Los magistrados creen el testimonio de la víctima, pero no consideran probado que el condenado supiera su edad. La sentencia fija una indemnización y contempla su expulsión de España.
Jaime Goyena ha presentado en el Parlamento la memoria de 2025, con especial preocupación por los menores implicados en delitos, los accidentes de tráfico y las nuevas estafas digitales.
La Guardia Civil interceptó el vehículo en la N-121-A, en dirección a Pamplona. La sentencia, acordada por Fiscalía y defensa, establece además las condiciones para su expulsión de España.
La Audiencia de Navarra ha dictado dos sentencias contra el propietario de una agencia de Viana por operaciones inmobiliarias fraudulentas realizadas entre los años 2021 y 2024.
Los acusados habrían utilizado fotografías del actor británico para ganarse su confianza y convencerla de que debía pagar un avión privado, impuestos y gastos de aduanas.
El Pleno del alto tribunal acepta examinar el recurso del Partido Popular contra la disposición que blindó el alquiler protegido de forma retroactiva, al entender que puede vulnerar el derecho de propiedad y la Constitución.
El sindicato denuncia una temporalidad que llegó a rozar el 60%, la falta de calendario laboral de 2026 y prolongaciones de jornada que se mantienen desde 2023.
El Servicio Navarro de Salud ha presentado una demanda contra los fabricantes sancionados por pactar precios y obstaculizar durante años el suministro directo a la sanidad pública.
El acusado, de nacionalidad española y con varias condenas anteriores por lesiones, regresó armado dos minutos después de una discusión, según la Fiscalía.
Dos magistrados consideran que no se ha demostrado la intención sexual del contacto, mientras un tercero defiende mantener la condena por agresión sexual.
La Audiencia de Navarra también ha considerado probado que el acusado ejercía un control constante sobre la joven, cuya declaración ha sido respaldada por varios testigos.
El investigado, de origen nicaragüense, ha negado la agresión sexual, pero el juez destaca las lesiones documentadas en el hospital y el riesgo de fuga.
El juicio comienza este miércoles en Pamplona y la Fiscalía reclama también 50.000 euros de indemnización para la víctima y la expulsión del acusado de España.
La compañía utilizó fondos europeos y subvenciones forales para justificar unos mismos gastos salariales. Los acusados han reconocido los hechos y han devuelto íntegramente el dinero recibido de manera indebida.
Oskitz Blanco Pérez de Heredia, de 21 años, está investigado por participar presuntamente en el ataque coordinado contra los militares que veían la final del Mundial en Berriozar.
El Tribunal ha rechazado por dos veces que el estudiante pase provisionalmente de curso y deberá decidir ahora si revisa dos de sus tres asignaturas suspendidas.
La Fiscalía pide tres años de prisión para cada uno y atribuye a los acusados préstamos no recuperados, gastos sin factura y apuntes sin servicios que los respaldasen.
La Fiscalía sostiene que el acusado, que contactó a través de Instagram, conocía la verdadera edad de la adolescente y le dijo que él tenía 19 años, aunque tenía 30.
La juez envía a prisión al acusado de apuñalar a un compañero de 16 años en un centro de Pamplona este pasado martes por un delito de intento de homicidio.
El condenado realizó tocamientos sexuales sin consentimiento durante las sesiones y deberá indemnizar con 39.000 euros a las cinco mujeres que denunciaron los hechos.
El investigado ha reconocido que asestó la puñalada, aunque sostiene que actuó en legítima defensa, y llegó a huir de los agentes antes de ser detenido.
La acusación reclama 11 años por agresión sexual, tres por maltrato habitual y otros cuatro por acceder a la base de datos policiales para obtener información.
La Audiencia ha sustituido la pena de prisión por la expulsión de España del condenado, natural de Marruecos, con prohibición de regresar durante diez años.
El Ministerio Fiscal pide 4 años de prisión y sostiene que el acusado había abierto una cuenta haciéndose pasar por apoderado de una empresa con la que no tenía relación.
La procesada ha reconocido ante el juez que utilizó la invalidez real de su marido para inventar tramas ficticias. Llegó a quitarle más de 350.000 euros a un solo espectador manipulando sus sentimientos religiosos.
El acusado es natural de Guinea-Conakri, se encontraba en situación irregular en España y si es condenado se pedirá su expulsión de España de forma inmediata.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado el recurso de la defensa y ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.
La causa ha llegado desde Ejea de los Caballeros, cuyo juez envió el 10 de septiembre a prisión al supuesto autor de la muerte de su compañero de piso.
Los agentes se incautaron de 542 gramos de cocaína, casi 256 gramos puros de anfetamina, 5.350 euros, una báscula de precisión y anotaciones manuscritas.
La Sala de lo Social considera proporcionada la sanción después de que el empleado viajara a Ecuador fuera del periodo autorizado y no acreditara el permiso alegado.
El tribunal reduce de once a siete años la pena por agresión sexual en grado de tentativa, pero mantiene otro año de cárcel por quebrantamiento de condena.
La inadmisión del recurso del Gobierno foral mantiene el criterio que reconoce los trienios generados durante la etapa laboral anterior a la funcionarización.
La Fiscalía acusa al administrador de una inmobiliaria de apropiarse del dinero entregado por una pareja para reservar la que iba a ser su vivienda habitual.
El tribunal rechaza los recursos de los dos agentes y avala también las inhabilitaciones y las indemnizaciones impuestas por los hechos ocurridos en febrero de 2025.
El sospechoso compartía domicilio con la víctima en el barrio de la Milagrosa de Pamplona y ha ingresado en la cárcel de Zuera por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
La Audiencia Nacional ha acordado su puesta en libertad tras casi dos años en prisión preventiva, al carecer de antecedentes y después de reconocer los delitos.
La víctima, que precisa de la asistencia continua de terceras personas por sus problemas de movilidad, rechazó las pretensiones del encausado antes de sufrir los tocamientos.
La Fiscalía reclama ocho años y medio de prisión para el acusado, detenido en 2024, que también se habría interesado por la fabricación de cócteles molotov.
La magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional después de que el informe forense haya concluido que el acusado carece de capacidad procesal suficiente para afrontar un juicio con garantías.
El tribunal ha apreciado una atenuante de trastorno mental, aunque el condenado deberá indemnizar a las víctimas y podrá cumplir un máximo efectivo de siete años y medio.
La magistrada aprecia riesgo de fuga y peligrosidad por la violencia, la reiteración de los ataques en pocos días y la falta de arraigo del investigado.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 6 de julio, día del Chupinazo de San Fermín, y fueron sus propios compañeros los que tuvieron que actuar ante la gravedad de los hechos.
El acusado se negó a identificarse, opuso una intensa resistencia y lesionó a los agentes durante su detención en la madrugada del 29 de junio de 2024.
El condenado, de 72 años, no podrá acercarse a 300 metros de la víctima durante seis años y deberá indemnizarla con 600 euros por el daño moral causado.
Leticia de la Hoz ha declarado como investigada ante Santiago Pedraz y ha atribuido la acusación a una venganza por una operación de hidrocarburos frustrada.
Con solo 33 años, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la ciudad del Cidacos promociona en su carrera y ratifica su continuidad al frente del órgano judicial.
