Por una vez, dejemos la coña habitual a un lado y pongámonos serios, a ver si así conseguimos algo.
En democracia existen dos legitimidades distintas. La jurídica y la política. La primera la deciden los tribunales. La segunda, los ciudadanos. Confundir ambas cosas es uno de los grandes errores de nuestro tiempo.
La política no debería convertirse únicamente en una carrera profesional, como lo es hoy. Debería ser un servicio temporal que una persona presta a la comunidad. Su conocimiento, su experiencia y su prestigio puestos al servicio del bien común.
Sin embargo, hemos terminado aceptando como normal una anomalía: ascender por la estructura del partido, eliminar al rival interno y, una vez alcanzado el poder, aferrarse al sillón con uñas y dientes. Como si el cargo fuera un patrimonio personal y no un préstamo que hacen los ciudadanos.
Por eso existe una diferencia fundamental entre la justicia y la política. La justicia determina si alguien ha cometido un delito. La política responde a otra pregunta: si esa persona conserva la autoridad moral necesaria para seguir gobernando. Confundir ambos planos, que es precisamente lo que lleva demasiado tiempo haciendo Txibite, genera un espacio en el que la responsabilidad política desaparece y la corrupción encuentra el terreno perfecto para prosperar, que es donde vivimos hoy instalados con el PSOE y sus socios.
Porque la democracia no se sostiene únicamente sobre la legalidad. Se sostiene también sobre la confianza de los gobernados en quienes ejercen el poder.
Cada nueva información, cada nuevo auto y cada nueva diligencia judicial relacionados con la presunta trama de corrupción que afecta al entorno del PSOE reducen un poco más la credibilidad de su Gobierno. No porque demuestren la culpabilidad —eso corresponde a los tribunales—, sino porque erosionan el fundamento sobre el que descansa cualquier ejecutivo democrático: la confianza.
La adjudicación de los túneles de Velate por parte del Gobierno de Txibite ha entrado en el foco de la investigación judicial. No es una sentencia. No es una condena. Pero tampoco es una anécdota. Es un hecho de enorme gravedad política. Cuando un Gobierno llega a ese punto, la primera obligación de un gobernante no es resistir. Es preguntarse si su permanencia ayuda más a la institución o a sí mismo.
Max Weber —si Txibite estudió sociología, le debe de sonar el tipo— distinguía entre quienes viven para la política y quienes viven de la política. Cuando la principal preocupación de un gobernante deja de ser gobernar y pasa a ser sobrevivir políticamente, empieza a importar más el cargo que el servicio que ese cargo debe prestar.
Si el PSOE quiere seguir confiando en Txibite, que la contrate para su estructura privada. Pero los navarros no tienen por qué aceptar que el interés de una persona o de un partido prevalezca sobre el interés de Navarra. Los navarros merecen un Gobierno cuya única prioridad sea gobernar, no administrar una crisis permanente de credibilidad.
La presunción de inocencia pertenece a los tribunales. La confianza pertenece a los ciudadanos. Ahí, en esa confianza libremente otorgada, es donde se sostiene el pacto entre gobernantes y gobernados.
Y cuando un presidente deja de ser creíble, seguir aferrándose al cargo deja de ser un acto de responsabilidad para convertirse en un ejercicio de supervivencia política. Ahí termina la legitimidad política para gobernar, aunque todavía no haya terminado el procedimiento judicial.
Pero vete tú a explicarles todas estas finuras intelectuales a semejantes buscavidas del PSN sin escrúpulos que nos gobiernan. Y eso es todo.
