Los debates parlamentarios, las histriónicas comparecencias, las manifestaciones, los retos orales, las bravatas y las descalificaciones por parte de algunos ministros, además de los chistes y memes que inundan las redes, ofrecen un panorama político nacional desolador, que lógicamente influye en el desarrollo de la nación (quizás sea ese el objetivo de algunas formaciones que sustentan al Gobierno).

Pero el meollo de ese «alipori o cringe», para el firmante y la mayoría de las personas de su entorno, es un notable sentimiento de «vergüenza ajena» cuando escuchan o leen el «desbarre» de muchos de esos cargos políticos de primer o segundo nivel; por ejemplo, ante lo que intenta el Gobierno con la regularización de migrantes o la concesión de la ciudadanía española.

Da lástima y pena que profesionales del ámbito judicial o de las fuerzas de seguridad —siento citar a la cúpula de la Guardia Civil—, probos funcionarios en su trayectoria anterior, algunos condecorados, hayan podido llegar a dejarse o ser abducidos por el ególatra mutante y sus adláteres.

El autocrático personaje que preside la nación —dictadura y autocracia son parecidas, pero el origen y el final suelen ser diferentes— logra, de forma inexplicable, socavar los principios éticos y las conciencias de ministros, diputados y altos cargos para que no digan la verdad (mientan) o manipulen en sus manifestaciones y comparecencias, o jaleen a sus adláteres e incluso respondan con altanería. Y, aun terminando imputados, lo último que piensan es en dimitir. Repito: lástima y pena.

¿Y qué decir de la trama de pícaros y pícaras (no quiero llamarlos fontaneros) que podrían ser protagonistas de muchas de las novelas de ese género de conocidos autores de la Edad de Oro española? A pesar de sus medios, contactos, claves, móviles, pisos, chalets de descanso y solaz, etc., y de toda la tecnología a su servicio, gracias al desvelo y la responsabilidad —quizás con menos medios— de la UCO de la Guardia Civil, en defensa del Estado y de toda la ciudadanía honrada, han sido puestos a disposición judicial.

En XL Semanal, de fecha 21 de junio pasado, en una entrevista al líder húngaro Péter Magyar, que en su día dimitió del partido del autócrata Orbán y lo desalojó del poder, decía: «El final del poder llega cuando la gente empieza a reírse de él». No sé si en España ocurrirá lo mismo, pero es evidente que hemos superado esa fase de la risa y es la «vergüenza ajena o alipori» lo que sentimos una gran mayoría de españoles respecto a sus gobernantes, mientras se agota su legitimidad, si es que alguna vez la tuvieron.

La implantación del VAR en la Liga, en la temporada 2018-19, y su utilización motivaron por mi parte varios artículos al respecto, entre ellos uno que titulaba “EL VAR… HACIA OTRO FÚTBOL”, pues, aun estando a favor de la tecnología, opinaba que nos llevaba indefectiblemente hacia otro fútbol, que, por su coste, únicamente se iba a implementar a un máximo del 10% de la práctica de este mayoritario deporte mundial, y también reseñaba la deficiente coordinación en su aplicación y los parones producidos en el juego.

Comencé mi trayectoria de directivo en el ámbito del fútbol en la década 80-90, en el Comité Nacional de Entrenadores, y más tarde en la Directiva de la RFEF: Comisión Legal, C. Técnica de Árbitros, presidente del CEDIF —Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación— y responsable de cursos de formación de técnicos.

Incurso siempre en esta temática, a comienzos de 1990 publiqué varios artículos en las revistas El Entrenador y de la RFEF (Club Selección), exponiendo propuestas reglamentarias, alguna de las cuales fueron en su día aprobadas por IFAB-FIFA, como la cesión al portero, el control del tiempo y la derogación del triple castigo en la falta con “la ocasión manifiesta de gol”.

Pero una propuesta que nunca prosperó fue la opción de disponer cada entrenador de un posible tiempo muerto a lo largo del desarrollo del partido y, viendo esa práctica ya casi institucionalizada en el Mundial de la pausa de hidratación, que en realidad es un parón del juego —dicen que rompe el ritmo al equipo dominante—, pudiera ser una novedad más en este OTRO FÚTBOL.

La incomodidad del banquillo, la salida del mismo y los gritos y gesticulaciones, que no las entienden ni a veces los mismos jugadores —o no quieren escucharlos ni verlas—, y a pesar del área técnica autorizada en 1993, con la fiel vigilancia del cuarto árbitro, no es precisamente lo ideal para los técnicos.

Mi duda de siempre es si estar en el banquillo —área técnica— es un derecho o una obligación, pues está claro que donde se ve y controla el partido es desde arriba —posición privilegiada—, aunque a pie de campo se sienta más y mejor al jugador.

Por otra parte, se aguantan —con expectación— los parones del VAR, el tiempo de las salidas y entradas de jugadores, los protocolos de lesiones, etc. Por ello, la concesión de esos 3-5 minutos de tiempo muerto a cada entrenador, si así lo solicita, no variaría mucho la duración, y puede servir también para hidratar o “calentar” al equipo.

Obviamente, me manifiesto como entrenador, pero no es nada nuevo: existen esos tiempos muertos en otros deportes de conjunto y donde se puede valorar —también con los cambios— la competencia, ocurrencia, corazonada, improvisación o la incompetencia, inutilidad u obcecación del entrenador.

Seguramente, el entrenador, en ese opcional TIEMPO MUERTO, pueda actuar con más libertad e intuición que en la opacidad del vestuario, donde, aunque esté arropado de los suyos, pueden merodear “agentes externos” a la “teórica” pero deseable comunión de plantilla y técnico, ansiosos de escuchar, o cuando no intervenir en la charla o la última arenga del capitán antes de salir —no sé por qué se dice saltar— de nuevo al terreno de juego.

Recuerdo una frase que siempre me repetía un presidente federativo, exjugador internacional, con el que compartí muchos años de actividad federativa: “MÁS VALE QUE EL OTRO EQUIPO TAMBIÉN TIENE ENTRENADOR”.

JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ – Ent. Nacional —Prom. INEF 1977—. Lcdo. en Derecho

La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos distan mucho de ese mandato constitucional. Los órganos colegiados de las formaciones políticas —el reciente Comité Federal del PSOE es uno de sus actuales exponentes— se han transformado de forma progresiva en meros escenarios de ratificación, donde el debate crítico ha sido sustituido por el aplauso unánime y disciplinado a la dirección del partido.

Con lo que está cayendo sobre determinados personajes del entramado del Gobierno, es increíble que esa denominada “trama criminal”, según instancias judiciales, no sea motivo de crítica o de rechazo, tras la casi unánime opinión contraria del Comité Federal del Partido Socialista. Me cuesta llamarle así, pues más se asimila al partido norcoreano de Kim Jong-un.

Excepciones como las del presidente de C-La Mancha, o de la alcaldesa de Palencia, no me parecen eficaces. Ya basta de amagos —en argot pugilístico lo más eficaz es el k.o.—, y el rey, aún desnudo, seguirá siéndolo mientras los súbditos lo apoyen, como sus socios separatistas, extremistas de izquierda y nacionalistas, siempre con el poder, a costa de privilegios y desgajamiento de la unidad nacional.

Este fenómeno de sumisión y homogeneidad no responde a una repentina coincidencia ideológica colectiva, sino a un factor estructural estrictamente material: la supervivencia laboral, pues la mayoría de los integrantes de estos órganos internos dependen por completo del propio sistema político, sin una trayectoria profesional sólida y sin opción de regreso a una colocación laboral externa.

Esta alarmante devaluación democrática es extensible a todos los partidos del arco parlamentario, sin excepción, y en las formaciones minoritarias la dependencia del cargo público y la urgencia por mantenerlo se hacen notar de una manera todavía más evidente y descarnada.

Lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos en el PSOE ya no responde a principios obreros, socialdemócratas ni de vertebración nacional; para muchos críticos y ciudadanos, la situación resulta sencillamente vergonzosa.

El ejemplo de Navarra es paradigmático: se ha asistido a una política de pactos y cesiones con partidos ideológicamente contrapuestos y de corte nacionalista, priorizando acuerdos con tal de conservar el poder institucional a cualquier precio. Las siglas y las convicciones históricas se han supeditado a una estrategia puramente pragmática y de control, orientada a mantener el acceso a los recursos públicos y a asegurar la permanencia en el pesebre de la política activa.

¿Cómo es posible que toda esta gente no tenga un mínimo de conciencia o vergüenza? Pero claro, ante todo, el sueldo y las prebendas. Ejemplo: el ansia de foto de declarados/as agnósticas o ateos/as con el papa León XIV, donde habría que analizar gestos, poses y caras de algunas/os.

Insisto en mi propuesta de siempre, pues es inútil apelar a la conciencia y ética política: “limitación de mandatos, máximo dos legislaturas —duren lo que duren—, y evitar el abuso de cargos a dedo, potenciando la Administración Pública”, pero eso parece no interesar “ni a hunos ni a hotros”.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ – Funcionario foral jubilado

Ignoro el nivel de responsabilidad penal del personaje. Sin escrúpulo alguno, con tal de mantener el cargo, se rodea de aduladores. Algunos ministros y altos cargos se destacan descaradamente. Actúan al alimón con la mayoría de sus hipócritas socios de gobierno y del Congreso, que no tienen reparo en apoyar, por espurio interés propio, la pretensión cada vez más acusada de desgajar la nación.

A base de todo tipo de artimañas legales, el Gobierno obvia y sortea normas y preceptos constitucionales, evitando que el Congreso pueda debatir el fondo de una moción que solicitaba la convocatoria de elecciones generales.

No insistiré en la aparente y presunta sistémica corrupción. Los delitos tipificados en el C. Penal siempre van por detrás de la realidad. Responden a conductas que se van sucediendo, cada vez con mecanismos más sofisticados, en todo tiempo y legislatura, algo que las personas honestas todavía no logran asimilar. El hallazgo de una colección de joyas en la caja fuerte de un despacho es un claro ejemplo de la inusual forma de actuar. El presunto adalid de tal modalidad es precisamente la “joya” del progresismo y los avances sociales en España.

Lo que se me hace difícil de entender es cómo estos altos cargos y “cualificados fontaneros/as” imputados —pillados gracias a los eficaces servicios de los cuerpos de investigación y seguridad— pueden dedicar tiempo a la gestión diaria de su departamento o dirección. Es indignante el coste que deben suponer los asesores y abogados que les preparan sus contestaciones y discursos en las comparecencias en las cámaras legislativas, ante los medios o en sedes judiciales. Todo sirve para vender una falsa honestidad, su inocencia y sus supuestos logros.

Como “modelo” de esta frivolidad e irresponsabilidad destaca la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil. Sus medias verdades habrán avergonzado a muchos miembros del benemérito Instituto. Para mentir bastaba con su jefe, con su premisa de “no me consta… pues no afirmes nada”. No obstante, nos deja algo positivo que espero nos concrete el inefable Tezanos: el tiempo medio para tomar un café o un té en buena compañía en un establecimiento público.

Siguiendo con el desgobierno, no es ajena al mismo la franquicia foral, cuna y hogar de estas tramas. Allí se está fabricando un vacío insalvable bajo la denominada “prioridad nacional”. No sé qué significa exactamente, pero de hecho no ha sido óbice para que formaciones de centro derecha y más derecha detenten gobiernos con amplias mayorías en varias comunidades españolas, unidas por mucho más de lo que las separa.

También me sorprende la carrera abierta por reconocidos juristas y expolíticos navarros para presentar curiosas propuestas de “mejora de lo amejorado”. Algunas son “okurrentzias” que me recuerdan a las propuestas que en tiempos hacían “los divinos” para los encierros de los sanfermines.

Los ciudadanos/as de Navarra que así lo sientan tienen la palabra (y el voto) para propiciar que las tres formaciones que comparten la idea de una Comunidad Foral indivisible e integrada en la Nación española actúen con generosidad.

Es hora de que los/as líderes de estos partidos se apeen de sus pedestales, aparquen el pasado y, con sentido común, alcancen el gobierno de Navarra, tal y como ya ocurre en otras comunidades españolas.

Por si algún posible lector no lo conociera, añado el texto íntegro del art. 1º del Amejoramiento, y que doy por seguro comparten las tres formaciones a las que me refiero: “Navarra constituye una comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos”.

JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ – Funcionario foral jubilado

El 16 de febrero, previo encuentro con el responsable del Servicio de Conservación del Departamento de Cohesión Territorial y alguno de sus colaboradores, me interesé por la “situación jurídica o disposición” de las antiguas viviendas de camineros de Navarra, ya que, recorriendo la Comunidad, así como visitando varios de los antiguos Parques de Conservación de Caminos —datan de la década de los años 70— y, además, por mi desempeño laboral, he comprobado el estado de aparente deterioro o abandono de algunas viviendas. Por lo que se me indicó que lo solicitase por escrito, por lo que seguidamente presenté la instancia en su registro.

El 25 de febrero recibo por correo certificado contestación en la que se me insta, en el plazo de diez días, al ingreso de una tasa de 48 euros, para poder acceder a mi solicitud. Contesto que debe de ser un error; además, señalo algún fallo en los escritos recibidos, y el 13 de marzo recibo nueva contestación del Servicio de Conservación: admiten que el importe de la tasa es un error, debe ser de 46,80 euros y de 156 euros si fuera necesaria toma de datos de campo.

A la vista de ello, el 20 de marzo, en la sede del Defensor del Pueblo, presento queja donde alego que me parecen una falta de transparencia y una barrera disuasoria los escritos recibidos, así como la exigencia y plazo de ingreso de las tasas, cuando únicamente pretendía conocer qué número de viviendas están adscritas al Departamento y su disposición o estado. En esa misma fecha, tras complicada localización del Consejo de Transparencia, presento similar queja en el Registro de Atención Ciudadana, calle Roncesvalles, al no conseguir localizar una sede independiente —será por la transparencia— del citado consejo.

El 12 de mayo, a las 9.10, se me hace entrega en la sede del Defensor del Pueblo de la contestación en sentido no favorable a mi pretensión —me había sido enviada el 25 de marzo por mail—, pero precisaba tener en “papel” toda la documentación. Fui atendido personalmente e incluso tuve ocasión de saludar brevemente al titular de la institución y exponerle verbalmente el auténtico motivo de mi consulta: la falta de vivienda y el deterioro/abandono de patrimonio foral, así como mi decepción por la contestación recibida.

No obstante, comprendo la citada contestación teniendo en cuenta el párrafo final del informe emitido por el Dpto. de C. Territorial: “Si bien el acceso a la información general es gratuito, la administración está obligada por ley a exigir la tasa correspondiente cuando se solicita la elaboración de informes técnicos específicos de carácter facultativo”.

Me dejó atónito este párrafo, ya que mi solicitud únicamente pretendía conocer el número inicial total de viviendas y cuántas adscritas al Dpto. estaban vacías, ocupadas o en estado inservible, pues, según noticias de prensa e incluso de otros departamentos, algunas fueron vendidas, cedidas a otros servicios del Gobierno o ayuntamientos. Por su parte, el Consejo de Transparencia me contestó por correo postal inadmitiendo la reclamación y abriendo la vía contencioso-administrativa.

Casualmente, en estas mismas fechas se publicaban unas manifestaciones del Defensor del Pueblo en el Parlamento Foral, entre las que destaco: “Que su institución es ejemplo de atención presencial personalizada con sus puertas abiertas y que por eso puede exigir a las administraciones que eliminen la obligación de la comunicación electrónica […] para evitar barreras añadidas a quienes más dificultades tienen para sus relaciones con la administración”. Como decía un famoso comentarista deportivo: “Ojo al dato”.

Previa cita en la OANA (Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción), el 14 de abril fui atendido personalmente, y a mi juicio creían justificada mi queja —apuntando a una mala práctica administrativa más que a un caso de corrupción—, por lo que me aconsejaron solicitar formalmente “acceso al expediente”, lo que, en caso de existir, era normal que me permitiesen verlo sin coste alguno. Entiendo la situación del personal de la OANA, donde, según se publica, están vacantes siete de sus once plazas de plantilla.

Y, como final, el 12 de mayo, a las 9.39 horas, tras recoger documentación en la sede del Defensor del Pueblo, presenté nueva instancia —la tercera— en el registro del Dpto. de Cohesión Territorial.

Resulta inadmisible que, en la era de la transparencia, un ciudadano deba peregrinar por registros, previa cita y hora, oficinas anticorrupción y defensor del pueblo, solamente para saber el número de viviendas de los antiguos Parques de camineros, en su día parece que eran cerca de 180, y concretar cuántas actualmente están adscritas al Dpto. de Cohesión Territorial, su ubicación, su uso o destino. Espero recibir contestación accediendo a ver el expte. en cuestión.

Si algunas de las viviendas estuviesen en grave deterioro, procedería su derribo y la oferta del solar resultante a los ayuntamientos, o, en su caso, tras la oportuna adecuación legal o física a la normativa actual, habilitarlas para vivienda, algo similar a lo que ha propuesto un Ayuntamiento, hace unos días, respecto a las bordas de su término municipal.

Comparto, entiendo y justifico el malestar expuesto en las cartas, manifestaciones y anuncios de denuncias publicadas en los medios navarros y algún nacional, desde partidos políticos navarros no componentes del Gobierno Foral, así como entidades civiles y particulares, por el uso de un mapa inserto en la parte posterior de la camiseta del equipo de Bilbao, donde se incluye el territorio de la Comunidad Foral.

Pienso que, desde el punto de vista de la legislación general, no tengan recorrido las posibles denuncias, y en esto coincido, y sin que sirva de precedente, con lo manifestado por el portavoz del Gobierno foral, cuando dice: “no utiliza mal los símbolos oficiales de Navarra…”, aunque me hubiera gustado saber si lo mismo hubiera declarado en el caso de que quien luciera un mapa con Navarra-Aragón o Rioja en la camiseta fuera el R. Zaragoza, la S.D. Huesca o alguno de los clubes logroñeses.

Lamento, de paso, el descenso del histórico y galardonado Real Zaragoza, así como de la SD Huesca y su salida de la LP.

Puedo afirmar, con toda claridad, que mis aficiones o simpatías comenzaron en el mundo del fútbol con el “Bilbao”, el Athletic, su himno, su histórico campo..., pues mis antepasados, por vía paterna, eso me inculcaron por sus relaciones, amistad y vecindad con algunos de los históricos del club, como Bertol, o más famosos como Zarra, Panizo o Venancio. Luego, en mi etapa colegial (Jesuitas de Tudela), fui afirmando esa fidelidad, llegando a compartirla con algunos, más tarde, jugadores y, asimismo, con presidentes y directivos del club bilbaíno.

Lo que no empece que, posteriormente, haya sido scouting, como se dice ahora, e informador del CA Osasuna, oficialmente, en los años 70-77, e incluso formar parte del trío gestor del Club durante unos meses en la temporada 1997-98.

Como socio de Osasuna desde hace más de 47 años, actual compromisario, no entiendo el silencio del Club —recientemente ha salido raudo a la palestra por otros temas— ante este ninguneo gráfico en la camiseta del Athletic, que considero un grave error deportivo del club vizcaíno, y solo me cabe sospechar que en ambos casos es la dependencia y servilismo político lo que condiciona, desgraciadamente, ambas posturas.

No obstante, parece que está en entredicho la gestión de las cuentas de la entidad, tras la noticia publicada en varios medios hace unas fechas: “Un desajuste de 3,6 millones de euros en las cuentas del Club Atlético Osasuna”, que fueron aprobadas el 24 de noviembre pasado, con el sí de 289 compromisarios (67%) frente al no de 79, y con 51 papeletas en blanco y 10 nulas.

Desconozco si el club ha emitido alguna comunicación, con la explicación o justificación de dicho “desajuste”, para conocimiento de los compromisarios, pues a los que dieron su visto bueno a las cuentas les evitará dudas, aunque no es mi caso. Por motivos de salud, abandoné la Asamblea una vez ejercido el derecho de votación, pero me gustaría disponer de la oportuna información.

Pasadas ya más de dos semanas de la noticia, y antes de que finalice la temporada, me tomo la libertad de sugerir a la Junta Directiva, por si fuera momento oportuno, ocuparse de informar, al menos a los compromisarios, de si lo sucedido es un error o ignorancia (ello no exime del cumplimiento de la norma) o si las cuentas presentadas a la Asamblea seguían alguna práctica contable habitual o quizás no actualizada.

La tranquilizadora manifestación del CEO del Club: “No habrá problema con LaLiga, el límite salarial o la deuda con los bancos”, no me aclara dudas: parece que se cuestiona a la anterior entidad auditora (¿cesó en su actividad?), no conozco el informe de la actual, o algunas versiones comentadas, ni tampoco comprendo las decisiones (por supuesto, competencia de la Junta) respecto a los cambios o ceses de personal ad hoc en materia financiera.

En cuanto a la seguridad, no entiendo el empecinamiento y gastos en estudios técnicos para ampliación del aforo y el costo de la inversión, en su caso, en una instalación propiedad del Gobierno, que es precisamente quien debe velar por el cumplimiento estricto de su normativa de seguridad (más en escenarios de gran afluencia de público). También sería precisa la preceptiva licencia del Ayuntamiento de Pamplona, donde actualmente se ubica el Estadio, y donde existen, en mi opinión, carencias, como la “huella” de algunas escaleras de acceso o de llegada a la localidad.

Siento la decepción de los aspirantes a un asiento, pero debe primar la seguridad de los actuales asistentes, y con paciencia esperar que por ley de vida se produzcan vacantes.

Enhorabuena de nuevo por el logro deportivo, que todavía se puede superar. ¡Aúpa Osasuna!

El Gobierno, en su discurso triunfalista, que puede basarse en indicadores quizás técnicamente ciertos, pero relativos, descontextualizados o incompletos, no coincide con lo que gran parte de la ciudadanía comenta, siente o padece.

No se corresponde el sacrificio, vía la gran presión fiscal, que la mayor parte de la ciudadanía navarra soporta, con la gravedad de que esa gran aportación se utiliza en políticas que precisamente nada favorecen al conjunto de esa gran clase media, sector primario, asalariados, pequeño comercio, autónomos —se pierde una media de 17 comercios al mes y los autónomos denuncian una subida de cuotas que asfixia a más de 12.000 profesionales—.

El gasto corriente se dispara, la burocracia aumenta, y los servicios e infraestructuras básicas ni se finalizan, ni se conserva lo que existe, ni se acelera, en su caso, su terminación; pero se presume de un presupuesto aprobado, el más alto en la historia de la Comunidad Foral, con una Navarra que ya no tiene la ventaja competitiva de antaño.

El caos en la Sanidad Pública, el colapso en Atención Primaria y las listas de espera son un termómetro del malestar de navarros/as, así como el retraso histórico de las obras del TAP o del Canal hacia la Ribera, o las comunicaciones con Madrid, la conservación vial, el alto índice de siniestralidad en las mismas y los problemas en educación generan una sensación de “comunidad de segunda” y pérdida de competitividad industrial frente a regiones vecinas.

Los mínimos avances en atajar la despoblación y atención al mundo rural, el cierre de servicios, así como la falta de viabilidad de las residencias de mayores, crean una Navarra “dual”: una cuenca de Pamplona que crece y un resto que se apaga, a lo que hay que añadir el grave problema de la vivienda.

El desánimo y desmotivación de la administración de segundo y tercer nivel —no política—, que se siente arrinconada y, al final, se vuelve lenta, sin decisión y hostil.

El Gobierno intenta transmitir que se siente fuerte porque “los números salen” en el Parlamento, pero la Comunidad se está volviendo “más barata”, depreciada en valor y servicios, y más cara en impuestos.

En cuanto a la estabilidad institucional o identidad de la Comunidad Foral, la aritmética parlamentaria impide que caiga el Gobierno, pero su voluntad de mantener abierta la puerta a una posible unión con el País Vasco se percibe como una auténtica contradicción.

Se proclama “Navarra como baluarte” mientras se acepta una disposición que pone en duda su estatus, único en la Constitución; es decir, además de “depreciada”, se desprecia su identidad.

La Constitución “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”. Navarra ya existía como entidad jurídica —el Reino de Navarra y su posterior Diputación— antes de la propia democracia. Por eso Navarra no tiene un “Estatuto de Autonomía” común, sino un Amejoramiento del Fuero.

La “Transitoria Cuarta” permite que Navarra se incorpore al País Vasco si así lo acuerda el Parlamento de Navarra y lo decide el pueblo navarro en referéndum. Paradoja: la única comunidad que como tal figura nombrada en la Carta Magna, pero con la posibilidad de fusionarse con una única y concreta comunidad —sin constituirse todavía en el texto constitucional de 1978— y perder su carácter de Comunidad Foral diferenciada.

El Gobierno actual y sus socios defienden que esta cláusula es el “máximo exponente de la libertad de decisión de los navarros/as”, con una única opción y con el agravante de que, si se opta por ello, es irreversible; pero, si no prosperase, puede de nuevo plantearse pasados cinco años. —Art. 143.3 C.E.—.

Resulta difícil entender lo que el Gobierno foral y los socios que lo sostienen afirman: “estabilidad”, “liderazgo” e “identidad” y, al mismo tiempo, aceptar una vía que podría disolver la propia identidad institucional de la Comunidad. Y añaden: “debemos respetar siempre el principio de bilateralidad con el Estado”. Y opino: a lo mejor, dada la depreciación de la C. Foral, facilitar también su venta, si eso conviene a los socios.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ
Funcionario foral jubilado

Pero no, mi escrito trata sobre la Disposición Transitoria Cuarta (en adelante, “La Transitoria”) de la Carta Magna española de 1978. Esta norma nació envuelta en la controversia. Aunque fue aprobada por una gran mayoría en Navarra (75,7% de votos a favor frente a un 16,9% en contra, y una participación del 66,65 %), fue también una de las causas, si no la principal, que dio origen a la creación de UPN el 3 de enero de 1979.

Es reseñable la fundamentada defensa que siempre ha hecho de la Transitoria J. I. del Burgo, presidente de la Diputación Foral en aquella época.

Ya en 1983, el libro Estudio sobre la extinción de la Transitoria Cuarta, del abogado y diputado de UPN Fernando Medrano, recogía opiniones de varios letrados y expertos, cuyo resumen ofrecía en la contraportada de la publicación el catedrático pitillés, J. Antonio Sagardoy: “la razón jurídica indica que ‘La Transitoria’, como norma intertemporal, perdió su vigencia con la aprobación de la LORAFNA (Ley 13/82)”.

Dando un salto en el tiempo, siguiendo con este “tránsito” de la dichosa Transitoria (según V. M. Arbeloa viene de “dicha”), he querido rescatar como muestra de estas divergencias algunas significativas firmas y opiniones políticas, publicadas en varios medios, que han marcado el debate en la última década.

Rafael Berro Uriz (06/12/17) o UPN-PP (19/09/18) y Ana Beltrán (PPN, 25/09/18), posicionándose claramente a favor de eliminar la Transitoria, que ya no tiene lugar en el marco actual.

Geroa Bai (27/09/18), a través de sus portavoces, sosteniendo que derogarla supondría quitar capacidad de decisión a la ciudadanía navarra.

O la de dos fallecidos históricos regionalistas: José Javier Viñés (12/12/18), “un contrafuero que atenta al estatus jurídico e histórico de Navarra”, y Javier Gómara (03/01/2019), “la Transitoria no tiene sentido. Ha caducado”.

Y un artículo, hace unos días, de la presidenta de UPN, “cerrar la puerta para que Navarra nunca deje de ser Navarra”, no puede ser una imagen más clara del objetivo a conseguir, aunque en el partido regionalista siempre han estado presentes diferencias al respecto, y cuando se tuvo la ocasión PP-UPN no llevaron a cabo la derogación.

Por otra parte, no me pareció por parte de UPN optar por el momento más propicio para sacar la cuestión a colación y conseguir el objetivo, dada la actual composición del Congreso. Sin embargo, sí ha servido para remover conciencias frente a la estratégica abstención de la franquicia del PS en Navarra, que califica la propuesta de UPN al Congreso de “chapuza jurídica” y acusa de desorientación a UPN, resultando su postura un tanto sospechosa de cara al futuro de NAVARRA.

Y como colofón de estas opiniones quiero destacar el significativo párrafo de un reciente artículo de J. I. del Burgo, publicado en este medio, titulado Transitoria cuarta: un debate estéril, que dice: “Navarra será lo que los navarros quieran que sea y nuestro problema no es la TRANSITORIA sino que seamos capaces de convencer a las nuevas generaciones de que Navarra no puede quedar reducida a una provincia más de Euskadi, sujeta a la voluntad del Parlamento y del Gobierno vascos”.

Como final me tomo la libertad, una osadía, de trasladar mis dudas sobre el incierto tránsito de esta TRANSITORIA, sea para su derogación o, en su caso, implementación:

1. Dudo de la posibilidad de una derogación, según el art. 167 de la C. E., dada la composición del Congreso actual y la dificultad de obtener la mayoría cualificada requerida.

2. La curiosa paradoja de quienes apelan a la “libertad” de los navarros a elegir y nos ponen una señal de dirección obligatoria: Euskadi sí o no. “Libertad condicional”.

3. La complejidad técnica de un referéndum: ¿cómo se fijarían el quórum y la participación? Especialmente preocupante es la influencia del incremento del censo electoral según las medidas que está adoptando el Gobierno central.

4. Considero, en su caso, la integración como un tránsito o paso irreversible; una vez que se produjera, no se podría volver a la anterior situación.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ -Funcionario jubilado-

Esta corrupción catabática ha desprestigiado y convertido a gran parte de la clase política en un cúmulo de intereses particulares, frenando cualquier esperanza de regeneración democrática y predisponiendo a la ciudadanía a un escepticismo crónico. Esto demuestra que, cuando el sistema permite que la ética se diluya, la corrupción termina por institucionalizarse.

Esta niebla, esta catábasis, no es nueva, pero los adelantos tecnológicos y la inmediatez de las noticias y rumores —con riesgo de error o manipulación— han colocado la presunta corrupción en boca de todos. Los navarros no somos ajenos a ello: en épocas pasadas se produjo parcialmente este fenómeno, que hoy parece olvidado, y que entonces tuvo un rápido final para dos expresidentes de Navarra del Partido Socialista.

En aquella época era famosa en el ámbito laboral la denominada UFA (Unión de Funcionarios Arrinconados), ya que, quizás por falta de sintonía o para no estorbar las “buenas prácticas”, fueron apartados del cargo algunos directores y responsables.

El principio de presunción de inocencia, un derecho jurídico, no debería ser una excusa para la falta de responsabilidad política y menos aún esgrimirse cuando conviene. La afirmación de que una sentencia no condenatoria implica que el hecho es legal es equívoca; en todo caso, no existirá un delito tipificado, no será ilegal, pero eso no garantiza un proceder pulcro dentro de los mínimos principios éticos.

Para combatir esta corrupción enraizada no son suficientes las medidas teóricas, ni las comisiones de integridad o similares, ni los vacuos espectáculos de las comparecencias sin ningún tipo de decisión. Tampoco los programas televisivos que emiten a todas horas conductas de cargos presuntamente corruptos ayudan precisamente a combatirla; más bien alimentan el morbo de la audiencia, haciendo que se olvide lo ocurrido ante la espera de una tardía y lejana sentencia.

Siempre he defendido que la función pública, constituida por funcionarios de carrera en sus diferentes misiones de elaboración de expedientes, control de la legalidad e intervención, es una garantía frente a los posibles dislates e irregularidades que pueda proponer el poder político.

Es precisa la limitación de cargos a dedo, establecer un máximo de dos mandatos consecutivos para los políticos y evitar el nepotismo y los cargos “afectivos” sin cualificación para el puesto.

El mal hay que combatirlo de raíz, y, como se entiende en esta tierra de raigambre agrícola, el rábano hay que extraerlo desde el bulbo, y no perderse en las hojas. Solo profundizando en la independencia judicial y el control, recuperaremos la visibilidad que la catábasis nos ha robado.

El momento no es precisamente el más favorable para una dedicación exclusiva al trabajo legislativo, dada la alta ocupación actual de sus señorías en comisiones de investigación tras la ola de corrupción de origen navarro, y el clima preelectoral, más proclive a polarizar y marcar diferencias, no exentas de descalificaciones, que a llegar a consensuar leyes.

No creo que en menos de un año se apruebe una Ley tan urgente y vital para todos los ciudadanos, la de SALUD, que organice y coordine el actual Departamento, y evite o reduzca sensiblemente esas “desesperantes” listas de espera para intervenciones o consultas de especialidades y pruebas, así como las deprimentes colas de madrugada (más vale que llegue buen tiempo), al aire libre, con los sufridos pacientes mirando ansiosamente si sube la persiana o se abre la puerta a las 8.00 horas del Centro de Salud correspondiente. Leo que el consejero acaba de anunciar la presentación del texto de nueva Ley Foral de Salud para debate. Casi siempre buenas formas y palabras, pero nada más.

Es soñar despierto pensar que el desarrollo e implementación del Mapa Local, o medidas eficaces contra la Despoblación, se puedan ejecutar en unos meses. En septiembre de 2023 publicaban los medios: “El consejero convocará a los grupos para retomar la reforma del mapa local”, y en mayo de 2024 la Cámara de Comptos decía que: “Ve falta de medios en el Gobierno para atajar la despoblación”. Hace unos días se anunciaba una convocatoria de 3 millones de euros, destinada a 143 municipios y 166 concejos, en riesgo de despoblación; algo es, pero no suficiente.

Complicada veo una rápida y fructífera negociación sindical para aprobar el Estatuto de la Función Pública foral, a pesar del interés y conocimiento del tema por parte de la consejera. La carrera profesional parece encauzada, y me satisface que se contemple a los funcionarios de entes locales, especialmente los puestos que por ley deben ser de funcionarios de carrera, secretaría e intervención, y con derecho a movilidad.

Paradójico es lo de la necesaria y oportuna en su día Ley Foral de profesiones del deporte (18/2019), donde la regularización de las mismas no entraba en vigor hasta el 1 de septiembre de 2015, pero, a la vista de su incumplimiento, ha sufrido una moratoria, y la queja de los profesionales de la actividad.

Sigo escéptico sobre el desarrollo del resto de leyes del Plan normativo, aunque veo más factible aprobar las que supongan satisfacer el clientelismo de socios y afectos del Gobierno foral, como así parece ser la ley de Presupuestos, que sí tenemos, a diferencia del gobierno central en toda su legislatura.

Modus operandi, con abuso de subvenciones y disposiciones ad hoc, que, según se publica, ha sido uno de los motivos del informe de un “díscolo” auditor (con cariño y respeto), pero coherente, no acorde con la opinión del resto de colegas y del presidente de la Cámara de Comptos, que ha puesto en solfa el prestigio de una de las instituciones más antiguas en materia de control de cuentas públicas de España, y heredera del Tribunal de Cuentas del “Reyno de Navarra”.

El electo/a: concejal, parlamentario, diputado, senador, es libre en su emisión del voto, en sus respectivos cargos representativos, aunque normalmente sometidos a la disciplina de los órganos de sus partidos, que, previo oportuno expediente que puede terminar con una multa o reconvención, actúan por no seguir lo que ha ordenado el cabeza de lista, o con el abandono del partido o el pase del disidente al grupo mixto.

Una excepción a esa libertad de voto para los políticos es la obligación de no hacerlo en los casos de incompatibilidad o conflicto de intereses, en temas o asuntos concretos, ya que, de lo contrario, puede incurrirse en la procedente responsabilidad por conductas tipificadas como prevaricación, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos.

La semana pasada, en el Parlamento Foral, una abstención de 26 votos (mayoría absoluta) de los dos partidos mayoritarios posibilitaba “aprobar” una moción, con 16 votos a favor y 8 en contra.

Uno de los pilares democráticos, la voluntad de la mayoría, parece que se “quiebra”. Surrealista “aprobación”, contando con la imposibilidad de implementarla, como así dejaron entrever en su intervención los portavoces de los dos grupos mayoritarios del legislativo foral.

Presumo, perdón por la osadía, que las auténticas causas de esa llamativa “abstención de la mayoría”, en un caso, pudieran ser no entrar en colisión con el Gobierno central y su delegación; y la del partido mayoritario, aparte de sus convincentes argumentos sobre la imposibilidad de llevar a cabo lo “aprobado”, su acrobática postura para compaginar sus principios fundadores y diferenciarse de alguno de los partidos que votaron en contra o de uno de los “mocionantes nacionalistas”.

Diferente es la abstención, de plena actualidad, para acordar o conformar los gobiernos de varias CCAA, que, en su momento, vistos los resultados, podremos analizar y comentar.

La mayoría de electores no son precisamente habituales analistas de las decisiones e incluso de “no tan presuntas” conductas corruptas de alguno de sus miembros, pues reaccionan como los fans de los clubes de fútbol, se guían por el resultado, y ni tan siquiera han visto el partido.

La puesta de perfil y ambiguas decisiones de los líderes políticos crean confusión y desánimo entre sus seguidores, que no alcanzan a comprender sus posturas, fomentando la polarización y la abstención, grave amenaza para una verdadera democracia.

El reciente mensaje de una autoridad moral y religiosa, al menos para los cristianos, el Papa León XIV, con motivo del comienzo de la Cuaresma, exhorta a desarmar el lenguaje, renunciando a juicios rápidos, hirientes, calumnias, etc., y reducir la agresividad verbal ambiental.

No obstante, el ambiente que rodea a la clase política, con la corrupción instaurada en sectores del Gobierno nacional, con el origen y cuota de “marca” Navarra, el asedio a las Instituciones y la erosión del Estado de Derecho, han provocado una grave polarización de la ciudadanía.

Una gran parte de la masa seguidora del, o de la líder de turno, no razona ni analiza las noticias o titulares de medios que actúan, a menudo, como sesgado altavoz amplificador de lo que acontece, en vez de contextualizarlo y objetivarlo.

Los fans de inmediato toman partido, más en contra de los otros que a su favor. Se enfundan la camiseta y, como ocurre con los dos equipos de fútbol más representativos nacionales, se declaran “anti”, y lo más deseable es que el otro pierda.

Esta polarización es barrera infranqueable para los pactos hasta entre partidos afines, pues, al pretender diferenciarse, no utilizan precisamente un lenguaje “desarmado”, sino que inciden y escarban agrandando ese sutil matiz para reafirmar una identidad propia. Y no digamos en el caso de los “anti”, donde allí no hay freno ni en un lado ni en otro, con lo cual es imposible un diálogo, que debiera ser la prioridad del político para resolver problemas y dedicar sus esfuerzos en pro del bienestar de sus ciudadanos.

Se abusa de recurrir a la memoria histórica o democrática, de hechos de hace casi un siglo, tanto por el Gobierno central como por el foral, al objeto de desviar la opinión pública, rememorando sucesos no precisamente ejemplares. Pero se tiene una amnesia selectiva del doloroso legado de más de cuatro recientes décadas de barbarie terrorista, y del quebranto y exilio forzoso de familias coetáneas en nuestra Comunidad Foral.

Escribía una destacada escritora, Elvira Lindo: “la memoria sentimental ha mitificado nuestra guerra civil hasta convertirla en argumento de moda con el que se nutren novelas y películas, pero dudo mucho que nos haya hecho admirar el trabajo callado y lento de los estudiosos”.

Y continuaba su artículo titulado Chaves Nogales, que estaba allí (autor que recomiendo leer): “Yo busco a voces mesuradas en medio de tanto griterío que, en vez de animar y excusar las actitudes violentas, apelen al análisis racional, y alerten contra las opiniones que no mejoran sino empeoran un ambiente confuso y crispado”.

Los políticos, a pesar del dicho de “mal necesario”, son necesarios e imprescindibles para lograr pactos que puedan conseguir una cierta estabilidad, sin fraudulentas cesiones que atenten contra el Estado de Derecho, sus Instituciones, o pretendan el desgajamiento de parte del territorio nacional o de la Comunidad Foral.

No se puede ambicionar o perseguir estar siempre en la primera línea política. Resulta vital la renovación de caras, en unos y en otros, pero quizás más en la oposición, donde hay mayor desgaste, aunque para alguno sea una zona de confort y de cierta durabilidad. El cambio de interlocutores en las diversas formaciones puede ayudar al pacto o, al menos, al diálogo positivo.

Es apremiante, en esta coyuntura, la necesidad de auténticos políticos, capaces de anteponer el bien común a su interés o brillo personal, “desarmando” el lenguaje y fomentando el pacto con aquellas formaciones con las que les une mucho más de lo que les separa, escuchando a los electores y teniendo la grandeza de saber retirarse a tiempo o a un segundo plano, donde también se puede ayudar y colaborar.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ

Los pactos “antinatura” para impedir que gobiernen los “otros”, y la serie de gratuitos espectáculos de “corralas vecinales” en que se han convertido las sedes parlamentarias, en comisiones de investigación por casos de presunta corrupción —pues para esa función están los tribunales de Justicia—, me parecen una vergüenza. Y en el segundo caso, un “circo”, como así lo calificó el “presentador y creador del espectáculo” en el Senado el pasado octubre; lo que ocurre es que, con perdón, “le están creciendo los enanos a marchas forzadas”.

El desprecio gubernamental al Congreso y Senado, el ataque a instituciones del Estado, con el uso/abuso de decretos, normativas, reglamentos, etc., son modos y estilo de dictaduras de algunos estados de Centroamérica (no debe extrañarnos; en parte son nuestros antepasados), además de estar el partido que lidera el Gobierno en plena convulsión interna tras los resultados electorales de Extremadura y Aragón.

Sir Karl R. Popper (1902-94), politólogo austríaco, uno de los filósofos más influyentes de ese siglo, reflexionando sobre los regímenes dictatoriales y las democracias, resumía que “solo hay dos formas de gobierno: aquellas en las que es posible deshacerse del gobierno sin derramamiento de sangre por medio de una votación, y aquellas en las que eso no es posible. A la primera se la denomina democracia y la segunda dictadura o tiranía”.

Puede resultar la afirmación un tanto simplista, pero es la triste realidad, y solo unas nuevas elecciones o un voto de censura, que deslegitime la presencia de las formaciones cuyos postulados separatistas o anexionistas —no confundir con foralistas— reniegan de la misma nación que les paga y mantiene, pudiera ser una alternativa a la actual coyuntura.

El pegamento del poder o del cargo político es muy poderoso, perdurable y eficaz; desnaturaliza el verdadero objetivo de los partidos, controla totalmente sus estructuras; el tiovivo de feria no para, nadie se baja del carrusel, y las puertas giratorias son una salida sustanciosa. En la oposición se está cómodamente y sin responsabilidad, aunque un poco menos retribuidos; solo inquieta, pasado el ecuador de legislatura, que la futura lista pueda presentar novedades y exclusiones.

Ese refresco, ese cambio de personas, sería positivo de cara a variar talante y formas de los actores de los posibles pactos; por eso mi propuesta de solo dos mandatos consecutivos, que tiene sus peros, como la falta de experiencia de los nuevos, no se notaría mucho. Sin embargo, tendría también efecto sobre las tramas de corrupción. Si además añadiéramos una segunda vuelta electoral, podría mejorar la confianza en la actual clase política y aminorar el descrédito de la misma.

El voto directo de los electores españoles, en las generales de julio de 2023, reflejaba una ajustada mayoría del centro derecha y derecha más extrema en pro del Estado español con un 46% (37,45), ante la izquierda clásica, llamémosle española, que aglutina un 44% (40,2), y el resto de partidos nacionalistas y separatistas, algunos de derecha, con un 7% (20,8%). Entre paréntesis, % de Navarra.

Las elecciones al Parlamento Foral, un par de meses antes, 28 de mayo de 2023, reflejan algo los tres tercios tradicionales de la ciudadanía navarra, con una derecha española que sumaba 39,39%, mientras la izquierda, también en principio española, un 26,33%, y el sector separatista, nacionalista o anexionista, un 30,57%.

Da la impresión de una mayor fragmentación de las formaciones de izquierda, e incluso de los nacionalismos según CCAA, pero no corre riesgo el Estado español; no así el que puede originar la polarización en la Comunidad Foral, entre los que se oponen a los navarros que mantienen y defienden la identidad de la Comunidad Navarra, diferenciada e integrada en la Nación Española.

Por otra parte, son precisamente esas fragmentadas formaciones las que posibilitan al “ególatra mutante” detentar el Gobierno de la nación, que últimamente intenta aparentar una serenidad imperturbable, mostrando un falso estoicismo ante los fracasos de su partido; el gallinero lo tiene muy alterado y no le son suficientes los bulos que difunde con un histriónico “presentismo” histórico.

En un reciente y casual encuentro con un veterano político e historiador, prolífico escritor y adalid de NAVARRA, me decía “que era una pena desaprovechar esta ocasión” para reafirmar la Comunidad Foral. Lo mismo pienso, y pretendo animar a muchos navarros, con todo respeto, a compartir y favorecer el entendimiento o necesario pacto para lograr ese objetivo.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ

Muestra de ello, sin entrar en detalle, son algunas de las lapidarias frases de portavoces de ambos partidos en los medios navarros esta pasada semana.

“PSN, sin EH-Bildu, no es nadie y se ponen nerviosos solo porque la líder de UPN dice que vamos a gobernar”, “UPN volverá a ganar las elecciones y gobernará durante, mucho,… mucho tiempo”, “Navarra ya castigó a los corruptos y volverá a castigarlos”, “No habrá una tercera ocasión, no volveremos a ofrecer al PSN el gobierno a pesar de ser la lista más votada para evitar que mande Eh-BILDU”, “Aspiramos a gobernar como lista más votada”, dicen en UPN tras su Congreso del pasado 24 de enero.

El PSN, tras el impulso político de su parte alícuota del tripartito, respondía: “No vamos a hacer ni presidenta ni presidente a nadie de UPN”, “La actual presidenta liderará un Gobierno de Progreso en 2027”, “En UPN están acojonados por Vox y el PP”, “Ha sido EH-Bildu la que ha recogido la mano que le tendía el Gobierno de Navarra”.

Ante estas y otras frases, ofrezco mis reflexiones con referencia a los resultados de las elecciones de 2023:

— El PSN parece tener clara su candidata; veremos si lo confirma el PS (sin O ni E), no así UPN, pues sus órganos internos deben decidir el candidato/a.

— El famoso “quesito” no creo que tenga posibilidad de ser navarro; en todo caso, Gruyere.

— El partido más votado en el resto de España queda al margen, aunque desde el PSN se dice: “El PP, solo por alimentar el interés partidista, está alimentando al monstruo. Nosotros lo combatimos”.

— El actual Gobierno navarro tiene en sus sillones la representación del 40% de votantes, pero su apoyo en el Parlamento, con EH-Bildu, suma el 58%.

— PSN y UPN en 2023 sumaron el 48,70 % de los votos, porcentaje que parece inalcanzable en las próximas elecciones forales; primero por la prevista bajada del PSN y, a los regionalistas, bastante es que puedan mantener su apoyo.

— El progresismo (izquierdas, separatistas y nacionalistas), sin el PSN, obtuvo el 37%; es decir, aunque bajase sensiblemente el PSN, todos ellos superarían el 50% y pueden seguir en el poder, quizás con otra cabeza.

— La derecha, UPN, PP y Vox, alcanzó casi el 40% de los votos, lo que pudiera aumentarse dado el efecto del resto de la nación y el incremento de Vox, aunque estos de alguna parte tienen que recoger sus votos.

En resumen, apuesten electores, en juego está NAVARRA. La “confrontación” entre los dos partidos todavía mayoritarios abre expectativas y también nuevos liderazgos. En política, todo es posible.

Con el riesgo de cometer algún error u omisión, resumo el proceso que comenzó hace tres años con el R.D. 252/23, tras un apresurado y denso “tráfico” de informes internos y externos, unos ad hoc, otros ambiguos, y sentimentales manifestaciones foralistas, obviando el documentado informe de un docto jurista navarro que decía que asumir las competencias de tráfico requería modificar la Ley de Amejoramiento, frenando las prisas y urgencias que exigía EH-BILDU, con espurio fin de prescindir cuanto antes de la G. Civil, en la C. Foral.

Con la sentencia del T. S. de 15 de febrero de 2024, anulando en parte el R.D. 252/23, congruente con el dictamen jurídico del que fuera presidente de Navarra, que obligaba a modificar dos arts. de la Ley de Amejoramiento, que, previa ratificación del Congreso español, (179 votos contra 170 de PP y VOX) con la publicación del R.D. 277/25 de 8 de abril, se consumó el proceso.

El reciente cambio de la presidenta foral, de dos consejeros socialistas del gobierno tripartito para dar un mayor “impulso político” al ejecutivo, nombrando a un anterior Vicepresidente y Consejero de Presidencia, Igualdad y Función Pública, que ahora será Vicepresidente Primero, Portavoz y Consejero de Presidencia e Igualdad, quien, en extenso y racional escrito, en enero de 2020, en uno de los párrafos decía: “La progresiva asunción por parte de la C. Foral de la competencia de tráfico no tendría que suponer la pérdida de un caudal humano cuyo conocimiento en materia de seguridad vial y control del tráfico es fundamental para el buen desarrollo del trabajo. Tampoco la pérdida del arraigo personal de quienes bien desempeñando esas funciones en la Guardia Civil”.

En cuanto a la nueva consejera de Interior, Función Pública y Justicia, a la vista de su currículum: funcionaria de carrera del Estado, letrada de la Admón. de Justicia y exsecretaria general de la Delegación del Gobierno nacional, es idónea por su experiencia para abordar el Estatuto foral de Función Pública (sin olvidar Estatuto básico nacional) y completar la implementación de las competencias de tráfico.

Por lo pronto, en sus recientes manifestaciones ha reconocido el retraso del despliegue de policías forales, y entrever un “reproche” al portavoz de EH-Bildu ante su postura urgiendo la salida de la G. Civil de Navarra (principal objetivo de la formación separatista), lo que me parece plausible.

Parece que serán necesarios 150 policías forales más, pero, aun contando las posibles pasarelas, tiene que pasar un periodo notable para su selección, formación y prácticas, así como disponer el equipamiento, vehículos, etc., lo que incrementará el capítulo de gasto corriente y el de inversiones, aunque supongo podrá compensarse con la recaudación de multas, pero creo esto será negociado al amparo del Convenio Económico.

Espero que la consejera tenga también en cuenta la frase del vicepresidente, el año 2020: “Nadie sobra en esta Comunidad Foral para trabajar en beneficio de la ciudadanía”.

Los portavoces de los partidos “progresistas” no se aclaran en sus calificaciones, añadiendo matices y mantras en sus tertulias en los diversos medios, aunque se les note su inclinación y tendencia, siendo motivo de acaloradas discusiones, la mayoría exentas de base jurídica o conocimiento contrastado de los Estados soberanos afectados. Charles de Gaulle dijo: “He llegado a la conclusión que la política es una cosa demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”.

Ciñéndonos a Navarra, hasta la presidenta del Gobierno ha recurrido en el prólogo de su comparecencia ante los medios a la convulsión política mundial, al comunicar (justificar) la remodelación de su ejecutivo, para dotarlo de un mayor contenido e “impulso político” en lo que resta de legislatura, obviando la grave situación de corrupción que planea sobre el Gobierno Foral, que quizás preocupa mucho más a la mayoría de navarros.

Decía Voltaire: “la política es el arte de mentir deliberadamente”, y parece cierto en este caso, así como con uno de los ceses de un consejero navarro, donde vale el dicho: “en todos los partidos cuanto más inteligente es una persona menos pertenece a su partido”. El estilo de gobierno del ególatra mutante imprime carácter en sus franquicias: “un silencio prudente es más peligroso para sobrevivir que el aplauso desaforado y entusiasta. No se trata solo de aplaudir sino de que los vean hacerlo”. (A. Pérez-Reverte).

Continúa el controvertido escritor e historiador, miembro de la RAE, en su espacio habitual Patente de corso de un medio nacional: “la política española se ha convertido en un redil de sinvergüenzas sumisos, donde no te premian por hacer bien las cosas, sino por agachar las orejas”.

No comparto íntegramente todo lo escrito por Pérez-Reverte, que con su espontaneidad, mordaz ironía y sarcástico humor pone el dedo en la llaga, pero es posible que muchos ciudadanos navarros piensen de igual manera, aunque no lo manifiesten públicamente. Solo a menudo en “voz baja”, en reducidos e informales encuentros o tertulias, como consuelo y lamentación ante la desidia de algunos “líderes” políticos y sus aplaudidores.

A pesar de sus evidentes diferencias en sus genuinos principios e ideologías, se ha articulado un bloque mayoritario “progresista”, inquebrantable, con visos de repetir gobierno y seguir remunerados, repartiendo cargos y prebendas, aunque en un futuro próximo puede ser liderado por los que pretenden integrar Navarra en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Mientras, existen tres opciones llamémosles conservadoras, o de progreso (sinónimo desarrollo y evolución), incapaces, por ahora, de pactar en base a lo que les une, que es mucho más de lo que les separa, desoyendo y defraudando a una mayoría de navarros que sienten, defienden (aunque sea en silencio) y creen en la NAVARRA de prosperidad y crecimiento, como Comunidad Foral diferenciada e integrada en la nación española.

No sé exactamente a quién se atribuye, pero transcribo la frase: “Un conservador sabio y un sabio radical creo pueden ponerse de acuerdo. Sus principios son los mimos, aunque su modo de pensar sea distinto”.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ

Adelanto que no me refiero a los tercios carlistas, sino a los aproximadamente tres tercios en que han reflejado las urnas el sentir del electorado navarro a lo largo de las últimas cuatro décadas. Ningún partido logró una mayoría absoluta, y siempre fue a base de pactos o abstenciones como PSN, UPN y G. BAI obtuvieron, alternándose, la presidencia del Gobierno en base a la “suma” de dos de los tercios.

Son varios los comentaristas navarros que han escrito sobre la imposición “progresista” y la progresiva y peligrosa polarización política, con la preocupante deriva del sector empresarial, industrial y económico, o el deficitario desarrollo de básicas infraestructuras de comunicación, así como el abandono del proverbial sector primario.

Sin embargo, el gobierno, sus medios y voceros afines sacan pecho del nivel de calidad de vida de la Comunidad foral, algo habitual desde siempre en las encuestas. Supongo que no se ha tenido en cuenta lo que el “progresismo” ha participado en la destrucción de empleo, crisis y cierres de pequeños y grandes centros industriales, el retraso (intencionado) y oposición a la ejecución de estratégicas infraestructuras y el grave desamparo de una creciente población marginal, sobre todo en la capital.

Los resultados electorales recientes en Extremadura constatan el manifiesto y esperado retroceso del “progresismo”, que se ha quedado en un 40% mientras la opción de la “derecha” ha alcanzado el 60%. Curiosamente, al contrario que en Navarra, comparando con los resultados de las últimas forales, donde “la izquierda antinavarra, la separatista, y una derecha nacionalista, como siempre, oportunista”, liderados por la franquicia del socialista (ególatra mutante) de Moncloa, aglutinó el 58% de votos y una holgada mayoría parlamentaria, dejando a la derecha, con cerca del 40%, en la oposición.

La terminología política ha evolucionado, y en Navarra, diferente al resto de CCAA (lo es históricamente), existe una triple opción que se opone al progresismo descrito en el párrafo anterior. Concurren a las elecciones un centro-derecha y una derecha nacionales y un centro-derecha foralista, con el denominador común de una Navarra diferenciada e integrada en la nación española.

Esta última, mayoritaria opción de las tres, a veces se pone de perfil y amaga con pactos entre parte del sector oponente, mientras la derecha más a la derecha insiste en el control de la inmigración ilegal, pero la realidad es que a los votantes de las tres opciones les une (no precisamente a sus dirigentes) mucho más que lo que les distancia o les separa.

La fractura de ese actual reparto de los tres tercios, dada la total adhesión y entrega del actual PS (Sin N) a sus socios del “tercio antinavarro-separatista”, y la grave situación de corrupción que rodea al PSOE, genera malestar, desánimo de sus votantes con deserciones y son probables abstenciones en próximas convocatorias electorales, lo que debe ser estratégicamente aprovechado por el tercio hoy en oposición, y evitar el riesgo identitario que acecha a la Comunidad Foral.

Apoyo la petición del Arzobispo a los políticos, realizada en la clausura de Año jubilar de la Esperanza: tolerancia y entendimiento, y lo anhelo para el año que comienza. Dichoso y esperanzador 2026.

Se dice: “el sentido común es el menos común de los sentidos”, y ese déficit de sensatez en parte de la clase política repercute en la falta de calidad democrática, al ser difícil exigir o valorar ese requisito tan aconsejable en la actividad de nuestros electos representantes políticos. No se elige previamente a los/as componentes de las listas electorales por su formación, experiencia laboral, capacidad, títulos y “diplomas”, etc..., ya que la inclusión en las mismas, mayoritariamente, es cuestión de afinidades, amiguismos, compromisos y sometimiento a la cabeza de lista que controla el partido, aunque se diga que saber acoger la discrepancia interna hace fuerte a un partido.

Es necesario mitigar o paliar ese seguidismo, esa obediencia de vida que impide manifestar con libertad una opinión, utilizando sentido común, debida a esa aspiración o tentación de seguir como profesional de la política, optando por estar silenciado por la disciplina o dictadura partidista. El pánico que suele acompañar cuando se pasa el ecuador de la legislatura y se prevé el riesgo de quedarse a la intemperie, fuera de la lista, aunque sea en la oposición, condiciona tristemente la libertad de expresión de muchas personas.

La limitación de mandatos consecutivos pudiera ser un impedimento disuasorio para esas tentaciones de profesionalización sine die de muchos/as de la clase política que aceptan el silencio cómplice en el ejercicio de su cargo electo o designado. Si esa norma limitativa se aplicase, quizás pudieran ser más libres y, aunque no siguieran en el cargo, les quedaría, si son verdaderos políticos vocacionales, mantener su participación en los órganos internos de su partido, esperando otro período, y seguir aportando y apoyando dentro de su ideología y con sentido común, decisiones en pro del interés general y bien común de todos los ciudadanos.

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU establece que la libre voluntad del pueblo debe manifestarse en intervalos no muy largos, y la Comisión de Venecia, en su Código de Buenas Prácticas en Cuestiones Electorales, recomienda que el intervalo no supere los cinco años. La C.E., arts. 68 y 69, regula la elección de diputados y senadores cada cuatro años, salvo disolución de las Cámaras por el presidente del Gobierno, o la moción de censura, art. 112. Este sistema se reproduce en los diferentes Parlamentos de CCAA y Ayuntamientos. (Cabe también opinar sobre dos períodos de cuatro o uno de seis años).

No obstante, una limitación de dos mandatos consecutivos ayudaría a disminuir la polarización, por la renovación de personas y talantes; evitaría, en cierto modo, esas tramas de corrupción y tráfico de influencias: no hay tiempo para organizarlas y desarrollarlas, y frenaría las aspiraciones de seguir en el cargo sine die con una fraudulenta profesionalización.

Esta propuesta de solo dos mandatos consecutivos ha sido una promesa habitual de candidatos, pero únicamente recuerdo como cumplida voluntariamente la de un presidente nacional de centro-derecha. El actual presidente, al que con todo respeto califico de “ególatra mutante”, a los hechos y formas me remito, en varias ocasiones lo ha prometido, como en la página 77 del programa de 2015 de su partido: “Estatuto y condiciones del ejercicio de la política. Establecer un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno”. Si, como declaran y prometen, todos los partidos están de acuerdo, no sería problema el cambio normativo oportuno, y el de las CCAA, y una adaptación especial a los más de 8.000 ayuntamientos, dadas sus diferencias poblacionales y su autonomía.

Mantengo la opinión de que el cargo político ejecutivo no tiene una remuneración “oficial” acorde con sus responsabilidades (no sé si capacidad) en comparación con la actividad privada, y no entiendo que puestos a dedo, incluso de funcionarios, en sociedades o instituciones públicas o chiringuitos ad hoc tenga mayor remuneración que las presidencias, ministerios o consejerías de las que dependen. Sin embargo, creo que una gran mayoría de electos en legislativos, que solo hacen número, levantan la mano o pretan (sic) el botón, debieran “rentar” como máximo el salario mínimo, y los gastos o dietas de asistencia/presencia justificada.

JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ -LCDO. EN DERECHO- FUNCIONARIO JUBILADO

Pudiera ser que no llegara a plantearse de inmediato lo previsto en el párrafo anterior, y el Congreso, a propuesta del okupa legal de Moncloa, se anticipe y decida una entrega de "hecho" de la C. Foral a la C. Vasca, para mantener sus increíbles pactos con separatistas, independentistas y otras izquierdas, para seguir en el cargo, aunque, con el tsunami de corrupción y putrefacción que lo rodea, y a pesar de su guardia de corps y sus goebbelianos voceros y asesores, no tenga ya salida digna de su cargo.

Parece de locura, lo entiendo, pero al paso que vamos no nos puede asustar nada. Los electores navarros suponen unos 350.000 máximo (según convocatorias) y con diferentes opciones, con lo que el número de votantes que pudiera afectar al ególatra mutante supone muy poco en el contexto nacional.

Navarra es una de las regiones, territorio foral, que tiene unido su destino de forma indisoluble al de la nación española, con antelación a las Comunidades constituidas tras la aprobación de la Constitución de 1978. Las Cortes Generales, art. 66 C.E., representan al pueblo español, y en ellas no se está como navarro, turolense, soriano o cántabro, sino como ciudadano español.

Por eso, cuanto más peso puede tener esa voz "navarra" en el Congreso es unido el centro-derecha nacional, e incluso con más derecha o quizás alguna minoría de centro, por lo que no debe perderse tiempo en conformar una amplia y sensata entente del centro-derecha navarro, por encima de partidos, y hacer valer el dicho "navarro se es… o no se es".

Por cierto, esa frase la escuché a Miguel Indurain Eugui, hace más de 30 años, cuando coincidimos con el ministro español Javier Solana, que llegaba a la zona de meta, en los Campos Elíseos, tras ganar Indurain, creo que el tercer Tour, y confesarnos el ministro que él era "medio navarro", a lo que, bajo el ruido ensordecedor de altavoces y bullicio, le espetó el padre del pentacampeón, con su socarronería y sorna habitual: "¡Malo… navarro se es… o no se es!".

Los/as que nos sentimos navarros, tenemos que reaccionar y nuestro deber es ejercer el derecho al voto tanto en las próximas elecciones forales o nacionales con el inequívoco objetivo de seguir manteniendo nuestra histórica y foral Navarra.