Pero no, mi escrito trata sobre la Disposición Transitoria Cuarta (en adelante, “La Transitoria”) de la Carta Magna española de 1978. Esta norma nació envuelta en la controversia. Aunque fue aprobada por una gran mayoría en Navarra (75,7% de votos a favor frente a un 16,9% en contra, y una participación del 66,65 %), fue también una de las causas, si no la principal, que dio origen a la creación de UPN el 3 de enero de 1979.

Es reseñable la fundamentada defensa que siempre ha hecho de la Transitoria J. I. del Burgo, presidente de la Diputación Foral en aquella época.

Ya en 1983, el libro Estudio sobre la extinción de la Transitoria Cuarta, del abogado y diputado de UPN Fernando Medrano, recogía opiniones de varios letrados y expertos, cuyo resumen ofrecía en la contraportada de la publicación el catedrático pitillés, J. Antonio Sagardoy: “la razón jurídica indica que ‘La Transitoria’, como norma intertemporal, perdió su vigencia con la aprobación de la LORAFNA (Ley 13/82)”.

Dando un salto en el tiempo, siguiendo con este “tránsito” de la dichosa Transitoria (según V. M. Arbeloa viene de “dicha”), he querido rescatar como muestra de estas divergencias algunas significativas firmas y opiniones políticas, publicadas en varios medios, que han marcado el debate en la última década.

Rafael Berro Uriz (06/12/17) o UPN-PP (19/09/18) y Ana Beltrán (PPN, 25/09/18), posicionándose claramente a favor de eliminar la Transitoria, que ya no tiene lugar en el marco actual.

Geroa Bai (27/09/18), a través de sus portavoces, sosteniendo que derogarla supondría quitar capacidad de decisión a la ciudadanía navarra.

O la de dos fallecidos históricos regionalistas: José Javier Viñés (12/12/18), “un contrafuero que atenta al estatus jurídico e histórico de Navarra”, y Javier Gómara (03/01/2019), “la Transitoria no tiene sentido. Ha caducado”.

Y un artículo, hace unos días, de la presidenta de UPN, “cerrar la puerta para que Navarra nunca deje de ser Navarra”, no puede ser una imagen más clara del objetivo a conseguir, aunque en el partido regionalista siempre han estado presentes diferencias al respecto, y cuando se tuvo la ocasión PP-UPN no llevaron a cabo la derogación.

Por otra parte, no me pareció por parte de UPN optar por el momento más propicio para sacar la cuestión a colación y conseguir el objetivo, dada la actual composición del Congreso. Sin embargo, sí ha servido para remover conciencias frente a la estratégica abstención de la franquicia del PS en Navarra, que califica la propuesta de UPN al Congreso de “chapuza jurídica” y acusa de desorientación a UPN, resultando su postura un tanto sospechosa de cara al futuro de NAVARRA.

Y como colofón de estas opiniones quiero destacar el significativo párrafo de un reciente artículo de J. I. del Burgo, publicado en este medio, titulado Transitoria cuarta: un debate estéril, que dice: “Navarra será lo que los navarros quieran que sea y nuestro problema no es la TRANSITORIA sino que seamos capaces de convencer a las nuevas generaciones de que Navarra no puede quedar reducida a una provincia más de Euskadi, sujeta a la voluntad del Parlamento y del Gobierno vascos”.

Como final me tomo la libertad, una osadía, de trasladar mis dudas sobre el incierto tránsito de esta TRANSITORIA, sea para su derogación o, en su caso, implementación:

1. Dudo de la posibilidad de una derogación, según el art. 167 de la C. E., dada la composición del Congreso actual y la dificultad de obtener la mayoría cualificada requerida.

2. La curiosa paradoja de quienes apelan a la “libertad” de los navarros a elegir y nos ponen una señal de dirección obligatoria: Euskadi sí o no. “Libertad condicional”.

3. La complejidad técnica de un referéndum: ¿cómo se fijarían el quórum y la participación? Especialmente preocupante es la influencia del incremento del censo electoral según las medidas que está adoptando el Gobierno central.

4. Considero, en su caso, la integración como un tránsito o paso irreversible; una vez que se produjera, no se podría volver a la anterior situación.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ -Funcionario jubilado-

Esta corrupción catabática ha desprestigiado y convertido a gran parte de la clase política en un cúmulo de intereses particulares, frenando cualquier esperanza de regeneración democrática y predisponiendo a la ciudadanía a un escepticismo crónico. Esto demuestra que, cuando el sistema permite que la ética se diluya, la corrupción termina por institucionalizarse.

Esta niebla, esta catábasis, no es nueva, pero los adelantos tecnológicos y la inmediatez de las noticias y rumores —con riesgo de error o manipulación— han colocado la presunta corrupción en boca de todos. Los navarros no somos ajenos a ello: en épocas pasadas se produjo parcialmente este fenómeno, que hoy parece olvidado, y que entonces tuvo un rápido final para dos expresidentes de Navarra del Partido Socialista.

En aquella época era famosa en el ámbito laboral la denominada UFA (Unión de Funcionarios Arrinconados), ya que, quizás por falta de sintonía o para no estorbar las “buenas prácticas”, fueron apartados del cargo algunos directores y responsables.

El principio de presunción de inocencia, un derecho jurídico, no debería ser una excusa para la falta de responsabilidad política y menos aún esgrimirse cuando conviene. La afirmación de que una sentencia no condenatoria implica que el hecho es legal es equívoca; en todo caso, no existirá un delito tipificado, no será ilegal, pero eso no garantiza un proceder pulcro dentro de los mínimos principios éticos.

Para combatir esta corrupción enraizada no son suficientes las medidas teóricas, ni las comisiones de integridad o similares, ni los vacuos espectáculos de las comparecencias sin ningún tipo de decisión. Tampoco los programas televisivos que emiten a todas horas conductas de cargos presuntamente corruptos ayudan precisamente a combatirla; más bien alimentan el morbo de la audiencia, haciendo que se olvide lo ocurrido ante la espera de una tardía y lejana sentencia.

Siempre he defendido que la función pública, constituida por funcionarios de carrera en sus diferentes misiones de elaboración de expedientes, control de la legalidad e intervención, es una garantía frente a los posibles dislates e irregularidades que pueda proponer el poder político.

Es precisa la limitación de cargos a dedo, establecer un máximo de dos mandatos consecutivos para los políticos y evitar el nepotismo y los cargos “afectivos” sin cualificación para el puesto.

El mal hay que combatirlo de raíz, y, como se entiende en esta tierra de raigambre agrícola, el rábano hay que extraerlo desde el bulbo, y no perderse en las hojas. Solo profundizando en la independencia judicial y el control, recuperaremos la visibilidad que la catábasis nos ha robado.

El momento no es precisamente el más favorable para una dedicación exclusiva al trabajo legislativo, dada la alta ocupación actual de sus señorías en comisiones de investigación tras la ola de corrupción de origen navarro, y el clima preelectoral, más proclive a polarizar y marcar diferencias, no exentas de descalificaciones, que a llegar a consensuar leyes.

No creo que en menos de un año se apruebe una Ley tan urgente y vital para todos los ciudadanos, la de SALUD, que organice y coordine el actual Departamento, y evite o reduzca sensiblemente esas “desesperantes” listas de espera para intervenciones o consultas de especialidades y pruebas, así como las deprimentes colas de madrugada (más vale que llegue buen tiempo), al aire libre, con los sufridos pacientes mirando ansiosamente si sube la persiana o se abre la puerta a las 8.00 horas del Centro de Salud correspondiente. Leo que el consejero acaba de anunciar la presentación del texto de nueva Ley Foral de Salud para debate. Casi siempre buenas formas y palabras, pero nada más.

Es soñar despierto pensar que el desarrollo e implementación del Mapa Local, o medidas eficaces contra la Despoblación, se puedan ejecutar en unos meses. En septiembre de 2023 publicaban los medios: “El consejero convocará a los grupos para retomar la reforma del mapa local”, y en mayo de 2024 la Cámara de Comptos decía que: “Ve falta de medios en el Gobierno para atajar la despoblación”. Hace unos días se anunciaba una convocatoria de 3 millones de euros, destinada a 143 municipios y 166 concejos, en riesgo de despoblación; algo es, pero no suficiente.

Complicada veo una rápida y fructífera negociación sindical para aprobar el Estatuto de la Función Pública foral, a pesar del interés y conocimiento del tema por parte de la consejera. La carrera profesional parece encauzada, y me satisface que se contemple a los funcionarios de entes locales, especialmente los puestos que por ley deben ser de funcionarios de carrera, secretaría e intervención, y con derecho a movilidad.

Paradójico es lo de la necesaria y oportuna en su día Ley Foral de profesiones del deporte (18/2019), donde la regularización de las mismas no entraba en vigor hasta el 1 de septiembre de 2015, pero, a la vista de su incumplimiento, ha sufrido una moratoria, y la queja de los profesionales de la actividad.

Sigo escéptico sobre el desarrollo del resto de leyes del Plan normativo, aunque veo más factible aprobar las que supongan satisfacer el clientelismo de socios y afectos del Gobierno foral, como así parece ser la ley de Presupuestos, que sí tenemos, a diferencia del gobierno central en toda su legislatura.

Modus operandi, con abuso de subvenciones y disposiciones ad hoc, que, según se publica, ha sido uno de los motivos del informe de un “díscolo” auditor (con cariño y respeto), pero coherente, no acorde con la opinión del resto de colegas y del presidente de la Cámara de Comptos, que ha puesto en solfa el prestigio de una de las instituciones más antiguas en materia de control de cuentas públicas de España, y heredera del Tribunal de Cuentas del “Reyno de Navarra”.

El electo/a: concejal, parlamentario, diputado, senador, es libre en su emisión del voto, en sus respectivos cargos representativos, aunque normalmente sometidos a la disciplina de los órganos de sus partidos, que, previo oportuno expediente que puede terminar con una multa o reconvención, actúan por no seguir lo que ha ordenado el cabeza de lista, o con el abandono del partido o el pase del disidente al grupo mixto.

Una excepción a esa libertad de voto para los políticos es la obligación de no hacerlo en los casos de incompatibilidad o conflicto de intereses, en temas o asuntos concretos, ya que, de lo contrario, puede incurrirse en la procedente responsabilidad por conductas tipificadas como prevaricación, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos.

La semana pasada, en el Parlamento Foral, una abstención de 26 votos (mayoría absoluta) de los dos partidos mayoritarios posibilitaba “aprobar” una moción, con 16 votos a favor y 8 en contra.

Uno de los pilares democráticos, la voluntad de la mayoría, parece que se “quiebra”. Surrealista “aprobación”, contando con la imposibilidad de implementarla, como así dejaron entrever en su intervención los portavoces de los dos grupos mayoritarios del legislativo foral.

Presumo, perdón por la osadía, que las auténticas causas de esa llamativa “abstención de la mayoría”, en un caso, pudieran ser no entrar en colisión con el Gobierno central y su delegación; y la del partido mayoritario, aparte de sus convincentes argumentos sobre la imposibilidad de llevar a cabo lo “aprobado”, su acrobática postura para compaginar sus principios fundadores y diferenciarse de alguno de los partidos que votaron en contra o de uno de los “mocionantes nacionalistas”.

Diferente es la abstención, de plena actualidad, para acordar o conformar los gobiernos de varias CCAA, que, en su momento, vistos los resultados, podremos analizar y comentar.

La mayoría de electores no son precisamente habituales analistas de las decisiones e incluso de “no tan presuntas” conductas corruptas de alguno de sus miembros, pues reaccionan como los fans de los clubes de fútbol, se guían por el resultado, y ni tan siquiera han visto el partido.

La puesta de perfil y ambiguas decisiones de los líderes políticos crean confusión y desánimo entre sus seguidores, que no alcanzan a comprender sus posturas, fomentando la polarización y la abstención, grave amenaza para una verdadera democracia.

El reciente mensaje de una autoridad moral y religiosa, al menos para los cristianos, el Papa León XIV, con motivo del comienzo de la Cuaresma, exhorta a desarmar el lenguaje, renunciando a juicios rápidos, hirientes, calumnias, etc., y reducir la agresividad verbal ambiental.

No obstante, el ambiente que rodea a la clase política, con la corrupción instaurada en sectores del Gobierno nacional, con el origen y cuota de “marca” Navarra, el asedio a las Instituciones y la erosión del Estado de Derecho, han provocado una grave polarización de la ciudadanía.

Una gran parte de la masa seguidora del, o de la líder de turno, no razona ni analiza las noticias o titulares de medios que actúan, a menudo, como sesgado altavoz amplificador de lo que acontece, en vez de contextualizarlo y objetivarlo.

Los fans de inmediato toman partido, más en contra de los otros que a su favor. Se enfundan la camiseta y, como ocurre con los dos equipos de fútbol más representativos nacionales, se declaran “anti”, y lo más deseable es que el otro pierda.

Esta polarización es barrera infranqueable para los pactos hasta entre partidos afines, pues, al pretender diferenciarse, no utilizan precisamente un lenguaje “desarmado”, sino que inciden y escarban agrandando ese sutil matiz para reafirmar una identidad propia. Y no digamos en el caso de los “anti”, donde allí no hay freno ni en un lado ni en otro, con lo cual es imposible un diálogo, que debiera ser la prioridad del político para resolver problemas y dedicar sus esfuerzos en pro del bienestar de sus ciudadanos.

Se abusa de recurrir a la memoria histórica o democrática, de hechos de hace casi un siglo, tanto por el Gobierno central como por el foral, al objeto de desviar la opinión pública, rememorando sucesos no precisamente ejemplares. Pero se tiene una amnesia selectiva del doloroso legado de más de cuatro recientes décadas de barbarie terrorista, y del quebranto y exilio forzoso de familias coetáneas en nuestra Comunidad Foral.

Escribía una destacada escritora, Elvira Lindo: “la memoria sentimental ha mitificado nuestra guerra civil hasta convertirla en argumento de moda con el que se nutren novelas y películas, pero dudo mucho que nos haya hecho admirar el trabajo callado y lento de los estudiosos”.

Y continuaba su artículo titulado Chaves Nogales, que estaba allí (autor que recomiendo leer): “Yo busco a voces mesuradas en medio de tanto griterío que, en vez de animar y excusar las actitudes violentas, apelen al análisis racional, y alerten contra las opiniones que no mejoran sino empeoran un ambiente confuso y crispado”.

Los políticos, a pesar del dicho de “mal necesario”, son necesarios e imprescindibles para lograr pactos que puedan conseguir una cierta estabilidad, sin fraudulentas cesiones que atenten contra el Estado de Derecho, sus Instituciones, o pretendan el desgajamiento de parte del territorio nacional o de la Comunidad Foral.

No se puede ambicionar o perseguir estar siempre en la primera línea política. Resulta vital la renovación de caras, en unos y en otros, pero quizás más en la oposición, donde hay mayor desgaste, aunque para alguno sea una zona de confort y de cierta durabilidad. El cambio de interlocutores en las diversas formaciones puede ayudar al pacto o, al menos, al diálogo positivo.

Es apremiante, en esta coyuntura, la necesidad de auténticos políticos, capaces de anteponer el bien común a su interés o brillo personal, “desarmando” el lenguaje y fomentando el pacto con aquellas formaciones con las que les une mucho más de lo que les separa, escuchando a los electores y teniendo la grandeza de saber retirarse a tiempo o a un segundo plano, donde también se puede ayudar y colaborar.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ

Los pactos “antinatura” para impedir que gobiernen los “otros”, y la serie de gratuitos espectáculos de “corralas vecinales” en que se han convertido las sedes parlamentarias, en comisiones de investigación por casos de presunta corrupción —pues para esa función están los tribunales de Justicia—, me parecen una vergüenza. Y en el segundo caso, un “circo”, como así lo calificó el “presentador y creador del espectáculo” en el Senado el pasado octubre; lo que ocurre es que, con perdón, “le están creciendo los enanos a marchas forzadas”.

El desprecio gubernamental al Congreso y Senado, el ataque a instituciones del Estado, con el uso/abuso de decretos, normativas, reglamentos, etc., son modos y estilo de dictaduras de algunos estados de Centroamérica (no debe extrañarnos; en parte son nuestros antepasados), además de estar el partido que lidera el Gobierno en plena convulsión interna tras los resultados electorales de Extremadura y Aragón.

Sir Karl R. Popper (1902-94), politólogo austríaco, uno de los filósofos más influyentes de ese siglo, reflexionando sobre los regímenes dictatoriales y las democracias, resumía que “solo hay dos formas de gobierno: aquellas en las que es posible deshacerse del gobierno sin derramamiento de sangre por medio de una votación, y aquellas en las que eso no es posible. A la primera se la denomina democracia y la segunda dictadura o tiranía”.

Puede resultar la afirmación un tanto simplista, pero es la triste realidad, y solo unas nuevas elecciones o un voto de censura, que deslegitime la presencia de las formaciones cuyos postulados separatistas o anexionistas —no confundir con foralistas— reniegan de la misma nación que les paga y mantiene, pudiera ser una alternativa a la actual coyuntura.

El pegamento del poder o del cargo político es muy poderoso, perdurable y eficaz; desnaturaliza el verdadero objetivo de los partidos, controla totalmente sus estructuras; el tiovivo de feria no para, nadie se baja del carrusel, y las puertas giratorias son una salida sustanciosa. En la oposición se está cómodamente y sin responsabilidad, aunque un poco menos retribuidos; solo inquieta, pasado el ecuador de legislatura, que la futura lista pueda presentar novedades y exclusiones.

Ese refresco, ese cambio de personas, sería positivo de cara a variar talante y formas de los actores de los posibles pactos; por eso mi propuesta de solo dos mandatos consecutivos, que tiene sus peros, como la falta de experiencia de los nuevos, no se notaría mucho. Sin embargo, tendría también efecto sobre las tramas de corrupción. Si además añadiéramos una segunda vuelta electoral, podría mejorar la confianza en la actual clase política y aminorar el descrédito de la misma.

El voto directo de los electores españoles, en las generales de julio de 2023, reflejaba una ajustada mayoría del centro derecha y derecha más extrema en pro del Estado español con un 46% (37,45), ante la izquierda clásica, llamémosle española, que aglutina un 44% (40,2), y el resto de partidos nacionalistas y separatistas, algunos de derecha, con un 7% (20,8%). Entre paréntesis, % de Navarra.

Las elecciones al Parlamento Foral, un par de meses antes, 28 de mayo de 2023, reflejan algo los tres tercios tradicionales de la ciudadanía navarra, con una derecha española que sumaba 39,39%, mientras la izquierda, también en principio española, un 26,33%, y el sector separatista, nacionalista o anexionista, un 30,57%.

Da la impresión de una mayor fragmentación de las formaciones de izquierda, e incluso de los nacionalismos según CCAA, pero no corre riesgo el Estado español; no así el que puede originar la polarización en la Comunidad Foral, entre los que se oponen a los navarros que mantienen y defienden la identidad de la Comunidad Navarra, diferenciada e integrada en la Nación Española.

Por otra parte, son precisamente esas fragmentadas formaciones las que posibilitan al “ególatra mutante” detentar el Gobierno de la nación, que últimamente intenta aparentar una serenidad imperturbable, mostrando un falso estoicismo ante los fracasos de su partido; el gallinero lo tiene muy alterado y no le son suficientes los bulos que difunde con un histriónico “presentismo” histórico.

En un reciente y casual encuentro con un veterano político e historiador, prolífico escritor y adalid de NAVARRA, me decía “que era una pena desaprovechar esta ocasión” para reafirmar la Comunidad Foral. Lo mismo pienso, y pretendo animar a muchos navarros, con todo respeto, a compartir y favorecer el entendimiento o necesario pacto para lograr ese objetivo.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ

Muestra de ello, sin entrar en detalle, son algunas de las lapidarias frases de portavoces de ambos partidos en los medios navarros esta pasada semana.

“PSN, sin EH-Bildu, no es nadie y se ponen nerviosos solo porque la líder de UPN dice que vamos a gobernar”, “UPN volverá a ganar las elecciones y gobernará durante, mucho,… mucho tiempo”, “Navarra ya castigó a los corruptos y volverá a castigarlos”, “No habrá una tercera ocasión, no volveremos a ofrecer al PSN el gobierno a pesar de ser la lista más votada para evitar que mande Eh-BILDU”, “Aspiramos a gobernar como lista más votada”, dicen en UPN tras su Congreso del pasado 24 de enero.

El PSN, tras el impulso político de su parte alícuota del tripartito, respondía: “No vamos a hacer ni presidenta ni presidente a nadie de UPN”, “La actual presidenta liderará un Gobierno de Progreso en 2027”, “En UPN están acojonados por Vox y el PP”, “Ha sido EH-Bildu la que ha recogido la mano que le tendía el Gobierno de Navarra”.

Ante estas y otras frases, ofrezco mis reflexiones con referencia a los resultados de las elecciones de 2023:

— El PSN parece tener clara su candidata; veremos si lo confirma el PS (sin O ni E), no así UPN, pues sus órganos internos deben decidir el candidato/a.

— El famoso “quesito” no creo que tenga posibilidad de ser navarro; en todo caso, Gruyere.

— El partido más votado en el resto de España queda al margen, aunque desde el PSN se dice: “El PP, solo por alimentar el interés partidista, está alimentando al monstruo. Nosotros lo combatimos”.

— El actual Gobierno navarro tiene en sus sillones la representación del 40% de votantes, pero su apoyo en el Parlamento, con EH-Bildu, suma el 58%.

— PSN y UPN en 2023 sumaron el 48,70 % de los votos, porcentaje que parece inalcanzable en las próximas elecciones forales; primero por la prevista bajada del PSN y, a los regionalistas, bastante es que puedan mantener su apoyo.

— El progresismo (izquierdas, separatistas y nacionalistas), sin el PSN, obtuvo el 37%; es decir, aunque bajase sensiblemente el PSN, todos ellos superarían el 50% y pueden seguir en el poder, quizás con otra cabeza.

— La derecha, UPN, PP y Vox, alcanzó casi el 40% de los votos, lo que pudiera aumentarse dado el efecto del resto de la nación y el incremento de Vox, aunque estos de alguna parte tienen que recoger sus votos.

En resumen, apuesten electores, en juego está NAVARRA. La “confrontación” entre los dos partidos todavía mayoritarios abre expectativas y también nuevos liderazgos. En política, todo es posible.

Con el riesgo de cometer algún error u omisión, resumo el proceso que comenzó hace tres años con el R.D. 252/23, tras un apresurado y denso “tráfico” de informes internos y externos, unos ad hoc, otros ambiguos, y sentimentales manifestaciones foralistas, obviando el documentado informe de un docto jurista navarro que decía que asumir las competencias de tráfico requería modificar la Ley de Amejoramiento, frenando las prisas y urgencias que exigía EH-BILDU, con espurio fin de prescindir cuanto antes de la G. Civil, en la C. Foral.

Con la sentencia del T. S. de 15 de febrero de 2024, anulando en parte el R.D. 252/23, congruente con el dictamen jurídico del que fuera presidente de Navarra, que obligaba a modificar dos arts. de la Ley de Amejoramiento, que, previa ratificación del Congreso español, (179 votos contra 170 de PP y VOX) con la publicación del R.D. 277/25 de 8 de abril, se consumó el proceso.

El reciente cambio de la presidenta foral, de dos consejeros socialistas del gobierno tripartito para dar un mayor “impulso político” al ejecutivo, nombrando a un anterior Vicepresidente y Consejero de Presidencia, Igualdad y Función Pública, que ahora será Vicepresidente Primero, Portavoz y Consejero de Presidencia e Igualdad, quien, en extenso y racional escrito, en enero de 2020, en uno de los párrafos decía: “La progresiva asunción por parte de la C. Foral de la competencia de tráfico no tendría que suponer la pérdida de un caudal humano cuyo conocimiento en materia de seguridad vial y control del tráfico es fundamental para el buen desarrollo del trabajo. Tampoco la pérdida del arraigo personal de quienes bien desempeñando esas funciones en la Guardia Civil”.

En cuanto a la nueva consejera de Interior, Función Pública y Justicia, a la vista de su currículum: funcionaria de carrera del Estado, letrada de la Admón. de Justicia y exsecretaria general de la Delegación del Gobierno nacional, es idónea por su experiencia para abordar el Estatuto foral de Función Pública (sin olvidar Estatuto básico nacional) y completar la implementación de las competencias de tráfico.

Por lo pronto, en sus recientes manifestaciones ha reconocido el retraso del despliegue de policías forales, y entrever un “reproche” al portavoz de EH-Bildu ante su postura urgiendo la salida de la G. Civil de Navarra (principal objetivo de la formación separatista), lo que me parece plausible.

Parece que serán necesarios 150 policías forales más, pero, aun contando las posibles pasarelas, tiene que pasar un periodo notable para su selección, formación y prácticas, así como disponer el equipamiento, vehículos, etc., lo que incrementará el capítulo de gasto corriente y el de inversiones, aunque supongo podrá compensarse con la recaudación de multas, pero creo esto será negociado al amparo del Convenio Económico.

Espero que la consejera tenga también en cuenta la frase del vicepresidente, el año 2020: “Nadie sobra en esta Comunidad Foral para trabajar en beneficio de la ciudadanía”.

Los portavoces de los partidos “progresistas” no se aclaran en sus calificaciones, añadiendo matices y mantras en sus tertulias en los diversos medios, aunque se les note su inclinación y tendencia, siendo motivo de acaloradas discusiones, la mayoría exentas de base jurídica o conocimiento contrastado de los Estados soberanos afectados. Charles de Gaulle dijo: “He llegado a la conclusión que la política es una cosa demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”.

Ciñéndonos a Navarra, hasta la presidenta del Gobierno ha recurrido en el prólogo de su comparecencia ante los medios a la convulsión política mundial, al comunicar (justificar) la remodelación de su ejecutivo, para dotarlo de un mayor contenido e “impulso político” en lo que resta de legislatura, obviando la grave situación de corrupción que planea sobre el Gobierno Foral, que quizás preocupa mucho más a la mayoría de navarros.

Decía Voltaire: “la política es el arte de mentir deliberadamente”, y parece cierto en este caso, así como con uno de los ceses de un consejero navarro, donde vale el dicho: “en todos los partidos cuanto más inteligente es una persona menos pertenece a su partido”. El estilo de gobierno del ególatra mutante imprime carácter en sus franquicias: “un silencio prudente es más peligroso para sobrevivir que el aplauso desaforado y entusiasta. No se trata solo de aplaudir sino de que los vean hacerlo”. (A. Pérez-Reverte).

Continúa el controvertido escritor e historiador, miembro de la RAE, en su espacio habitual Patente de corso de un medio nacional: “la política española se ha convertido en un redil de sinvergüenzas sumisos, donde no te premian por hacer bien las cosas, sino por agachar las orejas”.

No comparto íntegramente todo lo escrito por Pérez-Reverte, que con su espontaneidad, mordaz ironía y sarcástico humor pone el dedo en la llaga, pero es posible que muchos ciudadanos navarros piensen de igual manera, aunque no lo manifiesten públicamente. Solo a menudo en “voz baja”, en reducidos e informales encuentros o tertulias, como consuelo y lamentación ante la desidia de algunos “líderes” políticos y sus aplaudidores.

A pesar de sus evidentes diferencias en sus genuinos principios e ideologías, se ha articulado un bloque mayoritario “progresista”, inquebrantable, con visos de repetir gobierno y seguir remunerados, repartiendo cargos y prebendas, aunque en un futuro próximo puede ser liderado por los que pretenden integrar Navarra en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Mientras, existen tres opciones llamémosles conservadoras, o de progreso (sinónimo desarrollo y evolución), incapaces, por ahora, de pactar en base a lo que les une, que es mucho más de lo que les separa, desoyendo y defraudando a una mayoría de navarros que sienten, defienden (aunque sea en silencio) y creen en la NAVARRA de prosperidad y crecimiento, como Comunidad Foral diferenciada e integrada en la nación española.

No sé exactamente a quién se atribuye, pero transcribo la frase: “Un conservador sabio y un sabio radical creo pueden ponerse de acuerdo. Sus principios son los mimos, aunque su modo de pensar sea distinto”.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ

Adelanto que no me refiero a los tercios carlistas, sino a los aproximadamente tres tercios en que han reflejado las urnas el sentir del electorado navarro a lo largo de las últimas cuatro décadas. Ningún partido logró una mayoría absoluta, y siempre fue a base de pactos o abstenciones como PSN, UPN y G. BAI obtuvieron, alternándose, la presidencia del Gobierno en base a la “suma” de dos de los tercios.

Son varios los comentaristas navarros que han escrito sobre la imposición “progresista” y la progresiva y peligrosa polarización política, con la preocupante deriva del sector empresarial, industrial y económico, o el deficitario desarrollo de básicas infraestructuras de comunicación, así como el abandono del proverbial sector primario.

Sin embargo, el gobierno, sus medios y voceros afines sacan pecho del nivel de calidad de vida de la Comunidad foral, algo habitual desde siempre en las encuestas. Supongo que no se ha tenido en cuenta lo que el “progresismo” ha participado en la destrucción de empleo, crisis y cierres de pequeños y grandes centros industriales, el retraso (intencionado) y oposición a la ejecución de estratégicas infraestructuras y el grave desamparo de una creciente población marginal, sobre todo en la capital.

Los resultados electorales recientes en Extremadura constatan el manifiesto y esperado retroceso del “progresismo”, que se ha quedado en un 40% mientras la opción de la “derecha” ha alcanzado el 60%. Curiosamente, al contrario que en Navarra, comparando con los resultados de las últimas forales, donde “la izquierda antinavarra, la separatista, y una derecha nacionalista, como siempre, oportunista”, liderados por la franquicia del socialista (ególatra mutante) de Moncloa, aglutinó el 58% de votos y una holgada mayoría parlamentaria, dejando a la derecha, con cerca del 40%, en la oposición.

La terminología política ha evolucionado, y en Navarra, diferente al resto de CCAA (lo es históricamente), existe una triple opción que se opone al progresismo descrito en el párrafo anterior. Concurren a las elecciones un centro-derecha y una derecha nacionales y un centro-derecha foralista, con el denominador común de una Navarra diferenciada e integrada en la nación española.

Esta última, mayoritaria opción de las tres, a veces se pone de perfil y amaga con pactos entre parte del sector oponente, mientras la derecha más a la derecha insiste en el control de la inmigración ilegal, pero la realidad es que a los votantes de las tres opciones les une (no precisamente a sus dirigentes) mucho más que lo que les distancia o les separa.

La fractura de ese actual reparto de los tres tercios, dada la total adhesión y entrega del actual PS (Sin N) a sus socios del “tercio antinavarro-separatista”, y la grave situación de corrupción que rodea al PSOE, genera malestar, desánimo de sus votantes con deserciones y son probables abstenciones en próximas convocatorias electorales, lo que debe ser estratégicamente aprovechado por el tercio hoy en oposición, y evitar el riesgo identitario que acecha a la Comunidad Foral.

Apoyo la petición del Arzobispo a los políticos, realizada en la clausura de Año jubilar de la Esperanza: tolerancia y entendimiento, y lo anhelo para el año que comienza. Dichoso y esperanzador 2026.

Se dice: “el sentido común es el menos común de los sentidos”, y ese déficit de sensatez en parte de la clase política repercute en la falta de calidad democrática, al ser difícil exigir o valorar ese requisito tan aconsejable en la actividad de nuestros electos representantes políticos. No se elige previamente a los/as componentes de las listas electorales por su formación, experiencia laboral, capacidad, títulos y “diplomas”, etc..., ya que la inclusión en las mismas, mayoritariamente, es cuestión de afinidades, amiguismos, compromisos y sometimiento a la cabeza de lista que controla el partido, aunque se diga que saber acoger la discrepancia interna hace fuerte a un partido.

Es necesario mitigar o paliar ese seguidismo, esa obediencia de vida que impide manifestar con libertad una opinión, utilizando sentido común, debida a esa aspiración o tentación de seguir como profesional de la política, optando por estar silenciado por la disciplina o dictadura partidista. El pánico que suele acompañar cuando se pasa el ecuador de la legislatura y se prevé el riesgo de quedarse a la intemperie, fuera de la lista, aunque sea en la oposición, condiciona tristemente la libertad de expresión de muchas personas.

La limitación de mandatos consecutivos pudiera ser un impedimento disuasorio para esas tentaciones de profesionalización sine die de muchos/as de la clase política que aceptan el silencio cómplice en el ejercicio de su cargo electo o designado. Si esa norma limitativa se aplicase, quizás pudieran ser más libres y, aunque no siguieran en el cargo, les quedaría, si son verdaderos políticos vocacionales, mantener su participación en los órganos internos de su partido, esperando otro período, y seguir aportando y apoyando dentro de su ideología y con sentido común, decisiones en pro del interés general y bien común de todos los ciudadanos.

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU establece que la libre voluntad del pueblo debe manifestarse en intervalos no muy largos, y la Comisión de Venecia, en su Código de Buenas Prácticas en Cuestiones Electorales, recomienda que el intervalo no supere los cinco años. La C.E., arts. 68 y 69, regula la elección de diputados y senadores cada cuatro años, salvo disolución de las Cámaras por el presidente del Gobierno, o la moción de censura, art. 112. Este sistema se reproduce en los diferentes Parlamentos de CCAA y Ayuntamientos. (Cabe también opinar sobre dos períodos de cuatro o uno de seis años).

No obstante, una limitación de dos mandatos consecutivos ayudaría a disminuir la polarización, por la renovación de personas y talantes; evitaría, en cierto modo, esas tramas de corrupción y tráfico de influencias: no hay tiempo para organizarlas y desarrollarlas, y frenaría las aspiraciones de seguir en el cargo sine die con una fraudulenta profesionalización.

Esta propuesta de solo dos mandatos consecutivos ha sido una promesa habitual de candidatos, pero únicamente recuerdo como cumplida voluntariamente la de un presidente nacional de centro-derecha. El actual presidente, al que con todo respeto califico de “ególatra mutante”, a los hechos y formas me remito, en varias ocasiones lo ha prometido, como en la página 77 del programa de 2015 de su partido: “Estatuto y condiciones del ejercicio de la política. Establecer un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno”. Si, como declaran y prometen, todos los partidos están de acuerdo, no sería problema el cambio normativo oportuno, y el de las CCAA, y una adaptación especial a los más de 8.000 ayuntamientos, dadas sus diferencias poblacionales y su autonomía.

Mantengo la opinión de que el cargo político ejecutivo no tiene una remuneración “oficial” acorde con sus responsabilidades (no sé si capacidad) en comparación con la actividad privada, y no entiendo que puestos a dedo, incluso de funcionarios, en sociedades o instituciones públicas o chiringuitos ad hoc tenga mayor remuneración que las presidencias, ministerios o consejerías de las que dependen. Sin embargo, creo que una gran mayoría de electos en legislativos, que solo hacen número, levantan la mano o pretan (sic) el botón, debieran “rentar” como máximo el salario mínimo, y los gastos o dietas de asistencia/presencia justificada.

JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ -LCDO. EN DERECHO- FUNCIONARIO JUBILADO

Pudiera ser que no llegara a plantearse de inmediato lo previsto en el párrafo anterior, y el Congreso, a propuesta del okupa legal de Moncloa, se anticipe y decida una entrega de "hecho" de la C. Foral a la C. Vasca, para mantener sus increíbles pactos con separatistas, independentistas y otras izquierdas, para seguir en el cargo, aunque, con el tsunami de corrupción y putrefacción que lo rodea, y a pesar de su guardia de corps y sus goebbelianos voceros y asesores, no tenga ya salida digna de su cargo.

Parece de locura, lo entiendo, pero al paso que vamos no nos puede asustar nada. Los electores navarros suponen unos 350.000 máximo (según convocatorias) y con diferentes opciones, con lo que el número de votantes que pudiera afectar al ególatra mutante supone muy poco en el contexto nacional.

Navarra es una de las regiones, territorio foral, que tiene unido su destino de forma indisoluble al de la nación española, con antelación a las Comunidades constituidas tras la aprobación de la Constitución de 1978. Las Cortes Generales, art. 66 C.E., representan al pueblo español, y en ellas no se está como navarro, turolense, soriano o cántabro, sino como ciudadano español.

Por eso, cuanto más peso puede tener esa voz "navarra" en el Congreso es unido el centro-derecha nacional, e incluso con más derecha o quizás alguna minoría de centro, por lo que no debe perderse tiempo en conformar una amplia y sensata entente del centro-derecha navarro, por encima de partidos, y hacer valer el dicho "navarro se es… o no se es".

Por cierto, esa frase la escuché a Miguel Indurain Eugui, hace más de 30 años, cuando coincidimos con el ministro español Javier Solana, que llegaba a la zona de meta, en los Campos Elíseos, tras ganar Indurain, creo que el tercer Tour, y confesarnos el ministro que él era "medio navarro", a lo que, bajo el ruido ensordecedor de altavoces y bullicio, le espetó el padre del pentacampeón, con su socarronería y sorna habitual: "¡Malo… navarro se es… o no se es!".

Los/as que nos sentimos navarros, tenemos que reaccionar y nuestro deber es ejercer el derecho al voto tanto en las próximas elecciones forales o nacionales con el inequívoco objetivo de seguir manteniendo nuestra histórica y foral Navarra.

Estas tramas suelen aflorar por denuncias o sospechas de ciudadanos o asociaciones y también por confesiones de alguno de sus miembros disconformes con la organización. Los fontaneros de las tramas u organizaciones criminales están especializados precisamente en hacer desaparecer pruebas con sus opacas y turbias intermediaciones, manipulando pliegos de condiciones, contratos de suministros, así como practicando el tráfico de influencias para adjudicaciones, nombramientos o facilitar la permanencia de algunos funcionarios en cargos decisorios.

Una gestión transparente que hace pública su información de forma clara y accesible previene la aparición de sospechas y favorece la acción de la justicia, pero con la opacidad y manipulación, a los jueces no les queda más opción que acudir a lo que se llaman pruebas indiciarias, que, según jurisprudencia del T. Supremo, debe fundamentarse sobre indicios plurales y probados (no sospechas), deducirse de ellos el presunto delito y la razonabilidad de dicha inferencia, asentada en una comprensión contrastada de la realidad y cuya concurrencia, conforme a criterios colectivos, proporcione a los jueces suficientes argumentos para dictar sus autos y sentencias.

El fallo del caso del Fiscal General con el borrado de móviles es un ejemplo que supongo se verá reflejado en la redacción de la sentencia argumentando los indicios que han motivado la sentencia condenatoria, así como los de los votos particulares.

La, ya no tan presunta, corrupción detectada en nuestro entorno y protagonizada por ciudadanos navarros, extendida al ámbito nacional e incluso a otro continente, con causa en una denuncia (partido regionalista) sospechando de la adjudicación de una importante infraestructura, ha posibilitado que la UCO cada día ofrezca más indicios sobre las irregularidades de dicha contratación y de la trama alrededor de la misma: conversaciones en “clave gastronómica”, testimonios de imputados/as, reuniones secretas, irregularidades del proceso, contratos de suministros, sociedades instrumentales que niegan alguno de sus socios, signos externos de nivel de familiares (compras, vacaciones, viviendas de lujo), vejatorias y soeces opiniones respecto a la mujer, reparto de dinero en metálico, etc., lo que afecta e implica de modo directo al Gobierno foral y, en concreto, a la responsabilidad de la presidenta.

Mientras la Administración foral no cumpla con el mandato constitucional (art. 103 C.E.) de “servir con objetividad los intereses generales actuando con sometimiento a la ley y al derecho, aplicando el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”, la transparencia es una quimera. El funcionario es una persona, y como humano está expuesto también a las tentaciones del corruptor, que sabe bien a quién puede captar, por lo que hay que pensar en personas íntegras, honestas e imparciales, cuyo objetivo es el bien común.

Uno de los enemigos de la transparencia es la legión de contrataciones y creación de sociedades chiringuitos para dar empleo público bien remunerado a asesores, secretarios, gerentes, familiares, hasta escorts seleccionadas de catálogos, y la coordinación de astutos y sagaces fontaneros con dobles vidas: de monje o de una ONG, como dicen sus convecinos en un caso muy cercano.

Esta práctica abusiva de enchufismo y nepotismo, con personas que usurpan puestos o cargos de funcionarios, son las que a menudo consienten y aprueban fraudulentos contratos y mordidas, siendo muestra palpable de la inoperancia e ineficacia de las leyes de transparencia, oficinas anticorrupción o buenas prácticas, códigos de buen gobierno e incluso algunas auditorías internas o ad hoc, o externas, salvo que tengan un fin concreto como pudiera ser una auditoría forense.

A pesar de las diferencias ideológicas, en su origen, entre los coligados, se unen y se reparten el “estar o figurar” en el poder, mientras tanto los socios que no ocupan sillón en la “amplia” mesa del ejecutivo son los auténticos amos, que sin prisa pero sin pausa van articulando y dando firmes pasos en su objetivo prioritario: la integración de Navarra en la Comunidad vecina.

La autocomplacencia, que no es sinónimo de progresismo y que rechaza la presidenta ante las acusaciones de la oposición, añade sin embargo otro mantra, que también repiten los suyos: “Somos la comunidad con mayor calidad de vida de España…” (el subconsciente traiciona a la cirbonera, al no decir “Estado”).

Navarra, proverbialmente, como provincia o Comunidad foral, salvo el paréntesis de corrupción del cuatrienio de final de la década de los 80 protagonizado por el gobierno del PSN, y que actualmente tiene indicios de reproducirse (la historia es cíclica), pero en esta ocasión con cobertura de ámbito nacional, ha ocupado puestos destacados en lo que concierne a bienestar social, salud, educación; en resumen, alto nivel de vida o lo que ahora se proclama índice de calidad de vida.

“Calidad de vida” que puede verse en las “comunistoides” colas de madrugada al aire libre ante los centros de salud, o los desempleados en manifestaciones en la calle por la crisis industrial; la inseguridad ciudadana al aire libre; viajeros del tren al aire libre en las vías y andenes por el caos ferroviario; e incluso la reaparición al aire libre de la “kale borroka”, interesante atractivo turístico años pasados y ahora extendido a la periferia y campus universitario de la capital.

“Calidad de vida” la de los contados habitantes de nuestros valles del Pirineo oriental, disfrutando de aire puro, cristalinas y frías aguas, paisajes increíbles, escenarios naturales con recónditas cascadas sin contaminación, sin tener que compartirlos con casi nadie, ya que gracias a los proyectos de leyes de “Despoblación” y el “Mapa Local”, que merecen ser donados al Archivo Real por su interés documental en vez de descansar en algún cajón de la dirección general o servicio, convierten a esos aislados habitantes en “privilegiados” navarros, aunque no sé hasta cuándo.

Igualmente, “Calidad de vida” la de nuestros Parques naturales, los depurados arroyos y afluentes que “varonizan” al Ebro, los embalses de diferente capacidad para ocio y deporte al aire libre, el paraje semidesértico de Bardenas, etc. En fin, que nuestra calidad de vida no tiene precio (Navarra está barata), y sin olvidar nuestro patrimonio artístico al aire libre, algo contaminado en la capital, donde precisamente en breve las estatuas, que según dicen representan a reyes navarros, darán un real paseo hasta el entrañable parque de mi niñez para, cerca del genial Gayarre, asentar sus reales.

Pero la calidad de vida no es la desidia y gran retraso con las infraestructuras, que podrían valorizar Navarra, aproximando en tiempo la capital de la nación; o el incremento de “empleo público” y su coste —no me refiero a los funcionarios—; el abandono del básico sector agropecuario; o la falta de atractivo y alicientes para empresarios e industrias, y la presión fiscal que soportamos.

Mantengo la esperanza de que, antes de llegar el TAV a su destino, no se produzca la entrega formal de Navarra, que mi imaginación la recrea junto al último retoño del árbol de Guernica (mucho más joven que la más que centenaria sequoia de nuestro palacio foral) y bajo la égida del en su día castellano Señorío de Vizcaya, una de las otrora provincias Vascongadas. Finalizo recordando dos populares dichos: “tiempo al tiempo”, ya que los promotores “no dan puntada sin hilo”.

El resto de contestaciones a las cuestiones que planteó la senadora navarra, cuya estoicidad y aplomo fueron destacados en muchos medios de ámbito nacional, aguantando las continuas divagaciones y los preparados “mantras” contra el PP del “ególatra mutante”, me hacen presagiar un triste futuro para la Comunidad Foral, pues ni las imputaciones por corrupción de los ocupantes del turismo con el que recorrió la nación —del que no recordaba su marca— son capaces de despegarlo del sillón que “okupa” en Moncloa.

Por otra parte, puede darse una curiosa coyuntura con la “permanencia” de la Disposición Transitoria Cuarta, introducida en la C.E. de 1978, no exenta de controversias, que contempla una posible incorporación de Navarra a Euskadi, y cuya aprobación en el Congreso contó con la abstención del diputado navarro Jesús Aizpún, que no se demoró en encabezar la fundación de Unión del Pueblo Navarro en enero de 1979, precisamente por no compartir la citada Disposición.

Obviando opiniones e interpretaciones jurídicas, paradójicamente hay una salvaguarda en la D. Transitoria, gracias a lo previsto al final del primer punto y del segundo de la misma, ya que una iniciativa de un Parlamento Foral proclive a la incorporación a la señalada comunidad vecina tiene que ser ratificada en referéndum por la mayoría de votos válidos de los electores navarros, y, si no prosperase, esperar otros cinco años para plantear de nuevo la cuestión.

Pero existe el riesgo —estamos acostumbrándonos a ello— de que el Gobierno de la nación, de una u otra sibilina forma, entregue la Comunidad Foral al igual que la alcaldía de Pamplona, a los socios de su dócil franquicia navarra, a cambio de mantenerla en el sillón.

Tiempo al tiempo, y deseando que los navarros libres ejerzan su derecho al voto, llegado el caso de lo previsto en esa “antigua transitoria”, si no es suprimida antes con la colaboración de CASA CONDE (algunos medios: presidencia del T. Constitucional) y Navarra pase a ser una “región”.

Mantengo la esperanza, en contra del título de este escrito, sugerido por la lectura de la novela Volverás a Región de Juan Benet (1927-1933, Ingeniero de Caminos), cuya compleja trama se desarrolla al norte de un mítico país que, según la topografía que describe, me lo imagino accediendo por el “desierto” de Bardenas hacia el norte y divisando las montañas pirenaicas.

“Lo único que hemos aprendido en nuestra travesía del ciclón Sánchez (ególatra mutante, para quien suscribe) es que no todos los políticos son iguales y de nosotros depende que no continúen indefinidamente los peores con mando en plaza”, escribía hace unos meses Fernando Savater, catedrático de Ética.

Una encuesta publicada el mes pasado por el diario madrileño 20 minutos decía: “Casi el 80 % piensa que los políticos usan el dinero público en su propio beneficio”, y “solo uno de cada diez considera que quienes ocupan cargos públicos son honrados”. Añadía que todos los indicadores de desconfianza se han disparado en los últimos 16 años.

Pasado el ecuador de la legislatura, se vislumbra, salvo un posible adelanto, el final de la misma, por lo que se suma a esa serie de descréditos de los políticos el ansia o necesidad de no dejar el sillón, y las arteras maniobras, docilidades o duras pugnas internas para asegurar un puesto de salida en las listas.

Respecto a nuestra Comunidad, el navarro Aurelio Arteta, también catedrático de Filosofía Moral y Política, escribía hace años un artículo titulado Vaya tropa, en el que decía: “En Navarra no tenemos una clase política como para presumir, la verdad sea dicha”. Palmario ejemplo ha sido el devenir de los partidos navarros, de lo que no se escapa el tradicional partido de centro derecha, cuya condición de más votado en las últimas décadas la perdió en las elecciones generales de 2023.

Esta pérdida de UPN de la hegemonía y del Gobierno foral se gestó en la legislatura 2011-2015, tras la abrupta ruptura con el PSN de entonces, decisión de la primera presidenta de la Comunidad Foral (motu proprio o aconsejada), que recalcaba en Tudela, días pasados, que dejó Navarra con los “mejores datos” y “sin corrupción alguna”, aunque tenga en su debe la fractura de la formación regionalista, quizás por su desconocimiento o falta de suficiente información sobre la idiosincrasia de una Navarra tan diversa y diferente.

Sus dos sucesoras no pueden, sin embargo, presumir —a pesar de su arraigo y origen navarro (la anterior se autocalificaba como “navarra de adopción”)— de favorables índices en los diversos sectores de la Comunidad ni de ausencia de casos de presunta corrupción durante sus mandatos.

Navarra, tierra de pactos, donde en la última década parece que solo han fructificado los “antinatura”, en contra de la esencia de la Comunidad foral, pues los partidos a los que une mucho más de lo que los separa, sus políticos —y sobre todo los de la opción mayoritaria—, se empeñan en abrir zanjas o poner barreras donde no debieran existir, estigmatizando al más próximo.

Políticos incapaces de frecuentar la calle y atender a los ciudadanos, donde, de boca de sus potenciales votantes, se podría escuchar: “Aquí UPN y en Madrid PP”. La sabiduría popular los supera, pues es reflejo de sentimiento identitario e interés general.

Con intención o por ignorancia, o con el ansia de detentar el cargo, y dejando hacer todo tipo de “negocios” a sus acólitos de gobierno, aceptando todo lo que proponen sus socios parlamentarios, dos de las tres últimas presidentas de la Comunidad Foral, curiosamente con notorio arraigo familiar en esta tierra —Ribera y Zona Media—, están abocando a gran parte de sentidos corazones navarros, pero muchos sumisos y callados, a un ininterrumpido deslizamiento “sin freno ni marcha atrás” por la rampa que conduce a la dulce muerte de la Comunidad Foral.

La reciente renovación y ampliación del protocolo de colaboración “sin límites” entre los gobiernos de Navarra y Euskadi, en la sede de este, firmados por la presidenta, son una muestra inequívoca de ese avance. Continúa así la labor iniciada, con más conocimiento, preparación y poso, por su antecesora —esta sí, con la bandera de Navarra en el acto protocolario—, y contando con el lógico beneplácito (o imposición) y silencioso aplauso de sus apoyos nacionalistas y separatistas.

Todo es posible, y más en política, y si esos corazones navarros reaccionan pueden ser “una gran mayoría de corazones con freno y marcha atrás”.

Los socialistas repitieron en 1987, pero desde 1991, durante 24 años, fue UPN (paréntesis por dimisión de un presidente socialista) el partido que, con pactos, gobierna en Navarra, incluso en 2011 con el PSN. Pero a partir de 2015 empieza la travesía en el desierto de UPN. Opino que fue una errónea decisión de la dirección del partido que, quizás con buena fe, propició aupar a la presidencia del Gobierno a una persona con currículo académico, pero ajena a la vida política de todos los navarros, y que abruptamente rompe el pacto de gobierno con el PSN. Desde esta nefasta gestión, son ya tres legislaturas en las que el conglomerado de partidos frente a la derecha navarra y española menoscaba sagazmente el status de la Comunidad Foral.

En la reciente apertura del curso político de UPN, su presidenta proclamaba: “El futuro de la comunidad foral se llama UPN” y “Hay que reconquistar Navarra, es el momento de UPN”. Y aunque comparto ese deseo de futuro, creo que el “momento” de UPN pasa por una grave crisis que viene desde esa ruptura con el PSN en la legislatura 2011-15 y no alcanzo a entender cómo UPN, solo, puede conseguir esa reconquista.

Reflexionaba públicamente el 28 de agosto de 2023 un notable expresidente del Gobierno, de UPN, sobre las elecciones del 23-J: “En UPN hay malestar con las estrategias seguidas y hay que hacer autocrítica”. Reconocía el “error de no concurrir con el PP” y abogaba por cambiar la política de pactos. Una de las causas que unos meses antes propiciaba la baja en el partido de quien esto suscribe, tras 40 años de afiliación. Aunque UPN siguiera siendo el partido más votado en las elecciones forales, ha dejado de tener protagonismo en el Gobierno, y la teoría del quesito ya no es aplicable a la vista de las manifestaciones que cito seguidamente.

La presidenta navarra, franquicia del ególatra mutante, okupa legal de Moncloa, manifestaba el 23 de junio de 2024: “Bildu tiene disposición a acordar y la relación con UPN es inexistente”. Y hace unos días la portavoz de su partido en el Ayuntamiento de la capital, en un escrito titulado La elegancia política, anunciaba un Plan de Convivencia donde se refería al “rechazo explícito de la exaltación del terrorismo”. Lo que no me cuadra, ni con lo que dice su presidenta ni con lo que votó en la moción de censura en el consistorio de la capital para sacar a UPN de la alcaldía.

Unas fechas antes, el 18 de febrero de 2024, el presidente del UPN manifestaba: “He ofrecido un pacto a Geroa Bai, lo valoró y al final dijo que no”. Y todavía más reciente, el mes pasado, el último alcalde de Pamplona por UPN: “Ya no hay ETA ni kale borroka, pero su proyecto político se va imponiendo”. Y añado: y consolidando, pues hasta el PS de Navarra ha perdido la N.

Pero más preocupante es la amarga experiencia de UPN ante los enfrentamientos con el PP, las deserciones e intercambio de personas y cargos de un partido a otro, que muy bien definía el presidente del PP en 2008, en escrito de 19 de abril de 2023, Juego de tronos, y que finalizaba: “A los votantes de centroderecha se nos plantea un gran dilema, pues tenemos que optar por unos o por otros, cuando las redes sociales están llenas de fotos en las que esos mismos posaban juntos hace cuatro días en amor y armonía y ahora se presentan en listas diferentes y a cara de perro. Una cosa está clara: el fracaso está asegurado”. Acertó.

No hace falta mucha agudeza para saber quién está en contra del status actual de la Comunidad Foral y nuestra historia, pues la ideología, acciones, manifestaciones y pactos del “sector progresista”: derecha nacionalista, izquierda abertzale, nacional y resto de izquierda (no debe existir la ultra) lo dan a entender en todo momento, ya que el centroderecha regional y nacional y la derecha (más derecha) lo tienen claro: están a favor, aunque mantengan ciertas diferencias.

Diferencias en el centroderecha que parecen estar en torno a la interpretación de la foralidad. Sobre ello, recuerdo escrito póstumo, de 3 de febrero de 2023, de un destacado profesional en el sector de Salud (que bien nos vendría ahora), senador y parlamentario de UPN, que decía: “Al PNV y a Bildu les trae un higa el tráfico de Navarra […] lo que desean es echar a la Guardia Civil. Navarra no es, ni más ni menos, en su identidad foral por asumir o no la competencia; lo importante es tener el derecho aunque no lo ejerza…”. Y también un portavoz de VOX el 15 de julio de 2023: “Los fueros no han traído ninguna ventaja para Navarra”. No creo que sea tan complicado conciliar algunos conceptos sobre la realidad de lo que hoy supone la foralidad.

Auguro un incierto futuro al actual status de la Comunidad Foral. Mucho debe cambiar el escenario, aunque todo es posible en política. Algunas encuestas (sin “tezanizar”) apuntan a una mayoría a favor de una Comunidad Foral, pero el riesgo de integración, o como se quiera llamar, sin prisa y sin pausa, está latente.

La cacareada polarización no es culpa del centroderecha, sino de los “progresistas” que han cambiado radicalmente su concepto de Navarra. Ahora prima la elegancia política y el Plan de Convivencia, y que con tal de “figurar” en el poder, apoyándose en sus chantajistas, imitan miméticamente al ególatra mutante que lidera el “desgobierno” de la nación. Y les traen al pairo los indicios de su corrupta gestión, igual que a sus socios, volviendo a los años ochenta de triste recuerdo para Navarra.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ

Mi último escrito en Atención al Paciente es del 20 de agosto. No sé si me contestarán, pues me informan que hay tantos que es imposible hacerlo. Sugiero destinar el espacio y personal (de infinita paciencia) de esta sección o servicio a otra actividad más útil. Asimismo, me cuesta comprender el gasto de la “nueva y superflua Facultad” para producir profesionales, que optarán por la vía a Vitoria (no por Ekio), con mejor sueldo, antes que viajar a Tudela con peaje. Se pudiera haber destinado parte del gasto de la citada inversión a mejorar las habitaciones o a la climatización de las instalaciones del complejo hospitalario.

La atención sanitaria de todos los profesionales, una vez que entras en un servicio del HUN, es de nota, al igual que en mi Centro de Salud. Aunque, tras más de dos intensos años necesitado de diversos servicios, me han hecho conocer y padecer la inexistente (con alguna excepción) coordinación entre ellos, la escasez de personal y su precaria situación laboral, no solo en lo económico, con profesionales en general desmotivados o resignados, según manifiestan, aguantando estoicamente las múltiples quejas de los pacientes.

Me hablan de la valía como cirujano del Sr. Consejero; no lo dudo, ni de su trato afable y cordial. Pero el peso de los años y la responsabilidad no perdonan. Supongo que la dimisión no le estará permitida por la formación que lo retornó al cargo en apoyo de la presidenta, y que esta misma tampoco estará por la labor. Por eso sigo pensando que es la verdadera responsable de este caos y debiera adoptar una honesta y digna decisión.

Como anécdota, le recuerdo, Sr. Consejero, sus declaraciones del 15/10/23: “No es posible que haya colas tremendas a las 7:30 para coger cita en el Centro de Salud” o el 1/06/24, dirigiéndose a los parlamentarios: “Veo la luz al final del túnel con las listas de espera” y añadía: “Me vuelvo a encontrar los mismos mensajes catastrofistas de siempre, con su manual de mantras, con sus medias verdades y estulticias” (creo que bastante razón le asiste en este último sustantivo).

Curiosamente, pude comprobar el 26 de agosto, a las 7:45, en mi Centro de Salud, una tremenda cola de más de 40 personas, sin contar las que teníamos analítica con número ya reservado. Por ello creo que quizás necesite el Sr. Consejero pedir una consulta o revisión en oftalmología, por lo de “la luz al final del túnel”, o madrugar menos, pues a las 7:30 la cola es, lógicamente, menor.

Le aseguro que este escrito únicamente lo motivan las caóticas y desesperantes listas de espera que muchos ciudadanos navarros sufrimos.

“Los símbolos tienen más importancia que la realidad —escribía el historiador F. G. de Cortázar—, de ahí que los nacionalistas prefieran seguir jugando a soñar con minúsculos estados feudales antes de convencerse de que la historia debe continuar. Pero puede no hacerlo en ESPAÑA, si no comprendemos que los nacionalismos son armas cargadas de pasado y los Estados solo se justifican por su contribución a aquella paz perpetua que concibió Kant como ideal supremo de la humanidad”.

La heredada idea del Estado federal, del ególatra mutante de Moncloa, confirmada en la investidura del presidente (PSC) de Cataluña, es posible que sea por ahora solo una treta y burda excusa dilatoria para mantenerse en el poder. Su alucinante permisividad en concesiones, sus pactos y torticeras maniobras, utilizando hasta presuntos corruptos como emisarios y negociadores, ha hecho “estallar” la Caja de Pandora. Con la valiosa colaboración de sus voceros y ministros, algunos genios del frentismo y la distracción, alumnos aventajados de la escuela goebbeliana de propaganda nazi, han conseguido instaurar en ESPAÑA un auténtico caos al que no es ajena la Comunidad Europea.

Es humillante que partidos de ámbito no estatal actúen sin escrúpulo como desalmados explotadores, sin compromiso alguno en la responsabilidad de Gobierno, pero sí presionándolo y chantajeándolo a cambio de sostenerlo, obteniendo beneficios de todo tipo para sus comunidades autónomas proclives al separatismo o a su federalismo particular.

Nunca me convenció el desglose y atribución de competencias a las CCAA del título VIII de la Constitución Española, dando la impresión de un “vaciado” Gobierno central que solo piensa en mantenerse y que, con toda desfachatez, permanece de vacaciones a pesar de lo que sucede en la nación-Estado, como si lo que ocurre en el territorio español no fuera con ellos.

Es grave la responsabilidad histórica de este Gobierno, con sus desplantes, omisiones y enfrentamientos ante la gran mayoría de las CCAA en cuestiones de inmigración, financiación o las desgraciadas danas e incendios, así como las comunicaciones ferroviarias, sin personal y sin una adecuada conservación y atención. Todo ello sin olvidar el “tsunami” de presunta corrupción que inunda al PSOE que lidera el Ejecutivo nacional.

Creo en el principio de subsidiariedad, pero otra cosa es la obligación del Gobierno central de intervenir y estar presente en esta oleada de incendios que afecta a casi media España, pues es evidente que las CCAA no disponen hoy día de los recursos y medios suficientes, ni pueden disponer por su cuenta de unidades del Ejército para poder enfrentarse a catástrofes de este tipo.

La falta de coordinación y dirección, y la lentitud en afrontar los problemas, sobre todo estando de vacaciones, es la tónica general de este Ejecutivo central, o, cuando no, exigiendo la petición de ayuda de las CCAA afectadas, supongo que con instancia en el registro central.

Este indescifrable “federalismo” ha propiciado un progresivo incremento de empleo en cargos de delegados, subdelegados, representantes de juntas, diputaciones, etc., y la creación de nuevos organismos en CCAA y Gobierno. Pero, cuando llega el momento de ejercer la competencia, el titular de turno, con la duda de su capacidad y currículum, se escaquea, salvo si es para alguna comparecencia en sentido positivo en los medios. Parece que una cosa es el Gobierno de la Nación-Estado y otra los territorios de algunas de las CCAA.

Afirmaba, hace años, el catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban: “Es muy difícil volver a poner las plumas al pavo cuando ya se le ha desplumado, pero algo hay que hacer si queremos que España siga existiendo como nación unitaria”.