Pamplona llevará a los tribunales la defensa de las zonas tensionadas de vivienda con el apoyo de EH Bildu, PSN y Geroa Bai
La Comisión de Urbanismo ha aprobado la propuesta socialista para que el Ayuntamiento defienda ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la declaración de la capital como zona tensionada.
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este miércoles que el Consistorio se persone en el procedimiento judicial contra la declaración de las zonas tensionadas de vivienda en Navarra. La propuesta, presentada por el PSN, ha salido adelante con los votos de EH Bildu, PSN y Geroa Bai, mientras que UPN ha votado en contra.
La decisión permitirá al Ayuntamiento de Pamplona intervenir como parte codemandada en el recurso que se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) contra la declaración de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado. El objetivo es defender la aplicación de esta medida en la capital navarra.
La declaración aprobada establece que el Consistorio debe defender la vigencia de Pamplona como zona tensionada, así como las medidas y efectos derivados de esta clasificación, de acuerdo con la legislación estatal y foral vigente.
La iniciativa socialista plantea que el Ayuntamiento participe directamente en el procedimiento contencioso-administrativo, al considerar que la impugnación judicial de las zonas tensionadas afecta a los intereses del municipio.
Para ello, la Comisión de Urbanismo ha acordado facultar a la Alcaldía para realizar las actuaciones necesarias que permitan formalizar la personación municipal. El proceso contará con el apoyo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de la representación letrada que corresponda.
De esta manera, el Consistorio podrá defender ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra los intereses municipales relacionados con la declaración de Pamplona como Zona de Mercado Residencial Tensionado.
La propuesta aprobada también reivindica la participación de los ayuntamientos en las políticas de vivienda, tanto en su definición como en su aplicación. En concreto, defiende el papel de las entidades locales a la hora de intervenir en las medidas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda.
Por último, la declaración expresa el compromiso municipal con la búsqueda de soluciones para mejorar el acceso a una vivienda habitual y asequible, especialmente entre las personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado residencial.