Asiron convierte el Ayuntamiento de Pamplona en "el mayor fondo buitre de su historia", pisos a 500.000 euros

El Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por Joseba Asiron (EH Bildu), se ha convertido en un auténtico "fondo buitre" que desahucia a vecinos mientras obtiene importantes ingresos con la subasta de terrenos municipales. Esta es la dura acusación que ha lanzado Juan José Echeverría, concejal de UPN y portavoz de la formación regionalista en la Comisión de Urbanismo, contra la gestión del equipo de Gobierno municipal.

Echeverría ha protagonizado una contundente intervención en la que ha denunciado que el Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado el desahucio de 14 personas en lo que va de 2026, una cifra que ha atribuido directamente a las decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno Local.

"¿Buitres? Les voy a hablar de buitres, pero de ayuntamientos buitres", ha comenzado su intervención el representante regionalista, antes de señalar directamente al alcalde, Joseba Asiron, y al concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea, como responsables políticos de esta situación.

"Este Ayuntamiento, presidido por Asiron, con Abaurrea de concejal de Urbanismo y con los concejales delegados en la Junta de Gobierno, ha desahuciado a 14 personas en lo que va de año 2026", ha denunciado.

El edil ha insistido en que estas actuaciones han contado con la aprobación del propio Gobierno municipal. "¡14 personas que han sido desahuciadas por este Ayuntamiento en lo que llevamos de año con la aprobación de la Junta de Gobierno por parte del fondo buitre en el que ha convertido usted y el señor Asiron al Ayuntamiento de Pamplona!", ha reprochado.

Durante su intervención, Echeverría ha exhibido documentación sobre estos casos y ha utilizado una expresión especialmente crítica con el discurso del equipo de Gobierno: "Las Maricarmen de Pamplona. Aquí las tienen".

El concejal regionalista también ha acusado al Ayuntamiento de protagonizar "el mayor movimiento especulativo de la Historia de Pamplona" mediante las subastas de parcelas municipales en Arrosadía.

En concreto, ha asegurado que estas operaciones han alcanzado una repercusión de 150.000 euros por vivienda, una cantidad que, según ha afirmado, no se había pagado nunca por un solar residencial en la ciudad. "¡150.000 euros de repercusión por vivienda! ¡Lo que no se ha pagado jamás por un solar en esta ciudad!", ha exclamado.

A juicio de Echeverría, el elevado precio del suelo terminará trasladándose directamente a los compradores de las futuras viviendas. El concejal ha calculado que, una vez añadidos los costes de construcción, las licencias, los honorarios técnicos, los impuestos, los gastos notariales y la financiación, los pisos podrían alcanzar al menos los 500.000 euros.

"Esas viviendas van a valer 500.000 euros por lo menos. ¿Y quién las ha subastado? El fondo buitre del Ayuntamiento de Pamplona", ha sentenciado.

Sin embargo, las críticas del concejal de UPN no se han limitado a las operaciones urbanísticas. También ha cuestionado duramente la Ordenanza de Viviendas Municipales, al considerar que introduce un cambio en la relación entre el Ayuntamiento y las personas que ocupan los inmuebles municipales.

Echeverría ha sostenido que el Gobierno de Asiron ha transformado el alquiler de estas viviendas en una prestación de servicio público, de manera que sus ocupantes dejan de tener, según su interpretación, la condición tradicional de inquilinos sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El representante de UPN ha denunciado que el cobro de una tasa en lugar de una renta de alquiler permitiría al Ayuntamiento tramitar la salida de estas personas como el cese de un servicio público, en lugar de como un desahucio ordinario.

"Ahora, en vez de una renta, ustedes les cobran una tasa, de modo que, cuando toca la hora de echarlos, no se considera desahucio, sino un cese de la prestación de un servicio", ha afirmado.

En su intervención, Echeverría ha vinculado esta modificación con el conocido como decreto Maricarmen, al considerar que el Ayuntamiento ha diseñado una fórmula para evitar las limitaciones que esa normativa establece sobre los desahucios. "Se van a librar de incumplir el decreto Maricarmen. Es decir, que Pamplona ya se ha blindado contra el decreto Maricarmen", ha denunciado.