similitud con los resultados de las elecciones de 2023.

Esto indicaría el escaso impacto que los acontecimientos nacionales tienen sobre el voto navarro, a pesar de los escándalos de corrupción a escala estatal o de la situación de la sanidad, la vivienda y la seguridad a escala local. Tampoco se aprecia ningún castigo electoral por la trama corrupta local de Servinavar y sus “socios”.

El porcentaje de voto de las fuerzas del bloque progresista supera con diferencia a la posible suma de las formaciones de derecha y centro-derecha, las cuales se ven penalizadas con la pérdida de algún escaño debido a su separación electoral. Podría existir, asimismo, una pequeña influencia que varíe algo los resultados debido al incremento del censo por los miles de nacionalizaciones otorgadas en los últimos meses.

Si el centro-derecha gana en el Estado, Navarra se convertirá en un bastión de resistencia institucional “progresista”. El Gobierno foral utilizará el autogobierno y los derechos históricos como escudo frente a las políticas de Madrid. Navarra —a pesar de lo que proclama el artículo 1 de la LORAFNA— corre peligro y está en el alero. Si la derecha ocupa el poder en la Moncloa, por tradición histórica parece que no toca que haya un gobierno del mismo signo en Navarra.

No pretendo alarmar ni desanimar; es una predicción basada en encuestas, que ojalá no se cumpla en lo que concierne a Navarra, pero es la realidad. No obstante, todavía hay tiempo para abandonar la “orfandad del voto”.

Curiosamente, el Gobierno de Navarra se encuentra hoy en una situación idéntica a la de aquellos estudiantes de septiembre, aunque cambiando los libros de texto por el Boletín Oficial. Ante la perspectiva de un final de mandato y, quizás, ante el riesgo de un cambio de color político en las próximas elecciones, el Ejecutivo «progresista» ha entrado en una fase de «estudio intensivo» para intentar aprobar a toda prisa una serie de leyes: Industria y Fomento Empresarial, Salud, Despoblación y Desarrollo Rural o la Reparación de las Víctimas del Terrorismo, entre otras.

Además, tienen que debatir y aprobar la Ley de Presupuestos Generales. Aunque esa norma ya no se estila en el Gobierno central, en Navarra ha servido históricamente para «colar» a la oposición alguna cláusula adicional que luego se convierte en motivo de controversia.

Supongo que también estará en la tarea programada para estos escasos meses hábiles, antes de las luchas partidistas electorales, la aprobación de alguna de las propuestas que la ponencia parlamentaria —comenzada hace dos años con cerca de un centenar de expertos— remita al Gobierno foral para la modificación de la LORAFNA.

Muchas han sido las propuestas para esta Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: desde un nuevo texto y correcciones innecesarias hasta el debate sobre el idioma, un posible referéndum, la inclusión de nuevos «derechos de la ciudadanía» o la memoria histórica. Sin embargo, opino que la serenidad y la experiencia de los expresidentes (no de todos) y de contrastados expertos —incluso algunos no participantes en la ponencia— han coincidido en que cualquier reforma que se apruebe debe gozar del mayor consenso posible; es decir, de una mayoría cualificada.

Traigo a colación la opinión emitida en enero de 2026 por el Colegio de Abogados de Pamplona: «Explotar las competencias que ya se tienen y no se han desarrollado». También la de la primera experta compareciente, catedrática de la Universidad de Navarra, en mayo de 2024: «Si cambian el Amejoramiento, no lo empeoren». O el elocuente título del artículo de un habitual columnista, notario para más señas, en noviembre de 2023: Reformar el Amejoramiento, ¿para qué?.

En política, cuando las leyes se tramitan sin el debido debate y el máximo consenso, el riesgo de que el proyecto «caduque» jurídicamente en el cajón de la siguiente legislatura es altísimo. Por cierto, ¿en qué cajón de la consejería estará guardado el Mapa Municipal?

Bajo la premisa del «progresismo», el Ejecutivo de la socialista cirbonera ha alcanzado su máximo histórico con 13 consejerías, disparando el gasto en altos cargos y personal eventual de confianza (asesores y jefes de gabinete) en más de 1,5 millones de euros anuales. A esto se añade el opaco entramado de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), que coordina 16 sociedades públicas, muchas de las cuales dependen crónicamente de las subvenciones y transferencias directas de los Presupuestos Generales de Navarra para tapar sus números rojos y corregir la duplicidad de funciones que ya realizan los propios funcionarios.

El resultado es un techo de gasto público no financiero que bate récords año tras año, sostenido únicamente gracias a una asfixiante presión fiscal sobre el contribuyente navarro.

Navarra está sometida por un Gobierno de «progresismo» que pretende aprobar leyes atropelladamente en su particular «mes de septiembre» electoral, cuando lo que los ciudadanos demandan es un verdadero progreso para una Comunidad que se está quedando atrás, devaluada en todas sus facetas. Existe la imperiosa necesidad de aplicar eficiencia y de tener la certeza de que nuestros impuestos se destinan a los servicios públicos esenciales, y no a sostener el mayor organigrama político de nuestra historia.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ – Funcionario foral jubilado

¿Cómo se puede comprender que una multitud cruce la frontera a nado y en procesión sin que se frene de inmediato ese flujo? ¿Dónde estaba el Gobierno de la nación mientras se vulneraba el perímetro fronterizo y se descuidaba la seguridad nacional?

Supongo que pasar la frontera supuso un cierto tiempo sin que, al parecer, hubiera reacción por parte de España.

Adelanto que nunca he creído en el Derecho Internacional, aunque tuve notable en la asignatura, pero tampoco en normativas europeas e interpretaciones nacionales sobre la migración, pues no tienen ninguna efectividad.

La gestión de esta crisis evidencia una alarmante omisión de funciones por parte del Ejecutivo. Es incomprensible y doloroso ver a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alojados en deplorables condiciones, incluso de salubridad, mientras sostienen la primera línea de defensa. Esta situación refleja la bajeza y la falta de liderazgo de los ministros responsables, ambos provenientes de la carrera judicial, donde una de ellas parece más preocupada por salvar su ya mínimo prestigio que por ejercer la autoridad que su cargo exige.

Mientras tanto, la soledad del presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, contrasta con las declaraciones de figuras de la corte oficialista, como el ministro, que supongo conocerá Ceuta por su cargo en Paradores, o la portavoz del Gobierno, navarra, cuya trayectoria ascendente delata un claro perfil oportunista. Todo ello ocurre bajo el mandato de un presidente ególatra y mutante, cuyo balance en el cuidado de las fronteras es una absoluta inacción.

Detrás de esta pasividad se esconde una entrega inconfesable y una preocupante sumisión hacia el reino de Marruecos. El Gobierno y sus aduladores insisten en ensalzar la «buena disposición» y colaboración del país vecino, a pesar de que la realidad y las declaraciones del propio Marruecos demuestran lo contrario. Esta debilidad compromete gravemente el futuro de Ceuta, cuya situación empieza a percibirse como irreversible, arrastrando en el camino a Melilla.

El panorama se complica aún más en el plano internacional y deportivo, con la organización del Mundial de Fútbol en el horizonte. Nos encontramos ante un presidente de la FIFA aliado de Marruecos y pendiente de reelección, un presidente de la Real Federación Española de Fútbol sospechosamente callado y un presidente de LaLiga enfrentado abiertamente a uno de los clubes más poderosos.

La herencia que dejará este Gobierno será ruinosa y tendrá que ser recibida a beneficio de inventario por quienes le sucedan. Con una nación desprestigiada ante la opinión pública internacional y los proyectos del Mundial en el aire, la gran incógnita sigue siendo qué oscuras negociaciones están pendientes de cerrar. Al igual que ocurrió con el giro unilateral respecto al Sáhara Occidental, la opacidad del Ejecutivo invita a pensar en una entrega pactada que pone en jaque la integridad territorial de España.

Las autoridades federativas y políticas se llenan la boca hablando de "amor a la patria" cada vez que un trofeo internacional cambia de vitrina. Sin embargo, detrás de las lágrimas en los himnos y el fervor popular no hay más que una calculada estrategia de marketing.

Este fervor prefabricado poco tiene que ver con los sentimientos colectivos reales. Como advierte el escritor Juan Manuel de Prada en La horrenda pasión futbolera, la masa enajenada no debe confundirse con una auténtica comunión social, ya que el orgullo del triunfo nada tiene que ver con el amor a la patria, el cual se templa en el dolor y la contrariedad. El sentimiento de pertenencia ha sido secuestrado, empaquetado y vendido como un producto de consumo de masas para inflar los derechos de televisión, valorizar el sportswear y generar dividendos para cúpulas que operan lejos de la emoción de la grada.

Este fútbol profesional actual funciona como un club privado con derecho de admisión, una hipocresía identitaria que choca de frente con la realidad jurídica. El litigio de la Superliga Europea —impulsado por la firma A22 Sports Management contra el monopolio de la UEFA— desnudó la verdadera naturaleza del sistema. Aunque la UEFA intente disfrazarse de protectora del bien común y del fútbol modesto, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y las resoluciones de los juzgados mercantiles han dejado claro que es una simple entidad de derecho privado.

El verdadero núcleo del conflicto no reside únicamente en quién organiza los torneos, sino en quién gestiona la caja registradora. Organizaciones como la UEFA operan bajo una doble moral flagrante: se autoproclaman protectoras de la solidaridad del fútbol base mientras administran miles de millones de euros con absoluta discrecionalidad y falta de transparencia. Los ingresos generados por los clubes de élite se canalizan a través de un reparto vertical diseñado para perpetuar el statu quo del organismo rector, utilizando los fondos de manera arbitraria para comprar obediencia y blindar los privilegios de su propia cúpula directiva y sus electores.

No se puede tolerar que entidades estrictamente privadas utilicen banderas públicas, discursos morales sobre el "bien común" y el chantaje del orgullo nacional para encubrir un monopolio económico inmune a la auditoría externa. El jurista Miguel Izu, en El negocio del orgullo nacional, señala la paradoja del sistema actual: el fútbol opera como un entramado de corporaciones independientes sujetas a sus propios estatutos privados, por lo que resulta incoherente exigir derechos soberanos tradicionales en un tablero estrictamente comercial. En la sociedad del espectáculo, el concepto de "orgullo nacional" es solo una herramienta de explotación mercantil dentro de un mercado global regulado por patentes y derechos de emisión.

El fútbol de las esencias ha muerto en los juzgados mercantiles. Cuando las normas de las federaciones sirven para proteger sus millonarios sueldos y prebendas en lugar de las reglas del juego, el deporte se transforma en una simple dictadura comercial. El balón ya no pertenece a la gente; pertenece a los tribunales.

José Luis Díez Díaz — Ldo. en Derecho. Entrenador nacional de fútbol

La presunción de inocencia no es una virtud moral, ni una declaración de bondad, ni el dogma de que el investigado jamás rompió un plato. Es, simplemente, una regla de juicio que establece que el Estado no ha logrado aportar pruebas de cargo válidas y suficientes para destruir la duda razonable.

Una sentencia absolutoria —no condenatoria— por insuficiencia probatoria no proclama que el acusado sea un «santo inocente»; solo certifica que el tribunal carece de certezas legales para encerrarlo. Traducido de la jerga procesal al castellano llano: «Sabemos lo que hiciste, pero no podemos demostrarlo al amparo de esta ley». El hecho real permanece imperturbable en el tejido de la historia, por mucho que la verdad jurídica tenga que mirar hacia otro lado.

Hasta un actual senador socialista por Madrid decía: «Quien confía en Rodríguez Zapatero debe demostrarlo dejando trabajar a la justicia. El expresidente dice haber actuado con legalidad, pero la última palabra la tienen los tribunales».

El colmo de este teatro se alcanza cuando el hecho, aun siendo flagrante, no goza de pena por un vacío legal, por una falta de tipificación en el momento de su comisión o por la dilación del proceso. Que, bajo el principio de legalidad penal, esto suponga un éxito técnico es indiscutible, pero exhibirlo como prueba de integridad ética constituye una burla sangrienta.

Otra variante de la corte de aduladores del «Ególatra Mutante» es recurrir con ligereza al viejo cliché de «poner la mano en el fuego». Ignoran que la expresión nace de las ordalías medievales, aquellos juicios de Dios donde el acusado abrasaba su carne con hierros candentes esperando un milagro que casi nunca llegaba.

Quien hoy pone la mano en el fuego por un tercero no está ejerciendo la lealtad, sino el fanatismo o la plena complicidad. Como señalaba Arturo Pérez-Reverte en un reciente XL Semanal: «Una especie aún más repugnante es la de los altos cargos institucionales —ministros— que, habiendo jurado servir al Estado, sirven a quien los ha nombrado».

En el ecosistema de la conveniencia política y el corporativismo de siglas, nadie se quema por amor al prójimo. Si los conmilitones defienden al imputado con uñas y dientes no es porque crean en su mística santidad, sino porque ellos mismos están metidos en la misma lumbre. Saben perfectamente que, si el primer imputado se quema, el incendio estructural se propagará por el pasillo hasta devorar sus propios despachos.

Asistíamos hace meses, en nuestra Comunidad Foral, a la canonización laica de «Santos-Inocente» por parte de destacados «subordinados», una ficción que parece carecer de rigor histórico —ningún cronista de la época registró la famosa matanza de Herodes fuera del relato evangélico—. Pero es igual: cuando interesa, se tira de la historia para alentar el victimismo de un compadre y compañía —hasta quemarse la mano— y así ocultar su podredumbre. No es garantismo, sino el más absoluto cinismo del corporativismo.

Si echamos la vista atrás, los orígenes de nuestra selección en los años 20 y 30 delegaban esta función en comités formados por médicos, periodistas y pioneros de la educación física. Más adelante, en los 50 y 60, figuras legendarias como el exárbitro D. Pedro Escartín asumieron el mando, conviviendo con el modelo anglosajón del manager de despacho y el trainer de campo.

En la década de los 70, tras experimentos de dirección colegiada —como el triunvirato de Artigas, Kubala y Muñoz—, irrumpió con fuerza la preparación física moderna. Tuve el honor de vivirlo en primera persona en el INEF como alumno del “Profe” Carlos Álvarez del Villar, cuyo manual, La preparación física del fútbol basada en el atletismo, cambió todos los esquemas de entonces.

Hoy en día, las diferencias entre ambos roles son estructurales. El seleccionador trabaja en ventanas temporales muy cortas y bajo una enorme exigencia psicofísica. Su éxito radica en saber elegir y moldear el talento disponible. En concentraciones que oscilan entre los 4 y los 40 días, la preparación física ya no busca “entrenar” o mejorar la forma, sino convertirse en un control y una gestión de la fatiga.

El reto es asimilar cargas heterogéneas y recuperar lesiones en tiempo récord. De ahí la espectacular evolución metodológica desde la época analógica hasta la precisión científica de los Paredes o Miñano posteriores. Además, el seleccionador debe blindar al grupo frente a la presión de un país entero, donde cada ciudadano se siente seleccionador y estratega.

Por el contrario, el entrenador de club convive con el día a día. Su horizonte es la regularidad de la Liga y está condicionado por la dirección deportiva, el mercado de fichajes, los agentes, la gestión de la cantera y el implacable examen semanal de la grada y el palco. El técnico de club rara vez diseña su plantilla al cien por cien y su continuidad pende siempre de un hilo; bien sabemos que en España muchos no llegan a comerse los turrones en el banquillo donde empezaron la temporada.

La historia demuestra que excelentes entrenadores de club y míticos exfutbolistas han fracasado rotundamente al asumir una selección nacional por no entender este cambio de paradigma.

Por ello, me alegra profundamente el éxito del actual seleccionador español, a quien vi llegar dos años antes de mi dimisión de la RFEF, en el año 2015. Su figura encarna el triunfo de la especialización: el éxito total de la absoluta nace de la estructura de las categorías inferiores.

Su gran virtud ha sido conocer al futbolista desde su etapa formativa —en las selecciones Sub-19, Sub-21 y Olímpica—, creando una línea de sucesión natural donde se priorizan el bloque y los automatismos compartidos desde jóvenes por encima de los egos individuales.

Además, ha contado con el apoyo de un discreto equipo técnico multidisciplinar, entre ellos varios conocidos de mi etapa en la RFEF y otros más recientes. Pero, haciendo patria, señalo al psicólogo, portero profesional en varios clubes, con éxitos en selecciones inferiores y formado en la cantera de Osasuna.

No extraña que potencias históricas como Italia, según dice el nuevo presidente de su federación nacional, miren hoy la estructura de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas como el modelo de cantera nacional que copiar para construir el éxito desde la base; en definitiva, para formar equipo.

JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ – Lcdo. en Derecho – Entrenador nacional

Nuestra Comunidad Foral y su Gobierno no podían obviar tal iniciativa. Fue en noviembre de 2019 cuando se creó una comisión (cómo no) para luchar contra la despoblación junto a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), representante de las entidades locales navarras.

Esta comisión, según decían, "nace con proyectos y financiación". El propio departamento foral afirmaba que "2020 debe ser el año de la acción; la gente está cansada de estudios". En noviembre de ese mismo año, el portavoz foral insistía en "la lucha contra la despoblación con medidas concretas" y aseguraba: "Concretaremos la financiación del nuevo mapa local en un año".

En esas mismas fechas, en pleno 2020, se publicaba que 142 localidades de las comarcas del Pirineo, la Zona Media y Tierra Estella perdían población y se encontraban en una situación límite. Al mismo tiempo, se sucedían las quejas de habitantes de pueblos afectados. También se conocían la unión de 17 municipios en la Sierra de Codés para evitar el éxodo, la preocupación por la extinción de concejos y el dato de que 77 municipios navarros presentaban un riesgo extremo de despoblación.

Siete años más tarde, en julio de 2026 y en vísperas de San Fermín, el Gobierno foral anuncia el anteproyecto de una nueva Ley de Despoblación y Desarrollo Rural. Resulta incomprensible cuál es la urgencia del Gobierno foral. Con dos meses por delante de descanso, vacaciones e inactividad parlamentaria, ¿cómo piensan aprobar la batería de instrumentos previstos, tales como informes, clasificación de municipios de riesgo, estrategias, fondos extraordinarios o fiscalidad diferenciada? Todo ello, además, es en su mayor parte una copia del plan nacional de 2017.

Algunas frases de los políticos en la presentación no tienen desperdicio. El representante ministerial afirmó: "A través de políticas audaces hay que hacer posible el derecho a quedarse en los pueblos". Por su parte, el Gobierno foral señaló que "esta ley pone lo rural en el centro y no busca confrontar lo rural y lo urbano" y que "acciones anteriores han generado un conocimiento y trabajo que ahora se consolida en la normativa".

El colmo de la retórica llegó con la frase: "La cohesión territorial no es una opción, es una obligación". Mientras tanto, el alcalde anfitrión se limitaba a decir: "Agradecemos que se nos mire y escuche, y deseamos un futuro próspero para los pueblos". Supongo que el acto fue un éxito tras semejante repertorio de frases hechas y el agradecimiento del alcalde.

Sigo sin entender la urgencia, el momento ni el futuro de este anteproyecto de ley. Tras siete años generando —según dicen— "conocimiento y trabajo", se abre ahora un periodo de exposición pública de cuatro meses, hasta el 31 de octubre, para hacer aportaciones.

En enero se iniciará el trámite parlamentario y, una vez aprobada, vendrá el desarrollo reglamentario, que afectará a muchas materias y competencias, además de la correspondiente consignación presupuestaria. Todo esto, además, llega a las puertas de posibles elecciones en varios ámbitos. No alcanzo a comprender cómo lo que no se ha hecho en siete años se va a resolver en seis meses.

Aprovecho para plantear una aportación que ya desarrollé en mi colaboración del pasado 9 de junio en esta misma tribuna, titulada Opaca transparencia en el Gobierno Foral. Allí expuse que llevo meses esperando una información —tasas aparte— sobre cuántas viviendas de los antiguos Parques Camineros, adscritas al Departamento de Cohesión Territorial, están vacías, son inhabitables o se dedican a otra función.

Mi petición ha pasado por el Defensor del Pueblo y por el Consejo de Transparencia, donde, con mucha amabilidad, han desestimado mi solicitud. Esta información sería una contribución fundamental para una de las medidas previstas en el anteproyecto: la rehabilitación de viviendas en pueblos en riesgo de despoblación.

No pierdo la esperanza, aunque no sé si llegaré a tiempo dentro del plazo de alegaciones. Siguiendo el consejo de la OANA, presenté una tercera petición al departamento para solicitar el acceso directo al expediente que, por las declaraciones del titular, ya debería estar terminado.

Respecto a este tema inmobiliario, la prensa recogía hace poco las quejas de varios vecinos de Oronoz-Mugaire. Califican de "nefasta" la gestión del Ejecutivo foral, que mantiene seis viviendas cerradas a cal y canto desde hace cinco años sin impulsar ninguna solución. Los vecinos exigen que el Gobierno asuma su responsabilidad y actúe de una vez.

Basta ya de discursos de manual y de sospechosas urgencias. Escuchen —además de mirar— a los afectados, tal y como pidió el alcalde anfitrión en la presentación. Hace falta menos leyes y más actuar porque, de lo contrario, la despoblación de Navarra corre el riesgo de volverse irreversible.

Los debates parlamentarios, las histriónicas comparecencias, las manifestaciones, los retos orales, las bravatas y las descalificaciones por parte de algunos ministros, además de los chistes y memes que inundan las redes, ofrecen un panorama político nacional desolador, que lógicamente influye en el desarrollo de la nación (quizás sea ese el objetivo de algunas formaciones que sustentan al Gobierno).

Pero el meollo de ese «alipori o cringe», para el firmante y la mayoría de las personas de su entorno, es un notable sentimiento de «vergüenza ajena» cuando escuchan o leen el «desbarre» de muchos de esos cargos políticos de primer o segundo nivel; por ejemplo, ante lo que intenta el Gobierno con la regularización de migrantes o la concesión de la ciudadanía española.

Da lástima y pena que profesionales del ámbito judicial o de las fuerzas de seguridad —siento citar a la cúpula de la Guardia Civil—, probos funcionarios en su trayectoria anterior, algunos condecorados, hayan podido llegar a dejarse o ser abducidos por el ególatra mutante y sus adláteres.

El autocrático personaje que preside la nación —dictadura y autocracia son parecidas, pero el origen y el final suelen ser diferentes— logra, de forma inexplicable, socavar los principios éticos y las conciencias de ministros, diputados y altos cargos para que no digan la verdad (mientan) o manipulen en sus manifestaciones y comparecencias, o jaleen a sus adláteres e incluso respondan con altanería. Y, aun terminando imputados, lo último que piensan es en dimitir. Repito: lástima y pena.

¿Y qué decir de la trama de pícaros y pícaras (no quiero llamarlos fontaneros) que podrían ser protagonistas de muchas de las novelas de ese género de conocidos autores de la Edad de Oro española? A pesar de sus medios, contactos, claves, móviles, pisos, chalets de descanso y solaz, etc., y de toda la tecnología a su servicio, gracias al desvelo y la responsabilidad —quizás con menos medios— de la UCO de la Guardia Civil, en defensa del Estado y de toda la ciudadanía honrada, han sido puestos a disposición judicial.

En XL Semanal, de fecha 21 de junio pasado, en una entrevista al líder húngaro Péter Magyar, que en su día dimitió del partido del autócrata Orbán y lo desalojó del poder, decía: «El final del poder llega cuando la gente empieza a reírse de él». No sé si en España ocurrirá lo mismo, pero es evidente que hemos superado esa fase de la risa y es la «vergüenza ajena o alipori» lo que sentimos una gran mayoría de españoles respecto a sus gobernantes, mientras se agota su legitimidad, si es que alguna vez la tuvieron.

La implantación del VAR en la Liga, en la temporada 2018-19, y su utilización motivaron por mi parte varios artículos al respecto, entre ellos uno que titulaba “EL VAR… HACIA OTRO FÚTBOL”, pues, aun estando a favor de la tecnología, opinaba que nos llevaba indefectiblemente hacia otro fútbol, que, por su coste, únicamente se iba a implementar a un máximo del 10% de la práctica de este mayoritario deporte mundial, y también reseñaba la deficiente coordinación en su aplicación y los parones producidos en el juego.

Comencé mi trayectoria de directivo en el ámbito del fútbol en la década 80-90, en el Comité Nacional de Entrenadores, y más tarde en la Directiva de la RFEF: Comisión Legal, C. Técnica de Árbitros, presidente del CEDIF —Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación— y responsable de cursos de formación de técnicos.

Incurso siempre en esta temática, a comienzos de 1990 publiqué varios artículos en las revistas El Entrenador y de la RFEF (Club Selección), exponiendo propuestas reglamentarias, alguna de las cuales fueron en su día aprobadas por IFAB-FIFA, como la cesión al portero, el control del tiempo y la derogación del triple castigo en la falta con “la ocasión manifiesta de gol”.

Pero una propuesta que nunca prosperó fue la opción de disponer cada entrenador de un posible tiempo muerto a lo largo del desarrollo del partido y, viendo esa práctica ya casi institucionalizada en el Mundial de la pausa de hidratación, que en realidad es un parón del juego —dicen que rompe el ritmo al equipo dominante—, pudiera ser una novedad más en este OTRO FÚTBOL.

La incomodidad del banquillo, la salida del mismo y los gritos y gesticulaciones, que no las entienden ni a veces los mismos jugadores —o no quieren escucharlos ni verlas—, y a pesar del área técnica autorizada en 1993, con la fiel vigilancia del cuarto árbitro, no es precisamente lo ideal para los técnicos.

Mi duda de siempre es si estar en el banquillo —área técnica— es un derecho o una obligación, pues está claro que donde se ve y controla el partido es desde arriba —posición privilegiada—, aunque a pie de campo se sienta más y mejor al jugador.

Por otra parte, se aguantan —con expectación— los parones del VAR, el tiempo de las salidas y entradas de jugadores, los protocolos de lesiones, etc. Por ello, la concesión de esos 3-5 minutos de tiempo muerto a cada entrenador, si así lo solicita, no variaría mucho la duración, y puede servir también para hidratar o “calentar” al equipo.

Obviamente, me manifiesto como entrenador, pero no es nada nuevo: existen esos tiempos muertos en otros deportes de conjunto y donde se puede valorar —también con los cambios— la competencia, ocurrencia, corazonada, improvisación o la incompetencia, inutilidad u obcecación del entrenador.

Seguramente, el entrenador, en ese opcional TIEMPO MUERTO, pueda actuar con más libertad e intuición que en la opacidad del vestuario, donde, aunque esté arropado de los suyos, pueden merodear “agentes externos” a la “teórica” pero deseable comunión de plantilla y técnico, ansiosos de escuchar, o cuando no intervenir en la charla o la última arenga del capitán antes de salir —no sé por qué se dice saltar— de nuevo al terreno de juego.

Recuerdo una frase que siempre me repetía un presidente federativo, exjugador internacional, con el que compartí muchos años de actividad federativa: “MÁS VALE QUE EL OTRO EQUIPO TAMBIÉN TIENE ENTRENADOR”.

JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ – Ent. Nacional —Prom. INEF 1977—. Lcdo. en Derecho

La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos distan mucho de ese mandato constitucional. Los órganos colegiados de las formaciones políticas —el reciente Comité Federal del PSOE es uno de sus actuales exponentes— se han transformado de forma progresiva en meros escenarios de ratificación, donde el debate crítico ha sido sustituido por el aplauso unánime y disciplinado a la dirección del partido.

Con lo que está cayendo sobre determinados personajes del entramado del Gobierno, es increíble que esa denominada “trama criminal”, según instancias judiciales, no sea motivo de crítica o de rechazo, tras la casi unánime opinión contraria del Comité Federal del Partido Socialista. Me cuesta llamarle así, pues más se asimila al partido norcoreano de Kim Jong-un.

Excepciones como las del presidente de C-La Mancha, o de la alcaldesa de Palencia, no me parecen eficaces. Ya basta de amagos —en argot pugilístico lo más eficaz es el k.o.—, y el rey, aún desnudo, seguirá siéndolo mientras los súbditos lo apoyen, como sus socios separatistas, extremistas de izquierda y nacionalistas, siempre con el poder, a costa de privilegios y desgajamiento de la unidad nacional.

Este fenómeno de sumisión y homogeneidad no responde a una repentina coincidencia ideológica colectiva, sino a un factor estructural estrictamente material: la supervivencia laboral, pues la mayoría de los integrantes de estos órganos internos dependen por completo del propio sistema político, sin una trayectoria profesional sólida y sin opción de regreso a una colocación laboral externa.

Esta alarmante devaluación democrática es extensible a todos los partidos del arco parlamentario, sin excepción, y en las formaciones minoritarias la dependencia del cargo público y la urgencia por mantenerlo se hacen notar de una manera todavía más evidente y descarnada.

Lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos en el PSOE ya no responde a principios obreros, socialdemócratas ni de vertebración nacional; para muchos críticos y ciudadanos, la situación resulta sencillamente vergonzosa.

El ejemplo de Navarra es paradigmático: se ha asistido a una política de pactos y cesiones con partidos ideológicamente contrapuestos y de corte nacionalista, priorizando acuerdos con tal de conservar el poder institucional a cualquier precio. Las siglas y las convicciones históricas se han supeditado a una estrategia puramente pragmática y de control, orientada a mantener el acceso a los recursos públicos y a asegurar la permanencia en el pesebre de la política activa.

¿Cómo es posible que toda esta gente no tenga un mínimo de conciencia o vergüenza? Pero claro, ante todo, el sueldo y las prebendas. Ejemplo: el ansia de foto de declarados/as agnósticas o ateos/as con el papa León XIV, donde habría que analizar gestos, poses y caras de algunas/os.

Insisto en mi propuesta de siempre, pues es inútil apelar a la conciencia y ética política: “limitación de mandatos, máximo dos legislaturas —duren lo que duren—, y evitar el abuso de cargos a dedo, potenciando la Administración Pública”, pero eso parece no interesar “ni a hunos ni a hotros”.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ – Funcionario foral jubilado

Ignoro el nivel de responsabilidad penal del personaje. Sin escrúpulo alguno, con tal de mantener el cargo, se rodea de aduladores. Algunos ministros y altos cargos se destacan descaradamente. Actúan al alimón con la mayoría de sus hipócritas socios de gobierno y del Congreso, que no tienen reparo en apoyar, por espurio interés propio, la pretensión cada vez más acusada de desgajar la nación.

A base de todo tipo de artimañas legales, el Gobierno obvia y sortea normas y preceptos constitucionales, evitando que el Congreso pueda debatir el fondo de una moción que solicitaba la convocatoria de elecciones generales.

No insistiré en la aparente y presunta sistémica corrupción. Los delitos tipificados en el C. Penal siempre van por detrás de la realidad. Responden a conductas que se van sucediendo, cada vez con mecanismos más sofisticados, en todo tiempo y legislatura, algo que las personas honestas todavía no logran asimilar. El hallazgo de una colección de joyas en la caja fuerte de un despacho es un claro ejemplo de la inusual forma de actuar. El presunto adalid de tal modalidad es precisamente la “joya” del progresismo y los avances sociales en España.

Lo que se me hace difícil de entender es cómo estos altos cargos y “cualificados fontaneros/as” imputados —pillados gracias a los eficaces servicios de los cuerpos de investigación y seguridad— pueden dedicar tiempo a la gestión diaria de su departamento o dirección. Es indignante el coste que deben suponer los asesores y abogados que les preparan sus contestaciones y discursos en las comparecencias en las cámaras legislativas, ante los medios o en sedes judiciales. Todo sirve para vender una falsa honestidad, su inocencia y sus supuestos logros.

Como “modelo” de esta frivolidad e irresponsabilidad destaca la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil. Sus medias verdades habrán avergonzado a muchos miembros del benemérito Instituto. Para mentir bastaba con su jefe, con su premisa de “no me consta… pues no afirmes nada”. No obstante, nos deja algo positivo que espero nos concrete el inefable Tezanos: el tiempo medio para tomar un café o un té en buena compañía en un establecimiento público.

Siguiendo con el desgobierno, no es ajena al mismo la franquicia foral, cuna y hogar de estas tramas. Allí se está fabricando un vacío insalvable bajo la denominada “prioridad nacional”. No sé qué significa exactamente, pero de hecho no ha sido óbice para que formaciones de centro derecha y más derecha detenten gobiernos con amplias mayorías en varias comunidades españolas, unidas por mucho más de lo que las separa.

También me sorprende la carrera abierta por reconocidos juristas y expolíticos navarros para presentar curiosas propuestas de “mejora de lo amejorado”. Algunas son “okurrentzias” que me recuerdan a las propuestas que en tiempos hacían “los divinos” para los encierros de los sanfermines.

Los ciudadanos/as de Navarra que así lo sientan tienen la palabra (y el voto) para propiciar que las tres formaciones que comparten la idea de una Comunidad Foral indivisible e integrada en la Nación española actúen con generosidad.

Es hora de que los/as líderes de estos partidos se apeen de sus pedestales, aparquen el pasado y, con sentido común, alcancen el gobierno de Navarra, tal y como ya ocurre en otras comunidades españolas.

Por si algún posible lector no lo conociera, añado el texto íntegro del art. 1º del Amejoramiento, y que doy por seguro comparten las tres formaciones a las que me refiero: “Navarra constituye una comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos”.

JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ – Funcionario foral jubilado

El 16 de febrero, previo encuentro con el responsable del Servicio de Conservación del Departamento de Cohesión Territorial y alguno de sus colaboradores, me interesé por la “situación jurídica o disposición” de las antiguas viviendas de camineros de Navarra, ya que, recorriendo la Comunidad, así como visitando varios de los antiguos Parques de Conservación de Caminos —datan de la década de los años 70— y, además, por mi desempeño laboral, he comprobado el estado de aparente deterioro o abandono de algunas viviendas. Por lo que se me indicó que lo solicitase por escrito, por lo que seguidamente presenté la instancia en su registro.

El 25 de febrero recibo por correo certificado contestación en la que se me insta, en el plazo de diez días, al ingreso de una tasa de 48 euros, para poder acceder a mi solicitud. Contesto que debe de ser un error; además, señalo algún fallo en los escritos recibidos, y el 13 de marzo recibo nueva contestación del Servicio de Conservación: admiten que el importe de la tasa es un error, debe ser de 46,80 euros y de 156 euros si fuera necesaria toma de datos de campo.

A la vista de ello, el 20 de marzo, en la sede del Defensor del Pueblo, presento queja donde alego que me parecen una falta de transparencia y una barrera disuasoria los escritos recibidos, así como la exigencia y plazo de ingreso de las tasas, cuando únicamente pretendía conocer qué número de viviendas están adscritas al Departamento y su disposición o estado. En esa misma fecha, tras complicada localización del Consejo de Transparencia, presento similar queja en el Registro de Atención Ciudadana, calle Roncesvalles, al no conseguir localizar una sede independiente —será por la transparencia— del citado consejo.

El 12 de mayo, a las 9.10, se me hace entrega en la sede del Defensor del Pueblo de la contestación en sentido no favorable a mi pretensión —me había sido enviada el 25 de marzo por mail—, pero precisaba tener en “papel” toda la documentación. Fui atendido personalmente e incluso tuve ocasión de saludar brevemente al titular de la institución y exponerle verbalmente el auténtico motivo de mi consulta: la falta de vivienda y el deterioro/abandono de patrimonio foral, así como mi decepción por la contestación recibida.

No obstante, comprendo la citada contestación teniendo en cuenta el párrafo final del informe emitido por el Dpto. de C. Territorial: “Si bien el acceso a la información general es gratuito, la administración está obligada por ley a exigir la tasa correspondiente cuando se solicita la elaboración de informes técnicos específicos de carácter facultativo”.

Me dejó atónito este párrafo, ya que mi solicitud únicamente pretendía conocer el número inicial total de viviendas y cuántas adscritas al Dpto. estaban vacías, ocupadas o en estado inservible, pues, según noticias de prensa e incluso de otros departamentos, algunas fueron vendidas, cedidas a otros servicios del Gobierno o ayuntamientos. Por su parte, el Consejo de Transparencia me contestó por correo postal inadmitiendo la reclamación y abriendo la vía contencioso-administrativa.

Casualmente, en estas mismas fechas se publicaban unas manifestaciones del Defensor del Pueblo en el Parlamento Foral, entre las que destaco: “Que su institución es ejemplo de atención presencial personalizada con sus puertas abiertas y que por eso puede exigir a las administraciones que eliminen la obligación de la comunicación electrónica […] para evitar barreras añadidas a quienes más dificultades tienen para sus relaciones con la administración”. Como decía un famoso comentarista deportivo: “Ojo al dato”.

Previa cita en la OANA (Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción), el 14 de abril fui atendido personalmente, y a mi juicio creían justificada mi queja —apuntando a una mala práctica administrativa más que a un caso de corrupción—, por lo que me aconsejaron solicitar formalmente “acceso al expediente”, lo que, en caso de existir, era normal que me permitiesen verlo sin coste alguno. Entiendo la situación del personal de la OANA, donde, según se publica, están vacantes siete de sus once plazas de plantilla.

Y, como final, el 12 de mayo, a las 9.39 horas, tras recoger documentación en la sede del Defensor del Pueblo, presenté nueva instancia —la tercera— en el registro del Dpto. de Cohesión Territorial.

Resulta inadmisible que, en la era de la transparencia, un ciudadano deba peregrinar por registros, previa cita y hora, oficinas anticorrupción y defensor del pueblo, solamente para saber el número de viviendas de los antiguos Parques de camineros, en su día parece que eran cerca de 180, y concretar cuántas actualmente están adscritas al Dpto. de Cohesión Territorial, su ubicación, su uso o destino. Espero recibir contestación accediendo a ver el expte. en cuestión.

Si algunas de las viviendas estuviesen en grave deterioro, procedería su derribo y la oferta del solar resultante a los ayuntamientos, o, en su caso, tras la oportuna adecuación legal o física a la normativa actual, habilitarlas para vivienda, algo similar a lo que ha propuesto un Ayuntamiento, hace unos días, respecto a las bordas de su término municipal.

Comparto, entiendo y justifico el malestar expuesto en las cartas, manifestaciones y anuncios de denuncias publicadas en los medios navarros y algún nacional, desde partidos políticos navarros no componentes del Gobierno Foral, así como entidades civiles y particulares, por el uso de un mapa inserto en la parte posterior de la camiseta del equipo de Bilbao, donde se incluye el territorio de la Comunidad Foral.

Pienso que, desde el punto de vista de la legislación general, no tengan recorrido las posibles denuncias, y en esto coincido, y sin que sirva de precedente, con lo manifestado por el portavoz del Gobierno foral, cuando dice: “no utiliza mal los símbolos oficiales de Navarra…”, aunque me hubiera gustado saber si lo mismo hubiera declarado en el caso de que quien luciera un mapa con Navarra-Aragón o Rioja en la camiseta fuera el R. Zaragoza, la S.D. Huesca o alguno de los clubes logroñeses.

Lamento, de paso, el descenso del histórico y galardonado Real Zaragoza, así como de la SD Huesca y su salida de la LP.

Puedo afirmar, con toda claridad, que mis aficiones o simpatías comenzaron en el mundo del fútbol con el “Bilbao”, el Athletic, su himno, su histórico campo..., pues mis antepasados, por vía paterna, eso me inculcaron por sus relaciones, amistad y vecindad con algunos de los históricos del club, como Bertol, o más famosos como Zarra, Panizo o Venancio. Luego, en mi etapa colegial (Jesuitas de Tudela), fui afirmando esa fidelidad, llegando a compartirla con algunos, más tarde, jugadores y, asimismo, con presidentes y directivos del club bilbaíno.

Lo que no empece que, posteriormente, haya sido scouting, como se dice ahora, e informador del CA Osasuna, oficialmente, en los años 70-77, e incluso formar parte del trío gestor del Club durante unos meses en la temporada 1997-98.

Como socio de Osasuna desde hace más de 47 años, actual compromisario, no entiendo el silencio del Club —recientemente ha salido raudo a la palestra por otros temas— ante este ninguneo gráfico en la camiseta del Athletic, que considero un grave error deportivo del club vizcaíno, y solo me cabe sospechar que en ambos casos es la dependencia y servilismo político lo que condiciona, desgraciadamente, ambas posturas.

No obstante, parece que está en entredicho la gestión de las cuentas de la entidad, tras la noticia publicada en varios medios hace unas fechas: “Un desajuste de 3,6 millones de euros en las cuentas del Club Atlético Osasuna”, que fueron aprobadas el 24 de noviembre pasado, con el sí de 289 compromisarios (67%) frente al no de 79, y con 51 papeletas en blanco y 10 nulas.

Desconozco si el club ha emitido alguna comunicación, con la explicación o justificación de dicho “desajuste”, para conocimiento de los compromisarios, pues a los que dieron su visto bueno a las cuentas les evitará dudas, aunque no es mi caso. Por motivos de salud, abandoné la Asamblea una vez ejercido el derecho de votación, pero me gustaría disponer de la oportuna información.

Pasadas ya más de dos semanas de la noticia, y antes de que finalice la temporada, me tomo la libertad de sugerir a la Junta Directiva, por si fuera momento oportuno, ocuparse de informar, al menos a los compromisarios, de si lo sucedido es un error o ignorancia (ello no exime del cumplimiento de la norma) o si las cuentas presentadas a la Asamblea seguían alguna práctica contable habitual o quizás no actualizada.

La tranquilizadora manifestación del CEO del Club: “No habrá problema con LaLiga, el límite salarial o la deuda con los bancos”, no me aclara dudas: parece que se cuestiona a la anterior entidad auditora (¿cesó en su actividad?), no conozco el informe de la actual, o algunas versiones comentadas, ni tampoco comprendo las decisiones (por supuesto, competencia de la Junta) respecto a los cambios o ceses de personal ad hoc en materia financiera.

En cuanto a la seguridad, no entiendo el empecinamiento y gastos en estudios técnicos para ampliación del aforo y el costo de la inversión, en su caso, en una instalación propiedad del Gobierno, que es precisamente quien debe velar por el cumplimiento estricto de su normativa de seguridad (más en escenarios de gran afluencia de público). También sería precisa la preceptiva licencia del Ayuntamiento de Pamplona, donde actualmente se ubica el Estadio, y donde existen, en mi opinión, carencias, como la “huella” de algunas escaleras de acceso o de llegada a la localidad.

Siento la decepción de los aspirantes a un asiento, pero debe primar la seguridad de los actuales asistentes, y con paciencia esperar que por ley de vida se produzcan vacantes.

Enhorabuena de nuevo por el logro deportivo, que todavía se puede superar. ¡Aúpa Osasuna!

El Gobierno, en su discurso triunfalista, que puede basarse en indicadores quizás técnicamente ciertos, pero relativos, descontextualizados o incompletos, no coincide con lo que gran parte de la ciudadanía comenta, siente o padece.

No se corresponde el sacrificio, vía la gran presión fiscal, que la mayor parte de la ciudadanía navarra soporta, con la gravedad de que esa gran aportación se utiliza en políticas que precisamente nada favorecen al conjunto de esa gran clase media, sector primario, asalariados, pequeño comercio, autónomos —se pierde una media de 17 comercios al mes y los autónomos denuncian una subida de cuotas que asfixia a más de 12.000 profesionales—.

El gasto corriente se dispara, la burocracia aumenta, y los servicios e infraestructuras básicas ni se finalizan, ni se conserva lo que existe, ni se acelera, en su caso, su terminación; pero se presume de un presupuesto aprobado, el más alto en la historia de la Comunidad Foral, con una Navarra que ya no tiene la ventaja competitiva de antaño.

El caos en la Sanidad Pública, el colapso en Atención Primaria y las listas de espera son un termómetro del malestar de navarros/as, así como el retraso histórico de las obras del TAP o del Canal hacia la Ribera, o las comunicaciones con Madrid, la conservación vial, el alto índice de siniestralidad en las mismas y los problemas en educación generan una sensación de “comunidad de segunda” y pérdida de competitividad industrial frente a regiones vecinas.

Los mínimos avances en atajar la despoblación y atención al mundo rural, el cierre de servicios, así como la falta de viabilidad de las residencias de mayores, crean una Navarra “dual”: una cuenca de Pamplona que crece y un resto que se apaga, a lo que hay que añadir el grave problema de la vivienda.

El desánimo y desmotivación de la administración de segundo y tercer nivel —no política—, que se siente arrinconada y, al final, se vuelve lenta, sin decisión y hostil.

El Gobierno intenta transmitir que se siente fuerte porque “los números salen” en el Parlamento, pero la Comunidad se está volviendo “más barata”, depreciada en valor y servicios, y más cara en impuestos.

En cuanto a la estabilidad institucional o identidad de la Comunidad Foral, la aritmética parlamentaria impide que caiga el Gobierno, pero su voluntad de mantener abierta la puerta a una posible unión con el País Vasco se percibe como una auténtica contradicción.

Se proclama “Navarra como baluarte” mientras se acepta una disposición que pone en duda su estatus, único en la Constitución; es decir, además de “depreciada”, se desprecia su identidad.

La Constitución “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”. Navarra ya existía como entidad jurídica —el Reino de Navarra y su posterior Diputación— antes de la propia democracia. Por eso Navarra no tiene un “Estatuto de Autonomía” común, sino un Amejoramiento del Fuero.

La “Transitoria Cuarta” permite que Navarra se incorpore al País Vasco si así lo acuerda el Parlamento de Navarra y lo decide el pueblo navarro en referéndum. Paradoja: la única comunidad que como tal figura nombrada en la Carta Magna, pero con la posibilidad de fusionarse con una única y concreta comunidad —sin constituirse todavía en el texto constitucional de 1978— y perder su carácter de Comunidad Foral diferenciada.

El Gobierno actual y sus socios defienden que esta cláusula es el “máximo exponente de la libertad de decisión de los navarros/as”, con una única opción y con el agravante de que, si se opta por ello, es irreversible; pero, si no prosperase, puede de nuevo plantearse pasados cinco años. —Art. 143.3 C.E.—.

Resulta difícil entender lo que el Gobierno foral y los socios que lo sostienen afirman: “estabilidad”, “liderazgo” e “identidad” y, al mismo tiempo, aceptar una vía que podría disolver la propia identidad institucional de la Comunidad. Y añaden: “debemos respetar siempre el principio de bilateralidad con el Estado”. Y opino: a lo mejor, dada la depreciación de la C. Foral, facilitar también su venta, si eso conviene a los socios.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ
Funcionario foral jubilado

Pero no, mi escrito trata sobre la Disposición Transitoria Cuarta (en adelante, “La Transitoria”) de la Carta Magna española de 1978. Esta norma nació envuelta en la controversia. Aunque fue aprobada por una gran mayoría en Navarra (75,7% de votos a favor frente a un 16,9% en contra, y una participación del 66,65 %), fue también una de las causas, si no la principal, que dio origen a la creación de UPN el 3 de enero de 1979.

Es reseñable la fundamentada defensa que siempre ha hecho de la Transitoria J. I. del Burgo, presidente de la Diputación Foral en aquella época.

Ya en 1983, el libro Estudio sobre la extinción de la Transitoria Cuarta, del abogado y diputado de UPN Fernando Medrano, recogía opiniones de varios letrados y expertos, cuyo resumen ofrecía en la contraportada de la publicación el catedrático pitillés, J. Antonio Sagardoy: “la razón jurídica indica que ‘La Transitoria’, como norma intertemporal, perdió su vigencia con la aprobación de la LORAFNA (Ley 13/82)”.

Dando un salto en el tiempo, siguiendo con este “tránsito” de la dichosa Transitoria (según V. M. Arbeloa viene de “dicha”), he querido rescatar como muestra de estas divergencias algunas significativas firmas y opiniones políticas, publicadas en varios medios, que han marcado el debate en la última década.

Rafael Berro Uriz (06/12/17) o UPN-PP (19/09/18) y Ana Beltrán (PPN, 25/09/18), posicionándose claramente a favor de eliminar la Transitoria, que ya no tiene lugar en el marco actual.

Geroa Bai (27/09/18), a través de sus portavoces, sosteniendo que derogarla supondría quitar capacidad de decisión a la ciudadanía navarra.

O la de dos fallecidos históricos regionalistas: José Javier Viñés (12/12/18), “un contrafuero que atenta al estatus jurídico e histórico de Navarra”, y Javier Gómara (03/01/2019), “la Transitoria no tiene sentido. Ha caducado”.

Y un artículo, hace unos días, de la presidenta de UPN, “cerrar la puerta para que Navarra nunca deje de ser Navarra”, no puede ser una imagen más clara del objetivo a conseguir, aunque en el partido regionalista siempre han estado presentes diferencias al respecto, y cuando se tuvo la ocasión PP-UPN no llevaron a cabo la derogación.

Por otra parte, no me pareció por parte de UPN optar por el momento más propicio para sacar la cuestión a colación y conseguir el objetivo, dada la actual composición del Congreso. Sin embargo, sí ha servido para remover conciencias frente a la estratégica abstención de la franquicia del PS en Navarra, que califica la propuesta de UPN al Congreso de “chapuza jurídica” y acusa de desorientación a UPN, resultando su postura un tanto sospechosa de cara al futuro de NAVARRA.

Y como colofón de estas opiniones quiero destacar el significativo párrafo de un reciente artículo de J. I. del Burgo, publicado en este medio, titulado Transitoria cuarta: un debate estéril, que dice: “Navarra será lo que los navarros quieran que sea y nuestro problema no es la TRANSITORIA sino que seamos capaces de convencer a las nuevas generaciones de que Navarra no puede quedar reducida a una provincia más de Euskadi, sujeta a la voluntad del Parlamento y del Gobierno vascos”.

Como final me tomo la libertad, una osadía, de trasladar mis dudas sobre el incierto tránsito de esta TRANSITORIA, sea para su derogación o, en su caso, implementación:

1. Dudo de la posibilidad de una derogación, según el art. 167 de la C. E., dada la composición del Congreso actual y la dificultad de obtener la mayoría cualificada requerida.

2. La curiosa paradoja de quienes apelan a la “libertad” de los navarros a elegir y nos ponen una señal de dirección obligatoria: Euskadi sí o no. “Libertad condicional”.

3. La complejidad técnica de un referéndum: ¿cómo se fijarían el quórum y la participación? Especialmente preocupante es la influencia del incremento del censo electoral según las medidas que está adoptando el Gobierno central.

4. Considero, en su caso, la integración como un tránsito o paso irreversible; una vez que se produjera, no se podría volver a la anterior situación.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ -Funcionario jubilado-

Esta corrupción catabática ha desprestigiado y convertido a gran parte de la clase política en un cúmulo de intereses particulares, frenando cualquier esperanza de regeneración democrática y predisponiendo a la ciudadanía a un escepticismo crónico. Esto demuestra que, cuando el sistema permite que la ética se diluya, la corrupción termina por institucionalizarse.

Esta niebla, esta catábasis, no es nueva, pero los adelantos tecnológicos y la inmediatez de las noticias y rumores —con riesgo de error o manipulación— han colocado la presunta corrupción en boca de todos. Los navarros no somos ajenos a ello: en épocas pasadas se produjo parcialmente este fenómeno, que hoy parece olvidado, y que entonces tuvo un rápido final para dos expresidentes de Navarra del Partido Socialista.

En aquella época era famosa en el ámbito laboral la denominada UFA (Unión de Funcionarios Arrinconados), ya que, quizás por falta de sintonía o para no estorbar las “buenas prácticas”, fueron apartados del cargo algunos directores y responsables.

El principio de presunción de inocencia, un derecho jurídico, no debería ser una excusa para la falta de responsabilidad política y menos aún esgrimirse cuando conviene. La afirmación de que una sentencia no condenatoria implica que el hecho es legal es equívoca; en todo caso, no existirá un delito tipificado, no será ilegal, pero eso no garantiza un proceder pulcro dentro de los mínimos principios éticos.

Para combatir esta corrupción enraizada no son suficientes las medidas teóricas, ni las comisiones de integridad o similares, ni los vacuos espectáculos de las comparecencias sin ningún tipo de decisión. Tampoco los programas televisivos que emiten a todas horas conductas de cargos presuntamente corruptos ayudan precisamente a combatirla; más bien alimentan el morbo de la audiencia, haciendo que se olvide lo ocurrido ante la espera de una tardía y lejana sentencia.

Siempre he defendido que la función pública, constituida por funcionarios de carrera en sus diferentes misiones de elaboración de expedientes, control de la legalidad e intervención, es una garantía frente a los posibles dislates e irregularidades que pueda proponer el poder político.

Es precisa la limitación de cargos a dedo, establecer un máximo de dos mandatos consecutivos para los políticos y evitar el nepotismo y los cargos “afectivos” sin cualificación para el puesto.

El mal hay que combatirlo de raíz, y, como se entiende en esta tierra de raigambre agrícola, el rábano hay que extraerlo desde el bulbo, y no perderse en las hojas. Solo profundizando en la independencia judicial y el control, recuperaremos la visibilidad que la catábasis nos ha robado.

El momento no es precisamente el más favorable para una dedicación exclusiva al trabajo legislativo, dada la alta ocupación actual de sus señorías en comisiones de investigación tras la ola de corrupción de origen navarro, y el clima preelectoral, más proclive a polarizar y marcar diferencias, no exentas de descalificaciones, que a llegar a consensuar leyes.

No creo que en menos de un año se apruebe una Ley tan urgente y vital para todos los ciudadanos, la de SALUD, que organice y coordine el actual Departamento, y evite o reduzca sensiblemente esas “desesperantes” listas de espera para intervenciones o consultas de especialidades y pruebas, así como las deprimentes colas de madrugada (más vale que llegue buen tiempo), al aire libre, con los sufridos pacientes mirando ansiosamente si sube la persiana o se abre la puerta a las 8.00 horas del Centro de Salud correspondiente. Leo que el consejero acaba de anunciar la presentación del texto de nueva Ley Foral de Salud para debate. Casi siempre buenas formas y palabras, pero nada más.

Es soñar despierto pensar que el desarrollo e implementación del Mapa Local, o medidas eficaces contra la Despoblación, se puedan ejecutar en unos meses. En septiembre de 2023 publicaban los medios: “El consejero convocará a los grupos para retomar la reforma del mapa local”, y en mayo de 2024 la Cámara de Comptos decía que: “Ve falta de medios en el Gobierno para atajar la despoblación”. Hace unos días se anunciaba una convocatoria de 3 millones de euros, destinada a 143 municipios y 166 concejos, en riesgo de despoblación; algo es, pero no suficiente.

Complicada veo una rápida y fructífera negociación sindical para aprobar el Estatuto de la Función Pública foral, a pesar del interés y conocimiento del tema por parte de la consejera. La carrera profesional parece encauzada, y me satisface que se contemple a los funcionarios de entes locales, especialmente los puestos que por ley deben ser de funcionarios de carrera, secretaría e intervención, y con derecho a movilidad.

Paradójico es lo de la necesaria y oportuna en su día Ley Foral de profesiones del deporte (18/2019), donde la regularización de las mismas no entraba en vigor hasta el 1 de septiembre de 2015, pero, a la vista de su incumplimiento, ha sufrido una moratoria, y la queja de los profesionales de la actividad.

Sigo escéptico sobre el desarrollo del resto de leyes del Plan normativo, aunque veo más factible aprobar las que supongan satisfacer el clientelismo de socios y afectos del Gobierno foral, como así parece ser la ley de Presupuestos, que sí tenemos, a diferencia del gobierno central en toda su legislatura.

Modus operandi, con abuso de subvenciones y disposiciones ad hoc, que, según se publica, ha sido uno de los motivos del informe de un “díscolo” auditor (con cariño y respeto), pero coherente, no acorde con la opinión del resto de colegas y del presidente de la Cámara de Comptos, que ha puesto en solfa el prestigio de una de las instituciones más antiguas en materia de control de cuentas públicas de España, y heredera del Tribunal de Cuentas del “Reyno de Navarra”.

El electo/a: concejal, parlamentario, diputado, senador, es libre en su emisión del voto, en sus respectivos cargos representativos, aunque normalmente sometidos a la disciplina de los órganos de sus partidos, que, previo oportuno expediente que puede terminar con una multa o reconvención, actúan por no seguir lo que ha ordenado el cabeza de lista, o con el abandono del partido o el pase del disidente al grupo mixto.

Una excepción a esa libertad de voto para los políticos es la obligación de no hacerlo en los casos de incompatibilidad o conflicto de intereses, en temas o asuntos concretos, ya que, de lo contrario, puede incurrirse en la procedente responsabilidad por conductas tipificadas como prevaricación, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos.

La semana pasada, en el Parlamento Foral, una abstención de 26 votos (mayoría absoluta) de los dos partidos mayoritarios posibilitaba “aprobar” una moción, con 16 votos a favor y 8 en contra.

Uno de los pilares democráticos, la voluntad de la mayoría, parece que se “quiebra”. Surrealista “aprobación”, contando con la imposibilidad de implementarla, como así dejaron entrever en su intervención los portavoces de los dos grupos mayoritarios del legislativo foral.

Presumo, perdón por la osadía, que las auténticas causas de esa llamativa “abstención de la mayoría”, en un caso, pudieran ser no entrar en colisión con el Gobierno central y su delegación; y la del partido mayoritario, aparte de sus convincentes argumentos sobre la imposibilidad de llevar a cabo lo “aprobado”, su acrobática postura para compaginar sus principios fundadores y diferenciarse de alguno de los partidos que votaron en contra o de uno de los “mocionantes nacionalistas”.

Diferente es la abstención, de plena actualidad, para acordar o conformar los gobiernos de varias CCAA, que, en su momento, vistos los resultados, podremos analizar y comentar.

La mayoría de electores no son precisamente habituales analistas de las decisiones e incluso de “no tan presuntas” conductas corruptas de alguno de sus miembros, pues reaccionan como los fans de los clubes de fútbol, se guían por el resultado, y ni tan siquiera han visto el partido.

La puesta de perfil y ambiguas decisiones de los líderes políticos crean confusión y desánimo entre sus seguidores, que no alcanzan a comprender sus posturas, fomentando la polarización y la abstención, grave amenaza para una verdadera democracia.

El reciente mensaje de una autoridad moral y religiosa, al menos para los cristianos, el Papa León XIV, con motivo del comienzo de la Cuaresma, exhorta a desarmar el lenguaje, renunciando a juicios rápidos, hirientes, calumnias, etc., y reducir la agresividad verbal ambiental.

No obstante, el ambiente que rodea a la clase política, con la corrupción instaurada en sectores del Gobierno nacional, con el origen y cuota de “marca” Navarra, el asedio a las Instituciones y la erosión del Estado de Derecho, han provocado una grave polarización de la ciudadanía.

Una gran parte de la masa seguidora del, o de la líder de turno, no razona ni analiza las noticias o titulares de medios que actúan, a menudo, como sesgado altavoz amplificador de lo que acontece, en vez de contextualizarlo y objetivarlo.

Los fans de inmediato toman partido, más en contra de los otros que a su favor. Se enfundan la camiseta y, como ocurre con los dos equipos de fútbol más representativos nacionales, se declaran “anti”, y lo más deseable es que el otro pierda.

Esta polarización es barrera infranqueable para los pactos hasta entre partidos afines, pues, al pretender diferenciarse, no utilizan precisamente un lenguaje “desarmado”, sino que inciden y escarban agrandando ese sutil matiz para reafirmar una identidad propia. Y no digamos en el caso de los “anti”, donde allí no hay freno ni en un lado ni en otro, con lo cual es imposible un diálogo, que debiera ser la prioridad del político para resolver problemas y dedicar sus esfuerzos en pro del bienestar de sus ciudadanos.

Se abusa de recurrir a la memoria histórica o democrática, de hechos de hace casi un siglo, tanto por el Gobierno central como por el foral, al objeto de desviar la opinión pública, rememorando sucesos no precisamente ejemplares. Pero se tiene una amnesia selectiva del doloroso legado de más de cuatro recientes décadas de barbarie terrorista, y del quebranto y exilio forzoso de familias coetáneas en nuestra Comunidad Foral.

Escribía una destacada escritora, Elvira Lindo: “la memoria sentimental ha mitificado nuestra guerra civil hasta convertirla en argumento de moda con el que se nutren novelas y películas, pero dudo mucho que nos haya hecho admirar el trabajo callado y lento de los estudiosos”.

Y continuaba su artículo titulado Chaves Nogales, que estaba allí (autor que recomiendo leer): “Yo busco a voces mesuradas en medio de tanto griterío que, en vez de animar y excusar las actitudes violentas, apelen al análisis racional, y alerten contra las opiniones que no mejoran sino empeoran un ambiente confuso y crispado”.

Los políticos, a pesar del dicho de “mal necesario”, son necesarios e imprescindibles para lograr pactos que puedan conseguir una cierta estabilidad, sin fraudulentas cesiones que atenten contra el Estado de Derecho, sus Instituciones, o pretendan el desgajamiento de parte del territorio nacional o de la Comunidad Foral.

No se puede ambicionar o perseguir estar siempre en la primera línea política. Resulta vital la renovación de caras, en unos y en otros, pero quizás más en la oposición, donde hay mayor desgaste, aunque para alguno sea una zona de confort y de cierta durabilidad. El cambio de interlocutores en las diversas formaciones puede ayudar al pacto o, al menos, al diálogo positivo.

Es apremiante, en esta coyuntura, la necesidad de auténticos políticos, capaces de anteponer el bien común a su interés o brillo personal, “desarmando” el lenguaje y fomentando el pacto con aquellas formaciones con las que les une mucho más de lo que les separa, escuchando a los electores y teniendo la grandeza de saber retirarse a tiempo o a un segundo plano, donde también se puede ayudar y colaborar.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ